UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 

Departamento de Ciencia Política y de la Administración II 
 

  
TESIS DOCTORAL   

 
La fragmentación del estado: origen y persistencia de la 

violencia en Guatemala 
 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 

  
 

Miguel Ángel Lombardo Chico 
 
 
 
 

Director 
 

Ludolfo Paramio Rodrigo 
 
 

Madrid, 2013 
 

 
  © Miguel Ángel Lombardo Chico, 2013 



LA FRAGMENTACIÓN DEL ESTADO: 

ORÍGEN Y PERSISTENCIA DE LA 

VIOLENCIA EN GUATEMALA 

 

Miguel Ángel Lombardo Chico 

 

Director: Ludolfo Paramio Rodrigo 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Complutense de Madrid 

Facultad de Ciencias Políticas 

Departamento de Ciencia Política y de la Administración II 

 

 

Diciembre 2012 

T
 E

 S
 I
 S

  
  
D

 O
 C

 T
 O

 R
 A

 L
 



 

 

 

 

2 

 

 

  



 

 

 

 

3 

 

 

A Alejandra,  

por la segunda juventud 



 

 

 

 

4 

 

 

  



 

 

 

 

5 

 

 

Tiene que haber un poder que organice la sociedad, que la dirija. Siempre lo hay.  

Si es el Estado, pues es el Estado... con las leyes, los tribunales, la policía, etc.  

Y si el Estado no está presente, otro grupo reemplaza ese vacío e impone su poder.  

En Sicilia es la Mafia, en Nápoles la Camorra. Eso es Guatemala. 

Carlos Castresana 

Ex Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG 

 

 

No es cuestión de cuándo se va a hacer que los militares regresen a los cuarteles, que dejen el poder o que se 

sometan al gobierno civil, sino más bien hasta qué punto ha sido capaz de “borrar el guión que une la relación civil-

militar”, con la total colaboración, si no la complicidad, de los presidentes civiles 

Jennifer Schirmer (1999), Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala 

 
 
 

Sicilians - as everyone knows - do not trust the State:  

beyond the boundaries of limited clusters, they often end up distrusting each other as well. 

Gambetta, D. (2000) ‘Mafia: The Price of Distrust’ 

 

 



 

 

 

 

6 

 

 

  



 

 

 

 

7 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 15 

 
 

PARTE I 

 
 
CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPOTESIS Y OBJETIVOS  

1.1. Planteamiento del problema 25 

1.2. Hipótesis 30 

1.3. Objetivos y metodología 36 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. VIOLENCIA, ESTADO Y LEGITIMIDAD  

2.1. Violencia, pobreza y exclusión 43 

2.2. Estados débiles, sociedades fuertes: la construcción fallida del Estado  

       moderno en Guatemala 50 

2.3. Condicionantes externos, guerra irregular y mafias 57 

 
 
 

PARTE II 
 
 
CAPÍTULO  III 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA  

3.1. El peso de la tradición y la autoridad del Caudillo 69 

3.2. El patrimonialismo de las élites 75 

3.3. La revolución social y el Estado corporativo 82 

3.4. Conclusiones del capítulo 88 

 



 

 

 

 

8 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

LA TRANSFORMACION DE LA VIOLENCIA (I)    FACTORES ENDÓGENOS: 

RELACIONES CÍVICO-MILITARES Y EMPRESARIALES EN LOS AÑOS 80  

4.1. Delincuencia sistémica-centralizada y otorgamiento selectivo de privilegios 91 

4.2. Radicalización y terrorismo de Estado: el último y macabro ensayo del  

       modelo militar 99 

4.3. La violencia política travestida en delincuencia común 106 

4.4. Conclusiones del capítulo 114 

 
CAPÍTULO V 

LA TRANSFORMACION DE LA VIOLENCIA (II)    FACTORES EXÓGENOS:  

ACUERDOS DE PAZ Y NARCOTRÁFICO  

5.1. El nuevo esquema 117 

5.2. Paz liberal: desplazamiento y violencia de las fuerzas antisistema 123 

5.3. Cambios en el modelo organizativo del crimen: la PNC y las políticas  

       criminales de Estados Unidos 129 

5.4. Conclusiones del capítulo 135 

 

CAPÍTULO VI 

CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS: EL GOBIERNO DE ALFONSO 

PORTILLO (2000-2004)  

6.1. La descapitalización 139 

6.2. Ruptura de la intermediación 145 

6.3. La descentralización de la autoridad 151 

6.4. Conclusiones del capítulo 156 

 

 
PARTE III 

 
 
CAPÍTULO VII 

PERSISTENCIA: LA NIVELACIÓN DE LOS GRUPOS  

7.1. La cúpula policial de Óscar Berger (2004-2008): el reverso de una misma  

       moneda 161 

7.2. Guerra irregular y delincuencia fragmentada-competitiva 168 

7.3. Privatización de la coacción y fragmentación institucional 174 

 

 



 

 

 

 

9 

 

 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES: EL FRACASO DEL PROYECTO CIVIL  

8.1. Conflicto y violencia en Guatemala: baja legitimidad del Estado 179 

8.2. Acuerdos de paz y modernización del crimen: de la guerra a la postguerra 183 

8.3. El peso relativo de los factores exógenos y el dominio social de la violencia 189 

 
 
ANEXO 1: ENTREVISTAS 193 

 

ANEXO 2: TABLAS 229 

 

ANEXO 3: CRONOLOGÍA DE EVENTOS HISTÓRICOS CLAVE 235 

 
BIBLIOGRAFÍA 243 

 
  
  

 

  



 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

 

 

GLOSARIO DE SIGLAS 

 

 

 

   

AEU   Asociación de Estudiantes Universitarios 

AGIG   Asociación General de Industriales de Guatemala 

AIG   Asociación de Industrialistas de Guatemala 

ARENA  Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador) 

AVIATECA   Línea Aérea Guatemalteca 

BANVI   Banco Nacional de la Vivienda 

BID    Banco Interamericano de Desarrollo 

BIEN    Brigada de Investigaciones Especiales y Narcóticos 

BM   Banco Mundial  

CACIF  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras 

CEH   Comisión de Esclarecimiento Histórico 

CHN   Crédito Hipotecario Nacional 

CIA   Central Intelligence Agency (Estados Unidos) 

CICIG   Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

CNT   Central Nacional de Trabajadores 

CODEDES  Consejos de Desarrollo Municipales y Departamentales 

CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

COVIAL  Fondo Vial 

CPR   Comunidades de Población en Resistencia 

CRIO   Centro de Reunión de Información y Operaciones 

D2   Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa 



 

 

 

 

12 

 

 

DCG   Democracia Cristiana Guatemalteca 

DEIC   División Especializada en Investigación Criminal 

DIC   Dirección de Investigación Criminal 

DIGCAM  Dirección General de Control de Armas y Municiones 

DINC   División de Investigación Criminal 

DIT   Departamento de Investigaciones Técnicas 

EGP   Ejército Guerrillero de los Pobres 

EMP   Estado Mayor Presidencial 

FAR   Fuerzas Armadas Rebeldes 

FEGUA  Empresa de Ferrocarriles de Guatemala 

FIS   Fondo de Inversión Social 

FMI   Fondo Monetario Internacional 

FODIGUA  Fondo para el Desarrollo Indígena Guatemalteco 

FOGUAVI  Fondo Guatemalteco para la Vivienda 

FONAGRO  Fondo para el Desarrollo del Agro 

FONAPAZ  Fondo Nacional de la Paz 

FRG   Frente Republicano Guatemalteco 

FSDC   Fondo Social de Desarrollo Comunitario 

FUR   Frente Unido de la Revolución 

GEXPRONT Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales 

GUATEL  Empresa General de Telecomunicaciones de Guatemala 

IDESAC  Instituto de Desarrollo Económico y Social de América Central 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

INGUAT  Instituto Guatemalteco de Turismo 

IRCA   International Railways of Central America 

IVA   Impuesto de Valor Agregado 

MAGA  Ministerio de Agricultura 

MINGOB  Ministerio de Gobernación 



 

 

 

 

13 

 

 

MINUGUA  Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala 

MP   Ministerio Público 

ODHAG  Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

OEA   Organización de Estados Americanos 

ONUCDPC  Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y Prevención del 

Crimen 

ONUSAL  Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador 

ORPA  Organización del Pueblo en Armas 

PAN   Partido de Avanzada Nacional (México) 

PCMH  (Tasa de Homicidios) Por Cien Mil Habitantes 

PGR   Procuraduría General de la República (México) 

PIB   Producto Interior Bruto 

PMA   Policía Militar Ambulante 

PN   Policía Nacional 

PNC   Policía Nacional Civil 

PNUD  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRI   Partido Revolucionario Institucional (México) 

PSD   Partido Socialista Democrático 

REMHI  Recuperación de la Memoria Histórica. Proyecto Interdiocesano, 

Arzobispado de Guatemala. 

SAAS   Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia 

SAE   Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia 

SIPROCI  Sistema de Protección Civil 

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UCN   Unión de Centro Nacional 

UFC   United Fruit Company 

URNG  Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

USAID  United States Agency for International Development 

UTM   Unidad Técnica Municipal 



 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

15 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

La violencia después de la paz: el caso de Guatemala 

 

Entre los años 2000 y 2004, trabajando como coordinador de una ONG española en 

Guatemala, tuve la ocasión de colaborar con un ingeniero civil que introducía sistemas 

de agua potable en las áreas rurales de aquel hermoso país. Los sistemas incluían la 

instalación de contadores y obligaban a pagar por un servicio que hasta entonces 

siempre había sido gratuito. Por tal motivo, además de contar con un buen conocimiento 

técnico había que mantener muchos encuentros con los comités de agua, las autoridades 

comunitarias y los beneficiarios, para informarles y sensibilizarles sobre la nueva 

política en el uso del agua. El ingeniero conocía bien las aldeas y solía ilustrar nuestras 

animadas charlas con muchas anécdotas, una de las cuales llamó especialmente mi 

atención.  

 

Se trataba de una visita rutinaria de supervisión en una aldea del área del suroriente de 

Guatemala. Una vez terminadas todas las reuniones, mi colega informó al jefe del 

comité de agua que la próxima la haría dos semanas después. El hombre, algo 

preocupado, reaccionó tomándole del brazo y le dijo en voz baja: “fíjese que no le 

aconsejo que venga dentro de dos semanas, ingeniero”, a lo que aquél respondió que si 

era por motivo de alguna fiesta o tal vez por el trabajo en las fincas de caña de la Costa 

Sur por lo que la gente abandonaba sus casas por largas temporadas. “Fíjese que no son 

fiestas, ni tampoco es por trabajo”, contestó el jefe del comité, afligido, “lo que pasa es 

que en ese día tenemos programado un linchamiento”.  

 



 

 

 

 

16 

 

 

Quienes escuchábamos aquella historia estábamos consternados no sólo por el hecho en 

sí de aquella macabra ejecución popular anticipada, sino además por saber que esto 

sucedía en una de las muchas comunidades que reciben el agua potable domiciliar 

gracias al apoyo y la solidaridad de otras personas. El ingeniero nos contó que intentó 

persuadirlos de que utilizaran otros medios para resolver el conflicto, les habló de la 

necesidad de acudir a la ley y la autoridad, pero todas las instituciones y las personas a 

las que fue en busca de consejo le decían una tras otra que ni la persuasión, ni la policía, 

ni los jueces eran los instrumentos adecuados para impedir un acto de violencia como 

aquél. Nada irracional, en absoluto espontáneo. 

 

El linchamiento implica la preparación de bidones de gasolina y su transporte, la 

convocatoria de la comunidad con semanas de antelación y seguramente la distribución 

de tareas en la organización del castigo: quién sujeta a la víctima, quiénes lo atan, quién 

prende la mecha. Frente a la ejecución con arma de fuego o con machete, la puesta en 

escena sería clave también porque todo acto de violencia tiene mucho de castigo 

ejemplar y se convierte en un acto de comunicación política -¿qué podía atemorizar más 

a aquellos campesinos que la hoguera? Se puede, de hecho, cuestionar la validez de 

algunas hipótesis relativas a la ignorancia, el atraso, o la ausencia del Estado como 

argumentos explicativos de actos de violencia en el caso de los linchamientos, ya que en 

agosto de 2001, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala - MINUGUA - observó 

que había aumentado la participación de las autoridades municipales en los 

linchamientos que se produjeron en el país, en especial la de alcaldes auxiliares y ex 

integrantes de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC). 

 

Lo que sorprende también en esta historia es el hecho de que los linchamientos, en 

particular, y los casos de violencia homicida, en general, siguieran ocurriendo en 

Guatemala también después de la firma de la paz. En el contexto de la guerra civil, que 

en Guatemala eufemísticamente se llamó conflicto armado, los linchamientos podrían 

haber sido percibidos como parte de los procesos de justicia popular que ocurrían en las 

aldeas. Se producían en un contexto en el que el Ejército
1
 arrasaba sistemáticamente 

                                            
1 En la investigación se usará “Ejército”, con mayúsculas, cuando se refiera a la institución, y con minúsculas cuando se haga un uso 

genérico del término.  



 

 

 

 

17 

 

 

poblados enteros con el fin de eliminar la base operativa de la guerrilla. En la capital 

había asesinatos tanto selectivos como indiscriminados contra estudiantes, profesores, 

líderes sindicales y políticos, con el fin de eliminar los vínculos de los focos guerrilleros 

dispersos por el interior del país con sus respectivos frentes urbanos, cuando no era 

directamente para eliminar a los adversarios políticos aunque estos no tuvieran relación 

alguna con la guerrilla. Había una guerra civil que dejó un saldo de doscientas mil 

víctimas mortales y de desaparecidos, en un periodo de treinta y seis años que tuvo los 

momentos más trágicos entre los años 1980 y 1983. 

 

Lo paradójico es que, a pesar de este balance, tras la firma de los Acuerdos de  Paz en 

1996 entre el gobierno y la guerrilla la violencia en Guatemala no dejara de aumentar 

hasta alcanzar cifras de cinco mil a seis mil homicidios por año, lo que según Naciones 

Unidas le ubicaría entre los diez países más violentos del mundo.
2
 Sorprende que no 

surgiera una especie de memoria colectiva de la guerra que generase un rechazo a la 

violencia de cualquier tipo, como ocurre en otros países que han sufrido una guerra 

civil, un rechazo no ya social sino fundamentalmente institucional como forma de 

solución de los conflictos. En Guatemala da la impresión, en cambio, de que una vez 

desarmada la guerrilla y convertida en partido político, y una vez que los grupos del 

Ejército redefinieron su objetivo estratégico en un contexto democrático, la paz no 

marcó un antes y un después a partir del cual se iba a producir una reconciliación o una 

comprensión global de lo que fue la guerra, sino que supuso solo un corte histórico a 

partir del cual las nuevas víctimas iban a ser contadas de otra manera. 

 

Situamos el fenómeno de la violencia de postguerra entre los años 1996 y 2008, sobre lo 

cual se han publicado diversos estudios. Hay instituciones que han hecho un 

seguimiento pormenorizado de este problema entre las que cabría mencionar la 

Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Publico o la propia Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG; también hay organismos 

internacionales que se han interesado por  el tema y que han contribuido con valiosos 

trabajos como es el caso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- 

                                            
2 El séptimo, en el año 2011, según el ranking de ONUDC (Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen), por detrás de 

Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Jamaica, Venezuela y Belice.  



 

 

 

 

18 

 

 

o el Banco Interamericano de Desarrollo –BID. Desde el sector de la sociedad civil 

existen un buen número de organizaciones que, desde muy diversas ópticas, dan un 

seguimiento adecuado al fenómeno, entre las que cabe mencionar al Centro de Estudios 

de Guatemala -CEG, el Instituto IEPADES, la Fundación Sobrevivientes o la Fundación 

Mirna Mack. Es un asunto que se ha asumido por la sociedad civil como uno de los 

puntos clave de la agenda de los derechos humanos actualmente. También hay 

estudiosos y académicos que han contribuido a caracterizar el problema, darle forma y 

apuntar nuevas estadísticas sobre los casos, la prevalencia por municipios o la tipología 

de muertes violentas. En la mayoría de estos estudios se acude a las deficiencias 

institucionales como posibles causas que explican el fenómeno de la persistencia de la 

violencia durante la época de la postguerra, y se han detectado las deficiencias en las 

capacidades de investigación criminal, las deficiencias presupuestarias en los 

ministerios clave o las bajas capacidades y la corrupción en la Policía Nacional Civil. 

Hay, por último, una tendencia que se ha venido a sumar a todas estas investigaciones y 

es relativa al funcionamiento de las redes criminales y del narcotráfico, que ha 

aparecido no solo desde una perspectiva de investigación periodística sino también 

sociológica y politológica.  

 

Todos estos aportes son valiosos y ayudan a comprender mejor las particularidades del 

fenómeno en Guatemala, pero la lógica de la violencia en medio de este panorama tan 

compartimentado sigue siendo difusa. Algunos estudios sitúan el problema en el ámbito 

de la desigualdad o la pobreza y descuidan el hecho de que en las zonas rurales del 

altiplano indígena, las más pobres del país, apenas se observen casos de violencia 

homicida, con tasas comparables a las de un país europeo. Otros estudios e instituciones 

lo presentan también como un fenómeno que afecta especialmente a la mujer, cuando la 

tendencia en el índice de homicidios se mantiene constante en el caso de las mujeres en 

los últimos años en un contexto en el que la violencia ha crecido por igual tanto entre 

hombres como mujeres. Las políticas públicas de seguridad se convierten en una 

compleja trama de enfoques multicausales y se diseñan soluciones para acabar con la 

violencia sin haber llegado a entender cuál es su dinámica.  

 



 

 

 

 

19 

 

 

Se echan en falta más estudios que analicen el fenómeno desde un punto de vista 

integral, que den pie al desarrollo de nuevas hipótesis y a la entrada de un número 

mayor de variables que las hasta ahora descriptivas deficiencias institucionales. 

Sabemos que la Policía Nacional Civil es corrupta porque muchos de sus integrantes 

pertenecen a las estructuras antiguas del régimen militar y no fueron depuradas, y 

porque entraron en una posición de debilidad respecto de otros actores que iban a 

controlar las reglas de la seguridad también durante la democracia. Sabemos que el 

Ministerio Público tiene serias deficiencias en su funcionamiento y que Guatemala no 

cuenta con un Organismo Judicial eficiente que sea capaz de atender las demandas de 

justicia y reducir los niveles de impunidad. Pero estas causas, casi siempre descriptivas, 

no nos permiten analizar si han existido cambios o ver cómo interactúan las 

instituciones entre sí en el proceso de una cada vez mayor y novedosa articulación del 

crimen, y tampoco permiten desarrollar nuevas hipótesis sobre cuál fue el papel real que 

cumplieron esas instituciones en el en marco del estado democrático que nació después 

de los Acuerdos de Paz. 

 

Por este motivo la metodología que se plantea en esta investigación es el estudio de caso 

(Yin, 1994), introduciendo una perspectiva histórica más amplia que la utilizada 

tradicionalmente en otros estudios. Se adopta una estrategia de investigación que 

permita abarcar variables endógenas y exógenas, el comportamiento de determinados 

grupos, intentando así iluminar una decisión o el juego de decisiones con el fin de 

explicar no tanto qué o cuándo se producen los cambios decisivos en el desarrollo de la 

violencia, sino fundamentalmente de observar por qué se produce el fenómeno y cómo 

se va engranando en un proceso que va más allá de los años de la espiral de violencia 

observada entre 1996 y 2008. 

 

La tesis pretende dar más relevancia a dos grupos de variables: por un lado, qué 

cambios en la legitimidad se observan en el tránsito de la institucionalidad de la guerra a 

la institucionalidad de la postguerra, entendido como un proceso endógeno complejo 

condicionado por el peso de una raíz histórica profunda en el que los grupos llamados a 

liderar este cambio, es decir, el sector no militar, no logró reunir el poder suficiente para 



 

 

 

 

20 

 

 

hacerlo y para consolidar un modelo de seguridad democrática civil. Se podría trazar, de 

hecho, un continuum en el que la historia política de Guatemala podría ser contada 

como un proceso de cambio en los modos de ejercer la violencia: desde la explotación 

del imperio colonial sobre la población indígena, los abusos cometidos por las 

dictaduras liberales sobre el campesinado para el mantenimiento de la mano de obra 

barata en condiciones de semi-esclavitud, la revolución social truncada de 1944, la 

represión de los grupos sociales postrevolucionarios y la propia guerra civil, 

concluyendo con la represión de la transición política y la violencia de la posguerra. No 

cabe, en definitiva, ningún espacio para el desarrollo de la legitimidad civil en una 

secuencia histórica en la que el orden ha sido permanentemente puesto en cuestión. 

 

En segundo lugar, es necesario observar cuál fue el peso de las variables internacionales 

en el desarrollo de la violencia de postguerra, y en qué medida influyó el contexto 

favorable que se generó para la firma de una paz que algunos autores han dado en 

calificar como una paz liberal (Jonas, 2000), un acuerdo de forma y no de contenido, 

una solución negociada regional que no tuvo en cuenta la viabilidad y sostenibilidad de 

ese modelo en Guatemala y las características que lo diferenciaban de cualquier otro 

país. Por último, como una variable exógena más, aunque tal vez la más importante, 

habría que considerar de qué manera influye la penetración del narcotráfico y en qué 

medida este fenómeno ha sido capaz de generar estructuras que se aprovechan de las del 

propio Estado. 

 

En definitiva, nuestro planteamiento se distancia del discurso (sobre todo oficial) que 

considera que la violencia “institucional” de la guerra se ha transformado en otro tipo de 

violencia de tipo “social” o generada por grupos criminales ante quienes las 

instituciones juegan un papel deficiente y que, consecuentemente, han de ser reforzadas 

con más presupuesto y más efectivos. Desde nuestro punto de vista, en Guatemala se ha 

producido una transformación en los modos de ejecutar la violencia, con dos puntos 

históricos clave: desde una fase “sistémica-centralizada” que estaba controlada por un 

Estado desarrollista donde el principal mercado político y empresarial derivaba de la 

guerra (es la fase de los años 80s), hasta un modelo de violencia que podría definirse 



 

 

 

 

21 

 

 

como “Fragmentada-competitiva”, en el que las instituciones ya forman también parte 

de la lucha por el control de otros mercados, fundamentalmente el narcotráfico, y cuyo 

corolario lo encontraremos en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004).
3
 En 

definitiva, las instituciones siempre han estado detrás de la violencia en Guatemala, 

también durante la postguerra. 

 

La evidencia para el caso ha sido tomada de documentos, entrevistas y observación 

directa. También se ha tomado en cuenta el análisis de datos para poder establecer la 

hipótesis central de la investigación, para lo cual ha sido clave la colaboración de 

instituciones tales como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Centro de 

Estudios de Guatemala, CEG, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, 

IEPADES, y el blog The Black Box, un sitio especializado en tratar los temas sobre 

violencia y seguridad en América Latina
4
. Para las entrevistas se ha contado con el 

apoyo de funcionarios de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) 

de Policía Nacional Civil y otros funcionarios del Ministerio Público, así como con la 

colaboración de Arnoldo Ortiz Moscoso, ex Ministro de Gobernación de Guatemala. De 

igual modo, ha sido especialmente relevante para esta investigación la colaboración de 

Carlos Castresana, Ex Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad 

en Guatemala (CICIG), quien gracias a una extensa entrevista ha aportado una idea 

coherente y del proceso de fragmentación del Estado y de articulación de las mafias. 

También en el marco de las entrevistas realizadas se ha contado con la colaboración de 

Raquel Zelaya y Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 

(ASIES), así como de Agapito Arnaiz, ex Director europeo del Programa de Apoyo a la 

Política de Seguridad Ciudadana de la Unión Europea en Guatemala. 

 

 

 

                                            
3 Sobre las categorías “sistémico-centralizada” y “fragmentada-competitiva” ver  Bailey, J. y Godson, R. (2000) “El crimen 

organizado y la gobernabilidad democrática: México y Estados Unidos. Las zonas fronterizas mexicanas” en Crimen Organizado y 

Gobernabilidad Democrática. México y la franja fronteriza, Ed. Grijalbo, México D.F. Ambas serán desarrolladas en el Capítulo II 

de esta investigación, “Marco Teórico: violencia, Estado y legitimidad”. 
4Especialmente, la colaboración y datos proporcionados por Carlos Antonio Mendoza: 

http://carlosantoniomendoza.blogspot.com.es/ 

http://carlosantoniomendoza.blogspot.com.es/


 

 

 

 

22 

 

 

Agradecimientos  

 

Además de las personas entrevistadas y de quienes contribuyeron directamente al 

desarrollo de la investigación ha habido muchas personas sin cuyo apoyo y muestras de 

confianza habría sido imposible realizar este trabajo. Quiero mencionar entre todas ellas 

a Sandino Asturias, David Garda, Patricia Cabrera, Martha Guadalupe Romero y Ana 

Isabel Garita, y también a Pascal Huwart, por su apoyo y por sus valiosas 

contribuciones, cada quien desde su ámbito profesional, en la mejora del presente y el 

futuro social y político de Guatemala. También quiero agradecer especialmente a 

quienes estuvieron en el origen de esta tesis, en particular a Dr. Secundino González 

Marrero, que me ayudó a interesarme por Guatemala, en particular, y por los procesos 

de cambio político, en general, y a la Dra. Paloma Román, que fue mi tutora en el 

Proyecto de Investigación con el que obtuve el Diploma de Estudios Avanzados en el 

año 2005 y que sirvió de base para la presente investigación. Por último, quiero 

agradecer a mis colegas José Bendito y Adán Ruiz, por su generoso afán de hacer 

compatibles el conocimiento y la acción. 

 

En el camino por un territorio desconocido, como es cualquier trabajo de investigación, 

siempre es necesario contar con un buen guía que oriente en la dirección correcta y que 

conozca la importancia de los pasos clave. Yo he tenido siempre al lado a mi director de 

tesis, el Dr. Ludolfo Paramio, que ha estado pronto en sus respuestas, facilitador del 

trabajo, sincero, inequívoco, profundo y perspicaz en sus observaciones, respetuoso en 

la manera que he tenido de afrontar cada uno de esos pasos. 

 

 

  



 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
 A

 R
 T

 E
  
 I

 



 

 

 

 

24 

 

 

  



 

 

 

 

25 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El año 1996 delimitó en Guatemala un cambio de época. Era el año de la firma del 

Acuerdo de Paz Firme y Duradera que ponía fin a 36 años de conflicto entre la Guerrilla 

y el Ejército, desde que tuvieron lugar las primeras acciones insurgentes en focos 

aislados, como el área oriental de Zacapa o las zonas de Ixcán, en la frontera con 

México, que acabaron extendiéndose por todo el área rural y urbana, incluyendo 

departamentos aislados como Petén, pueblos ladinos de oriente o la Costa Sur o 

territorios indígenas como San Marcos, Quiché o Huehuetenango. Era también el fin de 

un largo proceso de paz mediante el que las anteriores dictaduras militares -travestidas 

oportunamente en democracias contrainsurgentes (Torres Rivas, 2011:317)-, tenían que 

convertirse en regímenes definitivamente democráticos, lo cual iba a generar cambios 

profundos en las estructuras de poder. Con una perspectiva histórica más amplia, 

suponía una transformación más de todas las que habían experimentado los pueblos de 

Guatemala en el convulso recorrido hacia la construcción del Estado y la Nación, desde 

la independencia de la corona de España en 1821. Y tal y como ocurrió entonces, y 

como sucedió después durante las guerras y dictaduras liberales, la invasión extranjera 

anticomunista y el “conflicto interno” –largo eufemismo para una guerra-, el fin de un 

régimen político no significó el fin de la violencia sino su transformación. 



 

 

 

 

26 

 

 

Así lo indican las estadísticas de homicidios ocurridos durante la democracia que, en las 

estimaciones más bajas (datos INE), habrían pasado de 1.572 en 1986 a 4.300 anuales 

en 2006 (5.885 según datos de la Policía Nacional Civil –PNC)
5
, lo que en términos 

relativos, considerando el crecimiento anual de la población, supone un incremento en 

la Tasa de Homicidios por cada Cien Mil Habitantes de más de trece puntos, de 19,8 en 

el año 1986 a 33,0 en el año 2006.  

 

 

Grafica 1: Evolución Tasa de Homicidios PCMH a Nivel Nacional, 1986 – 2006 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

 

 

Así, con la excepción de los años 1998 y 1999, la violencia desde la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996 no ha dejado de aumentar, y habría situado al país hoy entre 

los diez más violentos del mundo
6
. El nivel de alarma social se ha ido incrementando 

también, más aún si se toma en consideración la influencia del contexto regional sobre 

la percepción social del problema, dado el incremento del número de homicidios en tres 

de las cuatro fronteras del país: México, a partir del año 2008, en El Salvador y 

Honduras. Esto ha llevado a muchos gobiernos de la región a tomar medidas tales como 

                                            
5 Sobre esta diferencia de datos ver más adelante epígrafe 1.3 Metodología.  
6 El séptimo, en el año 2011, según el ranking de ONUDC (Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen), por detrás de 

Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Jamaica, Venezuela y Belice).  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 



 

 

 

 

27 

 

 

la militarización de la seguridad pública o la promoción de políticas y cambios 

legislativos conocidos como de “Mano Dura”. En Guatemala, bajo la presidencia de 

Oscar Berger, entre 2004 y 2008, se responsabilizó a los pandilleros del ochenta por 

ciento de los crímenes cometidos en el país, se destinaron cerca de once mil efectivos 

militares (de un total de 15.500) para la realización de operativos conjuntos con la 

Policía Nacional Civil –PNC- en el combate a la delincuencia, extendiendo las 

funciones del Ejército más allá de la seguridad externa o el control de fronteras. Por su 

parte, la sociedad también respondió promoviendo patrullajes ciudadanos, comités de 

seguridad de barrio o comprando armas para la defensa propia; esto, lejos de tener algún 

efecto positivo, no hizo más que incrementar la percepción de inseguridad y el número 

de muertes violentas. El ex-Presidente de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala -CICIG-, Carlos Castresana, resumía la década con estas 

palabras:  

 

 

“Durante la presidencia de Arzú hubo unos 12.000 asesinatos, en la de 

Portillo, unos 14.000; en la de Berger hubo 21.000, y la de Colom puede 

terminar con 25.000 asesinatos (en cuatro años). Se consume el doble de 

munición que durante la guerra (25 millones de balas entonces frente a 50 

millones ahora) ¿dónde se disparan? Es obvio que una buena parte se 

destina al contrabando pero otra se dispara en el país, y eso significa que 

hay un conflicto, que no lo es en el sentido legal y político del término pero sí 

de otra naturaleza que está pendiente de resolver”.
7
  

 

 

En el año 2010 se estimaba que ya había entre 1.2 y 1.8 Millones de armas, una ratio 

aproximada de un arma no registrada por cada nueve habitantes (López, 2011: 182). 

Según informes de la Dirección General de Control de Armas y Municiones 

(DIGCAM), el número de armas registradas, en cambio, hasta el año 2011 es de 

132.196. Antes del 29 de abril de 2009, fecha en la que entró en vigor la Ley de Armas 

y Municiones, no era obligatorio el registro, pero sólo desde esa fecha se habían 

extendido más de 61.000 licencias. La DIGCAM no tiene facultad para llevar un control 

                                            
7 Entrevista en La Vanguardia. 9.10.2009 



 

 

 

 

28 

 

 

de impuestos pagados por la importación (aranceles de importación) o venta (lVA) de 

armas de fuego, en virtud, según la propia dirección, de que es facultad de la 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Eso quiere decir que hay todo un 

mercado negro de circulación de armas en el país sobre el cual el poder civil no ejerce 

ningún control, ni desde el punto de vista económico, legal o desde el punto de vista de 

la seguridad; esto último es clave ya que la mayoría de los homicidios que se producen 

en Guatemala son realizados con arma de fuego y el uso de las mismas ha crecido 

especialmente durante los gobiernos democráticos de la primera década del siglo XXI: 

 

Gráfica 2: Número absoluto de homicidios y forma de ejecución (Años 2000 - 2010) 

 

 

          Fuente: Elaboración propia sobre datos PNC 

 

El año 1996 y la década posterior marcaron también un cambio en las expectativas de la 

población, las cuales habían crecido en lo que se refiere a la resolución de conflictos en 

un contexto de paz y un régimen político civil. Se generaron muchas leyes, bien propias 

de la articulación institucional de un nuevo régimen, o bien derivadas de la agenda de 

implementación de los Acuerdos. Un Estado tradicionalmente represor debía empezar a 

actuar como un Estado garante de los derechos humanos y la seguridad democrática, y 

la presión que se ejerció desde entonces por parte de la sociedad civil y de la comunidad 

2109 
2419 

2743 

3453 
3643 

4239 
4610 

4776 

5237 
5405 

5009 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Homicidios 
arma fuego 

Homicidios 
arma blanca 

Homicidios a. 
contundente 

Homicidios 
estrangulados 

Homicidios 
linchamiento 



 

 

 

 

29 

 

 

internacional fue muy alta. En Guatemala se ha avanzado mucho en el marco normativo 

con respecto a otros países de la región de características similares: existe una la Ley 

contra el Femicidio y Violencia contra la Mujer, que fue aprobada en el año 2008 y 

también una Ley de Violencia Sexual. El Ministerio Público comenzó también a recibir 

más denuncias (de 119,000 ingresadas en 1998 pasó a 392,126 en 2009). A pesar del 

incremento de las denuncias, el sistema de justicia operaba como un embudo: en ese 

mismo período hubo una media de 14.000 acusaciones anuales de las cuales sólo 2.000 

llegaron a debate
8
. Según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 

la Independencia de los Magistrados y Abogados (2009), de cada 100 homicidios 

ocurridos en Guatemala, sólo dos son juzgados; y de cada 100 delitos, sólo cuatro son 

juzgados.
9
  

 

La falta de respuesta de las instituciones erosiona todo el sistema político y el problema 

de la violencia ha llegado a plantear un serio desafío no sólo desde el punto de vista 

social, sino también económico, poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática. La 

población de la capital, los sectores de clase media y alta, antes ajenos al proceso de 

deterioro institucional, comienzan a plantear el problema de la seguridad como un 

asunto de primer orden cuando afecta de manera aleatoria a quienes viven en la capital y 

en zonas metropolitanas que hasta hace poco se consideraban seguras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Entrevista Alejandro Rodríguez, Secretario de Política Criminal, Ministerio Público de Guatemala 
9 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados, Leandro Despouy. Adición Misión a Guatemala (1.10.2009) 



 

 

 

 

30 

 

 

1.2. Hipótesis 

 

Con un nivel de impunidad tan alto y un sistema de justicia saturado, la violencia 

pareciera ser una forma poco costosa de resolver los conflictos. En lugar de recurrir a un 

tribunal civil para realizar un divorcio, o a un tribunal de la competencia para resolver 

un conflicto entre dos empresas de transporte enfrentadas por el control de determinadas 

rutas, o al Ministerio Público o la Policía Nacional Civil para plantear una denuncia en 

caso de robo, agresión u homicidio, muchos individuos, haciendo un cálculo racional, 

podrían satisfacer sus necesidades de justicia recurriendo a la violencia dado que los 

costes – la posibilidad de sanción legal-, son muy bajos, y dado que en un clima de 

violencia generalizado la posibilidad de sanción moral también podría serlo. Asumiendo 

este punto de partida, deberíamos tratar de definir, en primer lugar, el tipo de violencia 

que se observa en el período democrático, y si hay diferencias con respecto a períodos 

anteriores -principalmente respecto de los años de la guerra contrainsurgente-.   

 

Las fuentes oficiales de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, los 

expertos y organizaciones especializadas consultadas para esta investigación, coinciden 

en señalar que los responsables de este incremento en el número de homicidios durante 

la democracia son principalmente los grupos del crimen organizado, y que 

aproximadamente el 60% de los homicidios están relacionados con el narcotráfico
10

. Es 

decir, para la definición del tipo de violencia se podría descartar que exista un nivel de 

violencia social generalizada, y más bien apuntar hacia las actividades ilícitas de 

determinados grupos. Es cierto que se puede identificar como un problema social el 

fenómeno de los femicidios, pero la evolución de los datos de violencia contra la mujer, 

tomados en una secuencia histórica de más de 20 años (de 1986 a 2006), se mantiene sin 

grandes variaciones, en torno a un 10% respecto de las cifras de homicidios globales. En 

este sentido, el incremento del número de femicidios en términos absolutos estaría en 

relación con el incremento del número de homicidios, donde las víctimas suelen ser 

varones no indígenas en edades comprendidas entre los 18 y 39 años. 

 

                                            
10 Entrevistas PNC, DEIC Juan Pablo Ríos y Oficial Benito. Entrevistas CICIG y Ex Comisionado Carlos Castresana. 



 

 

 

 

31 

 

 

Tabla 1: Homicidios PCMH a Nivel Nacional desagregado 1986 – 2006 

 

AÑO 
NÚMERO DE 

HOMICIDIOS 

TASA DE 

HOMICIDIOS 

PCMH 

% VÍCTIMAS 

HOMBRES 

PERPETRADOS 

CON ARMAS 

DE FUEGO 

1986 1.572 19,8 91,5 57,4 

1987 1.891 23,2 90,4 55,4 

1988 1.968 23,6 91,4 57,4 

1989 1.636 19,1 90,4 62,3 

1990 1.663 18,9 92,3 63,0 

1991 1.691 18,8 86,8 63,3 

1992 1.690 18,3 87,8 61,4 

1993 1.693 17,9 88,9 61,4 

1994 2.041 21,0 88,2 63,1 

1995 1.970 19,7 92,4 68,4 

1996 2.166 21,1 92,5 72,8 

1997 3.002 28,5 91,7 73,5 

1998 2.806 25,6 93,1 76,8 

1999 1.978 17,8 92,2 73,7 

2000 2.167 19,3 90,2 76,0 

2001 2.304 20,0 90,7 79,6 

2002 2.794 23,7 90,5 78,8 

2003 3.359 27,8 90,3 82,2 

2004 3.428 27,7 89,4 85,1 

2005 4.381 34,5 90,5 n/d 

2006 4.300 33,0 89,9 79,9 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

 

 

El otro elemento que señalan las fuentes y muestran las estadísticas es que mientras que 

en el ámbito rural se observan picos y valles cuando se analiza una secuencia histórica 

de homicidios, en el caso de la ciudad de Guatemala, en cambio, la evolución es 

constante. También se puede observar que la violencia homicida varía en función del 

ámbito territorial: mientras que los años 93 al 97 fueron relativamente poco violentos en 

los municipios del departamento de Petén (igual que ocurrió en el municipio de 

Guatemala entre los años 1993 al 1996), sí lo fueron en cambio en los municipios de 

Sur-Oriente o en Izabal, especialmente en Cuilapa (Santa Rosa) y Puerto Barrios 



 

 

 

 

32 

 

 

(Izabal). Del mismo modo, 2001 y 2002 son años poco violentos en Izabal y Petén, 

mientras que parecen ser turbulentos en Guatemala o en los municipios de Sur-Oriente.    

 

 

Grafica 3: Comparativa de homicidios a nivel Municipal por áreas geográficas 

 – Petén (2000-2010) 

 

        Fuente: Elaboración propia sobre datos PNC 

 

 

Grafica 4: Comparativa de homicidios a nivel Municipal por áreas geográficas 

 - Sur Oriente (1987-2004) 

 

        Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

21 25 
37 

31 

104 

67 

47 

70 

34 

55 58 61 
70 

54 

72 75 73 75 

95 

67 

30 
18 

23 24 
18 

26 25 
32 

19 

41 

17 21 20 
15 17 

48 
56 

65 69 
57 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

San Benito La Libertad Sayaxé Flores 

13 

23 
19 

16 

8 
12 12 

35 

13 

20 
25 

31 

13 11 

31 

25 
29 

32 32 

22 
26 

21 

30 

20 

28 30 

62 

43 

51 

59 

33 

39 41 

34 

23 

30 

24 

38 
33 

39 
42 

30 

41 39 
36 34 

44 

51 

24 

31 

56 

64 

29 
32 

ESQUIPULAS CUILAPA SANTA ROSA CHIQUIMULA 



 

 

 

 

33 

 

 

 

Estos datos se repiten en otros municipios de departamentos que también han reportado 

altas tasa de homicidios PCMH entre los años 1987 y 2004, como es el  caso Melchor 

de Mencos, Flores o San Andrés, en el departamento de Petén, Puerto Barrios y Los 

Amates, en el departamento de Izabal (Gráficas 1 y 2 – Anexo 2). En el municipio de 

Guatemala, en cambio, la escalada de violencia homicida tiene una progresión continua, 

una evolución que es similar en los municipios de Amatitlán, Mixco y Villanueva, 

pertenecientes al mismo departamento (Gráfica 3 – Anexo 2). Esta diferente progresión 

se puede observar claramente en la Gráfica 4 (página siguiente) que recoge y compara el 

número de homicidios por cada departamento en términos absolutos en el intervalo 

temporal de 1986 (año en el que se inicia el tránsito del poder militar al poder civil, con 

el gobierno de Vinicio Cerezo) a 2007, una década después de la firma de la Paz, en 

1996. 

 



 

 

 

 

34 

 

 

Grafica 5: Evolución de Homicidios a Nivel Departamental, 1986 – 2007 (Cifras absolutas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE* 

* Año 2005 no disponible para todos los departamentos 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 SAN MARCOS 

RETALHULEU 

GUATEMALA  

SACATEPEQUEZ 

CHIMALTENANGO 

ESCUINTLA 

SANTA ROSA 

SOLOLA 

TOTONICAPÁN 

QUETZALTENANGO 

SUCHITEPÉQUEZ 

EL PROGRESO 

HUEHUETENANGO 

QUICHÉ 

BAJA VERAPAZ 

ALTA VERAPAZ 

PETÉN 

IZABAL 

ZACAPA 

CHIQUIMULA 

JUTIAPA 

JALAPA 



 

 

 

 

35 

 

 

En este sentido, si se comparan los datos de violencia homicida de periodos anteriores a 

los años ochenta, caracterizados por la  regímenes militares y guerra contrainsurgente), 

con los datos que se observan en el período democrático posterior a la firma de la paz, 

1996, se podría decir que la variable territorial se comporta de manera similar aunque en 

un sentido inverso. Así, las gráficas de Ball, Kobrak y Spirer (1999) relativas al número 

total de asesinatos y desapariciones ocurridas entre 1959 y 1995 muestran que –con 

excepción del período trágico de los años 1981 y 1982 cuando se produjo la ofensiva 

del Ejército y tuvieron lugar las masacres de comunidades indígenas enteras del 

Altiplano densamente poblado- en las áreas rurales no hay apenas homicidios mientras 

que en el área urbana la evolución es por picos.  

 

 

 

Fuente: Ball, P., Kobrak, P., Spirer, H. (1999) Violencia institucional en Guatemala, 
       1960 a 1996: Una reflexión cuantitativa. (AAAS / CIIDH). 

       Washington, DC, Estados Unidos de América. Págs. 54-55 



 

 

 

 

36 

 

 

Tomados en conjunto, estos datos justifican la necesidad de explorar la variable 

territorial para conocer si existen anomalías institucionales en la democracia que han 

determinado dos modelos diferentes de violencia homicida dependiendo de cuál sea el 

territorio: un modelo que es constante en la capital, y otro que podría ser coyuntural en 

las zonas rurales -si bien con altas tasas en algunos de los departamentos.  

 

Tanto en un caso como en otro, la hipótesis central es la baja densidad del Estado; en el 

área rural, el Estado ha sido sustituido por reguladores locales, lo cual hace que la 

violencia eventualmente se estabilice, mientras que en el área urbana existe una 

competencia no resuelta entre los reguladores. Nuestra hipótesis tiene que ver con el 

vacío de poder, y apunta al cambio de régimen y el nuevo papel que se asigna a los 

actores que antes eran relevantes –en particular, a los militares- en el nuevo régimen 

democrático, así como al aprovechamiento de estos nuevos espacios por parte de los 

grupos locales que paulatinamente han ido articulando el crimen.  

 

 

 

 

1.3. Objetivos y metodología 

 

Esta investigación pretende dar respuesta a tres preguntas que hasta ahora no han sido 

planteadas de manera integral, sino parcial o sectorialmente, teniendo como eje central 

el análisis de Estado. En primer lugar, identificar los grupos o actores centrales 

responsables de que la violencia en la democracia haya ido adquiriendo la fuerza en el 

área urbana y la legitimidad que se observa en el área rural. Consideramos que detrás de 

lo que se denomina “crimen organizado” existe una responsabilidad institucional última 

que posibilita su aparición en la democracia y también su persistencia, y que esos 

actores han tenido también responsabilidad histórica en un continuo proceso de 

fragmentación del Estado. ¿Es sólo la incapacidad de la PNC y el grado de corrupción 

que existe en el seno de las instituciones la responsable de la espiral de violencia que se 

ha producido en el período posterior a la firma de la paz? ¿Qué papel han jugado tanto 



 

 

 

 

37 

 

 

el Ejército como los empresarios en ese proceso? ¿Hay, en la actuación de estos grupos, 

alguna vinculación directa de causa efecto que pueda derivar en la consolidación del 

crimen?  

 

En segundo lugar, se analizará el proceso según el cual empieza la transformación de 

los actores centrales que dan paso a la violencia del período posterior a los acuerdos de 

paz y, más concretamente, la manera en que la violencia se transforma de una fase 

“sistémica – centralizada”, que tiene su apogeo en el período final de las dictaduras 

militares de finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, a otra fase 

“fragmentada-descentralizada” que empieza a originarse a partir de los años 80, en un 

modelo institucional que ha sido caracterizado por algunos autores como “democracias 

constrainsurgentes” (Torres Rivas, 2011). En esta fase se observará cómo se produce el 

cambio y el control de las zonas rurales por grupos que comienzan a operar de manera 

autónoma respecto del las instituciones centrales y del gobierno. En general, se pretende 

observar cómo la transición de las dictaduras militares a la democracia, en extremas 

condiciones de debilidad de un sector civil comprometido con los Acuerdos de Paz, 

propició en Guatemala la consolidación de las mafias, sin que existiera un sector con el 

liderazgo y la autoridad para articular un Estado civil que asegurase para sí el uso 

exclusivo y legítimo de la violencia. En el período posterior a la paz, el Ejército verá 

mermado considerablemente el poder que antes tenía para dirigir el Estado, la guerrilla 

quedó muy debilitada y los empresarios consideraron que les iba mejor sin el Estado, tal 

y como había sido tradicional en ese grupo. La fractura entre el área urbana y rural se 

mantendría, sin generar la cohesión territorial que requería la nueva institucionalidad 

democrática de la postguerra. 

 

Por último, se pretende analizar las razones por las cuales persiste la violencia y ayudan 

a legitimarla como forma de resolución de los conflictos todavía en la democracia, y en 

qué medida esto ha sido o no determinado por el peso de las variables exógenas, en 

particular en lo que se refiere a dos aspectos: (1) los condicionantes internacionales para 

la negociación de la paz y (2) la transnacionalización del crimen organizado y el 

narcotráfico por la presión que ejercieron las políticas de certificación de países 

traficantes y los planes de Estados Unidos sobre Colombia y México en las políticas 



 

 

 

 

38 

 

 

antidroga. Nuestro objetivo, en este caso, es saber si han sido los factores exógenos 

determinantes para la persistencia de la violencia en Guatemala o son los factores 

endógenos (la debilidad de la burguesía agraria y empresarial, y la debilidad 

institucional incluyendo el papel asignado al Ejército) quienes podrían haber 

aprovechado condiciones favorables internacionales para que el proceso de 

fragmentación del Estado siguiera su curso. 

 

Las conclusiones de la investigación deberán dar respuesta a estos objetivos centrales. 

Para ello se hará un recorrido continuo en el histórico de la violencia desde la formación 

del Estado en el período inmediato posterior a la Colonia, en 1821, hasta el período 

democrático posterior a la firma de los acuerdos de paz que dieron fin a la guerra 

interna. En los Capítulos III y IV se procederá a analizar históricamente el proceso de 

formación del Estado, los principales intentos de articulación de identidades y proyectos 

nacionales. Desde aquí se pretende subrayar la importancia de la articulación del Estado 

Moderno como eje de control territorial y extensión de un tipo de legitimidad racional o 

carismática sobre las legitimidades tradicionales. Se analizará también el grado de 

cohesión de la coalición de gobierno y el papel de la burguesía agraria y empresarial 

durante los regímenes militares, y el cambio que se produce en la democracia, 

concretamente cuando se produce un cambio en la correlación de fuerzas entre gobierno 

y militares con el primer gobierno civil después de la paz, el gobierno de Álvaro Arzú 

(1996-2000) y el compromiso de reducción de un 33% del Ejército, sobre un total de 

50,000 efectivos.
11

 Estos aspectos, que tienen que ver con el planteamiento de una 

nueva institucionalidad de postguerra, serán abordados en el Capítulo V. 

 

Posteriormente, se procederá a analizar el período presidencial de Alfonso Portillo 

(2000-2004), ver cuál ha sido el papel del Ejército y la fragmentación que surge desde 

una nueva institucionalidad democrática, distinta a la del período anterior de Alvaro 

Arzú, la institucionalidad de la Oposición a la histórica coalición de gobierno de 

empresarios y militares. Se verá cómo esta nueva fase llega hasta el nivel territorial, y 

cómo los grupos locales (legales y paralegales) se hacen con espacios de poder que 

                                            
11 Reducción que, de hecho, fue superada ya que al final del gobierno de Oscar Berger, en el año 2008, había un total de 15.500 

efectivos. 



 

 

 

 

39 

 

 

rivalizan entre sí y contra el gobierno central. Este contexto, que se analizará en el 

Capítulo VI, nos ayudará a identificar tres dimensiones metodológicas que se plantean 

a lo largo de toda la investigación:  

 

 Primera dimensión: los conflictos por el control de la agenda económica: En 

algunos casos desvirtuando o queriendo controlar el Estado bien por acción o por 

omisión, participando en las luchas empresariales en el seno de una cúpula que se 

relaciona entre sí violentamente en el marco de una economía que no genera clase 

media. 

 

 Segunda dimensión: los conflictos por el control de la agenda de seguridad. En 

particular las relaciones cívico-militares. La violencia provocada por el control de 

temas de seguridad, comercio, aduanas, mercados paralegales, etc. 

 

 Tercera dimensión: los conflictos por el control de la agenda social y del 

territorio: aprovechamiento del negocio de la descentralización, fondos sociales, 

luchas territoriales y narcotráfico. En la sociedad también, creando modelos de 

autoabastecimiento (maras), vigilancia y control de barrios que son más o menos 

idénticos. El estado no tiene el control de territorio. 

  

La metodología que se plantea en esta investigación es el estudio de caso (Yin, 1994), 

introduciendo una perspectiva histórica más amplia que la utilizada tradicionalmente en 

otros estudios y adoptando una estrategia de investigación que permita abarcar variables 

endógenas y exógenas, el comportamiento de determinados grupos, intentando iluminar 

una decisión o el juego de decisiones con el fin de explicar no tanto el qué o el cuándo 

se producen los cambios decisivos en el desarrollo de la violencia o dimensionar su 

prevalencia en unos u otros lugares, sino fundamentalmente de observar el por qué se 

produce el fenómeno y cómo se va engranando en un proceso que va más allá de los 

años de la espiral de violencia observada entre los años 1996 y 2008. 

 

Se realizará primero una revisión documental seguida de una fase empírica para la 

recopilación y análisis de datos de violencia homicida a nivel territorial (datos 



 

 

 

 

40 

 

 

nacionales, departamentales y municipales). Es importante señalar las limitaciones que 

existen para identificar cuál es la magnitud real de la violencia en Guatemala desde un 

punto de vista estadístico, ya que puede haber más homicidios de los que recogen los 

datos oficiales. Hay casos que no se reportan o no se registran correctamente
12

, y 

también existen diferencias importantes dependiendo de la fuente, tal y como se observa 

en la Tabla 3. Dado que el análisis que se requiere para esta investigación comprende 

datos previos a la creación de la PNC (en el año 1996), se ha recurrido a los datos que 

proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) que permiten recoger un rango 

temporal de hasta diez años antes de la creación de la PNC. Muchos de estos datos han 

podido ser obtenidos on line desde el blog de información sobre violencia en América 

Latina The Black Box que contiene datos y registros electrónicos de acceso público 

proporcionados por las dos principales fuentes oficiales que en Guatemala elaboran 

estadísticas de homicidios. Esto ha permitido también realizar una comparación entre 

las distintas fuentes que revela una diferencia media de un 20% más de casos de 

homicidios reportados por la PNC respecto a los recogidos por el INE. 

 

 

Tabla 2: Comparativa datos INE – PNC 

 

 HOMICIDIOS 

REPORTADOS INE 

HOMICIDIOS 

REPORTADOS PNC 

DIFERENCIA 

ABSOLUTA 

DIFERENCIA 

RELATIVA % 

Año 2000 2.167 2.904 737 25,38 

Año 2001 2.304 3.230 926 28,67 

Año 2002 2.794 3.630 836 23,03 

Año 2003 3.359 4.236 877 20,70 

Año 2004 3.428 4.507 1.079 23,94 

Año 2005 4.381 5.338 957 17,93 

Año 2006 4.300 5.885 1.585 26,93 

        

Fuente: Elaboración propia 

                                            
12 Así, según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- (1998) el incremento en el número de 

homicidios que se observa entre 1996 y 1997 podría deberse a la aprobación de la Ley de Documentación Personal de la Población 

Desarraigada, que faculta a los registradores civiles para que repongan e inscriban el acta de defunción en casos que podrían incluir 

acreditar la condición de haber refugiado en otro país y haber ocurrido la defunción en ese lapso; esto, unido a la aprobación en 

1997 de la Ley Temporal Especial de Documentación Personal, Decreto N° 75-9736, otorga facultades especiales a los registradores 

civiles para que también inscribieran actas de defunciones ocurridas en sus municipios durante la guerra que no se hubieran inscrito. 

Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-, (1998), Estudio sobre Magnitud y Costo de la Violencia en Guatemala, 

Pág. 20 



 

 

 

 

41 

 

 

En cualquier caso, la tendencia que revelan los datos de la PNC respecto al crecimiento 

de los homicidios en los años posteriores a la firma de la Paz (1996) es idéntica a la que 

revelan los datos del INE, una tendencia creciente y constante tanto en el número de 

casos absolutos como en el de las tasas relativas de homicidios. 

 

Tabla 3: Homicidios por año y tasa PCMH 2000-2010 –Según datos PNC 

 

 Homicidios por año Tasa por 100 mil hab 

Año 2000 2904 26 

Año 2001 3230 28 

Año 2002 3630 31 

Año 2003 4237 35 

Año 2004 4507 36 

Año 2005 5338 42 

Año 2006 5885 45 

Año 2007 5781 43 

Año 2008 6292 46 

Año 2009 6498 46 

Año 2010  5960 41 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

42 

 

 

 
Grafica 6: Evolución del número de homicidios de 2000 a 2010 (Datos absolutos, PNC) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, la fase empírica se completará con una serie de entrevistas realizadas entre 

los años 2011 y 2012, con sendas visitas a Guatemala en los meses de Enero y Febrero 

de cada año, complementadas con entrevistas realizadas en España. Entre los 

entrevistados se han seleccionado ex titulares del Ministerios de Gobernación de 

Guatemala, funcionarios del Ministerio Público y de otras instituciones, tales como la 

Secretaría de la Paz, académicos, expertos nacionales, y responsables de instituciones 

internacionales en el área de la Seguridad y Justicia, incluyendo al Ex Comisionado de 

la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Crimen Organizado en Guatemala- 

CICIG-, Carlos Castresana. 

  

 

2904 
3230 

3630 
4237 4507 

5338 
5885 5781 

6292 6498 
5960 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

Año 
2000 

Año 
2001 

Año 
2002 

Año 
2003 

Año 
2004 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010  



 

 

 

 

43 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

VIOLENCIA, ESTADO Y LEGITIMIDAD 

 

 

 

 

2.1. Violencia, pobreza y exclusión 

 

En un país como Guatemala, que en el año 2010 ocupaba sobre un total de 169 países la 

posición 116 en el Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2010), y donde según la 

última medición oficial disponible del Banco Mundial en el año 2006 el 51% de la 

población vivía en condiciones de pobreza y el 15,2% en condiciones de pobreza 

extrema, resulta obligado indagar al objeto de esta investigación si existe alguna 

correlación entre la pobreza y el fenómeno de la violencia homicida que se ha venido 

observando tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. La relación entre violencia y 

desarrollo, no obstante es ambigua e imprecisa. Según el Informe más reciente de la 

Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y Prevención del Crimen –

ONUCDPC-, las tasas de violencia bajaron en Centroamérica en una época en la que 

hubo desarrollo económico, en la década posterior a 1995, mientras que el crimen creció 

en los años 2008 y 2009, dos años en los que se produjeron frenos en el crecimiento 

económico a nivel mundial (ONUCDPC, 2011:35). Pero esto no sucedió así en 

Guatemala, donde la escalada de violencia homicida de la que es objeto esta 

investigación comenzó precisamente en el año 1996, tras más de cuatro décadas en las 



 

 

 

 

44 

 

 

que se habían ido acumulando crecimientos anuales del PIB de en torno al 1,1 % que 

llegaron casi a duplicar el ingreso por habitante (Larrain, 2004:3).  

 

Al contrastar los datos de pobreza con las tasas de violencia por departamento (Tabla 5) 

se observa que son aquellas zonas más pobres y donde hay más exclusión social - las 

zonas del altiplano occidental (Huehuetenango, Quiché) y nororiente (Alta y Baja 

Verapaz), con una incidencia de pobreza extrema que supera el 40% en algunos 

departamentos– las que tienen tasas de homicidios más bajas, entre cero y diez casos 

por cada 100.000 habitantes, muy cercanas a las tasas de países desarrollados como 

España – con una media de 0,90 casos en el año 2009- o la Unión Europea (1,22)
13

. Más 

bien al contrario, el mayor número de casos de muerte por homicidio tiene lugar en las 

zonas de mayor actividad económica del país: la Ciudad de Guatemala, con una tasa de 

homicidios PCMH de 87,9 en el año 2007, la más alta del país y con una incidencia de 

pobreza extrema de 0,5%, el departamento de Petén (55,6 homicidios PCMH frente a 

una incidencia de pobreza extrema del 14,5%) o los departamentos de Nororiente y 

Suroriente, con tasas de violencia homicida cercanas a los 40 casos PCMH y tasas de 

pobreza que no llegan al 20% de media). 

 

                                            
13 Ministerio del Interior de España, Balance de Criminalidad 2011, disponible en www.interior.gob.es 

http://www.interior.gob.es/


 

 

 

 

45 

 

 

Mapa I y Tabla 4: Incidencia de la pobreza y violencia homicida en Guatemala.  

Distribución por áreas geográficas. Año 2007 

 

 

 

Para la elaboración de tasa de homicidios PCMH departamental se han utilizado los datos de población y 
el número de homicidios del correspondiente año, conforme a las tablas recogidas en Anexo 2. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE.  
 



 

 

 

 

46 

 

 

Para ilustrar más este punto, en la Gráfica 7 se puede observar cómo en un intervalo 

temporal de siete años los datos de violencia homicida revelan alteraciones 

significativas en muchos departamentos de un año para otro, una evolución por picos 

que no tiene correlación con los patrones de evolución de la pobreza que 

tradicionalmente -y con excepción de las crisis coyunturales- no suelen mostrar grandes 

alteraciones en cortos períodos de tiempo. Así, por ejemplo, la Tabla 6 muestra en el 

caso del departamento de Quetzaltenango una variación en la tasa de homicidios de 7,41 

casos en el año 2003 a 16,73 en 2006, y que recupera una tasa inferior a 10 casos un año 

después, en 2007. Estas variaciones son más agudas en los departamentos de Izabal -

donde la violencia casi se triplica entre los años 2001 y 2003 para posteriormente volver 

a los índices anteriores- o en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Baja 

Verapaz o Petén. 

 

 

Grafica 7: Evolución Tasa de Homicidios PCMH a Nivel Departamental, 2000 - 2007* 

 

 

*Datos desagregados por departamentos no disponibles para el año 2005 

Fuente: Elaboración Propia sobre datos INE 

 

 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 

GUATEMALA  

EL PROGRESO 

SACATEPEQUEZ 

CHIMALTENANGO 

ESCUINTLA 

SANTA ROSA 

SOLOLA 

TOTONICAPÁN 

QUETZALTENANGO 

SUCHITEPÉQUEZ 

RETALHULEU 

SAN MARCOS 

HUEHUETENANGO 

QUICHÉ 

BAJA VERAPAZ 

ALTA VERAPAZ 

PETÉN 

IZABAL 

ZACAPA 

CHIQUIMULA 

JALAPA 

JUTIAPA 



 

 

 

 

47 

 

 

Tabla 5: Evolución Tasa de Homicidios PCMH a Nivel Departamental, 2000 - 2007 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 

GUATEMALA  34,54 36,82 49,71 63,06 62,30 86,71 87,90 

EL PROGRESO 27,40 16,46 17,75 20,39 15,31 23,12 20,81 

SACATEPEQUEZ 12,56 9,49 6,95 6,42 12,17 20,78 14,81 

CHIMALTENANGO 3,36 2,61 4,65 5,96 12,57 15,82 17,57 

ESCUINTLA 23,84 25,96 24,60 35,19 19,34 23,38 20,79 

SANTA ROSA 45,28 44,93 38,31 30,14 35,90 43,44 43,45 

SOLOLA 3,89 4,71 3,96 3,83 5,70 8,29 8,55 

TOTONICAPÁN 2,06 2,58 3,61 1,62 5,49 5,40 4,05 

QUETZALTENANGO 5,14 5,20 7,41 7,41 12,44 16,73 9,57 

SUCHITEPÉQUEZ 10,65 10,92 10,93 13,03 10,93 18,51 13,62 

RETALHULEU 7,06 13,04 14,78 12,14 18,03 17,27 24,09 

SAN MARCOS 11,82 9,97 15,17 11,78 12,09 10,68 12,81 

HUEHUETENANGO 6,00 3,21 5,46 6,84 5,81 5,00 5,35 

QUICHÉ 2,43 4,26 2,70 3,30 4,92 3,73 7,21 

BAJA VERAPAZ 4,62 8,64 11,18 7,47 11,65 9,53 8,92 

ALTA VERAPAZ 4,34 3,70 3,58 3,93 4,03 2,62 3,86 

PETÉN 54,14 49,93 43,72 54,95 48,63 63,44 55,68 

IZABAL 26,04 25,73 45,69 60,82 64,80 37,27 37,95 

ZACAPA 21,57 24,90 30,16 26,50 32,63 31,09 55,89 

CHIQUIMULA 20,51 39,44 42,36 32,83 39,71 27,81 45,74 

JALAPA 16,43 18,91 14,56 12,32 22,18 16,11 24,44 

JUTIAPA 53,37 50,82 48,75 50,97 44,54 36,50 38,73 

        

Estable  

Evolución negativa inestable  

Evolución muy negativa constante  

        

*Datos desagregados por departamentos no disponibles para el año 2005 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

 

 



 

 

 

 

48 

 

 

La correlación entre violencia y pobreza no es evidente en este caso, si bien esto podría 

ser en parte debido al hecho de que la pobreza se mide en términos de bienestar y no en 

términos relacionales, como sí ocurre con variables tales como la desigualdad o la 

exclusión social (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2006)
14

. En este sentido, se podría 

argumentar que la rigidez en las relaciones sociales, en general, el bloqueo a la 

“ciudadanía social” en términos marshallianos, o la rigidez de las relaciones laborales, 

en particular, han sido los ejes centrales que ha decantado determinados modelos de 

violencia. Así, para Julio Cambranes (1985), la caficultura y el modelo económico de 

exportación y monocultivo favoreció en el siglo XIX el desarrollo de una burguesía 

agraria (los finqueros) que logró poner a su servicio las relaciones de trabajo, la 

propiedad de la tierra y la inversión del Estado, lo cual generaba, por un lado, un 

bloqueo hacia el campesinado indígena y, por otro, privilegios hacia las inversiones 

extranjeras. De este modo, el sector ladino que estaba llamado a liderar la revolución 

burguesa no se consolidó como tal –es decir, con el espíritu de desvincularse de la vieja 

estructura de poder colonial- sino como “una oligarquía burguesa, que canalizó hacia la 

economía capitalista de plantación el capital comercial y financiero que ingresó en el 

país, dándole al capitalismo un carácter contenido muy peculiar” (Cambranes, 

1985:299). Para este autor ese carácter “contenido” se asemejaba a una vía prusiana 

basada en la servidumbre de los campesinos. Igualmente, Alfredo Guerra Borges (1992) 

afirma que la violencia en Guatemala deriva de que el capitalismo en este país sólo 

pudo desarrollarse bajo formas de acumulación en el campo, y anterior a ellos es el 

ensayo clásico de Severo Martínez Peláez (1970) para quien el conflicto social estaría 

vinculado al mantenimiento de una estructura de clases colonial, el papel del 

conservadurismo y la tradición feudal, y la réplica que los criollos hicieron de 

instituciones coloniales y de trabajo forzado semigratuito.  

 

Estaríamos, en cualquier caso, ante explicaciones que tienen que ver más con la 

desigualdad o la exclusión social y no con la pobreza -en el sentido absoluto y no 

                                            
14 “La noción de pobreza y las políticas contra su reducción parten de la premisa de la existencia de una comunidad normalmente la 

nacional, donde algunos sectores están deficientemente integrados, pero que es factible lograr una buena inclusión, ya que es posible 

la movilidad social ascendente. La perspectiva de la exclusión, por el contrario, postula la fractura de la comunidad apuntando la 

existencia de sectores que han sido dejados fuera de ésta y, por tanto, dualización de la sociedad. Es decir, pobreza habla de 

ciudadanía social deficiente mientras que exclusión denuncia su ausencia.”  Pérez Sáinz, J.P. y Mora Salas, M. (2006) La 

Persistencia de la Miseria en Centroamérica, Avances de Investigación, 6. Fundación Carolina – CEALCI, Madrid. Pág. 22. 



 

 

 

 

49 

 

 

relacional de esta categoría- y especialmente con la frustración de algún tipo de 

expectativas en conflictos para cuya solución los actores siempre han hecho uso de la 

violencia. Así, por ejemplo, Julio Cambranes (1985) también observa que las fallas que 

iría generando la dependencia del monocultivo y el inexistente desarrollo industrial 

(Dosal, 1995) en un modelo económico agroexportador -que se manifestarían con 

crudeza en diversos ciclos de finales del siglo XIX y principios del XX- tendrían como 

correlato político la conversión de los regímenes liberales en dictaduras, para mayor 

tranquilidad de la clase dominante. La caída de los precios del café y el asesinato del 

Presidente José María Reyna Barrios dejó libre el terreno para la Presidencia de Manuel 

Estrada Cabrera (1898 - 1920) -figura que inspiró la obra El Señor Presidente del 

Premio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias- quien se mantuvo en el poder 

durante treinta y dos años hasta que, igualmente deslegitimado por efecto de la Gran 

Depresión, fue sustituido por Jorge Ubico en 1931.
15

 También tiene que ver la espiral de 

violencia que generaría el uso de la violencia como modelo represor del Estado, la 

rigidez en las relaciones de producción y la penetración del Ejército en prácticamente 

todas las relaciones sociales (Schirmer, 1999) con un Estado que cada vez tenía que 

dedicar más recursos a la mejora de las infraestructuras represoras de la policía, cárceles 

y Ejército, en vez de a la mejora del fomento, social o educación (Williams, 1994:231). 

 

Es precisamente en esos aspectos que se derivan de las fallas existentes en el modelo 

económico adoptado por la burguesía agraria que asume la conducción del Estado, y en 

los efectos que tiene sobre la sociedad en términos de exclusión, bloqueo y desigualdad, 

donde nos hallamos más cerca de encontrar procesos que decantan la violencia en 

lugares en los que hasta entonces sólo había conflictos. Así, Edelberto Torres Rivas, 

analizando las causas que originan la insurgencia armada en Guatemala durante los años 

sesenta, señala que “la pobreza tal vez creó el malestar pero fue el impreciso 

desarrollismo estatal, indeterminado en sus funciones, lo que favoreció más la condición 

revolucionaria” (Torres Rivas, 2011:173-174). Este enfoque, que se podría insertar en lo 

que se conoce como  teorías psicológicas de la frustración-agresión, desde James Davies 

(1962), Ted Gurr (1970), a Samuel Huntington (1968), induciría a pensar que la 

                                            
15 Cambranes, J. C. (1985) Café y campesinos: los orígenes de la economía de plantación moderna en Guatemala, 1853-1897. 

Madrid. Editorial Catriel, 1996. Pág. 311 



 

 

 

 

50 

 

 

violencia está enraizada en las diferencias sobre las expectativas de estatus, poder o 

riqueza que la población cree merecer frente a la situación real que tienen, o la 

frustración frente a los progresos de otro grupo – privación relativa. 

 

Desde esta perspectiva, se podría afirmar al menos teóricamente que en las regiones más 

pobres de Guatemala se observan menores niveles de violencia porque el atraso 

económico ha mantenido a esos grupos por debajo de un determinado nivel de 

demandas, bien porque hay bloqueo provocado por la exclusión social en el acceso a las 

políticas públicas, o bien porque el subdesarrollo generalizado no ha creado 

sentimientos de privación relativa que sí tienen lugar, en cambio, en las zonas 

metropolitanas, con una composición social más heterogénea. Esto podría servir 

parcialmente como marco interpretativo para nuestra hipótesis, que alude a la existencia 

de dos dinámicas diferentes de la violencia en Guatemala, una urbana y otra rural. 

 

 

 

2.2. Estados débiles, sociedades fuertes: la construcción fallida del 

Estado moderno en Guatemala 

 

Siguiendo este argumento que tiene que ver con el papel del Estado y, en particular, con 

el impreciso desarrollismo estatal -tema que será abordado en los Capítulos V y VI de 

esta investigación- conviene repasar aunque sea en términos generales algunos aspectos 

relativos al proceso de formación del Estado moderno, en particular lo que se refiere al 

éxito o el fracaso que haya tenido el Estado guatemalteco en extender su control 

territorialmente y en justificar el poder, es decir, en el desarrollo de la legitimidad en los 

tres tipos ideales weberianos: tradicional, carismática y racional.
16

 Esto nos permitiría 

vincular los aspectos económicos y políticos con los de la construcción de la idea de 

                                            
16 Tomamos la definición de Estado moderno como “una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con 

éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que para lograr esta finalidad 

ha reunido todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a todos los funcionarios que antes disponían de 

ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”. Weber, La política como vocación, Pág. 5 



 

 

 

 

51 

 

 

nación, la cual tiene también especial relevancia de cara a la cohesión o la 

fragmentación de los regímenes políticos que se desarrollaron en Guatemala después de 

la independencia. El análisis de este proceso nos llevará a determinar un punto de 

partida para nuestro objeto de estudio, el origen y la persistencia de la violencia durante 

el período posterior a la firma de la paz. 

 

Según el marco interpretativo que proporciona Charles Tilly (1985), originalmente 

concebido para el caso europeo, la formación del Estado estuvo relacionada con la 

introducción de cambios en la frecuencia y en los modos de hacer la guerra. El 

desarrollo de nueva tecnología militar requería una administración central que 

garantizase la sostenibilidad mediante la movilización interna y la creación de 

impuestos. Para legitimar la autoridad de esta organización “compulsiva”, cuya 

actuación podría llegar a compararse a la de una “banda de extorsionadores”, era 

necesario distribuir  incentivos entre los nobles, los señores o incluso entre los propios 

soldados, quienes en períodos de guerra podían disponer a su antojo de los botines o 

incluso apoyarse en la población civil para el desarrollo de las mismas. De esta manera, 

la teoría explica que cuando se crea el ejército profesional, es decir, cuando se produce 

la desarticulación de estos grupos que ya no cuentan con la protección del Estado, “los 

barcos desmovilizados se convierten en barcos piratas y las tropas desmovilizadas en 

bandidos” (Tilly, 1985:173).
17

 

 

La creación del ejército profesional en Guatemala no rompió con el proceso de 

bandidaje, con el vacío de poder que se había iniciado antes de la ruptura del orden 

colonial
18

, debido a la debilidad institucional intrínseca y también al uso que los 

dictadores hicieron del mismo, lo cual generó un gran déficit en el proceso de extensión 

                                            
17 Igualmente en Max Weber este proceso de construcción del Estado se da “cuando se produce la paulatina expropiación de todos 

los productores independientes” (Max Weber, Ibid.. Pág.. 
18 Severo Martínez Peláez (1970) cita las crónicas del oidor don Joaquín Bernardo Camposanto sobre los desórdenes de la plebe 

(octubre - noviembre de 1812): “Aún acostumbrado a ver tantos vicios y miserias en las clases bajas de otras ciudades de América 

no ha dejado de asombrarme el exceso a que llega esta infelicidad en la de Guatemala. Sus barrios sumergidos en una desesperada 

pobreza, condenados a la ociosidad, no presentan sino pendencias sanguinarias, una continua borrachera, la andrajosa desnudez, las 

costumbres más groseras, y la corrupción de los inocentes indios forasteros”. Cit. en Martínez Peláez, S.(1970) La patria del criollo, 

ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. (Ed. 1998) México, D.F. Fondo de Cultura Económica. Pág. 233 
18 PNUD (2009) La Economía no observada: una aproximación al Caso de Guatemala. Cuadernos de Desarrollo Humano, PNUD 

Guatemala 



 

 

 

 

52 

 

 

de la legitimidad del Estado. Jennifer Schirmer (1999) observa que las amenazas que se 

cernían históricamente sobre el Ejército fueron generando en la institución armada un 

comportamiento cada vez más corporativo, aspecto que reforzó el hecho de que desde la 

creación de la Escuela Politécnica, en 1873, con los generales Miguel García Granados 

y Justo Rufino Barrios, hasta la Revolución de octubre de 1944, la composición social 

del Ejército fuera mayoritariamente de clase baja (Schirmer, 1999:34) y que fuera en 

muchos casos utilizada por indígenas y ladinos como mecanismo de ascenso social 

(Taracena Arriola, 2002:188). No era ciertamente distinto de otros ejércitos 

centroamericanos cuya razón de ser estuvo vinculada a la provisión de mano de obra 

para el mantenimiento de las economías agroexportadoras y no tanto al combate en unas 

guerras de independencia que prácticamente no tuvieron lugar (Woodward, 1985; Flora, 

J. L. y Torres Rivas, 1989:2).  

 

Cuando se produce el tránsito hacia una institución autónoma, durante la revolución 

social de 1944 a 1954, -es decir, cuando se produce el tránsito de una legitimidad 

carismática hacia una versión de legitimidad racional- la modalidad que sigue es de una 

autonomía tan fuerte que el Ejército se vuelve del otro lado y pasa incluso a ser la 

vanguardia de la revolución social.19 En un nuevo proceso de adaptación, capaz de 

aprender de sus errores, reconstituir constantemente estrategias y readaptar sus objetivos 

(Schirmer, 1999:20), el Ejército llega a tener el control del Estado, tras la brusca 

interrupción de la revolución social, en el período de los años sesenta a los ochenta, 

pero incluso en este momento seguía siendo subsidiario del poder económico y hasta 

cierto punto incapaz de desarticular las facciones y diferencias que se habían ido 

formando en el seno del mismo. Una muestra de ello son las dificultades para mantener 

cierto modelo de alternancia pacífica a través de elecciones controladas durante el 

período del Estado militar, tres décadas caracterizadas por golpes y elecciones 

fraudulentas que tenían como objetivo no sólo controlar la entrada de fuerzas civiles en 

el sistema político sino también alterar el orden o subvertir el modelo de sucesión en el 

                                            
19 Beltranena Falla, F. F. (1992) “Guatemala: Pretorianismo y Democracia estratégica“, Tesis, Instituto de Estudios Políticos, 

Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Pág. 103 (Cit. en Schirmer, 1999:39) 



 

 

 

 

53 

 

 

interior de una institución castrense que carecía de cohesión interna (Yashar, 1997:223; 

Jonas, 2000:64).
20

  

 

Un ejemplo más del conflicto que existía entre militares y empresarios, de las 

dificultades para conciliar los intereses, distribuir incentivos y expandir la base de 

legitimidad de un Estado fragmentado, lo constituye la forma en que se negoció la paz 

en la segunda mitad de los años 80 y la primera de los años 90. Ni siquiera en el período 

en el que mostraron que era posible vencer a la guerrilla, tras una de las campañas 

contrainsurgentes más agresivas de toda la región que provocó decenas de miles de 

víctimas en apenas unos meses, el Ejército logró conseguir el apoyo de las élites para 

derrotarla. De ahí que para algunos autores la paz no fuera más que una fase en el 

desarrollo de la guerra, un proyecto político que los militares dejaban en manos de los 

civiles, conscientes de que tarde o temprano acabarían demostrando su incapacidad para 

dirigir el Estado (Schirmer, 1999). 

 

Otros autores subrayan que la paz era una fase en la que se jugaba no sólo la pugna 

entre Ejército y guerrilla sino la de militares y empresarios, algo que se resolvió a favor 

de los empresarios en el contexto de las políticas neoliberales que se estaban 

imponiendo en toda la región (Robinson, 1998). Susan Jonas (2000) ha incidido en el 

impasse que llevó a las negociaciones de paz motivadas por las condiciones 

internacionales e internas y, consecuentemente, la debilidad de los procesos de paz 

neoliberal como un elemento clave que desembocaría la violencia posterior; una serie 

de negociaciones blandas, versiones reducidas de la paz dirigidas a promover lo más 

rápidamente posible la democracia y la economía de mercado.
21

 Rachel McLeary 

(2003), sostiene que la paz fue posible en el momento en que las élites y la sociedad 

civil lograron confluir por primera vez en la historia tras el autogolpe de Jorge Serrano 

Elías (1991-1993) en puntos de encuentro que condujeron a la instauración y 

consolidación de los gobiernos civiles, coincidiendo, en términos generales, con el 

                                            
20 Entre 1954 y 1985, cinco de los nueve Presidentes que asumieron el poder no llegaron a concluir su mandato (Yashar, 1997:224). 
21 Una paz neoliberal “busca lograr arreglos instrumentales que no llevarán a una distribución más equitativa de los recursos ni del 

poder, y tampoco a la resolución de enconadas diferencias, sino a la institucionalización de la apariencia de equidad política y la 

promesa de oportunidades económicas” (Lipschutz, R. y Jonas, S. 1998:14 cit. en Jonas, 2000:412). 



 

 

 

 

54 

 

 

argumento de que la guerra había llegado a un punto en que resultaba inviable para 

generar y distribuir más incentivos entre las élites. 

 

El otro elemento que es necesario abordar en este contexto de construcción fallida del 

Estado moderno es el de la nación. El nexo entre el proceso inconcluso de distribución 

de incentivos entre la nueva nobleza, la construcción del Estado -y el subsecuente 

desarrollo de la idea de nación (Hobsbawm, 1990)- lo proporciona Julio Cambranes 

(1985) al señalar que entre los períodos conservador y liberal transcurridos desde 

mediados del siglo XIX hasta la revolución social de Octubre (1944-1954) la principal 

misión del Estado había sido “proteger los intereses del sector empresarial agrario de la 

clase dominante y desarrollar el sistema de valores burgueses dentro de la sociedad 

guatemalteca” (Cambranes, 1985;311-312). Ambos procesos, que de ser exitosos 

habrían logrado consolidar una revolución burguesa, acabaron no obstante en fracaso.  

 

Respecto al primer proceso, el autor señala que la debilidad de una burguesía agraria 

nacional -muy dependiente ideológica y económicamente de los conservadores criollos, 

los cuales aún no habían asimilado el tránsito de la hacienda a la plantación moderna o 

finca- provocó que el capital extranjero penetrara con facilidad, y acabó por consolidar 

una nueva oligarquía burguesa nacional allí donde había una clase de empresarios y 

comerciantes ladinos desvinculados de la colonia con potencial para ser la vanguardia 

de esa revolución burguesa. Esto tuvo como efecto que se produjera un cambio de 

modelo desde el feudalismo colonial al capitalismo neocolonial, un modelo en el que el 

país quedaba en manos del capital extranjero y de una cada vez mayor concentración del 

capital en los grandes finqueros (Cambranes, 1996; 299, 313-314).  

 

Otros autores conceden una mayor importancia a las características particulares del 

modelo cafetalero guatemalteco. Así, Robert Williams (1994) señala que, al contrario 

del caso costarricense donde se optó por la comercialización y las mejoras técnicas en 

los beneficios de café, lo cual redundó en un producto de mayor calidad y una mayor 

orientación comercial de los cafetaleros, el modelo guatemalteco se centró en la 

producción, en parte debido a que las mayores ganancias para el Estado procedían de 

los ingresos fiscales derivados de una mayor producción y de subidas en el precio. Esto 



 

 

 

 

55 

 

 

provocaba que los finqueros asumieran más riesgos, estuvieran más aislados y 

asumieran mejores estrategias cooperativas, a la vez que requería un mayor esfuerzo del 

Estado en términos de inversión y de ejército. En el mismo sentido, Deborah Yashar 

(1997) subraya la diferencia en ambos modelos y los efectos que tiene en cada país, en 

el caso de Guatemala generando una alta dependencia de las élites respecto del Estado 

que no tuvo lugar en Costa Rica. Para esta autora, la diferencia entre la instauración (y 

perduración) de la democracia en Costa Rica a partir de 1948 frente a la instauración de 

los autoritarismos guatemaltecos de las tres décadas posteriores a la Revolución de 

octubre (1944-1954), estriba en la capacidad de distribución de incentivos sobre las 

élites y en el control de las áreas rurales, lo cual significaba, en definitiva, el control de 

la burguesía agraria.  

 

Cuadro Teórico: 

La construcción fallida Estado en Guatemala (1821 – 1945) 

 

Estado proyectado 

 

Variables que determinan 

baja legitimidad en la 

formación del Estado 

Moderno 

 

Estado resultante 

Proteger los intereses del 

Sector Agrario – Empresarial 

 

Desarrollar un sistema de 

valores burgueses 

 

Influencia conservadora del 

período de Carrera 

 

Debilidad de la burguesía 

agraria ladina 

 

Nación eugenésica y 

excluyente 

 

Papel del ejército, al servicio 

de caudillos y dictadores / 

baja autonomía 

Revolución burguesa fallida 

(Cambranes): alta  

dependencia de clase 

dominante y de capital 

extranjero; Estado vulnerable 

a crisis 

 

 

 



 

 

 

 

56 

 

 

Respecto al fracaso de la idea de nación, el segundo punto al que nos referíamos antes, 

éste habría quedado en evidencia debido a la persistencia de la segregación racial y la 

imposibilidad de emancipación de los pueblos indígenas, un aspecto que ha sido 

subrayado por autores como Marta Elena Casáus (1998) para quien el modelo de Estado 

autoritario se combinaba con el modelo de “nación eugenésica racista y excluyente 

basada en la violencia como fuente de control social”
22

. Este aspecto de nación 

eugenésica no sólo ha sido considerado en relación a los indígenas sino en lo que se 

refiere al propio blanqueamiento del universo no indígena que incluía tanto a criollos 

como a ladinos (Taracena Arriola, 2002:410). El mismo autor observa que ser 

guatemalteco se identificó con ser ciudadano no indígena en un Estado nación que se 

había construido sobre los conceptos de segregación/asimilación, en vez de los de 

pluralismo cultural o fusión como ocurrió en México. Así, una ciudadanía diferenciada 

se había ido configurando: por un lado, un sector arraigado en el concepto de lo ladino 

para quienes la legitimidad del Estado evoluciona entre lo carismático y lo racional con 

bajos niveles de aceptación y consenso, mientras que por otro lado habría un sector 

arraigado en los lazos locales, con lengua propia y fundamentalmente ligado al atraso 

económico. En este otro sector, mayoritariamente indígena, la legitimidad tradicional es 

el anclaje que garantiza la cohesión respecto a unas formas de sociedad local que 

mantienen sus normas y costumbres originales.
23

 

 

Así, la idea de nación -definida como una comunidad imaginada- se habría desarrollado 

de una manera incompleta en Guatemala, y dado que la nación no rompió con la 

identificación respecto de los lazos locales no logró articularse en torno a un territorio 

nacional bien definido, resultando en grandes dificultades para determinar la religión o 

el idioma dominante. El Estado débil, tal y como señala la teoría, iba a tener que lidiar 

permanentemente con formas alternativas de identificación y de lealtad (Spruyt,2011), o 

dicho en otros términos, sociedades locales fuertes han tenido que convivir 

históricamente con estados débiles (Migdal,1988). Esto puede servir como marco 

interpretativo en el que desarrollar la hipótesis que formulábamos al principio, que la 

                                            
22 Casáus Arzú, M.E. (1998) La metamorfosis del racismo en Guatemala. Ed. CHOLSAMAJ, Guatemala. 2002. Pág. 40 
23 “La verdadera patria del indígena era el pueblo, la comunidad, sin la menor lealtad hacia el Estado – nación que los liberales 

construían” (Taracena Arriola, 2002: 243) 



 

 

 

 

57 

 

 

violencia será mayor o menor en función de la capacidad de penetración o densidad que 

haya tenido el Estado y, en su defecto, la sustitución de este por otros reguladores 

locales. 

 

Este marco teórico, no obstante, si bien ayuda a entender ciertos aspectos en el proceso 

histórico de fragmentación del Estado y de reacción de la violencia, tiene dificultades 

para responder a fenómenos recientes tales como el de la escalada de violencia que 

aparece en México a partir del año 2008, un país donde sí se produjo el mestizaje, la 

homogeneización de la religión, donde ha habido un Estado que ha tenido mayor 

densidad y que goza de mayor legitimidad y una institucionalidad más estable. Ello nos 

llevaría a plantear que la violencia podría estar enraizada en cuestiones estructurales 

pero que hay otros factores más concretos que inducen a su aparición. Una comparación 

entre el caso mexicano y guatemalteco nos llevaría a pensar que el Estado fallido no es 

una causa necesaria para que surja la violencia en la última década del siglo XX y la 

primera del siglo XXI, si bien en Guatemala podría ser una causa suficiente para que el 

fenómeno perdure (PERSISTENCIA). De la misma forma que la desigualdad o la 

pobreza conformaban el paisaje en los años 70 y 80, pero fue la escasa funcionalidad el 

Estado la causa de la violencia revolucionaria, se podría señalar ahora que las anomalías 

en la construcción del Estado Nación habrían construido otro lienzo, más reciente, que 

engrana el conflicto y sobre el cual interactúan nuevos elementos que sí son necesarios 

para decantar la violencia (ORIGEN), los cuales serán abordados en el siguiente 

epígrafe. 

 

 

 

2.3. Condicionantes externos, guerra irregular y mafias 

 

Varias son las consecuencias en lo que se refiere a la violencia que se derivan del hecho 

de que Estados débiles se confrontaran a sociedades fuertes. La primera tiene que ver 

con el incremento de la vulnerabilidad, tanto en lo relativo a los factores endógenos 



 

 

 

 

58 

 

 

como exógenos. A la inestabilidad de las coaliciones de gobierno, las cuales originaban 

permanentemente crisis que se resolvían con golpes de Estado, habría que sumar 

vulnerabilidad a los factores internacionales, ya sea en lo relativo a las inversiones 

económicas necesarias para la producción del café (Cambranes, 1985) como a la ayuda 

militar para mantener el modelo económico post colonial liberal. Lo mismo se podría 

decir del peso que ha tenido la cooperación internacional para sostener las políticas de la 

paz en uno de los países con la presión fiscal más baja de toda América Latina, aunque 

quizá el hecho más conocido de esta vulnerabilidad externa haya sido la articulación del 

golpe de Estado por parte de Estados Unidos en 1954 para proteger los intereses de 

algunas de sus compañías, ante el cambio en las condiciones de los contratos decretado 

por el gobierno de Jacobo Árbenz (Schlesinger, S. y Kinzer, S., 1982).  

 

Se pueden observar, igualmente, referencias de estos enfoques en quien fuera Presidente 

del primer gobierno de la “primavera democrática” o revolución social de 1944 a 1954, 

Juan José Arévalo, quien en su obra Fábula del Tiburón y las Sardinas analiza desde la 

perspectiva del derecho internacional los desequilibrios estructurales existentes entre 

países pequeños, como los centroamericanos, y grandes potencias, como Estados 

Unidos. Como se verá en el Capítulo IV de esta investigación, entre los años sesenta y 

setenta el doce por ciento del presupuesto de defensa de Guatemala procedía de la ayuda 

de Estados Unidos: sólo entre 1957 y 1972, cerca de 2000 oficiales del Ejército 

guatemalteco fueron entrenados en escuelas militares estadounidenses y 425 oficiales de 

Policía recibieron entrenamiento antiterrorista en la Academia de Policía Internacional 

en Washington.
24

 Era una muestra considerable de apoyo militar para combatir contra 

una guerrilla que apenas llegaba a los 400 efectivos (R. Asturias, cit. en Arévalo 

1998:18). 

 

Cabría decir, por tanto, que las variables sociopolíticas e ideológicas endógenas que han 

nutrido los conflictos en Guatemala desde el período colonial se han mezclado siempre 

                                            
24 Naim, A. (1985) With Friends Like These, ed. by Cyntya Brown, New York. Pantheon Books. Cit. en Simon J. M. (1987) 

Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, Norton & Company. Inc. New York. Pág. 23-24.  Sobre este tema ver también 

“Barrachina Lisón, C. (2006) “La asistencia militar de Estados Unidos en América Latina: permanencias, discontinuidades e 

intereses” Fuerzas Armadas y Sociedad, FLACSO- Chile. Año 19. N.1. Enero-Julio 2006: 109-140. 



 

 

 

 

59 

 

 

con factores exógenos. Así, llevando este marco interpretativo a un contexto más 

cercano, se podría argumentar que la vulnerabilidad respecto a las condiciones externas 

son aspectos necesarios para moldear más recientemente una nueva etapa de la guerra 

en la que tanto los contendientes como los causas que la provocan son distintas: destaca 

por encima de ellas el narcotráfico, pero también está el control de los procesos 

migratorios, el tráfico de armas, e incluso la importación de automóviles usados. 

Algunas de las fuentes consultadas en esta investigación observan que las maras en 

Centroamérica son un fenómeno directamente relacionado con las políticas criminales 

en Estados Unidos
25

. Otros informes han señalado que la violencia estaría relacionada 

con el reacomodo de fuerzas entre los cárteles de la droga mexicanos y colombianos, y 

las luchas por el control de las rutas entre estructuras locales (Insightcrime, 2011; 

Herrera, M. y Romero, M. 2011; Espach et alt. 2011; López, 2011) 

 

De ahí la importancia que tiene para esta investigación el aporte de Stathis Kalyvas 

(2006) quien en La Lógica de la Violencia en la Guerra Civil establece una categoría 

para definir aquellas guerras en la que es imposible identificar al enemigo, donde no es 

necesario que haya ruptura, polarización ni transgresión del orden establecido. La 

guerra irregular, según el autor, “no requiere de la existencia de una causa específica, 

revolucionaria, comunista, nacionalista o de ningún otro tipo, ya que puede servir a 

cualquiera” (Kalyvas, 2006:67). Se trata, además, de una guerra que se libra silenciosa, 

cuya primera línea no es violenta, donde el nivel de información es clave para ejercer el 

control. El autor diferencia entre la oferta y la demanda de violencia, y expone que la 

violencia (selectiva, no indiscriminada) ocurre cuando ambas encuentran un punto de 

equilibrio: cuando la demanda se encuentra con la oferta. Una vez que los territorios han 

sido tomados por los contendientes -en nuestro estudio, los “Señores”, caciques locales, 

narcotraficantes o el crimen organizado
26

-, la población civil estaría interesada en 

maximizar sus probabilidades de sobrevivir, lo cual implica la colaboración, la entrega 

de información y también las delaciones o denuncias sobre enemigos personales o 

políticos (la oferta de violencia). Los grupos del crimen organizado –igual que pudo 

                                            
25 Carlos Castresana, entrevista personal. Ver también Ranum, E.C. (2006) “Pandillas Juveniles Transnacionales en Centroamérica, 

México y Estados Unidos. Diagnóstico Nacional Guatemala”. Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP)  

 



 

 

 

 

60 

 

 

ocurrir con el Ejército o con la guerrilla en otras épocas- estarían interesados en utilizar 

la información para tratar de eliminar a sus opositores (la demanda de violencia). En 

definitiva, para el autor cuanto mayor sea el control de un actor sobre un territorio 

determinado menor será la violencia (Kalyvas, 2000: 244).
27

 

 

La lógica de la violencia en la guerra civil, desde esta perspectiva, dependería no tanto 

de factores exógenos como endógenos, es decir, de las propias dinámicas de la guerra; 

los factores externos –desde la guerra fría, el narcotráfico a la globalización-  serían 

fundamentalmente aprovechados en beneficio de lógicas internas. Esto ayudaría a 

explicar las diferencias que se observan en las tasas de violencia que existen en la 

capital –incluyendo las diferentes dinámicas entre los propios barrios- frente a las que 

existen en los departamentos. Por otro lado, ayuda a situar la importancia de la 

información como factor de desarrollo de la guerra y, en particular, de la colaboración 

social, la base social de apoyo que produciría distintos tipos de violencia o incluso su 

legitimación en una cada vez mayor disponibilidad de oferta.  

 

Respecto a este último punto, Douglas Kincaid (2001) señala tres fenómenos que 

estarían en gran medida contribuyendo al incremento generalizado de la oferta social de 

violencia en Guatemala, si bien para el autor el proceso no deriva de las propias 

dinámicas de la guerra sino de la ineficiencia del Estado. El primer fenómeno es la 

militarización, la recurrencia a los militares para el control de los problemas de 

seguridad interna o los patrullajes conjuntos con unidades de la PNC; en segundo lugar, 

la informalización, entendida como el incremento de los comités de barrio y patrullas 

ciudadanas de seguridad, en muchos casos con el apoyo de los gobiernos central y local; 

por último, la privatización, el creciente uso de armas de fuego por parte de la población 

y el crecimiento de las empresas de seguridad privada. En este mismo sentido, Otto 

Argueta (2010) encuentra elementos para señalar que la seguridad privada opera 

también como un refuerzo de identidad: cuando no se tienen recursos para mantener 

guardaespaldas ni blindados, entonces la organización social se activa de manera 

espontánea, lo cual se convierte a su vez en un símbolo que refuerza el estatus de la 

colonia, el residencial o barrio (Argueta, 2010:13).  

                                            
27 Para un análisis de la violencia como antítesis del poder, ver también H. Arendt (1970). 



 

 

 

 

61 

 

 

Por último, se ha identificado un tercer aspecto que deriva de la baja densidad del 

Estado y que tiene consecuencias directas sobre la violencia, y es la aparición y 

persistencia de las mafias que, como señala Diego Gambetta (2000) se habrían ido 

consolidando sobre la hipótesis de que no hay vacíos de poder: los monopolios de 

violencia locales sólo pueden ser sustituidos por monopolios de violencia mayores. En 

Italia sólo hubo una época en la que existió un poder independiente de la mafia -o al 

menos independiente del estrato social que contribuía al desarrollo de la mafia- y que 

contribuyó parcialmente a su debilitamiento, y este fue el fascismo, pero los italianos 

preferían la mafia al fascismo porque los primeros les garantizaban ciertos derechos 

civiles. Gambetta subraya además las oportunidades de movilidad social que generaba 

la mafia como base de legitimidad, observando una relación entre las áreas donde hay 

más crimen organizado y las áreas donde la movilidad social es más probable: grandes 

concentraciones urbanas como Nápoles y Palermo o zonas latifundistas de Sicilia 

occidental donde los propietarios eran absentistas, frente a otras zonas donde la 

presencia de los propietarios no daba oportunidades para la clase media rural.  

 

Las mafias, por otro lado, no habrían aparecido en las áreas donde existía una economía 

de subsistencia, lo cual podría ajustarse también al caso guatemalteco y explicar por qué 

en aquellas regiones del altiplano occidental que han estado históricamente atrasadas no 

se han observado hasta la fecha tasas de violencia tan fuertes como las que se ven en 

otros departamentos. Otros autores, subrayan causas de tipo político (Franchetti 1876, 

Cit. en Gambetta), tales como la ausencia de sistemas creíbles y efectivos de justicia y 

de aplicación de la ley, y de tipo económico, tales como la impredecibilidad de las 

sanciones que hace que se genere incertidumbre en los acuerdos y estancamiento en el 

comercio y la industria, así como un mayor rechazo hacia las formas de cooperación 

(Dasgupta y Pagden. 2000, Cit. en Gambetta).  

 

En este punto nos interesa resaltar al menos dos aportes teóricos relativos al análisis de 

las causas de la violencia en México. El primero es de Fernando Escalante (2011) quien 

sostiene que la violencia reciente en México, fundamentalmente a partir del año 2008, 

podría estar asociada a un cambio en los acuerdos tradicionales, los cuales residían en el 

sentido de la autoridad y el peso específico de las autoridades locales que habían ido 



 

 

 

 

62 

 

 

desplazando históricamente a las autoridades centrales; la sustitución de la policía por el 

ejército habría revertido cierto sentido preexistente del orden. El segundo es de Luis 

Astorga (2000) para quien en la misma línea argumental los mecanismos de control del 

negocio de la droga desde el poder político sufrieron una transformación con la llegada 

de los civiles al poder (en México en los años 40), dado que los mismos que combatían 

el tráfico de drogas eran los que lo regulaban y establecían a la vez la intermediación 

entre el poder político y los traficantes, subordinados a ellos. Los traficantes mostraron 

autonomía cuando la estructura de poder civil (en México, el PRI) empezó a dar signos 

de deterioro y la oposición política iba ganando terreno. 

 

Luis Astorga distingue cinco etapas en el desarrollo del fenómeno del tráfico de drogas 

en México. Una primera etapa en la que el poder político hegemónico controlaba el 

negocio. Una segunda etapa en la que la Procuraduría General de la República –PGR- 

sustituye a autoridades sanitarias en la lucha contra las drogas, cuando “las 

corporaciones coactivas, en especial, pero no exclusivamente las civiles, se convierten 

en la mediación estructural entre el poder político hegemónico y los traficantes de 

drogas” (Astorga, 2000:110). La tercera etapa se caracteriza por el incremento de la 

demanda, así como por el incremento de la violencia entre traficantes, y el 

enfrentamiento de estos con policías y militares. En la cuarta etapa, que corresponde a la 

guerra contra las drogas iniciada por la administración Reagan de Estados Unidos, en la 

que a partir del año 1986 se intensifica la lucha contra el narcotráfico así como la 

certificación de países productores y de tráfico de droga. Fue, no obstante, el 

desplazamiento del Partido Revolucionario Institucional – PRI- con el ascenso del 

Partido de Avanzada Nacional – PAN- lo que acelera el proceso de desarticulación de 

los mecanismos de intermediación entre el poder político y los traficantes. El autor 

señala los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, y 

José Francisco Ruiz Massieu, presidente del PRI, como una muestra de que se habían 

roto las reglas del juego “y que la temporada de cacería había comenzado” (Ibid. 111). 

Finalmente, se produce una ruptura definitiva –no ya una transformación- de los 

mecanismos tradicionales de control, que da síntomas del “resquebrajamiento 

acelerado” del sistema político postrevolucionario, con el fin de supeditación de los 

poderes judicial y legislativo al ejecutivo, la desconcentración de poder político que 



 

 

 

 

63 

 

 

antes articulaba la institución presidencial y la emergencia de nueva correlación de 

fuerzas políticas después de las elecciones legislativas de julio de 1997. Para Astorga, 

este escenario llevado al extremo representa “el intento de prolongar un sistema 

autoritario que se resiste a morir” (Ibid. 113).  

 

Un último aporte de Luis Astorga que recogemos para nuestra investigación es la 

definición de crimen organizado. El autor nos remite a la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada de Estados Unidos, de 1996, la cual establece que “se trata de 

una categoría que apunta al número de participantes, a la escala percibida de las 

operaciones ilícitas, al grado de desarrollo y racionalidad empresarial atribuido a los 

agentes sociales que viven de los negocios ilegales o que participan en ellos en algún 

momento y a la peligrosidad que representarían en una situación determinada para la 

existencia o vigencia de un estado de derecho.” 
28

 El autor también observa que, en una 

etapa de universalización y homogeneización conceptual, la inclusión del fenómeno del 

narcotráfico como parte del discurso del crimen organizado es en gran medida un 

producto de los años 80 y 90 y del inicio de la postguerra fría, dado que el fenómeno 

había tenido muchas otras designaciones a lo largo del tiempo: “envenenadores 

públicos” (años 20) mafia internacional de estupefacientes, gang, hampa (años 30), trust 

internacional (años 40), raqueteros (años 50); organización internacional de traficantes 

de droga (años 60), mafia de los gomeros (años 70), cárteles, mafias de narcotraficantes, 

crimen organizado o federación (años 80) (Astorga, 2000:105). 

 

En Guatemala, a la evolución que señala Astorga para México habría que añadir un 

problema más profundo, debido a la baja legitimidad del Estado y la inexistencia de 

partidos políticos estables lo cual propicia la permanencia y la evolución de 

organizaciones de tipo criminal. Durante los años ochenta, poder político y narcotráfico 

era lo mismo, no se requerían mecanismos de intermediación debido al peso del 

Ejército. Cuando los narcotraficantes se independizan del poder político militar empieza 

la articulación empresarial del crimen. El cambio en los arreglos tradicionales, o el 

tránsito de un modelo de delincuencia “sistémica-centralizada” a un modelo de 

                                            
28 Freeh, L. Statement Before the Senate Appropriations Committee, Subcommittee on Foreign Operations, Hearing on International 

Crime, 12/III/1996; Ley federal contra la Delincuencia Organizada, 7/XI/1996. Cit. en Astorga, L. (2000). Pág. 86 



 

 

 

 

64 

 

 

delincuencia “fragmentada-competitiva” (Bailey, J. y Godson, R., 2000)  habría 

empezado en el año 1996, tras la firma de los Acuerdos de Paz, pero se consolida con el 

triunfo del Frente Republicano Guatemaleco –FRG-, el partido liderado por Alfonso 

Portillo y por grupos militares que eran contrarios a la línea blanda institucional de 

negociación que condujo a los acuerdos de paz. De ahí la convulsión que producen los 

cambios en la agenda social y el control del territorio –con las políticas de 

descentralización y el fortalecimiento del poder de los Alcaldes-, en la dimensión 

económica –mediante la introducción de nuevos grupos alternativos a la oligarquía 

agraria y empresarial- y en la agenda de seguridad, con los cambios en la agenda civil y 

la paulatina desautorización de la recién creada Policía Nacional Civil. Es decir, los 

grupos de poder tradicionales (el sector oligárquico y sector militar, o lo que sería el 

equivalente a la institucionalidad mexicana del PRI) son sustituidos por la oposición –el 

equivalente al PAN mexicano-. La desarticulación de los mecanismos tradicionales de 

intermediación entre el poder político y los traficantes / militares se habría producido en 

ese año 2000, que es justamente, cuando empieza la espiral de violencia en todo el país 

y, en particular, en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. 

 

Se podría analizar la violencia de la postguerra, por tanto, como un efecto de ruptura de 

las relaciones y redes clientelares que existían antes de la paz. Esto sería, no obstante, 

contradictorio con algunas de las políticas más innovadoras para reducir la violencia que 

tuvieron que ver con la ruptura de viejas coaliciones que conformaban las redes 

clientelistas y que impedían el progreso, generando por contra una serie de nuevas 

coaliciones en torno a las actividades sociales, territoriales y económicas.
29

 En cualquier 

caso, lo que podemos extraer de estos enfoques es que en la democracia actual 

guatemalteca nos encontraríamos ante una lucha de poder que se superpone a un 

conflicto de naturaleza social e identitaria, y que se muestra tras los cambios de 

regulación que afectan a la posición de determinados actores, en función de las 

amenazas que sintieron las coaliciones tradicionales y en la horizontalidad de los grupos 

                                            
29 El caso más citado es el de Bogotá, con las políticas de cultura ciudadana implementadas por Antanas Mockus, aunque también 

podría mencionarse el de la Autoridad del Centro Histórico en México D.F. Para una revisión del primero ver Mockus, A. (2001) 

“Cultura Ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fé de Bogotá, Colombia 1995-1997”, BID. División de Desarrollo 

Social. Washington D.C.; También, Lombardo, M. A. (2008) “El desafío institucional en América Latina. Experiencias de 

cooperación internacional y cohesión social”. Documento de Trabajo. Programa EUROsociAL - CEPAL 24.03.2008 



 

 

 

 

65 

 

 

que se da en la democracia, más concretamente tras la firma de la paz. Es una violencia 

que tiene como objetivo modificar el comportamiento de una audiencia determinada
30

, y 

que respondería, en definitiva, a la resistencia de algunos a perder el poder y el afán de 

otros por conseguirlo.  

  

                                            
30 “La violencia está destinada a moldear el comportamiento de una audiencia determinada mediante la alteración del valor que se 

espera obtener sobre determinadas acciones” (Kalyvas, 2006:26. Traducción propia) 



 

 

 

 

66 

 

 

  



 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
 A

 R
 T

 E
  
 I

 I
 



 

 

 

 

68 

 

 

  



 

 

 

 

69 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

EL ORIGEN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

3.1. El peso de la tradición y la autoridad del Caudillo  

 

El desplome de las instituciones coloniales en el virreinato de Nueva España durante la 

primera y segunda década del siglo XIX, y el subsecuente vacío de poder y autoridad 

que existió tras la promulgación de la independencia de la Capitanía de Guatemala en 

1821, provocó que las fracturas políticas y sociales latentes durante el período colonial 

se manifestaran abruptamente llegando a cobrar incluso la forma de guerras civiles en 

toda la región. La principal de esas fracturas era la ideológica, definida en torno a las 

diferencias institucionales de las monarquías de los Habsburgo y los Borbones. Los 

conservadores, con una mayor influencia de la Iglesia Católica y con mayor peso de 

instituciones regionales y locales tales como Fueros y Ayuntamientos, pretendían 

mantener el estatus quo de una aristocracia terrateniente que seguía anclada en el 

modelo de la hacienda –propio de la dominación prehispánica-, con agricultura 

extensiva y de baja productividad. Los liberales, influenciados por países como 

Inglaterra o Estados Unidos, alimentaban las aspiraciones de una burguesía agraria que 

buscaba un Estado capaz de impulsar la actividad económica, atraer el capital extranjero 

e introducir una legislación que facilitara el acceso a los principales componentes de la 

nueva plantación moderna de carácter capitalista: la tierra y la disponibilidad de mano 

de obra (Cambranes, 1996; Williams, 1994). 

 



 

 

 

 

70 

 

 

Tanto los liberales como los conservadores coincidían, no obstante, en la explotación 

del indígena como base del sistema económico, bien fuera manteniendo la servidumbre 

del modelo feudal colonial o bien mediante un sistema de provisión de trabajo semi 

forzado que requería el modelo de plantación. Para ello, iba a ser necesario desarrollar 

un potente sistema de coacción que, en última instancia, convertiría al Estado “en el 

principal enemigo del campesinado guatemalteco”, y prueba de ello eran los continuos 

levantamientos que se producían en las comunidades y villas, los cuales amparados en 

movimientos revolucionarios o anticapitalistas serían en el futuro un foco permanente 

de conflicto (Cambranes, 1996: 290). 

 

La resistencia de los antiguos mayas contra la colonización española – que en las 

comunidades rurales siempre estuvo representada por la Iglesia Católica- se había 

manifestado en muchos casos expulsando a los curas, a los que se acusaba de portar 

enfermedades o de contaminar las aguas, o bien mediante la búsqueda de refugio en la 

institucionalidad religiosa popular de las cofradías. En Chiquimula, por ejemplo, los 

cofrades se quejaban de tener que llevar libros de registros porque esto iba en contra de 

sus tradiciones; alegaban que la cofradía era un asunto de ellos y rechazaban el hecho de 

que tanto el obispo como los curas quisieran inmiscuirse en sus asuntos. Las cofradías 

eran, además, un refugio frente a las demandas continuas de mano de obra que exigía la 

nueva economía capitalista: los oficiales de Tecpán se quejaban a su corregidor de que 

las fiestas continuas y las celebraciones reducían a los indígenas “al alcoholismo y al 

odio” (Sullivan-Gonzalez, 1998:52). 

 

El general conservador Rafael Carrera -criador de ganado, analfabeto, que habiendo 

ingresado en el ejército como tamborilero alcanzó el grado de capitán- supo aprovechar 

estas demandas de autonomía indígena y legitimidad tradicional que serían contrarias al 

impulso de las reformas liberales, y sentó las bases de una coalición multiétnica que no 

sólo logró arrancar la jefatura del Estado al liberal Mariano Gálvez sino también pudo 

vencer a las tropas de Francisco Morazán, Presidente de la República Federal de Centro 

América. Carrera estableció como política agraria la cesión de las tierras en censo 

enfitéutico a las comunidades, restaurando el periodo de las leyes de Indias y ampliando 

así su base apoyo entre los indígenas.  



 

 

 

 

71 

 

 

Era un paso atrás en la modernización y en el impulso del Estado liberal, pero el avance 

de la economía cafetalera había dejado menos  tierras disponibles para cultivos a pesar 

de que cada vez era mayor el número de jornaleros y aparceros, los cuales se quejaban 

además de tener que trabajar semanas enteras sin recibir ningún sueldo a cambio 

(Ibid.:100). Desesperados por la incapacidad del régimen de Carrera de remediar esta 

situación que se iba deteriorando – la riqueza de la capital contrastaba con la pobreza de 

las zonas rurales de oriente y occidente- y dado el provecho que sacaban algunos de esta 

nueva política agraria -entre otros, el propio Carrera que se había hecho con una 

hacienda en Palencia- el país entró en una guerra civil.  

 

En julio de 1848, Carrera abandonó el país y se fue a México donde estuvo hasta 1849, 

año en que volvió a Guatemala para otorgarse a sí mismo el papel de pacificador al ver 

que las élites liberales eran incapaces de hacerse con el control. La insurgencia fue 

derrotada en 1849 y 1850, ante lo cual El salvador y Honduras un año después 

invadieron Guatemala, con la esperanza de terminar la amenaza conservadora de una 

vez por todas. Pero en la batalla de La Arada, Chiquimula, Carrera consiguió una 

victoria decisiva, cuyo balance fue integrar las distintas facciones de Guatemala en un 

sólo movimiento contra El Salvador y Honduras, convirtiendo así un país dividido en un 

país unido (Ibid.:106).  

 

De esta forma, uno de los primeros pasos simbólicos en la construcción de la nación 

guatemalteca tendrá estos componentes conservadores a lo que habría que sumar el 

papel que tuvo la iglesia católica y que fue crucial para el triunfo de Carrera. Como 

recompensa, el gobierno conservador dio la bienvenida a los jesuitas y promovió una 

relación formal con la Santa Sede. En lugar de asumir el proceso modernizador que se 

estaba produciendo en otros países y promover el mestizaje, el gobierno conservador 

pensó que el problema ha sido moral, que no existía autoridad y que no había pastores 

que trabajasen con la gente que vivía dispersa en las montañas. Por esta razón, el 

gobierno tenía que tomar medidas rigurosas de “exterminio” y volvió a su tesis original 

sobre la causa de los problemas en Guatemala, que se había originado en el área 

oriental, buscando el apoyo de la iglesia para cumplir esta misión: “ahora que las 

fuerzas del gobierno habían cumplido con éxito la fase de “pacificación”, los 



 

 

 

 

72 

 

 

trabajadores civiles y religiosos debían llegar y curar las heridas que había causado la 

guerra” (Ibid.:101). 

 

Así, la segunda reforma liberal que daría inicio en 1871 –tras la muerte de Carrera y la 

derrota de su sustituto Vicente Cerna-, iba a tener que hacerse sobre unas bases 

conservadoras que no habían sido en absoluto desmanteladas: la religión católica, el 

control que tenían las élites locales y el fuerte papel que el ejército conservador había 

jugado en la construcción del Estado. Como señala Arturo Taracena,  

 

 

“Para garantizar el crecimiento económico y el orden social los liberales 

debían mantener un equilibrio entre el avance de la ciudadanía individual y 

el corporatismo comunitario indígena, de modo que la creación de un 

ejército permanente, la aparición de la prensa periódica, la educación 

pública y la libertad de comercio iban a tener que convivir con el 

comunitarismo de las etnias indígenas, la jerarquización social, el racismo 

como ideología y el peso de los intereses regionales” (Taracena Arriola, 

2002: 143). 

 

 

La resolución de este equilibrio tan difícil de manejar iba corresponderle a un sector que 

era completamente nuevo en los asuntos del Estado. La coalición multiétnica que había 

impulsado Carrera para luchar contra el primer régimen liberal estaba formada por 

indígenas y ladinos: mientras que los primeros buscaban más autonomía, los segundos 

eran “un grupo social distinto que estaba madurando un poder considerable” con 

quienes pretendía construir un nuevo proyecto de nación (Sullivan-González, 1998; 3).  

Varios autores coinciden en señalar a los ladinos como personajes marginales que no 

podían estar adscritos en “categorías puras”, invisibles e indignos de la protección de la 

Corona pero que dado el carácter racista del las élites criollas (Casáus, 2002) generaban 

menos rechazo que los indígenas (Torres Rivas, 2008:368). A pesar del desprecio e 

incluso “repugnancia” que los criollos sentían por este grupo (Taracena Arriola, 

2002:76), éstos eran conscientes de su propia debilidad numérica frente a los indígenas 



 

 

 

 

73 

 

 

y fácilmente podrían sentirse amenazados ante la verdadera fuerza que representaba el 

ejército combinado de indígenas y ladinos (Sullivan-González, 1998:58).  

 

Por esa amenaza, y ante la evidente incapacidad que habían mostrado los liberales para 

proyectar una idea que garantizara el apoyo popular, los criollos no tuvieron más 

remedio que mirar hacia el hasta entonces invisible grupo social de los ladinos y 

mimetizarse. Así, Marta Elena Casaús subraya cómo los criollos, en lugar de optar por 

un proceso de mestizaje, se sirven de la existencia del ladino para desarrollar aún más la 

fractura identitaria: 

 

 

“El Estado oligárquico guatemalteco no podía imaginar un Estado-nación 

homogéneo, basado en el mestizaje, necesitaba blanquear la nación y 

civilizarla y para ello era necesario blanquear al ladino y reforzar la 

distancia y sus reacciones de dominación con el indio, crear una nación a 

imagen y semejanza de la élite criolla, con algunas incorporaciones 

ladinas”. (Casaús, 2002: 39)  

 

 

Y Edelberto Torres-Rivas, subraya cómo los ladinos aprovechan este espacio para tomar 

con fuerza la alternativa liberal que no había logrado triunfar durante la primera reforma 

de Mariano Gálvez:  

 

 

Valiéndose de los efectos de la “colonialidad del poder”, por sus bases 

racistas, los criollos afirman su autoridad, con sentido aristocrático, en un 

escenario social donde las castas ya no lo califican y donde se abren paso, 

poderosamente, los intelectuales y una élite ilustrada mestiza, que por sus 

papeles sociales (clases medias), políticos (militares, maestros, curas) y por 

su educación (profesionales, artistas, técnicos) se forman socialmente más 

próximos al criollo que al zambo, el mulato o el indio. En esta época una 

fracción mestiza es aliada de hecho de los criollos en tanto coinciden en su 

textura cultural no indígena. La oposición liberal ahora es mestiza. (Torres-

Rivas, 2008: 361) 



 

 

 

 

74 

 

 

Tal vez fuera la necesidad de diferenciarse como grupo y reforzar sus propios elementos 

el motivo por el cual la Guatemala liberal gobernada por ladinos trató a la Iglesia mucho 

más duramente de lo que lo hicieron las otras repúblicas liberales centroamericanas, 

como observan algunos autores.
31

 El gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, militar 

ladino del departamento de San Marcos, secularizó la Universidad de San Carlos y 

argumentó que de esa manera se podía construir una sociedad más fuerte, productiva y 

moral. Se sustituyeron antiguos conventos por estaciones de tren, tal y como fue el caso 

la Estación de Antigua Guatemala, o en la capital por la sede de la Policía Nacional, 

donde antes estaba el Convento de las Capuchinas; se expulsaron órdenes religiosas, se 

prohibieron determinados cultos, y finalmente, en nombre de la tolerancia religiosa, se 

invitó a los protestantes a llegar al país, todo lo cual provocó la excomunión Justo 

Rufino Barrios por parte del Arzobispo de Guatemala, a lo que el Presidente reaccionó 

expulsándole a él y a sus obispos (Yashar, 1997; 36). No es de extrañar, pues, que esta 

denominada “segunda reforma liberal” fuera más radical que la primera, y que los 

liberales guatemaltecos utilizasen el Estado para incrementar el patrimonio de una 

incipiente burguesía agraria ladina.  

 

Esto va a tener importantes efectos en el futuro del país y el origen de la violencia, ya 

que forjará el dominio de las legitimidades tradicionales y carismáticas (la costumbre y 

el caudillaje) sobre la legitimidad legal que operó en otro tipo de revoluciones 

burguesas de América. La autoridad civil que hubieran garantizado las revoluciones 

burguesas tendría en Guatemala esas limitaciones históricas de partida, y los conflictos 

de poder se articularían sobre legitimidades fuertes o endebles, tradicionales o 

carismáticas, pero en ningún caso serían constitutivas de las bases legales de la 

dominación que debía ejercer el Estado; un marco regulatorio moderno que era 

especialmente necesario en el contexto de las coaliciones de gobierno futuras (criollos y 

ladinos), destinadas a proteger los intereses de los terratenientes criollos y los de la 

incipiente burguesía agraria ladina, y las de ambos a su vez respecto de los indígenas, en 

una sociedad que de facto se iba segregando cada vez más en vez de integrarse. 

 

 

                                            
31 Así lo refleja, por ejemplo, D. Yashar, 1997; 36 



 

 

 

 

75 

 

 

3.2. El patrimonialismo de las élites 

 

 

En un periodo de quince años, entre 1873 y 1892, la exportación de café se había 

triplicado en Guatemala, en parte debido a la intervención que propició el Estado 

durante los gobiernos de Justo Rufino Barrios y Manuel Barillas –dos modestos 

cultivadores de café que oportunamente se habían apropiado de algunas de las mayores 

fincas del país (Williams, 1994:211). Las antiguas casas de préstamo fueron sustituidas 

paulatinamente por bancos (Banco de Occidente, Hipotecario, Americano y Banco de 

Guatemala), y con el excedente generado por el comercio del café y las exenciones de 

impuestos para la importación de bienes de equipo, se adquirió maquinaria agrícola que 

modernizó e intensificó la producción en las plantaciones.  

 

Con el trabajo forzado de los campesinos se mejoraron las comunicaciones viales, en 

especial aquellas que daban acceso a las fincas y aceleraban la salida del producto para 

incrementar el margen de ganancias también en el transporte. Los gobiernos 

subvencionaron la construcción de ferrocarriles y puertos, algunas de esas 

infraestructuras en abierta competencia entre sí, y otorgaron licencias de operaciones 

para las compañías navieras extranjeras. Para garantizar aún más el dominio de criollos 

y de la burguesía agraria ladina sobre los indígenas, la segunda reforma liberal abolió 

los contratos de cesión por arrendamiento que habían sido establecidos durante el 

periodo conservador y emitió decretos de expropiación de tierras comunales, lo cual 

además favoreció la formación de la propiedad territorial capitalista.  

 

La sustitución del diezmo por un impuesto sobre la propiedad de la tierra estimuló la 

venta de tierras ociosas y la especulación generada junto con la intervención del Estado 

para favorecer la entrega de tierras a extranjeros (a veces con el personal de la finca), 

creó agravios entre comunidades vecinas que, lejos de solucionarse, se irían enquistando 

con el tiempo. En Alta Verapaz,  por ejemplo, un departamento predominantemente 

indígena, era tal la cantidad de conflictos que se habían producido fruto de las reformas 



 

 

 

 

76 

 

 

liberales que se tuvo que crear un juzgado especializado agrícola (Cambranes, 

1996:175). 

 

 Además, la venta de terrenos por decreto desprotegió a muchos campesinos que vieron 

cómo las tierras comunales, que antes ellos trabajaban en régimen de arrendamiento o 

de propiedad pero en ningún caso podían ser vendidas o traspasadas en herencia,  

pasaban a manos privadas, convirtiéndoles a los propietarios en jornaleros, peones o 

trabajadores asalariados de un día para otro. En Oriente, los repartos aleatorios de tierra 

a inversionistas extranjeros provocaron incluso una guerra de guerrillas, y la extensión 

de títulos de propiedad supletorios para legalizar robos de tierra, hicieron que se 

produjeran reclamos de los campesinos por sus tierras que los finqueros llamaban 

“invasiones” (Ibid.: 221). 

 

Aquí es importante señalar lo decisivas que fueron las peculiaridades del proceso 

político guatemalteco en comparación con otros países de la región ya que, tal y como 

señala Robert Williams (1994), aunque el modelo de Estado cafetalero que amparaba la 

reforma liberal se había extendido por toda Centroamérica, cada República desarrolló 

instituciones políticas, económicas y sociales muy particulares. En Costa Rica, por 

ejemplo, el latifundio no llegó a interrumpir el crecimiento y la expansión de la clase 

media: las fincas negociaban con los propietarios de pequeños cafetales y éstos a su vez 

dejaban el producto en sus manos para la comercialización. Los finqueros sacaban 

rentabilidad de la introducción de mejoras técnicas en el proceso del café (los 

beneficios), la mejora de la calidad, el crédito y la exportación. Al no estar concentrado 

el peso de la plusvalía en la producción del café, la cooperación entre las élites y la 

concentración del capital era más viable, y las relaciones de producción más flexibles, 

lo cual podía garantizar que el coste de la coacción en Costa Rica fuera muy bajo y que 

el Estado dedicase más recursos al fomento y mejora de infraestructuras -también 

sociales y educativas- que los que dedicaba a la policía, cárceles o ejércitos (Williams, 

1994:231)  

 

En Guatemala, en cambio, el latifundio estaba más orientado a la producción y exigía 

grandes inversiones de capital e infraestructuras. Esto no sólo hacía más vulnerable a 



 

 

 

 

77 

 

 

todo el sector económico en eventuales períodos de crisis sino también más lo convertía 

en un agente mucho más demandante de la intervención del Estado. El modelo 

latifundista guatemalteco sólo convivía con el minifundio con el objetivo de asegurarse 

de que los trabajadores de las fincas tuvieran cultivos de subsistencia en sus parcelas; no 

dejaron paso al surgimiento de una clase media agrícola, y menos aún con una 

legislación laboral que institucionalizaba el trabajo forzado en las fincas, el sistema de 

peonaje o habilitaciones.
 32

  

 

El Ejército se iba haciendo así cada vez más imprescindible para lo que se suponía que 

en esencia era un modelo liberal y la creación de milicias urbanas acabaron finalmente 

por militarizar todas las relaciones laborales (Cambranes, 1996:105). En la Grafica 7, 

tomada de Robert Williams (1994), se puede observar que estas diferencias en el 

modelo de relaciones de producción aumentaron considerablemente la dependencia del 

gasto militar en el período de concentración y desarrollo de la economía cafetalera en 

Guatemala, mientras que en Costa Rica se pudo lograr un papel del Estado menos 

protector y más dinamizador de la economía incrementando el gasto público en el área 

educativa y de fomento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Reglamento de jornaleros 3 de abril de 1877 y Decreto 243 o Reglamento del servicio de trabajadores agrícolas de 27 de abril de 

1894) (Cit. en Cambranes, 1996:147). Las habilitaciones eran adelantos en dinero o en especie que los finqueros utilizaban para 

enganchar a los campesinos y que se vieran obligados a regresar periódicamente a las precarias condiciones de trabajo. 



 

 

 

 

78 

 

 

Grafica 7: Comparativa de gasto público en Ejército, Educación y Fomento 

 

Guatemala (1872 - 1883) 

 

Costa Rica (1870-1905) 

 

Fuente Williams (1994), Pág. 230 y 231 

 

 

Algunos autores han observado que entre las consecuencias políticas de este proceso 

también estaba el desplazamiento del peso específico de las autoridades tradicionales 

indígenas, generando un proceso de centralización de la autoridad. Deborah Yashar 

(1997) señala que mientras que el estado liberal guatemalteco coaccionaba la fuerza 



 

 

 

 

79 

 

 

laboral en las áreas rurales a la vez estaba reprimiendo los intentos de formar 

organizaciones civiles en el área urbana, o reemplazaba los oficiales públicos electos a 

nivel local por aquellos nombrados por los gobiernos centrales, tal y como hizo Jorge 

Ubico con el nombramiento de jefes políticos o comandantes de armas que dependían 

directamente de la Presidencia de la República (Yashar, 1997:43-44). A la vez que se 

incrementaba la demanda de ejércitos, comisionados políticos, policías y milicias 

urbanas, crecía la estructura de intermediarios, los cambios en las costumbres, se 

incrementaba la burocracia y con ella la necesidad de reforzar el control también sobre 

los propios finqueros, algo que iba a ser rechazado de inmediato.
33

 

 

En cierto modo, se empezaba a desarrollar una especie de desapego sobre el Estado 

tanto para la oligarquía tradicional como para la burguesía agraria ladina, la cual 

comenzaba a recelar de sus propias reglas. Durante la II Guerra Mundial, por ejemplo, 

setenta y cinco fincas alemanas de café fueron expropiadas debido a la presión que 

ejerció Estados Unidos sobre el gobierno (pro-alemán, por otra parte) de Jorge Ubico. 

Esto no sólo desestabilizaría políticamente al régimen, sino que sentó un precedente 

sobre la nacionalización de la propiedad privada y generó una alta desconfianza de las 

élites agrarias respecto del Estado, una élite cuya rotación interna era, de hecho, la más 

alta de Centroamérica.
34

 Se podría decir, de hecho, que el grupo original de criollos 

guatemaltecos y el grupo de inversionistas alemanes, los cuales habían hecho las 

primeras y mayores inversiones, fueron desplazados a finales de las dictaduras de 

Manuel Estrada Cabrera, Orellana y Jorge Ubico. 

 

Dada esta desconfianza, y dadas las continuas bancarrotas del Estado, el proceso de 

intervención directa de las elites cafetaleras en los asuntos del Estado se fue 

                                            
33 La exoneración de servicio de mandamientos –la obligación de trabajar en las fincas- que el gobierno de Reyna Barrios había 

promulgado para beneficio de los campesinos que, obligados a abandonar sus parcelas, huían a otras regiones o buscaban refugio en 

la montaña, no fue cumplida por muchos finqueros, los cuales comenzaron a poner en práctica la esencia del espíritu oligárquico 

guatemalteco respecto del Estado de Derecho: “las leyes se obedecen pero no se cumplen” (Cambranes, 1996:169, 170). 

34 En 1934 sólo 9 de las 125 más grandes fincas seguían siendo propiedad de las mismas familias que lo eran cuarenta y cuatro años 

atrás, en 1890. En Costa Rica, en cambio, la estabilidad de la elite era más fuerte: en 1907, 47 de los 221 beneficios del país seguían 

en manos de descendientes de los ochenta comerciantes importadores que ya lo eran antes de 1850, y 49 seguían en manos de los 

descendientes de los primeros caficultores del país. (Williams, 1994:160) 



 

 

 

 

80 

 

 

diluyendo
35

. Una vez que la burguesía agraria ladina se había asimilado al grupo criollo,  

en vez de usar el capital generado en el proceso de concentración y acumulación de la 

economía cafetalera para el desarrollo integral del país o para el desarrollo de la 

industria, lo utilizó para reproducir el modelo de exportación de materias primas y 

alimentos, a cambio de bienes de consumo (Cambranes, 1996; Dosal, 1995)
36

. Los 

empresarios –que eran la misma burguesía agraria cuyos intereses empezaban a 

diversificarse-, no estaban en absoluto a la altura de los retos de desarrollo del país y así 

quedó demostrado cuando el dictador Jorge Ubico encargó al Comité para el Fomento 

de la Industria (conformado por miembros de la Asociación de Industrialistas de 

Guatemala -AIG) un informe con recomendaciones de política para la diversificación 

económica. Las conclusiones del mismo, realizado por los propios industrialistas 

fueron, entre otras, el apoyo directo a los industriales facilitando acceso a nuevos 

mercados -en lugar de estimular la demanda interna-, la promoción del comercio entre 

Centroamérica eliminando aranceles, y la exención de impuestos, aunque quizá lo que 

más sorprenda es la observación final que hace el informe ya que Guatemala, según los 

propios industrialistas, no poseía las condiciones que le permitirían convertirse en un 

país industrial y que pretender otra cosa sería “antieconómico”, debido a que sus 

recursos más importantes pertenecen a la producción agrícola. (Cit. en Dosal, 1995: 

122).  

 

Tampoco estaba entre las recomendaciones del informe de los industrialistas la revisión 

de las concesiones a la International Railways of Central America –IRCA- y a la United 

Fruit Company, compañías estadounidenses que monopolizaban respectivamente las 

vías ferroviarias y los embarques por Puerto Barrios, motivo por el cual el gobierno de 

Ubico no vio impedimentos para reafirmar con un nuevo contrato los derechos 

exclusivos del monopolio extranjero sobre el flujo de materias primas y maquinaria, 

                                            
35 “La mayoría de los oligarcas prefería la soledad de sus propiedades rurales, a las interminables pugnas políticas de la ciudad de 

Guatemala” (Dosal, 1995: 99) También Robert Williams: “Este proceso de intervención directa de las élites cafetaleras en los 

asuntos del Estado tuvo su pico en toda Centroamérica en la última década del siglo XIX, momento en el que dejaron en manos del 

ejército y de la incipiente burocracia la conducción del Estado para que ellos volvieran a sus haciendas” 
36 Desde Europa y Estados Unidos los cafetaleros importaron seda fina, lino, vinos y joyas. El cónsul estadounidense observó en 

1899: “las enormes ganancias de los cafetaleros crearon una riqueza repentina y voluminosa que se ha despilfarrado en lujos”. 

(Dosal, P. 1995: 55).  



 

 

 

 

81 

 

 

algo que habría sido esencial para el desarrollo del sector industrial nacional (Dosal, 

1995: 131).  

 

Pero aunque la industria no se desarrollaba, las clases medias urbanas sí habían ido 

expandiéndose al hilo de un crecimiento económico anual del cinco por ciento tras la 

depresión. Estas clases medias empezaron a tener y a demandar más espacios políticos 

que desahogaron “la frustración de pequeños comerciantes, industriales, burócratas, 

banqueros, abogados, doctores, proletariado industrial y estudiantes” (Dosal, 1995; 

Schlesinger y Kinzer, 1987). Una frustración, por otro lado, bien justificada: en la 

ciudad, un empleado bancario experimentado ganaba noventa dólares al mes y las 

mayores fuentes de trabajo se encontraban en compañías propiedad de extranjeros -

cerca de 40,000 guatemaltecos dependían, directa o indirectamente, de la United Fruit 

Company y de sus subsidiarias. Esa clase media y trabajadora, pequeña, pero incipiente, 

no tenía sitio en la una estructura tradicional muy cerrada. Tal y como refiere Luis 

Cardoza y Aragón: 

 

 

“el dictador Ubico no permitió que existieran leyes de trabajo, 

organizaciones obreras, partidos políticos, prensa independiente. Estaba 

prohibida la propia palabra “obrero”. Se tenía que decir “empleado”. Los 

periódicos al hablar de las obras de la Escuela “Jesús Obrero”, llamábanla 

“Jesús Empleado”. (Cardoza y Aragón, 1955:67).  

 

 

Las huelgas de trabajadores se zanjaron con la represión y la ejecución de sindicalistas, 

lo cual se aunaba a la creciente presión que existía en el campo donde el crecimiento de 

la población forzaba a un número cada vez mayor de gente a vivir de la misma cantidad 

de tierra disponible. La oligarquía había acumulado también quejas suficientes contra el 

tirano como para aliarse con esta clase media. Entre los últimos agravios el mayor fue la 

nacionalización en junio de 1944 de las propiedades alemanas, a la que ya se hizo 

referencia en el epígrafe anterior, que en su conjunto producían entre el veinte y el 

veinticinco por ciento del café del país (Dosal, 1995: 134). El comercio y la industria 

apoyaron una huelga general que paralizó la ciudad en junio de 1944. 



 

 

 

 

82 

 

 

3.3. La revolución social y el Estado corporativo 

 

 

El golpe de estado contra Ubico se produjo en julio de 1944, pero esta vez era algo más 

que un golpe militar, era una revolución ideológica. La Revolución de Octubre 

significó, fundamentalmente, el primer intento de desarrollar un proyecto de interés 

nacional, cuando no de una nueva identidad nacional mestiza. Fue el momento en que 

sectores del Ejército, de las élites, intelectuales y clases medias plantean al unísono –

aunque con motivos distintos- un rechazo frontal contra el Estado patrimonial: “un 

proyecto nacional guatemalteco, tal y como lo planteaban ya el ministro de Educación 

de Ubico, el historiador José Antonio Villacorta y el sociólogo Jorge del Valle Matéu, 

profesor de la Universidad de San Carlos, ambos muy influenciados por la experiencia 

nacional mexicana” (Taracena Arriola, 2002: 50).
37

  

 

Para el presidente Juan José Arevalo, el primero de los pasos que había que dar en la 

construcción de un proyecto de nación consistía en garantizar la independencia 

económica y evitar participar en negociaciones desventajosas con otros países que 

harían imposible el despegue nacional.
38

 La transformación económica tenía que ir 

acompañada de una reforma política, que en Guatemala se plasmó en la Constitución de 

1945, la cual estuvo inspirada en parte en la Constitución mexicana y en la española 

republicana, e introdujo cambios notables respecto de los regímenes anteriores. Después 

de décadas de tolerar los abusos del presidencialismo y las dictaduras, la Constitución 

redujo el peso del ejecutivo y otorgó más poder al legislativo. Se garantizaba también, al 

menos sobre el papel, la autonomía y el carácter apolítico del Ejército, subordinando la 

Jefatura de las Fuerzas Armadas al Congreso, papel que en opinión de algunos autores 

                                            
37 En otros términos, este periodo se podría corresponder con la primera fase de la instauración de un protonacionalismo 

(Hobsbawm, 1990), una fase cultural que busca dar respuesta a cuestiones centrales relativas a los orígenes de la patria y la 

identidad aunque en este caso tenía ya implicaciones políticas y económicas. 

38Arévalo, J.J. (2005) (Primera Edición 1956) Fábula del tiburón y las sardinas: América Latina estrangulada.  FLACSO/SOROS, 

Guatemala. 



 

 

 

 

83 

 

 

sí cumplió.
39

 En lo económico, la Constitución de 1945 prohibió el latifundio, la 

institución sobre la cual se había asentado el carácter central de la segunda reforma 

liberal que fuera causante del modelo represivo del Estado, y autorizaba al gobierno a 

expropiar la propiedad privada para garantizar el bien común. 

 

El gobierno de Arévalo no tardó mucho en invocar y poner en práctica todos estos 

principios. Se abolió la ley de vagancia, con lo cual se ponía fin a la injusticia del 

trabajo forzado en las fincas. Se creó el Seguro Social, beneficiando a setenta mil 

trabajadores, en 1948, y cinco años después, en 1953, a más de doscientos cuarenta 

mil.
40

 Se aprobó el Código del Trabajo y se garantizó el ejercicio de la libertad sindical, 

lo cual promovió mejoras las condiciones del trabajo e incrementos salariales sin que 

los patronos tomaran represalias contra los trabajadores, como había sido habitual.
41

 El 

gobierno se enfrentó a los empresarios que hasta entonces habían disfrutado de 

exenciones fiscales y de protección gubernamental si bien, como contrapartida, también 

se creó por primera vez en Guatemala una política industrial, se aprobó una ley que 

daba incentivos fiscales para el desarrollo industrial y se creaba el primer banco 

nacional de desarrollo, que permitía a los empresarios disponer de capital nacional para 

futuras inversiones (Dosal, 1995: 151, 153). 

 

El “socialismo espiritual” de Arévalo iba a chocar, no obstante, con el espíritu de los 

tiempos. La oligarquía financió más de treinta intentos de conspiración (Ibid.:159), y las 

reacciones internas a estas políticas sociales casaban bien con las inquietudes de Estados 

Unidos, cuyos intereses en Guatemala cubrían prácticamente todos los sectores 

estratégicos: desde la producción agraria -la United Fruit Company que ocupaba a cerca 

de cuarenta mil trabajadores- hasta el desarrollo de infraestructuras y comunicaciones a 

través de la IRCA -con mil quinientos kilómetros de vías férreas- y el control de la 

Empresa Eléctrica, que producía el ochenta por ciento de la electricidad del país.  

                                            
39 “El ejército se esforzó en esos años por mantenerse apolítico, cumpliendo su deber dentro del marco que le señaló la Constitución. 

No estuvo al servicio de una clase: se condujo como el pueblo en armas, al servicio de la nación y sus instituciones. Durante nueve 

años no fue un ejército enemigo, de ocupación en su propia patria” (Cardoza y Aragón, 1955: 51) 
40Cardoza y Aragón, L. (1955:86) 
41 Entre 1946 a 1951 hubo en Guatemala tres centrales sindicales: la Confederación de Trabajadores de Guatemala, la Federación 

Sindical de Guatemala y la Federación Regional Central de Trabajadores. 



 

 

 

 

84 

 

 

 

En 1951, Jacobo Árbenz sucedió a Juan José Arevalo como Presidente de la Republica,  

y dio una nueva vuelta de tuerca en esta revolución social. Apoyándose en la 

Asociación General de Industriales de Guatemala –AGIG-, un sector más progresista de 

los industriales, denunció el tratado de reciprocidad comercial que el país había firmado 

en 1936 con Estados Unidos y aumentó la protección de las empresas nacionales: en 

paralelo a la línea férrea del IRCA, se inició la construcción de una carretera de asfalto 

en la ruta del Atlántico; como alternativa a la United Fruit Company y Puerto Barrios se 

construyó un puerto estatal en Santo Tomás; como alternativa al monopolio extranjero 

sobre la energía eléctrica se planificó la construcción de una central hidroeléctrica en 

Jurún, Escuintla (Dosal, 1995: 165-166).  

 

Por último, en junio de 1952, Jacobo Árbenz dio el último y decisivo paso de la 

revolución social, la por muchos temida y anunciada reforma agraria. Aunque el 

objetivo de esta reforma era favorecer el crecimiento de la demanda interna e impulsar 

el desarrollo de la industria nacional, la primera oposición que encontró fue la del 

propio sector industrial, lo cual dejaba claro que no sólo había un espíritu de clase que 

unía a terratenientes e industrialistas, es que industriales y terratenientes eran ya una 

misma cosa: 

 

 

La familia Herrera, con intereses en el café y los ingenios de azúcar, perdió 

aproximadamente 22 mil hectáreas bajo el Decreto 900; sólo la United Fruit 

Company perdió más tierra que los Herrera. Carlos Ibargüen Uribe, líder de 

la red Ibargüen, con inversiones en Cantel y en varias fincas de café y 

algodón, perdió casi 5 mil hectáreas… Roberto Alejos Arzú, dueño de dos 

desmotadoras de algodón y de una fábrica de aceite vegetal, perdió casi 223 

hectáreas. Los hermanos Bouscayrol, directores de una empresa familiar que 

incluía un ingenio de azúcar, una fábrica de baterías y otra de 

medicamentos, perdieron casi 500 hectáreas. Jesús Botrán Merino, con 

intereses en el azúcar, productor de ron y futuro presidente de la Financiera 

Industrial Guatemalteca, perdió aproximadamente 130 hectáreas. Carlos 

Castillo Lara, Carlos Dorión y Federico Köng Ossaye, poderosos 

industrialistas y miembros de la CCIG, también presenciaron expropiaciones 



 

 

 

 

85 

 

 

de sus tierras, nunca antes vistas. Algunos de ellos se percataron de que un 

gobierno que nacionalizaba extensiones de tierra privada, también estaba en 

la capacidad de expropiar fábricas industriales. (Dosal, 1995: 168 - 169) 

 

 

La reforma agraria podía haber propiciado el despegue de la élite industrial y el 

crecimiento de la demanda interna aumentando la inversión, tal y como había ocurrido 

en Costa Rica. En Guatemala, en cambio, se consiguió el efecto contrario, reduciendo 

drásticamente las inversiones netas desde el momento en que ésta es anunciada, en 

1951, para alcanzar el mismo nivel que tenían diez años atrás, al inicio de la 

Revolución. 

 

 

Grafica 8. Estimado de inversiones netas, 1944-1954 

(En miles de quetzales, precios de 1951)  

 

 

 

Fuente: Dosal, P. (1995: 169) 

 

 

Luis Cardoza y Aragón lo explica así: “con la ley de Reforma Agraria, el presidente 

Arbenz tocó un cable de alta tensión: feudalismo e imperialismo”
42

.  

 

El factor internacional fue, en efecto, decisivo. Una compra de armas a Checoslovaquia 

fue la excusa para que Estados Unidos –que había bloqueado la venta de armamento a 

                                            
42 Cardoza y Aragón  (1955: 87) 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 



 

 

 

 

86 

 

 

Guatemala- invocara el derecho a prevenir la penetración del comunismo en su patio 

trasero. Toda la invasión se organizó desde la CIA, con el apoyo del Secretario de 

Estado Foster Dulles - quien había sido abogado de la firma estadounidense Sullivan & 

Cromwell, apoderados de la United Fruit Company- y el Embajador de Estados Unidos 

en Guatemala, John Perufoy (Schlesinger y Kinzer, 1987). 

 

De poco sirvieron la legalidad internacional y las esperanzas que puso el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Guatemala, Guillermo Toriello, en Naciones Unidas y la 

Organización de Estados Americanos –OEA. La invasión del espacio aéreo, primero, 

con aviones que despegaban desde Honduras y lanzaban pasquines exigiendo la 

dimisión del gobierno, bombardeaban y ametrallaban edificios públicos, y la invasión 

por tierra, más tarde, con un pequeño grupo disidente del Ejército comandado por el 

Coronel Carlos Castillo Armas, bastaron para doblegar la poca resistencia que mostraba 

una institución militar mal armada y también desmoralizada por las acusaciones de 

comunismo que se vertían continuamente sobre el gobierno. Jacobo Árbenz renunció en 

junio de 1954, se refugió en la Embajada de México y cuando estaba en el aeropuerto 

listo para su salida definitiva al exilio un grupo de individuos le obligó a desnudarse.
43

 

 

Así, una de las consecuencias principales que se deriva del intento de reforma agraria y 

de la ruptura del proyecto nacional que se había ido forjando desde dentro y fuera del 

país es que tanto los grupos de la oligarquía como las incipientes clases medias van a 

desarrollar una desconfianza respecto del Estado, algo similar a lo que ocurrió cuando el 

dictador Jorge Ubico nacionalizó las tierras de los alemanes. Es también, en cierto 

sentido, similar a la frustración que pudieron sentir los sectores indígenas cuando vieron 

el peso de la segunda reforma liberal sobre sus espaldas, confirmando al Estado como el 

principal enemigo del campesinado guatemalteco, y hoy gran amenaza para todos los 

sectores sociales. El país, desde ese momento, dependería sólo de una clase media 

desarticulada y sin partidos políticos, con una oligarquía fraccionada y un Ejército 

dividido. El resultado es un Estado en el cual, durante los siguientes veinte años, 

                                            
43 “Su fotografía, en calzoncillos, es prontamente publicada por la revista Life, como muestra del final de un sueño y, también, a 

manera de advertencia a aquellos que se atrevieran a tratar de reiniciarlo”, Soto Rosales, C.R. (2002) El sueño encadenado. El 

proceso político guatemalteco (1944-1999). Tipografía Nacional, Guatemala. Pág. 40 



 

 

 

 

87 

 

 

múltiples grupos influirían en las decisiones políticas que dejaban en manos de los 

militares:  

 

“Las clases altas, insatisfechas con los partidos políticos, establecieron un 

promedio de cuatro grupos de interés privado por año durante la presidencia 

de Ydígoras, fenómeno que aumentó a diez por año durante la dictadura de 

Peralta. Todos los sectores, desde los azucareros hasta los distribuidores de 

automóviles, fundaron su propio grupo de interés. Ya fueran organizados por 

el Estado o exclusivamente por la iniciativa privada, los grupos de interés 

institucionalizaron una estructura corporativa, por medio de la cual el 

Estado delegaba al sector privado parte de la potestad para diseñar y 

regular las políticas públicas” (Dosal, P. 1995: 185) 

 

 

La unión de los intereses de la oligarquía sólo iba a poder realizarse veinte años más 

tarde frente a la amenaza que supuso este Estado militar corporativo que precisamente 

ellos habían impulsado. Peor aún, el proyecto revolucionario de un Ejército autónomo, 

apolítico y cohesionado se hizo pedazos, y el apoyo que el Estado militar guatemalteco 

brindó a la lucha contrarrevolucionaria en Cuba, entre otros motivos, tocó las fibras 

nacionalistas que los años cuarenta habían ido entretejiendo en el seno del Ejército.
44

 

Los militares rebeldes surgían desde muy temprano, en la dictadura de Miguel Ydígoras 

Fuentes (1958 – 1963), tal y como fue el caso del Coronel Paz Tejada, el Teniente Yon 

Sosa y el Subteniente Turcios Lima, los cuales fueron formando distintas corrientes del 

movimiento revolucionario. Es una segunda fase en el desarrollo del nacionalismo y el 

mestizaje, un momento en el cual, en términos de Hobsbawm, surge “una minoría 

agitadora, un grupo de pioneros y militantes de la “idea nacional” y el inicio del 

activismo político para la realización de esta idea”
45

. Es, una vez más, una fase en la 

construcción del Estado nación que, tras uno de los periodos más violentos de la historia 

del país, iba a verse igualmente truncada. 

 

                                            
44 El entrenamiento del grupo de mercenarios que realizaron la invasión de Bahía Cochinos se realizó en una finca de la Costa Sur 

de Guatemala. 
45 “En la fase B nos encontramos con un grupo de pioneros y militantes de la “idea nacional” y con los inicios del activismo político 

en función de esta idea” (Hobsbawm, E.J. 1990) (Trad. propia) 



 

 

 

 

88 

 

 

3.4. Conclusiones del capítulo 

 

Dos procesos de reforma liberal fueron necesarios para romper con las instituciones 

coloniales y para desarrollar una autoridad nacional independiente, aunque débil. La 

primera, de Mariano Gálvez, se frustró con el período conservador de Rafael Carrera, 

quien aprovechó las condiciones para crear una coalición multiétnica que, en gran 

medida, se sustentaba en la recuperación de las tradiciones para los sectores indígenas. 

La autoridad tradicional y el carisma de Carrera tuvieron más peso que la legitimidad 

civil de una República independiente. La amenaza indigenista, además, creó las 

condiciones para el desarrollo de un sector social intermedio ladino que, en la segunda 

reforma liberal, asumió la dirección del Estado sobre unas bases tradicionales, pre-

modernas, caudillistas y racistas. 

 

Mientras que en otros países de la región, como fue el caso de Costa Rica, el Estado 

pudo asumir un papel regulador durante el conflicto post-colonial, y un modelo 

cafetalero centrado en la comercialización pudo generar procesos asociativos entre las 

élites que propiciaron el desarrollo de las clases medias, en el caso de Guatemala, en 

cambio, la burguesía agraria ladina local y la inversión extranjera se concentraron en la 

producción, lo cual reforzó la competencia interna entre las elites. Esta oligarquía sólo 

veía el Estado como un elemento de coacción: un Ejército que asegurase legislación 

laboral que institucionalizaba el trabajo forzado y la aplicación de políticas 

segregadoras hacia los indígenas. Esto excluirá directamente a lo indígena de las 

dinámicas de construcción del Estado-Nación, una exclusión que tiene como efecto la 

reclusión de todo ese sector no ladino y la recreación futura de las diferencias étnicas. 

 

El Ejército fue creciendo como institución y asumió el control del Estado con la 

connivencia de las élites, cuyo capital económico crecía sin revertir en el desarrollo 

integral del país ni en el desarrollo de la industria, sino más bien para reproducir el 

modelo de exportación de materias primas y alimentos a cambio de bienes de consumo. 

No hubo, por tanto, un sector industrial que reclamase un cambio en el modelo de 

desarrollo; no había tampoco interés por parte de las élites en los asuntos del Estado, el 



 

 

 

 

89 

 

 

cual fue dejándose en manos de los militares, con excepción de los momentos en que 

sus intereses estuvieron amenazados, como fue en el caso de la reforma agraria 

impulsada por el Coronel Jacobo Árbenz. No hubo un sólo factor de cohesión que 

permitiera crear coaliciones estables de gobierno entre el Ejército y las élites –ya de por 

sí fragmentadas debido al particular modelo de producción. 

 

La ruptura del proyecto democrático y el desarrollo industrial que habían iniciado los 

gobiernos de Arévalo y Árbenz dejó al país con una clase media desarticulada y sin 

partidos políticos, con un proyecto nacional de mestizaje truncado que derivaría en la 

insurgencia guerrillera, y en manos de una oligarquía fraccionada y un Ejército dividido. 

El resultado es un Estado militar corporativo en el que, durante los siguientes veinte 

años, múltiples grupos influirían en las decisiones políticas que se habían delegado en 

los militares, en coaliciones relativamente estables solo sustentadas por la amenaza que 

la guerrilla representaba para todos ellos. 

  



 

 

 

 

90 

 

 

  



 

 

 

 

91 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA (I) 

FACTORES ENDÓGENOS: RELACIONES CÍVICO-

MILITARES Y EMPRESARIALES EN LOS AÑOS 80 

 

 

 

 

4.1. Delincuencia sistémica-centralizada y otorgamiento selectivo 

de privilegios 

 

En los años ochenta, Guatemala estaba lejos de tener un contexto favorable para la 

aplicación de las políticas neoliberales, la apertura de mercados y la modernización de 

una economía que pudiera competir en el nuevo escenario de la globalización. Había 

dos obstáculos principales. Por un lado los militares, quienes habían logrado penetrar en 

la estructura social y política de un Estado que controlaban desde los años sesenta con el 

apoyo de la nueva oligarquía (antigua burguesía agraria o finqueros). También contaban 

con el apoyo de Estados Unidos, que llegó incluso a tener el control directo de la 

Escuela Politécnica en varios períodos, donde los cinco directores del período de Jorge 

Ubico fueron estadounidenses (Schirmer, 1999:40).  

 

Tras el breve período democrático surgido de la Revolución de Octubre de 1944, ante la 

reforma agraria iniciada por Jacobo Árbenz y el temor a la penetración ideológica del 

comunismo, la oligarquía guatemalteca recibió todo el respaldo de Estados Unidos para 

entregar el poder a los militares en 1954, interrumpiendo durante más de tres décadas no 



 

 

 

 

92 

 

 

sólo el ensayo democrático sino también el proyecto liberal que se había ido 

conformando en las dictaduras de Justo Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge 

Ubico.
46

 La iglesia católica, muy perjudicada por la desamortización liberal y por las 

facilidades que estos dictadores habían dado para la penetración de las iglesias 

protestantes extranjeras (Garrad-Burnett, 1998), reaccionó de inmediato bendiciendo el 

levantamiento de Castillo Armas y la nueva alianza de la oligarquía y el Ejército. Esta 

reacción sería recompensada ampliamente en la Constitución de 1955, según algunos 

“el documento más pro-católico que había llegado al gobierno desde hacía un siglo” 

(Ibid:102).  

 

La institución militar intentó penetrar las estructuras sociales y culturales, moldeando 

incluso el proyecto de nación en una versión del cesarismo autoritario (Torres-Rivas, E. 

y Aguilera, G. 1998:39) o dictaduras militares “oportunamente travestidas en 

democracias contrainsurgentes” (Torres Rivas, 2011) las cuales se mantuvieron desde 

1954 hasta 1985. 

 

 

Tabla 6: Presidencias y Juntas de Gobierno en Guatemala 1954 – 1985 

 

 Medio de toma de poder  
¿Completó el período 

de gobierno? 

Carlos Castillo Armas  

(1954-1957) 

Invasión “legitimada” mediante plebiscito  No. Asesinado en 1957 

Miguel Ydígoras Fuentes  

(1957-1963) 

Reclamó fraude, forzó al partido ganador 

a retirarse y celebró otra ronda electoral 

 No. Golpe de estado 

en 1963 

Enrique Peralta Azurdia  

(1963-1966) 

Golpe de Estado  No llega a concluir un 

mandato 

                                            
46 Deborah Yashar señala que, en contraste con la construcción del Estado en Costa Rica, los liberales guatemaltecos consolidaron el 

poder de los dictadores a cambio de algunos canales para la participación organizada y sostenida de la élite en las agencias e 

instituciones del Estado y una favorable redistribución del poder económico. Yashar, D (1997) Op. Cit. Pág. 35. 



 

 

 

 

93 

 

 

Julio César Méndez  

Montenegro (1966-1970) 

Elecciones; sólo se le permitió acceder al 

gobierno tras haber aceptado no 

intervenir en asuntos militares; asumió la 

presidencia bajo estado de sitio 

 Sí 

Carlos Arana Osorio  

(1970-1974) 

Elecciones en un contexto de violencia 

política 

 Sí 

Kjell Laugerud  

(1974-1978) 

Fraude electoral contra Ríos Montt  Sí 

Benedicto Lucas García  

(1978 – 1982) 

Elecciones fraudulentas  Sí 

Efraín Ríos Montt Golpe de estado como protesta por fraude 

electoral; encabeza junta militar, Marzo 

1982; se autoproclama Presidente el 9 de 

junio. 

 No llega a concluir un 

mandato 

Humberto Mejía Víctores  

(1983-1985) 

Golpe de estado; supervisa la asamblea 

constitucional que traspasa el poder a los 

civiles 

 No llega a concluir un 

mandato 

 

Fuente: Yashar, D. J. (1997:224) 

 

La entrada en escena de la guerrilla, en los años 60s, pudo contribuir a la consolidación 

de este poder militar.
47

 Se trataba, al principio, de una “guerrilla de fin de semana”, con 

una estrategia foquista y circunscrita al área oriental del país. El Ejército, reaccionó 

intensificando la represión y militarizando el espacio civil de seguridad y, en definitiva, 

todo el espacio público que se iba fusionar en lo que algunos autores han definido como 

un “cuerpo de centauro”: la combinación de funciones civiles y militares, y la 

penetración de los militares en todos sectores del Estado, desde la sanidad, la ingeniería 

civil o la administración pública, así como la fusión de los cuerpos de Policía existentes 

en esa época –Policía Militar Ambulante, Policía Nacional, Policía Judicial o Cuerpo de 

Detectives y Guardia de Hacienda- en un esquema que estaba organizado en función de 

                                            
47 Así lo observó, por ejemplo, Vinicio Cerezo, el primer Presidente civil que tuvo Guatemala tras las tres décadas de control directo 

o indirecto del Estado por parte ejército, el cual comparaba la guerrilla con “una vacuna ya que provocaba una reacción que 

fortalecía el cuerpo en vez de debilitarlo”. Entrevista a V. Cerezo, en Simon, J.M. (1987) Guatemala: Eternal Spring, Eternal 

Tyranny, Norton & Company. Inc. New York. Pág. 217. También hay un argumento similar en Virginia Garrad-Burnett, (1998:128) 



 

 

 

 

94 

 

 

la guerra y al servicio de la institución militar, y al servicio del mantenimiento de estas 

fuentes de enriquecimiento ilícito.
48

  

 

La reacción violenta del Ejército y el apoyo económico que empezó a recibir la guerrilla 

por parte de Cuba fueron motivos suficientes para éstos reaccionaran con un cambio de 

estrategia, pasando del foquismo a la guerra popular prolongada. La violencia, lejos de 

desaparecer, se fue institucionalizando, y la guerrilla se trasladó de la zona oriental, 

predominantemente ladina, a la zona noroccidental; lo indígena, como base social de 

apoyo, junto con la ideología marxista empezó a penetrar en el movimiento insurgente 

modificando su identidad, adaptando el discurso a una conceptualización propia del 

indigenismo, algo que inicialmente no se había planteado. (Caizac, 2001: 215-217; 64-

65) 

 

El conflicto se había internacionalizado y se había hecho más complejo. El Ejército, con 

la connivencia de sectores oligárquicos y con la asistencia militar de Estados Unidos, 

había convertido lo que inicialmente era una rebelión de oficiales y de un sector de la 

burguesía universitaria en una guerra de clases e identidades con un alto componente de 

racismo. En este contexto, el apoyo internacional iba a ser continuo y desproporcionado: 

en los años sesenta y setenta, el doce por ciento del presupuesto de defensa de 

Guatemala procedía de la ayuda de Estados Unidos, y entre 1957 y 1972, cerca de 2000 

oficiales del Ejército guatemalteco fueron entrenados en escuelas militares 

estadounidenses y 425 oficiales de Policía recibieron entrenamiento antiterrorista en la 

Academia de Policía Internacional en Washington.
49

 Lo que tenían en frente, en cambio, 

era una guerrilla que en aquel período no llegaban a 400 efectivos (R. Asturias, cit. en 

Arévalo, 1998:18). 

 

                                            
48 Jonas (2000), Arévalo, (1997:16), REMHI 1998:108-111). Un análisis más detallado de este período puede encontrarse también 

en Torres Rivas, (2000:153-164).  
49 Naim, A. (1985) With Friends Like These, ed. by Cyntya Brown, New York. Pantheon Books. Citado en Simon, J.M. (1987) Op. 

Cit. Pag.23-24. Sobre apoyo miitar de Estados Unidos a Guatemala también ver Barrachina Lisón, C. (2006) “La asistencia militar 

de Estados Unidos en América Latina: permanencias, discontinuidades e intereses” Fuerzas Armadas y Sociedad, FLACSO- Chile. 

Año 19. N.1. Enero-Julio 2006: 109-140. 

  



 

 

 

 

95 

 

 

El segundo obstáculo para la entrada de Guatemala en los mercados internacionales era 

de tipo económico, con un modelo anclado en la agro-exportación y con serias 

dificultades para introducir políticas que favoreciesen el desarrollo de la industria 

(Dosal, 1995). Se empezaban a generar algunos conflictos que irían debilitando la 

coalición de gobierno: las élites agrarias necesitaban un Estado fuerte y con autoridad 

suficiente, capaz de controlar a la guerrilla y de procurar mano de obra barata para el 

trabajo estacional en las fincas, mientras que las industriales contaban con otros 

mecanismos de mercado para garantizarse una mano de obra principalmente urbana 

(McLeary, 1999:21).  

 

La amenaza de la guerrilla y las dimensiones que iba cobrando la guerra no eran, pues, 

el único punto de fractura de la coalición de gobierno de la oligarquía y los militares. La 

paulatina aparición de los empresarios industriales guatemaltecos había abierto al país a 

ideas de libre mercado contrarias al proteccionismo y el mercantilismo de las élites 

agrarias tradicionales. Estos empresarios habían comenzado a aislar a las élites agrarias, 

recibiendo préstamos de Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID (siglas en inglés)- y el Banco 

Mundial –BM-, y presionando a las dictaduras militares para que introdujeran políticas 

económicas de mediano y largo plazo con el fin de atraer la inversión extranjera, 

obtener acceso a mercados estadounidenses y competir con otros países 

centroamericanos que ya se estaban beneficiando de la ayuda económica internacional 

(Dosal, 1995).  

 

La Agencia estatal estadounidense, USAID, financiaría la creación de la Gremial de 

Exportadores de Productos No Tradicionales –GEXPRONT-, la cual en lugar de pasar a 

la Cámara del Agro se incorporó a la Cámara de Industria (McLeary, 1999:22,25), y en 

la década de los ochenta, los conflictos entre cañeros y azucareros eran tan fuertes como 

los que empezaban a manifestarse entre el sector cafetalero y el sector bancario, siendo 

cada vez mayor la pérdida del perfil público de organizaciones de productores de caña 

cuyas tierras iban a caer, muchas de ellas, en manos de los agroindustriales. (Valdez y 

Palencia, 1998:419 - 420). El conflicto interno en el seno de la élite financiera y 

empresarial podía empezar a resquebrajar la colaboración mantenida hasta entonces 



 

 

 

 

96 

 

 

cuestionando el papel del Ejército no sólo por el desgaste en la lucha contra la guerrilla 

sino también por la fractura en el seno de la oligarquía terrateniente y empresarial. 

 

Las presiones que se ejercen sobre un sistema pueden, ocasionalmente, cohesionar los 

grupos en torno a objetivos comunes; así ocurriría en Guatemala varias décadas más 

tarde en la cohesión que muestra la sociedad civil, sectores empresariales y del Ejército, 

como defensa del proceso democratizador ante la amenaza de autogolpe del Presidente 

Serrano Elías (1991-1993). Pero en los años ochenta las presiones internas y externas 

condujeron a la quiebra de la coalición de gobierno. El Ejército tenía ya el control del 

Estado. Con la capacidad y autonomía que le había otorgado la Revolución de Octubre 

de 1944 y con el poder que le había dado la oligarquía en la contrarrevolución, no podía 

reaccionar asumiendo, sin más, las demandas de apertura que pedían ahora los 

empresarios.  

 

Entre otras razones, porque a las dinámicas de poder relativas a la dirección del Estado 

había que sumar los intereses derivados del propio enriquecimiento ilícito propio de una 

fase en la articulación empresarial del crimen que en otros países, como es el caso de 

México, se ha caracterizado como un primer nivel de delincuencia sistémica – 

centralizada (Bailey, J. y Godson, R. (2000). En esta fase, se experimenta una fusión 

entre el poder político y el ámbito empresarial, y el enriquecimiento ilícito se produce 

bajo la custodia de las corporaciones coactivas que representaban los distintos grupos de 

Policía y el Ejército: 

 

 

George Black describe la situación como “una camarilla de militares de alto 

rango que funcionaba, en todo salvo en el nombre, como comité central, 

permitiéndoles amasar inmensas fortunas… merced a las posibilidades que 

el poder casi ilimitado les proporcionaba”. Por ejemplo, asumieron la 

dirección de unas cuarenta y tres instituciones estatales semiautónomas, 

crearon su propio departamento de radio y televisión (adquiriendo el canal 5 

de T.V.), crearon una red financiera que hasta el día de hoy incluye una 

editorial, instituciones de crédito, una fábrica de cemento, parqueos, el 

Instituto de Previsión Militar y el Banco del Ejército (…) A mediados de los 



 

 

 

 

97 

 

 

años noventa, se había añadido a la lista de los lucrativos negocios militares, 

empresas de importación-exportación, piscifactorías y maquilas (Schirmer, 

1999;46-47)
50

 

 

 

Por este motivo, tal y como señalan algunos autores, la política de los militares respecto 

de las élites económicas a finales de los años 70s se había convertido en un 

otorgamiento selectivo de privilegios para hacer negocios (McLeary, 1999:49) y eso 

debió ser motivo de grandes frustraciones e incertidumbres en un sector que se 

encontraba ya de por sí fracturado por el aislamiento paulatino que iba produciendo de 

las élites agrarias en favor de las industriales.  

 

El despliegue de este monopolio de la violencia y el otorgamiento selectivo de 

privilegios se había ido manifestando paulatinamente en todas las áreas geográficas. En 

Petén, en San Marcos, en las zonas de Oriente del país y, en definitiva, en todo el 

territorio de la República, el Estado militar durante este período había ido generando 

estructuras que además de ser contrainsurgentes eran la base de una nueva legitimidad, 

entre ellas las figuras de los Comisionados Militares, que fueron sustituyendo a las 

autoridades tradicionales (alcaldías indígenas), y un cambio que alcanzaba el propio 

territorio mediante la introducción de aldeas modelo y polos de desarrollo, y el 

crecimiento de la burocracia estatal. La extensión del número de funcionarios en el 

marco de un Estado contrainsurgente no sólo implicaba la extensión de la autoridad del 

Estado, sino también el control de los distintos negocios que había traído el proceso 

modernizador y la burocracia existente, en especial el control de las aduanas, puertos y 

comunicaciones. Creció también la imbricación de los oficiales destinados en puestos 

fronterizos con el contrabando de mercancías: 

  

 

“Los militares de Guatemala colaboraron con asesores contra la 

insurrección de Taiwán y Argentina en la creación de nuevos sistemas y 

                                            
50 Esta situación fue advertida, de hecho, por el general Ricardo Peralta Méndez y el general Ríos Montt en 1981: “Hay generales 

que pretenden sentarse en dos sillas: la silla de general y la de empresario” (Schirmer, 1999:47), lo cual anunciaba los nuevos giros 

que se iban a producir en el seno de la institución armada en cuestión de meses. 



 

 

 

 

98 

 

 

estructuras para recabar información para los servicios de inteligencia. Un 

área en la que se centralizaron estos esfuerzos fue la ampliación del control 

por parte del Ejército y más específicamente por parte del Servicio de 

Inteligencia (S-2) de la aduana del país, las oficinas de control fronterizo, los 

puertos y los aeropuertos, con el objetivo de detener el contrabando de 

armas u otros materiales para apoyar a las guerrillas. Dirigida desde una 

oficina secreta, llamada “la oficinita”, en el décimo primer piso del 

Ministerio de Finanzas Públicas, esta red de oficiales que controlaba la 

información para los servicios de inteligencia de todos los puntos de entrada 

y salida del país asumió, durante la década de los ochenta, una especie de 

monopolio sobre el tráfico de bienes ilícitos, entre los que se incluían las 

drogas en toda Guatemala”. (Espach et alt. 2011:5) 

 

 

La modernización económica, el mercantilismo, se iba asentando con el auge del 

contrabando, y en los años ochenta coincidió pues con la aparición del narcotráfico, un 

negocio que estaba monopolizado por los militares ya que quienes hoy soy los más 

importantes “transportistas” en Guatemala, en alianza con las organizaciones 

colombianas y mexicanas (en el caso del narcotráfico), antes eran comisionados 

militares: entre ellos Juancho León, Juan “Chamalé” Ortiz y Waldemar Lorenzana. 

(Espach et alt. 2011:7).
51

  

 

No había diferencia, en esta etapa, entre el crimen organizado o el Estado, si bien al 

principio se van desarrollando como negocios familiares bajo la forma de pequeñas 

estructuras que se van asentando en bases locales de apoyo, combinando la intimidación 

con la generosidad y sobre modelos organizativos que van evolucionando del vinculo 

familiar a formas más corporativas de empresa (Crisis Group, 2011:15). Estos grupos 

irán adquiriendo cada vez más relevancia y pasarán por distintas fases de sofisticación y 

modernización al hilo de la fragmentación de las estructuras civiles y debilitamiento del 

Estado militar. 

 

                                            
51 Estos dos últimos, capturados en marzo de 2011 y mayo de 2011, respectivamente. 



 

 

 

 

99 

 

 

4.2. Radicalización y terrorismo de Estado: el último y macabro 

ensayo del modelo militar 

 

 

A los elementos señalados anteriormente, causantes del resquebrajamiento de la ya de 

por sí débil coalición de gobierno, hay que sumar dos aspectos que dieron paso a la 

transición al poder civil precedidos de un período de radicalización y violencia: el 

primero tiene que ver con las dinámicas que se sucedieron en el área rural, al menos en 

lo que se refiere a aspectos centrales que afectaron las expectativas de la población y 

radicalizaron su participación política, y el segundo tiene que ver con la presión de los 

factores internacionales.  

 

Respecto al primero, la centralidad de la crisis de expectativas que se estaba 

manifestando en el área rural radicaba en el tema de la tierra. El Ejército se había 

apoderado de tierras que ellos mismos habían otorgado previamente para facilitar el 

crédito a los campesinos en los años sesenta, generando así expectativas desarrollistas 

contradictorias (Jonas, 2000:60). Al mismo tiempo, mediante la creación de aldeas 

modelo y polos de desarrollo – lo cual puede considerarse como mecanismos 

institucionales contrainsurgentes de integración ciudadana (Caizac, 2005:80)- los 

militares habían provocado una especie de reforma agraria por la vía militar que iba a 

provocar muchos casos de violencia de postguerra en el área rural. Betina Durocher 

(2002), en su estudio sobre la cuestión agraria en área Ixil, señala que muchas de las 

parcelas donde antes se asentaban los centros poblados y que se proyectaban como 

aldeas modelo fueron “expropiadas” y distribuidas a otras familias a criterio de los 

militares, en su mayoría a miembros de las recién conformadas Patrullas de 

Autodefensa Civil, provocando conflictos que en la fase de la posguerra serían 

considerados erróneamente de naturaleza “interétnica”.
52

 También en la región Ixil se 

dio el caso de algunos finqueros y empresarios que abandonaron sus tierras ante la 

amenaza que representaba la guerrilla y las entregaron al Estado, como ocurrió con la 

                                            
52 Así ocurrió cuando los desplazados chiules de la finca Los Cimientos, en Chajul, quisieron recuperar sus tierras y encontraron a 

los nuevos propietarios ixiles “armados y organizados como patrulleros y contando con dos comisionados militares” (Durocher, 

2002:75,107) 



 

 

 

 

100 

 

 

empresa Herrera, la empresa Hodgsdons y la familia Brol.
53

 

 

Por otro lado, se estaba produciendo un giro en términos organizativos e ideológicos, en 

parte motivado por las consecuencias del terremoto del 4 de febrero de 1976 que había 

dejado un balance de más de veinte mil víctimas mortales y decenas de miles de 

personas que perdieron sus hogares y modos de vida, especialmente en la zona del 

epicentro (Chimaltenango) ubicada en el altiplano indígena densamente poblado. Fruto 

de la falta de respuesta del Estado y la inoperancia y corrupción del Comité Nacional de 

Reconstrucción –CNR- que había sido creado por los militares para beneficiarse de la 

ayuda internacional (Caizac, 2005:58) las iglesias protestantes adquirieron más fuerza. 

A tan sólo unos meses de la tragedia, el número de convertidos a la iglesia protestante 

había crecido en un 14%, y seis años después, en el año 1982, el número total de 

protestantes se había cuadruplicado respecto de la década anterior (Garrad-Burnett, 

1998:121-122). 

 

A ello contribuyó la actitud caritativa del sector tradicional de la iglesia católica y la 

falta de respuesta a las atrocidades que se estaban cometiendo en contra una la 

población que, tras el Congreso de Medellín de 1968, buscaba en la iglesia católica y en 

los teólogos de la liberación un sentido de justicia para sus vidas. En el caso de las 

iglesias protestantes, en cambio, la búsqueda era más bien de un sentido de orden frente 

a esta amenaza de fin del mundo que era la guerra, la ruptura de los lazos sociales, 

familiares e identitarios, una explicación y racionalidad ante la destrucción “y prometía 

a los creyentes una vida mejor en el próximo mundo que, en la Guatemala de principios 

de los ochenta, parecía estar al alcance de la mano” (Ibid., 1998:154 - 155).
54

  

 

Este complejo escenario llevó a una radicalización de ambos sectores (Ejército y 

                                            
53 Ibid.:82. 

54 Aunque comúnmente se asocia estas iglesias con una base fundamentalista y conservadora, no fue así en todos los casos. Durante 

el período de gobierno del General Benedicto Lucas García (1978-1982), los miembros de la Iglesia Presbiteriana estuvieron ligados 

íntimamente a las organizaciones populares, y en el caso de la Iglesia Metodista del departamento de Quiché –que evolucionó en 

una Iglesia Nacional muy activa en el Área Ixil – fue “agresivamente antiamericana en su retórica y silenciosamente radical en sus 

planteamientos políticos” (Garrad-Burnett, 1998:134). De hecho, fue muy grande la influencia que tuvo la Iglesia Luterana para el 

establecimiento y desarrollo de las negociaciones de paz a finales de los ochenta y principios de los años 90. 



 

 

 

 

101 

 

 

guerrilla) que buscaban en el altiplano indígena densamente poblado la base social para 

el desarrollo de dos proyectos radicalmente antagónicos y que suponían un apoyo 

popular hacia la guerrilla que había desbordado sus propias previsiones. Tal y como 

relata Gustavo Porras, quien fuera miembro del Ejército Guerrillero de los Pobres –

EGP- y posteriormente uno de los personajes clave en la negociación de la paz durante 

el gobierno de Alvaro Arzú, un pequeño grupo de quince guerrilleros que en 1972 

incursionó en el altiplano occidental había sido capaz nueve años después de organizar a 

doscientas cincuenta mil personas, algo totalmente imprevisto.
55

 

 

En lo que respecta al plano internacional, las presiones hacia la transición a la 

democracia también se hacían mayores. Dadas las dificultades que Jimmy Carter tuvo 

para pasar los filtros necesarios en el Congreso, en 1978 Estados Unidos anunció la 

suspensión de la ayuda militar. Otros países, entre ellos Israel y Francia, acudieron en 

cambio a cubrir esta ausencia pero no solo la ayuda material que proporcionaban no era 

suficiente sino que además simbólicamente no era lo mismo para unos oficiales del 

Ejército que habían sido formados en Estados Unidos y que esperaban el respaldo 

incondicional en lo que consideraban una “lucha justa” contra el comunismo. El agravio 

era fuerte y constituía un serio aviso incluso aunque al final la suspensión no se 

materializara.  

 

Acuciados por la necesidad de demostrar que podían vencer a la guerrilla, la reacción 

del Ejército fue incrementar la violencia y cerrar todos los espacios políticos incluyendo 

aquellos que podían darse en la capital. El objetivo era despejar las alternativas viables 

de proyectos civiles, estudiantes, políticos y sindicalistas, mediante el asesinato 

selectivo: entre los años 1978 y 1982 hubo al menos cinco asesinatos diarios.
56

 

Tampoco se pueden interpretar de otra manera los asesinatos de los socialdemócratas 

Alberto Fuentes Mohr (enero de 1979) y de Manuel Colom Argueta (marzo de 1979), 

líderes de  líder del Partido Socialista Democrático -PSD- y el Frente Unido de la 

Revolución –FUR-, respectivamente.  

                                            
55 “es cierto que nadie previó que se desencadenara una insurrección, y menos en el área rural, lo cual es contrario a una guerra 

prolongada, como era la concepción y previsión” (Porras, 2011:307,314). 

56 Handy, J. (1984) Gift of the Devil: A History of Guatemala. South End Press. Boston. Cit. en Garrad-Burnett (1998:128) 



 

 

 

 

102 

 

 

Gráfica 9: Total de asesinatos y desapariciones de profesionales universitarios y de estudiantes 

(1954 a 1996) 

 

 

Fuente: Kobrak, P (1999) En Pie de Lucha: Organización y Represión en la Universidad de San Carlos, Guatemala, Pág. 91 

 

 

Son estas las razones por las cuales hay autores consideran que en 1981 existían las 

condiciones para que se pudiera producir una guerra total de los militares contra todo el 

pueblo, algo que habría convertido la todavía fragmentada estructura de la guerrilla en 

una réplica del sandinismo o del FMLN, no sólo por el cierre de espacios políticos que 

se había producido con los asesinatos de líderes populares sino también porque los 

insurgentes habían mejorado su capacidad militar hasta el punto de que los oficiales del 

Ejército estimaban que ganarían la guerra popular prolongada en un lapso de dos a tres 

años (Schirmer, 1999:79).  

 

Amenazados por este escenario de guerra total, los sectores del Ejército que operaban en 

los departamentos indígenas, donde se producían las mayores masacres y donde 

también había más bajas militares, empezaron a cuestionarse las medidas internas –

como la continua rotación de comandantes que hacía el General Lucas García para 

evitar intentos de golpe de Estado- y la sostenibilidad y la eficacia de tácticas militares 

que no lograban ser efectivas. Los “estratégicos” -también llamados “institucionalistas”, 

encabezados por el General Ríos Montt, dieron un golpe de Estado al General Romeo 

Lucas en marzo del 1982 que llevó a la formulación de nuevos planes, la depuración de 

algunos militares y la centralización de todas las fuerzas de los servicios de inteligencia 



 

 

 

 

103 

 

 

para luchar contra la subversión en torno al Centro de Reunión de Información y 

Operaciones (CRIO), lo cual “produjo la campaña de masacres mejor coordinada e 

intensiva en la historia de Guatemala, la cual dejó un saldo estimado de setenta y cinco 

mil muertos en dieciocho meses” (Ibid.:87).  

 

Gráfica 10: Total de asesinatos y desapariciones en el área rural y urbana, de 1959 a 1995 

 

 

 

 

Fuente. Ball, P., Kobrak, P., Spirer, H. (1999:54-55) 

 

 

 

La Comisión de Esclarecimiento Histórico – CEH- estima en más de 200 mil personas 

el número total de muertos y desaparecidos y alrededor de un millón de desplazados, 

siendo en su mayoría víctimas indígenas (83%), y atribuye al Ejército la responsabilidad 



 

 

 

 

104 

 

 

de estas violaciones de los derechos humanos en el 85% ciento de los casos 

(CEH,:II.318 y III:184). 

 

Pero la violencia iba a tener consecuencias también sobre los propios victimarios. El 

asalto contrainsurgente no sería, sin embargo, más que un último macabro ensayo del 

“modelo militar”. La coalición de gobierno estaba quebrada, las divisiones profundas en 

el seno de cada grupo militar más las fracturas en la élites económicas –así mismo 

dependientes de la presión internacional- abrían el escenario para el tránsito al poder 

civil, y sólo había que dejar que cada grupo –militares y civiles- decidiera rápido quien 

iba a ser su actor principal en la nueva obra. Carlos Soto Rosales lo describe así: 

 

 

“Washington había contribuido grandemente a la aceptación, por el 

Ejército, de una apertura democratizadora por la cual gobiernos civiles 

substituirían al ya agotado modelo militar. Lo había ensayado en otros 

países latinoamericanos y creía llegada la hora de implementarlo en 

Guatemala. Estableció contactos con la dirigencia guerrillera y llegó a creer 

que era factible finiquitar el período de guerra interna; 

complementariamente, prestó mayor atención a un joven líder 

democratacristiano – Vinicio Cerezo Arévalo – que con ahínco ampliaba sus 

contactos en el Departamento de Estado y el Senado, urgiendo el apoyo a la 

apertura. Paulatinamente la situación del general Ríos se va complicando. 

Por un lado se incrementaba el descontento de muchos miembros del 

Ejército frente a una situación que amenazaba con prolongarse en demasía y 

que se caracterizaba por el excesivo poder de algunos oficiales subalternos 

entronizados en posiciones clave, en desmedro del orden jerárquico y de la 

disciplina. El 8 de agosto de 1983 el alto mando y el Consejo de 

Comandantes lanzan una proclama informando su decisión de relevar del 

mando al general Ríos Montt, manifestando su voluntad de “continuar el 

proceso de retorno a la constitucionalidad democrática”. El general Ríos 

Montt es separado del poder y el ministro de Defensa, general Oscar 

Humberto Mejía Víctores, asume la jefatura del Estado. De inmediato el 

calendario electoral es activado. La puesta en escena del “retorno a la 

democracia” fue cuidadosamente preparada por los jefes militares, con 

ayuda de algunos civiles. Primeramente habría elecciones para integrar la 

Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la Constitución 



 

 

 

 

105 

 

 

Política de la República. En ese texto se tendrá cuidado de incluir preceptos 

de carácter táctico (como aquel que prohibirá la postulación presidencial de 

Ríos Montt), y otros esencialmente estratégicos, en especial el que concede 

al Ejército, por primera vez en la historia constitucional de Guatemala, el 

derecho de cuidar por la seguridad interna del país. Mejía Víctores emite un 

Decreto por el cual se salvaguarda a los militares participantes en la guerra 

contra la guerrilla de eventuales consecuencias de carácter legal. Ese 

decreto será posteriormente conocido como “La Autoamnistía”. Cumplido 

esto, se convocará a la elección presidencial. La historia puede empezar.” 

(Soto Rosales, 2002: 109 – 110) 

 

 

La transición había comenzado con el último gobierno militar y la incertidumbre se 

instaló en el sistema. Aunque pocos tenían las cosas claras sobre lo que podría ocurrir 

en adelante, los militares se habían encargado de garantizar algunas cuestiones clave 

que no pusieran en riesgo el estatus quo, entre ellas que el treinta y tres por ciento del 

presupuesto nacional estuviera dedicado a los Ministerios de Finanzas, Defensa y 

Gobernación en el siguiente año, y que se decretara una amnistía a los antiguos 

miembros del gobierno y fuerzas de seguridad vinculados a posibles abusos de derechos 

humanos cometidos después de marzo de 1982 (Fauriol y Loser, 1988:100). El 

“Archivo”, que contenía toda la información de los abusos y crímenes cometidos por el 

Ejército, se trasladó a las dependencias de la Dirección de inteligencia del Ejército (D2). 

Las tasas de secuestros bajaron de forma precipitada de 137 casos mensuales, en 1984, a 

60, en 1985, lo cual para algunos era reflejo de la preocupación del gobierno del 

General Humberto Mejía Víctores por mejorar la situación de derechos humanos 

mientras se preparaba para ceder el poder a un gobierno civil electo.
57

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 Informe secreto  28 Marzo 1986. Los desaparecidos de Guatemala (1977 – 1986). Desclasificado, disponible en 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB32/vol2_espanol.html 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB32/vol2_espanol.html


 

 

 

 

106 

 

 

4.3. La violencia política travestida en delincuencia común 

 

 

Antes de que Vinicio Cerezo, el candidato del partido Democracia Cristiana 

Guatemalteca, ganara las elecciones que dieran paso al poder civil en Guatemala, en 

1985, dijo en una entrevista: “Yo soy consciente de que, históricamente, mi papel es 

abrir la puerta al proceso democrático. No voy ni siquiera a pensar en reformas. 

Simplemente, voy a poner a los militares detrás de mí”.
58

 Sus declaraciones venían a 

avalar la tesis del continuismo que muchos sectores sociales denunciaban, y eran como 

un bálsamo para la oligarquía y el Ejército, quienes lo consideraban poco más que un 

ajuste necesario para tratar de manejar las numerosas crisis y restablecer la credibilidad 

internacional. Con esas declaraciones el candidato a Presidente ya estaba anunciando 

que si Guatemala fuera un edificio él sólo iba a ser el portero, y que las reformas de las 

cañerías y el pago por la derrama lo tendrían que exigir otros. 

 

Una vez en el poder, en cambio, causó una gran inquietud en todos los sectores. Se 

consideraba a sí mismo un “político profesional”, un “buen político”, de hecho; realista, 

hasta el punto de declarar que él sólo tenía el treinta por ciento del poder y que el otro 

setenta por ciento lo tenían los militares y la oligarquía. Un mes después de iniciada su 

gestión declaraba en una entrevista con la prensa extranjera que si llevaba a cabo 

cambios muy rápidos y profundos los periodistas “tendrían que entrevistarme en 

Miami”.
59

 Pero también es cierto que el apoyo abrumador que había obtenido de la 

población en las elecciones le habría hecho pensar que era el momento de la política con 

mayúsculas, el momento de un gobierno civil capaz de controlar a los poderes fácticos. 

El Ejército estaba tal vez en su peor momento y las presiones externas urgían a un 

lavado de imagen. La década de los 80 había empezado brutalmente con el asalto a la 

Embajada de España, una masacre que se cobró treinta y nueve víctimas, entre 

ciudadanos guatemaltecos y miembros de la misión española.
60

 

 

                                            
58 Simon (1997) Op. Cit. Pág. 216  
59 Américas Watch 1986: 9-10, Cit. en Kobrak, P. (1999: 102) 
60 La mayoría de las víctimas eran campesinos. También murió en el asalto el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Cáceres, y 

el ex Canciller, Adolfo Molina, dos trabajadores españoles de la misión y el Cónsul, Jaime Ruiz del Árbol. 



 

 

 

 

107 

 

 

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos eran constantes y el peor 

escenario para el Ejército ya empezaba a manifestarse en otros países de la región. Así 

lo admitía el General Gramajo en su libro El liderazgo militar, publicado semanas antes 

de dejar su cargo como Ministro de Defensa, el cual anunciaba la desaparición de los 

ejércitos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá “por no haber sabido resistir las presiones 

de la sociedad ni adaptarse a los nuevos tiempos” (Cit. en REMHI:III,287). Además, la 

guerrilla estaba fuerte, ya que había logrado superar la coordinación de fuerzas que se 

había iniciado con Ríos Montt a través del CRIO, así como la dura ofensiva y las 

estrategias de tierra arrasada de los 80s, pudiendo reconstruir unidades militares, 

incrementar su capacidad logística y ofensiva entre 1983 y 1985, y aproximarse a la 

capital de Guatemala hasta el punto de llegar a influir en la producción agroexportadora 

(Ibid. 275).
61

 Una activa propaganda internacional canalizada a través de todo tipo de 

estructuras (incluyendo el reconocimiento internacional de las Comunidades de 

Población en Resistencia) incidía aún más en los señalamientos relativos a los derechos 

humanos del gobierno de Vinicio Cerezo.  

 

No obstante, para el Presidente Vinicio Cerezo alinearse en contra del Ejército y buscar 

el favor de algunos sectores empresariales, en aquella Guatemala polarizada, hubiera 

sido como alinearse a favor de la guerrilla y ser tachado de comunista, condenando el 

proyecto político de la DCG a muy pocos años.
62

 Además, estaba convencido de que el 

Ejército era una institución que tenía un papel central en la democracia. En 1977 había 

publicado un panfleto sobre este punto, y los vínculos de su partido con la institución 

armada eran tan estrechos que en la década de los setenta los tres candidatos 

presidenciales que presentó la Democracia Cristiana habían sido militares, entre ellos el 

propio General Ríos Montt. Así, para el Presidente, si alguien tenía que pagar una deuda 

social ésta debía ser la oligarquía, quienes desde su punto de vista no habían logrado 

hacer las transformaciones que sí habían realizado los militares. 

                                            
61 La campaña contrainsurgente (con ofensivas entre setiembre 87 y marzo 88) no hizo sino incrementar la actividad guerrillera en el 

área de occidente provocando que una de las sus organizaciones –ORPA- llegara incluso a ocupar el municipio de Santiago Atitlán, 

o la zona de Patzún, cerca de la capital, lugares donde antes no se había registrado actividad guerrillera. Las FAR aumentaron la 

toma de poblaciones en Petén y el EGP reconstruyó sus redes logísticas (REMHI 1998: III.263). La URNG no sólo había superado 

las ofensivas sino que se sintió lo bastante fuerte como para lanzar la primera incursión contra la capital. 
62 La guerrilla siguió buscando este punto de encuentro con la Democracia Cristiana Guatemalteca –DGC- hasta los últimos años de 

la negociación de la paz. (REMHI, 1998) 



 

 

 

 

108 

 

 

 

Por último, siendo Cerezo un político profesional y habiendo obtenido un apoyo 

aplastante en las elecciones presidenciales y legislativas –triunfo que fue revalidado en 

las municipales de 1988- podía llegar a pensar que la DCG estaba en un buen momento 

para convertirse en un partido de masas, en nada distinto de otras democracias cristianas 

europeas o centroamericanas. El partido no sólo estaba en condiciones de aglutinar a los 

sectores de clase media emergente que habían surgido en el Ejército (y que ellos 

controlaban) sino que además, desde una posición más socialcristiana, podía disputar 

espacios sindicales y campesinos que iban a organizarse en instituciones como el 

IDESAC (Instituto de Desarrollo Económico y Social de América Central), el 

Movimiento Nacional de Pobladores y la fundación de la Central Nacional de 

Trabajadores (CNT). Ese era el punto de vista del Comité Coordinador de Asociaciones 

Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), muy receloso del 

Presidente Cerezo: “este gobierno está creando una estructura de organización de masas 

que no tiende a la consolidación de la democracia sino a la de un partido hegemónico” 

(Valdez y Palencia, 1998: 118). 

 

El gobierno de la transición había elegido, por tanto, derrotar a la insurgencia y para ello 

se empleó a fondo los ámbitos nacional e internacional. “Nuestra amenaza”, decía 

Cerezo, “no está en Nicaragua, sino en las montañas. Hay que manejar el conflicto 

regional de manera que nos favorezca en nuestra situación interna” (REMHI, 

1998:III,263). En Esquipulas II y con el Plan Arias, que promovía el inicio de 

conversaciones directas entre las guerrillas y los gobiernos centroamericanos, se plasmó 

para el gobierno guatemalteco una oportunidad de restaurar la imagen del Ejército, 

proyectarse internacionalmente como un gobierno respetuoso de los derechos humanos 

y, de paso, romper el apoyo externo y logístico que le llegaba a la guerrilla desde la 

misma región.  

 

Paralelamente, Cerezo realizó una gira por Europa, buscando alianzas con partidos 

políticos en España o en Alemania, países en los que además de solicitar préstamos y 

ayudas en los mismos escenarios donde la guerrilla iba generando más simpatías, el 

gobierno proyectaba una imagen progresista que iba a ser reforzada con los 



 

 

 

 

109 

 

 

nombramientos diplomáticos que hiciera en organismos internacionales con sede en 

Washington -como Francisco Villagrán, representante de Guatemala en la OEA. De esta 

manera, se pretendía contrarrestar el reconocimiento internacional del conflicto y las 

acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Era una ardua tarea, sin 

embargo, como se puede comprobar en los informes desclasificados del Departamento 

del Estado: 

 

 

Creemos que pandillas de criminales compuestas por policías y detectives 

actuando fuera de horas de trabajo, uno que otro oficial militar y ex-

miembros de las fuerzas de seguridad y guardaespaldas son, o han sido, los 

responsables en un número significativo de casos pero difícil de cuantificar. 

El hecho de que el Presidente Cerezo vio la necesidad de suprimir el cuerpo 

de detectives (DIT) y reestructurar el mando policial es un síntoma del papel 

que juegan estas organizaciones en las violaciones a los derechos humanos y 

actividades criminales. Los salarios policiales son bajos, el entrenamiento es 

mínimo y la corrupción es desenfrenada dentro de las fuerzas policiales del 

país. La ineficacia y la corrupción policial y judicial estimulan y fortalecen 

sistemas privados de “justicia,” provocando así un espiral de violencia en la 

sociedad. En un momento en 1983 se decía que un contrato para realizar un 

simple asesinato se podía comprar por 25 quetzales.
63

 

 

 

Como no iba a dejar de suceder desde ese periodo en adelante, la debilidad de la Policía 

estaba logrando que se incrementara la fuerza del Ejército. Se suprimió el cuerpo de 

detectives –el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), pero esto no respondía 

a una lógica de fortalecimiento del sector civil sino más bien a la necesidad de eliminar 

el rastro de los abusos cometidos, y parecía que poner a los militares detrás del 

Presidente no era sino una manera que protegerlos. De hecho, al igual que sucedería 

años más tarde con la creación de la Policía Nacional Civil sin que la mayoría de sus 

componentes hubieran sido depurados, en la época de Cerezo los cuadros más 

importantes del suprimido cuerpo de detectives fueron reincorporados a la Brigada de 

Investigaciones Especiales y Narcóticos - BIEN (REMHI,1998:III,249).  

                                            
63Informe desclasificado Departamento de Estado. Op. Cit. Pág.8.  



 

 

 

 

110 

 

 

 

Varios gobiernos, entre ellos Alemania, Venezuela, Estados Unidos y España, estaban 

apoyando al gobierno de Cerezo con préstamos y subvenciones para equipar a la Policía 

Nacional, algunas de ellas condicionadas a que se nombrara un civil al frente de la 

institución, como fue el caso del gobierno alemán del Canciller Helmut Khöl. Esto sería 

un foco de conflictos con el Ejército ya que no lograba conseguir que se agilizaran los 

desembolsos del Banco de Guatemala que garantizaban su funcionamiento
64

. Se daba 

así la paradójica situación de que la Policía Nacional era equipada con ayudas 

internacionales mientras que su personal estaba controlado por el Ejército para hacer el 

trabajo sucio de la contrainteligencia. De hecho, el único policía que dirigió la Policía 

Nacional –PN- en ese periodo fue sustituido en el primer año de gobierno. El general 

Gramajo explicaba la sustitución de Caballeros precisamente por la ineficacia de la PN:  

 

 

“…siete meses antes de enero de 1986 en la PN dejamos a un policía y esto 

eso se cayó completamente, se volvió corrupto y perdieron procedimientos… 

y tuvimos que reemplazarlo con un oficial militar. Esto es culpa de nosotros 

por dejar el funcionamiento de la Policía (a la policía) durante ese período” 

… “van a necesitarse de quince a veinte años para que el nuevo jefe de la 

policía civil deje de depender del ejército o de personas con antecedentes 

militares para investigar y evitar crímenes” (Schirmer, 1999: 293).  

 

 

Los movimientos de depuración, reformando secciones y cooptando miembros de uno a 

otro lado, eran simplemente utilizados como una manera de tomar posiciones ante la 

incertidumbre que existía en el momento de transición, y en medio de aquel baile de 

máscaras la violencia política se asoció a la delincuencia común: los guerrilleros –entre 

los cuales el gobierno incluía sindicalistas, opositores y estudiantes- eran siempre 

considerados delincuentes. 

 

                                            
64 “…aunque su viaje (del Ministro de Defensa) a Washington en octubre le reportó la promesa de una ayuda de 9 millones de 

dólares para equipo no letal, ésta suma era inferior a lo que el ministro de Gobernación había logrado para reequipar a la Policía 

Nacional” (REMHI 1998: III.249) 



 

 

 

 

111 

 

 

Vinicio Cerezo intentó controlar todas las operaciones de lucha contra la guerrilla desde 

el Alto Mando, en el que operaban el jefe del Estado Mayor, el Presidente y el Ministro 

de la Defensa. Se creó también el Sistema de Protección Civil (SIPROCI), que venía a 

colocar bajo el control del Estado Mayor Presidencial –EMP- todas las fuerzas de 

seguridad interna (Ministerios de Defensa, Gobernación, representantes del Ejército, 

comandantes de las zonas militares, comandos militares especiales, las Patrullas de 

Autodefensa Civil, representantes de la Policía Nacional, Guardia de Hacienda, Servicio 

de Migración y Archivo – departamento de seguridad del EMP) si bien en la práctica 

todas las operaciones se centralizaban en la D2 (la Dirección de Inteligencia del Estado 

Mayor de la Defensa) (REMHI 1998: II.88 - 111).  

 

Pero como señala Charles Tilly, ningún rey puede gobernar sólo con el apoyo de su 

ejército; también necesita los nobles. El Presidente Cerezo no tenía el apoyo del sector 

empresarial y tampoco del sector social. En su intento de hacer compatible tesis y 

antítesis, el ajuste estructural con la “deuda social”, el gobierno no lograba producir 

ninguna síntesis. Había, ciertamente, una parte del sector privado que estaba dispuesta a 

“apoyar a cambio de apoyo”. Los industrialistas, por ejemplo, necesitaban salir a 

competir al exterior y eso implicaba bajar los aranceles, incluso suprimirlos. Ellos 

mismos declaraban que no querían ser sardinas en un mar de tiburones (Dosal, 1995). El 

proceso de concentración que imprime el liberalismo en el sector financiero e industrial 

se estaba incrementando
65

. Las industrias maquiladoras se habían convertido en la parte 

más dinámica del sector al finalizar el mandato de Cerezo y esto se vio reforzado con el 

Decreto 29-898 Promoción y Desarrollo de la Actividad de Exportación y la Maquila, 

que les eximía de impuestos de importación de materia prima, exportación y renta 

(Dosal 1995: 263 y 273).  

 

En cambio, para las organizaciones sociales, sindicales y campesinas los empresarios 

nacionales e inversores internacionales (como en el caso de las industrias maquileras 

coreanas) sólo se beneficiaban de la mano de obra barata y controlada –algo que había 

                                            
65 En 1987 el sector de la construcción creció en un 20%, las exportaciones no tradicionales creció en un 53%, los ingresos por 

turismo se triplicaron, y los tres bancos más grandes acapararon el 39% de las operaciones financieras (frente a un 23% en 1983) 

(Marroquín/Escoto, 1993 cit. en REMHI III 1998: 250) 



 

 

 

 

112 

 

 

sido estipulado en la constitución de 1985 (Schirmer, 1999:133). En 1989, el gobierno 

aprobó un nuevo plan de desarrollo económico: “desarrollo nivelador” que recibió el 

apoyo de los organismos internacionales y que contenía las recetas de reducción de 

gasto público, la interposición de límites a la intervención gubernamental, y la 

preparación de las empresas para competir en el mercado internacional o para que se 

fueran a la quiebra: el gobierno no iba a proteger las industrias débiles.  

 

Desde lo social, por tanto, al gobierno de Cerezo nada le distinguía de un gobierno 

militar más y no había generado ninguna credibilidad en el lado de la guerrilla. Las 

negociaciones con la URNG habían llegado a un fracaso en Madrid, en 1987, y al final 

del mandato de Cerezo no había ya negociaciones directas porque tanto el gobierno 

como el Ejército se ciñeron a lo convenido en Esquipulas II, dialogar sólo con grupos 

desarmados que se hubiesen acogido a la amnistía, lo cual no era el caso de la URNG.
66

 

Si la reacción no fue positiva desde el sector social, tampoco podía esperarse mucho del 

sector privado.  La presión de las organizaciones empresariales para financiar el Estado 

había sido históricamente por la vía de la privatización, la reducción del gasto y la 

cooperación internacional, pero bajo ningún concepto incrementando los ingresos 

mediante una mayor presión fiscal que incida en la aplicación de impuestos directos.  

 

Al descuidar al sector privado, Vinicio Cerezo había provocado algo tan difícil como la 

cohesión del mismo. Esto, unido al descontento social, generaba huelgas continuas (mil 

seiscientas en toda la legislatura), desde empleados públicos hasta organizaciones 

campesinas (como las huelgas de maestros o las de cortadores de caña), y también 

huelgas patronales que oponían tajantemente al pago de más impuestos -los cuales eran 

necesarios para el mantenimiento, entre otros, de la lucha contrainsurgente- o a ser 

sometidos a la supervisión y control de las exportaciones por parte de empresas 

extranjeras, como la suiza Societé General de Surveillance –SGS-
67

. Como señalaba el 

propio Presidente, el intento de reforma tributaria y de control sobre los empresarios 

                                            
66 La CNR, -la institución generadora de un “Diálogo Nacional”-, desvinculada de una negociación directa entre el Gobierno y la 

URNG no podía ir más allá de considerarse un “ejercicio académico”, en palabras de su propio Presidente Monseñor Quezada 

Toruño. “La Construcción de la Paz en Guatemala” MINUGUA – PNUD, Congreso de la República 1997. Pág. 32 
67 Esto provocó el rechazo frontal de los empresarios y obligó al gobierno a suspender el contrato sólo un año después de haber sido 

firmado. 



 

 

 

 

113 

 

 

tendría un saldo para la DCG de dieciocho escaños menos en el Congreso (diputados 

que pasaron a otro grupo) y dos años sin gobernar, así como un saldo de violencia 

generada por los propios empresarios que recae sobre el conjunto de la sociedad. 

 

Por último estaba la reacción de los militares por los que Cerezo tanto había hecho. 

Paradójicamente, durante su gobierno le hacen al menos dos intentos de golpes de 

estado (1988 y 1989), lo cual demuestra que, como decía el propio General Gramajo, 

Ministro de Defensa, “es más barato para el sector privado financiar el intento de golpe 

que pagar impuestos” (Schirmer, 1999). También es una muestra de que la institución 

en la cual él se había apoyado desde el inicio de su gobierno no era monolítica y que los 

intentos de centralizar la violencia bajo el control del gobierno civil –con el apoyo de la 

institución militar- tampoco iban a ser aceptados por algunos.
68

  

 

En definitiva, estaba claro que el gobierno había fracasado en su forma de atraer al 

sector privado, dirigir el sector social y dirigir al Ejército como institución, y mucho 

menos a seducir a una oligarquía que estaba históricamente preparada a hacer cualquier 

cosa por evitar el pago de los impuestos. No era posible, por tanto, mantener ese 

equilibrio, ese manejo de tesis y antítesis, sin contar con una Policía Nacional civil que 

protegiera de las debilidades que existían en la cúpula militar o sin costes importantes 

para la Democracia Cristiana Guatemalteca, entre ellos el asesinato de su Secretario 

General, Danilo Barillas. Lejos de centralizarse bajo el control del gobierno civil la 

violencia se iba fragmentando. En 1989 la violencia política creció dramáticamente y 

sólo en el primer semestre del año se contabilizaron 1.600 asesinatos y 800 secuestros o 

desapariciones. La actividad del quinto cuerpo de la Policía Nacional –una colaboración 

del Ejército con la Policía
69

- no creó más que una fragmentación de los frentes de 

violencia, allanando el camino para el surgimiento de escuadrones de la muerte como el 

Jaguar Justiciero o para la vuelta de otros como La Mano Blanca. Las negociaciones 

con la guerrilla (en particular, las que condujeron al Acuerdo Básico de Oslo en marzo 

                                            
68 En el intento de Golpe de Estado de 1989 participó el exjefe de la policía, Ángel Aníbal Guevara Reyes, y varios agentes del DIC 

(Dirección de Investigación Criminal), una de cuyas reivindicaciones era la renuncia del ministro de Gobernación, Juan José Rodil 

Peralta, que previamente había anunciado el desarrollo y la modernización de los cuerpos policiales (REMHI 1998: III. Cap. 6) 

69 Cuyo modelo fue replicado con Serrano Elías (Fuerzas de Tarea Hunapú) o con las patrullas conjuntas de Ramiro de León en 

1995, y prácticamente por todos los gobiernos desde entonces. Sobre Patrullajes Conjuntos en esta investigación ver Capítulo VI.  



 

 

 

 

114 

 

 

de 1990, y las reuniones de sectores sociales con la comandancia de la guerrilla –El 

Escorial, Ottawa, Quito, Metepec y México) a lo largo del mismo año, hicieron 

movilizarse a todos los sectores radicales en el país. Con las huelgas llegaban también 

las represiones que serían mayores en los ámbitos donde estaban en juego intereses 

empresariales o terratenientes, como en el caso de las tomas de fincas; los finqueros 

recurrían a la policía y al Ejército, y la violencia aumentaba llegando a niveles similares 

a los de los años 80s (REMHI III, 291). 

 

 

 

4.4. Conclusiones del capítulo 

 

 

En este capítulo se han identificado tres aspectos que constituyen el inicio de la 

transformación de la violencia en Guatemala. En primer lugar, la hipertrofia de la 

institución militar, que había pasado de estar al servicio de la oligarquía agraria y 

empresarial a buscar sus propios intereses. Esto provoca un primer nivel de articulación 

empresarial del crimen en el cual el Estado desarrollista militar se identifica con las 

estructuras y los negocios ilícitos. En segundo lugar, la fragilidad de las coaliciones de 

gobierno de este período y los sucesivos procesos de fractura en el seno del Ejército, 

que se manifiestan no sólo en las dictaduras sino también en el período del gobierno 

civil de Vinicio Cerezo. Estas fracturas darían paso a continuos intentos de golpe de 

Estado, terrorismo de Estado, y fases de violencia institucional en momentos de alta 

fragmentación. Por último, la escasa capacidad de articulación del conflicto a través de 

los partidos políticos, incluso en el momento en que existió una oportunidad histórica 

para consolidar partidos de masas -como fue el caso de la DGC-, provoca que la 

violencia sea la manera en que se cierran las alternativas políticas civiles, mediante el 

asesinato selectivo de estudiantes, sindicalistas y de sectores profesionales urbanos o 

campesinos.  

 

Los tres factores tienen un denominador común, y es la debilidad de la oligarquía 

agraria y empresarial, el desinterés/desconfianza por los asuntos del Estado, la 



 

 

 

 

115 

 

 

predisposición a permanecer bajo un sistema dominado por los militares bajo un modelo 

de otorgamiento selectivo de privilegios. La violencia pasa de estar bajo el control de 

los militares a ser el instrumento de combate también en una “dictadura militar 

travestida en democracia contrainsurgente” (Torres Rivas, 2011:317), lo cual tiene un 

reflejo en la manera en que esa se va travistiendo en la forma de delincuencia común. 

Así, con la excusa de combatir el crimen, con el respaldo del gobierno civil en los 

primeros años de la Presidencia de Vinicio Cerezo y con años de experiencia en el 

manejo del Estado, los militares habían recuperado mucho terreno.  

 

Hugo Caizac (2001), haciendo un balance del gobierno de Cerezo, dice: “La DCG se 

encuentra a priori en un buen lugar y momento para conducir y encontrar un equilibrio 

entre las necesidades de la transformación política y las resistencias de algunos sectores 

al cambio. Resulta lógico que este primer gobierno civil provoque todas las esperanzas 

y todas las decepciones inimaginables” (Caizac 2001:94). Contaba con apoyos 

internacionales y con un escenario regional más que favorable para iniciar la 

negociación directa con la guerrilla; contaba con los sectores sociales y con una 

estructura partidaria –la DCG- que estaba en condiciones de consolidarse como un 

partido de masas. No fue Cristiani (ARENA) que llegó a negociar la paz con el FMLN y 

afianzar en El Salvador un partido político en de derecha con el apoyo del sector 

privado. Defraudó a todos en una etapa caracterizada por la fragmentación de los focos 

de conflicto y la institucionalización de la violencia también en el proyecto de la recién 

instaurada democracia. Si alguna vez fue cierto que Vinicio Cerezo había imaginado 

que los militares estarían detrás del proyecto civil, la realidad, en cambio, mostraba que 

él mismo se había encargado de ponerlos a un lado. 

 

  



 

 

 

 

116 

 

 

  



 

 

 

 

117 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA (II) 

FACTORES EXÓGENOS: ACUERDOS DE PAZ Y 

NARCOTRÁFICO 

 

 

 

 

5.1. El nuevo esquema 

 

El nuevo escenario de los años noventa traía tantas amenazas al Ejército como a la 

guerrilla. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y ponía fin 

a la política de bloques y a los apoyos que habían moldeado el hasta entonces conflicto 

bipolar de Guatemala. Los sandinistas habían sido derrotados en Nicaragua, se iniciaba 

la salida política en El Salvador y se produjo la invasión estadounidense de Panamá que 

acabó con el general Noriega. El único marco regional posible para Centroamérica iba a 

ser la paz, y el proceso de paz guatemalteco se había ido consolidando tras el acuerdo de 

Oslo (en abril de 1990), y tras los sucesivos encuentros de la URNG con los partidos 

políticos, grupos religiosos, organizaciones sociales y empresarios, lo cual propiciaba 

un clima de irreversibilidad. 

 

Estados Unidos había modificado consecuentemente su política intervencionista en 

Centro América, pasando de la búsqueda de una derrota militar de la guerrilla mediante 

el apoyo directo al Ejército o la contrainsurgencia, a la búsqueda de mayor vinculación 

de la región con estructuras globales emergentes (Chase-Dunn, et alt., 2001). En 



 

 

 

 

118 

 

 

diciembre de 1991, George Bush ofreció al nuevo presidente Jorge Serrano Elías (1991-

1993), evangélico, firme defensor del libre mercado y representante de un sector de la 

oligarquía neoliberal, cincuenta millones de dólares en fondos de estabilización (Dosal, 

1995:275,288). Era dinero suficiente para mostrar la urgencia de neutralizar a la 

guerrilla, a los militares y a también a esa parte del sector privado que fuera reacia a esta 

transformación global. Cada vez más se hacía necesario para este sector modernizante 

incorporar o neutralizar a otros sectores políticos y económicos reaccionarios con el fin 

de beneficiarse de la entrada masiva de capitales que podía llegar a través del Mercado 

Común Centroamericano, algo más que urgente dada la situación económica generada 

por la caída de los precios agrícolas en el mercado internacional y por el nada 

sorprendente rechazo que mostraba el sector privado a que se incrementaran los 

recursos del Estado por la vía del ingreso frente a la alternativa de reducción del gasto 

público. 

 

Por esta razón, a pesar de la luna de miel inicial que pudo haber entre los militares y el 

Gobierno de Jorge Serrano, a los primeros se les hacía más que evidente que la época 

dorada de Vinicio Cerezo no fue más que un respiro coyuntural. Las violaciones a los 

derechos humanos cometidas contra ciudadanos estadounidenses -como fue el caso el 

asesinato de Michael Devine, en julio de 1990, el secuestro y tortura de la monja Dianna 

Ortiz, en noviembre de 1989- o el asesinato de la antropóloga guatemalteca Myrna 

Mack, en septiembre de 1990, profundizaban en el aislamiento del sector militar. El 1 

de diciembre de 1990, poco antes de una visita de Jorge Serrano a Estados Unidos en la 

que esperaba recibir el respaldo económico que buscaba para su gobierno, el Ejército 

cometió una nueva matanza de campesinos en Santiago de Atitlán, lo cual provocó la 

suspensión de la ayuda militar por parte de Estados Unidos. A pesar de las medidas que 

el gobierno intentaba tomar para defender los espacios civiles –como poner al Comité 

de Reconstrucción Nacional, antes en manos de los militares, bajo control del 

Ministerio de Desarrollo, y al Instituto Geográfico Militar bajo el organigrama del 

Ministerio de Comunicaciones- existía una fractura que separaba la institucionalidad del 

Ejército de la institucionalidad de los gobiernos de la transición, y la presión 

internacional se hacía cada vez más fuerte; se pedía la desaparición del Estado Mayor 

Presidencial –EMP-, las Patrullas de Autodefensa Civil –PAC- y la desmilitarización de 



 

 

 

 

119 

 

 

la Policía Nacional, demandas que venían produciéndose desde el gobierno de Vinicio 

Cerezo.  

 

Pero los temores del Ejército guatemalteco se manifestaron de manera definitiva cuando 

vieron cómo llegaban los primeros miembros de ONUSAL a El Salvador, y también 

cuando comprobaron que el Ejército hondureño empezaba a aplicar un nuevo papel para 

los militares en la región, más centrado en la cooperación al desarrollo, la protección 

medioambiental y la lucha contra el narcotráfico (Arévalo de León, 1998). El ejército 

tenía motivos adicionales para resistirse a perder el control, entre ellos los negocios de 

la privatización en los que estaban involucrados oficiales de muy alto nivel y que 

alcanzaban al propio Ministro de Defensa por su intento de participar en la privatización 

del Canal 9 de televisión. Otros oficiales de menor rango se estaban dando de baja y se 

pasaban a la empresa privada, y nuevas fuentes de negocio se instalarían en el sistema 

para quedarse durante muchos años, como fue el caso del narcotráfico: 

 

 

“Los enfrentamientos internos en el Ejército no habían cesado con los 

cambios de enero de 1992. El narcotráfico pasó a ocupar un papel muy 

fuerte en las luchas entre las camarillas. En marzo, cuando la embajada de 

los Estados Unidos estaba presionando con más fuerza, se produjo una ola 

de atentados y bombas terroristas en la capital; y en mayo fue asesinado el 

excoronel Raúl Andrade de León. Un mes después fueron muertos el 

narcotraficante Edgar Gálvez y el coronel Juan José Ruiz Furlán, subjefe de 

la oficina del control de armas. En julio fue asesinado el coronel en retiro 

Luis Rolando Girón, exjefe de Areonáutica Civil. Durante ese año 

únicamente García Samayoa y Perussina ascendieron a generales de 

división, en tanto que González Taracena era relevado del mando del 

Cuartel General y sustituido por Pineda Carranza (compañero de promoción 

de Perussina) tras la oscura fuga de unos soldados acusados de criminales. 

Las tensiones se mostraron también cuando el coronel Roberto Letona Hora, 

jefe del Estado mayor del ministro y miembro de la promoción de Otto Pérez, 

fue secuestrado en el Cuartel General y enviado como agregado militar a 

Costa Rica”. (REMHI 1998: III.320 – 321) 

 

 



 

 

 

 

120 

 

 

La sensación de desgaste de cara al exterior se iría acelerando, y mucho más tras el 

autogolpe que dio el Presidente Jorge Serrano Elías, en mayo de 1993. En ese momento 

Estados Unidos anunció que retiraría el comercio y la ayuda a menos que se restaurase 

el orden constitucional. El sector privado, esta vez sí, unidos ante un muy probable 

escenario de aislamiento internacional o de sanciones económicas, se puso en la primera 

línea del movimiento civil para acabar con el presidente que ellos antes habían 

impulsado. 

 

Con el nuevo Presidente, Ramiro de León Carpio, el cual fue elegido por el Congreso de 

la República en junio de 1993 en sustitución a Serrano, tras una decisión histórica de la 

Corte de Constitucionalidad para declarar inconstitucional el autogolpe, la lucha de los 

militares por controlar la seguridad civil se intensificó. A pesar de los cambios que se 

habían producido durante el gobierno de Serrano, la realidad era que el Estado Mayor 

Presidencial seguía invadiendo funciones de la gestión presidencial, incluyendo al 

ministerio de Finanzas, y se reforzaba la militarización del Ministerio de Gobernación y 

de la Policía Nacional –PN-. Reaparecieron los Oficiales de la Montaña, un grupo 

ultraderechista de oficiales del ejército que era contrario a las negociaciones de paz y 

que había empezado a cuestionar al cuestionar al Alto Mando a finales de 1987 en 

relación a la conducción de la guerra, acusándolo de corrupto y traidor. Este era un 

grupo partidario de la “guerra total” y de realizar operaciones y represión permanente 

sin medir el coste político de las mismas (CEG, 1999: 216).  

 

La reacción fue más lejos. Algunos miembros de la seguridad del Estado que estaban 

fuera del control fueron asesinados
70

 y se organizó la sustitución del Ministro de 

Gobernación, Arnoldo Ortiz Moscoso, uno de los primeros civiles que quiso introducir 

otro “esquema” de seguridad para los miembros de la Policía Nacional. En una 

entrevista personal realizada para esta investigación el Ex Ministro explicaba las 

dificultades de penetración de este nuevo esquema: 

 

                                            
70 Durante el gobierno de Serrano acusaron a la cúpula militar de los asesinatos nunca esclarecidos del general en retiro Anacleto 

Maza Castellanos y del capitán Jorge Méndez Barragán, ex jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) en la Policía 

Nacional, policías que habían sido del sector más radical del ejército (REMHI III, 1998: 318). 



 

 

 

 

121 

 

 

(….) había un conflicto de yo no sé qué, y entonces por cada intervención 

policial, y supongo que igual ahora, se requiere un plan de acción. Y el 

Director (de la Policía Nacional) que venía con mi administración me 

presentó uno para enfrentar y controlar… sin ninguna gravedad… pero él lo 

planteó: “el enemigo, puesto de control de las fuerzas, aquí, ataque…“ Le 

digo: “mire, nosotros… primero no tenemos enemigos, y nosotros no vamos 

a atacar”. Perdone que tenga que mencionar eso, pero es la primera vez que 

se introdujo ese concepto, se lo aseguro. Y hay un libro por ahí, que cuando 

yo salí del Ministerio… que a Ramiro (de León Carpio) le dolió mucho 

aquel…, le imputó mi salida del Ministerio como el peor de sus errores 

políticos. Así lo plantea el libro, no digo que eso sea cierto, pero ellos no 

podían entender cómo en una situación urbana o rural el Ministro ordenaba 

que la Policía fuera y entrara desarmada. No podían entenderlo, por 

supuesto llevaba su batón, su máscara de gas y sus, digamos, 

lanzagranadas... pero no llevaban armas de fuego, y menos armas largas. 

Cuando yo explicaba: “miren señores la policía no está para matar, está 

para proteger la ciudad, para combatir el delito, pero no está para matar 

gente”. Claro, hay situaciones en las que es imposible de evitar una 

situación de enfrentamiento armado, pero en un país civilizado la policía no 

debe… y hay unas normas internacionales que lo indican, pero aquí eso 

estaba y sigue estando, creo yo, fuera del esquema. 

 

Pregunta: En los planes de seguridad de los Ministerios de Gobernación 

posteriores, ¿nunca estuvo dentro del esquema? 

 

Respuesta: Creo que no. 

 

P: Ninguno se salvó. ¿Barrientos, Arévalo Lacs… todos los Ministros de 

Gobernación de la democracia iban con el mismo esquema? 

 

R: Sí, desgraciadamente. Mire, el primer Ministro de Gobernación que tuvo 

Álvaro (Colom), era un médico… que fue mi primer subdirector de la 

Policía, y como sabe murió aquí, una semana después de haber tomado 

posesión. Él era antimilitarista rotundo. Cuando ante unas situaciones me 

pidió autorización para portar armas se le prohibió: entonces me contestó de 

una manera muy simpática, “mire es que no la quiero yo para los 



 

 

 

 

122 

 

 

huelguistas, la quiero para los militares…” (Arnoldo Ortiz Moscoso, 

Entrevista Personal, 31.01.2012)
 71

 

 

Se pueden observar esas dificultades en todos los niveles, según explica el ex Ministro 

Ortiz. 

 

Hubo una situación cuando yo estaba en el Ministerio que describe muy bien 

cuál era el conflicto. Hay un guerrillero que el Ejército captura en el área de 

Huehuetenango y se les escapó. Se escapó y se fue a entregar a la Policía 

que estaba por allí muy cerca. El pobre policía se asustó porque era él, y un 

jeep y tres agentes.  Y la orden que hubo que darle era que se lo llevara así 

bajo su protección y bajo su responsabilidad y sin armas a Huehuetenango, 

o sea hacia la cabecera. Y así lo hizo. Lo condecoramos. Pero no haber 

recibido al guerrillero, sino por haber tenido las agallas de enfrentarse al 

Ejército, o sea, no en pelea, sino por no obedecer al oficial, sino obedecer a 

las autoridades civiles. Lo entregó. Después no sé qué pasó con él. Tengo un 

último recuerdo en el que firmé el decreto con Ramiro (el Presidente Ramiro 

de León Carpio), el lo aceptó, conmutando la pena de muerte de un señor –

yo sigo creyendo que la pena de muerte es una barbaridad- y el hombre es 

ahora pastor evangélico, se transformó… pero ¿sabe por qué hicimos eso? 

Entre otras cosas por rechazo de la pena de muerte, pero porque el hombre 

era soldado, y como tal llegó armado a una cantina. Entró, pidió licor, se 

emborrachó completamente, y alguien entró al bar y le quiso quitar el fusil 

pero él no se dejó, usó el fusil y mató a dos personas. … (…) en cualquier 

parte eso ya es un atenuante. Cuando nos tocó revisar el parte, en aquella 

época estaba vigente el decreto que le permitía al ejecutivo conmutarla 

(ahora no)… yo dije, una condena de muerte no la ratifico, pero por favor 

ayúdeme. Entonces, el argumento jurídico nuestro fue que había habido dos 

muertes, que el responsable era él y que así se había probado en el Tribunal 

pero que el Tribunal no había considerado ni su estado de embriaguez ni su 

entrenamiento militar. El entrenamiento militar le dice a usted: tú puedes 

renunciar a cualquier cosa menos a tu fusil. Tu vida depende del fusil, y el 

que intente quitártelo… (…) Era la instrucción recibida por el muchacho. 

(Ibid.) 

 

                                            
71 Se refiere a Carlos Vinicio Gómez Ruiz, el cual murió en un accidente de helicóptero regresando de una visita de trabajo a Petén, 

si bien las circunstancias que llevaron al accidente aún no han podido esclarecerse. 



 

 

 

 

123 

 

 

La llegada de nuevos tiempos tenía más desafíos para el Ejército, entre los cuales estaba 

el retorno de los refugiados tras la firma del Acuerdo de Reasentamiento de las 

Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, en junio de 1994. La llegada 

de miles de guatemaltecos que se habían refugiado en los departamentos fronterizos del 

sur de México podría haber dado una confirmación definitiva del aislamiento al que el 

Ejército estaba sometido y el reconocimiento por parte del gobierno hacia un sector de 

la población no combatiente (Comunidades de Población en Resistencia –CPR-) que 

hasta ese momento el Ejército había considerado orgánicamente ligado a la guerrilla, así 

como reconocer que había un sector disperso de refugiados en otros lugares fuera del 

país (Jonas, 2000:149). Hasta cierto punto, era ya más tangible la evidencia de que los 

militares podían perder la guerra y que había que tomar posiciones para ganar la paz; se 

imponía, por tanto, la necesidad de dar una salida al conflicto que también fuera 

beneficiosa para los sectores más radicales. 

 

 

 

5.2. Paz liberal: desplazamiento y violencia de las fuerzas 

antisistema 

 

Desde el punto de vista del sector privado, el cambio de esquema representaba 

oportunidades nuevas y perspectivas de acceder a los nuevos recursos de capital y 

también a los recursos humanos requeridos para el desarrollo empresarial. El 1 de enero 

de 1994 había entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual suponía para el sector 

privado centroamericano un cambio en las condiciones de los mercados a nivel regional 

y mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense. La firma del Tratado vino 

también acompañada de la insurrección zapatista del EZLN, y esto suponía una seria 

amenaza para los intereses del sector privado guatemalteco ya que la guerrilla seguía 

atentando contra la infraestructura económica, con cortes de suministro eléctrico, 

extorsión de empresarios y ataques a objetivos militares en las zonas productoras de la 

Costa Sur y la boca costa, en el corredor que iba desde la capital de Guatemala hasta 



 

 

 

 

124 

 

 

México (REMHI 1998: III. 296). La perspectiva de una guerrilla activa en ambas 

fronteras no era muy favorable para la aplicación de las políticas neoliberales que ya se 

venían ensayando en otros países de la región, desde México a Colombia. 

 

Por último estaba el tema de la propiedad de la tierra, lo cual constituía un problema 

tanto para el gobierno y como para el sector privado dado el alto grado de organización 

que algunos grupos habían podido adquirir durante los años de refugio en los Estados 

mexicanos de Campeche, Chiapas o Quintana Roo (Taylor, 2002). Las invasiones de 

tierra fueron especialmente intensas en los últimos meses de 1995 (Valdez y Palencia, 

1998: 315), pero los refugiados también representaban a los ojos de estos grupos 

empresariales la mano de obra barata que necesitaba el país y que antes era provista 

mediante el uso de la legislación y de las fuerzas de seguridad del Estado para el trabajo 

forzado en las fincas; en el contexto de la Guatemala de los 90s, en cambio, con altos 

índices de inflación, elevados precios del transporte y casi ningún apoyo gubernamental 

eficaz, los refugiados estaban de todos modos forzados a trabajar. 

 

Todas estas condiciones daban un panorama muy favorable para la firma de una paz en 

la que el sector privado podía obtener todo lo que quería: no solo un futuro TLC con 

Estados Unidos y la neutralización definitiva de la guerrilla, sino también, como señalan 

algunas fuentes, el desplazamiento definitivo de los militares sin haber tenido que 

enfrentarse directamente con ellos (REMHI 1998: III.329). En efecto, el nuevo 

Presidente, Álvaro Arzú (1995-1999), que hasta entonces había sido alcalde capitalino, 

logró aglutinar los apoyos del sector empresarial y superar por un mínimo margen a 

Alfonso Portillo –candidato del general Ríos Montt- en las elecciones de 1995. 

Seguramente no tuvo que emplearse mucho para convencer a sus nobles (el sector 

privado “modernizante”) de las ventajas de un proceso en el que se quitaban de en 

medio no sólo a la guerrilla y a los militares sino también a las élites agrarias. Así lo 

explica también Susan Jonas: 

 

 

“En cierto momento del proceso (a partir del Serranazo), elementos 

modernizadores dentro del sector privado reconocieron sus propios intereses 



 

 

 

 

125 

 

 

en el proceso de paz y las razones para apoyarlo: primero, poner fin a la 

guerra, que les estaba afectando; y segundo, obtener acceso a acuerdos de 

libre comercio del tipo del TLC, a la inversión extranjera, y al 

financiamiento internacional prometido a Guatemala tras la firma de la paz; 

y por último, aumentar su ventaja sobre las fuerzas oligárquicas, 

reaccionarias y antinegociadoras, sin sacrificar sus privilegios esenciales.” 

(Jonas, 2000: 121) 

 

 

El proceso de paz, que había empezado con la Presidencia de Vinicio Cerezo como una 

forma de proteger a los militares, había dado un giro en una maniobra para acabar con 

ellos y de paso con los sectores de la oligarquía tradicional; era un alineamiento perfecto 

de los intereses de Estados Unidos con los de un sector privado que sacaban provecho a 

la negra imagen de Ríos Montt, Alfonso Portillo o de los militares en general, como 

enemigos del proyecto democrático y cada vez más vinculados a los turbios negocios 

del narcotráfico.  

 

La reacción de las fuerzas antisistema ya se había ido anunciando desde los años 1993 y 

1994, período que coincide con un repunte en la tasa de homicidios a nivel general 

(Gráfica 9). Es el momento del asesinato de Jorge Carpio Nicolle, en julio de 1993, 

Secretario General del partido Unión de Centro Nacional – UCN- y candidato 

presidencial en dos ocasiones, y también la sucesión de atentados contra el movimiento 

sindical, la reaparición de grupos paramilitares, los atentados en la capital, el asesinatos 

de mareros, y el asesinato de policías que investigaban delitos en los que podían estar 

implicados militares o miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (REMHI 1998: 

II.34). En abril de 1994, pocos días después de que se firmara el Acuerdo sobre 

Derechos Humanos, el cual exigía mecanismos de verificación de cumplimiento de los 

derechos humanos –entre ellos una misión de Naciones Unidas-, asesinaron al 

Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón, 

precisamente el hombre que había declarado inconstitucional el autogolpe de Serrano un 

año antes. 

 

 



 

 

 

 

126 

 

 

Grafica 11: Evolución de la Tasa de Homicidios PCMH, antes y después  

de la firma de la paz, en diciembre de 1996 

 

 

   Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

 

 

Daba la impresión de que los grupos operaban en todos los flancos posibles. Las 

violaciones de derechos humanos empeoraron y Susan Jonas habla de una 

“intensificación de la guerra” durante ese periodo (abril – octubre 1994) (Jonas, 2000: 

98). Era tal la amenaza de los grupos radicales que el propio CACIF, en 1994, pidió al 

gobierno que decretara estado de excepción, y una comisión del sector privado advirtió 

que se produciría una fuga de inversiones si persistía la impunidad (REMHI, 1998: 

III.332). En cierto modo, ya era evidente que había mucho dinero en juego, 

especialmente por la privatización de servicios públicos y de algunas de las principales 

empresas públicas del país en el sector de las comunicaciones y la banca tales como la 

Empresa General de Telecomunicaciones GUATEL, la Línea Aérea Guatemalteca 

(AVIATECA), el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi), la Empresa de Ferrocarriles 

de Guatemala (FEGUA), y algunas concesiones de redes de carreteras, entre otros. A 

esto había que añadir el financiamiento internacional que estaba dispuesto a ofrecer el 

Grupo Consultivo,
72

  y la entrada de MINUGUA a finales de 1994 que con su estructura 

de funcionarios y programas representaba tan sólo “un anticipo en especie” (Jonas 2000: 

104). 

 

                                            
72 Inicialmente unos 120 millones de dólares, aunque finalmente fue más. 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 



 

 

 

 

127 

 

 

Conseguir la paz, por tanto, iba a ser cuestión de meses; a pesar de las masacres que se 

cometieron, como la de Xamán Alta Verapaz, en octubre de 1995, donde once 

refugiados retornados fueron asesinados; a pesar del secuestro de la señora Novella en 

octubre de 1996, resuelto de una manera rápida y turbia, y que golpearía directamente el 

proyecto político de la guerrilla en la democracia; a pesar del informe de la CIA que 

vinculaba a uno de sus funcionarios con el asesinato de Efraín Bamaca y Michael 

Devine -lo cual dejaba a los militares sin el respaldo de Estados Unidos del que habían 

disfrutado hasta entonces. Las Agencias de Naciones Unidas presionaron para que el 

Acuerdo se firmase antes de que concluyera el año ya que, de lo contrario, no habría 

compromisos para la programación presupuestaria del siguiente año (REMHI 1998: 

III.352). El último de los documentos, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, será 

firmado en Guatemala el 29 de diciembre de 1996.  

 

Tres meses antes, en octubre, se había firmado el Acuerdo de fortalecimiento del Poder 

Civil, uno de los temas centrales del proceso de paz y por el cual se creaba la Policía 

Nacional Civil, se reestructuraban los aparatos de inteligencia y el Estado se 

comprometía a reconvertir el Ejército a las necesidades de un país en época de paz, lo 

cual incluía la reducción de sus efectivos, la reducción del presupuesto y la 

reorientación de sus funciones exclusivamente en las áreas de seguridad exterior. Como 

una forma de amortiguar el golpe que todo esto representaba para el Ejército, se 

tendrían que aprobar leyes que permitieran la implementación de todos los acuerdos por 

mayoría de dos tercios del Congreso y después debían ser refrendadas por el pueblo, 

algo que nunca ocurrió. A la consulta popular de mayo de 1999 sólo acudió el 18.5% de 

la población, y ganó mayoritariamente el NO a las modificaciones constitucionales 

presentadas (finalmente más de cincuenta), entre las que estaba la modificación del 

Artículo 244 que daba potestad al Ejército en materia de seguridad externa e interna en 

el país. En definitiva, los militares quedaban moralmente debilitados pero efectivamente 

podían seguir manteniendo ciertas cuotas de poder y de control en el ámbito de la 

seguridad también interna del país.    

 

La Comisión de Esclarecimiento Histórico –CEH-, una comisión gubernamental creada 

como cumplimiento del Acuerdo de Derechos Humanos, realizaba en 1998 el ataque 



 

 

 

 

128 

 

 

más duro que se habían producido en Guatemala en contra del Ejército, acusándoles del 

90 por ciento de los crímenes y masacres, y la perpetración de genocidio contra la 

población indígena. Las conclusiones del Informe preveían que “en el caso de que el 

referéndum de mayo de 1999 no se aprobaran las reformas constitucionales que 

circunscriben el papel a ser desempeñado por el Ejército en asuntos de seguridad 

interna, el Congreso deberá realizar las acciones legislativas que correspondan para 

separar las funciones del Ejército y la Policía… limitando al más absoluto mínimo la 

participación del Ejército en el ámbito de la seguridad pública”.
73

  

 

El gobierno, por otro lado, rechazó la conclusión de la CEH de que en Guatemala había 

habido genocidio. Defendió, en cambio, que el Ejército era una institución renovada que 

se había transformado internamente y enfatizó que las recomendaciones de la CEH no 

serían vinculantes. Por último, en julio de 1997, ya con el camino despejado, el 

gobierno de Álvaro Arzú reorganizó el mando del Ejército, enviando a Otto Pérez 

Molina a Washington y destituyendo al General Balconi como ministro de Defensa 

(ambos muy activos en la negociación de los acuerdos de paz). Marco Tulio Espinosa, 

antiguo jefe del Estado Mayor Presidencial fue nombrado jefe del Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas. Por un lado, el mensaje que se daba era que la implementación de los 

Acuerdos no era una prioridad para el gobierno, mientras que por otro lado se buscaba 

mantener un “perfil bajo y proferir el discurso correcto mientras hacían lo mínimo 

necesario para cumplir con los acuerdos, esencialmente esperando que el interés en la 

paz fuera olvidado, tratando de sobrevivir o durar más que la paz” (Jonas, 2000: 280).  

 

Si bien había quedado claro que los militares, después de todo este recorrido, ya no 

tenían el poder ni contaban con el respaldo de Estados Unidos, el poco interés que 

mostrara el gobierno de Arzú con la implementación de los acuerdos -enmarañando 

todo el proceso que llevara a la consulta popular- les había dado más garantías de su 

impunidad. Las Naciones Unidas, metidas de lleno en la negociación y preparadas para 

la implementación de los acuerdos, debieron quedar perplejas ante su propio fracaso. 

                                            
73 Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, “Guatemala: Memoria del Silencio”, Capitulo Quinto: 

Recomendaciones, pág. 74. 

 



 

 

 

 

129 

 

 

5.3. Cambios en el modelo organizativo del crimen: la PNC y las 

políticas criminales de Estados Unidos 

 

Las reformas se sucedieron entonces a toda prisa y sin los debidos procesos, entre ellas 

la ley de creación de la Policía Nacional Civil –PNC-, que fue enviada al Congreso en 

febrero de 1997 para su aprobación “sin incorporar elementos clave del acuerdo de 

desmilitarización, sin buscar el aporte de la sociedad civil, ni ser aprobada por la 

Comisión de Acompañamiento que ni siquiera se había constituido” (Jonas, 2000: 289). 

La autora hace un resumen de los asuntos más problemáticos en el nuevo sistema de 

seguridad pública articulado por el gobierno de Álvaro Arzú. La PNC reincorporaría a 

22 ex oficiales del Estado Mayor Presidencial, y 180 ex agentes de la Policía Militar 

Ambulante
74

 y recicló a un elevado porcentaje de los miembros de la antigua y corrupta 

Policía Nacional, muchos de ellos involucrados en graves violaciones de derechos 

humanos cometidas durante el período de Donaldo Álvarez Ruiz, como Ministro de 

Gobernación, y sus jefes policiales. Algunas fuentes señalan que la cantidad total de 

agentes reciclados fue de entre un 60 y un 65%, muchos de los cuales ni siquiera 

realizaron el curso básico de tres meses previsto, y también se observa que la ley de la 

PNC no garantiza el carácter civil que se preveía en el Acuerdo, tanto en lo que 

concierne a la carrera policial como al funcionamiento de la Academia (López Chávez, 

2000:8,9). 

 

Muchos de los países que habían acompañado el proceso de paz estaban listos para 

apoyar una institución recién creada que representaba el eje central de la articulación del 

proyecto civil. Según enumera Denis Martínez, sólo para la PNC la lista de ayudas 

arrancó con el Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad de la CE, que 

proporcionó 31.73 Millones de Euros, entre 1998 y 2002, para entrenamiento, gestión, 

compra y mantenimiento de vehículos, construcción o rehabilitación de estaciones 

policiales y de la Academia. A esta iniciativa habría que añadir una larga lista de 

programas financiados por Noruega, Holanda, España, Suecia, la Unión Europea, Japón 

                                            
74 En enero de 1997 se produjo un levantamiento de la Policía Militar Ambulante oponiéndose a su desmovilización. El gobierno 

reaccionó postergando la medida e incorporando muchos de sus oficiales a la PNC. 



 

 

 

 

130 

 

 

y Estados Unidos, entre otros, que contribuyeron a crear varios modelos de trabajo y 

que según las fuentes consultadas en esta investigación generaron una gran dependencia 

de la institución respecto de la ayuda externa.
75

 Martínez señala que la expansión de la 

corrupción en las instituciones del Estado y la participación de funcionarios en 

actividades criminales fueron las causas del escaso impacto que tuvieron estos 

programas (Martínez, 2007:33). De esta forma, cuando se extendió la presencia de la 

PNC a las zonas rurales la institución contaba con una escasa capacidad operativa real 

para controlar un territorio en el que otros actores operaban con más legitimidad que 

ellos. A esto se añadía la escasez de recursos técnicos, falta de capacitación, dificultades 

para mantenimiento de vehículos y falta de equipos.  

 

Pero la debilidad o inoperancia de la PNC más que ser inocua contra el crimen 

organizado tuvo el efecto no esperado de mejorar su capacidad organizativa. Al hacerse 

independientes de las estructuras centralizadas, los grupos delincuenciales que operaban 

en  el contrabando en las zonas fronterizas, por señalar los más activos, encontraron en 

la PNC una forma de mejorar los mecanismos de intermediación entre el narcotráfico y 

el poder político. En palabras de un ex Ministro de Gobernación: “corromper al civil era 

más barato que corromper al militar”.
76

 Se produce entonces una mejora en el nivel de 

estructuración empresarial del crimen, una nueva fase que se caracteriza por ser un 

punto de transición en el que los militares se ubican como grupos de poder locales, se 

independizan del Ejército y están en capacidad de ser negociadores con respecto al 

Estado central a través de la recién creada PNC, colocando a sus miembros en las 

estructuras locales, regionales y nacionales, lo cual era fácil teniendo en cuenta que no 

se había producido una depuración en la institución policial.  

 

Como señala Carlos Castresana, quienes antes eran militares o estaban en estructuras 

policiales bajo el control de alguna estructura militar ahora se convirtieron en 

“Señores”, gozando de una autonomía que antes, durante el modelo militar, no tenían, y 

controlando recursos de poder y de autoridad entre la población: 

 

                                            
75 Juan Pablo Ríos (consultor) e informantes no declarados, DEIC (antigua DINC), Entrevistas personales. Febrero de 2011.  
76 Arnoldo Ortiz Moscoso, Entrevista personal 



 

 

 

 

131 

 

 

 

El que antes era jefe militar de una determinada zona territorial y pasó a 

retiro sigue teniendo sus escuadrones de la muerte, sus antiguas patrullas de 

autodefensa y no va a soltar ese territorio de donde él saca provecho. Se ha 

convertido en un señor feudal: antes había que ser militar y matar a la 

población; ahora hay que ser narcotraficante y transportar. No hay 

diferencia sustancial. (Carlos Castresana, Entrevista Personal, 23.03.2012) 

 

 

El papel de estos grupos se había ido consolidando a través de la intermediación, no del 

control anterior que antes tenían sobre los negocios. En vez de crear estados paralelos 

estos grupos forman redes “que los vinculan al sistema político y social” y a través de 

sus conexiones hacen que el crimen sea posible, al igual que ocurrió en la organización 

de las favelas de Río de Janeiro (Espach et alt. 2011:63-64). Para algunos autores, la 

razón de que los grupos del crimen organizado actúen como intermediarios y no estén 

interesados en el control directo del negocio radica en el hecho de que aún no tenían 

capacidad suficiente para poder negociar con los cárteles colombianos por sí solos y 

para pasar la droga hasta Estados Unidos dado el carácter “familiar” de las 

organizaciones en ese período.   

 

 

Generalmente se satisfacía a los grupos, familias o redes de Guatemala (a 

veces denominados simplemente, transportistas) con la ganancia modesta de 

su parte y no intentaban involucrarse en otros aspectos más lucrativos del 

comercio. En la mayoría de las regiones, este tráfico de drogas tenía lugar 

junto con otros tipos de contrabando, especialmente de personas y artículos 

esenciales (por ejemplo, arroz, gasolina), y estaban involucradas las mismas 

redes de tráfico (por ejemplo, de conductores, reacondicionadores de 

vehículos, directores de la policía, etc.) y los mismos capos. (Espach et alt. 

2011:8) 

 

Hay un segundo aspecto que contribuye al cambio en la estructuración empresarial del 

crimen en Guatemala y tiene que ver con el efecto que tuvieron las políticas criminales 

en Estados Unidos y las políticas migratorias. En los años 90 se produce lo que para 



 

 

 

 

132 

 

 

algunos fue una tercera oleada de deportaciones -ya que las dos anteriores se habían 

producido en la segunda mitad del siglo XX y en los años 80. Algunos autores estiman 

que sólo entre los años 1998 y 2004 fueron expulsados de Estados Unidos 106.826 

hondureños, 87.031 salvadoreños, 64.312 guatemaltecos y 7.745 nicaragüenses, 

(Santamaria Balmaceda, 2007:109). Se cree que muchos de los deportados podrían tener 

antecedentes penales –una cifra que podría alcanzar las cincuenta mil personas entre 

1993 y 2005, según las mismas fuentes- pero debido a la manera desordenada con la 

que se produjo este proceso de deportación, las autoridades locales no tuvieron la 

oportunidad de analizar todos los casos.  

 

A este factor, desde luego, habría que sumar otros elementos que iban a ser centrales en 

la generación de procesos de exclusión, bloqueo a la ciudadanía social (Perez Sáinz y 

Mora Salas, 2006), y privación relativa, provocados por el empeoramiento de las 

condiciones sociales y la sustitución a través de las maras o pandillas de los referentes 

identitarios que la escuela, la familia, el trabajo o la comunidad ya no proporcionan 

(Santamaría Balmaceda, 2007:105-106). De aquí que se pueda deducir que el crimen 

organizado, con las condiciones sociales que había provocado la privatización y el 

modelo de democracia empresarial que se había asentado el gobierno de Arzú, hubiera 

encontrado en la Guatemala de los años 90 verdaderos ejércitos donde podía reclutar. 

Así lo relata Carlos Castresana: 

  

  

Pregunta: ¿Y qué pasa entonces en las ciudades?  

 

Respuesta: Es el mismo conflicto transformado. Los que hoy son mareros 

hace treinta años estarían en la guerrilla o en el Ejército. Como ya no hay 

guerrilla ni Ejército, pues están en los barrios. Y ¿quién les alquila? ¿cuál es 

la actividad a la que se pueden dedicar? Pues al narcotráfico, a la extorsión. 

Es lo mismo. Es decir, si uno no llega allí con una inyección de desarrollo, 

crea oportunidades de empleo, educación, sanidad, etc. ¿qué van a hacer? Si 

es la selva. Son las mismas estructuras. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí, 

traficar con droga? Pues trafiquemos con droga. Ah, que aquí no se puede 

traficar con droga… pues aquí secuestramos, o nos dedicamos a la 

prostitución, o lo que haya. De algo tienen que vivir.  



 

 

 

 

133 

 

 

 

P: ¿En otro momento el negocio era la guerra?  

 

R: Claro, esos muchachos hubieran sido reclutados en los años sesenta para 

el ejército, para la policía o para la guerrilla. Como ahora ya no hay patrón 

pues ellos se hacen autónomos. Entonces organizan un grupo y se empiezan 

a matar entre ellos. En El Gallito, en la Ciudad de Guatemala, uno se tiene 

que hacer marero para sobrevivir. Si tú eres un niño de la calle con doce 

años y no tomas partido cualquiera de las maras te va a matar. Si te afilias a 

una de ellas esa te va a proteger y te va a matar la otra, pero a cambio de 

que la tuya te proteja tú tienes que ir a matar a la otra. Y no hay muchas 

opciones. 

 

… Si estuviéramos en los años 70 el Ejército iría a las barriadas, y agarraría 

a los adolescentes, les pondrían un uniforme y los haría soldados. Como eso 

ya no se produce pues alguien los recluta de todas formas. Y ahora son las 

maras, y se organizan al revés que la delincuencia normal. (Ibid.) 

 

 

En consecuencia, estos dos aspectos - la influencia que tiene la creación de la PNC en la 

mejora de las capacidades de articulación empresarial del crimen, unido a los cambios 

en las políticas criminales de Estados Unidos y al factor de las políticas neoliberales de 

Arzú- hacen que se confluya en un cambio en el modelo organizativo del crimen que se 

da durante el período de Arzú y que lo diferencia del modelo de otros países, como es el 

caso de México. Se trata de un modelo que ha sido creado de abajo hacia arriba y que, 

necesariamente, tiene que contar con una legitimidad social más alta que la de otros 

países para poder funcionar, dada la inestabilidad política del contexto en el que se va 

creando. Es decir, al surgir de abajo, el grado de colaboración social en el que se 

desenvuelve el crimen organizado es esencial.  

 

En los términos en los que se expresa la teoría de Kalyvas (2006) la oferta de violencia 

entre la población se encuentra con una amplia demanda que solicitan los grupos. Los 

espacios para la violencia se generan en la sociedad, en las zonas rurales que aceptan la 

“pacificación” impuesta por los Señores, o en las zonas urbanas que aceptan las 



 

 

 

 

134 

 

 

demarcaciones territoriales y el dominio de los grupos colaborando con sus estructuras, 

aunque todavía de manera informal: 

 

En México, el crimen local siempre estaba organizado desde arriba, de lo 

que se llamaban las “madrinas”, consistente en que cada comisario de 

policía le exigía… bueno era famoso el Negro Durazo, que exigía un 

soberano de oro cada día. Los jefes de policía le tenían que traer una especie 

de impuesto cotidiano, estos a su vez lo recaudaban de sus subordinados, 

estos a su vez de las comisarías, y los policías en la calle de la gente. 

Entonces era como una especie de pirámide, aquí se estaba recaudando (en 

la base) y de eso tenía que ir nutriendo a todo el cuerpo hasta llegar arriba.  

 

En Guatemala no existía esta estructura, porque existían estas otras que te 

digo, entonces la delincuencia callejera era espontánea y era desorganizada. 

Empieza a organizarse cuando Estados Unidos empieza a expulsar a las 

pandillas guatemaltecas que a su vez se habían armado para combatir los 

grupos mucho más poderosos mexicanos, y afroamericanos también, en los 

suburbios de Los Ángeles, inicialmente, y luego en las otras ciudades, 

básicamente las ciudades latinas, entre ellas Chicago. Empiezan a expulsar 

jóvenes guatemaltecos, que ya traen una lección de organización aprendida.  

 

… Y luego tienes un ámbito rural que, efectivamente, es mucho menos 

violento porque se ha vuelto a las estructuras tradicionales y eso da paz. O 

sea, el señor en su explotación de azúcar en la costa del Pacífico, que 

controla un territorio que es casi como una provincia, allí es la autoridad. 

Ese no es el Estado. Es él quien pone orden, es el que dirime los conflictos, 

es el que asigna las funciones, es el que distribuye los recursos… y mientras 

que la gente coma y trabaje pues hay una situación de “no conflicto”, o de 

conflicto reconducido por vías pacíficas. 

 

P: En el área rural la Policía solamente interviene cuando le piden desde 

Guatemala que intervengan, pero van con mucho miedo porque ellos no 

saben qué pueden hacer y son conscientes del riesgo que corren, en 

muchos casos riesgo de muerte. 

 

R: Es que no tiene casi presencia. 

 

P: En cambio en el área urbana ¿la policía cumple otro papel? 



 

 

 

 

135 

 

 

 

R: Es que el área urbana ahora es la zona en disputa, por eso es más 

violenta. Es decir, el orden rural donde están los grandes terratenientes es 

pacífico porque está bien organizado. Incluso las áreas del narco son 

pacíficas. Los empresarios cultivan cualquier tipo de productos agrícolas. 

No importa que no sea el Estado, hay unas reglas que se hacen respetar. Hay 

turismo… y eso todo funciona. Entonces, ¿dónde hay más violencia? En la 

ciudad de Guatemala, porque ese sí es un territorio abierto, ahí no hay una 

autoridad: hay un poco de ejército, un poco de policía, un poco de alcalde, 

un poco de gobierno, un poco de maras y un poco de narcos. Entonces, 

claro, aquello es una olla en ebullición porque nadie impone las reglas y, 

por lo tanto, nadie sigue las reglas. Y hay choques todo el rato, y esos 

choques siempre se resuelven violentamente porque no hay otra manera de 

resolverlos. (Ibid.) 

 

 

 

5.4. Conclusiones del capítulo 

 

Cuando se firmó la paz, en Diciembre de 1996, las condiciones internacionales habían 

cambiado; la paz era, en sí misma, un elemento del nuevo contexto internacional. Los 

militares habían salido en una posición poco favorable en el nuevo esquema de 

postguerra, y el intento de asalto al poder –que plantearon como un recurso desesperado 

para evitar la paz y derrotar a la guerrilla (Porras, 2011:425)- no convenció ni a los 

sectores empresariales ni a los apoyos internacionales. En los años transcurridos durante 

la negociación se dieron las condiciones internacionales para que sectores internos más 

modernizantes tuvieran más facilidades para despejar el camino hacia la paz y, a la vez, 

desplazar al sector duro del Ejército y la oligarquía tradicional. 

 

Pero la institucionalidad de la postguerra tenía que asentarse sobre un Estado 

desarrollista que no se había consolidado y que había sido lo suficientemente violento 

para generar legitimidad prácticamente sólo por la vía de la fuerza. Los grupos 



 

 

 

 

136 

 

 

desplazados –ahora fuerzas antisistema- encontraron también condiciones externas 

ideales para su desarrollo en dos aspectos: por un lado, las políticas criminales de 

Estados Unidos estaban expulsando a jóvenes preparados en la criminalidad y que 

nutrían los barrios populares del área metropolitana, a lo que se sumaba el efecto de las 

políticas sociales del gobierno de Arzú que haría más fácil y barato reclutar a estos 

jóvenes para el crimen organizado. Las fuerzas antisistema y los sectores que no 

encontraban en el gobierno garantías para dedicarse a los lucrativos negocios a los que 

se dedicaban siempre -el gobierno intensificó el papel del Ministro de Gobernación y la 

PNC recibió un respaldo total durante el período de Álvaro Arzú, a pesar de no estar 

depurada- vieron en el transporte de droga la base de su autonomía y de su poder 

territorial. 

 

La salida de estos grupos militares del sector público se hace muy larga también en el 

tiempo, y además se resuelve de manera contradictoria: de los apoyos de Vinicio 

Cerezo, y Jorge Serrano Elías, a las amenazas al estatus quo que se produjeron con 

Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú, todas las formas de lidiar con el Ejército son 

siempre tibias, nunca en un enfrentamiento directo. Los casi diez años de negociación 

de los Acuerdos de Paz fueron aprovechados por algunos grupos militares para su 

recomposición interna y para realizar la intermediación entre el poder político y el de 

los grupos de contrabando y narcotráfico. Fue también tiempo suficiente para que se 

reorganizara la delincuencia de abajo hacia arriba, de una manera completamente 

distinta a como había ocurrido en México, con una transformación de los mecanismos 

de la violencia que se produce por cambios en la base y no tanto en la cúspide de la 

pirámide. 

 

El proyecto de Álvaro Arzú seguía teniendo los pies de barro y representaría una 

segunda decepción en lo que se refiere al fracaso de los gobiernos civiles, casi igual a la 

que representó el gobierno de Vinicio Cerezo. Guatemala seguía sin haber encontrado 

un PRI mexicano postrevolucionario, ni una ARENA salvadoreña en torno a la cual 

aglutinar a los sectores empresariales. El sector privado modernizante seguía estando 

igual de poco cohesionado que lo estaba antes la oligarquía agraria tradicional, puesto 

que tanto unos como otros hicieron poco por apoyarse en un sector de la clase media y 



 

 

 

 

137 

 

 

en estructuras públicas de gobierno muy debilitadas. Más bien, al contrario, el gobierno 

de Álvaro Arzú fomentó la privatización y puso a un lado las reformas profundas que 

hacían falta en el área rural, o la urgencia de integrar en un proyecto nacional no 

segregador a un sector no ladino que representaba más de la mitad de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

139 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS: 

EL GOBIERNO DE ALFONSO PORTILLO (2000-2004) 

 

 

 

 

6.1. La descapitalización 

 

Decir que en el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco –FRG- (2000-2004) 

había una fractura entre quienes estaban más alineados con el Presidente, Alfonso 

Portillo, y quienes estaban más cerca del Presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, 

no es decir mucho; tal y como se ha venido observando, la fragmentación y la debilidad 

institucional han sido la tónica dominante en la historia política, social y económica de 

Guatemala. Las fracturas, de hecho, eran múltiples y la dinámica de gobierno no difería 

de otras anteriores por las que había ido consolidando un sistema público desprovisto de 

la capacidad gestora y reguladora, así como falto del capital necesario para hacer frente 

a todas las presiones internas de la denominada Agenda de la Paz y las externas de la 

globalización. Como señalan algunos autores, más que una o dos fracciones los 

gobiernos del siglo XXI en Guatemala parecían representar “una hidra de muchas 

cabezas” (Sieder et alt., 2002:5). 

 

Esto, en parte, era debido a la propia estructura del ingreso y el gasto público nacida 

durante la liberalización del sistema financiero que arrancó con el gobierno de Jorge 

Serrano Elías (1991-1993) y que continuó Álvaro Arzú (1995-1999), según la cual al 

Estado se le prohibía pedir fondos al Banco de Guatemala, lo cual obligaba al gobierno 



 

 

 

 

140 

 

 

a recurrir al sistema bancario privado para asegurar el financiamiento de sus políticas 

públicas. Esto significaba abrir todo un abanico de posibilidades de desvíos, 

financiación ilegal o lavado de dinero, en un marco regulatorio prácticamente 

inexistente. Se experimentó así un crecimiento sin control de las instituciones 

financieras bancarias y no bancarias, amparadas en sus vínculos con el gobierno, con 

poco capital fundacional, y ajenas al precario desarrollo agrario o industrial del país. 

Guerra Borges da cuenta de un aumento “de 8 bancos en 1989 a 34 en 1998, y de 17 

instituciones financieras no bancarias a un total de 20 en el mismo período, lo cual no se 

correspondía en absoluto con una expansión firme y sostenida de la producción agrícola 

e industrial” (Guerra Borges, 2006:205). Igualmente, el autor observa que se crearon 

sociedades “con aportes de hasta 5 mil Quetzales, de los cuales 50 eran aportados hasta 

por la secretaria”, con el fin de obtener préstamos millonarios para hacer proyectos 

fantasmas (Ibid.:206). 

 

Durante el gobierno de Arzú, los ingresos del Estado provenientes de la venta de activos 

del sector de las comunicaciones y del sector eléctrico no habían revertido en mejoras 

de la productividad del sector agrario o industrial. Este último seguía utilizando en 

modelo de la maquila, con privilegios fiscales, ausencia de controles laborales, 

absorción y aprovechamiento intensivo de mano de obra, principalmente femenina, y 

con muy bajos salarios. Eran condiciones muy difíciles para la consolidación de una 

cultura industrial y menos aún para su integración en procesos competitivos globales 

(Camus, 1994:199-200). Además, con el fin de prevenir un incremento de la actividad 

especulativa mayor aún del que se había producido, en la última etapa de gobierno se 

incrementó el gasto público bajo el supuesto de que una inyección de liquidez podría 

provocar una bajada de los tipos de interés, lo cual redundaría en la concesión de más 

créditos y una mayor inversión interna (Hernández Pico, 2005:203). Esta inyección de 

liquidez no sólo no trajo más inversión sino que produjo un mayor fraccionamiento de 

los sectores especulativos y provocó la disminución del crédito, la subida de los tipos de 

interés y un crecimiento del desempleo en el sector industrial y agrario: en concreto, el 

sistema bancario prestaba menos de un 25 por ciento en conjunto a la agricultura, la 

ganadería, la industria manufacturera y la construcción, mientras que los rubros de 



 

 

 

 

141 

 

 

consumo, transferencias, comercio y otros destinos recibían el 66 por ciento (Guerra 

Borges,  2006: 207). 

 

La financiación para el gobierno se complicaba también en lo que se refería al acceso al 

a las instituciones de crédito internacional, tales como el FMI y el Banco Mundial, 

quienes venían trabajando desde el principio de la década de los noventa en el área de la 

reforma fiscal y financiera en Guatemala si bien no habían observado mejoras 

sustantivas en ningún caso. Por este motivo, y conscientes de que era importante no 

interrumpir el flujo de inversiones y préstamos internacionales a pesar de que las 

contrapartidas eran cada vez más rígidas, el gobierno se lanzó a aprobar una serie de 

medidas que podrían afectar la estructura de los mercados. Así, en cuatro años, se 

pusieron en marcha tres reformas tributarias (2000, 2001 y 2003), y en el año 2002, 

justo en el ecuador del periodo presidencial, la carga tributaria del país ya había llegado 

al 10.58 % del PIB, la más alta de la historia de Guatemala y muy cerca de la meta de 

10.75 % que el gobierno se había fijado. Se habían iniciado además políticas en el tema 

comercial con el fin de romper los monopolios de azúcar, leche, pollo y cemento, así 

como las denominadas Leyes Antievasión, pues se estimaba que entre el 37% y el 55 % 

del IVA y el 66% del Impuesto Sobre la Renta para personas y el 53% para las 

empresas eran evadidos.
77

 

 

En lo que respecta al sector financiero, el Presidente de la Junta Monetaria y el Banco 

de Guatemala, Lizardo Sosa, inició una transformación que él mismo iba a calificar de 

“radical”,
78

 la cual consistió en la aprobación de cinco leyes - la Ley de Bancos y 

Grupos Financieros, la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley de 

Supervisión Financiera y la Ley Monetaria-, que se sumaban a otras ya aprobadas sobre 

Libre Negociación de Divisas (94-2000) y Ley contra el Lavado de Dinero y otros 

Activos (51 y 67-2001). Estas leyes, en lo principal, atacaban la creación de entidades 

fantasma o con poco capital fundacional, y buscaban corregir la irresponsabilidad en las 

                                            
77 Informe de Desarrollo Humano, 2001. Guatemala: el financiamiento del Desarrollo Humano. SNU, P. 165. 
78El Banco de Guatemala es una entidad autónoma cuyo responsable es nombrado por el Presidente de la República. Las palabras de 

Lizardo Sosa fueron: “El conjunto de leyes financieras configura una reforma radical (es decir, que va hasta las raíces de todo lo 

relativo a los mecanismos de la circulación del dinero y el crédito) como la que pocas veces se produce en la historia de las 

naciones” Sosa, Discurso XXX. También, Guerra Borges escribía en el año 2002: “Se espera, ahora, que con las nuevas leyes 

financieras no haya espacio para las operaciones de esta clase de estafadores de cuello blanco”. (Guerra Borges, 2006:206) 



 

 

 

 

142 

 

 

operaciones especulativas de los bancos, fugas de capitales o auto préstamos de sus 

propietarios para sus propias empresas. Así, entre el año 2000 y 2007, el nuevo marco 

regulatorio produjo la quiebra de seis de los principales bancos del sistema -

Metropolitano, Promotor, Empresarial, del Ejército, CHN, Bancafe y Comercio- incluso 

a pesar de que algunos de estos bancos eran propiedad de aliados clave en el gobierno, 

como fue el caso de Alvarado MacDonald, empresario y financista del Presidente 

Portillo. Cayeron también otras instituciones de intermediación, se produjeron fusiones 

y absorciones de bancos –la mayoría durante el período de Oscar Berger (2005-2009) - 

y con la entrada de bancos internacionales y la regionalización de la banca local se 

consumó el proceso de globalización en el ámbito financiero (Calvaruso et alt. 2007: 

55).
79

  

 

Con todo esto se había conseguido afianzar los apoyos externos: Jean Arnault, Jefe de 

MINUGUA, felicitó al Presidente Portillo por ubicar el núcleo del problema en el 

campo fiscal, y lo mismo hizo la Embajadora de Estados Unidos en Guatemala, 

Prudence Bushnell. En el ámbito interno, en cambio, la presión era fuerte y sostenida. 

Mientras que en 1999 el Pacto Fiscal que suscribió el gobierno del PAN no había 

producido ni un sólo recurso de inconstitucionalidad,  en 2001, con el gobierno del 

FRG, se interpusieron 41 recursos de inconstitucionalidad ante el alza de tasas del IVA 

y el IEMA, de los cuales 31 provenían del sector empresarial, 3 de los partidos políticos 

y los 7 restantes de la sociedad civil. Hubo paros y movilizaciones sociales en toda la 

República, en su mayoría alentados y financiados por un sector privado organizado que 

ahora actuaba conjuntamente con sindicatos de centro y de izquierda (UGT y CGTG) y 

con la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), y se llegaron a convocar 

manifestaciones en las que participaron cerca de 20,000 participantes, como ocurrió en 

agosto de 2001, y más tarde incluso una huelga nacional. Se podía decir que los 

                                            
79 “Con vigencia a partir de 2003, se legalizó el reintegro al Banguat de su déficit de operación, también llamado déficit cuasi fiscal, 

por medio del cual perdió cerca de Q20 mil millones sin presupuestar el déficit previamente, en el período 1982 al 2007. En 2003 se 

realizó la fusión por absorción del Banco del Ejército y del Banco Nor Oriente, por el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. 

La Junta Monetaria autorizó 12 grupos financieros amparados en la nueva Ley de Bancos. En 2004 se capitalizó el Fondo de 

Protección del Ahorro y el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, por US$50 millones, con un crédito del Banco Mundial”. 

En Prensa Libre, 15.06.2011 “Portillo y el hundimiento del pacto fiscal”. http://www.prensalibre.com/economia/Portillo-

hundimiento-pacto-fiscal_0_499750025.html 

http://www.prensalibre.com/economia/Portillo-hundimiento-pacto-fiscal_0_499750025.html
http://www.prensalibre.com/economia/Portillo-hundimiento-pacto-fiscal_0_499750025.html


 

 

 

 

143 

 

 

empresarios habían logrado movilizar a toda la sociedad en contra de la capitalización 

del Estado. 

 

En cualquier caso, y al margen del impacto que pudieron haber tenido en los ingresos 

del Estado, lo cierto es que la transformación del sector financiero había alterado las 

reglas del juego, y provocó una recomposición de las alianzas, especialmente en lo que 

se refiere a los cauces del lavado de dinero. Fruto de esta recomposición, algunos 

sectores militares -ávidos de revancha respecto de la firma de la paz aunque débiles en 

el contexto regional de las agendas post-conflicto- encontraron en el gobierno de 

Alfonso Portillo la oportunidad que estaban buscando bien para insertarse en las 

relaciones de los grupos empresariales y sectores gubernamentales o bien para recuperar 

parte de sus negocios. Desde este momento, los militares podían trabajar para la política 

o trabajar para el sector privado -o incluso trabajar para ambos- pero al menos volvían a 

tener trabajo, lo cual no era poco en un contexto de desmilitarización y, peor aún, 

considerando Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico les responsabilizaba 

del 85% de los crímenes que se produjeron durante la guerra.  

 

Así, por ejemplo, el general retirado Luis Felipe Miranda, fue nombrado director del 

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), poniendo en manos de estos sectores la 

seguridad interna de Guatemala, el ingreso de extranjeros al país y las políticas de 

turismo (Peacock, S y Beltrán, A. 2003:33-34). Algo similar ocurría con el control de 

puestos claves en las estructuras comerciales, tales como las aduanas, la dirección de 

ingresos de importaciones, aeronáutica civil o las direcciones portuarias: controlando las 

importaciones y exportaciones se podían hacer alianzas con los importadores que 

querían evadir impuestos y facilitar la evasión a los exportadores (Hernández Pico, 

2005: 227). En la época del General Romeo Lucas, el último periodo de gobierno 

militar previo a la transición política, sus responsables justificaban estas actividades con 

el fin de controlar las armas de fuego que pudieran llegar a la guerrilla o a  lo que 

denominaban “subversión urbana”. Normalmente estos negocios estaban articulados por 

el grupo de “La Cofradía”, una especie de fraternidad interna del Ejército, con militares 

expertos en inteligencia, vinculados a la delincuencia común y la corrupción 

administrativa, y entre los cuales se encontraba el General Ortega Menaldo, que 



 

 

 

 

144 

 

 

posteriormente sería asesor del Presidente Portillo (Peacock, S. y Beltrán, A. 2003:18-

23). 

 

Además de los movimientos propios del Ejército para garantizar su supervivencia en un 

contexto de paz, las debilidades institucionales del Ministerio de Gobernación 

contribuyeron en gran medida a que los militares fueran vistos como necesarios en 

todos los gobiernos de la democracia, incluso en la lucha contra la delincuencia común. 

Así, por ejemplo, el general Arévalo Lacs, Ministro de la Defensa del gobierno de 

Portillo, ordenó a las Comisarías de la Policía Nacional Civil que rindieran informes 

circunstanciados diarios a las bases militares, lo cual provocó la subordinación del 

Ministerio de Gobernación, y eso a pesar de que estaba dirigido por el ex-mayor de 

inteligencia militar Byron Barrientos quien había tenido que dejar el Ejército por 

participar en uno de los frustrados golpes contra Vinicio Cerezo.  

 

A esto se unía toda la lógica de las represalias, como fue el caso del atentado contra el 

General Balconi, en Diciembre 2002, quien como Ministro de Defensa de Arzú estuvo 

al frente de la operación contra la banda de Alfredo Moreno y a quien se 

responsabilizaba de la desastrosa inversión de capital del Banco del Ejército en la Bolsa 

de Rusia, lo cual puso en peligro hasta los fondos de pensiones del Instituto de 

Previsión Militar.
80

 También fue una represalia el secuestro durante setenta y dos horas 

del Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Lizardo Sosa, en 

febrero del 2002. El secuestro se produjo cuatro meses antes de la aprobación del 

paquete de leyes financieras, y seis meses después de que fueran presentadas a debate 

por primera vez las medidas en el Congreso.
81

 Y, por último, el atentado contra el Fiscal 

General Carlos de León Argueta, dos meses después de que se iniciara la investigación 

contra el general Ortega Menaldo, el coronel Salán Sánchez, el coronel Rojas Méndez y 

otros dos oficiales retirados del Ejército – el general Manuel Antonio Callejas y 

                                            
80Las pérdidas se estimaban en 120 Millones de Quetzales. Después de este atentado vino el Asesinato del ex presidente del 

Congreso –y después finquero- Lobo Dubón, y más tarde el asesinato del Magistrado Héctor Rodríguez, el cual tenía sobre su 

escritorio asuntos sobre contratos lesivos al Estado. (Hernández Pico, 2005:498) 
81 

Algunos sectores atribuyeron este secuestro al empresario Alvarado MacDonald, como represalia por la nacionalización de sus 

bancos. 



 

 

 

 

145 

 

 

Callejas, y el general Mario Roberto García Catalán – por sus presuntas conexiones con 

el crimen organizado (Peacock, S. y Beltrán, A. 2003:149). 

 

 

 

6.2. Ruptura de la intermediación 

 

A estas alturas, el Ejército estaba muy fragmentado y era muy difícil de controlar; 

menos aún por el general Ríos Montt, Presidente del Congreso y líder del FRG, no sólo 

por sus conflictos con la institución militar que venían del pasado sino por sus manejos 

presentes. Así, por ejemplo, los nombramientos del general Enrique Ríos Sosa y el 

coronel Alfredo Augusto Rabbé Tejada –el primero hijo de Ríos Montt y el segundo 

hermano del Ministro de Comunicaciones- como comandantes de la Brigada Militar 

Mariscal Zavala y de la Zona Militar No. 302 de Chimaltenango, respectivamente, 

provocaron un gran malestar en las estructuras jerárquicas, dado que no se había tomado 

en cuenta la trayectoria de otros militares con mejores expedientes. El mensaje que se 

transmitía con estas acciones era que las reglas del juego no eran institucionales y que la 

carrera no importaba más que la política. Por otro lado, el Presidente Portillo anunciaba 

al principio de su mandato la supresión del Estado Mayor Presidencial - otro 

compromiso de los Acuerdos de Paz – la cual no se llegó a producir sino hasta el final 

del período, en octubre de 2003- y nombró a un civil progresista, Edgar Gutiérrez, como 

director de la Secretaría de Análisis Estratégico (SEPAZ, 2011:85-95). 

 

La imbricación de las estructuras militares con las estructuras políticas preocupaba a 

algunos países, principalmente Estados Unidos, y especialmente por la posible 

utilización de los recursos gubernamentales y el control que el FRG tenía de la mayoría 

del Congreso para la consolidación de actividades ilícitas. Con los cambios en las 

relaciones cívico-militares del gobierno de Portillo, se podría estar produciendo una 

ruptura en la intermediación del crimen que se había ido formando en el período de la 

transición a la democracia, y se estaba promoviendo una relación directa de los 

narcotraficantes y del crimen organizado en la política. De hecho, la reacción que tuvo 



 

 

 

 

146 

 

 

Estados Unidos fue descertificar al país en lo relativo a sus políticas y efectividad de 

lucha contra la droga
82

 y en la retirada de visados de prácticamente toda la estructura de 

poder del gobierno de Alfonso Portillo:  

 

 

“Entre las personas a las que se les negó la entrada en EEUU está el 

general Francisco Ortega Menaldo; el banquero Alvarado MacDonald y sus 

hijos; César Medina Farfán quien presuntamente estuvo implicado en 

malversaciones en el ministerio de Gobernación y tomó prestado el avión 

presidencial para realizar negocios turbios en Panamá; José Armando Llort, 

por su administración corrupta del Crédito Hipotecario Nacional (CHN); el 

ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Pública (MICIVI) 

Luis Armando Rabbé, por su presunta implicación en un escándalo de 

corrupción relacionado con 20 millones de dólares; el ex ministro de 

Finanzas Manuel Maza Castellanos, por la contratación anómala que realizó 

al MICIVI; y Adolfo Lacs Palomo, por su apropiación ilegal de acciones en 

el Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Varios meses después fueron 

añadidos en la lista, el general Manuel Antonio Callejas y Callejas y el 

coronel Napoléon Rojas Méndez por sus implicaciones en narcotráfico y en 

el crimen organizado. A mediados del 2003, el gobierno de Estados Unidos 

revocó las visas a seis personas sindicadas en la estafa millonaria al 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) incluyendo al ex 

presidente del Seguro Social Carlos Wohlers y Jorge Mario Nufio, ex asesor 

del FRG y del general Ríos Montt. Para marzo de 2004, la lista había 

crecido aún más. Entre los nuevos ingresados a ésta se encuentran, el ex 

recaudador de impuestos Marco Tulio Abadío, ex contralor general de 

cuentas Óscar Dubón Palma, el ex secretario privado de la Presidencia Julio 

Girón, el ex vicepresidente Francisco Reyes López y su hijo Juan Francisco 

Reyes Wild, y el ex mandatario Alfonso Portillo. (Peacock, S. y Beltrán, A. 

2003; 77)” 

 

 

La ruptura de la intermediación llevó a una composición diferente del crimen 

organizado: mientras que antes los grupos antisistema se mantenían fuera del alcance 

                                            
82 Si bien la urgencia de la firma de un TLC que se iba complicando para Estados Unidos en toda la región les llevó a volver a 

certificarles tan sólo siete meses después. 



 

 

 

 

147 

 

 

del Estado ahora formaban parte de él puesto que tenían un pie en las estructuras 

reguladoras del gobierno y en los grandes grupos empresariales, y otro pie en las 

estructuras gestoras y ejecutoras (funcionarios de segundo nivel y militares), la cual 

variaba dependiendo del flujo de intereses y equilibrios. Estos grupos establecieron 

relaciones en el nivel central, ya fuera comprando leyes o favoreciendo 

circunscripciones de los diputados en las zonas del tránsito de la droga. Así lo relata 

Carlos Castresana: 

 

 

P: ¿Hay alguna conexión entre el campo y la ciudad a nivel del crimen 

organizado? 

 

R: Sí, claro. Eso sí es una red tupida de intereses que son miles de acuerdos 

y de desacuerdos que dan lugar muchas veces a reacciones de violencia. 

Claro que hay. Hay familias territoriales, que como te digo, lo mismo les da 

traficar cocaína que cultivar melones, o sea que mientras que haya algo que 

se pueda vender bien y que dé beneficios, que es de eso de lo que se trata. Y 

controlar tu territorio, porque allí el Estado son ellos. Luego tienen políticos 

en nómina y tienen acuerdos con el comisario de policía de no sé qué área, y 

con un general que es el que controla el transporte por la carretera o por el 

paso de la droga. Luego hay alianzas y cuando esas se rompen se rompen 

también siempre con violencia. Y hay financiación de los partidos, por parte 

de los narcos, por parte de los empresarios… a veces las leyes en el 

Congreso de Guatemala se venden. 

 

 

También podía actuarse retrasando leyes que, de haber sido aprobadas antes, habrían 

controlado mejor la extensión y el accionar del crimen en todo el país. Así, por ejemplo, 

no será sino hasta el año 2006 que se aprueba en Guatemala una Ley contra el Crimen 

Organizado, y no será sino hasta el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) que se 

aprueban la Ley de Servicios de Seguridad Privada, la Ley de Armas y Municiones y la 

Ley de Extensión de Dominio, prácticamente diez años después de que se hubieran 

iniciado las gestiones en el Congreso. 



 

 

 

 

148 

 

 

La ruptura de la intermediación llevó, por tanto, a que muchos conflictos internos de los 

propios empresarios derivasen en problemas de Estado,
83

 y también explica que el 

gobierno de Portillo fuera conocido como “la puerta giratoria”, dada la elevada rotación 

de los titulares en sus cargos: en tres años hubo cinco ministros de economía, cuatro 

ministros de defensa, gobernación y agricultura, y tres ministros de comunicaciones.
84

  

 

 

Tabla 7: Directores de la Policía Nacional Civil desde 1996 hasta 2008 y  

duración en el cargo (meses) 

 

Angel Conte Cojulum  Arzú 29 

Baudilio Portillo Merlos Portillo 5 

Fredy Enrique Flores Lemus Portillo 1 

Mario René Cifuentes  Portillo 2 

Rudio Lecsan Mérida Herrera Portillo 7 

Eunio Rivera Cardona Portillo 10 

Luis Arturo Paniagua Galicia Portillo 10 

Raúl Manchamé Portillo 8 

Oscar Raúl Segura Sánchez Berger 6 

Gustavo Adolfo Dubón Gálvez Berger 4 

Edwin Johann Sperisen Vernon Berger 32 

Julio Roberto Hernández Chávez Berger 6 

Isabel Mendoza Agustín Berger 6 

 

Fuente: Dabroy, J. (2009) “La importancia de la labor de inteligencia criminal en Guatemala”,  

RESDAL, Buenos Aires 

 

 

Por otro lado, la creación de estructuras paralelas, la vinculación de empresarios, 

militares y políticos era también una respuesta a las propias necesidades de alimentación 

                                            
83

 . Tal fue el caso de la familia Castillo y el litigio de la Cerveza Brahva, la familia Gutiérrez-Bosch y el conflicto con su tío Arturo, 

o el caso de la familia Novella. (Fuente no revelada). 

84 Sólo entre el año 2000 y 2004 los movimientos en los Ministerios de Gobernación, Defensa y Policía Nacional Civil fueron: 

Ministros de Defensa: Juan de Dios Estrada (enero 2000 – noviembre 2000) Gen. Eduardo Arévalo Lacs (noviembre 2000 – 

noviembre 2001) Alvaro Leonel Méndez Estrada (noviembre 2001 – agosto 2002) Gen. Robin Macloni Morán Muñoz (agosto 2002 

– enero 2004) Ministros de Gobernación: Mario Guillermo Ruiz Wong (enero 2000 – julio 2000) Byron Barrientos (agosto 2000 – 

noviembre 2001) Gen (r) Eduardo Arévalo Lacs (noviembre 2001 – julio 2002) Adolfo Reyes Calderón (julio 2002 – enero 2004). 

(Peacock, S. y Beltrán, A. 2003:49) 



 

 

 

 

149 

 

 

de la hidra de múltiples cabezas. Dicho en otros términos, de nada servían las leyes 

bancarias y si no cambiaba la estructura de gasto del gobierno, el principal acreedor de 

los bancos. En el Informe Calvaruso-Feliciani-Stein (2007), se subraya entre otras 

cuestiones la desproporción de gasto que existe entre el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, y el MAGA que ejecutan el 25.6% del total (el 48% de la 

porción que le toca directamente al Ejecutivo), respecto de otros 11 Ministerios que en 

su conjunto sólo ejecutan el 3.5% de la inversión pública. 

 

 

Tabla 8: Resumen de la inversión propuesta proyectada para 2007 

 

Entidad millones de Q
85

 

Municipalidades 3,587 

Ministerio de Comunicaciones 2,805 

Secretarías y otras dependencias 1,810 

Consejos de Desarrollo 1,067 

Ministerio de Agricultura  839 

Entidades no dependientes del Ejecutivo 461 

Los otros 11 Ministerios 384 

TOTAL 10,953 

Fuente: Calvaruso et alt., 2007:33-34 

   

 

 

 

 

                                            
85 En el año 2007 la tasa de equivalencia del dólar estadounidense respecto del queztal era de aprox. 1 Dólar = 8 Q.  



 

 

 

 

150 

 

 

Tabla 9: Inversión pública 2007 asignada a Ministerios y Secretarías 

 

Entidad Total 2007 (Q) 

Ministerio de Comunicaciones 2,805,460,681 

Secretarías y otras dependencias 1,061,558,760 

Ministerio de Agricultura  839,454,521 

Ministerio de Gobernación 116,581,842 

Ministerio de Cultura y Deportes 107,567,082 

Ministerio de Salud Pública  47,327,736 

Ministerio de Economía 33,080,764 

Ministerio de Educación 26,821,273 

Ministerio de Relaciones Exteriores 13,681,854 

Ministerio de Trabajo 10,500,000 

Ministerio de Finanzas Públicas 9,136,080 

Ministerio de Energía y Minas 7,344,680 

Ministerio de Ambiente   7,000,000 

Ministerio de la Defensa 4,892,568 

Presidencia 185,000 

Fuente: Calvaruso et alt., 2007:33-34 

   

 

El control del Ministerio de Comunicaciones se prestaba a numerosos casos de desvío 

de fondos y alteraciones en el caso de mercados estratégicos como era, por ejemplo, la 

televisión. Así, el empresario mexicano Ángel González, cuñado del Ministro de 

Comunicaciones del gobierno de Portillo, Luis Rabbé, se hizo con el control de los 

cuatro canales privados de televisión que hay en Guatemala, violando cláusulas 

constitucionales contra los monopolios y la participación extranjera en la propiedad de 

los medios. Este Ministro fue acusado también del desvío de más de mil millones de 

quetzales a través del programa Caminos de la Oportunidad, carreteras que a pesar de 



 

 

 

 

151 

 

 

haber sido pagadas al final no se habían construido o estaban sobrevaloradas. El 

Ministerio, además de gestionar toda la obra pública –lo que en Guatemala significaba 

tener una influencia decisiva en un monopolio como el del cemento-, controlaba 

sectores igualmente críticos tales como las concesiones radioeléctricas (lo cual generó 

muchos conflictos derivados del otorgamiento de frecuencias de radios comunitarias) o 

la definición de pautas para obtener acceso a la información del Estado. Por contraste, 

se puede observar una asignación presupuestaria considerablemente más baja en un gran 

número de ministerios que atienden problemas de primer orden en Guatemala, como es 

el caso de Gobernación, Educación o Salud, lo cual no sólo afectaba a la efectividad de 

estas políticas sino a la vulnerabilidad respecto de la penetración tanto de mercados 

ilegales (narcotráfico, en el caso del Ministerio de Gobernación y las estructuras de la 

Policía Nacional Civil) como mercados paralelos tales como el de la cooperación 

internacional o el de los Fondos Sociales.
86

  

 

 

 

6.3. La descentralización de la autoridad 

 

Los gobiernos eran el equilibrio de intereses muy fragmentados y la distribución de 

cargos y competencias agravaba el descontrol, la corrupción, duplicidades e ineficiencia 

en el gasto público. Así ocurrió con los denominados Fondos Sociales.
87

 Desde el año 

1991, el Estado había ido creando un amplio número de Fondos, todos dependientes del 

nivel central aunque ninguno de ellos tenía capacidad reguladora. Entre ellos estaban el 

Fondo Nacional para la Paz (1991), el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo 

Comunitario, el Fondo de Inversión Social (FIS), vinculado al Congreso de la 

República, el Fondo para el Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), el Fondo 

                                            
86 En el caso de la cooperación, por ejemplo, sólo en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional Civil entre el año 

1998 y 2002 intervinieron, entre otros países, España - Unión Europea (con una dotación de 31.7 Millones de Euros para los cinco 

años), Suecia, Noruega, el PNUD, Estados Unidos, Países Bajos, Japón y Taiwan. Las donaciones abordaban temáticas que iban 

desde la formación de la Policía Nacional Civil, el fortalecimiento de las áreas de investigación criminal, la lucha contra la droga, o 

directamente la donación de vehículos, equipos de computación y uniformes, entre otros. (Martínez, D. 2007). Otro ejemplo es el 

caso del Ministerio de Salud –MINSA- el cual opera a través de 99 ONGs. (Fuentes Knigh, 2011) 
87 En la Tabla 9 corresponde al rubro Secretarías y otras dependencias. 



 

 

 

 

152 

 

 

para el Desarrollo del Agro (FONAGRO), en Fondo Guatemalteco para la Vivienda 

(FOGUAVI), el Fondo Vial (COVIAL), el Fondo de Tierras y el Fondo Guatemalteco 

para el Medio Ambiente, entre otros. Esta situación se dio también con el Presidente 

Alfonso Portillo y se incrementó con el Presidente Oscar Berger, el cual mantuvo 

muchas de las Secretarías anteriores y creó adicionalmente la figura de los 

Comisionados presidenciales (Calvaruso et. alt. 2007:36).  

 

Los Fondos no sólo servían como canales de distribución y asignación de cargos 

conforme al equilibrio de los intereses, sino también como una fórmula de 

descentralización sectorial que facilitaba el trabajo de captación de recursos 

internacionales, quienes recelaban tanto de apoyar proyectos específicos que finalmente 

no trascendían las estructuras institucionales como de realizar apoyos presupuestarios o 

sectoriales a través de los Ministerios correspondientes y donde el control sería más 

difuso. Este fue, por ejemplo, el caso de FONTIERRA un fondo creado como respuesta 

a un compromiso de los Acuerdos de Paz, cuyo fin era facilitar el acceso a la tierra y 

generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través de proyectos 

productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.
88

 Para esta política, el Banco 

Mundial aprobó un monto de 23 Millones de dólares sólo para el período 1999-2002, lo 

cual generó ya desde el inicio un problema de sostenibilidad, tal y como señalan 

algunos informes.
89

 

 

Pero el problema no era sólo la sostenibilidad del Fondo en sí sino sus efectos, ya que 

había provocado el endeudamiento de campesinos que de repente se vieron ligados a 

una especie de burbuja inmobiliaria de la tierra. Muchas fincas que habían sido 

afectadas por la crisis del café del año 2000 vieron en el Fondo una salida para la venta 

de sus tierras, con lo que se producía una especie de reforma agraria vía mercado, y todo 

ello conforme a los Acuerdos de Paz. La corrupción que existía en el Fondo facilitaba 

                                            
88 Mediante la concesión de créditos para la compra-venta de tierras y el pago de subsidios para asistencia técnica y jurídica, se 

pretendía contribuir a solucionar parte del problema de la tierra y los conflictos que se habían generado históricamente, los cuales en 

el año 1999 abarcaban más de 272 mil hectáreas, e involucraban a casi 90 mil familias campesinas (Fuente: Informe realizado por la 

institución reguladora de conflictos de tierra -CONTIERRA 1999:6.) 
89 “Si la asignación presupuestaria se mantuviera a nivel de 2000 (financiada en gran parte por recursos externos) se necesitarían 25 

años para poder atender a las familias que ya presentaron su solicitud formal, y más de 40 años para atender el número de familias 

campesinas interesadas en el año 2000” (Leonhard, R. y Wolpold-Bosien, M. 2001:24) 



 

 

 

 

153 

 

 

que las tierras pudieran ser vendidas en condiciones muy favorables para los 

propietarios –con precios inflados-, y sin tener en cuenta ningún tipo de análisis sobre la 

validez legal de la propiedad dado que muchas de esas mismas tierras habían sido 

reclamadas como tierras comunales por las propias municipalidades o como propiedad 

de grupos o campesinos individuales (Brown et. alt., 2005:10). Por otro lado, los 

Fondos minaban las relaciones de los municipios con el gobierno central porque 

incurrían en conflictos de competencia, y además constituían asignaciones 

presupuestarias que bien podían haber sido asumidas por las municipalidades en el 

contexto de las políticas de descentralización que había impulsado, precisamente, el 

gobierno de Alfonso Portillo.
90

  

 

En la Tabla 10 se observa que entre 1993 y 2001, y en cada uno de los años, la suma de 

los recursos de los Fondos Sociales fue superior a la suma de las transferencias que 

recibían los Municipios. 

 

Tabla 10: Comparación entre las transferencias a las municipalidades y los recursos de los fondos 

sociales en Guatemala (Millones de Quetzales) 

   

Años 

10% 
Constit
ucional 

(1) 

IVA-
PAZ 

(2) 

Suma 
(1) y (2) 

Fondo Social 
Desarrollo 

Comunitario 
(FSDC) 

Fondo de 
Inversión 

Social (FIS) 

Fondo 
Nacional de la 

Paz 
(FONAPAZ) 

Suma 
Fondos 

1993-1997 2,262 463 2,725 816 383 590 1,789 

1998 601 454 1,055 491 366 592 1,499 

1999 671 534 1,205 551 410 350 1,311 

2000 684 689 1,373 705 454 386 1,545 

2001 896 721 1,617 734 539 587 1,860 

2002 978 1,026 2,004 711 499 424 1,634 

Total 6,092 3,887 9,979 4,008 2,651 2,929 9,588 

 

Fuente: Espitia Avilez (2007:61). Elaborado por Rocael Cardona en base a los presupuestos de ingresos y egresos del Ministerio 
de Finanzas Públicas 

 

 

                                            
90 La Ley General de Descentralización se aprobó en el año 2002. El mismo año se reemplaza también el Código Municipal en el 

que se incluye un Titulo que regula las finanzas municipales. 



 

 

 

 

154 

 

 

Esto es significativo, considerando que Guatemala tiene la presión fiscal municipal más 

baja de la región centroamericana. En términos relativos los ingresos municipales 

representan un 2% del total de los del nivel central, lo cual significa que los municipios 

apenas recaudan impuestos y dependen casi exclusivamente de las transferencias que 

reciben del Estado (IVA-Paz), complementada con la participación en otros impuestos 

(petróleo, circulación de vehículos).
91

 Esto es más problemático si se tiene en cuenta 

que El Salvador y Guatemala, países con menor autonomía de gasto e ingreso, son los 

que realizan más inversión (recursos que reciben de transferencias), es decir, son los que 

más competencias locales tienen, siendo común que la distribución y el costo de las 

competencias sea siempre un cuello de botella a resolver (Espitia Avilez, G et. alt. 

2004).  

 

En conclusión, en el año 2007, la suma de los dos rubros, el municipal -a través de 

mecanismos tales como los Consejos de Desarrollo Municipales y Departamentales, así 

como las Unidades técnicas sectoriales y municipales (CODEDES y UTMs) donde se 

iba más del 42% del total de la inversión pública- y los Fondos Sociales, daría un 

balance de un 50% al 55% de ejecución a través de administraciones locales o entidades 

temporales de un Ejecutivo que estaba ya de por sí descapitalizado. De ahí que algunos 

analistas sostengan que la política de descentralización no fue una deliberada política de 

Estado, sino más bien “una reacción a la falta de políticas públicas con capacidad para 

incidir a nivel local” (Calvaruso et alt. 2007:24).  

 

A los efectos de nuestra tesis esto tiene una consecuencia importante y es la 

coexistencia de diferentes derechos o autoridades en el territorio, con patrones de 

violencia que están asociados a cualquier tipo de actividad: desde las disputas sobre la 

tierra hasta el control de áreas protegidas. Hubo otros grupos que se adueñaron del 

territorio cuando el Estado no pudo asumir el control de la calle, y estos grupos 

distribuyen las inversiones sociales, regulan el mercado de trabajo e incluso realizan el 

control de los conflictos sindicales cuando son subcontratados por grupos empresariales.  

 

                                            
91 Esto, por ejemplo, no sucede en Costa Rica, cuyas municipalidades apenas reciben recursos del Estado y presentan, a pesar de 

ello, uno de los mayores niveles de ingreso fiscal por habitante en el ámbito local. (Espitia, G., 2004) 



 

 

 

 

155 

 

 

Un buen indicador de cómo el Estado había perdido el control del territorio lo 

constituye el hecho de que en la región del Petén, una de las más violentas de 

Guatemala, el número de denuncias que recibe el Ministerio Público sea en cambio el 

más bajo de todo el país. Lo mismo ocurre con territorios igualmente violentos como las 

zonas de la región Nororiental y Suroriental.  

 

Tabla 11: Ministerio Público. Denuncias recibidas por región y  

Fiscalías de sección, año 2009 

 

Región Número de 
Denuncias 

% 

Total 392,125 100.1 

Metropolitana 169,549 43.2 

Suroccidental 57,869 14.8 

Central 37,908 9.7 

Fiscalías de sección 32,949 8.4 

Noroccidental 23,818 6.1 

Nororiental 20,859 5.3 

Suroriental 20,793 5.3 

Norte 20,000 5.1 

Petén 8,381 2.1 

 
Fuente: Sistema Informático de Control de Casos – SICOMP-  

Ministerio Público Memoria de Labores 2010 

 

 

En todos los gobiernos de la democracia se dieron casos de lo que los terratenientes y el 

gobierno denominaban “invasiones” de fincas, y que para los campesinos no constituían 

sino una recuperación de lo que un día fueron sus tierras, las cuales fueron reprimidas 

con masacres. Durante la presidencia de Oscar Berger, por ejemplo, el caso más 

conocido fue el de Villa Linda, cuyo desalojo se saldó con la muerte de nueve 

campesinos, cuatro policías y más de cincuenta personas heridas. También hay ejemplos 

de asesinatos de campesinos a manos de “pandillas paramilitares” organizadas por 

empresarios o finqueros, como fue el caso de la multinacional Del Monte que contrató a 

un “grupo privado de seguridad” de la familia Mendoza –acusada por Estados Unidos 



 

 

 

 

156 

 

 

de tráfico de droga y también por el Presidente Colom- para accionar contra el sindicato 

SITRABI, en medio de las negociaciones sobre mejoras salariales y el despido de 900 

trabajadores. Desde 1999 hasta la fecha, ya con el gobierno de Álvaro Colom, el 

sindicato ha sido objeto de ataques e intimidaciones que llegaron incluso al asesinato de 

varios sindicalistas y miembros de la Junta Directiva.
92

 Igualmente, están los casos de 

Erwin Haroldo Ochoa, asesor legal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

(CONAP) y de su ayudante Julio Armando Vásquez, después de haber recibido 

amenazas de muerte por investigar actividades ilegales antiecológicas de la compañía 

petrolera Basic Resources en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, 

Petén, y por sus protestas contra la deforestación ilegal en Izabal para la construcción de 

una pista de aterrizaje del narcotráfico, durante el gobierno de Alfonso Portillo. Y sería 

largo desarrollar todos los casos de los asesinatos de políticos y líderes municipales 

ocurridos durante los períodos de campaña. 

 

 

6.4. Conclusiones del capítulo 

 

Durante la primera década del siglo XXI, tanto la agenda económica como la de 

seguridad, junto con una residual agenda social circunscrita a lo establecido en los 

Acuerdos de Paz, se fueron construyendo en torno a la desarticulación del Estado. En 

ello influyó la presión de los mercados globales pero también las presiones internas para 

la descapitalización de un Estado que era incapaz de generar recursos propios, con una 

presión fiscal que no llegó al 11% ni en sus mejores momentos. Ni el gobierno del 

Presidente Alvaro Arzú ni los gobiernos posteriores se preocuparon por desarrollar una 

nueva clase media o fortalecer la ya existente mediante la generación de procesos de 

industrialización y de mayor valor añadido que hicieran posible que el fraccionalismo se 

                                            
92 Sobre este conflicto ver reportaje “Del Monte contrató a los Mendoza para intimidar a sindicalistas, según denuncia”, en Plaza 

Pública 8.08.2011 en http://plazapublica.com.gt/content/del-monte-contrato-los-mendoza-para-intimidar-sindicalistas. Por señalar 

uno entre muchos este fue el caso del asesinato de Rosa Pec y la desaparición de Carlos Coc, ambos de comunidades de El Estor, 

durante la Presidencia de Arzú. (Hernández Pico, J. P. 435) 

 

http://plazapublica.com.gt/content/del-monte-contrato-los-mendoza-para-intimidar-sindicalistas


 

 

 

 

157 

 

 

estabilizara políticamente –un sistema estable de partidos-, y que pudiera eventualmente 

rebajar los niveles de conflicto. 

 

Más bien al contrario, el modelo económico que se instauró fue principalmente 

especulativo, mediante el reparto de los dividendos de la privatización y desregulación 

de los mercados financieros entre los grupos de interés quienes, a partir de ese momento 

y ante el abandono del Estado, van a tratar de competir también por la propia regulación 

de los mercados. Esta situación sería aprovechada por algunos sectores del Ejército 

quienes, amparados por la Constitución en su capacidad de prestar seguridad también en 

los asuntos internos, bien retomaron las estructuras de inteligencia o bien se vincularon 

con el sector privado tratando de recomponer estructuras legales y paralegales 

relacionadas con el comercio, las aduanas, el lavado de dinero, o la seguridad. 

 

Los gobiernos son tan débiles que desarrollan estructuras muy fragmentadas con el fin 

de poder representar intereses sectoriales diversos, y tanto los Fondos Sociales como las 

Secretarías y Comisionados Presidenciales se prestan a estos servicios, generando más 

burocracia, ineficiencia y corrupción. El cuerpo del Estado se ha fragmentado tanto que 

apenas es capaz de controlar y articular el desarrollo territorial, dar vías sostenibles para 

el desarrollo de las competencias municipales. Esto hace que se devalúen los servicios a 

la población, entre ellos el tema de la seguridad, el cual empieza a ser tomado por 

estructuras paralelas tales como las Patrullas de Autodefensa Civil, comités de 

seguridad de los barrios, los finqueros y terratenientes o, en corredores de tránsito de 

drogas por los propios narcotraficantes -ya en conexión con el poder político y con la 

ciudad, en un nuevo nivel de estructuración empresarial del crimen organizado- cuyo 

negocio les permite comprar las débiles voluntades locales.  

  



 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
 A

 R
 T

 E
  
 I

 I
 I

 



 

 

 

 

160 

 

 

  



 

 

 

 

161 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

PERSISTENCIA: LA NIVELACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

 

 

 

7.1. La cúpula policial de Óscar Berger (2004-2008): el reverso de 

una misma moneda 

 

Durante el periodo de gobierno de Alfonso Portillo se había vivido en Guatemala una 

fase de mejores perspectivas para ciertos sectores del Ejército con respecto a la etapa de 

Arzú, a lo que se unió un anuncio de resarcimiento hacia los antiguos miembros 

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por los servicios prestados a los gobiernos 

militares en la guerra, si bien no llegó a hacerse del todo efectivo hasta el gobierno de 

Oscar Berger (2004-2008). Esto también se corresponde con un incremento 

presupuestario en la partida de Investigación Criminal (DINC) y con el apoyo de otro 

tipo de estructuras ciudadanas para la “prevención comunitaria del delito”, como fueron 

las Juntas Locales de Seguridad, las cuales constituían una forma de recuperar las 

anteriores estructuras de los Comisionados Militares. Como señala el Ex Ministro, 

Arnoldo Ortiz Moscoso: “eran jóvenes que de repente se encontraban con la 

autorización y el apoyo para portar armas, tener la autoridad. Aunque el alcalde 

existiera y hubiera sido electo, la nueva autoridad era el comisionado militar, quien 

podía decidir qué era legal y qué no lo era; incluso podía decidir sobre la vida y la 

muerte”.
93

 Es algo que tuvo efectos en la desestructuración de la sociedad guatemalteca, 

sobre todo en la organización comunal, desde el momento en que arbitrariamente las 

                                            
93

 Arnoldo Ortiz Moscoso, Ex Ministro de Gobernación de Guatemala. Entrevista personal, Enero 2012. 



 

 

 

 

162 

 

 

autoridades tradicionales y también las autoridades formales (alcaldes, jueces y policías) 

fueron suplantadas por otro tipo de autoridad paralela que actuaba con total 

impunidad.
94

 

 

Estos aspectos podrían reforzar las tesis sobre la militarización de las políticas de 

seguridad que fueron formuladas por algunos teóricos desde finales de los años 90 

(Schirmer, 1999; Kincaid, 2001), si no fuera porque en el gobierno de Oscar Berger se 

experimentó un nuevo giro en las relaciones cívico-militares y en el ámbito de la 

seguridad democrática. Por un lado, Berger nombró como Comisionado de Defensa y 

Seguridad de la Presidencia al General Otto Pérez Molina, que fuera conocido como 

“general de la paz”, cargo que ocupó durante tan solo cuatro meses. Por otro lado, alejó 

a los militares de las cuotas del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, la 

SAE (Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia) y la SAAS, (Secretaría de 

Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia), esta última quedando en 

manos un israelí promotor de empresas privadas de seguridad.
95

 

 

Pero influidos por el contexto regional y urgidos en la necesidad de dar respuesta 

inmediata a los problemas de la violencia el gobierno comenzó a formular y aplicar 

políticas “de mano dura”, medidas principalmente dirigidas a facilitar la persecución y 

el encarcelamiento de jóvenes pandilleros. En Guatemala, estas políticas no llegaron a 

adquirir rango legislativo tal y como sí ocurrió, por ejemplo, en El Salvador, pero sí 

determinaron el incremento de la antigua práctica de los patrullajes conjuntos entre 

efectivos del Ejército y de la Policía Nacional Civil.
96

 Según algunas entrevistas, los 

patrullajes conjuntos se convirtieron en una situación complicada incluso para los 

militares, con muchos problemas de coordinación en el mando, y problemas 

conceptuales en el diseño puesto que el concepto mezclaba dos aspectos de seguridad 

                                            
94 Para algunos autores, estas organizaciones paramilitares que buscaban el control de la población resurgieron durante la 

democracia sin que existiera ninguna relación con el incremento del crimen, pobreza o problemas institucionales, sino más bien 

como mecanismos históricos de defensa contra las amenazas potenciales, así como un mecanismo de refuerzo de diferenciación 

social que tienen más confianza en la seguridad que brindan los militares que en la que brinda el sector civil (Argueta, 2010;31). 
95

 Informe de Análisis, Fundación DESC. El ejército en la época de Berger. Guatemala, 16.02.2010  Disponible en 

http://informeguatemala.org/articulo/El_Ejercito_en_la_epoca_Berger___-1853/?print 

96 El gobierno de Berger anunció la creación de un Grupo Especial de Reacción o fuerza de tarea conjunta con independencia para 

actuar en todo el territorio nacional, en la que participaban 500 soldados a los que se les dio un curso de capacitación de 30 días y 

512 efectivos de la PNC (Ranum, 2006:44). 

http://informeguatemala.org/articulo/El_Ejercito_en_la_epoca_Berger___-1853/?print


 

 

 

 

163 

 

 

que eran contrapuestos.
97 Por otro lado, el presupuesto destinado a la defensa nacional 

se iba reduciendo año tras año para alcanzar los compromisos adquiridos en los 

Acuerdos de Paz. Así, entre los años 1995 y 2005 el gasto militar había pasado de un 

considerable 10.5% a un 3.0% del porcentaje del gasto público,
98

 con un paréntesis de 

los tres primeros años del gobierno de Alfonso Portillo en los que se intentó ralentizar 

esta tendencia.  

 

Se podría decir, en definitiva, que durante el gobierno de Oscar Berger se estaba 

solicitando un apoyo simbólico de la institución militar mientras que al mismo tiempo 

se estaba reduciendo su presupuesto. Fue en este período cuando el General Aldana, 

Ministro de la Defensa, inauguró una fuerte competencia con el Ministro de 

Gobernación, el industrial Carlos Vielman, conflictos que se regían por grados de 

horizontalidad y no con la tradicional jerarquía de mando de lo militar respecto de lo 

civil como era habitual en el pasado. El presupuesto del Ministerio de Gobernación 

crecía, y su mayor porcentaje de gasto se concentraba en la partida de Servicio de 

Seguridad que incluye el presupuesto de la Policía Nacional Civil (Tabla 14), mientras 

que el presupuesto del Ministerio de Defensa se iba reduciendo. 

 

Tabla 12: Relación porcentual entre el gasto público ejecutado en los Ministerios en análisis y  

el gasto del Gobierno Central: período 1991 – 2003 

 

Año Defensa Gobernación Educación Salud 

1991 13.1 3.5 14.4 9.4 

1992 11.6 3.3 13.5 8.5 

1993 10.3 3.5 14.8 8.7 

1994 11.8 3.9 16.7 8.6 

1995 10.8 4.6 15.3 8.6 

1996 9.1 4.2 14.7 7.3 

1997 7.3 5.3 11.6 7.4 

1998 6.1 4.9 11.5 6.5 

1999 5.1 5.7 11.9 6.7 

2000 6.7 6.1 13.9 6.8 

2001 7.0 6.0 13.6 6.9 

2002 5.3 5.6 14.1 5.6 

2003 5.6 5.7 12-9 6.1 
Fuente: IEPADES con base en datos de BANGUAT y MFP 

 

                                            
97

 Raquel Zelaya, Directora ASIES. Entrevista personal, Febrero 2012 
98

 Este porcentaje suponía ya una cifra menor al 0,66% del PIB, que era la meta estipulada en los Acuerdos de Paz. 



 

 

 

 

164 

 

 

Tabla 13: Evolución asignación presupuestaria para gasto público en Gobernación y Defensa 

 Años 2004 – 2010 (Millones de Quetzales) 

 

Año Ministerio de Gobernación Ministerio de Defensa Nacional 

2004 1,691.33 950.00 

2005 1,790.36 1,000.79 

2006 2,001.19 1,110.89 

2007 2,001.19 1,110.89 

2008 2,610.24 1,265.30 

2009 3,275.32 1,301.26 

2010 3,275.30 1,301.30 

Fuente: Elaboración propia sobre Sistema Integrado de Administración Financiera - SICOIN. 

Ministerio de Finanzas Públicas, Gobierno de Guatemala 

 

 

Tabla 14: Presupuesto Ministerio de Gobernación. Desglose por partidas  

Año 2006 (Millones de Quetzales) 

 

Actividades Centrales 107.47 

Servicio de Inteligencia Civil 0 

Servicio de Seguridad 1,619.38 

Administración del Sistema Penitenciario 152.75 

Servicios de Migración 67.10 

Divulgación Oficial 38.63 

Prevención Comunitaria del Delito 15.00 

Partidas no asignables a Programas 0,87 

Total 2001,20 

Fuente: Elaboración propia sobre Sistema Integrado de Administración Financiera - SICOIN. 

Ministerio de Finanzas Públicas, Gobierno de Guatemala 

 

 

Esta reducción del gasto en las partidas de Defensa podría haber sido observada como 

un logro, tal vez de los más esperados desde los Acuerdos de Paz. Suponía, en cierto 

modo, el fortalecimiento del poder civil al menos en lo que se refería a las estructuras de 

seguridad, y constituía una nueva oportunidad, similar a la que tuvieron los gobiernos 

de Vinicio Cerezo o de Álvaro Arzú, para consolidar una estructura civil –y 

eventualmente depurada- que el Ejército no tendría más remedio que acatar, 

especialmente tras el descalabro en lo que respecta a la imagen que había supuesto para 



 

 

 

 

165 

 

 

la institución el gobierno de Alfonso Portillo. Se contaba también para ello con el apoyo 

de muchos países que desde el año 1996 venían manteniendo su ayuda hacia las 

instituciones de seguridad y justicia.  

 

Hubo, en cambio, algunos hechos que mostraron que estos giros que se dieron en el 

gobierno de Berger con respecto al gobierno de Alfonso Portillo en lo que se refiere al 

concepto de seguridad civil, no fueron más que el reverso de una misma moneda, puesto 

que el tema de fondo, la impunidad y la falta de respeto por las reglas del juego, seguían 

estando latentes. El 19 de febrero de 2007, a pocos kilómetros de la capital de 

Guatemala, aparecieron calcinados en el interior de un automóvil los cadáveres de los 

diputados salvadoreños Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José González, junto 

con el piloto, Gerardo Ramírez, que los conducía a una reunión del Parlamento 

Centroamericano (Parlacen). Todos ellos habían sido torturados antes de ser tiroteados. 

Descartadas las hipótesis políticas -el crimen se había producido, paradójicamente, en el 

mismo lugar desde el que décadas atrás el padre del primero de ellos y fundador de la 

derecha salvadoreña, Ricardo D’Aubuisson, entrenaba los escuadrones de la muerte que 

operaban en su país
99

- un grupo paralelo de investigadores dirigido por el Jefe de la 

Policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, logró deducir en menos de cuarenta y ocho horas 

que los asesinos habrían sido cuatro hombres que conducían un Toyota Yaris propiedad 

de la Policía Nacional Civil de Guatemala; todos ellos formaban parte de la División de 

Investigación Criminal (DINC) de la PNC. 

 

Los acontecimientos que se desarrollaron posteriormente revelarían otras acciones 

ilegales en las que se involucraba a toda la cúpula de seguridad del gobierno de Óscar 

Berger, y que alcanzaba al Director de la PNC, Erwin Sperisen, el Director de Prisiones, 

Alejandro Giammatei y al propio Ministro de Gobernación, Carlos Vielman. Cuanto 

éste se encontró con más de sesenta policías amotinados en la sede de la Policía 

Nacional Civil protegiendo a los que habían sido señalados como autores del crimen - 

                                            
99

 Estructuras paramilitares compuestas por militares, policías sin uniforme y civiles que operaban como brazo ejecutor de los 

cuerpos de seguridad del Estado contra la oposición política. Sobre escuadrones de la muerte en Guatemala ver Ball, P., Kobrak, P. 

y Spirer, H. (1999) Violencia Institucional en Guatemala 1960-1996, Una reflexión cuantitativa, American Association for the 

Advancement of Science - AAAS, Washington DC. Capítulo XVIII “Los Victimarios”.  También ver REMHI 1998 II: 52-3, 110 

Op. Cit. y Schirmer 1999:288 Op. Cit. 



 

 

 

 

166 

 

 

los cuales no entendían en qué habían fallado “sus servicios”- pidió a Rodrigo Ávila, el 

Jefe de la Policía de El Salvador, la intervención de un grupo de operaciones especiales 

salvadoreño para detener a los cuatro policías. “Mirá”, le dijo, “capturá vos a esos 

hijueputas… es que los chapines (guatemaltecos) se ahuevan (acobardan)”.
100

 Rodrigo 

Ávila, atónito, rechazó el plan alegando que un hipotético fracaso podría arrastrarles a 

un conflicto de mayores dimensiones. La medida hubiera recordado el asalto de la 

Embajada de España en 1980, sólo que esta vez perpetrado por ejecutores extranjeros y 

sobre las estructuras centrales de seguridad del Estado.  

 

Por su parte, los policías amotinados propusieron una línea de negociación a Javier 

Figueroa, el subjefe de la PNC guatemalteca, que consistía en convocar a todos los jefes 

del cártel de narcotraficantes de Jutiapa (uno de los más importantes del país) y después 

asesinarlos, dejando evidencias que pudieran atribuir el crimen de los diputados a este 

grupo de narcotraficantes. Esto, según ellos, limpiaría la imagen de la PNC y le haría un 

favor a la patria.
101

 Los cuatro policías fueron conducidos al Ministerio de 

Gobernación, supuestamente para negociar su entrega, pero allí fueron reducidos y 

después puestos a disposición judicial. El juez había solicitado su traslado a una prisión 

de máxima seguridad situada cerca de la capital, pero los policías que los custodiaban 

hicieron caso omiso de esta medida judicial y los trasladaron a otra prisión que estaba 

en el departamento de Santa Rosa, lugar en el que aparecieron asesinados al día 

siguiente. 

 

Este caso revela que en el seno del gabinete de Oscar Berger había algo más que unas 

cuantas manzanas podridas, y también es una muestra de la dificultad que tenían los 

servidores públicos para comprender los límites entre lo legal y lo ilegal, o más 

precisamente, como hemos visto en otras ocasiones a lo largo de esta investigación, la 

forma en que se había instalado en el sistema democrático el desprecio por la 

legitimidad legal y la fuerza de la legitimidad tradicional o carismática. Revela, en 

definitiva, un planteamiento sobre la seguridad democrática según el cual el fin 

                                            
100

 Entrevista del Jefe de la Policía de El Salvador recogida en Fernández, L. (2011) Crimen de Estado: el caso Parlacen. FyG Ed. 

AURA 
101

 Eran declaraciones del propio Javier Figueroa, entonces Subjefe de la PNC, en Fernández, L. Op. Cit. Pág. 44 



 

 

 

 

167 

 

 

justificaba cualquier medio. Así lo demostraban también los llamamientos que hizo la 

CICIG sobre los problemas que se desarrollaban en las estructuras de gobernación de 

ese mismo gabinete.
102

 

 

De esta forma, aunque en Guatemala no había teóricamente leyes de mano dura sí hubo, 

de hecho, ejecuciones extrajudiciales. Así fue recogido en el Informe del Relator 

Especial de Naciones Unidas, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias, quien señalaba que “hay indicios muy sólidos de que ciertos 

incidentes de limpieza social, como las ejecuciones de miembros de bandas, de 

sospechosos de haber cometidos delitos, y otros ‘indeseables’ son la obra de miembros 

de la policía”: 

 

Sobre la base de mis entrevistas con las víctimas y otras personas, debo 

concluir que las denuncias de que personas que trabajan para la División de 

Investigación Criminal (DINC) de la PNC intervienen en labores de limpieza 

social merecen gran credibilidad. Estos son los pasos: la policía recluta a un 

informador al que promete hacer la vista gorda sobre sus actividades 

delictivas pasadas o presentes a cambio de su cooperación y al que luego 

pide información sobre las identidades y localización de los miembros de 

bandas, presuntos delincuentes y otros objetivos. La policía se desplaza 

entonces al lugar indicado, habitualmente sin uniforme y en un vehículo sin 

identificación, detiene a la persona señalada por el informador y la mata en 

otro lugar, a veces después de haberla torturado. Una de las personas con 

las que hablé era un joven de veintipocos (sic) años que explicó que la DINC 

lo había reclutado como informador. En esa calidad, fue testigo de varios 

incidentes de limpieza social. En uno de ellos, se detuvo en su domicilio, por 

la noche, a un sospechoso de robar coches sin una orden de detención y 

posteriormente se halló su cadáver con señales de torturas. En otros 

incidentes se comentó que los asesinados estaban distribuyendo marihuana. 

                                            
102

 Carlos Castresana, Entrevista Personal. 23.03.2012. Las reacciones oficiales a estos hechos fueron variadas. El Presidente de 

Guatemala, con el apoyo del Presidente de El Salvador, Elías Saca, solicitó una investigación de la CIA. La CICIG inició una 

investigación por su parte. Todos se pusieron a buscar los autores intelectuales de ambos hechos –el crimen de los diputados 

salvadoreños y la ejecución de los policías en la cárcel- todos menos Álvaro Matus, el Fiscal de Delitos contra la Vida del 

Ministerio Público de Guatemala (Fiscalía General), quien precisamente tenía la responsabilidad de oficio para realizar la 

investigación. Más bien al contrario, en unas declaraciones a la prensa dijo que con estas muertes “automáticamente se cae el 

proceso” para acusar a los responsables del crimen (Fernández, 2011:59). Esta actitud y otras conductas distorsionadoras repetidas 

en casos relacionados, como fue el caso del posterior asesinato del asesor del Ministro de Gobernación, Víctor Rivera, llevaron a 

Carlos Castresana, a plantear una queja formal ante el Fiscal General, Juan Luis Florido (Fernández, 2011: 96). 



 

 

 

 

168 

 

 

En otro caso, participó en un robo con allanamiento de morada efectuado 

por policías de la DINC en el que secuestraron a los que residían en la 

vivienda, a los que nunca más se les volvió a ver. Otra persona con buenos 

contactos confirmó la implicación de la DINC en estos hechos.
103

 

 

 

 

7.2.  Guerra irregular y delincuencia fragmentada-competitiva 

 

Como consecuencia de las políticas antinarcóticos que se habían implementado en 

Colombia y en México durante la última década, el narcotráfico se había ido trasladando 

a los corredores centroamericanos conforme a lo que podría describirse como un “efecto 

globo”, según el cual la represión del narcotráfico en una región hace que surja en 

otra.
104

 Esto no solo había provocado una mayor actividad delictiva en Guatemala sino 

también dado pie a un nuevo periodo en la organización empresarial del crimen en el 

que las redes locales iban adquiriendo una vinculación más formal a las redes 

transnacionales. La entrada de un “estilo” diferente entre los viejos y los nuevos jefes 

del narcotráfico se manifiesta claramente en el período de 2003 a 2007, tal y como fue 

el caso de Otto Herrera que recoge el informe de Insightcrime: 

 

 

La incursión de Otto Herrera en Guatemala supuso un cambio en las prácticas 

del narcotráfico en Centroamérica. Mientras los carteles tradicionales, como 

los Mendoza y los Lorenzana se habían mantenido en perfiles bajos con envíos 

constantes de droga a los EE. UU., pero sin llamar mucho la atención, 

Herrera, apoyado por su socio Jorge Mario “el Gordo” Paredes, estableció 

un nuevo estilo, más agresivo, sin pactos de honor y con una clara intención de 

expansión internacional. Eso provocó su rápido ascenso en el negocio ilícito y 

lo llevó a hacer contacto directamente con el Cartel de Cali en Colombia y 

principalmente con el Cartel del Golfo en México. La principal muestra de la 

                                            
103

 Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Naciones Unidas, 

19.02.2007. Disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/109/02/PDF/G0710902.pdf?OpenElement 
104

 Mauricio Boraschi, comisionado de antinarcóticos en Costa Rica, cit. en Crisis Group, 2011:5. De hecho, el que era líder del 

mexicano cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, fue detenido en la frontera entre Guatemala y México, en 1993. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/109/02/PDF/G0710902.pdf?OpenElement


 

 

 

 

169 

 

 

lucha por el poder fueron los robos de cargamentos de droga, conocidos como 

tumbes.(Insightcrime, 2011:57) 

 

 

La lucha por el control de las rutas y el acceso a las redes transnacionales convirtió lo 

que antes eran arreglos relativamente pacíficos e intermediados por los Señores locales 

en ajustes más violentos. Esto coincide con un repunte en los datos de homicidios que 

se reportan, por ejemplo, en algunos de los municipios de Petén e Izabal, dos de los 

departamentos clave en los corredores del tráfico de drogas en Guatemala (Gráficas 12 

y 13). 

 

 

Gráfica 12: Comparativa de homicidios a nivel Municipal por áreas geográficas  

– Petén (1987-2004) 

 

 

          Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

11 

4 

9 
6 7 

4 5 5 
7 

11 12 

1 

15 15 

11 10 

4 3 

9 

1 1 2 
5 

2 
4 4 

7 6 

1 

5 
3 3 3 3 3 

0 0 0 

6 

0 
2 3 

5 6 6 5 

12 

16 

11 

16 17 

34 

16 

MELCHOR DE MENCOS FLORES PETÉN SAN ANDRÉS 



 

 

 

 

170 

 

 

Gráfica 13: Comparativa de homicidios a nivel Municipal por áreas geográficas  

– Izabal (1987-2004) 

 

 

       Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 

 

Otras hipótesis sobre la violencia de este último periodo en el área rural, 

fundamentalmente a partir del año 2005, apuntan también a la resistencia de los grupos 

para ser absorbidos por las redes mexicanas - más fuertes en arsenal y en contactos a 

nivel internacional- (Insightcrime, 2010:100), y a un reacomodo en la forma de 

estructuración criminal en su vinculación con las maras, como grupos que se 

constituyen en ejércitos rurales y urbanos locales. Esta es, por ejemplo, la opinión de 

Carlos Castresana respecto a la relación de los Zetas –grupo escindido del cártel de 

Sinaloa- con los grupos criminales locales guatemaltecos: 

 

 

(…)¿los Zetas necesitan control territorial? Sí y no. La diferencia es que en 

México es su territorio y ellos son propietarios. En Guatemala son 

arrendatarios.  

 

P: Los Zetas no necesitan legitimidad de la población… 

 

19 

33 

24 

40 

21 

37 38 39 

30 

40 

64 

75 

18 
24 26 

35 
40 39 

33 
28 

19 21 

31 

41 39 

22 

61 

50 

84 

58 

20 
25 

16 

31 

54 
60 

PUERTO BARRIOS IZABAL LOS AMATES IZABAL 



 

 

 

 

171 

 

 

R: No, porque ellos alquilan el territorio. Ellos para qué van a andar en una 

guerra con una familia local, que no pueden ganar porque ellos no son de 

allí, no controlan el territorio, ni controlan la población… es mejor llegar a 

acuerdos. ¿El territorio es tuyo? Está bien, yo te apoyo. Y si necesitas que 

ejecute algún rival que se te hace un poco difícil, yo me encargo. A cambio 

de eso, tú me prestas tu territorio. Mi droga pasa por ahí, yo te paso un 

porcentaje, y ambos estamos contentos… En el ámbito rural eso se ha 

resuelto así. Los italianos fueron los primeros que teorizaron que no hay 

vacíos de poder. En un determinado territorio tiene que haber un poder, que 

no necesariamente tiene que ser el Estado. 

 

De esta forma, los vacíos de poder fueron asumidos por los grupos locales, quienes 

mediante el control territorial son los titulares de los derechos de paso, la dirección de 

los gobiernos locales, y el control del capital social existente en el territorio para el 

desarrollo de la actividad criminal (Espach et. alt, 2011). Este fue el caso, por ejemplo, 

de Arnoldo Vargas, que siendo Alcalde de Zapaca, cabecera departamental y uno de los 

grandes municipios del país, fue capturado en 1990 por narcotráfico y extraditado a 

Estados Unidos en 1992.
105

 Las maras, por otro lado, también empezaron a tener un 

papel diferente en esta nueva fase de articulación empresarial del crimen y adquirieron 

una mayor capacidad organizativa:   

 

 

P: Aunque en una red más compleja, ¿en las zonas urbanas hay otro tipo 

de distribución de territorio? 

  

R: En las zonas urbanas también tienen distribución de territorio. Lo que se 

está produciendo ahora es el tercer nivel de estructuración empresarial, que 

es que ahora están alquilando a las maras, y las están armando. (….) ahora 

las maras son tan poderosas y han recaudado tanto dinero que se han ido 

metiendo en ligas mayores. Antes sólo traficaban con droga, se metían 

pegamento, prostitución… luego empezaron con el racket, a extorsionar a los 

pequeños tenderos de su zona. ¿Usted quiere seguir siendo panadero? Pues 

me tiene que dar un diez por ciento de lo que gane la panadería. Y luego de 

                                            
105 Sobre este y otros casos ver reportaje “Nueve años de cacería para ocho narcos guatemaltecos”, publicado por Julie López en 
Plaza Pública 17.05.2012 http://www.plazapublica.com.gt/content/nueve-anos-de-caceria-para-ocho-narcos-guatemaltecos-i  

 

http://www.plazapublica.com.gt/content/nueve-anos-de-caceria-para-ocho-narcos-guatemaltecos-i


 

 

 

 

172 

 

 

ahí, están llegando a una fase mucho más peligrosa en la que llegan a 

acuerdos con los grandes señores. Es decir, los grandes señores, los cuales, 

cuando quieren distribuir su droga, o cuando el mexicano les pide que 

distribuyan su droga en la Ciudad de Guatemala alquilan a la mara. Dicen: 

yo te voy a dar cien kilos a la semana y tú los vendes. Y tú te quedas con una 

parte y me das otra parte. Y así está funcionando… (…) Entonces, las maras 

están ahora adquiriendo un poder extraordinario porque están empezando a 

trabajar para los Señores locales que a su vez trabajan para los Señores 

transnacionales. 

 

P: De la misma manera en que los grupos de Chamalé, Lorenzana, 

Mendoza fueron adquiriendo poder cuando pasan a trabajar para los 

grupos transnacionales. Los mareros desarrollan sus propios ejércitos.  

 

R: El pastelero más famoso de Madrid empezó con un horno en el que hacía 

unos cuantos bollos al día.. Estos chicos lo mismo, empezaron vendiendo 

papelinas en una esquina pero como están más o menos organizados y se 

han hecho poderosos han crecido. El problema es que ahora se está 

produciendo una organización empresarial y los grupos son más poderosos. 

Son joint ventures. Yo creo que la famosa “epidemia” de asesinatos de 

autobuses no fue espontánea. Primero, los pilotos son mareros, y segundo, 

los que ordenan matar pilotos son empresarios. Quiero decir, un conflicto –

otra vez- en el sector del transporte, entre distintas empresas, unas de 

transporte urbano otras de transporte interurbano ha terminado generando 

que los empresarios de transporte alquilan a las maras para dar protección 

a sus rutas y para combatir a las rutas del adversario económico, de la 

competencia. No hay un Tribunal de Defensa de la Competencia, lo que hay 

es la mara que va y mata.  

 

 

Esta es, en definitiva, una situación de “guerra irregular” en la que no se puede 

identificar al enemigo y tampoco los múltiples frentes de batalla (Kalyvas, 2006), lo 

cual desde nuestro punto de vista explica el fuerte incremento en la venta de armas de 

fuego y de municiones en este periodo. Se habían formado verdaderos ejércitos locales 

con armas ofensivas para liderar, como ocurrió en Colombia, el negocio de la droga en 

su territorio. Así lo corroboraba en una entrevista personal Juan Pablo Ríos, que antes 

fuera consultor de la División Especializada de Investigación Criminal –DEIC-, 



 

 

 

 

173 

 

 

refiriéndose a la organización de los criminales: “nosotros tiramos con piedras mientras 

que ellos van con lanzagranadas”.
106

 Era lógico, en cierto modo, que la naturaleza de las 

demandas de los policías que estaban a pie de calle fuera tener chalecos antibalas ya que 

lo que existía era una guerra, o al menos eso mostraba el hecho de que tan sólo entre 

enero y octubre de 2010 hubieran muerto 54 oficiales de policía en diversas zonas del 

país.
107

 Las necesidades, en esas condiciones, no tenían que ver tanto con el dinero –que 

en muchos casos se conseguía por otras vías- sino el armamento y el equipo para seguir 

actuando al margen de la ley como especialistas en robos de droga (tumbes) de otros 

narcotraficantes (Crisis Group, 2011:18), tal y como se supone que ocurrió en el 

asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, o bien para 

mejorar su efectividad en el enfrentamiento con otros ejércitos locales: 

 

 

“Aquí estamos con nuestras pistolitas, y ellos con armas largas”, dijo un 

oficial en Izabal.”¿Qué podemos hacer frente a este tipo de potencia?”. La 

mayoría de los agentes cargan sólo revólveres, aunque algunos tienen armas 

automáticas, por lo general el fusil de asalto Tavor, de fabricación israelí. 

Mientras tanto, los traficantes portan armas de asalto, incluyendo fusiles 

AK-47, AR-15 o M-16, granadas e incluso lanzacohetes RPG. Además de las 

armas, las autoridades han incautado uniformes del Ejército y blindaje 

personal que estaban en poder de los narcotraficantes. “No necesitamos 

incentivos, beneficios o bonificaciones”, respondió el oficial en Izabal 

cuando se le preguntó sobre lo que más deseaban sus hombres; nosotros 

necesitamos chalecos antibalas.” (Crisis Group, 2011:12) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
106

 Entrevista personal a Juan Pablo Ríos, DEIC, PNC Febrero.2011 
107

 El Periódico, 17.11.2010 “PDH reporta que 54 policías han muerto en forma violenta en 2010”, versión digital en 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20101117/pais/182897/ 



 

 

 

 

174 

 

 

7.3. Privatización de la coacción y fragmentación institucional 

 

La reducción del Ejército durante el gobierno de Oscar Berger, el debilitamiento de la 

carrera policial ocurrido durante el gobierno de Alfonso Portillo y los límites 

presupuestarios que se imponían al sector público en materia de seguridad fueron claves 

para consolidar un gran negocio en torno a la seguridad privada del cual que se 

beneficiaron muchos ex militares y también empresas extranjeras. Así, algunos autores 

han revelado que cuando el gobierno de Estados Unidos oficializó el embargo de armas 

sobre Guatemala, Israel tomó el relevo, ofreciendo sus servicios para el sector público 

(asesores, ventas de armas, chalecos antibalas, etc.) e instalando ellos mismos sus 

empresas de seguridad privada.
108

 Al mismo tiempo, otros grandes grupos empresariales 

montaban sus aparatos de inteligencia y seguridad, poniendo a prueba la capacidad del 

Estado en materia de seguridad: 

 

Era obvio que Gobernación no tenía la capacidad de administrar la 

seguridad pública. Por eso, en el plano de la inteligencia, se apoyó en 

directores, operadores y analistas de servicios de seguridad e inteligencia 

privada (como Víctor Rivera), y en el plano operativo quiso ganar el mando 

militar. En el primer caso, corporaciones privadas habían montado desde 

varios años atrás aparatos de inteligencia basados en escuchas telefónicas 

(ilegales) para fines de espionaje industrial pero también de seguridad 

privada y control político. Otros consorcios rivales que se sintieron en 

desventaja (entre ellos una empresa de bebidas gaseosas), hicieron lo propio 

y montaron sus aparatos de contra espionaje. Pronto esos servicios se 

vendieron en un mercado restringido (alrededor de 20 mil dólares mensuales 

la factura de escuchas) al cual accedió Gobernación y la propia Presidencia 

de la República, entre otras dependencias oficiales. La inteligencia militar, 

tradicional monopolio de información y centro neurálgico de la toma de 

decisiones, perdió el monopolio y la centralidad política en el gobierno de 

Berger, que ganaron los grupos privados. Aparte de ello, la merma de sus 

                                            
108

 Grupo Golán, es una de las más grandes, con cerca de 3.000 guardianes y un número incalculable de investigadores y asesores de 

seguridad. (Argueta, 2011: 20) 



 

 

 

 

175 

 

 

recursos financieros y humanos le obligó a recortar de manera precipitada 

sus típicas facultades..
109

 

 

 

En la seguridad privada el salario medio es de 1.000 Quetzales mensuales (130 dólares), 

aunque algunas fuentes observan que a veces los policías privados no reciben ni el 

salario mínimo y denuncian las carencias en lo que respecta a la formación, alta rotación 

del recurso humano, jornadas laborales de más de diez horas, o incluso que se hayan 

dado casos de agentes con antecedentes penales.
110

 El sector se había agrupado en 

gremial y adquirió tanta fuerza que la Ley de Servicios de Seguridad Privada no pudo 

aprobarse sino hasta el año 2010 (Decreto 52-2010), siete años después de que fueran 

elaborados los primeros precedentes legislativos para su discusión en el Congreso de la 

República (Escobar, 2011: P. 28). Esta misma ley incluyó el requisito de obtener 

licencias específicas para cada uno de los diferentes servicios que prestan las empresas. 

Fue también durante el gobierno de Álvaro Colom (2008 – 2012) cuando  se aprobó la 

Ley de Extensión de Dominio, a partir de la cual sería posible, entre otras cosas, 

conocer el nombre de los accionistas de estas empresas que anteriormente se podían 

ocultar bajo sociedades anónimas. 

 

Tabla 15: Empresas de Seguridad autorizadas hasta 2008 

 

Década / 

Período 

Empresas 

autorizadas 

60 2 

70 8 

80 10 

90 55 

2000-2008 68 

Total 143 

 
Fuente: Escobar, L. (2011) La regulación de los servicios de seguridad privada en Guatemala.  

Revista ASIES, N. 2 -2011. 

                                            
109

 Informe de Análisis, Fundación DESC. El ejército en la época de Berger. Guatemala, 16.02.2010  Disponible en 

http://informeguatemala.org/articulo/El_Ejercito_en_la_epoca_Berger___-1853/?print 
110

 Lorena Escobar, Experta ASIES. Entrevista personal. 

http://informeguatemala.org/articulo/El_Ejercito_en_la_epoca_Berger___-1853/?print


 

 

 

 

176 

 

 

A pesar de ello, se había extendido entre los propios oficiales del gobierno la idea de 

que la Policía Nacional Civil no era sostenible financieramente, y así lo señaló quien 

fuera Ministro de Gobernación en el gobierno de Alvaro Colom: “mientras que la 

administración de Portillo produjo 1,250 nuevos policías, la de Berger 2,500 y la de 

Colom 6,700. Cuesta 240 Millones de Quetzales (30 Millones de dólares) armar, vestir 

y pagar a estos efectivos, lo cual causa un daño irreparable en el presupuesto” (López, 

J. 2011, 47). La tendencia a la privatización de la seguridad ciudadana se iba 

consolidando con todos los gobiernos y se nutría principalmente de los continuos 

procesos de fragmentación que se iban produciendo en las instituciones. Hubo 

instituciones como el Ministerio Público que iban asumiendo funciones que les 

correspondían a la PNC, dadas las dificultades que encontraban para dar base a la 

acusación en el proceso penal (inadecuado procesamiento de la escena del crimen, falta 

de pruebas, otros). Se llegó al punto de crear un cuerpo de investigación dentro el 

Ministerio Público, la Dirección de Investigaciones Criminales – DICRI- para brindar 

apoyo a todas las fiscalías del país. En el año 2007 la DICRI tenía una plantilla de 263 

personas (72 investigadores ubicados en la subdirección de investigaciones criminales 

operativas, 114 técnicos en recolección de evidencias, 10 médicos forenses y 42 

profesionales en funciones periciales). Mientras tanto, la DINC, que era la división de 

investigaciones de la PNC, tenía asignados en ese mismo año cerca de 700 efectivos de 

los que solo 300 estaban realmente operativos
111

. La baja calidad de la investigación 

criminal tendría efectos sobre la impunidad. Así, en el año 2009, de las 3,695 denuncias 

recibidas en la Fiscalía contra la vida y la integridad de la persona del Ministerio 

Público sólo 161 acabaron con sentencia, lo que suponía una efectividad de un 4.3 %.
112

 

Es decir, había una impunidad en el sistema superior al 95% de los casos. Esto es lo que 

llevó a las autoridades del Ministerio Público a descuidar las relaciones con la PNC y 

buscar opciones particulares para el fortalecimiento de la investigación, según algunas 

fuentes.
113

  

 

                                            
111 Según los expertos, se necesitaría un mínimo de 1,500 investigadores para proporcionar un buen servicio y, para cubrir 

adecuadamente el territorio nacional necesitaría 3,000 investigadores. 
112

 Ministerio Público, Memoria de Labores 2010 
113

 Claudia Paz y Paz, Fiscal General de Guatemala. Entrevista personal, Febrero 2011. 



 

 

 

 

177 

 

 

Ello ocurrió a pesar de que  hay experiencias que muestran que la coordinación –en vez 

del desdoblamiento institucional- podía haber sido una mejor estrategia en la lucha 

contra el crimen organizado. Así, en los años 2009, 2010 y 2011, el DEIC (División 

Especializada en Investigación Criminal, creada en sustitución de la extinta DINC tras 

la crisis del los diputados salvadoreños) recibió sustanciales apoyos de la cooperación 

internacional, en particular de la Cooperación Española, para implementar asistencias 

técnicas que mejorasen la orientación y entrenamiento de nuevos agentes. La asistencia 

técnica se extendió a las actividades de coordinación intra e interinstitucional, apoyando 

y facilitando los esfuerzos de fortalecimiento de los representantes del Departamento 

policial con el resto de las unidades que integran el Sistema de Administración de 

Justicia Penal, incluyendo la mejora en la coordinación con el Ministerio Público. Una 

evaluación independiente realizada en el año 2011 determinó el positivo impacto que 

pudo haber tenido la ayuda en la reducción de la impunidad ya que, según los datos de 

la PNC, el total de homicidios del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010 de Guatemala 

habría sido de 5,960, mientras que en el año 2009 el número de homicidios registrado 

fue de 6,498. En términos relativos, la tasa anual de homicidios se habría reducido en un 

5 por ciento, y en términos absolutos fue una reducción de 538 homicidios, lo cual 

suponía la tasa más baja de los últimos seis años.
114

 

 

A pesar de estas experiencias positivas, las políticas nacionales durante la Presidencia 

de Álvaro Colom se iban deteriorando. La Secretaría Ejecutiva de la Instancia 

Coordinadora de Modernización del Sector Justicia –ICMSJ-, se constituyó en el órgano 

ejecutor de las resoluciones emanadas por las instituciones que conforman la Instancia –

Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de Defensa Pública Penal y Ministerio 

de Gobernación- llevando adelante la ejecución de programas dirigidos al 

fortalecimiento de las instituciones del sector. Este debería ser el mecanismo natural de 

orientación de políticas sectoriales, pero según las fuentes consultadas el trabajo de esta 

Instancia -lejos de ser independiente y lograr una articulación sectorial- estaba igual de 

politizado que otras instituciones públicas y basculó según sea la influencia y el peso de 

las instituciones que la conforman, un papel que es muy débil, calificado de 

                                            
114

 Informe Final, Evaluación Intermedia de los Proyectos Contenidos en el Programa de Gobernabilidad de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para Guatemala. Guatemala, Marzo 2011. AECID. 



 

 

 

 

178 

 

 

“inexistente” por algunos
115

, y orientado especialmente hacia la cooperación 

internacional, la cual insertaba sus propios espacios de desdoblamiento. La Mesa 

Sectorial coordinada por el gobierno, por un lado, y el “Petit Comité” organizado por la 

comunidad de donantes, por otro lado, no lograban cumplir con el papel necesario de 

coordinación y armonización de las intervenciones con las políticas nacionales, lo cual 

mostraba que la institucionalidad no reposa sobre ninguna necesidad articulada, con 

base de apoyo sostenible y legitimidad dentro del sistema guatemalteco.
116

 

 

 

 

                                            
115

 César Barrientos, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Entrevista personal, Febrero 2011. 
116

 Entrevista personal con Antonio Del Borgo. Unión Europea. (Febrero de 2011) 



 

 

 

 

179 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES: EL FRACASO DEL PROYECTO CIVIL  

 

 

 

 

8.1. Conflicto y violencia en Guatemala: baja legitimidad del 

Estado 

 

En la literatura social y política que se ha generado sobre Guatemala es muy fácil 

identificar los términos conflicto y violencia. A ello ha contribuido la manera en que se 

ha tratado eufemísticamente la guerra como “conflicto armado” o “enfrentamiento 

interno”  lo cual ha causado mucha confusión. No se puede trazar una línea continua 

sobre la violencia en Guatemala si no existe esta distinción, y ese ha sido uno de los 

propósitos centrales de esta tesis. Esto, en parte, ha contribuido a eliminar la naturaleza 

institucional de la violencia en Guatemala en la democracia y sustituirlo por otro de 

naturaleza social: se habla de maras, de delincuencia organizada y de delincuencia 

común como causas centrales de la espiral en el número de homicidios sin considerar 

cual es el contexto institucional en el que estas operan y en el que se han generado. 

Nuestra propuesta, en cambio, ha sido considerar la violencia durante el período de la 

guerra también como parte de un modelo delincuencial que viene de lejos y que hemos 

caracterizado como delincuencia centralizada-sistémica, o incluso como crimen 

organizado. ¿Acaso no es un modelo de crimen organizado la matanza sistemática de 

setenta y cinco mil personas, en su mayoría indígenas, en un período de tan sólo 

dieciocho meses? ¿Acaso no lo fueron las políticas genocidas y planes de exterminio 

que desarrollaron los grupos articulados en el Ejército que acabaron violando los 



 

 

 

 

180 

 

 

derechos fundamentales desde la nueva institucionalidad que se creó en el Estado o por 

fuera de la institucionalidad a través de su vinculación con los grupos paramilitares?  

 

En esta investigación se ha trazado una línea que permite relacionar la violencia de la 

democracia en Guatemala con la violencia que existió durante la guerra, como un 

proceso que responde nada más que a un conflicto pre-existente que tiene que ver con la 

baja legitimidad del Estado, la incapacidad de imponer su autoridad civil por encima de 

otras autoridades. Si asumimos, con Edelberto Torres Rivas (2011), que la violencia que 

dio origen a la insurgencia armada fue una respuesta ante la ineficiencia del Estado, 

nada nos impide identificar prácticas igual de ineficientes en la democracia, como las 

empleadas por el gobierno de Oscar Berger en la denominada “limpieza social”, los 

operativos conjuntos de PNC y Ejército o, más recientemente, los operativos directos 

del ejército en los estados de sitio decretados por el gobierno de Alvaro Colom en la 

lucha contra crimen organizado.  

 

¿Dónde situar el origen? Creemos que en gran parte se debe a la falta de cohesión de las 

elites, lo cual originó un estado segregador. En el capítulo III se vio cómo el 

desmoronamiento del imperio colonial condujo a un proceso de independencia de las 

cinco provincias centroamericanas en el que las élites guatemaltecas no tuvieron la 

cohesión suficiente como para hacer frente a la dirección del Estado en una coalición 

estable. Esto estaba a su vez motivado por el mantenimiento de la estructura social 

colonial y el desarrollo de un modelo económico cafetalero que estaba centrado en la 

producción y no en la comercialización, al contrario de lo que ocurrió en Costa Rica, lo 

cual eliminó las practicas asociacionismo entre los grupos y dificultó la extracción de 

impuestos. También tuvieron que ver los efectos de la coalición conservadora liderada 

por Rafael Carrera que interrumpió la primera reforma liberal y que, tras él, provocó 

una segunda reforma liberal de carácter segregacionista. Es en ese momento cuando se 

crea el Ejército, como un instrumento para proteger los intereses de la burguesía agraria 

ladina y la oligarquía criolla, mantener la segregación social y un régimen laboral semi 

esclavista, y además como una herramienta de ascenso social que acabaría controlando 

el Estado y que daría acceso al poder a los sectores ladinos.  

 



 

 

 

 

181 

 

 

La estabilidad de una coalición militar represora y una elite extractiva era poco 

sostenible ya que el problema con el que se iban a enfrentar siempre todos los gobiernos 

desde entonces iba a ser la estrategia de movilización interna para el mantenimiento del 

Estado, es decir, garantizar los recursos suficientes para consolidar cierto grado de 

legitimidad legal. Los gobiernos dependían de la voluntad de grupos que de por sí 

tenían muy poca cohesión interna y de factores internacionales muy volátiles, tales 

como el efecto de las dos guerras mundiales y la guerra fría. 

 

De esta forma, la quiebra de las coaliciones de gobierno entre sectores ladinos y criollos 

(sector cívico/militar y oligarquía terrateniente/empresarial) llevaba casi siempre 

aparejada un cambio en el modelo de Estado y una nueva institucionalidad, lo cual 

derivaba a su vez derivaba en una fase de violencia. Este cambio de institucionalidad se 

puede observar en el periodo que va de los años 80 a la democracia, con tres fases que 

han sido identificadas a lo largo de esta investigación y que se resumen el Cuadro 

Teórico del siguiente epígrafe (institucionalidad de guerra, de postguerra y 

democrática), pero hubo otros periodos en los que se pudo observar este fenómeno. Así, 

la nacionalización de parte de las fincas de propietarios alemanes durante el régimen de 

Ubico, en junio de 1944, condujo a una quiebra en la coalición de gobierno que un mes 

después derivó en un golpe de Estado y, finalmente, en la Revolución de Octubre. Esto 

trajo consigo un nuevo modelo de Estado que, por su afán transformador, generó una 

gran conflictividad social, sindical y empresarial. La quiebra de esa coalición de 

gobierno en 1954 -de nuevo ante la amenaza de las expropiaciones y los intereses 

económicos de Estados Unidos en el país- condujo a un nuevo modelo de Estado que 

favoreció la condición revolucionaria y la aparición de la guerrilla (Torres Rivas, 2011).  

 

Posteriormente, en el capítulo IV se vio cómo el Ejército, en el esfuerzo de la lucha 

contrainsurgente, fue extendiendo sus tentáculos territorial y burocráticamente, a la vez 

que fue modernizando las infraestructuras (con la influencia de las tesis desarrollistas de 

la CEPAL). Cuando el Ejército observó que este esfuerzo no tenía contrapartida en el 

otro lado de la coalición de gobierno –especialmente durante la crisis económica de los 

años 80- la consistencia de la coalición se tuvo que poner de nuevo a prueba, lo cual 

desembocó en una nueva fase de la construcción del Estado Moderno, esta vez dirigido 



 

 

 

 

182 

 

 

exclusivamente por los militares. Esta fue una época de represión, de búsqueda 

paulatina de legitimación del nuevo Estado. En Petén, en San Marcos, en las zonas de 

Oriente del país y, en definitiva, en todo el territorio de la República, el Estado militar 

durante los años 70s y 80s, con el uso de la violencia institucional, había ido generando 

estructuras que además de ser contrainsurgentes eran la base de una nueva legitimidad, 

entre ellas las figuras de los Comisionados Militares, que fueron sustituyendo a las 

autoridades tradicionales (alcaldías indígenas) y actuando de nuevos reguladores con el 

apoyo del Estado. Se había producido un cambio en la doctrina de seguridad nacional 

por la doctrina de estabilidad nacional (aldeas modelo, polos de desarrollo), la extensión 

de esquemas ideológicos alternativos a la teología de la liberación (introducción de 

iglesias evangélicas, milenarismo) y el intento de conseguir el apoyo de los sectores 

populares en una forma de indigenismo autorizado que venía acompañado del 

crecimiento de las clases medias y la burocracia estatal. Fue aquí donde el Estado 

cometió el ochenta y dos por ciento de los asesinatos y desapariciones rurales que se 

produjeron en los 36 años de guerra. 

 

No fue sino hasta que se suspendió el apoyo para el mantenimiento de la guerra que se 

firmó la paz: en lo externo, los militares ya no contaban con el pleno respaldo de 

Estados Unidos, y en lo interno las élites ya no estaban dispuestas a ceder tantos 

espacios como habían hecho en el período en que el Ejército fue engranando su 

proyecto de Estado Desarrollista. La coalición de gobierno se quebró una vez más, casi 

definitivamente, y el intento de asalto al poder planteado por los militares al final como 

un recurso posible aunque desesperado, no convenció a los sectores empresariales 

(Porras, 2011:425). Las bases del nuevo Estado democrático, las de los Acuerdos de 

Paz, tenían que asentarse sobre las de un Estado desarrollista que no se había 

consolidado, lo cual derivó en una espiral de violencia. 

 

La violencia presupone la existencia de un conflicto, el cual puede o no resolverse de 

manera violenta. En Guatemala ha sido siempre la respuesta a un conflicto central que 

sigue sin resolverse y, por ello, como primera conclusión del estudio consideramos que 

la naturaleza del conflicto durante la democracia que sustenta la respuesta violenta es 

la misma que se había originado doscientos años atrás: la baja legitimidad del Estado. 



 

 

 

 

183 

 

 

Resumiendo, es una falta de legitimidad que se ha producido, en primer lugar, por el 

fracaso de la revolución liberal, lo que trae como consecuencia el patrimonialismo de 

las élites, la debilidad de la burguesía y del Ejército, así como un modelo de nación 

eugenésica y racista. En segundo lugar, por el fracaso de la revolución social de los años 

40s a 50s, lo que habría provocado un exceso de autonomía del Ejército (hipertrofia de 

la institución militar), el desarrollo anémico de la industria, la debilidad de la clase 

media y la debilidad de partidos políticos. Estos dos procesos fallidos habían generado 

una gran desconfianza respecto del Estado, un aspecto que va a ser esencial y causante 

de la baja legitimidad civil y de la persistencia de la legitimidad tradicional de las 

costumbres o carismática de los caciques. 

 

 

 

8.2. Acuerdos de paz y modernización del crimen: de la guerra a la 

postguerra 

 

Se podría decir, por tanto, que un Estado con muy poca legitimidad adoptó la 

democracia sin cambiar las bases del conflicto. La paz sería solo un punto de partida 

hacia otro modelo de violencia: de la guerra a la postguerra. Los Acuerdos se habían 

firmado sobre bases sociales y políticas muy endebles, y además se firmaron con el 

rechazo e indiferencia popular al referéndum que, de haber ganado el SI, hubiera 

producido las reformas constitucionales necesarias para avanzar en la implementación 

de los Acuerdos en aquellos aspectos medulares para la transformación hacia un Estado 

más legítimo desde el punto de vista civil. 

 

En ese cambio de modelo, de la guerra a la postguerra, durante la transición a la 

democracia se produjo un cambio que fue fundamental: por primera vez en la historia 

reciente del país el Ejército iba a perder una considerable porción del poder. El ajuste 

fue mayor de lo esperado ya que los gobiernos de Arzú, en primer lugar, y Berger, 

después, se encargaron de sobrepasar en mucho la reducción de un 33% en el número de 

efectivos que estipulaban los Acuerdos. Esto implicaba el paso a retiro no sólo de una 



 

 

 

 

184 

 

 

buena parte de la tropa, sino también de mandos medios, oficiales, coroneles y 

generales. Tal y como se vio en el Capítulo VII, hoy las empresas privadas de seguridad 

son tres veces más grandes que los 35 mil elementos del Ejército y la policía juntos, lo 

cual manifiesta una alta probabilidad de que se hayan nutrido precisamente de esa 

reducción. El ajuste al que se vio sometida la institución fue, por otro lado, más 

traumático si se tiene en cuenta que desde 1966 hasta 1996 hubo tres décadas en las que 

el Ejército era el Estado - debido a la identificación que se produjo en un período de 

guerra contrainsurgente- y eso significaba perder el control de muchos servicios 

financieros, empresas públicas y de prácticamente todas las instituciones claves de 

gobierno. 

 

En el momento de la quiebra de la coalición surgió el Estado civil como un nuevo actor, 

debilitado, distinto de los empresarios y de los militares, o igual que ellos pero 

ligeramente maquillado. Hemos observado esta transformación en el análisis que se 

realiza del gobierno de Alfonso Portillo, en el Capítulo VI, el cual favorece la 

transformación parcial de la agenda económica mediante la introducción de nuevos 

empresarios y la ruptura o la sustitución de algunos monopolios. Ocurre algo similar 

con la agenda social, mediante la consolidación del poder local, la aprobación de las 

leyes de descentralización y el código municipal, que extiende al menos nominalmente 

la autonomía de los municipios. Y ocurre también en la transformación de la agenda de 

seguridad, como muestran los cambios continuos en la Policía Nacional Civil y el 

Ministerio de Gobernación, y sus vínculos con el narcotráfico que provocan la protesta 

de Estados Unidos y la retirada del visado a prácticamente toda la estructura de 

seguridad del gobierno. En las tres agendas se produce un proceso de nivelación de los 

grupos, en medio de una gran debilidad institucional generalizada, muy lejos ya de la 

jerarquía de mando que operaba durante las dictaduras militares, el cual no hizo sino 

profundizar la fragmentación del poder en todos los niveles. Así lo recogen algunos 

informes recientes: 

 

“Con la democratización, el poder empezó también a descentralizarse y 

fueron apareciendo otros actores. Según su composición, el Congreso y los 

partidos políticos empezaron a ser más autónomos con relación al ejecutivo 



 

 

 

 

185 

 

 

y los grupos de poder económico; estos también tendieron a multiplicarse y 

diversificarse, de manera que la “oligarquía agraria” tradicional y 

aristocrática, dio lugar al surgimiento de grupos que se fueron aglutinando y 

alineando de distinta manera. A esto debe sumarse las políticas de 

descentralización, que establecieron el traslado de más recursos a las 

municipalidades – autónomas – y los sistemas de Consejos de Desarrollo, 

que teóricamente posibilitarían una mayor participación territorial en las 

decisiones sobre el desarrollo. … A diferencia de períodos anteriores en los 

que era relativamente fácil identificar a los grupos que tenían “capturado al 

Estado”, en los últimos años se ha dado una disputa por el control de partes/ 

sectores de la administración pública en distintos niveles y por distintos 

grupos”. (Informe Insightcrime, 2011: 166-167) 

 

 

De esta manera, en el Estado democrático los actores centrales del conflicto anterior que 

eran, principalmente, la guerrilla, los grupos cívico-militares y una oligarquía 

relativamente cohesionada, se transformaron. El Estado se fue debilitando, 

enfrentándose o colaborando con otros sectores, y en lugar de ser regulador se hizo 

parte de las redes, sin claras adscripciones, descentralizado, estableciendo nexos con 

otros actores en una tupida red en la que participa el sector privado empresarial y ya no 

sólo la oligarquía agraria tradicional, y en el que aparecen las redes de narcotraficantes. 

Resulta difícil, en este escenario, determinar la identidad de los actores, y saber qué es 

lo que queda de militar y qué hay de empresario o de civil en ellos. La estrategia de 

todos fue la transformación interna, pero las bases del conflicto social seguían siendo 

las mismas y la forma de resolverlo nunca era legal, sino a través de la violencia. 

 

Nuestra segunda conclusión es, por tanto, que el debilitamiento paulatino del Estado y 

la pérdida de control territorial habían ido generando las condiciones para que se 

produjera un proceso de transformación de la violencia y para que se fueran 

consolidando hasta tres niveles de articulación empresarial del crimen organizado. La 

fragmentación de los grupos, la ruptura definitiva de una coalición de gobierno 

potencialmente articuladora del proyecto de Estado, ha llevado a que ningún actor tenga 

el monopolio legítimo de la violencia y que todo esté en juego, especialmente en la 

ciudad donde la competencia es más fuerte que en las áreas rurales y donde aún no ha 



 

 

 

 

186 

 

 

logrado imponerse un regulador. De ahí que la violencia no haya dejado de crecer 

durante todo el período democrático en la capital. En el interior de la República, en 

cambio, los reguladores locales que antes habían sido Comisionados Militares -

Chamalé, Mendoza o Lorenzana, para los corredores del Pacifico, el Caribe y central, 

respectivamente- fueron durante una fase de la democracia los garantes de la paz, en 

zonas donde la Policía Nacional Civil sólo actúa si recibe órdenes de la capital, y si 

acuden lo hacen sabiendo que están arriesgando su vida. 

 

   

 

 



 

 

 

 

187 

 

 

Cuadro resumen: la transformación de la violencia en Guatemala 

 

 Estado desarrollista militar Estado democrático empresarial Estado democrático fragmentado 

Variables 
endógenas 
 
 

Institucionalidad de guerra: 
 
- Hipertrofia de instituciones militares 
 
- Débil coalición de gobierno Ejército – 
oligarquía en función de lucha contra la 
guerrilla 
 
- Proscripción de partidos comunistas y 
cierre de espacios políticos 

Institucionalidad de postguerra:  
 
Ruptura de la coalición de gobierno Ejército – oligarquía:  
 
- El PAN (sector empresarial “modernizante”) sale ganador 
(1996-2000) 
 
- Desplazamiento de militares “duros” y privatización de 
instituciones militares (Banco del Ejército) 

Nueva  institucionalidad:  
 
Triunfo de la Oposición: FRG (2000-2004) 
 
- Cambios en agenda económica / Empresarios 
nuevos (Alvarado McDonald) 
 
- Cambios en agenda de seguridad / Triunfo sector 
duro del Ejército  (Ortega Menaldo, Ríos Montt) 
 
- Cambios en agenda social / Políticas de 
descentralización 
 

Variables 
exógenas 
 

Internacionalización del conflicto (guerra 
fría) 

Paz neoliberal 
 
Políticas USA de expulsión de inmigrantes 
 
Penetración de narcotráfico 

Desplazamiento de los cárteles mexicanos y 
colombianos. Efecto “globo”.(Plan Colombia y Plan 
Mérida) 
 
Políticas de certificación USA de países 
narcotraficantes, retiro de visados 
 

Articulación 
empresarial del 
Crimen 
Organizado 
 

Violencia sistémica – centralizada.  
 
(Áreas rural y urbana) 
 
Fuentes de negocio lícito e ilícito I: Sector 
público (infraestructuras viales, bancos, 
telecomunicación), fronteras / aduanas / 
aeropuertos, tráfico de armas, sector 
cafetalero, algodón, ganado 

Las corporaciones coactivas (Ejército y PNC) se convierten en 
mecanismos de mediación estructural entre poder político y 
traficantes (Chamalé, Lorenzana, Mendoza) – Área rural 
 
Autonomía de los grupos 
 
Origen de las maras – Área urbana 
 
Fuentes de negocio lícito e ilícito II:  
Privatización del sector público (incluyendo sector de 
seguridad, transportes), migración, tráfico de seres  humanos 
(adopciones ilegales), donaciones y ayuda internacional 

Violencia fragmentada – competitiva 
 
Ruptura de la intermediación entre poder político 
y traficantes/militares – Guerra irregular 
 
Articulación empresarial de las maras: vinculación 
formal a los grupos 
 
Fuentes de negocio lícito e ilícito III: 
Fondos sociales, lavado de dinero, instrumentos 
financieros, sustancias ambientalmente peligrosas, 
vehículos, objetos arqueológicos 

 



 

 

 

 

188 

 

 

En definitiva, la transición a la democracia no logró consolidar un proyecto civil con la 

rapidez con la que se esperaba; se podría decir, más bien, que tanto en el área urbana 

como rural lo que realmente se ha consolidado ha sido el poder de las mafias. De esto 

dan cuenta las dificultades de movilidad social de la clase media en una economía que 

está lastrada por modelos explotadores / especuladores y sin formación de los 

trabajadores (modelo de maquila). También se observa en la ausencia de sistemas 

creíbles de justicia, tal y como se desprende del elevado índice de impunidad y las 

debilidades de la investigación criminal que se analizaron en el Capítulo VII, a lo que se 

suma el desarrollo de sistemas y negocios de seguridad privada, o las tensiones en las 

relaciones cívico-militares. Nadie tiene el monopolio legítimo de la violencia en una 

lucha permanente por el control y regulación de los distintos mercados.  

 

Los paralelismos históricos no son muy eficaces pero sí sugerentes, y no podemos 

resistirnos a pensar que la sustitución del finquero por el transportista de droga fue un 

proceso similar al que ocurrió durante la segunda mitad del siglo XIX en la sustitución 

del hacendado por el finquero, que condujo al desarrollo de la caficultura y la aparición 

de una burguesía agraria que finalmente dominó el país. No cabe duda de que la 

articulación empresarial del crimen tiene hoy por hoy nexos tanto políticos como 

empresariales (Insightcrime, 2011), y que el narcotráfico está financiando campañas de 

partidos políticos, lo cual le hace tener acceso a una considerable porción de la 

estructura de poder. Tampoco se puede dejar de pensar que el capital social que genera 

el narcotráfico en las redes locales puede generar con el tiempo una fuerte identidad de 

grupo.  

 

En aquel momento, la sustitución del hacendado por el finquero provocó que los 

campesinos se hicieran enemigos de la caficultura; en esta época, en cambio, es posible 

que estemos observando una transformación en la que la nueva burguesía traficante 

tenga una amplia base social de apoyo. En el área rural, al menos, se ha resuelto así, tal 

y como señala Carlos Castresana. En el área urbana la base territorial no está 

consolidada. Así se observa, por ejemplo, en el fenómeno de los asesinatos de 

conductores de bus. También podría ser un ejemplo de cómo, al igual que ocurrió en 

Colombia, en las ciudades grandes las estructuras de poder que predominan son las del 



 

 

 

 

189 

 

 

sector privado y la hegemonía de las fracciones de poder se ejerce de manera más 

concentrada mientras que en las ciudades más pequeñas el poder se ejerce a través de 

relaciones más personalizadas que organizacionales (Ogliastri, 1988:37). 

 

 

 

8.3. El peso relativo de los factores exógenos y el dominio social 

de la violencia 

 

Sin duda, las variables externas han jugado un papel determinante en la definición de 

los conflictos y la aparición de la violencia en un Estado tan débil como el 

guatemalteco. La Colonia dio forma a la sociedad mediante la introducción de 

instituciones como la encomienda o el repartimiento, y mediante el subsecuente proceso 

de “construcción social del indio” que iba a perpetuar el régimen de servidumbre 

(Martínez Peláez, 1970). La expropiación de los alemanes durante el régimen de Ubico 

a la cual nos referimos anteriormente fue una condición impuesta por Estados Unidos 

durante la II Guerra Mundial, del mismo modo que fue decisiva la intervención de la 

CIA para orquestar y ejecutar el golpe de Estado en 1954 que acabó con el período 

democrático de los gobiernos de Juan José Arévalo y de Jacobo Árbenz. El apoyo a las 

dictaduras militares posteriores, en un contexto de guerra fría, fue decisivo para 

prolongar la guerra contrainsurgente y para institucionalizar el Estado militar –con cara 

desarrollista- durante un período de más de treinta años. Igualmente, los vaivenes en la 

articulación de las redes transnacionales del tránsito de la droga o el lavado de dinero 

definen, hoy por hoy, la nueva forma que tiene el conflicto y la violencia en Guatemala.  

 

Pero de la misma forma que hubo condicionantes externos también hubo sujetos 

históricos internos que estaban dispuestos a ejecutar y servirse de esos conflictos para 

afianzar el dominio y la fragmentación a través de practicas segregadoras. Fueron los 

criollos quienes, ante el vacío de poder que dejó la Colonia, asumieron la estructura 

social que había dejado la Colonia, sometiendo al indígena a una idéntica servidumbre y 

desterrando la posibilidad de una auténtica revolución burguesa que fuera capaz de 



 

 

 

 

190 

 

 

articular un proyecto de Estado moderno y de nación integradora. Fue Castillo Armas y 

su pequeña legión de acólitos quienes, con la aprobación de la oligarquía y de un sector 

del Ejército, pudieron desplazarse sin encontrar resistencia alguna desde la frontera 

oriental del país hasta la capital de Guatemala con el objetivo de frenar la “primavera 

democrática”, truncando así la revolución social de 1944. Fue la decisión de Carlos 

Vielman, Ministro de Gobernación de Oscar Berger, de tratar de encubrir un crimen y 

una política de Estado criminal, la que generó los subsecuentes ajustes de cuentas y la 

espiral de violencia que, finalmente, por la vía de la justicia internacional, le llevó a la 

cárcel. Fueron, en definitiva, Chamalé, Lorenzana y Mendoza, quienes al dejar de 

trabajar para el Estado decidieron convertirse en transportistas de droga para las redes 

colombianas o mexicanas. 

 

A todo esto se une un factor más y es que, como se ha visto a lo largo de esta 

investigación, la violencia homicida en Guatemala tiene una fuerte dimensión territorial. 

El hecho de que territorios muy violentos puedan ser limítrofes con territorios que han 

sido pacíficos por décadas es un ejemplo de que es posible romper esa especie de 

círculo vicioso, o lo que podría definirse como un nuevo estigma de los condicionantes 

internacionales que se ha ido construyendo de manera interesada respecto al fenómeno 

de la violencia homicida. Esto no debe ser confundido, en cambio, con la privatización 

o sectorización de espacios públicos, con los comités ciudadanos de defensa o con 

determinados modelos de política local que no hacen sino reforzar identidades más 

parciales aún de las que de por sí se han ido creando en el país. Significa, más bien, que 

es conveniente reforzar los mecanismos del Estado de Derecho, de la autoridad civil, 

como Leviatán último, un mecanismo de protección contra todo tipo de arbitrariedad, ya 

sea cometida desde el ámbito nacional o bien administrada bajo la presión de variables 

exógenas. 

 

 

 



 

 

 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A
N

E
X

O
S

 Y
 B

IB
L
IO

G
R

A
F

IA
 



 

 

 

 

192 

 

 



 

 

 

 

193 

 

 

 ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS 

 

 

 

Nombre Institución Cargo 

Agapito Arnaiz Programa de Apoyo a la Política 
Nacional de Seguridad Ciudadana de la 
Unión Europea en Guatemala 

Ex Director europeo 

Sandino Asturias Centro de Estudios de Guatemala Director 

César Barrientos Corte Suprema de Justicia Magistrado 

Andrea Calvaruso   Experto 

Carlos Castresana CICIG Ex – Comisionado 

Lorena Escobar ASIES Investigadora 

Carlos Flores Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, México 

Prof. Antropología 
Social 

Bryan García M. Público Jefe de Evaluación 
de Desempeño - 
SICOMP 

Marlon García Robles Programa de Redacción de la 
Impunidad en Guatemala  - AECID 

Consultor  

Arnoldo Ortiz Moscoso  Ex Ministro de 
Gobernación 

Juan Pablo Ríos División Especializada de Investigación 
Criminal (DEIC – PNC) 

Consultor 

Informantes no 
declarados 

PNC  

Edelberto Torres Rivas PNUD Sociólogo y consultor 

Raquel Zelaya ASIES Directora  

 

 



 

 

 

 

194 

 

 

 

 [Fragmentos seleccionados] 

 

 

 

Entrevista de 23.03.2012 a Carlos Castresana Fernández, quien fue 

Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG) entre 2007 y 2010.  

 

 

 

 

 

 

Violencia y conflicto 

 

Desde la perspectiva criminológica, la violencia es síntoma de algo anterior que 

es el conflicto. Lo que tú estás intentando discriminar con tu tesis es cuál es el 

tipo de conflicto y cuál es el tipo de poder imperante, que a veces es el Estado 

y que a veces no lo es. Me explico. El poder existe desde que el mundo es 

mundo: hay un control territorial, hay un control de los recursos naturales, hay 

un control de los medios de producción y hay una estructura de autoridad que 

sostiene un determinado modelo social y económico. Esa estructura de 

autoridad a veces es el Estado y a veces no, y donde no hay Estado, 

sencillamente porque está ausente, o donde el Estado es demasiado débil, hay 

otra estructura de poder que lo reemplaza y establece un orden, que a veces 

es democrático, pero las más de las veces es tiránico y extremadamente 

violento. Para mí, lo que diferencia una sociedad democrática de otra sociedad 

que no lo es - incluso aunque formalmente lo aparente, porque tenga gobierno, 

y elecciones, y un Parlamento- es el Estado de Derecho.  



 

 

 

 

195 

 

 

La cuestión es que el conflicto existirá siempre. Claro está que en las 

sociedades más avanzadas, más desarrolladas, con más justicia social y más 

igualdad, el conflicto es mínimo (Suecia)… mientras que en las sociedades con 

enorme desigualdad, el conflicto es agudo; pero el conflicto, en todo caso 

existe. La diferencia es que en las sociedades democráticas, las controversias 

concretas que siempre produce el conflicto, se resuelven por cauces de 

legalidad. Puede que exista un problema entre el empresario y el trabajador, 

entre el ladino y el indígena, o un problema por el mero control territorial del 

barrio entre dos narcotraficantes, el control del puerto o el aeropuerto. Donde 

hay una confrontación, que siempre las hay, y hay una vía pacífica para la 

solución del conflicto mediante el arbitrio, por la mediación de un tercero que 

dirime las diferencias mediante unas reglas anteriores que establecen cuál es 

el terreno que corresponde  a cada quien, habrá una salida civilizada, 

democrática.  

 

La democracia para mí no es el sufragio; el sufragio es solo la condición 

imprescindible. Lo esencial de la democracia es el Estado de Derecho, es 

decir, que cuando haya un conflicto, haya alguien, con instrumentos que 

brinden seguridad jurídica, que diga: “mire, la propiedad se distribuye de esta 

manera, la actividad industrial requiere estos elementos, el tributo es de ésta y 

de ésta manera”. Es decir, que haya unas reglas que nos permitan vivir 

conociendo de antemano qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede 

hacer, y sabiendo además que si alguien hace lo indebido va a haber una 

respuesta, no necesariamente penal –si alguien no paga una deuda va a venir 

un juez civil que le va a obligar a pagarla, porque ésta es la única manera de 

que eso no genere confrontación. De forma tal que el conflicto, conducido por 

cauces legales, se convierte en convivencia. El mismo conflicto, sin esos 

cauces, se convierte en violencia. 

 

¿Qué cantidad de violencia? 

 



 

 

 

 

196 

 

 

Pues ahí depende de cada sociedad, más desarrolladas o menos, más 

armadas o menos…  Guatemala es un caso extremo porque es una sociedad 

en la que no hay casi ningún árbitro, y todos los conflictos terminan en 

confrontación. Cuando hay una huelga, no hay un laudo arbitral, ni hay un juez 

de lo social, ni hay una autoridad civil que pueda de alguna manera conciliar los 

intereses del patrono y del trabajador, lo que lleva a que uno y otro acaben 

chocando de frente, como se chocan dos trenes. Como además –herencia 

maldita del conflicto armado- todo el mundo tiene armas, pues la huelga 

termina con el secuestro del hijo del empresario o con el asesinato del líder 

sindical, porque uno u otro recurre a la violencia.  

 

Pero esto no es así porque sean particularmente perversos: recurren a la 

violencia porque esa es la manera de resolver los conflictos en una sociedad 

en la que no hay otra opción. Y los caminos intermedios son a veces hasta 

peores, porque en ocasiones sí hay jueces, pero resulta que son corruptos, y 

depende de quién les amenace o quién les compre, y entonces la decisión es 

injusta, y la institución se desacredita, y el afectado, desencantado, no presenta 

apelación, sino que habiendo perdido el juicio que debía haber ganado, termina 

tomándose la justicia por su mano y resolviéndolo a tiros.  

 

Razones históricas 

 

En Estados Unidos, en 1776, cuando eran las 13 colonias de América del 

Norte, los ciudadanos, que estaban hartos de pagar impuestos a la corona 

británica a cambio de nada, deciden cortar por lo sano, hacerse independientes 

y organizarse ellos. Y como sienten que son todos iguales, se organizan de 

verdad democráticamente. Un estado democrático que nos sirva –se dicen-- 

que esté dividido, que sea limitado… con autoridad suficiente para que cuide 

de nuestros derechos.  

 

En Guatemala las élites criollas, que ya eran dueñas de toda la riqueza y de la 

actividad económica del lugar al tiempo de la independencia, se quitaron de 



 

 

 

 

197 

 

 

encima a la Corona española, pero sin modificar el modelo, sin crear una 

verdadera democracia. Los tribunales no funcionan independientemente, el 

parlamento no legisla, y las grandes familias, que eran dueñas de todo, lo 

siguen siendo. El problema es que esos que hacen la independencia en 

América Latina no quieren el Estado democrático, quieren perpetuar un sistema 

de dominación, un Estado aparente, que figure como tal, pero que no amenace 

sus privilegios. Y eso persiste durante un siglo y medio. Puedes decir 

Guatemala, pero es la misma situación en Colombia, en toda la América 

hispana…  

 

Descomposición del Estado Militar y facturas pendientes  

 

En los años 60 del pasado siglo hay en Guatemala dos guerras que se 

superponen: una guerra civil que es genuinamente guatemalteca, y un 

escenario de entre muchos de la guerra fría, que era global. Estando 

exactamente igual en el esquema de poder que ciento cincuenta años antes, 

hay un pequeño sector ladino intelectual que quiere hacer la revolución 

socialista y que se enfrenta con la oligarquía, igualmente ladina. Tanto unos 

como otros van a utilizar a la mayoría indígena para hacer la guerra. La 

oligarquía arma al Ejército, que más allá de los mandos, es tropa indígena; y la 

guerrilla se nutre del mismo origen. Donde recluta el ejército recluta la guerrilla. 

Dos grupos ladinos confrontados ideológicamente por una concepción diferente 

de la distribución del poder y la riqueza en Guatemala, y por una confrontación 

que es ideológica y global, y el mismo grupo indígena que en unos casos es 

reclutado para la guerrilla y en otros para el ejército, o bien organizado en 

Patrullas de Autodefensa Civil. Se produce el choque, se enfrentan y se matan 

unos contra otros durante casi cuarenta años… para terminar en el mismo 

punto donde habían empezado. Porque no se ha producido ningún cambio 

sustancial del reparto de poder, del control territorial, de la autoridad, etc.  

 

La diferencia en la visión de país de una parte de esa minoría ladina, es que se 

dan cuenta de que necesitan repartir, que necesitan ceder una parte para 



 

 

 

 

198 

 

 

salvar el todo. Empiezan a darle al Estado –que siempre ha sido débil y que ha 

tenido poca presencia y muy poco poder real-- una parte muy importante del 

poder, en plena guerra, porque hay que hacer el trabajo. Es entonces cuando 

aparece el ejército como nuevo actor, porque hasta entonces había sido un 

servidor casi innecesario, y ahora se encuentra con que tiene que parar una 

insurgencia que va agarrando vuelo, que tiene el ejemplo de Cuba y El 

Salvador, que triunfa en Nicaragua. Es entonces cuando la oligarquía 

comprende que tiene que financiarle, darle al ejército capacidad de control 

territorial, control efectivo de las fronteras. 

 

Y el Ejército adquiere un protagonismo que no había tenido antes. Es lógico 

que en una situación de conflicto armado se produzca una identificación entre 

el Estado y las fuerzas armadas, porque éstas, en función de ese esfuerzo de 

guerra, se apropian del Estado. Ya no se trata de comprar tanques y aviones, 

sino que a partir de ahí, el Ministerio de Economía lo dirige un militar porque la 

economía está subordinada al esfuerzo de guerra, y los transportes, y las 

comunicaciones, y las obras públicas, todo: no se hace un puente porque haya 

dos poblaciones que están incomunicadas, sino porque allí es por donde tienen 

que pasar las tropas. Esa lógica dura 36 años.   

 

Cuando eso termina, el problema obviamente es que el ejército quiere el botín 

de guerra que le corresponde por haber hecho un esfuerzo coronado con el 

éxito: yo le devuelvo a usted, oligarquía, el país que usted tuvo, pero hay una 

factura que pagar. Esa factura pendiente significa que no le van a devolver 

todo. Hay una parte de lo que Vd. entregó que es un premio por el esfuerzo: 

este puerto, este aeropuerto, este territorio, este paso, es decir, esta 

carretera… hay una parte del control territorial que el ejército toma durante la 

guerra y no devuelve después. Ya no es el ejército como institución, porque el 

Estado desmantela esas fuerzas armadas  que ya no necesita y reduce a la 

mínima expresión, sino los generales, que han pasado a retiro, pero se retiran 

con las ganancias.  

 



 

 

 

 

199 

 

 

Recomposición de los actores y entrada del narcotráfico 

 

Entonces hay un nuevo actor. Primero era la oligarquía y una inmensa mayoría 

de población indígena en un régimen, que no podemos llamar apartheid porque 

no es legalmente constitucional, y no está establecido como tal…, pero que es 

un apartheid de hecho, funciona como tal. No tienes más que ver cuántos 

indígenas hay en el gobierno, en las universidades, en los hospitales, en las 

empresas, en el Congreso… es decir, ¿dónde está el poder del setenta por 

ciento de la población, buena parte de la cual ni siquiera se reconoce como 

indígena? De un Congreso de 158 diputados, resulta que hay 3 o 4 indígenas, 

cuando son el setenta por ciento de la población, mientras que los otros 154 o 

155 diputados son ladinos que representan al otro 30 treinta por ciento: no 

salen las cuentas. Están excluidos y siguen estando excluidos.  

 

La propiedad de la tierra era de concentración, de monocultivo en función de un 

interés de la oligarquía, que luego es el interés de las multinacionales –que 

compran todo el café de Guatemala---, entonces eso se mantiene. 

Naturalmente, la oligarquía pierde algunas áreas geográficas y pierde una parte 

del Estado, pero lo que ocurrió antes de la guerra vuelve a ocurrir después y es 

que, como la oligarquía no está interesada… no tiene una visión de Estado, 

ellos quieren cuanto menos Estado mejor –tú hablas con los empresarios 

guatemaltecos y son como anarquistas de derechas- que es una cosa que 

también la encuentras en la filosofía del tea party estadounidense, que dicen: 

no queremos pagar impuestos porque para qué vamos a pagar a la policía 

corrupta si ya tenemos la nuestra, privada… entonces nos gastamos ese dinero 

en seguridad, pero para nosotros, no democráticamente, no para todos. Y 

tenemos los mejores hospitales, y las mejores universidades y cuando 

queremos ir de compras vamos a Miami en nuestros aviones, y eso no va a 

cambiar. 

 

A efectos de la violencia… la primera de las guerras, la internacional, esa sí ha 

desaparecido. Ya no hay confrontación entre bloques, ya no hay guerra fría, 



 

 

 

 

200 

 

 

que en Centroamérica obviamente fue muy caliente. De manera que ahí sí es 

verdad que se ha hecho la paz, pero no porque la hayan hecho los 

guatemaltecos sino porque la han hecho los americanos con los rusos. 

Entonces, esa guerra ya ha terminado. Ahora, ¿el conflicto de los 

guatemaltecos se ha resuelto? No se ha resuelto, lo que pasa es que tiene 

actores nuevos. Antes estaban la oligarquía y la población indígena, a partir del 

año 60 entra el Ejército, como un tercer actor muy importante, y a partir de los 

años 80 entra el narcotráfico, como cuarto actor. Que en parte es nuevo, 

también de importación, porque hay un negocio nuevo que antes no había que 

es que ahora hay droga que se produce en Colombia y Bolivia y que hay que 

llevar hasta Estados Unidos, y Guatemala es un lugar de paso, y eso opera la 

transformación del conflicto armado. El que antes era jefe militar de una 

determinada zona territorial y pasó a retiro, sigue teniendo sus escuadrones de 

la muerte, sus antiguas patrullas de autodefensa, y no va a soltar ese territorio 

de donde él saca provecho. Se ha convertido en un señor feudal: antes había 

que ser militar y controlar a la población; ahora hay que ser narcotraficante y 

transportar droga. No hay diferencia sustancial. 

 

P: Claro, así es como se denominan ahora. Ellos no se consideran 

narcotraficantes, los narcos son los cárteles.  

 

R: Eso es, eso es… Por eso cuando dices tú, ¿los zeta necesitan control 

territorial? Sí y no. La diferencia es que en México es su territorio y ellos son 

propietarios. En Guatemala son arrendatarios.  

 

P: Los Zeta no necesitan legitimidad de la población… 

 

R: No, porque ellos alquilan el territorio. Ellos para qué van a andar en una 

guerra con una familia local, que no pueden ganar porque ellos no son de allí, 

no controlan el territorio, ni controlan la población… es mejor llegar a acuerdos. 

¿El territorio es tuyo? Está bien, yo te apoyo. Y si necesitas que ejecute algún 

rival que se te hace un poco difícil, yo me encargo. A cambio de eso, tú me 



 

 

 

 

201 

 

 

prestas tu territorio. Mi droga pasa por ahí, yo te paso un porcentaje, y ambos 

estamos contentos. 

 

El área urbana y el área rural 

 

En el ámbito rural eso se ha resuelto así. Los italianos fueron los primeros que 

teorizaron que no hay vacíos de poder. En un determinado territorio tiene que 

haber un poder, que no necesariamente tiene que ser el Estado. Tiene que 

haber un poder que organice la sociedad, que la dirija. Siempre lo hay. Si es el 

Estado, pues es el Estado.. con las leyes, los tribunales, la policía, etc. Y si el 

Estado no está presente, otro grupo reemplaza ese vacío e impone su poder. 

En Sicilia es la Mafia, en Nápoles la Camorra. Eso es Guatemala. La idea 

básica sigue siendo la misma. Hay un conflicto que no se puede resolver por 

medios pacíficos y por tanto genera violencia. La violencia es sólo reactiva. Es 

la manera de resolver el conflicto. Donde no hay Estado de Derecho, los 

conflictos se resuelven por las buenas o por las malas. En la selva es la ley del 

más fuerte. Eso es Guatemala. No es que sean países especialmente 

corruptos o violentos, es que están en otro estadio de desarrollo. Hoy 

Guatemala es como era Arizona en 1870, lo que se ve en las películas del Far 

West, o puede que la ciudad de Guatemala sea como Chicago en el año 1920. 

Tiene que llegar el Estado, a ser posible un Estado fuerte, que además gane 

legitimidad y representatividad siendo imparcial y se interponga entre los 

sectores que entran en conflicto, y resuelva los conflictos en paz. Si no hay 

eso, siempre va a haber violencia. 

 

Pregunta: ¿Y qué pasa entonces en las ciudades? 

 

Respuesta: Es el mismo conflicto transformado. Los que hoy son mareros hace 

treinta años estarían en la guerrilla o en el ejército. Como ya no hay guerrilla ni 

ejército, pues están en los barrios. Y ¿quién les alquila? ¿cuál es la actividad a 

la que se pueden dedicar? Pues al narcotráfico, a la extorsión. Es lo mismo. Es 

decir, si uno no llega allí con una inyección de desarrollo, crea oportunidades 



 

 

 

 

202 

 

 

de empleo, educación, sanidad, etc. ¿qué van a hacer? Si es la selva. Son las 

mismas estructuras. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí, traficar con droga? 

Pues trafiquemos con droga. Ah, que aquí no se puede traficar con droga … 

pues aquí secuestramos, o explotamos la prostitución, o lo que haya. De algo 

tienen que vivir. 

 

P: ¿En otro momento el negocio era la guerra? 

 

R: Claro, esos muchachos hubieran sido reclutados en los años sesenta para el 

ejército, para la policía o para la guerrilla. Como ahora ya no hay patrón, ellos 

se hacen autónomos. Entonces organizan un grupo y se empiezan a matar 

entre ellos. En El Gallito, en la Ciudad de Guatemala, uno se tiene que hacer 

marero para sobrevivir. Si tú eres un niño de la calle con doce años y no tomas 

partido, cualquiera de las maras te va a matar. Si te afilias a una de ellas, esa 

te va a proteger; te puede matar la otra, y de hecho, a cambio de que la tuya te 

proteja, tú tienes que ir a matar a alguien de la otra. Y no hay muchas 

opciones. 

 

P: ¿Entonces el Estado cómo entra? Porque supuestamente la firma de 

los Acuerdos de Paz era el momento en que se rompía ese círculo 

vicioso… 

 

Respuesta: Claro. Pero ahora está el sector privado, que es esa oligarquía de 

las viejas familias (y algunas más porque obviamente ya no hay esa 

concentración de poder económico de la colonia). Pero vamos, es igual, son 

cien familias, no son más. Está el ejército y la policía, que se han reducido 

enormemente pero ahí están. Y parte de los generales de la guerra hoy en 

realidad están en el sector privado: ya han hecho sus negocios, ya tienen sus 

empresas… Está el sector privado, está el Estado, está el narcotráfico, y luego 

hay una inmensa cantidad de gente que intenta sobrevivir en la confrontación 

de esos poderes. Entonces, el Estado, que no es ya muy importante en lo que 

se refiere al poder  armado, militar o policial, son los políticos: los partidos, que 



 

 

 

 

203 

 

 

manejan una parte muy significativa del presupuesto, que son muy corruptos, 

casi no prestan servicios sociales, que… aunque no mucho tampoco… pero 

recauda… es otro de los poderes. Entonces hay distintos actores que 

coexisten, que coexisten muy mal porque no existe un Estado democrático 

transparente y poderoso que sea capaz de poner orden. El orden lo pone cada 

uno como Dios le da a entender… Entre medias hay un 20 o 30 por ciento de 

ladinos que viven en las ciudades sometidos a una enorme presión de la 

delincuencia de la calle y completamente desprotegidos porque hay 20 mil 

policías públicos frente a más de 100 mil policías privados, y esos policías 

públicos están además mal armados, mal pagados y son en muchos casos 

corruptos. O sea que la gente se busca la vida. Y luego tienes un ámbito rural 

que, efectivamente, es mucho menos violento porque se ha vuelto a las 

estructuras tradicionales, y eso pacifica. O sea, el señor en su explotación de 

azúcar en la costa del Pacífico, que controla un territorio que es casi como una 

provincia, allí es la autoridad. Ese no es el Estado. Es él quien pone orden, es 

el que dirime los conflictos, es el que asigna las funciones, es el que distribuye 

los recursos… y mientras que la gente coma y trabaje pues hay una situación 

de “no conflicto”, o de conflicto reconducido por vías pacíficas. 

 

P: En el área rural la Policía solamente interviene cuando le piden desde 

Guatemala que intervengan, pero van con mucho miedo porque ellos no 

saben qué van a hacer ni el riesgo que corren, en muchos casos riesgo de 

muerte. 

 

R: Es que no tiene casi presencia. 

 

P: En cambio en el área urbana la policía cumple otro papel… 

 

R: Es que el área urbana ahora es la zona en disputa, por eso es más violenta. 

Es decir, el orden rural, donde están los grandes terratenientes, es pacífico 

porque está bien organizado. Incluso las áreas del narco son pacíficas. Los 

empresarios cultivan cualquier tipo de productos agrícolas. No importa que no 



 

 

 

 

204 

 

 

sea el Estado, hay unas reglas que se hacen respetar, y todo funciona. 

Entonces, ¿dónde hay más violencia? En la ciudad de Guatemala, porque ese 

sí es un territorio abierto, ahí no hay una autoridad: hay un poco de ejército, un 

poco de policía, un poco de alcalde, un poco de gobierno, un poco de maras y 

un poco de narcos. Entonces, claro, aquello es una olla en ebullición porque 

nadie impone las reglas y, por lo tanto, nadie sigue las reglas. Y hay choques 

todo el rato, y esos choques siempre se resuelven violentamente porque no 

hay otra manera de resolverlos. 

 

P: ¿Hay alguna conexión entre el campo y la ciudad a nivel del crimen 

organizado? 

 

R: Sí, claro. Eso sí es una red tupida de intereses que son miles de acuerdos y 

de desacuerdos que dan lugar muchas veces a reacciones de violencia. Claro 

que hay. Hay familias territoriales, que como te digo, lo mismo les da traficar 

cocaína que cultivar melones, o sea que mientras que haya algo que se pueda 

vender bien y que dé beneficios, que es de eso de lo que se trata. Y controlar 

tu territorio, porque allí el Estado son ellos. Luego tienen políticos en nómina y 

tienen acuerdos con el comisario de policía de no sé qué área, y con un 

general que es el que controla el transporte por la carretera, o cobra por el 

paso de la droga. Luego hay alianzas, y cuando esas se rompen se rompen 

también siempre con violencia. Y hay financiación de los partidos, por parte de 

los narcos, por parte de los empresarios… a veces las leyes en el Congreso de 

Guatemala se venden. 

 

P: ¿Cuántos grupos hay de crimen organizado? 

 

R: Hay cuatro importantes, San Marcos, Alta Verapaz, Zacapa e Izabal: lo que 

hay básicamente son corredores, territorios por don de transitan los 

estupefacientes. Pero luego hay otros subgrupos, vamos a decir. Y después los 

actores de fuera son básicamente los mexicanos, que están reemplazando 

crecientemente a los colombianos. 



 

 

 

 

205 

 

 

 

P: ¿Y la composición de esos grupos? 

 

R: Eso está precisamente muy bien descrito en Italia. La mafia primero es un 

grupo armado, luego se convierte en un grupo empresarial y social, y luego 

para seguir creciendo, como tiene que reciclar los ingresos que recibe de las 

actividades ilícitas –que no es precisamente el tráfico de drogas, es 

básicamente la prostitución, y en Centroamérica hoy es el tráfico de armas y el 

tráfico de personas-- pues necesitan invadir, y lo procuran hacer pacíficamente, 

el sector económico. Se hacen socios, y necesitan poder político. El general de 

la demarcación está en nómina. ¿Por  qué va a andar discutiendo con él? Él le 

da protección, él mantiene las carreteras expeditas, y si se presenta una 

situación difícil en la que un grupo rival invade el territorio del narco, entonces 

él le ayuda.  

 

P: Aunque en una red más compleja, ¿en las zonas urbanas hay otro tipo 

de distribución de territorio? 

 

R: En las zonas urbanas también tienen distribución de territorio. Lo que se 

está produciendo ahora es el tercer nivel de estructuración empresarial, que 

consiste en que ahora están alquilando a las maras, y las están armando. De 

hecho las maras surgen como pandillas juveniles que adquieren especial 

virulencia en Centroamérica como consecuencia de la política criminal de 

deportaciones de los Estados Unidos. Sin eso, Centroamérica no sería distinta 

de lo que es México… donde el crimen local siempre estaba organizado desde 

arriba, con lo que se llamaban las “madrinas”, consistente en que cada 

comisario de policía le exigía… bueno era famoso el Negro Durazo, que exigía 

un soberano de oro cada día. Los jefes de policía le tenían que traer una 

especie de impuesto cotidiano, estos a su vez lo recaudaban de sus 

subordinados, estos a su vez de las comisarías, y los policías en la calle de la 

gente. Entonces era como una especie de pirámide, aquí se estaba 



 

 

 

 

206 

 

 

recaudando (en la base) y de eso tenía que ir nutriendo a todo el cuerpo hasta 

llegar arriba.  

 

En Guatemala no existía esta estructura, porque existían estas otras que digo, 

entonces la delincuencia callejera era espontanea y era desorganizada. 

Empieza a organizarse cuando Estados Unidos empieza a expulsar a las 

pandillas guatemaltecas que a su vez se habían armado para combatir los 

grupos mucho más poderosos mexicanos, y afroamericanos también, en los 

suburbios de Los Ángeles, inicialmente, y luego en las otras ciudades, 

básicamente las ciudades latinas, entre ellas Chicago. Empiezan a expulsar 

jóvenes guatemaltecos, que ya traen una lección de organización aprendida. 

Entonces en América Central el crimen se estructura de abajo hacia arriba. Son 

los delincuentes los que empiezan a agruparse, y en vez de andar robando 

como Dios les da entender, empiezan con el control territorial, afiliación, 

pertenencia… Entonces, las maras son eso, básicamente lo mismo: control 

territorial y reclutamiento forzoso. Es exactamente lo mismo que haría el 

Ejército si hubiera guerra. Si estuviéramos en los años 70 el ejercito iría a las 

barriadas, y agarraría a los adolescentes, les pondrían un uniforme y los haría 

soldados. Como eso ya no se produce, alguien los recluta de todas formas. Y 

ahora son las maras, y se organizan al revés que la delincuencia normal. 

 

¿Cuál es el problema? Que ahora las maras son tan poderosas y han 

recaudado tanto dinero que se han ido metiendo en ligas mayores. Antes sólo 

traficaban con droga, se metían pegamento, prostitución y qué se yo… luego 

empezaron con el racket, a extorsionar a los pequeños tenderos de su zona. 

¿Usted quiere seguir siendo panadero? Pues me tiene que dar un diez por 

ciento de lo que gane la panadería. Y luego de ahí, están llegando a una fase 

mucho más peligrosa en la que llegan a acuerdos con los grandes señores, los 

cuales, cuando quieren distribuir su droga, o cuando el mexicano les pide que 

distribuyan su droga en la Ciudad de Guatemala, alquilan a la mara. Dicen: yo 

te voy a dar cien kilos a la semana y tú los vendes. Y tú te quedas con una 

parte y me das otra parte. Y así está funcionando… Las maras están ahora 



 

 

 

 

207 

 

 

adquiriendo un poder extraordinario, porque están empezando a trabajar para 

los señores locales que a su vez trabajan para los señores transnacionales. 

 

P: De la misma manera en que los grupos de Chamalé, Lorenzana, 

Mendoza fueron adquiriendo poder cuando pasan a trabajar para los 

grupos transnacionales. Los mareros desarrollan sus propios ejércitos.  

 

R: El pastelero más famoso de Madrid empezó con un horno en el que hacía 

unos cuantos bollos al día. Estos chicos lo mismo, empezaron vendiendo 

papelinas en una esquina, pero como están más o menos organizados y se 

han hecho poderosos, han crecido. El problema es que ahora se está 

produciendo una organización empresarial y los grupos son más poderosos. 

Son joint ventures. Yo creo que la famosa “epidemia” de asesinatos de 

autobuses no fue espontánea. Primero, los pilotos son mareros, y segundo, los 

que ordenan matar pilotos son empresarios. Quiero decir, un conflicto –otra 

vez- en el sector del transporte, entre distintas empresas, unas de transporte 

urbano otras de transporte interurbano ha terminado generando que los 

empresarios de transporte alquilan a las maras para dar protección a sus rutas 

y para combatir a las rutas del adversario económico, de la competencia. No 

hay un Tribunal de Defensa de la Competencia, lo que hay es la mara que va y 

mata. Al principio del conflicto empezaron con hechos esporádicos, pero en el 

momento en que empezaron a matar todos los pilotos ¿quién quiere ser piloto? 

Nadie, ni aunque esté muerto de hambre porque sabe que le va la vida en ello. 

Entonces las maras empezaron a poner ellas mismas los pilotos y a matar a los 

pilotos de la otra mara, y todas por cuenta de los correspondientes empresarios 

del transporte. Eso sólo puede pasar en un país sin estado de derecho. El 

sector privado contrata a las maras; las familias del narco local contratan a las 

maras, y por último, ahora los Zeta también contratan a las maras. Cuando hay 

un político que a pesar de que le has pagado en la campaña no aprueba la ley 

que ti te interesa, tú llamas al de la mara y dices: me matas a ese. Y es 

facilísimo, porque la mara te manda un niño de quince años que lo mata, y le 

corta la cabeza, la mete en un cubo y la deja en la puerta del Congreso. 



 

 

 

 

208 

 

 

P: …  

 

R: Te quiero decir que aquí, cuando tienes una crisis en tu partido convocas un 

congreso extraordinario…(señala algunos ejemplos…) En cambio en 

Guatemala… ahí tienes el caso del candidato que cuando iba a alcanzar la 

presidencia, le mataron a su número dos. No sé quién lo mató pero seguro que 

fue un ajuste de cuentas... En la otra campaña electoral al candidato que hoy 

es Presidente también le mataron a una de sus manos derechas. Y a Colom 

también le mataron a un alto cargo que según diversas fuentes estaba metido 

en el narco. 

 

P: ¿Cómo empieza uno a depurar, a reconstruir el Estado de Derecho? 

 

R: Con mucha paciencia y con ideas claras. Lo que yo intenté hacer ahí, y yo 

creo que nos fue bastante bien, ese es el balance… quiero decir, no digo que 

yo lo hiciera todo bien. Yo hice cosas que no tenía que haber hecho, para las 

que el país no estaba preparado. Cuando el gobierno no cumplía, yo se lo 

decía a los de Nueva York, y le ponía presión al Presidente, y le echaba 

encima a los medios de comunicación, y la oposición, y las ONGs y el sector 

privado, y el Presidente no estaba contento con tanta presión precisamente. 

Cuando el Congreso no me aprobaba cierta ley, le echaba encima al 

Presidente, y así sucesivamente, Al final yo mismo me quemé demasiado 

deprisa. Pero bueno, lo que hay que hacer básicamente yo creo que es 

sencillo, y es hacer funcionar al sistema. Es decir, esa barrera que no existe… 

crearla. Hacer un Estado funcional, transparente, confiable, que le dé a la gente 

un cauce pacífico para resolver los conflictos. Es la única manera de sanar 

estos países.  

 

P: Hacer funcionar al sistema. 

 

R: Claro, yo agarré una esquinita… me costó tres años pero metimos en la 

cárcel a ciento cincuenta … de primer nivel. Imagínate que a España llega una 



 

 

 

 

209 

 

 

Comisión de la ONU y antes de tres años ha metido en la cárcel al Rey, al 

Presidente del Gobierno, al Ex Presidente del Gobierno, al Ministro de Defensa, 

a cuatro Ministros del Interior, a tres Directores Generales de la Policía, a 

empresarios, a narcotraficantes… En ningún país se habría tolerado. Esos 

países lo toleran porque no tienen propiamente Estado. Ahora las contemplo y 

digo… cómo tuve yo el valor de plantarme en el Congreso y decir: no pueden 

elegir a estos magistrados del Tribunal Supremo porque son corruptos. Si 

haces en Madrid, te plantas en el Consejo General del Poder Judicial y dices: 

Pascual Estevill es un corrupto, y te mandan en el primer avión de vuelta, te 

declaran persona non grata y te mandan a casa… Pero estos se quedaron 

como alucinados. Primero como que nadie creía ni entendía nada, luego 

cuando la gente se fue enganchando y teníamos el noventa por ciento de 

apoyo, empezaron con la campaña de descrédito, y cuando ya veían que 

tampoco, pues ya empezaron con el plan de matarme. También eso está 

descrito por los italianos. 

 

Sobre la mafia  

 

En el libro de Marcela Padovani escrito con el juez Falcone, cuentan muy bien 

cuál es el procedimiento): no llegan y te matan por las buenas… primero 

mueven sus influencias para que te quiten. Luego, cuando no te pueden quitar, 

te intentan sobornar. Cuando no cedes al soborno te enfangan, y sólo después 

que te han enfangado, te matan, para que la gente diga: ah ves, por eso fue, 

porque andaba en malos pasos. Dice también Falcone esa otra cosa que yo 

repito mucho, que es que si te dejan solo, te conviertes en coleccionista de 

balas.  Donde tú sientes que el sistema ya no está detrás de ti, y empiezas a 

sentir el peligro… porque el malo nunca te mata porque le caigas mal, le caes 

mal desde el primer día, sin embargo el primer día no va a matarte, te mata por 

negocio, te mata cuando la relación coste beneficio se invierte en contra tuya. 

Mientras sea más lío matarte que la ganancia, no te van a matar. Cuando ya el 

lío es pequeño, porque has sido dejado solo, y sin embargo la ganancia de 

quitarte de en medio es enorme, es cuando te puedes dar por muerto.  



 

 

 

 

210 

 

 

…. 

 

 

A los mercados, a los intereses de los grupos, al poder, en definitiva. Lo mismo 

que hay mercados lícitos que dan lugar a que hayan bolsas, una en Nueva 

York, otra en Tokyo y otra en Francfort, pues los mercados ilícitos dan lugar a 

que se armen estructuras de poder y de negocio y de control territorial y de 

distribución de la riqueza. Porque tú eres narco y no te basta con tener la 

droga, necesitas tener un cierto control del territorio, necesitas tener al policía 

en nómina y si no le tienes en nómina necesitas un marero que vaya y lo 

mate… pero la gente no suele matar… la gente no es violenta por gusto. 

Incluso al narco más violento le gusta vivir tranquilo, y no tener escoltas y no 

tener que cuidarse de si le van a secuestrar a los hijos. Pero claro, viven así, 

viven en la selva, y como el negocio está ahí, pues ahí tienen que estar. 

 

P: ¿Y la mayoría de los crímenes que están sucediendo estos años están 

asociados a esto, al crimen organizado? 

 

R: Hay una parte de conflicto social, a título individual, que como no tiene otro 

cauce, por ahí se resuelve. El cónyuge que mata a su cónyuge porque es 

mucho más barato matarlo que divorciarse, el conductor que tiene un pequeño 

accidente de tráfico y mata al otro conductor, ese tipo de cosas… La violencia 

privada porque como no hay otro cauce pues se recurre a eso. Y luego hay la 

violencia estructural de sociedades que están como cincuenta o cien años 

atrás. Si no hay que sorprenderse. Es la misma cosa esta de la lucha de 

civilizaciones. No hay dos civilizaciones. No hay nada más que una que es la 

de los derechos humanos, de la tolerancia, de la convivencia. Lo que ocurre 

con Irán no es que sea la civilización musulmana, es que están en el siglo XIII. 

Viven como vivía Europa en la Edad Media. Con unos grandes señores 

feudales, y unos grandes líderes religiosos que… queman a gente en las 

hogueras. ¿Pero qué nos van a enseñar si nosotros hemos hecho eso hasta 

anteayer en términos históricos? Cuando se ponen a secuestrar aviones y a 



 

 

 

 

211 

 

 

tumbar rascacielos, pues en vez de traerlos al siglo XXI nos vamos con ellos a 

la Edad Media y montamos un Guantánamo. Es un problema básicamente de 

tiempos. La sociedad más perfecta es una en la que la mujer es igual que el 

hombre, que hay una cierta distribución equitativa de la riqueza, que hay 

tolerancia, que te puedes casar si eres homosexual, que te puedes vestir como 

te dé la gana mientras que no molestes a nadie… quiero decir, que esa es la 

civilización.  

 

P: ¿Es difícil dar grandes saltos en el tiempo? 

 

R: Esa es la cuestión. Intentar acelerar los procesos. Guatemala no la puedes 

solucionar en tres años ni tal vez en treinta, pero sí puedes hacer un plan y 

decir: bueno, en diez años vamos a dar un salto, eso es, implementando los 

Acuerdos de Paz, que eran modélicos, que nos permitan ahorrarnos medio 

siglo de atraso en cuanto a organización social. Vamos a armar unos tribunales 

que funcionen. Eso sí se puede hacer, y no es muy caro ni muy difícil.   

 

 

 

 

Sobre Colombia 

 

… arman paramilitares que maten a los guerrilleros y a los narcos, y cuando 

eso se les va de las manos arman al Estado, y antes de que Colombia empiece 

a mejorar han matado dos mil quinientos jueces y fiscales. ¿Cuántos han 

matado en México? Ninguno. Las cifras son evidentes: cincuenta mil muertos 

en los cinco años que lleva Calderón, a razón de diez mil muertos al año, y 

veintidós condenas por homicidio. ¿Eso quiere decir que el Estado no está 

combatiendo al narco? Sí lo está combatiendo, pero no está haciéndolo con las 

herramientas del Estado de Derecho. Está combatiendo con el ejército, y el 

ejército no agarra a los narcos, los mata. Entonces hay cincuenta mil muertos y 

sólo hay veintidós condenas. Si estuviera utilizando a los jueces habría muchos 



 

 

 

 

212 

 

 

jueces muertos y muchas condenas, y no habría cincuenta mil muertos sino a 

lo mejor treinta y cinco mil. Entonces la pregunta, ¿cuándo se va a arreglar 

México? Pues mientras sigan por ese camino, nunca. Porque otra vez, es la 

selva, le están apostando a ir hacia atrás en la historia. Tú tienes que ir para 

adelante. Claro, es más duro y tarda más tiempo en dar resultados pero es lo 

único que construye una sociedad civilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

213 

 

 

Entrevista a Arnoldo Ortiz Moscoso, Ex Ministro de Gobernación y 

Ex Ministro de Trabajo y Previsión Social. Guatemala, 31.01.2012 

 

 

 

 

La ruptura de la autoridad tradicional: los Comisionados Militares 

 

 

Eran los ojos y oídos no del Presidente, sino del Ejército, en el interior del país. 

Señores normalmente jóvenes que de repente reciben permiso y apoyo para 

portar armas, para tener la autoridad de decirle a los miembros de sus 

comunidades: ahora soy yo el jefe, el alcalde ya no lo es. Aunque el alcalde 

existiera y hubiera sido electo. La nueva autoridad en los términos más duros 

de esa palabra era el comisionado militar. El hombre que podía decidir qué era 

legal y qué no lo era, el que podía decidir entre la vida y la muerte. Eso tuvo un 

efecto terrible en la desestructuración de la sociedad guatemalteca. Sobre todo, 

desde el punto de vista de la sociedad indígena, dejaron de ser los hombres 

ancianos, los hombres sabios, los hombres que daban consejo y resolvían 

conflicto, para trasladarle esa autoridad a otras personas que no tenían ni los 

méritos ni la sabiduría para hacerlo, para resolver conflictos. Entonces, como 

no sabían cómo hacerlo, ni tenían motivos ni inspiración, en mi opinión se 

genera una nueva conducta, una nueva forma de expresión de la autoridad que 

conduce a los enfrentamientos internos en las comunidades, y a los castigos 

tan terribles que nos han puesto en la picota mundial, como son los 

linchamientos. Ahí hay un hombre, o un grupo de hombres que deciden quién 

es un delincuente o quién no lo es y que hay que castigarle, por encima de la 

ley, mejor dicho con ignorancia de la ley porque juzgan también que el juez 

ladino no va a resolver bien. Asumen que la ley suya es la mejor, sobre todo si 

esa autoridad en la que ellos se respaldan lleva implícita la aprobación de la 

comunidad. Y todos sabemos qué fácil es conseguir en determinadas 



 

 

 

 

214 

 

 

circunstancias que la comunidad apoye un acto de violencia. La gente se 

enerva, la gente pierde las inhibiciones morales que ha costado años construir, 

y con levantar la mano o aplaudir, o con decir, dele, quémenlo, o haga o 

vuelva, quémenlo, está (resuelto). Esa ruptura es, en mi opinión, la más grave 

que ha sucedido en nuestra sociedad. 

 

La mano dura no dura 

 

(Sobre la implicación del Ejército en la seguridad ciudadana). Es una corriente 

generalizada. Se aprobó en México, en El Salvador. Igual tienen una razón 

específica porque la Policía ha sido corrupta siempre pero ¿por qué ponerle el 

esfuerzo a la rama civil para depurarla, sanearla, equiparla, financiarla y no 

ponerlo en el otro lado donde es más difícil el control y las tentaciones mucho 

mayores? Yo creo que ha sido, y va serlo por mucho tiempo, un factor muy 

peligroso. La teoría que ya se confirmó es que los americanos iban a cerrar su 

frontera drásticamente, y a poner dificultades para el ingreso de la droga a su 

país. Efectivamente lo consiguieron, pero como dijo alguien, lo que ocurrió es 

que la frontera de Texas del lado de México se corrió para Guatemala. 

Empujaron el mercado y ahora el mercado y los delincuentes han pasado de 

nuestro lado, con una capacidad de fuego y una capacidad de corromper a las 

fuerzas nacionales inmensa. Aquí en una requisa que se hizo en una casa de 

la zona 14 encuentran en un archivo las tres primeras gavetas llenas de 

dólares… en esa capacidad de manejo de dinero, la capacidad de corromper 

es grande. Y eso vale para los policías, pero también para los oficiales, y para 

los jueces, igual para los abogados. Yo aquí cuando hago una escritura, le pido 

que no la haga sino acreditando en cuenta el pago, o un cheque de gerencia o 

algo por el estilo, pero aquí es fácil que venga alguien y ofrezca el pago en 

efectivo. 

 

Yo no creo en la Mano Dura, como opción. No creo en eso. Creo que es muy 

poco lo que se puede conseguir, y si se consigue algo, esas figuras que usted 

ha visto de bajada y de subida (refiriéndose a los gráficos de homicidios) son 



 

 

 

 

215 

 

 

respuesta a la aplicación de manos fuertes y duras pero que nunca son 

permanentes. Es un éxito puntual haber capturado esto y aquello, pero que 

dura lo que dura el reacomodo. 

 

 

P. Los focos de conflicto son muchos pero algo ocurre para que el Estado 

no responda. No sé si es porque alguien no tiene interés en que el Estado 

responda o si es que hay una especie de ceguera, por estar todo 

parcializado, segmentado no se está dando cuenta de lo que ocurre 

alrededor. 

 

 

R: Sí, pero hay varios factores. Es una cosa de locura decidir qué lugar y qué 

hechos son los que tiene que investigar. Le hablo de mi experiencia personal 

en el Ministerio. Al día siguiente se van acumulando casos, obligaciones que se 

van posponiendo y que al final el funcionario del MP o de la Policía se ven 

obligados a escoger y decidir qué casos y otros casos van desapareciendo con 

el tiempo. Desafortunadamente esa ha sido la pauta, aunque puede que está 

cambiando. Usted está llegando ahora en un momento muy importante, que no 

ha sido producto ni de este ni del anterior gobierno. Ha sido producto de 

muchos años y de muchas instituciones. Tuve el privilegio hasta hace unos 

años de presidir la que se llamaba Comisión Nacional de Crecimiento y 

Fortalecimiento de la Justicia, que no era gubernamental. Estaba la Fundación 

Soros, la Fundación Mack, la Fundación … toda la sociedad civil, pero a la que 

concurrían también representantes del Ministerio Público, del Ministerio de 

Gobernación, de la Universidad de San Carlos, de la Corte Suprema de 

Justicia, y desde ahí nos propusimos generar apoyo y ahora acaba de dar 

resultado. Yo participé hoy como un hecho histórico importante a la Universidad 

Internacional de Juristas (…) que la semana pasada se aprobó por el Congreso 

el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Eso no va a tener … ahora, pero sí 

lo tiene de cara al futuro. Otro hecho histórico y sorprendente es tener sentado 

en el banquillo frente a un juez al General Ríos Montt. No estoy diciendo que 



 

 

 

 

216 

 

 

sea culpable, esa decisión la va a tomar el juez, pero el mero hecho de ver a un 

sujeto como éste a quien me cuesta hacer referencia y verlo sudar… es un 

mensaje de afirmación de la justicia, y no solamente para nosotros. Media 

docena de banqueros están presos, un ex presidente está preso, dos o tres de 

sus ministros… yo sí siento que hay, digamos, un momento histórico que no sé 

cuánto va a durar pero que muchos tenemos la esperanza de que sea un punto 

de inflexión del cual no retornemos: que lo que se queda hecho hoy sirva para 

referencia de las actuales autoridades. El gobierno anterior era presidido por un 

civil, pero desgraciadamente no dio la talla, no quisieron… y ahí, en la parte 

puramente institucional, un segmento al cual no nos hemos referido, el del 

Congreso de los Diputados… gente que ha estado imputada, por lo menos 

señalada de haber participado en hechos delictivos de asesinato, ahí está en 

proceso la muerte de los diputados salvadoreños, hasta gente como este 

salvaje del señor Taracena que va a tirarles objetos a los otros diputados en la 

cara… que son mensajes para la población: ¿por qué si este señor puede no 

voy a poder yo? No forman necesariamente una conducta social sino que son 

producto del estado dramático en el que estamos todos, y la falta de la acción 

del Estado no solo para prevenirlos sino también para castigar. Ojalá si 

seguimos como vamos la cosa no se haga así como estábamos hablando sino 

que se estabilice como en otros países, que haya un momento de equilibrio. 

 

P: ¿Pero el discurso de ahora es de la Mano Dura? 

 

R: Sí, es una invitación a la prueba. El casi divorcio que hay entre la población 

y sus líderes. Una línea trazada con una rotundidad que aneja a la gente,  

 

P: Si el Ejército no puede detener…y no pueden hacer investigación 

criminal. ¿Cuál es el objeto de los patrullajes conjuntos? 

 

R: La capacidad de fuego.  

 

P: ¿Entonces solo están para matar? 



 

 

 

 

217 

 

 

 

R: Exactamente. El cambio nuestro que principió en el Ministerio fue cuando yo 

recibí el primer… había un conflicto de yo no sé qué, y entonces por cada 

intervención policial, y supongo que igual ahora, se requiere un plan de acción. 

Y el Director que venía con mi administración me presentó uno para enfrentar y 

controlar… sin ninguna gravedad… pero él lo planteó: el enemigo, puesto de 

control de las fuerzas, aquí, ataque… Le digo, mire, nosotros… primero no 

tenemos enemigos, y nosotros no vamos a atacar. Perdone que tenga que 

mencionar eso, pero es la primera vez que se introdujo ese concepto, se lo 

aseguro. Y hay un libro por ahí, que cuando yo salí del Ministerio… que a 

Ramiro le dolió mucho aquel…, le imputó mi salida del Ministerio como el peor 

de sus errores políticos. Así lo plantea el libro, no digo que eso sea cierto. Pero 

ellos no podían entender cómo en una situación urbana o rural el Ministro 

ordenaba que la Policía fuera y entrara desarmada. No podían entenderlo, por 

supuesto llevaba su batón, su máscara de gas y sus, digamos, lanzagranadas.. 

pero no llevaban armas de fuego, y menos armas largas. Cuando yo explicaba, 

miren señores la policía no está para matar, está para proteger la ciudad, para 

combatir el delito, pero no está para matar gente. Claro, hay situaciones en las 

que es imposible de evitar una situación de enfrentamiento armado, pero en un 

país civilizado la policía no debe… y hay unas normas internacionales que lo 

indican, pero aquí eso estaba y sigue estando, creo yo, fuera del esquema. 

 

P: ¿En los planes de seguridad de Berger, en los planes de Gobernación 

posteriores, nunca estuvo dentro del esquema? 

 

R: Creo que no. 

 

P: Ninguno se salvó. ¿Barrientos, Arévalo Lacs… todos iban con el 

mismo esquema? 

 

R: Sí, desgraciadamente. Mire, el primer Ministro de Gobernación que tuvo 

Álvaro (Colom), era un médico… que fue mi primer subdirector de la Policía. Y 



 

 

 

 

218 

 

 

como sabe murió aquí, una semana después de haber tomado posesión. El era 

antimilitarista rotundo. Cuando ante unas situaciones me pidió autorización 

para portar armas se le prohibió: entonces me contestó de una manera muy 

simpática, mire es que no la quiero yo para los huelguistas, la quiero para los 

militares… 

 

Hubo una situación cuando yo estaba en el Ministerio que describe muy bien 

cuál era el conflicto. Hay un guerrillero que el Ejército captura en el área de 

Huehuetenango y se les escapó. Se escapó y se fue a entregar a la Policía que 

estaba por allí muy cerca. El pobre policía se asustó porque era él, y un jeep y 

tres agentes.  Y la orden que hubo que darle era que se lo llevara así bajo su 

protección y bajo su responsabilidad y sin armas a Huehuetenango, o sea 

hacia la cabecera. Y así lo hizo. Lo condecoramos. Pero no haber recibido al 

guerrillero, sino por haber tenido las agallas de enfrentarse al Ejército, o sea, 

no en pelea, sino por no obedecer al oficial, sino obedecer a las autoridades 

civiles. Lo entregó. Después no sé qué pasó con él. Tengo un último recuerdo 

en el que firmé el decreto con Ramiro (el Presidente Ramiro de León Carpio), el 

lo aceptó, conmutando la pena de muerte de un señor –yo sigo creyendo que la 

pena de muerte es una barbaridad- y el hombre es ahora pastor evangélico, se 

transformó… pero ¿sabe por qué hicimos eso? Entre otras cosas por rechazo 

de la pena de muerte, pero porque el hombre era soldado, y como tal llegó 

armado a una cantina. Entró, pidió licor, se emborrachó completamente, y 

alguien entró al bar y le quiso quitar el fusil pero él no se dejó, usó el fusil y 

mató a dos personas. … (…) en cualquier parte eso ya es un atenuante. 

Cuando nos tocó revisar el parte, en aquella época estaba vigente el decreto 

que le permitía al ejecutivo conmutarla (ahora no)… yo dije, una condena de 

muerte no la ratifico, pero por favor ayúdeme. Entonces, el argumento jurídico 

nuestro fue que había habido dos muertes, que el responsable era él y que así 

se había probado en el Tribunal pero que el Tribunal no había considerado ni 

su estado de embriaguez ni su entrenamiento militar. El entrenamiento militar le 

dice a usted: tú puedes renunciar a cualquier cosa menos a tu fusil. Tu vida 



 

 

 

 

219 

 

 

depende del fusil, y el que intente quitártelo… (…) Era la instrucción recibida 

por el muchacho. 

 

P: Cuando Alfonso Portillo decide aprobar el decreto gubernativo 40/2000 

que le permite al Ejército tener una actividad en la seguridad interna, 

¿tiene que tener algún tipo de efecto sobre la violencia? 

 

R: Ah, por supuesto. Yo creo que él lo hizo en un momento político difícil, difícil 

para él. Los militares requieren aquí en Guatemala cosas, y es muy difícil 

negarlas, pero mucho más difícil negarlas si con los primos del norte usted 

tiene el ejemplo de que ellos han hecho lo mismo. Y en México ahora, yo sé, y 

además, la información corriente es que el Estado mexicano aprobó 

formalmente y creo que hubo hasta una reforma constitucional si no me 

equivoco, para facilitar la intervención del Ejército. Y allá es un poco más de 

eso, ya no son patrullajes, pueden intervenir en las capturas, en los 

allanamientos, en todo, aquello es mucho más profundo. ... El Ejército se 

corrompe en niveles que México no había conocido antes. Desde los 

almirantes y los coroneles para abajo, la corrupción es terrible en México, ya no 

es el motorista de tránsito.  

 

P: ¿Y hay alguna diferencia entre cómo se corrompe el militar y el civil? 

 

R: Hombre, es más caro el militar. Y los procedimientos son diferentes…  

 

(Fin de la entrevista) 

 

 

  



 

 

 

 

220 

 

 

Entrevista a Raquel Zelaya, Ex Secretaria de la Paz y  Directora 

General de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales – 

ASIES, y Entrevista a Lorena Escobar, Investigadora ASIES 

 

 

Raquel Zelaya: 

 

Causas de la violencia. Jóvenes y violencia.  

  

R: … el tema de un Crimen Organizado que usa la informalidad, los niños como 

“mensajeros” o “banderas” como les dicen, creo también que la propia debilidad 

que se traduce en una policía que es tenida por super corrupta, ni siquiera 

donde está es un foco de normalización o de tranquilidad sino que de ahí 

derivan también temas. Si usted ve, pues sí, es esa presencia de Estado pero 

de un Estado legítimo, idóneo, cercano a la población, porque donde hay da 

mucha pena ver la cantidad de policías que salen sindicados de estar de 

cómplices, de facilitadores. Una policía mal pagada, mal estimada. Entonces, 

aunque intenten poner controladores de celulares en la cárcel está claro que ha 

habido ocasiones en que en ciertos niveles de autoridad hasta bajan el switch y 

se puede llamar… entonces, para que se llegue a esos niveles de corrupción. 

Además está el tema del desempleo juvenil. El año pasado las cifras de 

muchachos que tenían acceso a educación secundaria pública o privada era de 

17%, entonces se tiene el otro 83% en la calle. 

 

Patrullajes conjuntos 

 

R: Mire, puede haber otra gente que conceptualmente tenga otro criterio de lo 

que debe ser, pero ahora en esta situación la gente lo que quiere son 

resultados y a mí me da la impresión de que, por ejemplo en esta última 

semana, ocurrieron cosas que la televisión no reflejaban… pienso que es 



 

 

 

 

221 

 

 

precisamente el compromiso del partido de gobierno de dar señales en la 

corrección de temas que lo está llevando a tomar una medida muy arriesgada, 

porque yo también sé que hay una porción de gente que está esperando 

incidente para sacar su tema. 

 

P: ¿Hay estadísticas que vinculen los patrullajes conjuntos con casos e 

incidentes concretos? 

 

R: No. Hasta ahora no, pero cuando los veo siento que el más mínimo 

incidente puede afectar la imagen del país. El CACIF hizo una encuesta sobre 

el robo de celulares… y después de varios años sabiendo donde estaban los 

problemas y se robaban los celulares, el Estado seguía sin hacer nada.  Es 

ahora que surgieron los muchachos de Jóvenes contra la Violencia poniendo 

información en los puntos diciendo: “aquí se roba celulares” Pienso que 

estamos en una campaña institucional muy fuerte… figúrese que van en la 

parte de atrás de los buses imágenes de el vidrio roto por una bala y la sangre, 

o un celular con pasamontañas.  

 

P: ¿Esto empezó cuándo? ¿Hubo alguna influencia de México o de El 

Salvador? 

 

R.: Ya en el 96 (Alvaro) Arzú lo había hecho, porque al no haber cambio 

constitucional el Ejército tiene un mandato en la seguridad interna. O sea, una 

cosa dicen los Acuerdos de Paz, la consulta dijo otra y eso sigue así. Entonces, 

no hay como una forma de decir que eso es inconstitucional o es ilegal porque 

lo tienen a su cargo.  

 

P. ¿Y está claro lo que es seguridad interna? 

 

R: Pues en la Constitución no, pero usted sabe que hay esto. Estamos con una 

policía claramente insuficiente y no confiable. El Ministro de Gobernación 

defendía anoche en un programa de televisión una compra masiva de armas 



 

 

 

 

222 

 

 

que iban a hacer. Si en medio de un ataque tienen que tener todos al menos el 

mismo tipo de armamento. Habría que estar pendiente del informe del primer 

mes porque al menos mi impresión es que he visto bastantes personas 

capturadas de estos patrullajes. 

 

P. ¿Qué paso con la Ley de Armas? 

 

R: Mire, hay dos versiones. Mis amigos duros me dicen que las organizaciones 

de derechos humanos volvieron una carta a Santa Claus la Ley de Armas. Creo 

que pusieron que las armas las pueden usar sólo a partir de 25 años, pero 

entonces qué pasa entre los 21 y los 25 años, porque a los 21 es la edad a la 

que legalmente puede prepararse un policía. Luego están los armeros… el uso 

indiscriminado creciente. La población, al no confiar en la policía, lo que 

reivindica es el derecho a defenderse.  

 

P. ¿Hay demanda de recuperar los espacios de seguridad para la 

población? 

 

R: Las armerías están creciendo por todos lados, incluso al lado de tiendas de 

licor. La aspiración ciudadana es percibir tranquilidad. … Está muy socializada 

la angustia, la incertidumbre, que obnubila otros derechos, otra forma de vivir 

democrática. En toda mi vida no me acuerdo de una etapa así como la que 

tenemos. Fueron demasiados años en los que el Estado no era nada amigable 

para la gente. El problema con la seguridad privada es la falta de control: que 

esté cinco o seis años la misma persona, al menos. Ellos mismos son los 

informantes porque saben cómo se mueve la gente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

223 

 

 

Lorena Escobar: 

La Seguridad Privada 

  

R: Lo que ocurre es que cuanto más débil sea el servicio de seguridad los 

ciudadanos buscan más cómo obtenerla. Cada vez se privatiza más la 

seguridad: ciento cincuenta y nueve empresas de seguridad, se estima que 

entre cien y ciento cincuenta mil agentes de seguridad son quienes brindan 

seguridad incluso a las propias instituciones del Estado. La seguridad es un 

negocio en Guatemala. Antes de la Ley de Armas y Municiones era más fácil 

obtener una licencia de portación de armas que una licencia de conducir, era 

uno sometido a más exámenes en la licencia de conducir. Usted ve una 

demanda fuerte por parte de la ciudadanía y cada vez se aleja más la 

posibilidad de que todos los guatemaltecos tengan seguridad, porque se vuelve 

un bien, un servicio caro que pagar. ¿Hemos tenido algún impacto sobre ver 

qué ocurre? No, no lo conozco. Hay rotaciones de personal, que en un tema de 

seguridad eso no es bueno. Algunas empresas serias tienen estándares de 

reclutamiento, otras no. Entonces, en dos días ya le enseñan a un hombre a 

disparar, y lo hacen responsable de un arma. En las fincas, el finquero compra 

las armas y se las da a sus mozos, pero los hace responsables del uso del 

arma, no hay corresponsabilidad, y no hay capacitación. Hay algunos que se 

han visto involucrados en actos de violencia, pero no hay estudios que 

muestren este tema. Lo que sí hay es alta rotación, se ha visto que hay 

agentes de seguridad que están trabajando incluso con antecedentes 

penales… La ola de delincuencia muestra que entre el ochenta y noventa por 

ciento de los asesinatos se cometen con arma de fuego. 

 

El Estado ha hecho en esto algún esfuerzo, más a nivel normativo que 

operativo, con la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, con la Ley de 

Armas y Municiones, con la Ley de Servicios de Seguridad Privada, en donde 

se va tratando de normar algunas conductas porque el Estado ya perdió el 

control sobre las empresas de seguridad, cuando así es en política, el Estado 



 

 

 

 

224 

 

 

debe conservar el monopolio de la fuerza. En Guatemala el Estado no tiene el 

monopolio de la fuerza y tenía que tender a tener un control sobre el uso de la 

fuerza y esta es la intención de la Ley de Servicios de Seguridad Privada. Pero 

la ley ha tenido inconstitucionalidades… por supuesto que las empresas de 

seguridad no quieren tener un tratamiento diferente al de otras empresas. Ellos 

han tratado de ser regulados como quien regula una venta de zapatos: pagar 

impuestos, ser sujetos nada más que al Ministerio de Trabajo, condiciones 

laborales supervisadas con inspecciones de trabajo… pero no a la dirección de 

servicios de seguridad privada. Eso por un lado, por otro, al aprobarse esta ley, 

le da tiempo a todas estas sociedades a convertirse de sociedad anónima con 

acciones al portador a sociedad anónima con acciones nominativas. Entonces, 

ya existen regímenes especiales para otras sociedades, como los bancos, pero 

las empresas plantearon problemas a este respecto. Con las acciones 

nominativas se sabría quienes son los dueños… aunque lo que se busca es 

conocer, pero no se va a pretender conocer sólo con esto porque, como son 

acciones, cualquier título puede ser endosado. Habría que legislar la figura del 

testaferrato. Habría que reforzar en este sentido. Las licencias para prestar un 

servicio también fueron un problema: no pueden ser “todólogos”, escolta, 

blindaje, etc. o debe ir demostrando para tener cada una de esas licencias. 

Esto también está en discusión, así como el hecho de que los agentes 

acrediten haber recibido un curso de formación aprobado por la Dirección 

General (Dirección General de Control de Armas y Municiones - DIGCAM). Hay 

una serie de impugnaciones sobre la ley que todavía no se han resuelto. 

 

P: ¿Quién gana con esto? 

 

R: Bueno, gana el que tiene recursos, es decir, el que le genera una utilidad. Y 

mientras esté la demanda está la oferta. ¿Cuántas manos invisibles? Muchos 

militares son dueños de las empresas de seguridad privada, aunque les 

moleste al gremio…. Fueron militares aunque ahora estén de baja. ¿Ellos son 

los únicos que saben de seguridad? Eso es una concepción que se tiene, que 

solo ellos saben de seguridad. Pero hay un repunte increíble de armeros; 



 

 

 

 

225 

 

 

siempre ha habido, eso es cierto, pero no como ahora. Y ya tendrán como 

quince o veinte años en esta situación, las armerías incrementándose. Y hay 

un incremento paralelo entre empresas de seguridad privada y armeros, uno 

vive del otro. ¿Quiénes son? Identificar grupos específicamente eso no es 

posible pero al menos yo sí percibo una estrategia, o que todos confluyen en 

un mismo fin que consiste en que la cosa siga mal, un estatus quo, “que la 

cosa siga mal para que todos sigamos bien”.  A los agentes de seguridad a 

veces no les pagan ni el salario mínimo, y por cada agente de seguridad las 

empresas ganan el doble o el triple de lo que el trabajador percibe. Entonces, 

hay una interrelación entre quien vende armas, quien vende los servicios y los 

militares. Eso sí hay una estrecha relación y si pudiéramos identificar los 

dueños nos íbamos a dar cuenta. La Gremial de empresas de seguridad… 

verá, la mayoría son capitanes, coroneles… todos en estado de retiro, a eso se 

dedican.  

 

P. A la consultoría… 

 

R: A la consultoría… Además, muchas de las armas que están entrando en el 

país son de dudosa procedencia. Y hay que recordar que el narcotraficante a 

veces paga con droga o con armas, no precisamente con dinero. Entonces 

también habría que hacer una relación con ese incremento de existencia de 

municiones y armas en Guatemala. Aquí hasta los niños podrían tener un arma 

y municiones, en 14 millones de habitantes 50 millones de municiones. Se dice 

mucho que por nuestra cercanía con México y Estados Unidos como parte del 

Triángulo Norte somos el puente perfecto para el tráfico de armas.  

 

P. ¿Qué ocurrió en el año 2000 que fue clave en la organización del 

crimen? 

 

R: En el 2000 cambiamos de gobierno y el que entró hizo una reestructuración 

en la Policía Nacional Civil que la debilitó. Entonces, ahí se sufren déficits en el 

recurso humano. Había policías de carrera que iban avanzando de forma 



 

 

 

 

226 

 

 

piramidal y eliminan una fracción que deja poca gente al mando. No hay 

mandos medios. Cuando eso ocurre se debilita la carrera y hay un descontrol. 

 

…  Se venía también de un proceso de reciclaje y transición en el que se trató 

de depurar a la Policía y que adquiriera nuevos hábitos. Entró el nuevo 

gobierno, cambió de política y se debilitó enormemente. 

 

Además de eso, entramos en un proceso de justicia transicional en el que el 

Estado va cambiando, también su forma administrativa, pero algunas prácticas 

todavía sobreviven. Antes en justicia penal teníamos un modelo inquisitivo y 

ahora cuando nos trasladamos al acusatorio nos encontramos con que la 

Policía va a ser el brazo derecho... y posteriormente se dividen las funciones 

del Ministerio Público respecto de la Procuraduría General de la Nación, que 

estaban antes fusionadas. Todo ese movimiento administrativo lo que devela 

es aún más que se cuenta con un brazo derecho –que sería la Policía Nacional 

Civil- no fortalecido. Y es una cadena que se va sucediendo en el tiempo y eso 

es lo que se va mostrando. Se van cambiando los roles en las instituciones. 

 

P. ¿En qué fechas? 

 

R: Todo esto empieza desde la firma de la paz y van dando resultados poco a 

poco: el Código Procesal Penal nuevo (entra en vigor) en el año 97 y 98… 

luego se hace esa separación. Estos cambios de política lo que requieren es 

una Policía Nacional Civil fuerte, y lo que encontramos en cambio es que se 

van debilitando. Entonces, digámoslo así, el traje le queda muy grande. 

 

 

 

Militares y Policías 

 

R: Se creó una unidad dentro del Ejército, y genera descontento tanto de un 

lado como del otro. Los militares están creídos de que sólo ellos pueden con la 



 

 

 

 

227 

 

 

seguridad del país. Estamos haciendo uso de los recursos que tenemos pero 

no es lo mejor, porque un soldado no está entrenado para detener a una 

persona o para capturarla, está entrenado para matarla. … Claro que genera 

una sensación de seguridad en ciertos sectores, porque sí hay que reconocer 

que el Ejército tiene más elementos que la Policía. Pero aún sumados el 

Ejército y la Policía no llegan al número de policías privados. Entonces, el 

guatemalteco se acostumbra a ver cada vez más hombres armados, en las 

agencias, en cualquier lado. El efecto de esos patrullajes conjuntos… hubo 

algunos grupos sociales que denunciaron que eso no servía de nada. Hasta 

ahora no se ha hecho ningún estudio formal de cuáles han sido sus frutos pero 

tampoco los han eliminado. 

 

El reacomodo del narcotráfico; área urbana y área rural 

 

R: No hay cárteles extranjeros, son nacionales y son conocidos. Los 

Lorenzana, los Mendoza. Los Mendoza estaban desde antes y ya tenían sus 

territorios, todo estaba en paz, ya la fiesta en paz y cada quien que tenía su 

territorio. El repunte, los reacomodos los percibimos en momentos posteriores 

a los 2000, cuando empieza el enfrentamiento fuerte de la lucha contra el 

narcotráfico en México y en Colombia, y entonces empieza un desplazamiento 

hacia el centro (Guatemala) Y las condiciones están dadas para que se 

desarrolle el narcotráfico. Los cárteles en Guatemala estaban tranquilos pero 

se recrudece en el 2006.  

 

P. ¿Entonces hay un lapso ahí entre el 2000 y el 2006 en el que las causas 

de la violencia de esta época son otras? 

 

R: Sí. Debilitamiento de PNC... La violencia se concentra en la urbe, por peleas 

de territorio, por maras, etc. pero no mirábamos hechos tan violentes como los 

que han ocurrido en estos últimos meses, y sobre todo en estos últimos días, 

donde entran tres tipos en un bar y empiezan a disparar a diestro y siniestro, no 

con una meta fija, un objetivo establecido, agarran y empiezan a matar. Eso no 



 

 

 

 

228 

 

 

lo habíamos visto en Guatemala. Se escuchaban en México, pero obviamente 

los Zetas han ido tomando participación en estos actos, y vienen por presión. Y 

todas estas condiciones, como decíamos, la ausencia del Estado en el área 

rural ha permitido que allí sean las fábricas. El concepto es puro de negocio y 

mercantilismo, así se maneja también. Usted tiene la fábrica en el área rural y 

todas las transacciones –porque todos los servicios están aquí- en la urbe. 

Usted comercia. Allá produce, allá trafica, hace el trasiego, es el paso, y aquí 

vende o hace los negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

229 

 

 

ANEXO 2 

 

TABLAS 

 

 

 

 

TABLA 1 Datos Población (2000-2010) 

 

TABLA 2 Número Homicidios por departamento (1987-2007) 

 

TABLA 3 Evolución de Homicidios a nivel municipal (1987-2004) 

 

TABLA 4 Tasa de Homicidios PCMH a nivel departamental  

(2000 – 2007) 



 

 

 

 

230 

 

 

TABLA 1 
 

DATOS POBLACIÓN 2000 – 2010 

DEPARTAMENTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CRECIMIENTO % 

GUATEMALA  2.518.891 2.580.256 2.641.473 2.702.257 2.762.328 2.821.400 2.879.664 2.937.307 2.994.047 3.049.601 3.103.685 584.794 18,84% 

EL PROGRESO 138.680 139.693 140.869 142.200 143.680 145.302 147.072 148.992 151.058 153.261 155.596 16.916 10,87% 

SACATEPEQUEZ 246.883 252.783 258.825 264.981 271.221 277.518 283.891 290.357 296.890 303.459 310.037 63.154 20,37% 

CHIMALTENANGO 447.013 459.804 473.112 486.908 501.158 515.832 530.951 546.536 562.555 578.976 595.769 148.756 24,97% 

ESCUINTLA 536.855 550.772 565.109 579.750 594.578 609.478 624.527 639.803 655.189 670.570 685.830 148.975 21,72% 

SANTA ROSA 300.326 302.706 305.437 308.521 311.964 315.770 319.963 324.516 329.433 334.720 340.381 40.055 11,77% 

SOLOLA 308.205 318.201 328.652 339.499 350.685 362.150 373.935 386.077 398.519 411.202 424.068 115.863 27,32% 

TOTONICAPÁN 339.190 349.095 359.667 370.825 382.485 394.567 407.124 420.212 433.749 447.651 461.838 122.648 26,56% 

QUETZALTENANGO 622.719 634.796 647.661 661.222 675.385 690.057 705.300 721.177 737.593 754.457 771.674 148.955 19,30% 

SUCHITEPÉQUEZ 403.871 412.053 420.684 429.743 439.210 449.063 459.317 469.985 481.047 492.481 504.267 100.396 19,91% 

RETALHULEU 240.895 245.428 250.267 255.378 260.729 266.286 272.071 278.106 284.359 290.796 297.385 56.490 19,00% 

SAN MARCOS 795.331 812.827 830.767 849.220 868.257 887.947 908.245 929.103 950.592 972.781 995.742 200.411 20,13% 

HUEHUETENANGO 849.923 872.763 896.737 921.655 947.325 973.555 1.000.474 1.028.208 1.056.566 1.085.357 1.114.389 264.466 23,73% 

QUICHÉ 659.720 681.306 703.949 727.628 752.318 777.998 804.683 832.387 861.089 890.764 921.390 261.670 28,40% 

BAJA VERAPAZ 216.497 219.876 223.554 227.535 231.822 236.419 241.322 246.531 252.047 257.876 264.019 47.522 18,00% 

ALTA VERAPAZ 783.139 810.414 837.917 865.811 894.260 923.427 953.203 983.479 1.014.419 1.046.185 1.078.942 295.803 27,42% 

PETÉN 369.384 392.540 416.264 440.393 464.763 489.209 513.843 538.771 563.832 588.860 613.693 244.309 39,81% 

IZABAL 314.912 322.556 330.501 338.728 347.213 355.935 364.910 374.151 386.636 393.345 403.256 88.344 21,91% 

ZACAPA 199.310 200.801 202.253 203.745 205.351 207.149 209.089 211.117 213.313 215.752 218.510 19.200 8,79% 

CHIQUIMULA 302.268 306.764 311.614 316.813 322.358 328.247 334.469 341.041 347.960 355.223 362.826 60.558 16,69% 

JALAPA 243.525 248.608 254.050 259.844 265.981 272.454 279.268 286.428 293.926 301.755 309.908 66.383 21,42% 

JUTIAPA 387.867 389.612 391.773 394.360 397.382 400.847 405.439 410.485 415.996 421.984 428.462 40.595 9,47% 

TOTAL 11.225.404 11.503.654 11.791.135 12.087.016 12.390.453 12.700.610 13.018.760 13.344.769 13.680.815 14.017.056 14.361.667 3.136.263 21,84% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 



 

 

 

 

231 

 

 

TABLA 2 
 

NÚMERO DE HOMICIDIOS POR DEPARTAMENTO 1987 – 2007 

DEPARTAMENTOS  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 

GUATEMALA  601 562 449 392 367 399 479 588 574 581 941 708 722 870 950 1313 1704 1.721 2497 2582 

SACATEPEQUEZ 23 26 19 24 22 24 18 21 26 37 38 26 17 31 24 18 17 33 59 43 

CHIMALTENANGO 17 44 28 20 17 4 12 18 17 12 16 21 19 15 12 22 29 63 84 96 

ESCUINTLA 147 126 124 112 130 124 117 107 147 187 261 211 119 128 143 139 204 115 146 133 

SANTA ROSA 168 102 89 100 118 99 122 128 181 174 206 205 113 136 136 117 93 112 139 141 

SOLOLA 45 25 29 47 29 30 32 14 14 14 19 21 22 12 15 13 13 20 31 33 

TOTONICAPÁN 14 10 15 24 11 15 12 21 13 9 21 14 8 7 9 13 6 21 22 17 

QUETZALTENANGO 43 41 46 20 41 49 30 31 38 42 44 46 28 32 33 48 49 84 118 69 

SUCHITEPÉQUEZ 73 100 86 56 71 49 38 70 37 49 53 70 40 43 45 46 56 48 85 64 

EL PROGRESO 26 24 27 27 38 33 24 27 38 28 21 49 25 38 23 25 29 22 34 31 

RETALHULEU 33 34 24 35 30 47 36 51 45 49 49 59 35 17 32 37 31 47 47 67 

SAN MARCOS 87 94 84 83 56 66 47 78 55 87 146 169 108 94 81 126 100 105 97 119 

HUEHUETENANGO 23 31 24 20 19 37 43 29 25 38 48 48 28 51 28 49 63 55 50 55 

QUICHÉ 35 89 27 44 98 38 48 79 29 18 31 41 20 16 29 19 24 37 30 60 

BAJA VERAPAZ 7 15 18 18 26 35 15 39 15 23 28 26 28 10 19 25 17 27 23 22 

ALTA VERAPAZ 45 21 26 6 18 23 28 22 37 21 36 40 25 34 30 30 34 36 25 38 

PETÉN 89 152 120 127 107 112 110 179 121 159 222 222 209 200 196 182 242 226 326 300 

IZABAL 95 122 65 102 101 145 133 118 152 157 275 240 84 82 83 151 206 225 136 142 

ZACAPA 59 65 66 60 75 68 66 75 57 44 48 102 75 43 50 61 54 67 65 118 

CHIQUIMULA 81 88 86 93 87 73 80 112 74 91 114 129 72 62 121 132 104 128 93 156 

JUTIAPA 149 140 142 187 174 161 150 170 191 266 294 225 154 207 198 191 201 177 148 159 

JALAPA 31 57 42 66 56 59 53 64 84 80 91 104 51 40 47 37 32 59 45 70 

TOTAL 1891 1968 1636 1663 1691 1690 1693 2041 1970 2166 3002 2776 2002 2168 2304 2794 3308 3.428 4300 4515 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE / *Año 2005 No disponible por departamentos 



 

 

 

 

232 

 

 

TABLA 3 
 

Evolución de Homicidios a nivel municipal 1987 – 2004 

 

1987 1988 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

MELCHOR DE MENCOS 6 11 4 9 6 7 4 5 5 7 11 12 1 15 15 11 10 4 

ESQUIPULAS 13 23 19 16 8 12 12 35 13 20 25 31 13 11 31 25 29 32 

CUILAPA SANTA ROSA 32 22 26 21 30 20 28 30 62 43 51 59 33 39 41 34 23 30 

FLORES PETÉN 3 9 1 1 2 5 2 4 4 7 6 1 5 3 3 3 3 3 

SAN JOSÉ ESCUINTLA 6 4 8 6 5 3 2 2 0 3 2 0 4 6 12 4 14 1 

CHIQUIMULA 24 38 33 39 42 30 41 39 36 34 44 51 24 31 56 64 29 32 

PUERTO BARRIOS  19 33 24 40 21 37 38 39 30 40 64 75 18 24 26 35 40 39 

PUEBLO NUEVO VIÑAS 10 3 5 5 8 3 14 8 11 14 26 24 4 4 6 12 13 10 

LOS AMATES IZABAL 33 28 19 21 31 41 39 22 61 50 84 58 20 25 16 31 54 60 

GUATEMALA  477 396 308 271 305 265 358 410 392 381 668 531 547 640 675 1.052 1.396 1297 

AMATITLÁN  17 16 17 17 9 9 9 18 21 26 16 12 9 11 30 16 40 48 

TIQUISATE  14 19 10 0 7 23 10 10 11 12 18 14 9 10 24 19 30 16 

SAN ANDRÉS 0 0 0 6 0 2 3 5 6 6 5 12 16 11 16 17 34 16 

MIXCO 30 44 47 42 19 52 45 72 79 85 136 101 100 125 143 153 140 172 

VILLA NUEVA 16 31 17 19 11 15 22 24 26 35 51 31 35 50 70 60 80 113 

                   Total 684 646 521 494 493 509 605 699 731 728 1156 981 803 955 1094 1476 1855 1760 

% respecto al total de 

homicidios 36,2 32,8 31,8 29,7 29,2 30,1 35,7 34,2 37,1 33,6 38,5 35,3 40,1 44,0 47,5 52,8 56,1 51,3 

% Municipalidad Guatemala, 

respecto al resto del país 25,2 20,1 18,8 16,3 18,0 15,7 21,1 20,1 19,9 17,6 22,3 19,1 27,3 29,5 29,3 37,7 42,2 37,8 

 

*Datos absolutos sobre listado de municipios más violentos en función de Tasa de Homicidios PCMH 

Fuente: Elaboración propia sobre datos INE 



 

 

 

 

233 

 

 

TABLA 4 

Tasa de Homicidios PCMH a nivel departamental (2000 – 2007) 

DEPARTAMENTOS 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 

GUATEMALA  34,54 36,82 49,71 63,06 62,30 86,71 87,90 

PETÉN 54,14 49,93 43,72 54,95 48,63 63,44 55,68 

JUTIAPA 53,37 50,82 48,75 50,97 44,54 36,50 38,73 

SANTA ROSA 45,28 44,93 38,31 30,14 35,90 43,44 43,45 

IZABAL 26,04 25,73 45,69 60,82 64,80 37,27 37,95 

ZACAPA 21,57 24,90 30,16 26,50 32,63 31,09 55,89 

CHIQUIMULA 20,51 39,44 42,36 32,83 39,71 27,81 45,74 

JALAPA 16,43 18,91 14,56 12,32 22,18 16,11 24,44 

EL PROGRESO 27,40 16,46 17,75 20,39 15,31 23,12 20,81 

SACATEPEQUEZ 12,56 9,49 6,95 6,42 12,17 20,78 14,81 

ESCUINTLA 23,84 25,96 24,60 35,19 19,34 23,38 20,79 

SAN MARCOS 11,82 9,97 15,17 11,78 12,09 10,68 12,81 

SUCHITEPÉQUEZ 10,65 10,92 10,93 13,03 10,93 18,51 13,62 

RETALHULEU 7,06 13,04 14,78 12,14 18,03 17,27 24,09 

CHIMALTENANGO 3,36 2,61 4,65 5,96 12,57 15,82 17,57 

SOLOLA 3,89 4,71 3,96 3,83 5,70 8,29 8,55 

TOTONICAPÁN 2,06 2,58 3,61 1,62 5,49 5,40 4,05 

QUETZALTENANGO 5,14 5,20 7,41 7,41 12,44 16,73 9,57 

HUEHUETENANGO 6,00 3,21 5,46 6,84 5,81 5,00 5,35 

QUICHÉ 2,43 4,26 2,70 3,30 4,92 3,73 7,21 

BAJA VERAPAZ 4,62 8,64 11,18 7,47 11,65 9,53 8,92 

ALTA VERAPAZ 4,34 3,70 3,58 3,93 4,03 2,62 3,86 

Fuente: Elaboración Propia sobre datos INE y Encuestas de Población. (Año 2005 No disponible por departamentos) 

 



 

 

 

 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

235 

 

 

ANEXO 3 

 

CRONOLOGÍA DE EVENTOS HISTÓRICOS CLAVE 

 

 

 

 

2 de noviembre, 1976 Jimmy Carter, gobernador de Georgia y candidato por 

el partido demócrata, es elegido Presidente de Estados 

Unidos. 

 

8 de Abril, 1977  El Departamento de Estado publica el primer informe 

sobre la situación de los derechos humanos en varios 

países del mundo entre los que está Guatemala. 

Adelantándose a la prohibición del Congreso y al igual 

que hicieran otros gobiernos de la región, el Presidente 

de Guatemala, Kjell Laugerud, decide renunciar a la 

ayuda militar estadounidense. 

 

31 de Enero, 1980 Las fuerzas de seguridad del gobierno del General 

Fernando Romeo Lucas entran en la Embajada de 

España en Guatemala y reprimen una protesta de 

campesinos que denunciaban las violaciones, 

matanzas y abusos cometidos por el Ejército en 

algunas zonas del interior de la República. En el asalto 

mueren 34 campesinos y 3 funcionarios de la 

Embajada. 

 



 

 

 

 

236 

 

 

23 de Marzo, 1982 Relevo en el Ejército: golpe de Estado contra el 

General Fernando Romeo Lucas. El General Ríos 

Montt se autoproclama Presidente tres meses después 

del golpe. 

 

8 de Agosto, 1983 Ríos Montt es depuesto por su Ministro de Defensa, el 

General Oscar Humberto Mejía Víctores, quien lo 

sucede como Presidente de facto. 

 

1 de Julio, 1984 Elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. 

 

31 de Mayo, 1985 La Asamblea Nacional Constituyente, presidida por  

Roberto Carpio Nicolle, adopta el texto de la nueva 

Constitución de la República. El Ejército ha insertado 

por primera vez la seguridad interna en el texto 

constitucional. 

 

3 de Noviembre, 1985 Elecciones Generales. Vinicio Cerezo, el candidato de 

la Democracia Cristiana Guatemalteca, obtiene el 

68,37% de los votos en la segunda vuelta electoral (8 

de Diciembre de 1985). 

 

10 de Enero, 1986 Cuatro días antes de entregar el poder, el General 

Mejía Víctores, todavía Jefe del Estado, firma el 

Decreto 8-86 por el que se concede una amnistía 

general a toda persona responsable o sindicada de 

haber cometido delitos políticos y comunes conexos 

durante el período del 23 de marzo de 1982 al 14 de 

enero de 1986. 

 

14 de Enero, 1986 Entra en vigor la nueva Constitución de la República. 

Vinicio Cerezo toma posesión como Presidente. 

 



 

 

 

 

237 

 

 

…… 

 

 

7 de agosto, 1987 Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua firman el Acuerdo de Esquipulas 

II por el que se acuerda el Procedimiento para 

Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica. 

 

Octubre, 1987 Primer intento de diálogo directo entre el gobierno y la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –

URNG- en Madrid (el intento concluye en fracaso). 

 

30 de septiembre, 1987 Creación de la Comisión Nacional de Reconciliación –

CNR- en Guatemala, presidida por Mons. Rodolfo 

Quesada Toruño, que impulsa el diálogo nacional y el 

diálogo directo entre el gobierno y la URNG. 

 

9 de noviembre, 1989 Cae el Muro de Berlín. 

 

28 de Marzo, 1990 El gobierno y la URNG firman el Acuerdo de Oslo que 

determina el formato (un conciliador interno y un 

observador de las Naciones Unidas) y la finalidad de 

las negociaciones de paz: solucionar la problemática 

nacional por medios políticos y pacíficos y poner fin a la 

guerra. 

 

Junio, 1990 En seguimiento del Acuerdo de Oslo, la URNG firma en 

el Escorial un Acuerdo con los Partidos Políticos para 

buscar una salida negociada al conflicto. 

 

11 de septiembre, 1990 La antropóloga guatemalteca Myrna Mack es 

asesinada por un suboficial del Estado Mayor 



 

 

 

 

238 

 

 

Presidencial –EMP. El asesinato provoca protestas 

internacionales y mayor aislamiento del Ejército. 

 

6 de Enero, 1991 Jorge Serrano Elías, evangélico y líder del Movimiento 

de Acción Solidaria –MAS-, gana las elecciones en 

segunda vuelta contra Jorge Carpio Nicolle. 

 

14 de Enero, 1991 Jorge Serrano Elías toma posesión como Presidente de 

la República. 

 

Abril de 1991 Primera reunión directa entre representantes del 

gobierno y la guerrilla de Guatemala, en la ciudad de 

México. 

 

25 de julio, 1991 Gobierno y URNG firman en Querétaro el Acuerdo 

Marco sobre Democratización, que otorga un clima de 

irreversibilidad al proceso de paz. 

 

9 de Mayo, 1993 Elecciones municipales: el MAS, el partido oficial, 

obtiene una considerable mayoría en las elecciones 

municipales.  

 

25 de Mayo, 1993 Emulando a Alberto Fujimori, el Presidente Serrano 

Elías suspende la Constitución de 1985 y clausura el 

Congreso, la Corte suprema de Justicia y la Corte de 

Constitucionalidad como una solución para terminar 

con las mafias del narcotráfico y corrupción que, según 

él, se habían instalado en el Estado. Anuncia la 

celebración de elecciones a una Asamblea 

Constituyente en el plazo de 90 días. 

 



 

 

 

 

239 

 

 

30 de Mayo, 1993 La URNG se suma a otros sectores sociales en un 

Frente Amplio para rechazar la propuesta del 

Presidente Serrano de convocar una “concertación 

nacional” provisional. Días antes la Corte de 

Constitucionalidad había declarado nula cualquier 

convocatoria electoral en esas circunstancias. 

 

1 de Junio, 1993 El Presidente Serrano Elías renuncia al cargo y se 

refugia en Panamá. 

 

6 de Junio, 1993 El Congreso de la República elige a Ramiro de León 

Carpio como Presidente de la República en sustitución 

del destituido Serrano Elías y hasta el fin de su 

mandato.  

 

29 de Marzo, 1994 Se firma en México el Acuerdo Global sobre Derechos 

Humanos, que entre otros temas permite el 

establecimiento de la Misión de Naciones Unidas para 

la Verificación de los Derechos Humanos (MINUGUA).  

 

17 de junio, 1994 Se firma en Oslo el Acuerdo sobre Reasentamiento de 

las Poblaciones Desarraigadas. Este acuerdo propicia 

el retorno de miles de refugiados a Guatemala. 

 

23 de junio, 1994 Se firma en Oslo el Acuerdo sobre el Establecimiento 

de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que 

busca establecer responsabilidades sobre la guerra. 

 

31 de Marzo, 1995 Se firma en México el Acuerdo de Identidad y Derechos 

de los Pueblos Indígenas. 

 



 

 

 

 

240 

 

 

7 de Enero, 1996 El candidato del Partido de Avanzada Nacional –PAN-, 

Álvaro Arzú Irigoyen, se proclama vencedor de las 

elecciones presidenciales tras ganar a su rival Alfonso 

Portillo Cabrera en la segunda vuelta. 

 

14 de Enero, 1996 Álvaro Arzú Irigoyen toma posesión como Presidente 

de la República. 

 

25 de Febrero, 1996 El Presidente Arzú mantiene una reunión secreta en 

México con representantes de la guerrilla. 

 

20 de Marzo, 1996 Gobierno y URNG proclaman sendos altos el fuego. 

 

6 de Mayo, 1996 Se firma en México el Acuerdo de aspectos 

Socioeconómicos y situación agraria. 

 

19 de septiembre, 1996 Se firma en México el Acuerdo sobre Fortalecimiento 

del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad 

Democrática, el cual entre otros aspectos establece la 

creación de la PNC, modernización de la 

administración pública y carrera del Servicio Civil, la 

disolución de la Policía Militar Ambulante, así como la 

reducción de efectivos y presupuesto del  Ejército en un 

33% para los años 1997 y 1999, respectivamente. 

 

Septiembre, 1996 Firma de Acuerdos Operativos: Cese al fuego en 

Estocolmo, Reformas Electorales y Régimen Electoral 

en Oslo y, Bases para la incorporación de la URNG a la 

legalidad, en Madrid. 

 



 

 

 

 

241 

 

 

29 de diciembre, 1996 Se firma en Ciudad de Guatemala Acuerdo de Paz 

Firme y Duradera con el que concluye el proceso de 

negociación de la paz. 

 

…… 

 

5 de Marzo, 1997 Entra en vigor la Ley de la Policía Nacional Civil 

(Decreto 11-97). 

 

26 de Diciembre, 1999 Alfonso Portillo, líder del Frente Republicano 

Guatemalteco –FRG- se proclama vencedor de las 

elecciones presidenciales tras ganar a su rival Oscar 

Berger en la segunda vuelta. 

 

14 de Enero, 2000 Alfonso Portillo toma posesión como Presidente de la 

República. 

 

25 de febrero, 2002 Secuestro de Lizardo Sosa, Presidente del Banco de 

Guatemala. Fue liberado por la PNC cuatro días más 

tarde. 

 

11 de Abril, 2002 El Congreso de la República aprueba la Ley General de 

Descentralización (Decreto 14-2002). En el mismo año 

fueron aprobados el Código Municipal y la Ley de los 

Consejos de Desarrollo Urbano. 

 

1 de Junio, 2002 Entran en vigor las nuevas Leyes Financieras (Ley 

Orgánica del Banco de Guatemala, Ley Monetaria, Ley 

de Libre Negociación de Divisas, Ley de Bancos y 

Grupos Financieros, y Ley de Supervisión Financiera). 

 

29 de Octubre, 2003 Disolución del Estado Mayor Presidencial. 



 

 

 

 

242 

 

 

 

28 de Diciembre, 2003 Óscar Berger, líder de la Gran Alianza Nacional –

GANA- se proclama Presidente de Guatemala tras 

vencer en  segunda vuelta a su oponente Álvaro 

Colom. 

 

15 de enero de 2004 Oscar Berger toma posesión como Presidente de la 

República. 

 

11 de Agosto, 2006 Entra en vigor la Ley contra la delincuencia organizada. 

 

9 de septiembre, 2007 Álvaro Colom gana las elecciones presidenciales en la 

segunda vuelta contra el candidato del Partido Patriota, 

Otto Pérez Molina. 

 

16 de Abril, 2008 Entra en vigor la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Seguridad (Decreto 18-2008). 

 

8 de Mayo, 2008 Entra en vigor la Ley de violencia contra las mujeres. 

 

21 de Marzo, 2009 Entra en vigor la Ley contra la violencia sexual, 

explotación y trata de personas. 

 

22 de Abril, 2009 Entra en vigor la Ley de armas y municiones (Decreto 

15-2009). 

 

9 de Diciembre, 2010 El Congreso de la Republica aprueba la Ley que regula 

los Servicios de Seguridad Privada (Decreto 52-2010) 

 

 



 

 

 

 

243 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

Aguilera Peralta, G. (2008) “Enfrentar la violencia con “mano dura”: políticas de contención en 

Centroamérica”, Pensamiento Iberoamericano, 2. Págs. 125 – 140. 

Alonso, Pedro Luis. (1998) En el nombre de la crisis: transformaciones religiosas de la sociedad 

guatemalteca contemporánea. Guatemala. Artemis Edinter. 

Arendt, H. (1970) On violence, Harvest Books, New York 

Arévalo, J.J. (2005) (Primera Edición 1956) Fábula del tiburón y las sardinas: América Latina 

estrangulada.  FLACSO/SOROS, Guatemala. 

Arévalo de León, B. (1998) Sobre arenas movedizas: sociedad, Estado y ejército en 

Guatemala, 1997. Guatemala. FLACSO. 

Argueta, O. (2010) “Private Security in Guatemala: The Pathway to Its Proliferation” GIGA 

Working Papers, Edited by the GIGA German Institute of Global and Area Studies Leibniz-

Institut für Globale und Regionale Studien 

Arriagada, I. y Godoy, L. (1999) “Seguridad y Violencia en América Latina: diagnóstico y 

políticas de los años noventa”. Serie Políticas Sociales. División de Desarrollo Social, 

CEPAL. Santiago de Chile. 

Astorga, L. (2000) “Crimen Organizado y la Organización del Crimen” en Bailey, J. y Godson, 

R. Crimen Organizado y Gobernabilidad Democrática. México y la franja fronteriza, Ed. 

Grijalbo, México D.F. 

Bailey, J. y Godson, R. (2000) “El crimen organizado y la gobernabilidad democrática: México y 

Estados Unidos. Las zonas fronterizas mexicanas” en Crimen Organizado y Gobernabilidad 

Democrática. México y la franja fronteriza, Ed. Grijalbo, México D.F. 

Ball, P., Kobrak, P., Spirer, H. (1999) Violencia institucional en Guatemala, 1960 a 1996: Una 

reflexión cuantitativa. American Association for the Advancement of Science (AAAS) 



 

 

 

 

244 

 

 

Science and Human Rights Program; Centro Internacional para Investigaciones en 

Derechos Humanos (CIIDH). Washington, DC, Estados Unidos de América 

Barrachina Lisón, C. (2006) “La asistencia militar de Estados Unidos en América Latina: 

permanencias, discontinuidades e intereses” Fuerzas Armadas y Sociedad, FLACSO- Chile. 

Año 19. N.1. Enero-Julio 2006: 109-140. 

Boix, C. (2003) Democracy and Redistribution, Cambridge University Press. New York 

Brands, H. (2010) “Crime, violence, and the crisis in Guatemala: a case study in the erosion of 

the State”, Strategic Studies Institute – SSI, U.S. Army War College. 

Brautigam, D., Fjelstad, O. & Moore, M. (Eds.) (2008). Taxation and State-Building in 

Developing Countries: Capacity and Consent. Cambridge: Cambridge University Press. 

Briscoe, I. and Stappers, M. (2012) Breaking the Wave: critical steps in the fight against crime in 

Guatemala. Clingendael Institute / Impunity Watch (January 2012) 

Brown, M. J., Daly, J., and Hamlin, K. (2005) Guatemala Land Conflict Assessment. MSI, 

USAID 

Calvaruso, A., Feliciani, F., Stein, R. (2007). “Transformaciones en el Estado guatemalteco a 

diez años de la firma de la paz. Un ensayo”. Informe final de consultoría para el proyecto 

“Sistemas de Apoyo Estratégico a la Presidencia/Vicepresidencia de la República” Gobierno 

de Guatemala Vicepresidencia de la República 

Cambranes, J. C. (1985) Café y campesinos: los orígenes de la economía de plantación 

moderna en Guatemala, 1853-1897. Madrid. Editorial Catriel, 1996 

Camus, M. (1994) “La Maquila en Guatemala: un Acercamiento a las Relaciones Laborales”, en 

Pérez-Sainz, J. P. (Coord.) Globalización y Fuerza Laboral en Centroamérica. FLACSO. 

Carballido Gómez, A. “Seguridad pública y privada: Guatemala”, Departamento de Seguridad 

Pública, Doc. de Trabajo. Organización de Estados Americanos - OEA  

Cardoza y Aragón, L (1955) La Revolución Guatemalteca,  Ed. El Pensativo, Guatemala, 1994 

Casáus Arzú, M.E. (1998) La metamorfosis del racismo en Guatemala. Ed. CHOLSAMAJ, 

Guatemala. 2002 



 

 

 

 

245 

 

 

Cayzac, Hugo. (2001) Guatemala, proyecto inconcluso. La multiculturalidad, un paso hacia la 

democracia. Guatemala. FLACSO. 

Chase-Dunn, C., Jonas, S. y Amaro, N. (Eds.) (2001) Globalization on the ground, postbellum 

guatemalan democracy and development. United States of America. Rowman & Littlefield 

Publishers, Inc. 

Cruz Galich A. (2011) Estudio para el Análisis de la Eficacia, Eficiencia, Calidad y 

Transparencia del Gasto Público en Materia de Seguridad y Justicia, IEPADES, Guatemala. 

Dabroy, J. (2009) “La importancia de la labor de inteligencia criminal en Guatemala”, RESDAL, 

Buenos Aires 

Davies, J. C. (1962) "Towards a Theory of Revolution", American Sociological Review, Vol. 

XXVII  

Dosal, P (1995) El ascenso de las élites industriales en Guatemala 1871-1994. Guatemala: 

Editorial Piedra Santa (2005) 

Durocher, B. (2002) Los derechos de la tierra: la cuestión agraria en el país ixil. (Colección: 

Dinámicas Agrarias en Guatemala, Tomo III) Guatemala. FLACSO, MINUGUA, 

CONTIERRA. 

Escalante, F. (2011) “Homicidios 2008-2009. La Muerte Tiene Permiso”. Revista Nexos. Enero 

2011. México. Versión digital disponible en 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=1943189  

Escobar Noriega, L. (2011) “La Regulación de los Servicios de Seguridad Privada en 

Guatemala”. ASIES, Guatemala 

Espach, R., Meléndez Quinónez, J., Haering, D., Castillo Girón, M.L., (2011) Organizaciones 

Criminales y Tráfico Ilícito en las Comunidades Fronterizas de Guatemala IPR 15226, CNA 

Analisis&Solutions, Diciembre 2011 

Espitia Avilez, G.  et alt. (2007) Descentralización Fiscal en Centroamérica: Estudio 

Comparativo. FUNDE, El Salvador 

Flora, J.L. and Torres Rivas, E. (1989) Sociology of “Developing Societies”, Central America, 

Monthly Review Press, New York 

Fuentes Knight, J. A. (2011) Rendición de Cuentas, FyG Editores, Guatemala 



 

 

 

 

246 

 

 

Fuentes Knight, J.A. (2006) “Retos de la Política Fiscal en América Central”, CEPAL-ICEFÍ, 

LC/MEX/L.719/Rev.1 26 de julio de 2006  

Fuentes Knight, J. A. y Cabrera, M. (2006) “Pacto Fiscal en Guatemala: lecciones de una 

negociación” Revista de la CEPAL, N. 88 

Gambetta, D. (2000) ‘Mafia: The Price of Distrust’, in Gambetta, Diego (ed.) Trust: Making and 

Breaking Cooperative Relations, electronic edition, Department of  Sociology, University 

of Oxford, chapter 10, pp. 158-175, <http://www.sociology.ox.ac.uk/papers/gambetta158-

175.pdf>. 

Garrad - Burnett, V. (1998) Protestatism in Guatemala, living in the New Jerusalem. United 

States of America. University of Texas Press. 

Gellner, E. (1983): Naciones y Nacionalismos, Madrid, Alianza, 1997.  

Guerra Borges, A. (1992) Guatemala, el largo camino a la modernidad: su trayectoria, primera 

etapa, 1871 - 1944. UNAM - Instituto de Investigaciones Económicas, México. 

Guerra Borges, A. (2006) Guatemala: 60 años de historia económica (1944-2004) USAC, 

PNUD. Ed. Armar, Guatemala  

Gurr, T. (1970) Why men rebel. Princeton: Princeton University Press.  

Hernández, I. (2005) Camino Rocoso. Reforma de la Inteligencia en Guatemala. WOLA 

Hernández Pico, J. (2005) Terminar la guerra, traicionar la paz: Guatemala en las dos 

presidencias de la paz : Arzú y Portillo, 1996-2004. FLACSO 

Hobsbawm, E.J. (1990) Nations and Nationalism since 1780: programme, myth, reality. 

Cambridge University Press. Pag. 12 (Ed. 2008) 

Hofstader, R. and Wallace, M. (Ed.) (1970) American Violence: a documentary history. Alfred A. 

Knopf, Inc. New York 1970 

Huntington, S. (1968) El Orden Político en las Sociedades en Cambio. PAIDOS. Barcelona, 

1997. 

Jonas, S. (2000) De centauros y palomas: el proceso de paz guatemalteco. Guatemala. 

FLACSO. 



 

 

 

 

247 

 

 

Kalyvas, S. (2006) The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University Press. 2009 

Kincaid, D. (2001) “Demilitarization and Security in El Salvador and Guatemala: Convergences 

of Success and Crisis” en CHASE-DUNN, C., JONAS, S. and AMARO, N. (Eds.), 

Globalization on the Ground: Postbellum Guatemalan Democracy and Development, 

Rowman & Littlefield, New York 

Kobrak, P. (1999) En Pié de Lucha: Organización y Represión en la Universidad de San Carlos, 

Guatemala, 1944 a 1996, American Association for the Advancement of Science (AAAS), 

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 

Humanos (CIIDH)  

Larrain, F. (2004) “Guatemala: los desafíos del crecimiento”, Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID- Serie de Estudios Económicos y Sectoriales RE2-04-001 

Leonhard, R. y Wolpold-Bosien, M. (2001) Los derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 

Política Agraria en América Central, FIAN International Secretariat, Heidelberg, Alemania 

López, J. (2011) “Guatemala’s Crossroads: The Democratization of Violence and Second 

Chances” en ARNSON, C.J. y OLSON, E.L. Organized Crime in Central America: The 

Northern Triangle. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Latin American 

Program 

López Chávez, C. (1998) (coord.) Estado, fuerzas de seguridad y sociedad civil. Segunda Fase 

de Investigación. Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC- Dirección General de 

Investigación, PUIEP-IIPS 

Martí i Puig, S. (1998) “La izquierda centroamericana: renacimiento o debacle” en Cardenal, 

A.S. y Martí y Puig, S. (Comp.) América Central, las democracias inciertas. UAB – TECNOS. 

Madrid 

Martínez, D. (2007) “Rol de la Cooperación Europea en la Promoción de los Acuerdos de Paz 

en Guatemala: Reforma Judicial y Reestructuración de la Policía”, Conferencia 

Internacional: A Diez Años de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y Perspectivas 

de la Cooperación Internacional. Bruselas. 

Martínez Peláez, S. (1970) La patria del criollo, ensayo de interpretación de la realidad colonial 

guatemalteca. (Ed. 1998) México, D.F. Fondo de Cultura Económica. 



 

 

 

 

248 

 

 

McCleary, R. M. (2003) Imponiendo la democracia: las elites guatemaltecas y el fin del conflicto 

armado. Guatemala. Artemis Edinter 

Migdal, J. (1988) Strong Societies and Weak States, Princeton University Press. Princeton. 

Monterroso Castillo, J. (2007) “Investigación Criminal: Estudio Comparativo y Propuesta de un 

Modelo de Policía de Investigación en Guatemala”. Instituto de Estudios Comparados en 

Ciencias Penales de Guatemala, Guatemala 

Ogliastri, E. (1988) Estructura de poder y desarrollo en once ciudades intermedias de 

Colombia, Bogotá, Universidad de Los Andes. 

Ordóñez Cifuentes, José Emilio “La constitución del Estado-nación guatemalteco: el ascenso 

etnocrático ladino y la configuración del colonialismo interno”. Boletín Mexicano de Derecho 

Comparado, nº 98, Año 2000  

Peacock, S. y Beltrán, A. (2003) Hidden Powers in post-conflict Guatemala - Illegal Armed 

Groups and the Forces Behind Them -- WOLA, Washington DC 

Pérez Sainz, J.P. y Mora Salas, M. (2006) La Persistencia de la Miseria en Centroamérica, 

Avances de Investigación, 6. Fundación Carolina – CEALCI, Madrid. 

Pérez Salazar, B. (2003) “Empresarios, crisis de hegemonía y sinergias posibles en Colombia”, 

Observatorio del Manejo del Conflicto, Universidad Externado de Colombia 

Porras, G. (2011) Las huellas de Guatemala, F&G Editores, Guatemala 

Ranum, E.C. (2006) “Pandillas Juveniles Transnacionales en Centroamérica, México y Estados 

Unidos. Diagnóstico Nacional Guatemala”. Instituto Universitario de Opinión Pública de la 

UCA (IUDOP) 

Robinson, W. (1998) “Neoliberalism, the Global Elite and the Guatemalan Transition” Report on 

Guatemala (Winter) 

Rojas Aravena, F., Arévalo de León, B. y Sojo, C. (Eds.) (1998) Sociedad, Estado y Fuerzas 

Armadas: la nueva agenda de seguridad en Centroamérica. Guatemala. FLACSO, P&SA, 

FLACSO CHILE/ Wilson Center.  

Rubio, M. (1999) Crimen e impunidad, precisiones sobre la violencia, TM Ed. CEDE, Bogotá  



 

 

 

 

249 

 

 

Sanahuja, J.M. (1998) “Los militares: ¿de la centralidad a la periferia?” en CARDENAL, A.S. y 

MARTÍ Y PUIG, S. (Comp.) América Central, las democracias inciertas. UAB – TECNOS. 

Madrid 

Santamaría Balmaceda, G. (2007) “Maras y pandillas: límites de su transnacionalidad”, Revista 

Mexicana de Política Exterior, Núm. 81. Oct. 2007 

Schirmer, J. (1999) Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala. 

Guatemala. FLACSO. 

Schlesinger, S. and Kinzer, S. (1982) Fruta Amarga. La CIA en Guatemala. (4ª Ed. 1987) Siglo 

XXI Ed. México D.F.  

Sieder, R., Thomas, M., Vickers, G., Spence, J. (2002) Who Governs? Guatemala Five Years 

After the Peace Accords. Hemisphere Initiatives. Cambridge, Massachusetts. 

Simon, J. M. (1987) Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, Norton & Company. Inc. New 

York 

Soto Rosales, C. R. (2002) El sueño encadenado, el proceso político guatemalteco (1944-

1999). Guatemala. Tipografía Nacional. 

Smith, B. H. (1998) Religious Politics in Latin America. Pentecostal vs. Catholic, University of 

Notre Dame Press, Indiana 

Spence, J. (2004) “La guerra y la paz en América Central: Una comparación de las transiciones 

hacia la democracia y la equidad social en Guatemala, El Salvador y Nicaragua”, 

Hemisphere Initiatives. Brookline, Massachussets 

Spruyt, H. (2007) “War, Trade and State Formation” en BOIX, C. and STOKES, S.C. The 

Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press, New York 

Stoll, D. (1993) Between two armies in the Ixil Towns of Guatemala. New York. Columbia 

University Press. 

Sullivan-González, D. Piety, Power, and Politics: Religion and Nation Formation in Guatemala, 

1821–1871. (Pitt Latin American Series.) Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press. 

1998 

Taracena Arriola, A. Con la colaboración de: Gellert, G., Gordillo Castillo, E., Sagastume Páiz, 

T. y Walter, K. (2002) Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944. Vol. I 



 

 

 

 

250 

 

 

(Colección: ¿Por qué estamos como estamos?). Antigua Guatemala. Centro de 

Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA). 

Taylor, C. (2002) El retorno de los refugiados guatemaltecos: reconstruyendo el tejido 

social. FLACSO, Guatemala 

Tilly, C. (1985) “War Making and State Making as Organized Crime”, in Bringing the State Back 

In (ed. Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer, and Theda Skocpol (Cambridge: Cambridge 

University Press) 

Torres Rivas, E. y Aguilera, G. (1998) Del autoritarismo a la paz, FLACSO, Guatemala. 

Torres Rivas, E. (2008) “La Restauración Conservadora: Rafael Carrera y el destino del Estado 

nacional en Guatemala”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Núm. 35, 

2008, pp. 337-372. Universidad Nacional de Colombia.   

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1271/127112583011.pdf 

Torres Rivas, E. (2011) Revoluciones sin cambios revolucionarios, F&G Editores, Guatemala 

Valdez, J. F., Palencia Prado, M. (1998) Los dominios del poder: la encrucijada tributaria. 

Guatemala. FLACSO. 

Vela Castañeda, M. (2008) “Masas, armas y élites, Guatemala 1820/1882 – Análisis 

sociológicos de eventos históricos”. FLACSO, Guatemala.  

Vela Castañeda, M., Sequén-Mónchez, A. y Solares, H. A. (2001) El Lado Oscuro de la Eterna 

Primavera: Violencia, Criminalidad y Delincuencia en la Guatemala de Post-Guerra.  

FLACSO. 

Williams, R.G. (1994) States and Social Evolution. Coffee and the Rise of National 

Governments in Central America. Chapel Hill. University of North Carolina Press. 

Yashar, D. J. (1997) Demanding democracy, reform and reaction in Costa Rica and Guatemala, 

1870s-1950s. California, USA. Stanford University Press. 

Yin, R. K. (1994). Case Study Research. Design and Methods. London: SAGE. 

Youngsters, C. y Rosin (2005) Drugs and Democracy in Latin America. The impact of US Policy. 

Boulder CO y London: Lynne Rienner. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1271/127112583011.pdf


 

 

 

 

251 

 

 

Villalobos, J. (2012) “Nuevos Mitos de la Guerra contra el Narco”, Revista Nexos, México, 

Marzo 2012. 

Weber, M. (1919) “La política como vocación”. El Político y el Científico. Alianza Editorial, 1998 

 

Otros artículos, informes y direcciones web consultadas  

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID –Evaluación 

Intermedia de los proyectos contenidos en el Programa de gobernabilidad de la AECID para 

Guatemala. Informe final. AECID, Guatemala 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID (1998), “Violencia en América Latina y el Caribe: un 

marco de referencia para la acción”, Departamento de Desarrollo Sostenible, Washington 

Banco Mundial (2011) Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo. 

Departamento de Desarrollo Sostenible y Reducción de la Pobreza y Gestión Económica. 

Región de América Latina y el Caribe 

Mendoza, C.A. Blog sobre violencia en Guatemala. Vinculado a The Black Box, blog sobre 

violencia y seguridad en América Latina http://carlosantoniomendoza.blogspot.com.es/ 

Briceño Pomar, J. (2008) “Informe de Consultoría sobre Reestructuración de la DINC – PNC” 

(No público) 

Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-, (1998), “Estudio sobre Magnitud y 

Costo de la Violencia en Guatemala”. 

Centro de Estudios de Guatemala –CEG- (2006) “La Violencia en Guatemala y la 

responsabilidad del Estado”. Febrero 2006 

CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (2009) Informe de dos años 

de actividades, 2007 a 2009, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Washington D.C. Nov. 2009 

CIDOB Centre d’Estudis y Documentacio Internacionals a Barcelona 

www.cidob.org/ca/documentacion 

http://carlosantoniomendoza.blogspot.com.es/
http://www.cidob.org/ca/documentacion


 

 

 

 

252 

 

 

CEH (1999) - Comisión de Esclarecimiento Histórico “Guatemala: Memoria del Silencio”. 

Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala 

Cruz Galich, A. (2011) Estudio para el análisis de la eficiacia, eficiencia, calidad y transparencia 

del gasto púlbico en material de seguridad y justicia. IEPADES, 01/12/2012 

Departamento de Estado, Estados Unidos (2000) Reporte sobre prácticas de Derechos 

Humanos. Guatemala. 

Departamento de Estado. Informe secreto  28 Marzo 1986. Los desaparecidos de Guatemala 

(1977 – 1986). Desclasificado, disponible en 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB32/vol2_espanol.html 

FUNDACIÓN DESC, Informe Poder Discrecional y Corrupción: Claves para ganar 

Transparencia (2006). Acción Ciudadana y Fundación DESC 

FUNDACIÓN DESC, Informe de Análisis. El ejército en la época de Berger. Guatemala, 

16.02.2010  Disponible en 

http://informeguatemala.org/articulo/El_Ejercito_en_la_epoca_Berger___-1853/?print 

Georgetown University Law Center, Human Rights Institute (2007) Between the border and the 

street: A comparative look at gang reduction policies and migration in the United States and 

Guatemala, Washington D.C. 

Herrera, M. y Romero Vidal, M. (2011) Conflictividad y violencia en el contexto electoral: 

Informe de diagnóstico, monitoreo y análisis – Elecciones Generales y al Parlamento 

Centroamericano, USAID - Guatemala, Octubre 2011 

INFORPRESS Centroamericana – Centroamérica: Drogas, Armas y Violencia. Semanario de 

Investigación y Análisis. No. 1858, Del 6 al 13 de Agosto de 2010 

INSIGHTCRIME (2011) Grupos de Poder en Petén: Territorio, Política y Negocios 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Guatemala: narcotráfico y violencia. Informe sobre América 

Latina n. 39 – 11 de octubre de 2011 

Lombardo, M. A. (2008) “El desafío institucional en América Latina. Experiencias de 

cooperación internacional y cohesión social”. Documento de Trabajo. CEPAL – 

EUROsociAL, 24.03.2008 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB32/vol2_espanol.html
http://informeguatemala.org/articulo/El_Ejercito_en_la_epoca_Berger___-1853/?print


 

 

 

 

253 

 

 

López, J. (2012) “Nueve años de cacería para ocho narcos guatemaltecos”, reportaje, Plaza 

Pública 17.05.2012   http://www.plazapublica.com.gt/content/nueve-anos-de-caceria-para-

ocho-narcos-guatemaltecos-i 

 
Ministerio Público de Guatemala, Memoria de Labores, 2010. 

Ministerio del Interior de España, Balance de Criminalidad 2011, disponible en 

www.interior.gob.es 

Mockus, A. (2001) “Cultura Ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fé de Bogotá, 

Colombia 1995-1997”, BID. División de Desarrollo Social. Washington D.C. 

NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Naciones Unidas, 19.02.2007. 

NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados, Leandro Despouy. Adición Misión a Guatemala, Consejo de Derechos Humanos.  

1.10.2009. 

NACIONES UNIDAS - MINUGUA, (Misión de Verificación de las Naciones Unidas para 

Guatemala) Sexto Informe de Verificación, Junio 2001 

NACIONES UNIDAS – PNUD (2001) Guatemala: El Financiamiento del Desarrollo Humano, 

Informe de Desarrollo Humano, Guatemala 

NACIONES UNIDAS - PNUD (2007) Informe estadístico de la violencia en Guatemala. 

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Elaborado por Arturo 

Matute Rodríguez e Iván García Santiago. Guatemala. 

NACIONES UNIDAS - PNUD (2009) “La economía no observada: una aproximación al caso de 

Guatemala”. Cuadernos de Desarrollo Humano, PNUD, Guatemala 

NACIONES UNIDAS - UNDOC - United Nations Office on Drugs and Crime (2011), Global 

Study on Homicide: trends, contexts, data, Viena 

ODHAG - Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998), Guatemala: 

Nunca Más. Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica –

REMHI 

SEPAZ – Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República  (2011) El Estado Mayor 

Presidencial en Guatemala: Una aproximación 

http://www.plazapublica.com.gt/content/nueve-anos-de-caceria-para-ocho-narcos-guatemaltecos-i
http://www.plazapublica.com.gt/content/nueve-anos-de-caceria-para-ocho-narcos-guatemaltecos-i
http://www.interior.gob.es/


 

 

 

 

254 

 

 

 


	Portada
	INDICE
	GLOSARIO DE SIGLAS
	PRESENTACIÓN
	Agradecimientos
	CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPÓTESIS YOBJETIVOS
	CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO VIOLENCIA, ESTADO Y LEGITIMIDAD
	CAPÍTULO III EL ORIGEN DEL PROBLEMA
	CAPÍTULO IV LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA (I)FACTORES ENDÓGENOS
	CAPÍTULO V LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIOLENCIA (II)FACTORES EXÓGENOS
	CAPÍTULO VI CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS
	CAPÍTULO VII PERSISTENCIA
	CAPÍTULO VIII CONCLUSIONES
	ANEXO 1 ENTREVISTAS
	ANEXO 2 TABLAS
	ANEXO 3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS HISTÓRICOS CLAVE
	BIBLIOGRAFÍA