UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 
 

 

 
 

CIUDADANÍA SOCIAL, GLOBALIZACIÓN Y ESTADO 
DEL BIENESTAR 

 
 MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

 PRESENTADA POR  

Gabriel Pérez Pérez 
 

Bajo la dirección del doctor 
 

José Miguel Marinas Herreras 
 
 
 
 

MADRID, 2013 
 
 

© Gabriel Pérez Pérez, 2013 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 
 
 
 
 

CIUDADANÍA SOCIAL, 
GLOBALIZACIÓN Y  

ESTADO DEL BIENESTAR 
 
 
 
 

TESIS 
PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 

FILOSOFÍA  
 
 
 
 

PRESENTA 
GABRIEL PÉREZ PÉREZ 

 
  
 
 
 

DIRECTOR DE LA TESIS 
JOSÉ MIGUEL MARINAS HERRERAS 

2013 
 
 
 



 

 

2
CIUDADANÍA SOCIAL, GLOBALIZACIÓN Y ESTADO DEL 

BIENESTAR 
 

Índice……………………………………………………………………………………….……..2 
 
Introducción……………………..………………………………………………………………3 
 
Capítulo I. Ciudadanía y Representación Política………………………………………….….6 
- Ciudadanía, Estado y Nación……………………………………………………………..…..….6 
- Gran Bretaña y la Democracia Parlamentaria……………………………………………..…...15 
- Estados Unidos y la Democracia Representativa……………………………………..………..22 
- Francia, la Nación Moderna y los Derechos Fundamentales………………………..…………35 
- La Consolidación de la Ciudadanía Política…………………………………………..………..49 
 
Capítulo II. Estado del Bienestar, Ciudadanía y Derechos Sociales………………………..78 
- El Proceso de Formación del Estado del Bienestar…………………………………………….80 
- Keynes y Beveridge: Pleno Empleo y Seguridad Social……………………………………....89 
- La Institucionalización del Estado del Bienestar y los Derechos Sociales………………….….98 
- Thomas H. Marshall y la Ciudadanía Social………………………….……………..………..118 
- Constitucionalización y Perfiles de los Derechos Sociales……………..…………………….136 
- Los Derechos Sociales como Derechos Fundamentales………………………………………154 
 
Capítulo III. La Crisis del Estado del Bienestar y los Riesgos de  
la Ciudadanía Social………………………………………………………………………..…165 
- Los Problemas de Legitimidad y Crecimiento del Gobierno…………………..……………..166 
- Sobrecarga del Sector Público y Problemas Fiscales del Estado del Bienestar………..…….173 
- El Gobierno Neoconservador y la Política Social……………….…..………………………..184 
- El Estado del Bienestar y el Problema del Trabajo………………...…………………………191 
- Los Riesgos de la Ciudadanía Social…………………………….……………………………199 
 
Capítulo IV. Las Transformaciones del Estado Nación en  
el Contexto de la Globalización…………………………………………….………..……….219 
- Interconexión Global y Declive de la Soberanía del Estado………………..………………..220 
- Democracia, Globalización e Instituciones Supranacionales…………..…………………….236  
- Globalización, Sociedad del Riesgo y de la Información…………….………………………245 
 
Capítulo V. Ciudadanía y Política Cosmopolita…………………………………………….257 
- Kant y el Cosmopolitismo…………………………………………………………..………..259 
- Ciudadanía Europea y Derechos Sociales…………………………………………………….266 
- ¿La Ciudadanía Ecológica es parte de la Ciudadanía Social?...............................................278 
- Democracia Cosmopolita y Globalización…………..………………………………………..290 
 
Conclusión…………………………………………………..…………………………………309 
Bibliografía…………………………………………………………..………………………..320 



 

 

3
INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo t iene el  p ropósito de discutir sobre la  problemática que actualmente 

enfrenta la ci udadanía so cial, c on sus resp ectivos derechos soc iales, fre nte al pro ceso de 

globalización económica y la restructuración que ha experimentado e l Estado de l bienestar, lo 

cual ha implicado una reducción o disminución de las actividades de protección social del propio 

Estado de l bienestar, a  través de políticas ne oliberales y que ha puesto en riesgo los logro s 

alcanzados por la ciudadanía social. Para ello, hacemos un recorrido teórico e histórico sobre la 

construcción de los de rechos s ociales com o pa rte indispensable de la  concepción moderna de  

ciudadanía, para luego analizar y describir cuales han sido las trasformaciones que ha sufrido el 

Estado del bienestar, para al final establecer y proponer que los retos que enfrenta actualmente el 

Estado de l bienestar dentro d el proceso de globalización, debe se r e nfrentado a un nivel de  

instituciones cosmopolitas que puedan seguir dando fortaleza y viabilidad a la ciudadanía social. 

En el capítulo I, tratamos la naturaleza de la relación entre la ciuda danía y los nacientes 

Estados nación a tr avés de tres e jemplos: Gran  B retaña, Estados Un idos y  Francia, estos 

diferentes procesos, si bien n o s on los ú nicos, nos ayudan a e ntender la  consolidación de la 

representación política, a t ravés del vín culo qu e se forma en tre c iudadanía y  nacionalidad. 

Asimismo, d entro de este m ismo cap ítulo se desarrolla la evo lución de la c onquista del voto, 

destacando algunos de los casos más significativos tanto de Europa como de América Latina, y 

que constituyen la base fundamental tanto de l a democracia como de la ci udadanía política que 

posteriormente evolucionara hacia una ciudadanía social.       

En el capítulo II  se  establece cuales fueron las bases del desarrollo de po sguerra de los 

Estados nación, al m ismo tiempo se aborda l a construcción d el Estado  del bien estar, 



 

 

4
describiendo su lógi ca y sus ca racterísticas, además de la naturaleza de sus políticas sociales. 

En este capítulo se desarrolla el tem a de la ci udadanía social, en base a la incorporación de los 

derechos sociales, principalmente a  través de la apo rtación teórica de Thomas H. Marsh all. En 

este mismo capítulo se analiza la importancia del reconocimiento de los derechos sociales como 

derechos fundamentales, además de que se de scribe cuales son las características y perfiles de 

dichos derechos.    

En el cap ítulo III se  analiza como est e “ el modelo d e ciudadanía soc ial” que se fu e 

consolidando e n l os años c uarenta y c incuenta de l sig lo pas ado, ba sado en un  Esta do de l 

bienestar interventor y la seguridad de los derechos sociales entra en crisis. Se analiza el proceso 

de reco mposición que el Estado  del bienestar ha  sufri do, pr incipalmente a partir de los años 

setenta, la  puesta e n marcha de un conjunto de p olíticas e conómicas d e co rte neoliberal en el 

contexto actual de  globalización y com o todos estos cambios ponen en ri esgo a la ciudadanía 

social. 

En el capítulo IV se describe cual ha sido el impacto de la globalización económica sobre 

el Estado nación, este capítulo en particular, nos sirve para entender cual es el contexto actual en 

el cual las empresas multinacionales han adquirido una enorme fuerza frente a lo s Estados que 

parecen cada vez más débiles y limitados frente a las fuerzas del mercado, perdiendo capacidad 

para garantizar condiciones de bienestar ante las tendencias de flexibilización y precarización del 

trabajo. 

En el capitulo V y último, después de ver analizado que la ciudadanía social se enfrenta a 

los grandes desafíos que representa el proceso de globalización económica, es necesario entender 

que la  c iudadanía necesita c onsolidarse a t ravés del establ ecimiento de una  “democracia 



 

 

5
cosmopolita”, entendida esta com o un conjunto de instituciones supra nacionales y de  

movimientos civiles globales que permitan enfrentar los retos que la globalización presenta, esto 

representa el establecimiento de un tipo de ciuda danía cosmopolita que ya no solo se quede en 

los asu ntos propios de l a ciudadanía a nivel n acional, si no qu e reconozca la necesidad d e 

defender los derechos sociales más allá del ámbito nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6
CAPITULO I 

CIUDADANÍA MODERNA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

 

En e ste primer ca pítulo abordamos e l tem a de l a “ Ciudadanía Mode rna y la 

Representación Política”, partiendo en prim er lugar de la cr eación de los Estados nacionales en 

donde a partir de este hecho la nación se vuelve una unidad política territorializada, a su vez que 

es el espacio concreto en donde se definen los límites de la aplicación de las leyes y el ejercicio 

de las prácticas de representación ciudadana. Para la construcción de la Ciudadanía Moderna y la 

conformación de los Estados nacionales se distinguen tres grandes movimientos revolucionarios 

que fueron sumamente influyentes para el mundo occidental, tanto por sus ideas como por el tipo 

de instituciones políticas que emanaron de ellas. Hablaremos entonces del caso de Gran Bretaña 

y la instauración de la democracia parlamentaria; de la independencia de los Estados Unidos y de 

la pu esta en marcha de l a d emocracia representativa; y d e la Revolución Francesa y l a 

consagración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por último, nos enfocaremos a tratar 

el tema de la consolidación de la ciudadanía política con respecto a la ampliación del derecho al 

sufragio universal y a la participación política. 

 

CIUDADANÍA, ESTADO Y NACIÓN 

El Estado moderno es originario del Renacimiento. La idea moderna de Estado es que se 

trata de un a fo rma d e p oder pú blico separada tanto  d el gob ernante com o d el go bernado y de 

suprema autoridad política dentro de los límites de un territorio determinado. El Estado moderno 

se pu ede defin ir com o el  sistema político re presentativo que se const ituye en un  terri torio de 



 

 

7
dimensión nacional en el curso de un proceso histórico que ve el nacimiento de la nación como 

pueblo de sujetos iguales unidos por un fuerte nexo económico-lingüístico-cultural.  

La aparición del Estado moderno trajo consigo la idea de soberanía, una autoridad única 

tanto para producir las leyes como para hacerlas cumplir, junto con un territorio rigurosamente 

definido y consolidado. La p rimera p arte d e la  historia en el su rgir del Estado nación , es la 

historia de la aparición de la soberanía. Esto significó la eliminación de los derechos y poderes, 

sólidamente arraigados de las autoridades políticas –como nobles, barones, autonomías locales o 

regionales y privilegios consuetudinarios-, así como la eliminación de la jurisdicción política de 

la I glesia Católica Romana. La s oberanía del E stado un ificado fue, en  g eneral, ob ra d e la 

soberanía de una institución particular: en la era del absolutismo ese papel le correspondía a la 

monarquía.1 

La competición entre Est ados fuertes dentro de una cultura que los a barcaba facilitó el 

triunfo del capitalismo. Los Esta dos individuales no existían en el vacío. Formaban parte de un 

sistema de Estados r ivales. U n sistema estatal  produce un e levado nivel de em ulación. La 

modernidad occidental se  caracterizaba p or u n grupo d e Estados e n estrecha proximidad y en 

constante com petencia geopolítica y económ ica. C uando un Estado alcanzaba el éxi to e n una 

forma particular d e o rganización e conómica y militar, y  fortalecía su ve ntaja competitiva 

internacional, otros Estados se sentían c ompelidos a i mitarle. El  sistema d e competencia 

proporcionaba a lo s Esta dos inc entivos p ara q ue a tendieran a la  organización ef icaz de  s u 

economía y sociedad. Hasta ahora la ú nica integración e conómica q ue conocemos se ha 

producido dentro del espacio definido por la soberanía nacional. La historia de la formación de lo 

                                                 
1 Tivey, Leonard. El Estado Nación, Barcelona, Península, 1987, pp.12-13. 



 

 

8
modernos Estados nación es la historia de la construcción simultánea de un espacio económico 

central e integrado, es decir, de un sistema productivo nacional y de un sistema político nacional.  

Como d estaca Joseph R. Llob era, en  el Est ado nacional m oderno: 1) debe haber una 

unidad política con un territorio definido y una dimensión temporal. Una de las  precondiciones 

de la construcción del Estado es la p resencia sostenida de gente que vive y trabaja en la mis ma 

área durante ge neraciones; 2 ) debe hab er instituciones de la rga duración as istidas p or una 

permanente burocracia eficiente, impersonal y especializada; 3) la unidad política debe ser capaz 

de generar sentimientos de lealtad absoluta, o por lo menos de la mayor consideración, en todos 

sus súbditos, asegurándose de que otras lealtades (familia, religión, provincia) se subordinen a la 

lealtad debida al Estado; y 4) la aparición de la idea de soberanía. Estaba relacionada con la idea 

de que el gobernante era la autoridad legal última y el garante de la justicia.2    

La c reación de los E stados Unidos de América, pa rticularmente de s u constitución d e 

1787 y la  Revolución Fra ncesa de 1789 dieron o rigen e n el m undo occidental a l o que 

posteriormente sería un a nueva doctrina: “e l n acionalismo”. En  adelante e l pu eblo que debía 

gobernar –o en  cuyo nombre al menos debía ejercerse el  gobierno- fue concebido, delimitado y 

moralmente asumido como la nación. Este principio fue la creencia de que las naciones eran las 

unidades naturales y las úni cas verdaderamente políticas, los fundam entos sobr e los cuales 

debían edificarse los Estados, los gobiernos y sus respectivas políticas.  

Además el Esta do q ue se  constituyó des pués d e la Re volución Francesa es un Es tado 

representativo en donde “el individuo es primero que el Estado; el individuo no es para el Estado 

sino el Estado para el individuo. El presupuesto ético de la representación, es el reconocimiento 

                                                 
2 Llobera, Joseph R. El Dios de la Modernidad: El Desarrollo del Nacionalismo en Europa Occidental, Barcelona, 
Anagrama, 1994, pp.150-151. 



 

 

9
de la igu aldad natural de lo s ho mbres; todo  hombre c uenta po r sí m ismo y no  en cu anto 

miembro de éste o d e aquel grupo particular.”3 Pero esta representación queda limitada bajo el 

territorio y los p ostulados del E stado Nación, como se ñala Oa keshott en el c aso de l Estado 

moderno europeo se encuentra el “reconocimiento del Estado como asociación exclusiva; ningún 

hombre puede se r m iembro de  d os aso ciaciones d e este ti po”.4 De es ta forma se elim inó 

cualquier posibilidad de representación supranacional.   

Para entender l a n aturaleza d el Estado  n ación hay qu e partir d el h echo que l a n ación 

contiene un pueblo que v ive b ajo un único gob ierno cen tral lo  su ficientemente fuerte para 

mantener su independencia frente a otras potencias. Nación y Estado, son dos aspectos del orden 

social moderno, y cada uno es ininteligible sin el otro. Un Estado debe poseer o crear una base de 

nacionalidad, y una nación debe someterse a cierta forma de control centralizado. Las naciones 

Estado se comportan con una finalidad y en una dirección, optando por aquello que incrementa 

su poder y el bienestar material de sus habitantes. 

Las naciones pueden definirse como comunidades de personas de la misma descendencia, 

que están integradas geográficamente en forma de asentamientos o vecindarios y culturalmente 

por su lenguaje, costumbres y tradiciones comunes. La conversión en un concepto político está 

vinculada a la c oncepción de la nación como un sujeto político, en oposición al monarca como 

portador d e la soberanía n acional. Progresivamente, el c oncepto de na ción e volucionó para 

incorporar un signi ficado t rascendental que se referí a a algo  diferente a la su ma de ind ividuos 

concretos y precisos. La continuidad e identidad fundamental en el tiempo se estableció como la 

característica b ásica de l a n ación y, en tonces l a n acionalidad expresó  e l vín culo con  una 

                                                 
3 Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad, México, F.C.E., 1999, pp.161-164. 
4 Oakeshott, Michael. El Estado Europeo Moderno, Barcelona, Piados, 2001, pp.180. 



 

 

10
comunidad política en el tiem po y el espac io frente a ot ras comunidades políti cas.5 El 

nacionalismo como ideología fue un proceso largo que empezó a desarrollarse a comienzos del 

siglo XIX.     

Por o tra p arte el d esarrollo d e l a noción d e ciud adanía pu ede encontrarse de sde el 

pensamiento clásico gri ego, su  c onstitución c omo m arca de pertenencia i gualitaria a una 

comunidad política es un res ultado de la m odernidad. L os ciu dadanos ant iguos e ran sólo l os 

participantes en la polis, lo cual implicaba, de hecho, una concepción muy restringida del alcance 

de esta cond ición; esto  es, la ciud adanía gr iega. Más que r esaltar la igualdad, su brayaba l a 

diferencia y la s j erarquías, ya que ex cluía de su  ej ercicio a  l a mayoría (mu jeres, esclavos, 

etcétera). Mientras qu e en  la  so ciedad medieval, en l ugar d e ind ividuos o ciudadanos, 

encontramos g rupos cuya relación  con  la au toridad y l a pa rticipación en los asuntos comunes 

quedaba definida por el estatus, a partir de la adscripción hereditaria y la tradición. Es hasta la 

llegada de la modernidad y la consolidación del Estado nacional cuando se construye una nueva 

idea de ciudadanía.  

El Estado nación moderno ofrecerá protección legal a todos los ciudadanos por igual, su 

relación será directa con cada uno de los individuos, y se producirá a tr avés de un conjunto de 

derechos codificados legalmente, los cuales definirán el grado de inclusividad de la ciudadanía. 

En estas condiciones, los individuos comienzan a definirse a sí mismos como entes autónomos. 

El surgimiento del  Estado nac ión, que def ine política y territorialmente los lím ites de la  

comunidad, sirve d e base p ara la autoidentificación. La noción d e c iudadanía surge como el 

criterio q ue une a l os in dividuos p articulares e n su relación c on el Estado, y p roporciona un  

                                                 
5 Par a David Miller: “Las i deas de naci onalidad s on cr eaciones co nscientes de cuerp os de pers onas, que las ha n 
elaborado y revisado con el propósito de dar sentido a lo que les rodea social y políticamente”.  Miller, David. Sobre 
la Nacionalidad. Autodeterminación y Pluralismo Cultural, Barcelona, Paidós, 1997, pp.20. 



 

 

11
nuevo criterio de homogeneidad que permite obviar las desigualdades (económicas, culturales, 

etc.) que persisten entre los individuos.  

La extensión de la ciudadanía a los grupos más desprotegidos puede ser observada desde 

diversos puntos de vista complementarios. En su comparación de la estructura política medieval 

con la  mode rna, e l an álisis ejemp lifica la s tende ncias si multáneas hacia la  ig ualdad y h acia la 

creación d e un a autoridad gu bernamental de  alcances n acionales. Típicame nte, l a constitución 

del Estado nacional m oderno es la f uente originaria de los  derechos de  ciudadanía, y e stos 

derechos un signo de igualdad nacional . La propia política se ha extendido ahora a todo el 

ámbito na cional, y  las clases bajas  comienzan a tener la oportunidad d e pa rticipar e n forma 

activa. E n el Esta do n acional ca da ci udadano g uarda una relación directa con la a utoridad 

soberana del p aís, en con traste con el  sistema político medieval, donde únicamente los grandes 

del re ino m antenían e sa relación directa. Po r e nde, un e lemento f undamental de la f ormación 

nacional es la codificación de los derechos y obligaciones de todos los adultos clasificados como 

ciudadanos. La cuestión reside en el grado de inclusividad con que se define la ciudadanía.  

Es importante resaltar que a partir de la noción de ciudadanía lo social queda dividido en 

dos dim ensiones fundamentales: l o p úblico, como esp acio d el conjunto de mecanismos par a 

tratar los pr oblemas co lectivos, y l o privado, en tendido co mo el ám bito de las relacion es 

específicamente indivi duales. De esta suert e, la noción de ciudadanía se constituye como l a 

identidad política más general de l hombre moderno, y  s irve para  articular ambas es feras de  la 

vida social. El hombre será, a partir de entonces, ciudadano en el ámbito público e individuo en 

el p rivado, y la c ondición de ci udadano r egirá y definirá la re lación entre los individuos y la 

autoridad. 



 

 

12
  La idea misma de nación, como lugar abstracto de la unidad política legitimada por la 

comunidad de los ciudadanos, está estrechamente vinculada al individualismo moderno. Se basa 

en la idea de que este individuo-ciudadano es capaz de sustraerse, al menos parcialmente, a sus 

arraigos p articulares y  e ntrar en co municación con todos los demás. Puede d ejar de  estar 

determinado p or su pertenencia a u n grupo rea l. El ciudadano se de fine precisamente p or su 

aptitud pa ra romper con la s determinaciones que  lo e ncerraban en una cultura y un  d estino 

impuestos por su nacimiento, por liberarse de los roles prescritos y de las funciones indicativas.  

 La na ción de mocrática m oderna ha h eredado de las grandes m onarquías la  idea d e 

autoridad fundada en la centralización y organización del Estado entre los sig los XIII y XVIII. 

Con ello se  han desarrollado conceptos que fundan el principio de la sociedad política y  de la 

ciudadanía y de las instituciones políticas a través de las cuales se encarnan y trasmiten las ideas 

de un proyecto político específico. En este período, se formó una burguesía de trabajo pacífico y 

libre a dministración. Es decir, la ciudad se  convirti ó en unidad pol ítica y el bu rgués en 

ciudadano, jurídica y políticamente autónomo, definido por su pertenencia a l a ciudad. La i dea 

de comunidad de ciudadanos, orientada hacia un modelo racional de actividad económica, surge 

en los países occidentales a finales del siglo XVIII. 

Los pensadores de l si glo XVIII, e stablecieron la ide a de d elegación o, e n términos 

modernos, de rep resentación lo  que permitió pensar en  la repúbl ica como rég imen de un  gran 

país. Los d emócratas m odernos a centuaron la ne cesidad y el va lor de la re presentación. 

Inventaron conc retamente las i nstituciones po líticas por las cuales se aseguraba esta 

representación, en un intento de garantizar a la vez la eficacia del gobierno y e l sentimiento de 

los ci udadanos de no ser ext raños a l a política de su s di rigentes. De este modo sentaron el 



 

 

13
principio de funcionamiento de la sociedad política en unidades de gran t amaño, mediante la 

creciente abstra cción del á mbito público y de la c iudadanía. Al mis mo tiempo formu laron los 

principio propiamente democráticos de la ciudadanía moderna: su carácter universal y el derecho 

de cada cual a ejercer concretamente sus derechos.6 

Los pensadores modernos han concedido e inscrito progresivamente en las instituciones 

el carácter potencialmente univ ersal d e l a ciud adanía, ex tendida p or et apas a  todo s los 

individuos, sean  cua les sean sus c aracterísticas en  términos de cl ase social, origen regio nal, 

nacional o género. La idea de ciudadanía constituye una construcción histórica que reposa sobre 

una definición peculiar de la relación entre el individuo y el Estado. Por ello, la discusión de este 

tema se encuentra estrechamente vinculada con la reflexión en torno a la naturaleza y los límites 

de la participación política, los derechos, las obligaciones y la legitimidad del orden político.  

La construcción de una nación implicó que sus miembros admitieran un sistema de leyes 

y de no rmas comunes qu e dieran coh erencia po lítica o  integración. Fu e p reciso un acuerdo 

mínimo entre lo s individuos en relación con la vida en  común, en donde el consenso significa 

que los ciud adanos a ceptan las regla s explícitas e implícitas que permiten resolver, a l m enos 

provisionalmente, sus conflictos de manera no violenta, mediante la discusión, el compromiso y 

la referencia, por todos aceptada, a un interés general, proclamado y aceptado como tal, que no 

se confunde con  el  de l os in dividuos o el de los g rupos p articulares. Lo s ciud adanos han 

interiorizado efectivamente la idea de que existe un ámbito público y la necesidad de respetar las 

reglas de funcionamiento. El Estado desarrolla el proyecto político nacional y lleva a cabo una 

                                                 
6 Schn apper, Do minique. La Comunidad de los Ciudadanos. Acerca de la Idea Moderna de Nación. Madrid, 
Alianza, 2001, pp.75-76. 



 

 

14
política de asimilación, que consiste en renovar el proceso de integración de las poblaciones 

mediante la práctica de la ciudadanía y la participación en la vida en común.7  

El Esta do m oderno, tr as ha ber i ncorporado a  las provincias, tras cendiendo los r asgos 

colectivos de pertenencia, logró a segurar la in tegración democrática incluyendo sucesivamente 

en la vida colectiva a los diversos grupos sociales que lucharon con éxito por el reconocimiento 

de sus derechos. El Estado moderno se convirtió en la base constitutiva de la nación, en sentido 

pleno, al darle cuerpo y ordenar el sistema social en torno a ella, que no puede ser más que la 

pura abstracción de la comunidad de ciudadanos. 

Para garantizar la  exi stencia d e una na ción ciud adana, es n ecesario re spetar dos 

exigencias. Es p reciso qu e los in dividuos a dmitan qu e e xiste u na esfera pública un ificada, 

independiente, a l menos en s us principios, y que respeten las reglas de  su f uncionamiento. Es 

preciso, además, que la  igualdad de la dig nidad de cada cual, q ue fu ndamenta la  ló gica d e la  

nación democrática, no e ntre e n c ontradicción c on desigualdades de es tatus e n lo s d emás 

dominios de l a vid a social, especialmente en el d erecho privado. En  fun ción de l a prim era 

exigencia, las especificidades en el orden de lo privado no deben impedir que se respete la lógica 

propia de la sociedad po lítica. La  igu aldad fundamental d e todo  c iudadano es el principio 

fundador de la práctica democrática.8    

Son pri ncipalmente tr es acontecimientos his tóricos los q ue más van a inf luir en la 

consolidación de la c iudadanía moderna y de la nación democrática: La Revolu ción Inglesa de 

1688, la Independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Estos 

tres m ovimientos re volucionarios re presentan una g ran influencia para e l m undo occidental, 

                                                 
7 Ibíd., pp.98-111. 
8 Ibíd., pp.136-138. 



 

 

15
tanto por sus aportes en la consolidación de las instituciones de representación y participación 

política, como en lo  referente a  los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dichos eventos 

serán analizados a continuación.   

 

GRAN BRETAÑA Y LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA 

 Se puede decir que en Inglaterra, nació la ide a de nación y el parlamentarismo y que ha 

sido la enca rnación de la libertad política e n una nación moderna. En el centro del proy ecto 

político ingles se haya el haber inventado en la práctica las instituciones parlamentarias, garantes 

de estas libertades. Desde comienzos del siglo XV, en I nglaterra estaba vigente el principio del 

ciudadano propietario: en concreto, el  estatuto de 1430 sólo permitía el v oto a los prop ietarios 

libres con u na r enta anual superior a  4 0 shillings y a  los  m iembros de las c orporaciones d e 

comercio. Esta fórmula se mantuvo sin grandes modificaciones hasta el siglo XIX.9    

  En el caso inglés se  formuló la i dea de que el hombre advertía lo que era propiamente 

humano en él a t ravés de la participación política en libertad, primer esbozo de la idea moderna 

de nación como comunidad de individuos libres e iguales, como organización política basada en 

la razón humana. El patriotismo se convirtió entonces no sólo en una virtud, sino en un derecho, 

necesariamente v inculado a la d ignidad esencial de c ada individuo. Pe ro f ue después de la 

Revolución Gloriosa de 1688 cuando los ingleses pudieron jactarse de constituir la única nación 

nacida de un proceso endógeno, la que inventó la libertad política moderna y el parlamentarismo, 

la que no tuvo modelo alguno y surgió antes de que se difundieran por Europa y el mundo la idea 

democrática y  el principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. La Revolución 

                                                 
9 Pér ez Ledesm a, Man uel. “La Conquista  de la Ciudadanía Po lítica: E l Co ntinente Europeo” , en  Ciudadanía y 
Democracia, comp. Manuel Pérez Ledesma, Madrid,  Pablo Iglesias, 2000, pp.132. 



 

 

16
Gloriosa confirmó el fin del absolutismo real y, simultáneamente, consagró la preponderancia 

del parlamento, pero también la necesidad de la presencia del rey en la cima del edificio político 

y social. Lejos de marcar una ruptura violenta, la revolución se asentaba en la continuidad. La 

especificidad de Inglaterra s e f undamenta e n ser una na ción que se inventó a sí misma al 

desarrollar la idea y las instituciones de la libertad y la nación modernas.10  

 Durante e l tra nscurso de los siglos XVII y XVIII, e n I nglaterra se llevaron a  cabo 

reformas qu e permitieron ma ntener el tej ido soc ial, l as prácticas parlamentarias y , 

posteriormente, la democracia política, a través de reformas sucesivas del derecho de voto y del 

reparto de  poderes entre e l re y, l os lor es y l os c omunes. Se  estableció progresivamente el 

parlamentarismo, con un gabinete re sponsable y s olidario dirigido por un p rimer ministro que 

dependía del voto de la mayoría de la Cámara de los Comunes, a la que también pertenecían los 

ministros; posteriormente el ré gimen pa rlamentario y lib eral se democratizó, e xtendiendo el 

derecho de voto y haciendo así que las diversas capas sociales participaran, escalonadamente, en 

la vida política; estas medidas, que limitaron los poderes de la Cámara de los Lores, garantizaron 

finalmente una  representación igualitaria y efectiva del p ueblo en los comunes. El parlamento 

británico, que había sido al principio el instrumento de control y de limitación del poder real por 

parte de la aristocracia y e l luga r en e l que se  cimentaron y se manifestaron las l ibertades, s e 

convirtió así en el lugar de la elaboración política y la práctica democráticas.  

El parlamentarismo es resul tado de una c ombinación de e xperiencias históricas y de 

imperativos de cambio. Este proceso se inició en Inglaterra, partiendo de una monarquía absoluta 

                                                 
10 El p eriodo de la guerr a civ il in glesa se di stingue por su v italidad y originalidad en l a pres entación de id eas 
republicanas, por su defensa del su fragio y la libertad, en donde al in icio de la guerr a al menos 200 mil personas 
participaron e n las eleccio nes parla mentarias. Riesenb erg, Pet er. Citizenship in the Western Tradition. Plato to 
Rousseau, USA, The  University of North Carolina Press, 1992, pp.242-244. 



 

 

17
y s u e volución se  dio  desde s u lucha por la  m onarquía l imitada e n la q ue se  inc luyó la 

representación de los  p rincipales estam entos que  se a dhirieron a  lo  la rgo de la  luc ha 

parlamentaria. Al mismo tiempo, que la administración hacía más complejas las tareas, estas iban 

recayendo en un grupo de m inistros responsables de a dministrar a la n ación por lo que con e l 

paso del tiempo, conformarían una fuerza que en principio le da mayor presencia al parlamento, 

sobre todo du rante el siglo  XIX y posteriormente ese poder se t rasfiere a lo q ue h oy d ía 

conocemos como Gabinete pero principalmente, esa fuerza caería en manos del primer ministro. 

Este tipo de régimen sirvió de modelo para muchas naciones en Europa, como Alemania quien 

en su reforma de 1848 manifestaría la necesidad de formar una institución representativa con las 

mismas ca racterísticas del mo delo in glés. Ad emás algunas colonias pertenecientes a ese 

continente c omo Canadá, Nueva Z elanda y A ustralia, a f inales de ese sig lo de ciden retomar 

dicho modelo.11 

Durante l a p rimera mitad d el siglo XIX Ing laterra ll evo a cabo un a reforma en 1832  

misma que otorgó al parlamento un poder que anteriormente pertenecía al monarca: el principio 

de r esponsabilidad colectiva del g abinete fre nte al  monarca se transfirió definit ivamente a l a 

Cámara de los Comunes. A pa rtir de esta reforma el ré gimen parlamentario asume su c arácter 

definitivo. Los gabinetes dependieron exclusivamente de la Cámara de los Comunes ante la que 

eran responsables. Es en esta Cámara y no en la de los Lores, donde se hicieron y deshicieron los 

gabinetes, pues entre 1852 y  1868 tuvo lugar un  g ran movimiento de gabinetes. No menos de 

diez gabinetes se sucedieron uno tras otro, algunos de ellos de muy corta duración. La caída de 

los gabinetes se produjo al fraccionarse el partido de la mayoría, ya que n i los libe rales ni los 

                                                 
11 Véase:  Escam illa, Jaime, El Sistema Parlamentario Inglés, Méxi co, Ger nica/UAM-A, 1993;  y  Macaulay 
Trevelyan, George. Historia Política de Inglaterra, México, F.C.E., 1984. 



 

 

18
conservadores m antuvieron un a disciplina de partido. A sí, la Cá mara de los C omunes 

constituida co mo un  "club" rese rvado a uno s m iembros qu e p rovenían de un a clase social 

homogénea, era más o menos inaccesible al control por parte del electorado o del gabinete. 

Aunque en general, el desarrollo de los partidos parece ligado a la extensión del sufragio 

popular y de las prerrogativas parlamentarias, así durante la segunda mitad del siglo XIX debido 

a l a in fluencia d e las reformas electorales qu e implementaron p aulatinamente la ex tensión d el 

sufragio un iversal en I nglaterra, pr ogresivamente la org anización de  asociaciones loca les, se  

fueron convirtiendo en verdaderos partidos políticos organizados, capaces de canalizar el voto de 

un número cada vez mayor de ciudadanos. 

Hasta antes de que las leyes electorales establecieran el sufragio universal, el carácter de 

la representación parlamentaria estuvo determinado por el sufragio censitario basado en el grado 

de posesión económica. Durante los siglos XVII y XVIII y gran parte del siglo XIX se consideró 

que la posesión económica era la única premisa que legitimaba la participación en los asuntos del 

gobierno. Incluso para algunos pensadores como John Locke "sólo los poseedores podían tener 

interés por la m archa del Estado, sólo ellos tenían el de recho de elegir y  ser elegidos".12 Esta 

premisa permitió que el  par lamento estuviera integrado por grupos de notables procedentes de 

una oligarquía homogénea, por lo que eran capaces de orientar con relativa facilidad su actividad 

por el "bienestar c omún" es decir, p or e l i nterés de la s ca pas dominantes. El m ecanismo 

representativo funcionaba rea lmente al e stablecer vínculos orgánicos e ntre los gr upos 

parlamentarios y los i ntereses re presentados en el pa rlamento, po r cuanto se en contraban 

verdaderamente ligados a sus bases sociales que hacían de aquellos los fieles portavoces de los 

intereses representados. 
                                                 
12 Locke, John. Ensayo Sobre el Gobierno Civil, México, Nuevomar, 1989, pp.84. 



 

 

19
La mayor influencia te órica durante e ste p eríodo e n I nglaterra, proviene del modelo 

liberal indivi dualista, en do nde la ciud adanía e s un  “estatuto”, u n est atuto d e p ertenencia 

incondicional p ara todos su s p oseedores y  qu e confiere d erechos sobre ellos por v irtud d e lo s 

hechos. Estos derechos no se pierden si sus poseedores no los usan. La única obligación que los 

ciudadanos tienen unos con otros es la de respetar los derechos de los demás.13    

Durante varios s iglos, e l s ufragio restringido permitió u n vínculo or gánico entre una 

reducida oligarquía dirigente y las capas sociales dominantes quienes estaban constituidas por la 

aristocracia, la pequeña nobleza y la burguesía comercial y financiera que había alcanzado éxito. 

Durante el  sig lo XIX, el Reino Unido se convirtió en un d estacado ejemplo d e un  paí s que 

avanza hacia la plena ciudadanía política. Los cambios que se dieron fueron de forma progresiva, 

sin enfrentamientos ni rupturas políticas de importancia. A pesar de lo cual su influencia se hizo 

sentir en otros Estados, en la s primeras décadas del siglo XIX era el e jemplo más destacado de 

sufragio censatario. 

Es hasta el año de 1832, fecha en la que el parlamento, en respuesta a las protestas contra 

la desigu aldades y corruptelas elec torales, ap robó l a primera d e l as tr es grandes reformas 

decimonónicas. La ampliación a los propietarios urbanos y a los arrendatarios rurales del derecho 

de voto, recogida en esa ley, no impidió de todas maneras que la inmensa mayoría de los varones 

adultos (5 de cada 6) siguieran al margen de la vida política. Más importante resultó la reforma 

de 1867 , no sólo porque redujo las  exigencias econó micas sino  sobre todo porque sustituyó, 

como criterio restrictivo, el principio de propiedad por el de residencia. A la  visión tradicional 

del ciudadano propietario se le sumaba ahora la  nueva imagen del “ciudadano respetable”. De  

                                                 
13 Marquand, David. “Civic Rep ublics and Liberal Indiv idualists: The Case o f Br itain” en  Citizenship. Critical 
Concepts, Editado por Bryan S. Turner y Peter Hamilton. Vol. I, Londres, Routledge, 1994, pp.244. 



 

 

20
forma que no sólo los propietarios, sino también los arrendatarios de viviendas urbanas y los 

inquilinos cab ezas de fam ilia qu e ocupaban parte de una casa (siemp re que l a re nta fuera 

superior a 10 libras), así como los propietarios o arrendatarios de fincas rústicas (en este caso, se 

mantenía la  exigencia de una renta anua l mínima, aunque  se re dujo la ca ntidad a 12 libras) 

vieron re conocidos sus de rechos co mo votantes. Tod avía quedaban f uera los mine ros; pero el 

cuerpo electoral pasó de repente de un millón cuatrocientos mil a dos millones y medio, entre los 

que s e e ncontraba ya el sec tor m ás a sentado y “ respetable” ( algo menos del 3 0%) de los 

trabajadores u rbanos. E l estab lecimiento del voto secreto en 1872  c ompletó esta sust ancial 

ampliación.14 

Durante e l s iglo XIX  los obreros ingleses es taban en condiciones de  exigir que se les  

conceda el lugar que les correspondía en la comunidad política de la primera nación del mundo. 

Dichas exigencias no alcanzan nunca el clima revolucionario, aunque de vez en cuando también 

la sociedad inglesa se vio perturbada por estallidos de vio lencia. La modernización po lítica de 

Inglaterra, p ese a todos sus c onflictos, siguió u n ritmo re lativamente re gular y pacífico. La  

exigencia de igualdad d e l a incip iente cl ase ob rera se vertió  en un molde más o  menos 

conservador, en el se ntido d e que, en definitiva, no im plicó más que el reclamo de q ue se  

aceptara públicamente la ig ualdad de los c iudadanos. En otras pa labras: la  sociedad in glesa 

demostró ser capaz d e darl e un  lugar a la clas e t rabajadora en l a comunidad política nacional 

como un pa rticipante igual a todos l os restant es, si bien i ncluso e n Inglaterra esta e volución 

entrañó una lucha pro longada, y la igu aldad c on t odas sus re percusiones, no se logró si no en 

forma paulatina.  

                                                 
14 Pérez Ledesma, Manuel. Op. Cit., pp.132-133. 



 

 

21
En 1918 en el Reino Unido se otorgó el derecho de voto a los varones mayores de 21 

años y a la s mujeres propietarias o vi udas de  pro pietarios mayores de 3 0, a l ti empo que s e 

recortaba el voto  plural (só lo a partir de 1928 pudieron votar todas las mujeres mayores de 21 

años). Que estas reformas se llev aran a ca bo sin grandes conflictos ni alteraciones sustanciales 

del régimen político tiene que ver con la existencia previa de un sistema parlamentario dispuesto 

a i ntegrar progresivamente a l os se ctores e xcluidos de la  vida política, c uando s e ve ía que 

importantes sectores se  encontraban fuera del s istema, se cambiaban la s leyes electorales para 

introducirlos en él. Pero este afán integrador no impidió que se mantuvieran ciertas diferencias a 

la hora de emitir e l voto. La desigualdad acabó ref lejada en la  creación de distritos especiales 

para las Universidades y en el reconocimiento del voto múltiple para quienes contaran con títulos 

universitarios (un privilegio que sólo desapareció en 1948).15 

La democracia inglesa surgió de la idea de garantizar las libertades mediante la creación 

de contrapoderes, resultantes de la representación política de las principales fuerzas sociales. El 

pluralismo se p ercibe com o la  e xpresión natural de la s li bertades públicas. Se vue lve u no 

ciudadano por la pertenencia a al guna comunidad particular. La tradición política se sustentaba 

en l a id ea de qu e, para garantizar la v erdadera libertad d e lo s hombres contra el pod er, que 

siempre corre el rie sgo de volverse arbitrario, es pre ciso resp etar la d iversidad de o rígenes y 

vinculaciones particulares. La nación no puede ser más que el resultado de una larga historia, es 

preciso respetar los derechos de los grupos particulares que la componen y los poderes locales, 

además, el interés ge neral se compone de  i ntereses pa rticulares. E n la l ógica utilitarista d e la 

democracia británica, los diferentes grupos sociales están representados en el espacio político en 

                                                 
15 Ibíd., pp.133-141. 



 

 

22
razón misma de s u especificidad y, a l de fender sus pr opios inte reses, contribuyen al interés 

general y al buen funcionamiento del conjunto de la sociedad.  

La nación británica fue la única que supo crear, mediante una práctica de siglos, la forma 

política que en el si glo XX se ha convertido e n l a democracia parlamentaria; la única que ha 

sabido permanecer asentada en la common law y la jurisprudencia; a su vez que ha sabido hacer 

del precedente el equivalente de la Constitución y adaptarse con suavidad, pero de forma eficaz, 

a las  necesidades ca mbiantes de  cada é poca. Ingl aterra garantizó la s auté nticas lib ertades, 

arrancadas pr ogresivamente al p oder real po r m edio d e la in stauración de cont rapoderes, en 

concreto el parlamento. 

 

ESTADOS UNIDOS Y LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

 Los es tadounidenses  inventaron la  democracia representativa, al democratizar la teoría 

inglesa de la  representación, republicanizaron l a C onstitución in glesa. La  idea de un pueblo 

soberano como fuente de la legitimidad había sido formulada por Rousseau. Pero la delegación, 

es decir la idea de l a representación, se p ensó y se  pu so e n práctica, du rante la  Gu erra d e 

Independencia d e 17 76. M adison afirmaba qu e la República americana no  tenía p recedentes: 

había inventado la  i dea d e representación, e sto es la de legación del g obierno a un pequeño 

número de ci udadanos, elegidos p or los dem ás. El na cimiento hist órico de la  democracia 

americana en tre 1776 y 1787 vino acompañado d e un  amplio debate de id eas en el que se 

contrastaba y fundían tradiciones intelectuales diversas: la filosofía política de la Antigüedad, la 

teología c ristiana, e l empirismo liberal inglés, e l ra cionalismo de la I lustración. Durante una 

decena de años, un pueblo entero participó en el nacimiento de una nueva forma de sociedad. 



 

 

23
 En 1775, cuando estalló la Guerra de In dependencia de las Trece Colonias inglesas de 

Norteamérica, la s ociedad c olonial era m uy di versa y además existían fuertes dife rencias 

económicas, sociales y culturales entre las diversas colonias. Cuando el Congreso Continental de 

las Tr ece Co lonias Inglesas de Norteamérica p romulgó l a Declaración de Independencia, 

rompiendo los lazos políticos con la metrópoli y estableciendo “Estados libres e Independientes” 

y, por lo tanto, nuevas comunidades políticas, en ellas participaron mayoritariamente los varones 

propietarios de origen europeo. Las colonias, que desde el 4 de julio de 1776 se constituyeron en 

Estados, una ve z rotos sus la zos con la m etrópoli, redactaron y p romulgaron c onstituciones 

escritas para mejor sa lvaguardar los d erechos d e lo s aho ra ciudadanos. Toda s, siguiendo el 

modelo del estado de Virginia, t enían una De claración de Derechos, a sí c omo u n sistema de  

separación de poderes y un mecanismo de controles para evitar tiranías. Los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial recaían en cuerpos distintos. Las nuevas constituciones no sólo dibujaron una 

nueva y revolucionaria o rganización institucional s ino qu e tam bién, est ablecieron las 

condiciones que debían reunir los electores y los elegibles. Aunque el requisito de propiedad fue 

rebajado, sólo lo suprimieron en cuatro Estados. En Pensilvania, Delaware, Carolina del Norte y 

Georgia si endo contribuyentes se podía ejerce r el derecho al  su fragio. Las cond iciones fueron 

todavía más restrictivas p ara s er el egido. Ad emás de l a condición de p ropietario, s e ex igían 

requisitos de orden religioso o formular determinados juramentos que alejaban a los católicos y a 

los m onárquicos de l os puestos pol íticos. En total, de los cuatro  m illones de habitantes que 

existían en las trece colonias en la era revolucionaria sólo tuvieron derecho al voto unos 120.000. 

Se ex cluyó a los d esiguales, indios, afroamericanos, mujeres, n o pr opietarios, c atólicos y 

realistas. La Revolución afectó exclusivamente a un grupo pequeño de pobladores propietarios 



 

 

24
varones de origen europeo, todavía principalmente de ascendencia británica, que configuraron 

la elite económica y política de las antiguas colonias inglesas de Norteamérica.16 

 En 1776, a pesar de la violencia y de la guerra, a pesar, también de las divergencias reales 

y profundas, s e log ran e stablecer los principios p olíticos que darían f orma a la na ciente 

república. Nada muestra mejor la prudencia (y, por lo tanto, la audacia) de los estadounidenses 

que l a Declaración de Independencia. Jefferson afi rma, al lí la univ ersalidad de es tos derechos 

que s on “ la v ida, la  li bertad y la búsqueda de la  fe licidad” pero ta mbién re cuerda que la 

resistencia a la opresión sólo está justificada en casos extremos y que los gobiernos establecidos 

gozan, por lo tanto, de una presunción de legitimidad. Es por esto que pide la independencia de 

los estadounidenses, al mostrar que, para ellos, es el único medio para gozar de las libertades que 

se creían ligadas a la calidad de un Inglés. El primer monumento del patriotismo estadounidense 

celebra, indiscutiblemente, el nacimiento de un pueblo nuevo y su particular devoción a la causa 

universal de la libertad.17 

 La lucha por la c onquista de la c iudadanía política fue ardua en  los Estados Unidos. A 

pesar de que al esta llar la Re volución Americana existieron voces que consideraron que e l f in 

último de la  Revolución debía ser la defensa de los derechos y libertades que todo ser humano 

tiene por e l hec ho d e h aber na cido, pr onto tr iunfaron p osiciones más conservadoras. 

Efectivamente, durante l os pri meros años de la  Guerr a de Independencia los textos políti cos 

estaban diseñados para lograr evitar tiranías que constriñesen los derechos fundamentales. Así la 

Declaración de Independencia, las Constituciones Estatales, y , sobre todo, el primer texto que 

                                                 
16 De la Guardi a, Car men. “ La Con quista de la Ciud adanía Pol ítica en l os Estados Unido s”, en: Ciudadanía y 
Democracia, Manuel Pérez Ledesma (comp.), Madrid,  Pablo Iglesias, 2000, pp.77-82. 
17 Raynaud , Philippe. “De la L ibertad al Poder, Re flexiones sobre el Patriotismo Estadoun idense”, en: Nación y 
Modernidad, Marcel Gauchet, Pierre Manent y Pierre Rosanvallon (dir), Buenos Aires, Nueva Visión, 1997, pp.85-
86.  



 

 

25
diseñaba una organización común a lo s trece Est ados independientes, lo s Artículos de la 

Confederación, defendían una arti culación de las instituciones políticas encaminadas a l a mejor 

defensa de l os derechos y li bertades in dividuales. Sin e mbargo, las dificultades que tuvo que 

afrontar la joven república en sus primeros años de existencia –conflictos f ronterizos entre los 

Estados, r ebeliones ca mpesinas, l uchas con la s tribus i ndígenas y pr oblemas internacionales-

hicieron que se alzasen voces con planteamientos políticos diferentes. Para muchos propietarios, 

mercaderes e industriales norteamericanos era necesario reforzar los poderes de las instituciones 

comunes a los Estados. Defendían la creación de una federación de Estados soberanos que fuese 

capaz de garantizar la tranquilidad y el orden público necesarios para la defensa de la propiedad. 

Los federalistas fueron mayoría en la asamblea constituyente de Filadelfia de la cual surgió la 

Constitución de 1787. Esta constitución se caracteriza por dos rasgos importantes para el futuro 

político de los Estados Unidos: era una const itución republicana y, además, era una const itución 

federal.18  

En Estados Unidos la teoría de Locke fue una de las que más influyó en el pensamiento 

de Jefferson y en El Federalista para adaptar la idea de representación política. El Federalista 

formó pa rte de u na estrategia p ara exponer las virt udes de  la Constitución des pués de  la 

convención federal de 1787, se trataba de una serie de ensayos publicados en la prensa de Nueva 

York a cargo de Alexander Hamilton, John Jay y James Madison. La obra estaba dividida en seis 

ramas de las  que sobresalen sus argumentos sobre la utilidad de la unión, la insuficiencia de la 

entonces presente Confederación, la necesidad de un gobierno enérgico y el republicanismo de la 

Constitución, que se  expresó en la adopción de la democracia como mejor forma de gobierno. 

Sin embargo, la democracia a la  que se refería El Federalista no era la "democracia pura", esta 
                                                 
18 De la Guardia, Carmen. Op. Cit., pp.82-83. 



 

 

26
diferencia s e b asaba en qu e la democracia pura pe rtenecía n ecesariamente a una  sociedad 

integrada por un reducido número de ciud adanos que se reúnen y administran personalmente el 

gobierno, en contraste con la "democracia americana" que se trata de un gobierno en que se da el 

esquema de represe ntación, ca lificando a la repúb lica creada por la constituc ión como 

"democracia representativa". En oposición con ésta, las democracias puras han constituido, para 

los aut ores de El Federalista, " espectáculos de des orden y luc has y  han sido si empre 

incompatibles con la se guridad pe rsonal y con los de rechos d e propiedad. No p uede ser una 

sorpresa e l que e n general hayan s ido tan c ortas e n su vida c omo violentas en s u muerte".19 

Frente a esto la ventaja que ofrece la democracia representativa es "un dispositivo que se adopta 

en lugar de la democracia di recta debido a l a imposibilidad de reunir  a g randes cant idades de 

gentes en un solo lugar, es un sustitutivo del encuentro en persona de los ci udadanos".20 La 

representación así se configura como una v ía deseable de conceder y p ermitir la participación. 

Significa, "la delegación del gobierno a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto, 

en vez de que todos los ciudadanos en persona dirigiesen los asuntos públicos".21  

Este sistema es importante ya que las opiniones públicas pueden ser pulidas y extendidas 

si pasan por la mediación de un cuerpo elegido de ciudadanos. El gobierno representativo salva 

los excesos d e la  democracia pura, po rque las el ecciones mismas fuerzan la cl aridad de la s 

cuestiones pública s y l os pocos elegidos, capaces de  res istir el pr oceso político, " suelen se r 

competentes y capaces de discernir los verdaderos intereses de su país, esto es, los intereses de 

los ciudadanos".22 Pero el gobierno representativo por sí mismo no es condición suficiente para 

                                                 
19 Pitkin, Hanna F. El Concepto de Representación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, pp.212. 
20 Ibíd. 
21 Hamilton, Madison y Jay. El Federalista, Máxico, F.C.E., 1957, pp.45. 
22 Ibíd. 



 

 

27
la p rotección d e lo s ciud adanos, es necesario  im pedir que los elegidos degeneren en una 

poderosa facción explotadora. La mejor forma de evitarlo es a través de una república "grande" 

donde e l número de r epresentantes n o se a demasiado e xtenso, c omo para  e xponerse a  la 

confusión de la m ultitud. Las ventaj as que ofre ce una re pública grande frente a una pequeña 

diseñada para una democracia directa al estilo Rousseau, es que la proporción de sujetos capaces 

de re presentar p olíticamente a los c iudadanos e s co nstante. El e lectorado te ndría muchas más 

posibilidades para e scoger. E n u n estado grande los representantes son elegidos por u n 

electorado extenso qu e ti ene m ás p robabilidades de reconocer a lo s candid atos "indignos". 

Además de que en un Estado  grande con  una economía basada en  el  logro de las necesidades 

privadas, e xiste i nevitablemente una gra n diversidad so cial y por l o tanto, s egún l os a utores, 

menos posibilidades de que se forme una mayoría tiránica, tanto entre el electorado como entre 

los elegidos. De esta f orma, l a d iversidad social contribuye a crear una fragm entación política 

que im pide la excesiva ac umulación de p oder. Pes e a q ue u na de las des ventajas de u n gra n 

Estado e s q ue lo s represe ntantes p ueden hacerse p rogresivamente más l ejanos e  imp ersonales, 

para los autores de El Federalista, es más importante detener esa excesiva acumulación de poder 

en unos cuantos. La s olución propuesta ante el posible alejamiento es una constitución federal 

donde los i ntereses más im portantes y a gregados ser án r emitidos a la  le gislatura nacional, l os 

locales y particulares a los órganos legislativos de los estados. De esta forma se está dando paso 

a lo que de alguna manera sería la médula de la democracia representativa propuesta: la división 

de p oderes. Así los poderes le gales de l ejecutivo, le gislativo y j udicial respectivamente están 

divididos tan to a nivel n acional c omo a niv el lo cal y  de esta for ma se garantiza m ejor la 

protección de la libertad a la que tanto aludía Montesquieu.  



 

 

28
Uno de los argumentos que los autores ut ilizan para justificar la división de poderes y 

evitar así el exceso de poder es que como en "el gobierno republicano predomina por fuerza la 

autoridad legislativa, el departamento legislativo, como ha demostrado la triste experiencia de los 

gobiernos estatales, está extendiendo por dondequiera la esfera de sus actividades y absorbiendo 

todo dominio en su impetuoso torbellino".23 De ese modo la fuerza de la separación está dirigida 

especialmente c ontra la  legislatura. Porque una legislación op resiva d evalúa po r fu erza, o  al  

menos generalmente, " la dignidad de l os cargos ejecutivos y  judiciales", pues una  ejecución y 

una a djudicación serv iles, "lo mismo q ue sus p residentes y ju eces no  go zan de dignidad, n i 

poder, ni fama y en última instancia tampoco de recompensa pecuniaria".24 Para ello los autores 

consideran que el ejecutivo y  el  judicial deben tener los medios y  los motivos personales para 

resistir la legislatura. An te e sto e l ej ecutivo debe estar capacitado p ara atreverse a  poner en 

práctica s us propias o piniones, c on vigor y d ecisión. Así la se paración d e p oderes crea 

autoridades que, pese a ser dependientes del pueblo y a carecer de cualquier título independiente 

para gobernar, están dispuestas a resistir y c ontrarrestar a la legislatura cuando ésta comienza a 

ceder a las d emandas equ ivocadas d el "populacho", amo constitucional d e las tr es ramas d el 

gobierno. En este sentido, la separación de poderes ayuda a resolver no solo la opresión sino la 

ineptitud del gobierno popular evitando poner el gobierno en manos de la mayoría. 

Frente a los peligros que se advierten respecto a la insensibilidad de la masa para saber lo 

que quiere y e n c ontraparte f rente a  la c oncentración del poder e n unos pocos o en un s olo 

departamento, los efectos positivos de la representación en este sentido se distingue porque: 

"afina y amplía la o pinión pública, p asándola po r el t amiz d e un grupo escog ido de 
ciudadanos, cuya pr udencia pu ede discernir m ejor el ve rdadero interés de su p aís, y c uyo 
                                                 
23 Ibíd., pp.77. 
24 Ibíd. 



 

 

29
patriotismo y am or a la just icia no estará dispuesto a sa crificarlo ante con sideraciones 
parciales. Con este sistema es muy posible que la voz pública, expresada por los representantes 
del pueblo, esté más en consonancia con el bien público que si la expresara e l pueblo mismo, 
convocado con ese fin".25 

 

Otra de  las ve ntajas q ue un Esta do federal re presentativo podía ofre cer a la  nac iente 

nación es que ésta constituye un mecanismo clave para agregar los intereses de los indivi duos y 

proteger sus derechos, además de que se garantiza la seguridad de las personas su propiedad y las 

demandas de los complejos patrones de intercambio, comercio y relaciones internacionales. 

Aunque no se concibe que los grupos, o incluso la nación entera, tengan u n interés que 

dicte el curso de la acción sobre temas particulares, sí se habla de un interés "común" distinto a 

los muchos intereses respecto de las diversas necesidades y situaciones en d iversos momentos. 

Porque el interés de un hombre "es lo que él cree que es, exactamente igual que su opinión es lo 

que piensa, es subjetivo, personal, mudable, no inspira confianza y generalmente antagónico con 

respecto al  bienestar real  de l a nación". Por "bi enestar rea l de la  nación" se en tiende "un bien 

objetivo" que los intereses individuales no reflejan pues solo se trata de su opinión. Para ello se 

distingue entre do s clases d e intereses: lo s v erdaderos in tereses o  el in terés perm anente y  

ampliado de alguien, y los in tereses inmediatos qu e contienen " pasiones momentáneas o una 

avidez impaciente de gana ncia inmediata y falta de moderación". A este último corresponde el 

interés del pueblo motivado por esos intereses mudables y pluralistas, mientras que los primeros 

están representados por los elegidos del pueblo, mismos que tratarán de ofrecer una salida para la 

facción.26 Sin embargo, aunque la representación no garantiza que las facciones sean eliminadas 

o inofensivas, si se c onsigue de a lguna f orma, "re finar y am pliar las pers pectivas p úblicas, 
                                                 
25 Ibíd., pp.215. 
26 La f acción e quivale en El Federalista, a u n grupo de in terés, es decir, a u n cier to número de ciudadanos q ue 
siendo una mayoría o una minoría del  total , se unen y  actúan movidos por algún i mpulso común de pasión o de 
interés contrario a los derechos de los demás ciudadanos o al interés permanente y agregado de la comunidad. Ibíd. 



 

 

30
pasándolas a través del médium de u n cuerpo de c iudadanos e legidos cuya sabiduría puede 

discernir mejor los verdaderos intereses de su país y c uyo patriotismo y a mor a la justicia hará 

menos p robable qu e lo s sa crifiquen a c onsideraciones transitori as o p arciales".27 De esta 

manera, "la vo z pública en boca d e los representantes del pueblo, será más consonante con  el  

bien público que si fuese pronunciada por el pueblo mismo".28 

Pese a la solu ción propuesta, ello no indica que se liberará totalmente a la legislatura de 

aquellos "hombres de temperamento faccioso, de prejuicios locales, o de intenciones siniestras y 

puedan mediante la i ntriga, l a corrupción o po r otros m edios, obt ener en prim er térm ino, los 

sufragios y luego traicionar los intereses del pueblo". Por ello su confi anza no está totalmente 

depositada en el efecto filtro y en la "sabiduría superior" de los elegidos. 

Una po sible sa lvaguardia en  con tra d e lo s males de la fa cción, e s la  ext ensión y en 

consecuencia, la d iversidad d e una repúb lica. Es decir, para los au tores d e El Federalista un  

Estado grande y diverso t iene mayores probabilidades de hallar r epresentantes juiciosos y con 

ánimo público, además de que en un Estado grande, habrá una variedad más amplia de intereses 

por consiguiente, menos probabilidad de que puedan combinarse para lograr una eficaz acción 

facciosa. "Ampliad la esfera y tendréis una mayor variedad de partidos e in tereses; será menos 

probable que una mayoría de la totalidad tenga un motivo común para invadir los derechos de 

otros c iudadanos o s i e xiste tal m otivo c omún será m ás difícil para todos lo s que lo sienten 

descubrir su propia fuerza y actuar al unísono unos con otros".29 

Pese a que  la pr opuesta trata de la  re presentación de la s p ersonas antes que d e la 

representación de  los i ntereses, v e a la  representación como u na b úsqueda de l os intereses de  

                                                 
27 Pitkin, Hanna F. Op. Cit., pp.217. 
28 Ibíd. 
29 Hamilton, Madison y Jay. Op. Cit., pp.52. 



 

 

31
esas personas d e ac uerdo con s us deseos. Por que para El Federalista e l gobi erno 

representativo es como la maquinaria que contiene, equilibra y ajusta el tratamiento de intereses 

y que como éste es un  gobierno popular existe la posibilidad de que "el pueblo pierda el control 

de su gobierno, de que los gobernantes representativos subviertan el régimen, también es posible 

que las m ayorías po pulares con  la ayuda de  representantes su misos g obiernen en forma 

opresiva"30 y f inalmente e xiste la  p osibilidad d e q ue la mayoría con la "complicidad de l os 

representantes sumisos" gobiernen no en forma opresiva pero sí insensata y  dejen de hac er lo 

necesario para darle fuerza y estabilidad al gobierno. Lo importante en esta posición es mantener 

los intereses y por tanto, la participación de la población al margen de las decisiones de gobierno, 

dejando que los "virtuosos" se encarguen de "traducir" tales intereses de tal forma que éstos sean 

paralizados y p or ta nto a yuden a equilibrar los conflictos q ue los intereses f acciosos puedan 

generar.  

 Los nuevos c iudadanos a mericanos de  la  época de la Independencia p ertenecían a una 

sociedad homogénea, modelada po r un a rel igiosidad d e inspir ación bíblica, f ormada en  una 

misma cultura política, asentada en un territorio no sujeto a contiendas y con una historia común. 

La declaración de independencia n o había provocado u na r uptura br utal en la  estructura 

institucional n i en la  organización de la sociedad. Los Es tados Unidos independientes no sólo 

tenían la v oluntad de ge stionar sus propios asuntos sin que interviniese Inglaterra; formaban ya 

una c omunidad de c iudadanos c on el proyecto de e stablecer la primera de mocracia auténtica 

basada en  la lib ertad. El se ntimiento de unidad n acional y la s Co nstituciones de las Trece 

Colonias f ueron a nteriores a  la organización de l Esta do f ederal. Las rea lidades objetivas 

favorecían el nacimiento de una idea original de sociedad. 
                                                 
30 Ibíd., pp.58. 



 

 

32
 Desde 1803, du rante la pr esidencia d e Thomas Jef ferson, n uevos Estados se ha bían 

incorporado a la Unión. La misma Asamblea Constituyente que elaboró la constitución de 1787, 

ratificó uno de los últimos acuerdos tomados por el Congreso de la Confederación: la Ordenanza 

del Noroeste. Un texto de tanta trascendencia para el futuro político de la joven República como 

la Constitución. En la Ordenanza de 1787, se recogía el procedimiento por el cual los territorios 

adquiridos o conquistados por los Estados Unidos podían constituirse en Estados con los mismos 

derechos que los Estados fundadores.31 Los nuevos Estados no incluyeron ningún requisito para 

que los colonos fueran electores. Todos los varones blancos mayores de edad podían acudir a las 

urnas cuando  fuesen convocados. El  deseo de que su s intereses fu eran d efendidos por sus 

representantes como miembros de pleno derecho en el Congreso Federal, evitó cualquier debate 

sobre la ciudadanía política de los varones de origen europeo. 

La g uerra civil su puso un  nuevo av ance en la  conq uista d e la ciudadanía. Esta vez, 

aparentemente f ueron los afroamericanos los que obtendrían no s ólo la ci udadanía ci vil si no, 

también, su participación e n el  sistem a político. Ya durant e l a gu erra civil un problema 

constitucional se había planteado al nuevo Par tido Repu blicano qu e detent aba el pod er en los 

Estados fi eles a la Feder ación. Cómo debían reincorporarse lo s Estado s protagonistas de l a 

Secesión que estaban siendo conquistados militarmente por el N orte. La solución de Lincoln se 

estableció en su Proclama de Amnistía y Reconstrucción, de diciembre de 1863, donde se ofrecía 

el perdón a los sureños (salvo a los altos dirigentes de la Confederación) que jurasen fidelidad a 
                                                 
31 El mecanismo fue el siguiente: Los territorios con voluntad de convertirse en Estados tenían que permanecer un 
tiempo como unidades vinculadas a la Unión pero no como miembros de pleno derecho. En el momento en el que el 
territorio ca ndidato a  Es tado t uviese 60.000 residen tes que r euniesen los requi sitos para ej ercer el d erecho al  
sufragio, éstos  pod ían eleg ir una Asa mblea Const ituyente, q ue tr as red actar una Cons titución, debían presentarla 
para su ap robación por el Congreso de los E stados Unidos. Cuando la aprobación se pr oducía, el h asta en tonces 
territorio pasaba a ser un Est ado de pleno  derecho de la Federación de los Estados Unidos. Por este procedimiento 
Ohio se había convertido en Estado 1803, Indiana en 1816, Illinois en 1818 y muchos otros lo harían en la década de 
los treinta. De la Guardia, Carmen. Op. Cit., pp.87-88. 



 

 

33
la Constitución de 1787, y que prometiesen respetar la abolición de la esclavitud que se había 

promulgado e se mismo año para l os E stados fieles o dominados por la U nión. E l Plan de 

Reconstrucción de Lin coln n o g ustó al a la más radical de  su pa rtido, que c onsideraba q ue n o 

bastaba c on o torgar la libertad a lo s antiguos esclavos. Lo s repub licanos radi cales lograro n 

imponer m edidas c onstitucionales drásticas. A probaron e n el C ongreso Fede ral la  E nmienda 

Decimocuarta c oncediendo l os derechos de ci udadanía p olítica a l os a ntiguos esc lavos y 

previniendo pr oblemas co n los E stados del s ur, los r adicales ela boraron una nueva Enm ienda 

Constitucional. La  De cimoquinta E nmienda, a probada e n e l Congreso Federal en 1 870, 

establecía garantías para qu e el derecho a l su fragio de lo s aho ra libertos no fu ese nunca 

violado.32 

 De todas formas, las enmiendas constitucionales aprobadas por los republicanos radicales 

y ratificadas por los Estados, otorgando derechos a los afroamericanos, fueron insuficientes. Los 

gobiernos de los distintos Estados Sureños pronto empezaron a u tilizar artimañas legales pa ra 

alejar a los afroamericanos de la ciudada nía política. Así idearon  un nu evo procedimiento. La 

“norma del Abuelo” establecía que todo individuo cuyos padres pudieran votar en 1867 tenía el 

derecho al sufragio. Así quedaba zanjado el problema. Los antepasados de los blancos votaron ya 

en l os Est ados del Sur, los de  los a froamericanos, desde l uego, no. A demás las é lites blancas 

sureñas lograron imponer la segregación, primero, prohibieron que los niños negros acudiesen a 

las mismas escuelas que los blancos; después, que compartiesen el espacio en los locales y en los 

medios d e t ransporte p úblicos. Fue el movimiento p rogresista, el mismo qu e accedió a l a 

concesión de la ciud adanía política de las m ujeres en  1920, con  la p romulgación de la 

Decimonovena En mienda, el que institucionalizó en toda la Unión Fede ral l a p érdida de  
                                                 
32 Ibíd., pp.91-93. 



 

 

34
derechos ci viles y políticos de los afroam ericanos, aunque aún quedaban al gunos 

impedimentos.33   

Fue durante la pre sidencia de Dw ight D.  Ei senhawer (195 3-1961), y tras las 

movilizaciones en pro de los derechos civiles, robustecidas durante la segunda guerra mundial, 

cuando las instituciones federales se decidieron a intervenir directamente para lograr el acceso a 

la ciudadanía de los exc luidos. En 1 954, e l Tribunal Suprem o fa lló a favor de la 

inconstitucionalidad de la segregación en los centros educativos. El 13 de noviembre de 1956, el 

Tribunal Supremo reconocía que la segregación en los autobuses era inconstitucional. En 1957, 

tras un  duro  deb ate, el Congreso aprobó la p rimera ley  de Derecho s Civiles desde l a 

Reconstrucción. E n e lla se  pe rmitía ta nto a l os in dividuos como al Fis cal G eneral del E stado 

denunciar judicialmente a cu alquiera que obstaculizara el derecho de otra persona a votar. Los 

progresos más i mportantes en el camino hacia la igualdad política se log raron en la presidencia 

de Lyndon B, Jonson (1963-1969). Po r un  lado las m ovilizaciones sociales se mu ltiplicaron y 

además confluyeron. Luchadores a favor de los derechos civiles, feministas, e l movimiento en 

contra de la Guerra d e Vietnam, luchadores contra la po breza, los i ndios americanos y  l os 

hispanos, protagonizaron multitudinarios actos de protesta y a celeraron  las ref ormas federales 

necesarias para la consecución de la ciudadanía civil y política. En 1964 se promulgó la Ley de 

Derechos Civiles, po r la que se p rotegía el d erecho al voto  de todos los no rteamericanos. En 

1965, se promulgó la Ley de Derechos Electorales, que eliminaba todos los tecnicismos legales 

que habían alejado al afroamericano del ejercicio de su derecho al sufragio. En 1966, el Tribunal 

Supremo consideró inconstitucional el pago de impuestos como condición previa al ejercicio del 

derecho al voto. El  resultado de estas med idas n o fu e inmediato. P ero podemos a firmar que 
                                                 
33 Ibíd., pp.94-96. 



 

 

35
desde pr incipios de la década de los se tenta to dos los ciud adanos norteamericanos podían 

ejercer sus derechos políticos.34 

 El mito de origen, de ver creado una nueva nación en la tierra, y las instituciones políticas 

que surgieron en el periodo colonial y en la Guerra de la Independencia garantizaron durante dos 

siglos la integ ración de l a so ciedad estadounidense pese a la creci ente heterogeneidad d e la s 

oleadas inmigratorias. La f orma e n que l os Estados U nidos c onstruyeron las bases de s u 

representación política y sus formas de participación ciudadana fueron sumamente influyentes en 

todo el mundo, constituyen uno de los movimientos claves para entender la consolidación de la 

ciudadanía moderna.  

 

FRANCIA, LA NACIÓN MODERNA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 En F rancia e xistían desde e l f inal d e l a E dad M edia s entimientos pa trióticos y las 

primeras instituciones estatales. La construcción nacional se realizó a lo largo de siglos, en torno 

al Estado y gracias a su actuación. Los reyes de Francia habían unificado la nación mucho antes 

de que la Revo lución p roclamase su  s oberanía. Lo s Cah iers de dol éances (l ibros de 

reclamaciones) que procedieron a la re unión de los Estados Generales d e 1 789 de muestran el 

apego de la población a una patria que no se diferenciaba de la monarquía. También es cierto que 

Francia, es probablemente el modelo más claro de creación de la nación moderna. Según el mito 

nacional, fue su  Revolución la que sostuvo com o modelo universal a nte la  f az del mundo el 

nuevo principio de le gitimidad y  la que pr oclamó p or primera vez , en n ombre del un iverso 

entero, la Dec laración de los de rechos de l h ombre, de  todos l os hom bres. De spués de  la 

                                                 
34 Ibíd., pp.97-99. 



 

 

36
Revolución los franceses se vanaglorian de haber ofrecido al mundo la primera experiencia y 

la primera ideología de la nación moderna. 

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se decretó en las sesiones 

de la  Asamblea Nacional d el día  2 0 al 26 de  a gosto y el 1  de octubre de 1789, en  ella se 

establecía que “comprendiendo que la ignorancia, el o lvido o el d esprecio de los d erechos del 

hombre son la sola causa de la infelicidad pública y de la corrupción del Gobierno, han resuelto 

exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, 

a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, 

les recuerde sus derechos y sus deberes; a fin  de que los acto s del poder legislativo y del poder 

ejecutivo, s ean m ayormente res petados, y a  f in de que las rec lamaciones de los c iudadanos, 

tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos”. En consecuencia 

se reconoce y declara los siguientes derechos: 

Artículo 1º. Los hombres nacen libres e iguales en derechos. 
Artículo 2º. El ob jeto de t oda sociedad política es l a con servación de lo s derechos n aturales e 
imprescriptibles del hom bre. Estos d erechos son  la libe rtad, la propiedad, la  seguridad y la 
resistencia a la opresión. 
Artículo 3º . El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. 
Artículo 4º . La Libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro. 
Articulo 5º. La ley no tiene el derecho de prohibir sino las acciones nocivas a la sociedad. 
Artículo 6º. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho 
a concurrir a su formación personalmente o por representantes. 
Artículo 7º. Ni ngún h ombre puede ser a cusado, arrestado ni detenido si no e n los casos 
determinados en la ley y con las formalidades prescritas por ella. 
Artículo 8º. La ley no debe establecer más penas que las estrictas y evidentemente necesarias. 
Artículo 9º. Debiendo todo hombre presumirse inocente mientras no sea declarado culpable. 
Artículo10. Na die debe se r molestado p or s us opiniones, a unque sean rel igiosas, mientras n o 
turbe el orden público establecido por la ley. 
Artículo 11. La libre comunicación de las opiniones y de los pareceres es un derecho de los más 
preciados del hombre: todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir y estampar libremente, 
salvo por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. 
Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. 



 

 

37
Artículo 13. Para el m antenimiento de  la f uerza y para l os gas tos d e la  a dministración e s 
indispensable una contribución común. 
Artículo 14. Todo s los c iudadanos t ienen el derecho d e comprobar, la necesidad de la  
contribución pública, de consentirla libremente. 
Artículo 15. La so ciedad tien e derecho pa ra ped ir cuenta de su ad ministración a todos lo s 
empleados públicos. 
Artículo 16. To da s ociedad en la  cua l l a garantía de l os derechos no e stá as egurada, ni 
determinada la separación de los poderes, carece de Constitución. 
Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella 
sino cuando la n ecesidad púb lica, l egalmente j ustificada, l o ex ija a co ndición d e un a ju sta 
indemnización.35 
   

 Las declaraciones de los derechos del hombre se refiere a la totalidad de los miembros de 

la s ociedad. La  abolición de los privilegios h abía sid o el pr imer acto de l a re organización 

nacional. El rechazo de los privilegios, no obstante, adopta en casi todos los proyectos la forma 

positiva y abstracta de una “ley uniforme para todos”, de un “derecho igual a la garantía social” 

que se ap lica tanto a la propiedad como a la libertad. La idea de una universalidad abstracta en 

los textos, no llega empero a producir una concepción política que englobe a la totalidad de los 

ciudadanos. Las mujeres, al menos en el estado actual, los niños, los extranjeros y hasta quienes 

no c ontribuyan e n nada al s ostenimiento d el est ablecimiento público, no deben influir 

activamente sobre la cosa pública. La idea de una totalidad de los hombres y de los ciudadanos 

se concibió así en respuesta a una real idad social y política que había perdido el sentido de su  

cohesión. Esta idea, empero, autoriza un orden discriminatorio para algunos grupos de población. 

Esta representación restringida de la sociedad política se expresó mediante el sufragio censatario. 

La Declaración de d erechos de bía e nunciar los  principios fundamentales q ue d eben s ervir d e 

base a todos los G obiernos y que ha rían de l pueblo f rancés, el  pr imero y el modelo de  los 

pueblos. Pero el sentimiento nacional está poco presente en los proyectos, que dieron forma a la 

                                                 
35 Fauré, Christine. Las Declaraciones de los Derechos del Hombre de 1789, México, F.C.E.,Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 1999, pp.11-12. 



 

 

38
Declaración de Derechos. La necesidad de una fuerza represiva para defender la propiedad era 

la traducción política del pesimismo ético que generalizado en respuesta a una serie de violencias 

ejercida contra la persona y la propiedad de los nobles, eleva el tono para exigir que el ciudadano 

respete, mediante la coacción si fuera necesario, los derechos de los demás ciudadanos.36 

 Esto se v ino a complementar con l as Dec laraciones de 1793  y  1795, que no se habí an 

incluido en la Declaración de 1 789. Así,  el  trabajo y la s olidaridad na cional a favor de  l os 

ciudadanos des poseídos se d esigna a menudo como c aracterística de  la De claración de 1793. 

Propiedad y trabajo están ligados: el trabajo es un medio de acceso a la propiedad, no debe haber 

ninguna exclusiva p ara nadie en el trabajo, el contrato d e t rabajo entr e el empleado y  el 

empleador debe respetar el carácter inalienable de la persona humana. El derecho al trabajo esta 

poderosamente ligado  a los conceptos clave de libertad, propiedad y seguridad. Se denuncia lo 

precario del contrato de trabajo de jornaleros, obreros y artesanos, y se subraya la necesidad de 

una política social tanto para los tra bajadores viejos como para los i nválidos. Mientras toda la 

dimensión so cial de los derechos del  hombre no  a parece a usente en la ve rsión final de  la 

Declaración de los derechos de 1789, los proyectos muestran la génesis de esa exigencia de la 

sociedad que promoverá la Declaración de 1793, los cuales serán retomados y consagrados en el 

siglo XX. 37 De sde la Revolución F rancesa, se  proclamó que “ la s ociedad está o bligada a 

procurar la subsistencia d e to dos sus m iembros, ya se a proporcionándoles un  tr abajo o 

garantizando los medios necesarios a quienes no están capacitados para trabajar”. El derecho del 

ciudadano al trabajo o a la asistencia sustituye desde entonces la idea de la caridad individual y 

privada, de inspiración religiosa. Ciertamente, c uando c ada in dividuo es u n c iudadano, tiene 

                                                 
36 Ibíd., pp.19-24. 
37 Ibíd, pp.26-27. 



 

 

39
derecho a  disponer de m edios para alimentarse, ten er un  t echo y educar a su s h ijos 

decentemente, para e star en condiciones de ejercer sus d erechos p olíticos de u na manera 

concreta.  

 En 1789, el ejem plo de los ingleses y de los estadounidenses se t enía muy presente en  

Francia, c omo ejem plos de  c onsolidación ci udadana. En la Dec laración de los Derechos del 

Hombre y  de l Ciudadano de 1 789 se estableció que  esta debía pr oducir un cambio en las 

condiciones de e xistencia de la m ayoría d e la pob lación. La Dec laración de  lo s derechos 

encontraba su propio f in en sí misma. Afirm aba u n c arácter de  inm anencia, además de qu e 

sometía a de todos los individuos a la soberanía de la Nación.  

 La r evolución de 17 89 estuvo precedid a por lo s acon tecimientos d e los siglos XVI y 

XVII de donde surge la monarquía francesa como u n modelo de abso lutismo opr esor d e toda 

fuerza emergente de la sociedad civil. La sociedad francesa se dividía en tres órdenes: el clero 

que no solo era el primero de los órdenes, sino el cuerpo más sólidamente unido por su jerarquía 

propia y su disciplina. La nobleza determinada por el nacimiento. Y finalmente, el tercer estado, 

formado por l as m asas po pulares en general, encabezadas po r la burguesía que, sin  duda, 

sobresalía gracias al trabajo y al ahorro, pero sobretodo gracias a la especulación comercial. El 

antiguo rég imen basado en p rivilegios, había devenido en un  ob stáculo para el desarro llo y 

nacimiento de la moderna sociedad que se había gestado en su seno. Si a esto añadimos, además, 

la crisis financiera en que se debatía el reino, los privilegios habían agotado su misión histórica y 

por tanto, se mostraban incapaces de mantener su  h egemonía y  h acia 17 88 un a pug na franca 

entre burgueses y  los priv ilegios de la nob leza amenazaba la na ción. En  ese  mismo año, Lui s 

XVI lanza una convocatoria a los franceses para presentar sus ideas sobre la reforma del Estado. 



 

 

40
Nobleza  y burguesía m anifiestan su f idelidad a la m onarquía, a unque e stán d e a cuerdo e n 

sustituir el poder absoluto por el poder de la ley aprobada por los representantes de la nación, en 

garantizar la libertad individual contra lo autoritario del policía o el juez, en conceder a la prensa 

una libertad razonable y también en aprobar la tolerancia religiosa sin llegar a la laicización del 

Estado. Pero a pesar de la unanimidad que encuentran los intereses de ambos lados, el conflicto 

de c lases los hac ía i rreconciliables sobre determ inados punt os, sobre t odo l os r eferentes a l os 

privilegios de la nobleza.38  

De todos los escritos presentados para llevar a cabo la reforma el de Sieyés fue sin duda 

de los m ás so bresalientes e inf luyentes e n e l pr oceso de re volución. Mie mbro de l Parti do 

Nacional o Patriota, com puesto por algunos person ajes de la nobleza y  por sup uesto de la 

burguesía, Sieyés redacta entonces su famoso ensayo ¿Qué es el Tercer Estado?, cuya temática 

general trata de los derechos de la nación, que su autor identifica con los del tercer estado y que 

opone a las prerrogativas de los privilegiados. 

 Para Sieyés el Tercer Estado compondría por sí solo una asamblea nacional porque según 

él "¿ quién se atrev ería a d ecir que el tercer es tado no  tiene en  sí todo lo qu e es p reciso p ara 

formar la nación completa? es el hombre fuerte y robusto cuyo brazo está todavía encadenado. Si 

se le despoja del orden privilegiado, la nación no vendría a menos, sino que iría a más. El tercer 

estado abraza pues, todo lo que pertenece a la nación, porque el tercer estado es todo".39 Así al 

                                                 
38 La nobleza presentaba obstáculos para llevar a cabo la reforma que clamaba Francia pues se oponían al voto por 
cabeza en  el seno d e los est ados g enerales, ade más de s u pretensió n a  con servar las  órdenes, la s prerrogativas 
honoríficas y los derechos señoriales, en tanto que para el tercer estado la igualdad en los derechos era la condición 
indispensable de la libertad. Fr ente a se mejante petición  lo s diputados  del  tercer  estado, r epresentados e n el  
pensamiento de Sieyés, declararon que como ellos representaban el noventa y nueve por ciento de los franceses, con 
o sin los representantes de las otras dos órdenes, ellos tenían el derecho de constituirse en Asamblea Nacional. 
39 Sieyés, Immanuel. ¿Qué es el Tercer Estado?, México, UNAM, 1989, pp.13.  



 

 

41
tercer estado constituido en Asamblea Nacional, tendría la facultad de aprobar los impuestos, 

con la debida sanción del rey.  

Tras una desenfrenada lucha de unos por conservar los privileg ios y  la bú squeda de la 

igualdad de parte de ot ros, en 1789 la Asamblea Nacional nombra una comisión encargada de 

redactar lo q ue sería la constitución para la emergente nación, así la redacción definitiva de la  

Constitución q ueda promulgada e l 3 de se ptiembre de 1791. E n el es píritu d e la  carta m agna 

quedan consagradas la s exp ectativas del Contrato Social de Ro usseau re specto a la so beranía 

popular, y las ideas sobre la soberanía nacional de Sieyés. 

En s u proclamación de l nu evo reino del c iudadano, los  re volucionarios f ranceses se 

inspiraron, ante todo, en el pensamiento de Rousseau. Para Rousseau, al ser la dependencia entre 

los hombres la fuente de la desigualdad, los cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado 

impedían la libertad humana y debían ser destruidos. Al contrario de lo sucedido en Inglaterra, el 

ciudadano, ex presión d irecta de la  Voluntad ge neral, debía ser independiente de t odos los 

vínculos interm edios y estar en ín tima rela ción con  el  Estado. Si  bien, d esde 1789 , lo s 

revolucionarios se plantearon el p roblema d e la re presentación, man tuvieron en  lo  esencial la 

concepción roussoniana de una democracia unitaria, hostil al pluralismo. El interés y la voluntad 

de cada ciudadano se identificaban con el interés y la  voluntad colectivos. El interés general no 

se deduce de la suma o de la composición de los intereses particulares. Al igual que la nación, la 

ciudadanía es un todo indivisible, debe ser organizada y garantizada por un Estado centralizado, 

expresión de la voluntad general, creadora de la sociedad. 

Uno de  los p untos sobresalientes d el pe nsamiento de  Sieyés, al igual q ue el  de K ant, 

respecto a la rep resentación e s la distinción qu e establece ent re ciudadanos "activos" y 



 

 

42
ciudadanos "pasivos", distinción que junto con la separación que hace entre elector y electo lo 

llevan a  defender la causa burguesa evitando de esa forma qu e l as clases popu lares, a su  vez, 

conquistaran la igualdad electoral y con ello conqu istaran la fuerza del Estado a su favor. Entre 

los ciudadanos pasivos encontramos a l as mujeres, los niños, los ext ranjeros, también aquellos 

que no c ontribuyen a sostener el est ablecimiento público. Esta id ea fu e adoptada en  la 

constitución de 1791, en la que se privaba del derecho de sufragio a todos aquellos ciudadanos 

que no  cumplieran con el  requi sito d e "p agar una contribución d irecta igual al menos a tres 

jornadas de trabajo y presentar el comprobante de pago y no estar en estado de domesticidad, es 

decir, de se rvidor o j ornal".40 Pe nsamiento sumamente alej ado de la igualdad p retendida p or 

Rousseau. 

Aún siendo  numerosas, estas exigencias no privaron del derecho de voto  más que a un  

tercio de los varones adultos: fundamentalmente a mendigos y vagabundos, aunque también a los 

sirvientes domésticos. En cambio, el pago de una pequeña contribución no excluyó más que a un 

porcentaje ínfimo de los franceses mayores de edad. Lo cual ha permitido hablar de un primer 

triunfo del individuo-elector; aunque la vieja concepción del ciudadano-propietario, vinculada al 

temor a la acción incontrolada de las muchedumbres, no desapareció por completo, el poder final 

de decisión lo detentaba una minoría que se suponía ilustrada.    

Sieyés p roporcionó la argumentación j urídica qu e just ifica q ue "los representantes 

nombrados en los departamentos no serán representantes de un departamento en particular, sino 

de la nación entera".41 De esta manera, los c iudadanos no son representados directamente, sino 

por m edio de la  n ación. El hec ho de que  la  n ación e n s u t otalidad, te nga una r epresentación, 

                                                 
40 Ibíd., pp.25. 
41 Ibíd. 



 

 

43
implica que los c iudadanos tam bién es tán representados, e n tanto q ue pe rtenecen al c uerpo 

nacional. Justificando así, la supresión del voto hecha en perjuicio de los desposeídos, pues aun 

los ciudadanos pasivos, no electores, eran representados en el parlamento. Así, de acuerdo con 

Sieyés, todos los habitantes de un país debían gozar de los derechos, aun los ciudadanos pasivos, 

todos tenían derecho a la protección de su persona, de su propiedad, de su libertad, etcétera. Sin 

embargo, no todos tenían derecho a tomar parte activa en la  formación de los poderes públicos, 

es decir, no todos er an con siderados c iudadanos a ctivos. Más aún est a distinción es tod avía 

mayor respecto a la opinión electoral de los ciudadanos activos misma que se encontraba filtrada 

por la elección a dos grados, pues para ser elector en segundo grado, además de las condiciones 

necesarias p ara s er ciudadano ac tivo, s e r equería "ser p ropietario o usufructuario de u n bie n 

valuado sobre los roles de contribución en un ingreso igual al valor local de doscientas jornadas 

de trabajo".42  

De esta manera, para Sieyés, el cuerpo de representantes a quien le es confiado el cuerpo 

legislativo o el ejercicio de la voluntad común, "no existe más que con la manera de ser que la 

Nación ha querido darle. El no es nada sin sus formas constitucionales, no actúa no se dirige, ni 

se ordena, más que mediante ellas".43 De esta forma se consagra el principio de soberanía como 

indivisible, inalienable e imp rescriptible. Donde la  soberanía pertenece a l a Nación (o  sea  a  l a 

voluntad ge neral), pues "ninguna s ección de l pueblo, ni nin gún ind ividuo pu ede atribuirse su  

ejercicio". Por ta nto, la  pru eba de que la na ción es soberana es  q ue ella e s titular del p oder 

constituyente por lo que considera que ésta no debe estar ligada a la Constitución.44 

                                                 
42 Ibíd. 
43 Ibíd., pp.34. 
44 Ibíd.  



 

 

44
En efecto, si Rousseau aceptaba el gobierno representativo como un mal inevitable, en 

Sieyés la representación es la  base misma de t oda la organización estatal, y por tanto, el m ejor 

sistema de gobierno. En  e ste sen tido, Siey és h ace u na d iferenciación e ntre democracia y 

gobierno re presentativo. Pa ra é l es p or la ut ilidad común q ue los ciudadanos nombran 

representantes, a quienes dan su confianza pues son mucho más capaces que ellos mismos para 

conocer el int erés general e interpretar, d esde su pu nto de v ista, su prop ia volun tad. Así "lo s 

ciudadanos que nombran a sus representantes renuncian y deben renunciar a ejercer ellos mismos 

inmediatamente la ley, entonces no tienen voluntad particular a imponer. Toda influencia, todo 

poder l es per tenece sob re la  persona d e sus man datarios, pe ro es to do. Si  ello s dictaran sus 

voluntades no sería m ás un Estado rep resentativo, sería un Estado d emocrático".45 Esta sería 

para Sieyés la o tra manera de ejercer su d erecho a la formación de la ley, a través de concurrir 

por sí mis mos inmediatamente a hacerla. Este  concurso inmediato es lo q ue caracterizaría a la  

verdadera democracia. 

La oposición en tre régimen representativo y  d emocracia d irecta con siste esencialmente 

en que en la  segunda el ciud adano es le gislador, mientras qu e e n la p rimera no es más que 

elector. Sieyés no duda en afirmar que el régimen que le conviene a Francia es el representativo, 

entre o tras raz ones, p orque "la enorme pluralidad de nuest ros conciud adanos no  ti ene ni 

suficiente instrucción, ni s uficiente ocio para querer o cuparse directamente de  l as leyes que 

deben gobernar Fra ncia",46 su opinión es e ntonces la  de nombrar re presentantes. Por que " los 

ciudadanos acrecientan su li bertad h aciéndose re presentar por l a pa rte del es tablecimiento 

                                                 
45 Ibíd., pp.40. 
46 Ibíd., pp.44. 



 

 

45
público que s e encuentra o rganizada a  es te e fecto"47, p or t anto, el c oncepto moderno de 

libertad para Sieyés consiste en que el individuo no maneja la cosa pública directamente, sino a 

través de  representantes il ustrados para p oderse d edicar a la c onquista del b ienestar p rivado, 

aunque para ello su soberanía se convierta en una apariencia.  

Así e l nacimiento de la d emocracia represe ntativa se da en  un to no que m ás que 

democrático es un tanto preventivo y de restricción ante el pueblo que quiere llegar al poder por 

un lado, y ante la po sibilidad de continuar con un régimen ab solutista con servador de los 

privilegios d e la n obleza decadente d e la época p or el o tro. El le gado d e estos pe nsadores al 

finalizar el siglo XVIII permitió establecer lo que conocemos como gobierno representativo. De 

ahí el surgi miento de dos con ceptos m ás de re presentación política. Uno es el conce pto de  

representación electoral como un hacedor independiente de la política nacional, y el concepto de 

representación parlamentaria como una autoridad pública cuyo poder deriva de su legitimidad a 

partir de que sus miembros atraviesan por un proceso de selección, es decir, actúan en interés de 

sus ciudadanos aun cuando ellos no están obligados a tomar instrucciones de sus electores. 

Tanto los a utores de  El Federalista c omo los c onstituyentes f ranceses es taban 

convencidos de que el único gobierno democrático apropiado para un pueblo era la democracia 

representativa, (que es la f orma de gobierno en la que el pueblo elige a sus r epresentantes que 

deben decidir por él), sin embargo esto no indica que tanto Madison como Sieyés pensaran que 

instituyendo este ti po de dem ocracia se dege nerase en u n go bierno po pular. La democracia 

representativa en este sentido, nació de la convicción de que los representantes elegidos por los 

ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son los in tereses generales mejor que los ciudadanos, 

quienes e stán a juicio de estos autores, demasiado "encerrados en la con templación de sus 
                                                 
47 Ibíd., pp.48. 



 

 

46
intereses p articulares" y por tan to, la d emocracia indirecta e s más apropiada p ara log rar los 

fines para los cual es había sido pred ispuesta la soberanía popular. A co ndición de que el 

diputado una vez elegido no se comportase como “hombre de confianza” de los electores que lo 

habían llevado al pa rlamento sino como representante de t oda la  nación, es decir, pa ra que la 

democracia fuera re presentativa e ra necesario qu e fu ese ex cluido el ma ndato obl igatorio del 

elector frente al elegido, "característica del e stado estamental, e n el que l os e stamentos, las 

corporaciones, l os c uerpos c olectivos tra nsmitirían a l s oberano m ediante s us delegados sus 

exigencias particulares".48 Po r ej emplo, lo s constituyentes fra nceses p ara f ormalizar la 

separación entre representante y representado, de acuerdo con la propuesta del legislador Sieyés, 

introdujeron en la constitución de  1791 la prohibición de l m andato imperativo e n el q ue se 

estipula que "los re presentantes nominados en los departamentos no serán representantes de un 

departamento pa rticular, sino de to da la  nación y no se  les po drá im poner a ellos m andato 

alguno".49 

 En la generalización del sufragio desempeñó sin duda un papel relevante la guerra contra 

las p otencias dinásticas y  la ne cesidad d e reclutar a t odos los var ones útil es para e l ej ercicio 

revolucionario. Quienes t enían qu e to mar l as armas para  de fender a  la  pa tria de bían disponer 

también del derecho a elegir a s us gobernantes. Por es ta razón la Constitución de 1795 s iguió 

reconociendo la ciud adanía política a todos los contribuyentes, fuera cual fuera su aportación, y 

también a q uienes aún sin pa gar co ntribución alguna h abían pa rticipado en u na o va rias 

campañas militares en defensa de la República. En este nuevo texto constitucional se introdujo la 

primera exigencia explícita de u na capacidad mínima, todos los jóvenes que  al cumplir los 21 

                                                 
48 Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia, México, F.C.E., Colección Breviarios, No.476, 1991, pp.36. 
49 Ibíd., pp.37. 



 

 

47
años desearan a dquirir la c ondición de “ ciudadano f rancés” te ndrían que demostrar q ue 

“sabían leer y escribir, y ejercer una profesión mecánica”.50  

Las fo rmas d e sufragio re stringido no re sistieron en  Francia a la  nueva ofensiva 

revolucionaria de 1848. Durante la Monarquía de julio, la lucha por la igualdad política ocupó un 

papel equivalente al que había desempeñado en 1789 la reivindicación de la igualdad civil. Y el 

establecimiento del s ufragio universal directo pa ra los varones m ayores de 21 a ños, s in 

restricción alguna por razones de capacidad o de censo (de acuerdo con el decreto de 5 de marzo 

de 1848) se presentó como la g ran novedad introducida por la revolución. En virtud de esa ley, 

nueve m illones y m edio de fr anceses podían participar en las elecc iones, y  aunqu e pasa do el  

momento álgido de la revolución, una nueva norma legal redujo en 1850 el cu erpo electoral en 

casi tres m illones, al exig ir t res años d e domicilio fijo para p oder votar, tr as el  golpe de Lu is 

Bonaparte desapareció de nuevo esta limitación. Gracias a las leyes electorales de 1874 (para las 

elecciones m unicipales) y  1875 (par a las generales) a probadas por la Tercera Repúbl ica, el  

sufragio universal, y con él la generalización de la ciudadanía política para los varones mayores 

de edad, se convirtieron por  fin en un rasgo p ermanente de la vida política francesa. Más aún: 

esta conquista sig nificó t ambién el fi nal de las tensiones re volucionarias y el triun fo de l a 

estabilidad política en el país.51 

 Fueron los republicanos de la Tercera República, al llegar al poder en la década de 1880, 

quienes c rearon d e f orma totalmente consciente las  instituciones e ncargadas d e c onstituir la 

                                                 
50 La nacionalización de las fuerzas militares, par ticularmente durante el siglo XIX, ha bía impulsado a  la mayor 
parte de los Estados europeos a negociar con su población la entrega de reclutas, materiales de guerra e impuestos; 
los gigantescos ej ércitos d e ciu dadanos –como los  de las guerras napoleónicas- im plicaban un a in vasión sin  
precedentes en  l as relaciones soci ales c otidianas por parte d el Esta do. Tilly, Ch arles. Coerción, Capital y los 
Estados Europeos 990-1990, Madrid, Alianza, 1992, pp.175-176. 
51 Pérez Ledesma, Manuel. Op. Cit., pp.126-127. 



 

 

48
nación m oderna. La s i nstituciones nac ionales –la e scuela o e l e jército- organizaron l a v ida 

colectiva en torno a prácticas regulares y difundieron un sistema de valores nacionales coherente. 

La unificación de la sociedad por medio de la c entralización de  la enseñanza y, en un sentido 

más general, de la administración francesa, aunque éstas fuesen , al me nos en parte, herencia de 

la monarquía, se reforzó por la voluntad, heredada de los reyes por los republicanos, de construir 

una nación moderna en torno al Estado y por medio de él. En el único país europeo que conoció 

una inmigración masiva desde comienzos del siglo XIX, esta política, vinculada a la historia de 

la ciudadanía y la democracia, permitió también asimilar a los extranjeros. El proyecto político lo 

sostuvieron y lo impulsaron las i nstituciones nacionales: el de recho de nac ionalidad, 

especialmente abierto, que en un país de inmigración transformaba a los inmigrantes, o en  todo 

caso a su s hijos, e n ciud adanos y en  sold ados; la  escuela gratuita, laica y obligatoria de la  

República, la  ad ministración pública, el ejército. Lo s maestros de la Terc era República 

nacionalizaron a  lo s h ijos de los ca mpesinos de l as prov incias francesas y a  lo s d e los 

inmigrantes, en señándoles, en o casiones d e manera bru tal, francés y  cá lculo y  p rohibiéndoles 

usar la lengua de s us padres. El e jército c ontribuyó asimismo a  e sta nacionalización de las 

poblaciones. Tras establecer el reclutamiento (1872) y promulgarse una ley sobre la nacionalidad 

(1889) q ue im ponía la f rancesa a los hij os de e xtranjeros nacido en suelo francés para p oder 

reclutarlos, el ejército arrambló con poblaciones procedentes de todos los países de emigración, 

de todas la s re giones y de t odas las clas es s ociales. Ma ntuvo el se ntimiento de c omunidad 

nacional con la ayuda de los maestros, que siguieron escolarizando a los reclutas y difundiendo 

el patriotismo.52 

                                                 
52 Schnapper, Dominique. Op.Cit., pp.65-66. 



 

 

49
 En el corazón del mito y del orgullo nacional se halla el haber inventado la nación en la 

práctica y habe r forjado l a modernidad política. El proyecto po lítico, n acido de los v alores 

encarnados por la Revolución Francesa, se basaba en el hecho y en la ideología de la ciudadanía 

individual: gracias a dicho proyecto –a la vez sistema de valores e instituciones- se integraron, 

tras la Revolución, p oblaciones h eterogéneas por s u o rigen regional, social y nac ional. La 

integración nacional fue el producto de una voluntad política aplicada por instituciones estatales 

fuertes que se justificaban por un sistema de valores, al que se denominaba habitualmente en la 

vida pública “el modelo Republicano”. Más que en los demás países, el modelo de integración a 

la francesa se ba saba e n la i dea del valor de la ciudadanía individual, en  la igualdad formal, 

jurídica y política del ind ividuo-ciudadano. Su  fu ndamento i deológico lo c onstituía l a id ea de 

que todos los  hombres, si reciben la formación n ecesaria, pu eden participar e n u n p royecto 

político basado en la un iversalidad de la ciudadanía. El patriotismo podía así , cimentarse en el  

mito de l a Revolución, lo  que permitía reconcilia r la idea nacional y  la vocación un iversal. A 

través del caso francés se demuestra que una ciudadanía que no se inscriba en la historia, que no 

sea s ujeto de  su propio destino n i dis ponga de instrumentos c oncretos de inte gración y d e 

intervención en la escena internacional se queda en idea abstracta. La nación es una forma social 

y política concreta.  

 

LA CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA  

Los m ovimientos revolucionarios a fav or d e un a mayor d emocratización y  

participación ciudadana no se reducen a los casos que hemos visto. Sin embargo, son tanto la 

Guerra Civil en Inglaterra, la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa 



 

 

50
los más significativos y emblemáticos, y los que más han inf luido en la consolidación de la 

ciudadanía moderna en occidente.  

El siglo XVIII p resenta un hiato básico en la hist oria occidental. Antes de él, las 

poblaciones esta ban t otalmente im pedidas de e jercer s us de rechos públicos, a  pa rtir de é l, 

progresivamente se h an convertido e n ciudadanos y, e n es te sentido, e n pa rticipantes de la  

comunidad política. E l problema d e los gr upos excluidos de  representación y pa rticipación 

ciudadana en un Estado nacional moderno reside en el proceso político por el cual se amplía y 

redefinen g radualmente, en el ni vel de  la  comunidad n acional, los d erechos y  deberes 

recíprocos. Los grupos recién politizados protestan contra su ciudadanía de segunda categoría, 

y exigen participar en términos de igualdad en la comunidad política del Estado nacional.  

El triunfo de l sufragio uni versal, tras la  revolución d e 1 848, n o se produjo sólo en 

Francia. La  Asamblea Nacional Alemana, reunida en Francfort en la primavera de ese año, 

aprobó igualmente ese principio, aunque su aplicación sólo tendría lugar en 1867, durante el 

periodo bismarckiano, y se mantuvo en las elecciones del Reichstag, o Cámara baja, tras la 

creación en 1871 del Imperio alemán. En Suiza, la nueva Constitución de 1848, resultado de 

la victoria l iberal fr ente a los cant ones católicos, lo inc luyó igualmente en las elecciones a l 

Consejo Na cional. U n añ o de spués, Dinamarca –enfrentada en  u na g uerra c on los esta dos 

alemanes- lo in corporó ta mbién a su  Constitución. Y, aun que no  se l legara a  l a 

universalización del sufragio, en 1852 e l conflicto entre radicales y mode rados en Por tugal 

acabó con una ampliación sustancial del derecho de voto, al que a partir de entonces tendrían 

acceso en torno al 40% de la población masculina adulta. En el caso español, la revolución de 

1868, lo gró eliminar las restricciones elec torales y establ ecer las reivi ndicaciones d e las 



 

 

51
Juntas revol ucionarias a favor d el sufragio un iversal. Pero el rec onocimiento de estos 

principios, y de los de rechos políticos complementarios –de re unión, asoc iación y 

manifestación o “petición colectiva”- en la Constitución de 1869 sólo se mantuvo lo que  duró 

el periodo revolucionario. De forma que c on la restauración de la monarquía se volvió, una 

vez más, a un sistema de sufragio censitario altamente restringido.53 

En a quellos Estado s europeos que no atr avesaron situ aciones re volucionarias tan 

intensas, y en los que las est ructuras políticas no se vieron alteradas con tanta radicalidad, el 

viejo sistema de rep resentación estamental pudo pervivir durante buena parte del siglo XIX, 

bien en su forma más pu ra o bien en diversas c ombinaciones c on el s ufragio censitario; al  

tiempo que en otros casos ese sistema era sustituido por diversas fórmulas de voto restringido, 

sin pasar por la experiencia del sufragio universal o casi universal. 

Hubo Estado s en Europa que d esde lo s m omentos ini ciales d e su historia  

constitucional, o b ajo l a pre sión de  las ole adas re volucionarias, aprobaron fórmulas d e 

sufragio censitario. Así o currió en  Bélg ica, d esde su ind ependencia en 1831 (en 1848 , un a 

nueva ley d uplicó el cuerpo electoral, con lo que  Bélgica se libró de la  revolución); en 

Holanda, tras la revisión constitucional de 1848, resultado de la fuerte presión de los sectores 

liberales del país; o en el reino de Cerdeña y Piamonte cuyo estatuto, aprobado en esa misma 

fecha y que fue la base de la constitución del reino de Italia (1861), exigía un censo de entre 

20 y 40 liras para poder votar, aunque también reconocía el voto de las capacidades. En los 

países escandinavos, en cambio, las formas de representación estamental, con algún añadido 

censitario, alcanzaron una mayor duración. En Suecia la presión liberal obligó a s ustituir, en 

la Constitución  de 1864, el viejo sistema de representación estamental por el voto personal y 
                                                 
53 Pérez Ledesma, Manuel. Op. Cit., pp.127-130 



 

 

52
directo de los propietarios en la elección de la Cámara baja del nuevo parlamento bicameral.54  

En la s décadas f inales del si glo X IX y en los primeros a ños del si glo XX hubo un 

cambio sustancial de actitud, de l que s on un b uen re flejo las modalidades e n el de recho 

electoral introducidas por la mayoría de los Estados europeos. En la década de 1870 algunos 

Estados e uropeos c ontaban ya c on sistemas electorales p róximos al sufragio universal 

masculino. En la  Tercera República francesa podían ejercer el derecho de voto más del 90% 

de los varones mayores de 21 años. En Suiza, y también en las elecciones para el Reichstag 

alemán, el cuerpo electoral estaba formado por más del 80%, y en Dinamarca por el 75% del 

total de los varones adultos. Pero el  resto de los Estados eur opeos se encontraba en niveles 

considerablemente m ás bajos. E n Portugal lo s votantes as cendían al 4 0% de los varones 

adultos. En el Rein o Un ido, tras las refo rmas de 1867 y 1872 se contaba c on un 30 % de 

votantes; en Espa ña n o llegaban al 20%; y en n iveles sim ilares al español se e ncontraba 

Austria, Noruega o Suecia. Por último, Italia, Bélgica y Holanda se situaban en el más bajo 

nivel de participación electoral, con menos del 10% de los varones mayores de edad.55  

Pero a lo largo de  las d os d écadas finales del s iglo XI X es te pa norama cambió de 

forma espectacular. No sólo en Italia, donde la reforma de 1882 permitió pasar de seiscientos 

mil a dos millones de votantes; también en el Reino Unido, que con la nueva reforma de 1884 

otorgó el derecho de voto a c asi los dos te rcios de los varones mayores de edad (se pasó de 

tres a cinco millones de votantes). El derecho de voto se amplió igualmente, aunque de forma 

más modesta, en Noruega en 1885, al tiempo que se introducía el voto secreto; por su parte en 

Holanda, en 18 87, el número de votantes aumentó dos veces y media. La v uelta al sufragio 

                                                 
54 Ibíd. 
55 Ibíd., pp.136. 



 

 

53
universal masculino en España (en 1890) multiplicó por seis el censo electoral (de 800,000 a 

4,800,000 electores), el cuerpo electoral se multiplicaba por diez en Bélgica. Y desde 1900 en 

Noruega el voto era prácticamente universal.56 

Para todos estos avances democráticos realizados en Europa a finales del sig lo XIX, 

podemos uti lizar el calificativo que u tiliza Huntington d e  bola de nieve, el  cual ind ica un 

proceso de c ontagio o difusión, del q ue da n prueba las fre cuentes re ferencias de muchos 

reformadores a fi nales del siglo XIX, l a democratización había acel erado s u velocidad con  

relación a  las d écadas p recedentes y  p ara lo s d irigentes d e otro s países estos h echos 

demostraron que  la democracia p odía hac erse, y  también les hicieron ver l os pel igros q ue 

debían evitar y las dificultades que debían superar.57 

Nuevos avances en la primera década del siglo XX confirmaron esa aceleración. Si en 

1901 el voto pasó a ser secreto en Dinamarca, en 1907 acababa el sistema de voto desigual en 

Austria, al tiempo que se establecía el sufragio universal masculino y el voto secreto. Tras la 

reforma de 1905, en Finlandia se reconoció el sufragio universal, igual y secreto no sólo para 

los varones, sin o también para las  m ujeres d e 24 a ños, el p orcentaje de electores s e 

multiplicaba por diez y por primera vez en Europa, casi el 90% de la población mayor de edad 

(no só lo de varones, com o hasta entonces) pudo  in tervenir en lo s pro cesos electorales. En 

1907 era en Suecia donde se reconocía el voto a las tres cuartas partes de los varones mayores 

de edad; al tiempo que en Noruega las mujeres que disfrutaban de una renta familiar superior 

al mín imo est ablecido se i ncorporaban al cu erpo e lectoral. En  Po rtugal tra s el re troceso de  

                                                 
56 Ibíd., pp.137. 
57 De acuerdo  c on la división de Huntingto n este p eríodo co rrespondería a la pri mera ol a de mocrática qu e s e 
desarrolla entre el siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Huntington, Samuel P. La Tercera Ola. La 
Democratización a Finales del Siglo XX, Barcelona, Piados, 1994, pp.99-104.  



 

 

54
1895, la revolución republicana de 1910 trajo consigo de nuevo el reconocimiento del derecho 

de voto de los cabezas de familia (aunque en 1913 se excluyó a los analfabetos de su disfrute). 

Italia, por su parte, estableció en 1912 el sufragio casi universal para los varones mayores de 

30 años, con una fórmula adicional que permitía el voto de los mayores de 21 años. Más del 

90% d e lo s v arones que sup eraban la barrera de la  ed ad establ ecida por la s ley es habían 

alcanzado antes de la primera guerra mundial el derecho de voto en la mayoría de los Estados 

europeos (l as excepciones c orresponden al R eino Unido, H olanda y Suec ia, d onde el  

porcentaje estaba situado entre el 60 y el 80%).58  

Los cambios en la legislación electoral fueron el resultado de una alteración sustancial 

en l a valoración de los requ isitos necesario s para el re conocimiento de los d erechos de 

ciudadanía. En este terreno, lo que ocurrió en las décadas finales del XIX y a comienzos del 

XX fue que p erdieron legitimidad y valid ez legal las l imitaciones relacionadas con l a 

propiedad y el estatus social, en vigor durante la mayor parte del siglo; en cambio, las que se 

referían de fo rma más directa a las cu alidades individuales no se vieron afec tadas po r la 

misma erosión. Con re specto al principio cen sitario, la c oncepción restrictiva  de  l as 

capacidades y los criterios estamentales o corporativos fueron obje to de la s re formas de 

mayor envergadura, mientras que las restricciones vinculadas a la educación en la más abierta 

formulación inicial (saber leer y escribir), o a los principios de utilidad y autonomía personal 

no se vieron c uestionadas con la  misma in tensidad hasta ver termin ado la  primera guerra 

mundial. 

El ple no reconocimiento del s ufragio u niversal c omo pr incipio le gislativo y la  

reducción d e la edad requerida pa ra acceder al vo to s ólo se produjeron tras  el final de  la  
                                                 
58 Pérez Ledesma, Manuel. Op. Cit., pp.137-138. 



 

 

55
primera guerra mundial. En Dinam arca, gracias a la Constitución de 1915, en 1918 pudieron 

votar los varones y mujeres mayores de 29 años. Un año después en Bélgica acabó el sistema 

de voto plural y la edad re querida s e re dujo de 25 a  2 1 a ños; e n Austria y Alemania se  

reconoció el  derecho de voto a l os varones y  mujeres mayores de 20 años, y en Italia a lo s 

varones mayores de 21 y a todos los que habían participado en la guerra como combatientes, 

fuera cu al fuera su edad. En 1 921 en Noruega y  Suecia v otaron lo s varones y  mujeres 

mayores de 23  años, y  en 1922 en Holanda lo hacían los mayores de 25  años (en 1917, se 

había establecido el sufragio universal masculino, y dos años después el femenino). Se daban 

los últimos pasos para la extensión de la ciudadanía política en los países europeos, en España 

el v oto fem enino se estab leció en  1933 , Fr ancia, Bélg ica e It alia (en los que se otorgó 

inmediatamente después de la segunda guerra mundial) y en Suiza, donde tuvo que esperar a 

1971.59 

Para A nthony Giddens, la Prim era G uerra M undial t uvo u n pa pel decisivo e n la  

universalización de los derechos ciudadanos, ya que no es accidental que en diversos países 

Europeos el sufragio universal sólo se lograra a la s ombra de la Prim era Guerra mundial; la 

Guerra ay udó a romper a lgunos recursos tra dicionales d e re sistencia al  c ambio social. La 

nueva c iudadanía no  pudo ser  devorada po r la s b atallas e uropeas y las nu evas condiciones 

políticas establecían la necesidad del apoyo electoral para los gobiernos con el propósito de 

que estos pudieran cumplir con los objetivos nacionales.60 

 De acuerdo con Huntington, algunos factores estructurales o ideológicos que hicieron 

posible e l tri unfo d e la prim era ola d e la democracia f ueron el d esarrollo ec onómico, la 

                                                 
59 Ibíd., pp.141. 
60 Giddens, Anthony. Profiles and Critiques in Social Theory, Londres, Macmillan, 1982, pp.171-173.  



 

 

56
industrialización, la urbanización, el ascenso de la burguesía y una clase media, el desarrollo 

de una clase obrera y su rápida organización y el crecimiento gradual de la economía todos 

estos factores pa recen ha ber jugado i gualmente a lgún papel en l os m ovimientos hacia la 

democratización e n l os países de E uropa durante el sig lo XI X y p rincipios de l s iglo XX, 

además de las influe ncias i ntelectuales, particularmente el peso de l os ideales de las 

Revoluciones no rteamericana y fran cesa.61 A lgunos hechos tuv ieron, sin  duda, esp ecial 

relevancia para este proceso de democratización, como son la extensión de la educación y la  

reducción de los niveles de analfabetismo entre las clases medias y los sectores populares de 

la población –vinculadas a l c recimiento ec onómico y urbano, pero ta mbién a  la  nueva 

intervención Estatal en el terreno educativo- hicieron perder credibilidad al viejo argumento 

por el que sólo los principales contribuyentes o las personas con estudios estaban preparados 

para hacer un uso conveniente de los derechos políticos.  

Se pu ede señ alar a l m enos que e n las décadas fi nales del siglo XIX y en lo s año s 

iniciales del XX la presi ón social que impulsó la democratización tuvo más que ver con las 

organizaciones ob reras qu e con la b urguesía o las clases medias. Fu e la clase obre ra, y  en 

concreto los partidos y sindicatos obreros vinculados a la Segunda Internacional, la principal 

protagonista del empuje final hacia la democracia política. La conquista del sufragio universal 

estuvo ligada a la  consecución de otros derechos para los trabajadores –relacionados con la  

educación, l a p rotección social o  l os d erechos de asociación y  huelga- es un a prueba 

complementaria del papel decisivo de estas organizaciones en el proceso general de cambio.  

Para que los partidos y sindicatos integrados en la Internacional y los sectores obreros 

impulsados por ellos, se convirtieran en prota gonistas de la lucha por l a d emocracia y  los 
                                                 
61 Huntington, Samuel P. Op. Cit., pp.25-27 y 48-49. 



 

 

57
derechos p olíticos fue necesaria u na p revia transformación de  las e xpectativas i niciales d e 

dichos organismos. En concreto, sus dirigentes y militantes tuvieron que superar la imagen del 

sufragio univ ersal como un  eng año de la bur guesía y aceptar que podía ser un  instrumento 

para la emancipación obrera.  

En todas las naciones E uropeas, las primeras generaciones de ob reros industriales del 

siglo XIX pudieron adherirse al ideal de la nación. En el mundo agitado y pobre de la primera 

revolución i ndustrial, la igualdad política  y ante la ley no lograba compensar ni real ni 

simbólicamente las brutales desigualdades del orden económico. Las masas encontraron en la 

nación el medio de participar en la vida pública, cuando se decretó el sufragio universal. En 

este sent ido, e l c aso br itánico es un e jemplo c laro. El rég imen p arlamentario inglés, fu ente 

esencial de poder d ejó en trar pa ulatinamente e n la  Cá mara de lo s comu nes pri mero a los 

representantes de los empresarios y los c apitalistas m ediante la refo rma electo ral de 1832, 

después a las nuevas clases obreras mediante la reforma de 1867 y finalmente algunos grupos 

obreros que n o ha bían sido i ncluidos, particularmente los trabajadores agrarios o mineros, 

mediante la re forma de  1 884, por l a que se les c oncedió e l d erecho de v oto. Las primeras 

medidas d e seguridad y protección so cial, la creación de los sindicatos y el n acimiento de l 

partido de los tra bajadores –en el  que se  representaba a los si ndicatos como ta les- 

contribuyeron por otra parte a organizar e integrar a la clase obrera en la vida política y social. 

Los partidos o breros se apoyaban en  la  idea un iversal d e l a ciudadanía para ju stificar sus 

demandas. Reivindicaban que se modificaran en su favor las estructuras políticas en nombre 

de los principios mismos en que se fundamenta la legitimidad de las naciones.62 

                                                 
62 Schnapper, Dominique. Op.Cit., pp.144-145. 



 

 

58
El desarrollo de los sindicatos ilustra el tránsito que tuvo lugar en la representación de 

los individuos a la de los colectivos. Los sindicatos procuran elevar la posición económica de sus 

afiliados. Los trabajadores se agrupan con el objeto de alcanzar un nivel de remuneración al que 

se juzgan m erecedores –ni vel que depende en la  práctica, d e la ca pacidad de organizarse y 

negociar lo que el mercado permita-. Estas conquistas de los sindicatos tienen vastos efectos en 

el statu s de lo s trab ajadores co mo c iudadanos, ya que a t ravés de los sin dicatos y de las 

negociaciones colectivas el derecho a organizarse se e mplea para afirmar reclamos básicos con 

respecto a una justicia social elemental. De este modo se le da a la ampliación de la ciudadanía a 

las clases bajas un significado muy especial: en su calidad de ciudadanos, los miembros de estas 

clases e stán au torizados a gozar de cierto nivel d e bienestar, a  ca mbio del cu al su  única 

obligación e s cumplir con los  d eberes c orrientes de l ciudadano. La le galidad otorgada a los 

sindicatos e s un ejemplo d e la le gislación habilitante, ella les pe rmite a  los m iembros de las 

clases b ajas organizarse y obtener de  esa manera un p oder de n egociación e quitativo, q ue la  

igualdad legal formal impuesta previamente les había negado.63  

Por o tra pa rte tenemos que la ig ualdad de c iudadanía y la s desigualdades d e clase 

social se d esarrollan juntas. La yu xtaposición de  ig ualdad le gal y de sigualdades s ociales y  

económicas inspiró los grandes debates políticos que acompañaron la creación de las naciones 

Europeas en el siglo XIX. Tales debates giran en torno de los tipos y grados de desigualdad o 

inseguridad q ue de ben juzgarse intolerables, y  los m étodos para al iviarlas. Tras ha ber sido 

legalmente reconocidos en  el eje rcicio de sus d erechos individuales, in sisten en  que un 

gobierno legítimo debe atenerse a lo que ordena la ley. Concuerda con esta posición el hecho 

de que e n la  mayoría de los países E uropeos l as primeras le yes f abriles es tán d estinadas a 
                                                 
63 Bendix, Reinhard. Estado Nacional y Ciudadanía, Buenos Aires, Amorrortu, 1964, pp.88-89. 



 

 

59
proteger a las m ujeres y niños, quien es a la  sazón no son considerados c iudadanos e n el 

sentido de la igualdad legal. Por el mismo criterio, todos los hom bres adultos lo son, ya qu e 

gozan de  la  facultad d e par ticipar en la  luc ha económica y de  cuidar d e s í m ismos. 

Consecuentemente, son excluidos de todo reclamo legítimo de prot ección. De este modo, los 

derechos formalmente ga rantizados benefician a lo s hombres de  fortu na o, p ara se r más 

exactos, a aquellos a quienes se define legalmente como desiguales, en tanto que todo el peso 

del veloz cambio económico recae sobre los “trabajadores pobres”.64 

En el caso de América Latina, por  ejemplo en Chile durante los siglos XIX y XX, se ha 

ido c onsolidando lent amente una institucionalidad democrática, e n el contexto de un  sist ema 

político con altos grados de est abilidad. La m aduración de l as instituciones d emocráticas tuvo  

que lidiar durante todo el siglo XIX con la abierta intervención electoral del poder ejecutivo, y 

con una sociedad altamente jerarquizada que concentraba el poder po lítico en una pequeña elite 

de terratenient es y com erciantes. Durante el siglo XX, e l sist ema político se fue abriendo 

paulatinamente a la  p articipación d e nuevos sectores sociales, e n un proceso que fue 

interrumpido con el golpe de Estado de 1973, y que sólo se retomó en 1989, con el retorno a la 

democracia.  

Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, en las 

que se eligió el primer Congreso Nacional. Sin embargo, la guerra de independencia y las luchas 

entre d istintas facciones internas que la  sucedieron, im pidieron u na consolidación de las  

instituciones p olíticas y  el  desa rrollo de  u n sistema d e elecciones regu lares. Tra s la  victoria 

conservadora d e 1829,  se i mpuso un sistema político de corte autoritario y fuert emente 

presidencialista, que se expresó en la Constitución de 1833. Aunque desde 1835 en adelante se 
                                                 
64 Ibíd., pp.81-82. 



 

 

60
sucedieron re gularmente el ecciones presidenciales y parlamentarias, éstas estaban  marc adas 

por la interv ención del poder ejecutivo. La s el ecciones, en las qu e casi  siem pre g anaba el 

oficialismo, eran en la práctica verdaderos rituales políticos en las que lo más importante no era 

obtener el apoyo de los electores sino el del gobierno de turno. 

El afianzamiento de un sistema de partidos políticos y la creciente oposición liberal a las 

prerrogativas presidenciales, llevó a la aprobación de una ser ie de reformas entre 1871 y 1891 

que despojaron gradualmente al poder ejecutivo de su capacidad para  in tervenir en e l p roceso 

electoral. A la prohibición de la re elección presidencial en 1871, siguieron la reforma electoral 

de 1874, que amplió el derecho de sufragio; las refo rmas de 1888 y 1890, que otorgaron mayor 

transparencia al proceso electoral y reforzaron el secreto del voto; y la ley de Comuna Autónoma 

aprobada tras la revolución de 1 891, en la que se consagró la independencia de los m unicipios 

con re specto al p oder c entral. Aunque t odas e sas reformas acabaron def initivamente c on el 

intervencionismo electoral del gobierno, las elecciones siguieron estando marcadas por todo tipo 

de irregularidades y el poder político siguió concentrado en una reducida elite.  

Las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas 

irrumpieron por p rimera vez los movimientos sociales, lo  que marcó la pauta para e l posterior 

desarrollo político durante e l si glo XX.  Lo s niveles de participación e lectoral a umentaron 

gradualmente, y la conformación de partidos políticos de izquierda como el comunista (1922) y 

el so cialista (1 933) t ransformó el e scenario político. Tras la caída del gobierno a utoritario de 

Carlos Ib ánez en  1931, l as i nstituciones se r eadecuaron a l nu evo e quilibrio po lítico en  un  

contexto de fu erte competencia ele ctoral, que llevó al pod er en 1938  al Fren te Popular, la 

primera victoria electoral de una coalición de izquierda en la historia de Chile. 



 

 

61
  El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con 

la i ncorporación de l a mujer en la vida política. En 1935 se p ermitió el  voto femenino en las 

elecciones municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El aumento 

del electorado tuvo desde entonces un rápido crecimiento, incentivado por la introducción de la 

cédula única electo ral en  19 58, qu e p uso fin al cohecho, la aprobación del vo to de ciegos en 

1969 y de los analfabetos en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de 

un 7,6% en 19 32 a un  36,1% e n l as el ecciones d e 19 73, uno de los niveles m ás altos en  la 

historia de Chile. La movilización masiva de la población a fines de la década de 1960 e inicios 

de los setenta, en un contexto de alta polarización política, se interrumpió abruptamente con el 

golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al gobierno de Salvador Allende.  

La dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet que se inició en 1973 llegó a su 

fin con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente 

su deseo  de retornar al sistem a d emocrático. La población se in scribió m asivamente en lo s 

registros electorales, llegando a un nivel histórico de participación en las elecciones generales de 

1989. Aunque en ellas ganó la centroizquierdista “Concertación de Partidos por la Democracia”, 

así como en todas las otras que se han efectuado hasta ahora, la composición del parlamento ha 

estado marcada hasta hace poco por la presencia de senadores designados por los militares y por 

un sistema electoral que privilegia la negociación entre partidos políticos por sobre los resultados 

del voto popular.65 

Colombia es e l ú nico país de  Amér ica La tina que cu enta c on u na historia e lectoral 

ininterrumpida des de q ue se form ó como nación independiente e n 1830, ello a p esar de  las 

                                                 
65 Véase: Bethell, Leslie, Chile Since Independence, Ca mbridge, C ambridge University, 1 993 y  w ww. 
memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elecciones.sufragioydemocraciaenchile(1810-2005) 



 

 

62
continuas guerras civiles. Después de concluido el proceso bélico de la Independencia, la cual 

obviamente n o c ontó con u n p roceso electoral de s ufragio, el pa ís tuvo la re sponsabilidad de  

organizarse institucionalmente. 

Luego de la secesión de Venezuela y Ecuador, la Constitución de 1832 tuvo que resolver 

el problema de quiénes deberían de ser considerados como nacionales, para así saber quién podía 

ejercer ac tividades electorales, razó n por la cu al, en  primera in stancia, los escl avos (que 

constituían una mayoría en e l país) n o fue ron considerados c omo ciud adanos. En es ta 

Constitución, pa ra pod er e jercer el de recho al v oto no bast aba con  ser ciudadano, pues se  

necesitaba ser un hombre mayor de edad (veintiún años), ser casado y poseer propiedades. 

En el año de 1843 se redactó una nueva Constitución, la cual, en relación con la cuestión 

de la ciudadanía y de la función electoral, le dio continuidad a la noción de esclavitud y declaró 

como ciudadanos únicamente a los hombres libres nacidos en el territorio, pero tan sólo concedió 

el de recho a  participar en los p rocesos electorales a aquellos hombres lib res mayores de e dad 

(veintiún años) que fuesen dueños de bienes raíces localizados en el territorio y cuyo valor fuese 

de trescientos pesos o más, o que tuviesen una renta anual de al menos ciento cincuenta pesos. 

Hasta el año de  1853 tan sólo el 5% de l os hombres ejercía el derecho al voto, el o tro 

95% no  p articipaba de l sufragio por razones cul turales, económicas o de  ciudadanía. Co n la  

constitución de  1853 surgen varios cambios importantes: se abole la esclavitud en el territorio 

nacional y se  dec laran ci udadanos y c on de recho a l voto a to dos los  hombres nacidos e n e l 

territorio que estuvieran casados y que contaran con l a mayoría de edad, a sí como también el 

voto secreto se ejerció por primera vez. 



 

 

63
En esta Constitución se implanta la votación popular para los cargos públicos de mayor 

importancia y se instaura el voto directo y secreto para elegir al Presidente y al Vicepresidente de 

la Repúb lica, a lo s Mag istrados de la Co rte Sup rema d e Ju sticia, al Procu rador Gen eral de la 

Nación, a los Gobernadores, Senadores y Representantes. Como resultado de estas reformas, el 

proceso electoral se amplió, de tal suerte que, en el año de 1856, hubo por primera vez en el país 

una e lección de Presidente de  la  Re pública p or medio de l sufragio u niversal. El ve ncedor e n 

estas elecciones fue el conservador Mariano Ospina Rodríguez. 

Hacia el año  d e 1858  se promulgó una nu eva Constitución con la participación d e 

liberales y conservadores, en la cual se mantenía el derecho al sufragio universal para todos los 

ciudadanos, lo s cuales eran  lo s hombres n acidos en el t erritorio nacional que tu viesen más de 

veintiún años y que estuviesen o hubiesen estado casados. En los años que van de 1859 a 1861 el 

ejercicio electoral se vio truncado por la guerra, la cual produjo, en 1863, una nueva Constitución 

en la que el poder central ya no definía las condiciones para un proceso electoral sino que le daba 

libertad a cada Estado federal para establecer sus leyes, las cuales, en muchos casos, concedían el 

derecho del sufragio universal únicamente a aquellos hombres que pudiesen demostrar que eran 

ilustrados. 

El año d e 1 886 marcó el in icio de un a nu eva et apa e n la historia de Colombia c on la 

redacción de u na nu eva Constitución, l a c ual era d e índole conservadora y c entralista, 

Constitución que declaró como ciudadanos a los hombres colombianos mayores de veintiún años 

que t uvieran una pr ofesión u oficio o u na oc upación l icita y le gitima como medio de  

subsistencia, aunque esto no era su ficiente para poder ejercer el d erecho al su fragio, pues para 

poder ej ercer el derecho a elegir r epresentantes los ciudadanos debían saber l eer y es cribir y 



 

 

64
tener ingresos anuales de más de q uinientos pesos o propiedades cuyo costo fuese superior a 

mil q uinientos peso s. De esta  fo rma, l as e lecciones eran  ind irectas p ara Presid ente de la 

República y Senadores, y  directas p ara Concejales mu nicipales, Dipu tados a l as Asamb leas 

Departamentales y Representantes a la Cámara. 

En 1910 se reforma la Constitución, gracias a lo cual el Presidente de la República podía 

ser elegido de forma directa por todos aquellos a quienes se les considerase ciudadanos. En 1936 

es instaurado el sufragio universal para todos los hombres, mientras que la elección indirecta de 

Senadores se mantiene hasta el año de 1945. Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no se 

realizaron elecciones sino hasta el plebiscito del año 1957, en donde las mujeres, por primera vez 

en Co lombia, ob tienen d erechos e lectorales; a sí, el de recho a l sufragio c obijó a to dos lo s 

hombres y mujeres mayores de veintiún años. En 1975, el Presidente Alfonso López Michelsen 

introdujo una reforma a la Constitución en la cual la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho 

años y  e n 1986 se e stablece la elección po pular d e Alcaldes y  Gob ernadores, elecciones que  

todavía se llevan a cabo y hacen parte del sistema electoral actual.66 

En el  caso de Paraguay, en t iempos de la colonia, se tuv ieron las primeras experiencias 

relativas a la vo luntad po pular, cuando  po r Cé dula Real d el 12 de septiembre de 15 37, se 

autorizó al vo to popular. Así, vecinos de Asunción votaron en cédulas escritas y depositadas en 

un cántaro, proclamando Gobernador y Capitán General a Francisco Ortiz de Vergara. En 1844, 

Carlos A ntonio L ópez propone u na c onstitución para la  Re pública, la cua l f ue ac eptada y 

                                                 
66 Para una revisión de la historia política de América Latina véase: López-Alves, Fernando. State Formation and 
Democracy in Latin America, 1810-1900, Durham, London, Duke University, 2000 y Centeno, Miguel Ángel. Blood 
and Debt: War and the Nation-State in Latin America, USA, University Park, Pa:  Pennsylvania State University, 
2002. 



 

 

65
sancionada por 300 diputados: la "Ley que establece la administración Política de la República 

del Paraguay".  

Muerto el Mariscal López, y luego de las graves consecuencias de la Guerra de la Triple 

Alianza, el 3 de julio d e 1870 se realizaron los comicios para la elección d e 42 diputados 

constituyentes. La vigenc ia de la Con stitución de 1870 –de c orte democrático y l iberal– 

determinó que todos los ciudadanos paraguayos tengan derecho al sufragio desde la ed ad de 18 

años cumplidos.  

Tradicionalmente se contaba con el “voto cantado”. Esto , hasta el gobierno de Liberato 

Rojas, quien promulga una ley el 23 de agosto de 1911, que introduce la figura del "voto secreto 

y escrito". Se estipuló también el uso de urnas y de un registro permanente de  electores, donde 

podían inscribirse los mayores de 18 años. Dicha ley es modificada el 30 de noviembre de 1916, 

durante el gobierno de Manuel Franco, con miras a las legislativas de 1971. A partir de la nueva 

ley –Nº 223– cada elector debía escribir en un papel o boleta los nombres de los candidatos que 

prefería. Debido al analfabetismo reinante, el método de elección fue difícil de aplicar. 

En 1918, se organiza el Registro C ívico Perm anente, qu e permitió qu e la oposición 

entrara al Legislativo. La ley de su creación comprende tanto al Registro Cívico Nacional, como 

al Padrón Electoral de Extranjeros. Con la promulgación de la Constitución de 1940, se creó un 

ejecutivo fuerte, que podía ser reelecto e incorporaba, a su vez, derechos sociales. El Presidente 

de la República era votado en elección general directa, seis meses antes de la toma de posesión 

del mando, poniendo fin a las elecciones de electores para presidente y vicepresidente. 

Durante l a dictadura de Alfredo St roessner (1954-1989), se  decreta l a Ley Nº 204, que 

señalaba q ue para la elección de  Pre sidente de  la  Re pública, miembros de la Cám ara de 



 

 

66
Representantes y Convencionales a la  Asamblea Nacional Constituyente, se c onstituye en un 

solo Co legio El ectoral; y para la elección de  miembros de las Juntas Mu nicipales y J untas 

electorales, la Sección Electoral respectiva se constituye en un Colegio electoral separado.  

El Paraguay fue el último país de la región en conceder el sufragio a la mujer, cuando el 5 

de j ulio de 1961, por Ley Nº 704 de "Derechos Políticos de la Muj er", se establ eció que "la 

mujer tiene los mismos derechos y obligaciones políticos que el hombre. En virtud de dicha ley 

tiene de recho a  votar en tod as l as elecciones, tanto municipales c omo p arlamentarias y 

presidenciales, y a ser el egida e n l as mis mas c ondiciones qu e el hombre, para cu alquier 

magistratura y funciones electivas". 

La Con stitución de 1967 est ableció la igual dad de l os derechos civiles y políticos del 

hombre y la mujer. Asimismo, incluyó que nadie podrá proclamar o recomendar la abstención 

electoral; y que son electores los paraguayos, sin distinción de sexo, que hayan cumplido 18 años 

de edad. Estos avances en la representación política eran l etra muerta debido a la dic tadura del 

general Stroessner. Al terminar la dictadura, luego de las  elecciones de l 1  de mayo de 1 989, 

cuando saliera triunfante el General Andrés Rodríguez, se promulgó en 1990 un nuevo Código 

Electoral. 

El sistema, entre o tros pun tos, estipuló qu e para  el c argo d e Presidente, los c andidatos 

tienen que ser ci viles. Prohi bió además la ree lección y  eli minó el r equisito de la afil iación 

religiosa, restituyendo el carg o de v icepresidente qu e había sido restring ido e n 1940. Desde 

entonces, lo s c andidatos pre sidenciales y vicepresidenciales deben postularse c omo binomio y 

son elegidos por el voto directo, luego de haber obtenido una mayoría simple del electorado. 



 

 

67
En la Constitución de 1992 por primera vez en la historia se elegían en comicios libres 

a futuros convencionales constituyentes. El Ar tículo 118 de la Con stitución Nacional de 1992, 

señala: "El su fragio es derecho, de ber y función pública de l el ector. Constituye la base del 

régimen democrático y  rep resentativo. Se f unda e n e l v oto universal, li bre, directo, igual y 

secreto; en el escrutinio público y fiscal izado, y en el sistema d e representación proporcional". 

Por su  parte, el artíc ulo 12 0, reza: "Son  electores los ciud adanos paraguayos radicados en  el 

territorio n acional, sin d istinción, qu e hayan cumplido d iez y  o cho años.  Lo s ciudadanos son 

electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. 

Los extranjeros c on r adicación definitiva t endrán l os m ismos d erechos en l as elecciones 

municipales". Con el referéndum del 9 de  octubre de 2011 –el primero desde la vigencia de la 

Constitución– se  po drá e nmendar dic ho artículo, y  as í reconocer a los ciudadanos pa raguayos 

radicados en el extranjero como electores en las próximas elecciones nacionales.67 

Puede decirse que en Venezuela el siglo XIX no comenzó en 1800 sino en 1830, con el 

nacimiento definitivo de la República de Venezuela, y no terminó en 1900 sino en 1935, cuando 

falleció de muerte natural el más férreo de sus dictadores, dueño y señor del país desde 1908, el 

general Juan Vicen te Gó mez. Antes d e Gó mez, Venezuela h abía osc ilado entre dos p olos 

extremos: la autocracia y la guerra civil.68  

Por su parte en Venezuela, la Constitución de 1936 reserva el sufragio para venezolanos 

varones, mayores de 21 años y que supieran leer y escribir. El Presidente sigue siendo electo por 

el C ongreso de la R epública. L a reforma c onstitucional de 1 941 c onsagra la e liminación del 

inciso sexto del artículo 32, el voto directo de los varones mayores de 21 años y que supieran 

                                                 
67 Ibid., y www.abc.com.py/nacionales/la-historia-del-voto-en-paraguay-317780.html 
68 Krause, Enrique. El Poder y el Delirio, México, Tusquets, 2010, pp. 35. 



 

 

68
leer y escribir para la elección de diputados al Congreso, la concesión del voto de mujeres que 

llenaran los mismos requisitos pero limitado a los concejos municipales. También se introdujo a 

las cámaras un proyecto de  Ley de  Elecc iones complemento d e la reforma cons titucional que 

establecía la representación proporcional de las minorías. 

El 18 de  oc tubre de  19 45, la  of icialidad joven de l Ejército derroca al g obierno 

democrático de  Me dina An garita, c on la tolerancia de d irigentes de A cción De mocrática. Se 

instala la Junta Revolucionaria de G obierno, presidida por Rómulo Betancourt. El 15 de marzo 

de 1946 la J unta Re volucionaria de Gobierno convocó a c omicios para ele gir una asamblea 

constituyente y promulgó un estatuto electoral que concedió el derecho de s ufragio a to dos los 

venezolanos mayores de 18  años, si n otras excepciones que los entredichos y  la inhabilitación 

por sentencia penal, así como también, el voto se hizo secreto y universal. 

En 1947 , b ajo la batut a p rogramática d e Betancou rt, ap robada una nueva Co nstitución, 

Venezuela celebró las primeras elecciones con sufragio universal, incluyendo el femenino, de su 

historia. El candidato triunfante fue el ve nezolano de  mayor re nombre in ternacional, el gran 

escritor Rómulo Ga llegos. En n uevo presidente toma pose sión e n febrero d e 1948, pero en 

noviembre de ese mismo año un nuevo golpe militar lo derribó y abrió paso a la dictadura militar 

de Marcos Pérez Jiménez. Una década después, en 1957, los venezolanos buscaron con valor la 

restauración de la democracia.69  

En 1958, tras una insu rrección popular, una junta militar de actit ud tolerante desplazó a 

Pérez Ji ménez y ocupó el poder. La presidió un militar popular, Wo lfgang Larrazábal, que 

contendió en las eleccion es. El h istórico Pact o de Pu nto Fi jo, firmado en 195 8 po r el pro pio 

Betancourt, Rafael Caldera y J óvito Villa lba, aseguró e l apoyo al c andidato ganador y algo 
                                                 
69 Ibid., pp.37. 



 

 

69
crucial. La formación de un gobierno de coalición. Triunfó Betancourt y en 1961 se promulgo 

una nueva Constitución, que perfeccionaba la de 1947. La Constitución de 1961, señala que el 

voto es obligatorio, secreto y libre, además de la re presentación de las minorías. Son e lectores 

todos los mayores de 18  a ños con l as excepciones de L ey - i nterdicción civil, inhabilitación 

política -, y que en las elecciones de los Concejos Municipales podrán participar los extranjeros 

con más de diez años de residencia en el país. Durante la década de los sesentas y principios de 

los setentas Ven ezuela logró establ ecer un gob ierno d emocrático con  una importante 

institucionalización política y crecimiento económico.70 

Venezuela entraría e n un período de i nestabilidad a partir d e m ediados de  los años 

setentas por las constantes crisis económicas producto de los malos manejos del petróleo y por el 

seguimiento de grupos p olíticos rad icales. En 1992  Hugo Ch ávez in tenta un  golpe de Estado  

contra el presidente Carlos Andrés Pérez en el cual fracaso y por el cual es encarcelado durante 

dos a ños, hasta s er i ndultado m ás tar de por el  ent onces presidente R afael Caldera. C hávez se 

postuló a los comicios presidenciales de 1998 con el apoyo del “Movimiento Quinta República” 

y tras obtener la victoria se convirtió en presidente de Venezuela en 1999, cargo que ocupa hasta 

la actualidad y con el cual ha buscado consolidar la  llamada “Revolución Bolivariana”, basada 

en su proyecto socialista del siglo XXI. 

El pres idente Hugo C hávez, inicialmente, p or medio de  un ref eréndum, abogó p or 

derogar la Constitución de 1961 en 1999. Luego impulsó un segundo referéndum constitucional 

que resultó en la rati ficación de la nueva Constitución de Venezuela de 1999 con el 71, 78% de 

los votos. La polarizac ión política des embocó en el golpe  de Estado de 2002 e n el que fue 

derrocado por dos días por el industrial venezolano Pedro Carmona. Chávez fue restituido en el 
                                                 
70 Ibid., pp. 38. 



 

 

70
poder tras un  c ontragolpe de la s Fu erzas Armadas de Venezuela.71 El gob ierno d e Hugo 

Chávez ha sido sumamente controversial, principalmente por sus aspiraciones a mantenerse en el 

poder, y  p or la bú squeda de ajustar los marcos legales pa ra que esto pu eda ser po sible, sin  

embargo cabe destacar que hasta ahora, a pesar de lo c ontroversial del régimen, las elecciones 

para presidente de la república y otros cargos se han mantenido con la periodicidad establecida, 

con la participación en las urnas de la ciudadanía y con el reconocimiento de la oposición de los 

resultados, aunque estos no han estado libres de críticas y controversias.       

En 1830 la República Oriental del Uruguay tuvo su primera Constitución, que establecía 

un régimen de gobierno republicano. De acuerdo a la Constitución de 1830, no tenían derecho al 

sufragio las mujeres, los extranjer os, los  analfabetos, los peones a s ueldo, los vagabundos, los 

soldados, etc. Esto  sign ificaba que solo  una pequeña minoría e legía al gobierno. En  las 

elecciones de 1903, p or ejemplo, vo tó un 5  % de la p oblación. En 19 00, el p residente no  era 

electo po r los ciudadanos, sino po r la Asamblea General (Cám ara d e Sen adores y Cámara d e 

Diputados reunidas). En cambio, los diputados y los senadores sí eran elegidos por los votantes. 

Pero no existía la representación proporcional. 

Uruguay no fue el primer país de América Latina que introdujo el voto secreto (en 1918) 

aunque p robablemente sí fue el pr imero en don de el a juste e ntre el texto  legal  y la realidad 

política se a proximaron más. En  1932 , se aprob ó la ley del su fragio femenino. Para junio  de 

1973, Bordaberry y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado: el Parlamento fue disuelto y 

se instauró un gobierno cívico-militar. Los partidos políticos de izquierda y los sindicatos fueron 

ilegalizados; se generalizó la tortura y el encarcelamiento de los opositores.  

                                                 
71 www.venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2006/11/23historia-Del-Voto-Ii-1948-1963 



 

 

71
En 1980 el gobierno llamó a un plebiscito constitucional con el fin de institucionalizar 

el régimen autoritario. La  derrota suf rida p or el of icialismo marcó el inicio de l fin de la 

dictadura. Las elecciones de noviembre de 1984 se realizaron con partidos políticos y dirigentes 

proscriptos. En ella s triu nfó la p ropuesta c onservadora de l candidato colorado Ju lio María 

Sanguinetti, que f ue electo presidente. El nu evo gobierno restableció la s libertades y derechos 

políticos y –atendiendo el reclamo popul ar– el  Parlam ento aprobó una ley que perm itió la 

liberación de todos los pesos políticos.72 

En Argentina la s primeras elec ciones que se  practicaron fue ron en los a ños 1820. El 

padrón estuvo confeccionado por todos aquellos varones mayores de 18 años y fueron utilizados 

para a rmar lo s re gistros de ba utismos y  nacimientos d e la  iglesia católica. No o bstante n o 

sirvieron d e mucho, puesto q ue p or más que l as personas se pre sentaban a vo tar, el vot o era 

“cantado” es decir, se tenía que decir en voz alta, por lo tanto se podía sufrir el linchamiento de 

la oposición o directamente el voto contrario a lo que uno quería. También sucedía que muchas 

veces uno se acercaba a votar y misteriosamente ya lo había hecho, así como el padre, el tío y el 

abuelo muerto. Además, el c andidato solo p odía salir de la s personas q ue tuvieran propiedad, 

titulo o fueran comerciantes. 

Luego de la constitución del 1853 mucho no cambio. Las elecciones se seguían haciendo 

en la s ig lesias con pa drones en lo s que l os m uertos votaban o con el “ voto c antado” y e l 

linchamiento del votante. Este m odelo se agotó en 1912 cuando surgió la Ley Sáenz Peña que 

dotaba al vo to de u n valo r un iversal, se creto y obligatorio. Además de c elebrarse el  sufragio 

indirecto (se votaba a través de colegios electorales). Se comenzó a votar en las escuelas. Así en 

                                                 
72 Véase: López Alves, Fernando. Op.Cit., Centeno, Miguel Angel. Op. Cit., y www.politicadeuruguay.eluruguayo. 
com/ 



 

 

72
las primeras elecciones la unión cívica radical logró imponerse ante la oligarquía conquistando 

el padrón en las primeras elecciones libres. 

Esto no duraría por m ucho tiem po, e n lo s años trein ta, lu ego del golpe de estado  de 

Uriburu y tras fracasar su modelo corporativo el general justo llamó a e lecciones contemplando 

la Ley Sáenz Peña pero poniendo obstáculos para que se pudieran desarrollar elecciones libres, 

sin t rampas y  sin p resiones. Con  la llegada d e la revolución d e 1943  y luego d e tres años d e 

reformas so ciales, en el año  1946 se convocaron e lecciones lib res donde el Peroni smo triun fo 

con el 46 por ciento del padrón electoral. 

Es este régim en qu e da un  gran sal to en  m ateria e lectoral. Po rque a p artir de las 

elecciones del a ño 1 952 la s m ujeres f ueron in cluidas a l p adrón y pudieron votar dando 

universalidad total al v oto. L uego de la caída de l régimen de Per ón y  hasta e l a ño 1 973 las 

elecciones eran itinerantes. Puesto que cuando se celebraban solo participaban algunos partidos 

políticos, puesto que el peronismo fue proscripto y muchos se alinearon a la p ostura de votar en 

blanco o no votar. Por otra parte cuando había un ganador duraban menos que lo reglamentario 

porque el ejército interrumpía los mandatos a su gusto, para instalar regímenes de facto y volver 

a llamar elecciones. 

En Argentina se establece una dictadura militar de 1976 a 1983, que cancela los procesos 

electorales. Al term inar la dict adura se volv ieron a  pr acticar e lecciones libres y conscientes 

surgiendo como ganador Raúl Alfonsín, personaje que no terminaría su mandato, puesto que ante 

la cri sis de  1989 convo co a nticipadamente a eleccio nes manteniendo la dem ocracia. Otros 

cambios a l a l ey electoral se  hicieron en lo s años noventa cuando se in trodujo e l vo to directo 



 

 

73
(dejando de la do al c olegio e lectoral), el ballotage (se gunda vuelta) l as lis tas sa banas y s e 

redujo los años de mandato presidencial para poder agregar la reelección.73 

En 1812 los mexicanos votaron por primera vez. El proceso electoral se desarrollaba en 3 

fases; juntas electorales de pa rroquia, juntas elec torales de pa rtido y juntas electorales de 

provincia. Lo s c iudadanos man ifestaban oralmente po r quien votaban, lo  que a notaba el  

secretario. No había padrón e lectoral, ni organismos que r egularan e l proceso, por lo tan to, se 

desconocía quienes podrían votar. 

Hacia 1836 se h abía l evantado un p adrón electoral y se en tregaba una bo leta con  el  

nombre de los candidatos por los cuales se votaba, pero el presidente seguía leyéndolo en voz 

alta. Para entregar la boleta se exigía que se tuviera una renta anual de por lo menos 100 pesos, 

procedente de capital fijo o mobiliario o de trabajo personal honesto y útil a la sociedad. No se 

les daba boleta a lo s menores de 21  a ños siendo solteros; a los sirv ientes domésticos; a los 

imposibilitados para el d esempeño de las obligaciones de ciudadano por la profesión del estado 

religioso; a los vagos, o que no tengan industria o modo de vivir entre otros. Para 1857 se inicia 

con la división territorial por distritos electorales numerados. 

La ley de Francisco I. Madero de 1911 y su reforma de 1912 otorga personalidad jurídica 

a los partidos políticos, se org aniza el regi stro de electores, etc.  Para ser elect or era n ecesario 

figurar entre los ciudadanos empadronados en la sección; saber leer y escribir; no tener mando 

militar, n i eje rcer funciones judiciales o  de po licía en el d istrito ele ctoral respectivo y  no ser 

ministro o sacerdot e de algún culto. Po r primera v ez se lograb a el  voto secre to. En  la ley   de 

1918 desaparece la m ayoría a bsoluta, se garantiza el secreto de l voto, s e otorga al pa drón 

                                                 
73 Véase: Bethell, Leslie. Argentina Since Independence, Cambridge, Cambridge University, 1993  y www. 
masclarin.com/2011/03/la-historia-delvoto-en-la-argentina.html. 



 

 

74
electoral el carácter de permanente y se perfila la credencial permanente de elector. En 1946 se 

crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las com isiones locales, los c omités distritales 

electorales y el Consejo del Padrón Electoral. En 1951 se crea el Registro Nacional de Electores. 

En 1954 se incluye la refo rma consti tucional que otorga e l d erecho a l voto de la  mujer. Par a 

1970 se otorga el voto a los jóvenes de 18 años. 

El siglo XX en México se va a caracterizar por la instauración de un sistema de partido 

hegemónico (PRI),  e l cual m antendrá elecciones pe riódicas, s in e mbargo a través del f raude 

electoral y por la falta equitativa  en la c ompetencia partidista, el PRI se pe rpetuará en el poder 

por un  p eriodo d e 71 años hasta la alternancia política en  el año 2 000. La tr ansición a la 

democracia en México e s un pr oceso le nto, se  desarrolla pr incipalmente a pa rtir de los años 

ochenta y noventa con el desgaste del régimen priísta, el crecimiento de una pluralidad partidista, 

que c omienza a  ganar elecciones, la crea ción de instituciones elec torales independientes del 

gobierno como son el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación durante los años noventa, los cuales dan certeza de los comisión electorales.74     

En Brasil  el su fragio directo se in trodujo en 1881; no obstante, los comicios realizados 

durante el Imperio y la Primera República se caracterizaron tanto por excluir del derecho al voto 

a un gran porcentaje de la población como por los recurrentes fraudes y por un registro electoral 

deficiente. Durante el imperio se establecieron requisitos de carácter económico para el ejercicio 

del sufragio  y de 1881 a 1888 se excluyó del derecho al voto a toda persona que no supiera leer 

ni escribir. 

                                                 
74 Véase: Pérez Fernández del Castil lo, German (Director). Evolución del Estado Mexicano,  Tres tomos, México, 
Ediciones El Caballito, 1986 y www.diputados.gob.mx/cedia/museo/cuadernos/Voto_México.pdf 
   



 

 

75
Hasta 1882 la edad mínima para ejercer el derecho al voto era de 25 años, después fue 

de 21 y a partir de 1932 hasta la fecha es de 18 años. Así mismo, la Constitución vigente dispone 

el voto “facultativo”, es decir, no obligatorio de acuerdo a la ley, para los jóvenes entre los 16 y 

18 años. En 1932 junto con la eliminación del sufragio censatario, se concedió a las mujeres el 

derecho a votar, y reci én en 1988 se est ableció con stitucionalmente el derec ho al voto, sin 

restricciones, para lo analfabetas. 

Con la Ley Electoral de 1932 se introdujo el sufragio obligatorio y en 1934 se estableció 

constitucionalmente el voto secreto. En 19 46 se estableció la obligatoriedad del registro de los 

electores. L a Constitución  de 1988 y l a Ley Electoral de 1989  establece n que el su fragio es 

directo, secreto y universal. Tienen derecho a ejercerlo todos los ciudadanos brasileños mayores 

de 18 años; es obligatorio para todos aquellos alfabetizados, y facultativo para los analfabetas y 

ciudadanos entre 16 y 18 o mayores de 70 años.75 

 En el caso  de Perú, en 1896 surge una importante ley  el ectoral qu e fu e la p rimera d e 

carácter estatutario en el Perú e inicio la progresiva – y  algo lenta- modernización del derecho 

electoral peruano . Podían e jercer el d erecho de su fragio los peruanos ma yores de 21  a ños o 

casados que no hayan llegado a esta edad, que sepan leer y esc ribir y q ue estén inscritos en el 

registro Cívico de su domicilio. 

Fue h asta 1931 q ue se p romulgo el voto secreto  y  en 1955 se concedió el v oto a las 

mujeres y la edad para votar se redujo a 18 años. El voto ha sido obligatorio en Perú desde 1963. 

                                                 
75 Véase: Bethell, Leslie. Brazil Enpire and Republic, 1822-1930, New York, Cambridge University, 1989 y www. 
biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/523/5.pdf  



 

 

76
Perú f ue de  los últimos pa íses e n derogar los re quisitos de p ropiedad y alfabetismo para 

ejercer el voto en 1979. Y ahora, el voto es obligatorio para los analfabetas.76  

Como hemos visto, en oc cidente po demos co ncluir q ue la c onsolidación de  la 

ciudadanía moderna fue el avance particular en tres niveles: la ciudadanía legal (el ciudadano 

igual ante la  ley , en con traste con  los ant iguos privilegios lo cales o e stamentales); la  

ciudadanía po lítica (e l ciudadano miembro del cuerpo po lítico y  participante en los asun tos 

públicos); y la  ciud adanía nac ional (el  c iudadano in tegrado e n el Estado, fren te a su  

vinculación an terior a  l os c uerpos intermedios, y al  ti empo sep arado radicalmente del 

extranjero). 

El tipo de ciudadanía política está caracterizada principalmente por  la posibilidad de 

ejercer el derecho al voto o de participar en elecciones libres y e n condiciones de igualdad, 

este pr oceso h a sido la rgo y v aría e n ca da país c omo he mos visto. Sin embargo, la 

construcción de la ciudadanía no se limita o se detiene con la obtención de derechos políticos 

y con la  posibilidad de e jercer el voto, la construcción de u n ciudadano más completo, con 

mayores derechos y que pueda enfrentar los retos que va a establecer el régimen capitalista o 

la g lobalización v a aunado a l a o btención y  con sumación de un articulado de derechos 

sociales.     

La igu aldad fo rmal an te la l ey sol o beneficia a aq uellas p ersonas que, por su 

independencia e conómica y s ocial, pueden s acar partido de  s us derechos legales. La s 

tentativas te ndientes a  co rregir este t ipo de  de sigualdad, pa rticularmente ec onómicas, 

adoptaron en occidente el reconocimiento de los derechos sociales y la creación de un nuevo 

                                                 
76 www.estepais.com/inicio/historicos/46/24_folios_La%20democracia%20en%20America%20latina_Hartlyd.pdf 



 

 

77
tipo de Estado int erventor y regulador de la ec onomía. El  cual se consolidará al  terminar l a 

segunda guerra mundial y será conocido como Estado del bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78
CAPITULO II 

ESTADO DEL BIENESTAR, CIUDADANÍA Y DERECHOS 
SOCIALES 

 
 

Hasta en trado el sig lo XX, el m odelo de E stado im perante en todas la s so ciedades 

capitalistas fue el Estado liberal o burgués, basado en la doctrina del liberalismo económico. Las 

funciones otorgadas al Estado en el liberalismo son ún icamente las de mantener e l orden y  el 

control con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las sociedades. Las leyes de mercado 

debían fun cionar s in ningun a regulación. Est a aparente neutralidad del Est ado re percutía, sin 

embargo, en las relaciones de la vida económica a partir del mantenimiento de un determinado 

orden juríd ico que re gulaba la propiedad y las prá cticas comerciales. Pe ro también re percutía 

sobre las condiciones de trabajo y de vida de la c lase trabajadora. Sin una regulación sobre e l 

máximo de horas o las condiciones de trabajo, y ninguna protección social, la precariedad de la 

mayoría de  la pobla ción era c ada ve z más evidente. El proceso de  indu strialización comportó 

unas c ondiciones de vida muy d uras y u n c onjunto de graves de sajustes sociales que ha cían 

peligrar el orden establecido. Se da un proceso en el que tanto por parte de los trabajadores –a 

partir de la crea ción de  s indicatos r eivindicativos-, como para la  b urguesía-, se ha ce 

indispensable una transformación del papel del Estado. 

En efecto, necesida des económicas y  políticas de un lado y la presi ón soci al del otro 

provocan cambios en la s f unciones que se  l e venían at ribuyendo al E stado. Los  efectos del 

capitalismo liberal provocan que el Estado vaya adquiriendo una actitud cada vez más activa e 

interventora, intentando corregir los males del capit alismo que repercuten  sobre una población 

que el propio sistema necesita dispuesta a trabajar. Se empiezan a dictar leyes sobre la limitación 



 

 

79
de la jornada laboral y s obre la protección de accidentes y enfermedades de los trabajadores. 

Estas m edidas, que por un la do tienen un s entido a sistencial, p or e l otro re presentan u n claro 

apoyo al sistema capitalista en la mediada en que garantizan la posibilidad de d isponibilidad de 

la necesaria clase trabajadora. Este papel interventor se intensifica después de la primera guerra 

mundial, y queda plenamente justificado a partir de la fuerte crisis económica de finales de los 

años veinte.  

 Ante esta situación, se abr ió pas o un enfoque que apoya ba la nec esidad de po líticas 

sociales que atenuaban los problemas de un capitalismo liberal a ultranza y fue conocida como 

Estado del bienestar. Convergían en este tipo de posiciones, entre otros, los grupos radicales no 

socialistas, po líticos laboristas e incluso liberales que se alejaban del dogmatismo liberal de la 

época victoriana, además de los socialdemócratas en sus diferentes versiones según los países. 

La transformación del Estado liberal del siglo XIX, con sus diversas manifestaciones, dio paso al 

Estado de bienestar contemporáneo que es quizá e l logro más notable del sistema de  gobierno 

democrático. Los responsables de la política social de la mayoría de las democracias comenzaron 

a reflexionar sobre cómo ampliar la distr ibución de las prestaciones y de los servicios sociales 

que había que ofrecer a los ciudadanos.  

A lo largo de l siglo X X, cada Estado en oc cidente h a uti lizado métodos dis tintos para 

introducir los objeti vos de igual dad so cial y justi cia so cial en s us es tructuras institucionales y 

políticas, estructuras que eran  a su v ez la consecu encia de l as c ircunstancias particulares que 

habían in fluido en  el  nacimiento del gob ierno democrático en su país. No ex istió nun ca una 

concepción u nitaria d e c ómo conseguir r ealizar l a ju sticia so cial, igua l que no  h abía existido 

nunca un  cam ino unifo rme para llegar a un  sistema de go bierno d emocrático. En la  



 

 

80
transformación de cada p aís han estado  presentes un a seri e d e factores po líticos esp ecíficos 

con un grado considerable de i ndependencia. El resultado es que existen diferentes Estados del 

bienestar más que un Estado ideal concebido especialmente para proporcionar bienestar. 

 

  

EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR  

El desarrollo de los Estados del bienestar no ha sido algo relacionado inmediatamente con 

el bienestar p ropiamente dic ho, sin o q ue ha dependido, sobre todo, de la  ca pacidad de  l os 

gobiernos para aplicar los instrumentos y las prácticas existentes a problemas poco conocidos. Se 

ha llegado al Esta do del bie nestar a  tra vés de un proceso gradual y  a m enudo u niforme, 

impulsado tanto por políticos ambiciosos y funcionarios más o m enos visionarios, como por la 

noción abstracta de un orden social en crisis o por los temores a una gran inquietud social. La 

adaptación del Estado liberal a las necesidades del Estado del bienestar no tuvo nunca que ver 

con la const rucción de un a sociedad utópica. El  problem a era el de cómo r econciliar los 

principios básicos del liberalismo con un conjunto complejo y creciente de políticas sociales. 

La f orma del Es tado del bienestar se comenzó a  s ustentar e n tres aspectos muy 

importantes: el Estado  y la  so ciedad t ienen un in terés co mún que se  expresa en el  tema d e la 

solidaridad; e l Estado t iene l a obligación de p roteger a todos contra los riesgos sociales, y  los 

cotizantes o contribuyentes, e n su condi ción de ciudad anos, tienen derecho a administrar s us 

propias cotizaciones.  C on diversos grados de éxito y seguridad, los E stados occidentales, por 

ejemplo e n Eur opa habían dado y a pa sos irreversibles ha cia la  ac eptación de nuevas 



 

 

81
responsabilidades so ciales ent re 1880 y 1914, c omprometiendo así lo s valores liber ales 

clásicos que cimentaron el primer desarrollo de los gobiernos democráticos.77 

El modelo de Estado del bienestar responde a unas necesidades y son e stas necesidades 

las q ue le gitiman la nueva or ganización s ocial. El proceso d e indu strialización del sigl o X IX 

comporta unas condiciones muy duras para los trabajadores que desembocan en un conjunto de 

desajustes sociales que obligan a tomar medidas para reducir sus efectos. Aunque los cambios se 

presentan de forma entrelazada, podemos establecer tres tipos de transformaciones en el campo 

social, el político y el económico:   

1) Cambios Sociales. La s do s clases m ás si gnificativas del XIX, la burguesía y  la  clase 
obrera mantenían relaciones conflictivas. Lo s s ectores más dé biles de la  s ociedad se 
hallaban condenados a la mise ria y l a mar ginación. La l egitimidad –y el miedo- a una 
posible revolución se sustentaba en el sentimiento que esta situación despertaba en este 
sector de p oblación, por o tro lado, mayoritario. La n ecesidad de paliar la presión social 
dio como resultado el surgimiento de las primeras medidas de protección social. A finales 
del XIX, en el decenio de los ochenta, en Alemania se aprueba un conjunto de programas 
de reformas sociales c on el  o bjetivo de  evitar una p osible revolución, p or ejem plo s e 
aprobó en 1871 una consti tución que establecía una monarquía constitucional pero  con 
funciones limitadas y sin poder de control sobre el gobierno. En este contexto se aprobó 
la primera legislación social, conocida como la Legislación Social de Bismarck, que fue 
estableciéndose durante el decenio d e lo s ochenta de l s iglo XIX. Esta le gislación 
contemplaba tres tipos d e pro tección: e l se guro de en fermedad, el seguro fre nte lo s 
accidentes de trabajo y el establecimiento del primer sistema de pensiones de jubilación. 

    
2) Cambios Políticos. El paso del sufragio censatario al su fragio universal comportó que al 

estar toda la población representada, los gobiernos resultantes de las elecciones eran más 
sensibles a las necesidades de la mayoría de la población. Aparecen los partidos políticos 
que responden con sus programas a las diversas demandas sociales. En 1848 se realiza n 
en Francia y Suiza las primeras elecciones con sufragio universal. El sufragio universal se 
va extendiendo a casi t odos los países industrializados en tre fin es del sig lo XIX y 
principios del siglo XX, convirtiéndose la clase trabajadora en sujeto político. También la 

                                                 
77 Ashford, Douglas E.  La Aparición de los Estados de Bienestar,  Madrid, Min isterio del Trabajo y  Seguridad 
Social, 1989,  pp.125-127. 



 

 

82
revolución soviética de 1917 fue u na se ñal de  alerta pa ra los p aíses ca pitalistas, al 
demostrar que e xistían al ternativas al sis tema. Podría  entenderse que  el s istema 
democrático se co nfigura como resultado de las relaciones de conflicto entre las clases, 
estableciendo mecanismos formales para superar las tensiones sociales. 

 
3) Cambios económicos. L os res ultados de  la s guerras m undiales c onsolidan la definitiva 

mundialización de la econo mía. La cr isis ec onómica p rovocada por  el derrumbe de la 
bolsa de Wal l Street en  1929  t iene reperc usiones en la to talidad de países  
industrializados. Por lo que se entra en una nueva etapa de depresión económica a escala 
mundial que propició la búsqueda de soluciones a los estancamientos que periódicamente 
aparecían en la  e conomía. Se empieza a c uestionar e l pa radigma del lib eralismo: el 
laissez faire, la no-intervención del Estado.78 

 

 Esta p erspectiva, p redominante en su tiemp o, p roponía in troducir con tenidos sociales 

concretos en la política. Sus seguidores admitían que el si stema económ ico dejaba m uchas 

necesidades in satisfechas y distribuía l os bienes e n f orma desi gual, pero que en la s tare as 

puramente económicas de p roducción y  distribución de b ienes era p referible a cualqu ier otro. 

Esta posición no b uscaba gra ndes cambios e n el sis tema a  pes ar de q ue creía que el siste ma 

económico cap italista n o p odía corregir s us de fectos p or s í mismo, y p or e nde r econocía la  

responsabilidad y el derecho del Estado de intervenir obligatoriamente para subsanar y modificar 

sus consecuencias en l a si tuación social. Esta  posición inte rvensionista entendía como primera 

tarea del Estado la de extender los servicios sociales e incrementar las funciones colectivas de la 

sociedad. El objetivo era  log rar un equilibrio en tre l a l ibertad priv ada y  el  intervensionismo 

público, entre el liberalismo económico por un lado, y la estabilidad y el bienestar social, por el 

otro. 

 La concepción del Estado del bienestar tuvo un fuerte impulso en  las posiciones que el 

Partido Laborista inglés, ot ros partidos socialdemócratas y los revisionistas liberales formularon 
                                                 
78 Montagut, Teresa. Política Social, Ariel, Barcelona, 2000, pp.45-46. 



 

 

83
en los prim eros años d el siglo X X. No de be d esdeñarse la inf luencia de  ciertas tendencias 

previas, hum anistas, democráticas y  socializantes pero , sobr e tod o, conviene subrayar la 

influencia que tuvo  el debate que entre las do s guerras mundiales se dio acerca de l a relación  

entre las pol íticas sociales  y el libre mercado. En ese deba te, la f ormación del Estado del 

bienestar comenzó a definirse como aquel en el cual el Estado es utilizado deliberadamente para 

modificar las fuerzas del mercado.  

 La concepción del Estado del bienestar se modificó en el periodo entre guerras, debido, 

entre otros factores, a las tareas de reconstrucción de Europa y a la Gran Depresión en Estados 

Unidos. Por un la do, las políticas sociales comenzaron a concebirse como parte de una política 

económica g eneral y no  co mo un  ár ea d e accion es políticas seg regadas y gobernadas por 

principios o reglas exclusivas, vinculadas a la prestación de servicios sociales. Esa integración de 

las políticas sociales a la política macroeconómica, fue apoyada por el triunfo del keynesianismo 

y la preocupación por el desempleo. 

Como antecedentes de los cambios que se producirían en la economía encontramos, de un 

lado, las prim eras medidas de l New Deal del pre sidente Roosvelt e n Estad os U nidos. Tras la 

crisis de 1929, que había su mido la econo mía Am ericana en una fu erte de presión, se desa tan 

diversas campañas en pro de una intervención gubernamental, este tipo de medidas tendrían una 

fuerte influencia en Europa. En 1933 y c on el fin de estimular la demanda, las nuevas políticas 

del New Deal diseñan unas medidas de int ervención del Estado en la economía, y  además una 

serie de p ropuestas de asi stencia so cial a los d esempleados. Do s años más tarde, en 1935 , se 

establece la  ley de seguridad social con el re conocimiento d e las pensiones d e v ejez y d e 



 

 

84
desempleo y la ley de  rela ciones l aborales que reconoce los dere chos de sindicación y de 

negociación colectiva.79 

 Los veinte años que separan las dos guerras mundiales tuvieron pocas innovaciones en lo 

que concierne a la definición de áreas de res ponsabilidad públ ica y aplicación de  las políti cas 

sociales en los pa íses occidentales. Quizás la introducción de las asignaciones familiares haya 

sido la innovación más significativa. Como era lógico, un periodo marcado por la reconstrucción 

y la dep resión económica no era el má s idó neo para pon er en práctica las a spiraciones y 

decisiones que se adoptaban para mejorar la situación social. Los sentimientos de “solidaridad” y 

“seguridad p ara to dos” f ueron rá pidamente s uperados por la  so fisticada polémica so bre las 

técnicas de administración de los costos y beneficios de las políticas sociales y sus límites. De 

este modo se fu eron consolidando lo s sistemas de segu ridad social, lo s cuales t endieron a 

disminuir sus diferencias entre los diferentes países.  

 La tend encia a ho mogeneizar lo s sistemas d e segurid ad social se p udo ob servar en  lo s 

casos de Alemania e Inglaterra. El  primer programa a lemán de segur idad social cubría vejez y 

enfermedad, p ero e xcluía el  dese mpleo; en 1927 se  añadió el  segu ro del de sempleo. Mie ntras 

tanto, e n Inglaterra ese prog rama cubría e nfermedad y desem pleo –este último en escala 

limitada-, pero excluía las pensiones a la vejez. En 1920, sin embargo, en este país se generalizó 

el seguro de desempleo y en 1925 se introdujeron las pensiones por vejez. Por otra parte, en el 

mismo periodo, hubo una tendencia a una mayor centralización administrativa de los programas 

de segur idad social en  nu merosos p aíses. Franc ia ini ció en 192 8 cuando cub rió en fermedad, 

maternidad, in validez, vejez y m uerte, pe ro no e l desempleo. La re sponsabilidad sobre l os 

desempleados se ejercía po r  medio de subvenciones a los seguros voluntarios, apoyados por un 
                                                 
79 Ibíd., pp.46-47. 



 

 

85
sistema de asistencia s ocial. De e sta forma se  estimulaban los esf uerzos privados de los 

sindicatos, e vitando la obligatoriedad y  e stableciendo arreglos por  grupos y categorías 

ocupacionales. En aspectos, como la salud, vivienda, maternidad, guarderías, jóvenes, invidentes 

y muchos otros fue notoria la presencia de organizaciones voluntarias de tipo comunitario, que 

muchas v eces apoyaban a los prog ramas d e la s a utoridades e  in stituciones o ficiales, o qu e 

actuaban por cuenta propia en cooperativas, mutualidades, etcétera.80 

 La introducción de los subsidios familiares en Europa fue una de las innovaciones más 

importantes del periodo ent re guerras, Los p ioneros en brindar este beneficio fueron Francia y  

Bélgica, Los sistemas voluntarios mediante los cuales los salarios eran complementados con los 

beneficios para l os h ijos de pendientes, h abían existido tie mpo a trás e n a mbos países, pero s e 

volvieron generales y obligatorios por ley, en Bélgica en 1930 y en Francia en 1932. Otros países 

siguieron el ej emplo de lo s ante riores, hasta convertir las asignaciones familiares e n una 

prestación común de los programas sociales. Los subsidios familiares diferían de otros servicios 

en que p retendían co mplementar los in gresos d e aqu ellos q ue trabajaban, y no  m antener el  

ingreso de aquellos que no lo hacían. Era, por tanto, un medio para hacer del salario individual, 

un salario familiar, y así convertir a la familia en un núcleo protegido por la sociedad. En este 

periodo el costo de estos programas recayó en los empleadores. La política de subsidios 

familiares cumplía, adicionalmente con la finalidad de revertir la caída de  las tasas de  natalidad 

que caracterizaba la realidad europea, la francesa y la belga, en particular.81 

 La Gran Depresión iniciada en 1929 hizo desaparecer el sistema de seguro del desempleo 

en todos los países, por lo que la responsabilidad de la seguridad social recayó completamente en 

                                                 
80 Kusnir, Liliana. La Política Social en Europa, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996, pp.37-38. 
81 Ibíd., pp.38-39. 



 

 

86
el Estado. En es e periodo cr ítico, la seguridad so cial se asem ejaba m ucho a la Ley de 

Pobres82, en Inglater ra, la Ley de Pobres q ue to davía lle vaban el estigma de su form a de 

aplicación en e l sig lo XIX, fue sometida a un proceso de revisión y de eventual abolición por 

otro sistema más adec uado a  las nuevas circunstancias pr ovocada por la crisis d e 1 929. La  

discusión parlamentaria sobre el tema fue muy amplia y aunque no se llegó a una decisión legal 

al res pecto, a pa rtir de 1 929 se  am pliaron las funciones q ue cumplía el Comité d e As istencia 

pública. Este Com ité extendió sus servicios a  to do el pa ís, sin ot ras dife renciaciones que n o 

fueran las vinculadas a servicios específicos como tratamiento especial a ancianos, niños y otras 

personas que requerían atención especial.83   

 En los países escandinavos hubo también una fuerte transformación, que permitió pasar 

de un sistema de ayuda a  los pobres a una  asistencia social integral y moderna que cubría a la  

población en su conjunto, sin hacer distinciones. En Francia y en Alemania, la asistencia pública 

                                                 
82 La Ley  de Pobr es ti enen su origen en Gran Bretaña y  se  trata de un tipo de  polít ica asistencial  de sarrollada 
básicamente e ntre lo s siglo XVII y  XVIII. La Ley  de Pobres partí a de un a n oción mucho más amplia de l as 
responsabilidades del Estado en relación con los pobres y los menos favorecidos. La reforma a la Ley que se dio en 
1834 trató de introducir una lógica única, y en ese sentido se convirtió en el prototipo  de la reforma social británica. 
La preocupación por la pobreza se h izo importante por todo aquello que omite, es decir, la relación de la reforma 
social con  otras muchas cu estiones, como la mejora de la f uerza de trabajo o e l ajuste de la i ndustria a l as 
necesidades s ociales y  l as co ndiciones lab orales. L a modificación d e la Ley de Po bres estu vo do minada por un 
problema específico, a saber, que el coste de la ayuda a los pobres se había triplicado entre 1776 a 1802. La Ley de 
1834 introdujo una noción demasiado rígida de los beneficios sociales y de las razones por las que las democracias 
asumían tareas de índole social. La d isposición capital de la Ley era la obligatoriedad de la Workhouse que era una 
institución asilar para los pobres sin empleo, en la  que los que no sufrieran ninguna incapacidad quedaban obligados 
a trabajar, las condiciones de alojamiento y trabajo eran deliberadamente de un d ureza extrema. Se trataba de una  
forma bastante brutal de co mprobar la s ituación de necesidad. Además, la ley de 1834 fue en muchos aspectos una 
norma de fensiva, n o un intento de constr uir un siste ma en el que pudieran tener ca bida los pro blemas socia les 
futuros. La Revolución Industrial contaba con medio s iglo de ant igüedad en Gran Br etaña, pero el poder político 
seguía en manos de los terratenientes, cuyo interés consistía, sobre todo, en tratar de evitar que recayeran sobre ellos 
los costos de la asistencia a los trabajadores del campo que habían emigrado a las ciudades o que se habían quedado 
sin recursos en sus propias localidades. Así pues, la premisa de la Ley de 1834 era la necesidad de mantener el poder 
de l os ter ratenientes. A l priv ar a los organ ismos l ocales de l os ingreso s necesarios para cubrir sus  necesidad es 
sociales, los terratenientes contribuyeron a la crisis de 1909-1911, y convirtieron al impuesto sobre la renta en una 
necesidad para financiar la reforma social. Estos hechos explican el posterior rechazo a la Ley de Pobres. Ashford, 
Douglas E. Op. Cit., pp.48, 85-89. 
83 Kusnir, Liliana, Op. Cit., pp.39-40. 



 

 

87
siguió f uncionando com o un servicio de m últiples propósitos que cubría muchas de l as 

necesidades de los más pobres, los cuales eran tratados como miembros de una categoría social 

diferente q ue de bía re ducirse c onforme la  cobertura s ocial de l a se guridad s e volviera m ás 

amplia. Los sist emas de  asist encia púb lica y los organismos voluntarios privados, en  los que 

descansaron l as pol íticas so ciales durante la poscrisis, no pudieron so stener lo s seguros de  

desempleo y  otros be neficios pr evistos le galmente. Sin embargo, la  re construcción de todo el 

andamiaje q ue s e h abía in iciado y formulado hac ia fines de l os años tre inta, i nfluyó e n la 

institucionalización del Estado del bienestar en la segunda posguerra. 

Gran Bretaña, fue el país que experimentó el nivel de desempleo más grave en el período 

de entreguerras. En algunas fases el desempleo superó la barrera de los dos millones, y con unos 

niveles de vida mucho más bajos que los actuales. El fenómeno alcanzó su punto culminante en 

1932, con 3,4 millones de parados, y se m antuvo en torno a un millón durante cerca de veinte 

años, a lo que debe añadirse que s ólo un 60%  de la fuerza d e tra bajo esta ba asegurada. La 

experiencia convirtió al Partido Laborista y a los sindicatos en entusiastas defensores de la causa 

del Estado del bienestar, pero no produjo los resultados que en Suecia se observaron en base a su 

concepto de solidaridad salarial en donde los salarios están ligados al bienestar o incluso con el 

más d iferenciado si stema fran cés d e reivindicaciones de bienestar desde el propio nivel d e 

ocupación, que da lugar a qu e las prestaciones so ciales con stituyan un asp ecto visible de las 

negociaciones salariales. Francia había con seguido un  g rado notable de co ntinuidad, 

reconociendo q ue las prestaciones y l os salarios e staban íntimamente as ociados, este país n o 

perdió nunca el control de las relaciones entre el trabajo y la política social.84 

                                                 
84 Ashford, Douglas E. Op. Cit., pp.214-120. 



 

 

88
 Se podría considerar que el período de entreguerras era singularmente inadecuado para 

el desarrollo del Est ado del bie nestar. Los programas so ciales planeados a ntes de la  Primera 

Guerra Mundial languidecían en los parlamentos, sumergidos bajo las presiones económicas de 

la depresión, y en Alemania sucumbieron ante el nacionalsocialismo. Los desesperados esfuerzos 

para poner en pi e un nuevo orden político mundial estaba n ínt imamente vinc ulados a l a 

posibilidad de construir sim ultáneamente un n uevo or den económico, pero la s ec onomías  

nacionales eran también m uy inestables. Es posible que la política social ocupara un lugar 

secundario en el orden de las prioridades políticas, pero nunca desapareció de él. Por primera vez 

las grandes economías sufrieron un desempleo masivo. Y aunque los esfuerzos para proteger a 

los parados fueron a  menudo tan a rtificiosos y experimentales como habían sido los esfuerzos 

anteriores a la guerra para proteger a los pobres y a los enfermos, las democracias empezaron a 

diseñar políticas de lucha contra el desempleo. Enfrentadas como estaban a la temible elección 

entre la protección a los puestos de trabajo o a la concesión de subsidios de paro.  

Las estructuras instit ucionales no só lo tuvieron qu e hacer frente a l desempleo que se  

originó entre ambas guerras, sino que los Es tados del bienestar sufrieron sus más duras pruebas 

en es tos mo mentos iniciales. Lo más  i mportantes ob stáculos que se  oponían a l a completa 

nacionalización de la política social fueron superados y las resistencias efectivas a que hubo que 

hacer frente re sultaron so rprendentemente pe queñas. El re fugio libe ral q ue representaban las  

formas de asistencias privadas o benéficas demostró ser c ompletamente inadecuado, abriéndose 

la p osibilidad de la participación del Est ado en est e campo. Lo s gr upos profesionales f ueron 

gradualmente integrados en los programas de seguridad social. El sector agrario, cuyos intereses 

establecidos había que conservar e incluso reforzar, fue el primero que recibió la protección del 



 

 

89
Estado, antes de que las poblaciones urbanas recibieran ayudas sustanciales. En definitiva, los 

más importantes agentes sociales p rivados o loc ales, q ue pre visiblemente h abrían p odido 

oponerse con mayor empeño a la ampliación de los Estados del Bienestar, aprendieron a convivir 

con ellos h asta el p unto de su ple na nac ionalización después de  1 945 se ver ificó sin a penas 

controversias.85 

 El p eriodo d e en treguerras t iene una gran  i mportancia en el establecimiento de las 

prioridades de l os nuevos Estados de l bie nestar, n o porque e n esa f ase lle garan a e ncontrarse 

soluciones exentas de dificultadas a los problemas sociales e industriales, sino, sobre todo porque 

entre 1918 y 1940 los gobiernos aprendieron que las políticas sociales mantienen una relación de 

interdependencia con muchas actividades tradicionales del Estado. El período de entreguerras se 

ha considerado como el momento crucial del cambio, porque los fundamentos institucionales del 

Estado del bienestar quedaron es tablecidos entre las décadas de l os años veinte y treinta. Y e l 

hecho mismo de q ue pu diera alcanzarse es e logro a pesar de todos los fracasos y  tr astornos 

políticos es tam bién un a condición previ a de la posteri or insti tucionalización de los derec hos 

sociales y de la asistencia social.  

 

 

KEYNES Y BEVERIDGE: PLENO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 La publicación de la obra principal de Keynes (Teoría General de la Ocupación, el Interés 

y el Dinero, 1936), impactó al mundo intelectual y político. Keynes señaló que, en una economía 

de mercado, la producción real no está determinada por la dotación y la eficiencia potenciales en 

la u tilización de l os recursos, si no e n e l proceso de generación de ingresos que tie nde a  
                                                 
85 Ibíd., pp.128-129. 



 

 

90
establecer un nivel de equilibrio c on la demanda efecti va por bie nes y servicios. La teorí a 

keynesiana mostró su preocupación por conducir a la economía al pleno empleo de la fu erza de 

trabajo, no p or la v ía del mercado, sino mediante la acción del gobierno en el campo fiscal y 

monetario. Keynes pensaba que una política de gasto público y crédito barato podía actuar sobre 

las expectativas de los empresarios e incentivarlos a invertir y aumentar la demanda efectiva de 

la p oblación. Para Key nes los p rincipales inconvenientes de la so ciedad económ ica son  su  

incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitrariedad y desigualdad distribución de la 

riqueza y los ingresos. Pero  si bie n “las naciones p ueden a prender a p rocurarse la  ocupación 

plena con su política interna, no se necesita que haya fuerzas económicas importantes destinadas 

a enfrentar el interés de un país con el de sus vecinos”, por lo tanto la política de pleno empleo se 

vuelve un elemento fundamental para la paz. 86 

 Keynes puso un énfasis primordial en el problema del desempleo ya que consideraba que 

estaba en la ra íz de la mayoría de los males sociales que plagaban al mu ndo durante el periodo 

comprendido entre la s dos guerras mundiales. Co n ba se en el punto de vist a de Keynes, e l 

sistema económico, tal como existía antes de la guerra, resolvió apropiadamente el problema de 

la asignación de recursos y falló sólo en la solución del problema de desempleo. El objetivo era 

entonces m ejorar la s c ondiciones de em pleo, mientras s e mantenía a  la vez  e l mecanismo 

capitalista de mercado para la  a signación de los re cursos e conómicos. Por ta nto, e l e nfoque 

keynesiano c onsiste cla ramente en modificar al  capitalismo de m anera que  e l pleno empleo 

pueda m antenerse. De a cuerdo con e sta posición, todas a quellas cara cterísticas d el sis tema 

capitalista que no interfieran c on el lo gro del pleno em pleo, d eben preservarse. La s ref ormas 

                                                 
86 Keynes, John Maynard. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, Colombia, FCE, 2000, pp.328-
337. 



 

 

91
keynesianas no cuestionan los d erechos de  los individuos para ser propietarios de bienes de 

producción. El enfoque keynesiano considera al Estado como una fuerza de equilibrio que sirve 

sólo para complementar el comportamiento de l os individuos capitalistas, el go bierno tiene que 

ser un agente de estabilización.87 

 La hipótesis de que los problemas de empleo y demanda efectiva no se solucionaban por 

el funcionamiento del mercado sino por la p olítica gubernamental, no sólo responde al p eriodo 

de dep resión en q ue la misma fue expuesta, sino qu e h a estado  pr esente en p eriodos de 

crecimiento y reactivación. Aunque no puede catalogarse como una política social propiamente 

dicha, la prioridad dada al pl eno e mpleo y al nec esario intervensionismo e statal, n os lleva 

frecuentemente a emparentar el keynesianismo con el Estado del bienestar.  

  En el  mismo c ontexto en  el cu al se emp iezan a difundir lo s po stulados k eynesianos, 

William Beveridge expondrá la necesidad de un plan para l a seguridad  soci al. Ambos autores  

van a c onstituir dos de lo s pilare s teóricos del Esta do del bie nestar. Beveridge constituye una 

personalidad que participó act ivamente en el plano políti co ingl és, al defi nir las bases de la 

seguridad s ocial en los  años tr einta, en ple na g uerra y  p ostular los criterios pa ra la segunda 

posguerra. Su in fluencia sobrep asó lo s límites de su p aís, po rque sus p lanteamientos de lu cha 

contra los cinco males g igantes: in digencia, e nfermedades, ignorancia, c ontaminación y 

ociosidad, lograron un elevado grado de concreción y elocuencia en sus informes, documentos y 

conferencias. Ad emás, e ste au tor demuestra fl exibilidad cuando insiste en  que sus p ropuestas 

dependían de cier tas condiciones, que  debían ser ad ecuadas a la situación de c ada país. 

Beveridge d efine la seguridad social, sus principios y el g rado de re sponsabilidad q ue de ben 

asumir los distintos actores, en especial, el Estado.  
                                                 
87 Klein, Lawrence R. La Revolución Keynesiana, México, Trillas, 1980, pp.177-181. 



 

 

92
 En el año de 1942, Beveridge da  a  c onocer el Informe so bre Seguros S ociales y 

Servicios Afines. El Informe hace un estudio de los planes nacionales y recomienda un Plan para 

Seguridad Social imaginado p ara h acer de saparecer la  in digencia física, asegurando si empre a 

todos lo s c iudadanos ing resos su ficientes pa ra subsistencia y m edios para hacer frente a los 

gastos ex cepcionales e n lo s n acimientos, e l matrimonio y  l a muerte. Los p lanes y s ervicios 

estudiados incluyen e l s eguro de e nfermedad, el s eguro de de socupación, las pensiones a la 

vejez, las pensiones a las viudas y  los huérfanos, la comp ensación a  lo s trabajadores por 

accidentes y  enfermedades del tr abajo, la s pensiones no co ntributivas p ara la vejez, p ara la  

asistencia pública y la asistencia a los ciegos.88 

 El estudio muestra que en un sistema de seguridad social, existen graves deficiencias que 

exigen rem edio y a nomalías y f alta de coordinación que dan lugar a  gastos in necesarios. Las 

recomendaciones del “ Informe” se bas an e n u n diagnóstico de la indigencia, esto e s, de  las 

circunstancias e n que, en lo s años i nmediatamente anteriores a  l a se gunda gu erra mu ndial, 

podían f altar a  fa milias e  i ndividuos de  Gran Bretaña l os m edios indispensables p ara una 

subsistencia sana. Los estudios sociales realizados en algunas de las principales ciudades de Gran 

Bretaña pusieron de manifiesto que la  indigencia se debía a  la  interrupción o la  pérdida de la 

capacidad para ganar dinero o a los muchos hijos. El Plan para la Seguridad Social es un pla n 

para combatir esas dos causas de indigencia, mediante una doble redistribución de los ingresos –

entre las épocas en que se gana dinero y aquéllas en que no se gana (por medio del seguro social) 

y entre las épocas de grandes y pequeñas responsabilidades familiares (por medio de subsidios 

para los hijos). Se define la seguridad social, para los fines del Informe, como el mantenimiento 

                                                 
88 Beveridge, William. Las Bases de la Seguridad Social, México, FCE/Instituto Nacional de Salud Pública, 1987, 
pp.72. 



 

 

93
de los  in gresos necesarios para  la subsistencia. La ca racterística pr incipal del Pla n e s u n 

sistema de seguros sociales que comprende seis principios fundamentales: uniformidad de la tasa 

del be neficio de  subsistencia; unificación de  la tasa de contribución; u nificación de la 

responsabilidad administrativa; suficiencia del beneficio; amplitud y clasificación de los seguros 

sociales.89   

 El Plan de Seguridad Comprende tres partes. En primer lugar, un programa completo de 

seguros sociales en prestaciones en dinero. En segundo lugar, un sistema general de subsidios 

infantiles, tanto  cuando el p adre gan a dinero como cu ando no lo  g ana. Fin almente, un  plan 

general de cuidados médicos de todas clases para todo el mundo. La característica principal del 

Plan de Seguridad es un proyecto completo de seguros sociales. Abarca a todos los ciudadanos y 

no sólo a qu ienes trabajan p ara patr ones. Todo el mundo e stará asegurado por lo que todo  el 

mundo necesita: pe nsiones de vejez, gastos de  entie rro, c uidados médicos. Y to do el mundo 

tendrá asegurados esos y todos los demás beneficios apropiados para él y su familia, por medio 

de una contribución única semanal pagada mediante un timbre de seguros.90 

 El plan de seguros sociales estipula, una pensión uniforme a cambio de una contribución 

uniforme. La pe nsión s erá la  misma para la  des ocupación y pa ra la  incapacidad fís ica de 

cualquier clase que sea y, después de un periodo de transición, para pensiones de retiro; se la ha 

proyectado lo bastante alta para que provea a la subsistencia e im pida la extrema necesidad en 

todos los casos normales; y durará lo que dure la desocupación o la incapacidad para trabajar sin 

recurrir a  la comprobación de lo s rec ursos. Ade más d e la desocupación y  la incapacidad, el  

proyecto provee beneficios para hacer frente a otras necesidades, entre ellas la m aternidad y la 

                                                 
89 Ibíd., pp.73. 
90 Ibíd., pp.65-66. 



 

 

94
viudez, el cuidado de los hijos, los gastos de entierro y el aprendizaje de nuevas ocupaciones. 

En lo que respecta a la vejez, propone varios cambios, En primer lugar, generaliza las pensiones 

a todo tipo de trabajador. En segundo lugar, hace que las pensiones dependan de la condición de 

retirarse de l tra bajo. E n tercer lugar, hace qu e esas p ensiones de retiro se an adecuadas para  

subvenir a  la subsistencia, ig uales a  las pensiones po r des ocupación e inc apacidad f ísica. En 

cuarto lugar, el proyecto permite a las personas que siguen trabajando después de llegar a la edad 

mínima de retiro, que se estableció de 65 años para los hombres y de 60  años para las mujeres, 

hacer méritos para la obtención de pensiones superiores al nivel que sirve de base, que es el que 

obtendrían si se retiraran tan pronto como alcanzaran esa edad. El objeto del plan no fue obligar 

a retirarse pronto, sino dejar a las personas en libertad de retirarse cuando quieran y estimularlas 

a que sigan trabajando mientras puedan hacerlo.91 

 Para Be veridge, la se guridad s ocial re presenta la búsqueda por m antener l os i ngresos 

necesarios p ara la subsistencia de l os seres h umanos. L os principios bás icos que sustentan la 

seguridad social son la  justicia (en lugar de la fuerza), la  oportunidad razonable de realizar un 

trabajo productivo, la certeza de contar con ingresos suficientes (sea o no trabajador) para estar a 

cubierto de la indigencia, y la defensa de la familia como unidad social. En materia operativa, su 

propuesta s e dirige e n lo  es encial al e stablecimiento d e un  programa co mpleto d e seguro s 

sociales y servicios afines para trabajadores y no trabajadores. En este contexto propone la idea 

de un ingreso mínimo nacional.   

 En té rminos de fi nanciamiento, Beveridge apoya un a participación tripar tita 

(trabajadores, empresarios y Estado), salvo en los casos de subsidios a los hijos y en la asistencia 

nacional sanitaria y de rehabilitación que propone sea asumida íntegramente por el Estado. Fuera 
                                                 
91 Ibíd., pp.66-67. 



 

 

95
de e stos aspectos, el papel f undamental del Esta do consiste en que c on la aplica ción de l a 

seguridad social se  promueva una redistribución del ingreso que evite desigualdades extremas, 

aun entre trabajadores. Beveridge es insistente en cuanto que cree que no se trata de buscar una 

utópica e inalcanzable igualdad absoluta ni procurar el acceso al disfrute de ciertas comodidades, 

sino asegurar la desaparición de l a ind igencia y  l a polarización extrema en l a d istribución. En 

cuanto a otras responsabilidades, destaca que el logro de pu estos de t rabajo productivos y con  

remuneración adecuada n o es  una re sponsabilidad e xclusiva de l Es tado, sino que debe se r 

compartida con el sector privado.  

 Lo q ue Beveridge pr opuso fue un sistem a universal y u niforme de seguridad social. 

Incluía a  todo s lo s ciu dadanos, clasifi cados en  grupos según las cau sas de l a inseguridad 

económica y la pro tección requerida para el caso. Sus recomendaciones asumían la creación de 

un Servicio Nacional de la Salud y subsidios familiares universales. Al incluir a  t odos los 

ciudadanos básicamente en los m ismos términos, Beveridge capturó la  imaginación en polí tica 

social d e los reformadores de todo el mundo. La s prestaciones concedidas a  to dos, s e pensó, 

diluían el es tigma de las medidas reservadas para los pobres, y encarnaban el nuevo espíritu de 

igualdad forjado en la guerra. Durante los debates sobre política social, que se ex tendían hacia 

atrás al menos hast a las p ropuestas pr esentadas por Charles B ooth d urante el siglo X IX, la 

izquierda había f avorecido m edidas q ue incluyesen a t odos, q ue los conservadores a s u vez 

rechazaban p or innecesarias y despilfarradoras. Con Be veridge es tos desacuerdos perdieron 

intensidad. Si bien es cierto que el universalismo generó controversia cuando fue aplicado en el 

exterior, en Gran Bretaña provocó comparativamente pocas discusiones.92 

                                                 
92 Baldwin, Peter. La Política de Solidaridad Social. Bases Sociales del Estado de Bienestar  Europeo 1875-1975, 
Madrid, Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, 1992, pp.195-196.  



 

 

96
 Beveridge a cabó siendo con sistentemente un iversalista, aceptando las consecuencias 

de la re distribución entre g rupos que la p rotección social omnicomprensiva h acía posible. 

Obligando a todos a asegurarse contra todos los riesgos, incluso contra aquellos que afectaban a 

algunos menos qu e a o tros. Lejos d e busca r u na re asignación entre los di ferentes fac tores de  

producción –tierra, capital, organización y trabajo- Beveridge previó una igualación del poder de 

compra centrada básicamente en la propia clase trabajadora, en un sentido horizontal. Su estricto 

sistema d e t asa un iforme, con todos p agando lo  mismo por igu ales p restaciones, limitaba 

cualquier redistribución vertical en el seno del sistema de seguridad social a la que se alcanzaba 

como consecuencia d e la  financiación fiscal. Beveridge había tratado d e elaborar una reforma  

que a yudase, en pri mer lugar , a los m ás n ecesitados y estimulase al m ismo tiempo la ayuda 

propia entre los más afortunados. 

 Beveridge se proponía proveer a los ancianos, estimular la frugalidad y la ayuda propia, y 

al mismo tiempo no despilfarrar fondos distribuyéndolos sin atender a la situación de necesidad. 

Los sin dicatos propusieron re ducir cos tes ha ciendo que la s pensiones de pendiesen de la 

jubilación. Los sindicatos habían aprendido las virtudes de este requisito de jubilación durante la 

época de desempleo masivo en la década de los treinta, obligados a cesar de trabajar para recibir 

la pensión. Los problemas financieros que e l sistema de seguridad social a frontaba, junto a la 

escasez de trabajo que podía anticiparse para la posguerra, eran razones que movían a estimular 

la pro longación de la vid a laboral. Un  requ isito de ju bilación c orrectamente ingeniado podrí a 

responder a este desafío. Concediendo tasas más altas a qui enes aplazasen la jubilación, aunque 

limitándolas de f orma que  la sum a total de prestaciones obte nidas durante to da la  vi da s e 

mantuviese inferior a la que se obtendría si la pensión se empezase a recibir inmediatamente, se 



 

 

97
lograría al mismo tiempo ahorrar dinero y promover la continuidad en el trabajo. El requisito 

de l a jubi lación excluía de las pensiones a los ancianos qu e seguí an reali zando un trabajo  

remunerado.93 

La seg uridad s ocial habría de incluir a todo s por dos raz ones: lo s p roblemas 

administrativos que la selecció n implicaba y el  carácter im predecible de l a si tuación de 

necesidad y de dependencia en circunstancias de guerra. Beveridge había insistido en establecer 

un periodo de t ransición e n el que la s pr estaciones no s erían ín tegras y e n c ontinuar co n los 

suplementos p ara lo s pob res, condicionados a la c omprobación del e stado de n ecesidad, con 

objeto de proveer a los necesitados de una cobertura adecuada, evitando al mismo tiempo caer en 

una inadecuada g enerosidad para con los recién incorporados y pa ra con los económicamente 

desahogados de e ntre los ya pe rtenecientes al  sis tema de  se guridad social.  Sin  em bargo, 

esperando ganar el favor de estos dos últimos grupos, el gobierno británico les ofreció pensiones 

más altas q ue la s p ropuestas po r Be veridge d e inm ediato. Laboristas y  Sindicatos ha bían 

apoyado desde hacía tiempo reformas similares a las propuestas por Beveridge, y recibieron de 

buen grado e l informe exceptuando a lgunas re servas. E staban a  f avor del principio de 

subsistencia, término c on e l que los Sin dicatos se referían a permitir a los  re ceptores “ vivir 

respetablemente”, y se opusieron a los ulteriores intentos de reducir las tasas de prestación. Tanto 

el Part ido L aborista como lo s Sindicatos rec hazaron las  m edidas de  tra nsición d e Be veridge, 

tratando de conseguir pensiones más altas cuanto antes, si no inmediatamente.94 

 Después del Informe de Beveridge, algunas de sus propuestas se presentaron ante grandes 

problemas para su puesta en marcha. El principio retributivo fue bien recibido y se aceptaron los 

                                                 
93 Ibíd., pp.206-210. 
94 Ibíd., pp.214-215. 



 

 

98
subsidios familiares e incluso el Servicio Nacional de la Salud. El desempleo era considerado 

un riesgo  no asegurable. El serv icio de salu d h abría de in cluir a l os aco modados d e forma 

exclusivamente voluntaria, pero todos recibirían pensiones y pa garían por el la. La subsistencia 

causó cie rto re vuelo, s iendo c alificada de objetivo inalcanzable, y las pre staciones bas adas e n 

niveles de ingreso fueron rechazadas por presentar problemas administrativos insuperables. Las 

sugerencias de Beveridge fueron de hecho adoptadas en lo relativo al desempleo y a la invalidez, 

mientras que las tasas de pensiones finalmente anunciadas (35 chelines para la pareja casada y 20 

chelines para las personas solteras) fueron elegidas por el atractivo de los números redondos y 

porque ha bían si do propuestas por los la boristas poco  antes de la gu erra. Se supu so que 

obtendrían un apoyo más amplio que ot ras elegidas aún más arbitrariamente. Las propuestas de 

Beveridge no encontraron su apoyo legislativo hasta que los laboristas alcanzaron el poder en las 

elecciones de la posguerra.95 

 

 

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS DERE CHOS 

SOCIALES 

 En los años inmediatos posteriores al final de la guerra, entre 1945 y 1950, el Estado del 

bienestar se convirtió en una realidad institucionalizada. A p esar de sus amplias similitudes en 

cuanto al modo de formular las demandas y de conceder las prestaciones, la institucionalización 

final de los E stados de l b ienestar en E uropa no pudo e vitar e l verse marcadas por la p olítica 

propia de c ada p aís ta nto e n el período de entreguerras como en la p osguerra. Los g obiernos  

tenían que idear nuevas prácticas financieras y presupuestarias, formar a una nueva burocracia e 
                                                 
95 Ibíd., pp.215-219. 



 

 

99
implantarla, y  distr ibuir nuevas responsabilidades en los diferentes nivel es de l a 

administración estatal. Hacia 1950 el Estado del Bienestar moderno no sólo e ra ya una realidad 

económica y social, sino que se había convertido también en una realidad política.   

 Lo que resulta fundamental para la comprensión del cambiante contexto de la elaboración 

de las políticas después de las reform as de l a política social   en 1945 es que ésta se había 

convertido ya en parte integrante de la vida institucional de todas las democracias. En adelante, 

en Europa se discutió sobre la seguridad social nacional, no sobre si debía exi stir. El Estado del 

bienestar había que dado institucionalizado en formas muy diversas. Los efectos globales de la 

construcción de los Estados del bienestar fueron similares en casi todas las democracias: ingresos 

mayores para los ancianos, pro tección más eficaz frente al  desempleo, mejora de los servicios 

sociales, etc. Lo q ue las diferenciaba era que  la dec isión bás ica de edificar u n Es tado de l 

bienestar se llevó a cabo en circunstancias políticas muy diferentes y que, una vez culminada, se 

manifestó en form as in stitucionales tam bién muy diferentes. La car acterística política 

fundamental de los Estados del bienestar democráticos fue precisamente que pudieron avanzar 

hacia los objetivos de la  protección social y de la  igualdad social por caminos muy diversos y 

con marcos institucionales asimismo muy diversos.96 

El Estado del bienestar británico se convirtió a partir de 1945, probablemente, en el más 

completamente nacionalizado de todos los Estados del bienestar. En Francia la  nacionalización 

no llegó a completarse. Si bien n o esta ba ta n n acionalizado c omo e l bri tánico, estaba, si n 

embargo, claramente más politizado, como lo estaban también las relaciones laborales, la política 

industrial y la política e conómica. Los gr upos que se habían ocupado tra dicionalmente de la  

prestación de servicios sociales, como las sociedades de seguros mutualistas, consiguieron que 
                                                 
96 Ashford, Douglas E. Op. Cit., pp.340-341. 



 

 

100
sus reivindicaciones, encaminadas al logro de un monopolio casi total de la pro tección a la 

población agrícola y a la obtención de importantes derechos en la administración de la seguridad 

social, llegaran a buen puerto. Por su parte, los sindicatos vieron también parcialmente realizado 

su vieja aspiración al control obrero de la seguridad social. Aunque organizado fuera del Estado 

francés, el siste ma d e seguridad so cial estaba muy estrechamente vinc ulado a las realidades 

políticas francesas. Por el contrario, el  sistema británico estaba efectivamente localizado dentro 

del Estado británico. Estos dos ejemplos nos per miten ver como se fu e  institucionalizando de 

forma muy diferente el sistema de seguridad social, sin emb argo ambos Estados encontraron los 

métodos que les perm itieron fundamentar la seguridad s ocial como una act ividad propia del 

Estado del bienestar.97 

El E stado de Bienestar se i nstitucionalizó en la E uropa Occ idental de l a s egunda 

posguerra, al producirse un rápido crecimiento de las políticas y programas sociales en muchos 

de los países. Este desarrollo estuvo asociado con un largo ciclo de expansión económica y con 

el é xito que lo s países beligerantes exhibieron e n l os procesos d e re construcción y p osterior 

progreso de sus aparatos productivos, tecnológicos e institucionales.  

 Países co mo Ale mania, Fra ncia e  Italia basaron su  recuperación y desarrollo en el 

impulso dado por dos fuerzas motrices: la ayuda estadounidense y la integración económica. La 

ayuda de lo s Estado s Un idos, en tre 1 945 y 1954, fu e decisiva. La ay uda tot al d e o rigen 

norteamericano a los países Europeos fue de 34.2 miles de millones de dólares. Una gran porción 

de esa ayuda se concentró en Alemania, el país más afectado por la guerra y que sus fronteras 

geográficas colindaban con países del bloque socialista.98  

                                                 
97 Ibíd., pp. 341-342. 
98 Kusnir, Liliana. Op. Cit., pp.41-42. 



 

 

101
 Se han d ado do s v ertientes p rincipalmente qu e h an cont ribuido a con formar e 

institucionalizar e l concept o del Estado del bienestar. U na prim era vertiente proviene de la 

economía y tie ne c omo principales e xponentes al keynesianismo d e los años t reinta y a  los 

ensayos que en tre las dos guerras y, con más vigor, en la segund a posguerra, asumen el rol  de 

una verdadera d isciplina de nominada ec onomía de bienestar99. Una  segunda vertiente, c on 

raíces m ás bien políticas, se asoci a a los informes, que ya hem os re visado m ás arriba, que 

William Beveridge, presentó al gobierno inglés, exponiendo las bases de la seguridad social en 

una sociedad libre. Estos documentos son muy reconocidos puesto que, desde un plano práctico, 

prepararon el  terreno  par a el di seño d e las políticas sociales d espués de la segund a gu erra 

mundial. 

Entre 1890 y  1950 aproximadamente, fueron las restricciones políticas e institucionales 

las q ue def inieron el curso de las  trasformaciones de los  Estados d el bi enestar, el ra sgo 

diferencial de l a nueva sit uación consistió e n que los Est ados empezaron a intervenir m ás 

libremente en las relaciones de mercado. En 1950 las estruct uras institucionales del Estado del 

bienestar estaban ya sólidamente instaladas. La institucionalización de los Estados del bienestar 

había sido u n pr oducto inevitable de las r eacciones po líticas a lo s g raves tr astornos y 

perturbaciones sociales del período de e ntre guerras; como resultado a esta institucionalización 

se iba a dar una prosperidad y crecimiento inesperados que iban a producirse durante los treinta 

años siguientes. El futuro político del Estado del bienestar había quedado asegurado. Gracias a la 

                                                 
99 Seg ún O scar  Lang e, “ la Economía del bien estar se o cupa d e las condiciones q ue deter minan e l bien estar 
económico tot al de u na co munidad”. A partir de este ob jetivo exi ste u na co nstante b úsqueda de los r equisitos, 
restricciones y condiciones de bienestar económico. Esta corriente de pensamiento económico representó  un punto 
de partida para ligar el bienestar con la  asignación de los recursos y con patrones de desarrollo económico. Lange, 
Oscar. “Los Fundamentos de la E conomía del Bienestar”, en: Arrow, Kenneth J. y Tibor Scitovsky. La Economía 
del Bienestar, Vol. I, México, FCE, 1974, pp.39.   



 

 

102
prosperidad, la s re alidades p olíticas no experimentaron gr andes variaciones e ntre 1 950 y  

1970, aproximadamente.100 

La construcción del Estado asistencial, después de la segunda guerra mundial, supuso una 

rearticulación de gran alcance de las relaciones Estado-mercado que fue la base del desarrollo de 

los años cincuenta a los setenta. La expansión de las economías nacionales de la posguerra lleva 

consigo el desarrollo de la gran industria que consolida el fordismo como forma de organización 

del trabajo posibilitando la consecución de los objetivos de pleno empleo.  

Los Estados del bienestar como una construcción institucional histórica. Su consolidación 

fue fru to de un a fó rmula –so cialdemócrata o reformista- segú n la c ual se podí an alcanzar lo s 

objetivos de una so ciedad ju sta a p artir de una int ervención púb lica en  el mar co d e un  

capitalismo e n e volución. L os Est ados del bienestar han si do un elemento in tegral de las 

sociedades y establecieron lazos orgánicos con la producción, la reproducción y el consumo. Han 

sido un ele mento esencial pa ra el denominado modelo fordista de pro ducción in dustrial. El 

crecimiento económico estaba sustentado por el consumo de masas de determinados productos. 

Su p roducción seguía una organización de l trabajo basada  en la  uti lización masiva del  factor 

trabajo. Se requerían muchas personas trabajando en las cadenas de producción. Los Estados del 

bienestar posibilitan, e n aq uellos m omentos, que se consum a to do aqu ello que se produce, 

cerrando e l c iclo de tr abajo-producción-consumo y  re inversión. Los p rogramas de los E stados 

asistenciales pro movían el estilo  de vida del trabajador pro totipo con las c ompensaciones y 

garantías para sustentar la reproducción de la familia nuclear tradicional. 

El Estado del bienestar ha sido el resultado de un compromiso entre clases sobre la base 

del crecimiento económico. El capitalismo es un modo de vertebrar las relaciones de intercambio 
                                                 
100 Ashford, Douglas E. Op. Cit., pp.343-344. 



 

 

103
social entre los hom bres, de ase gurar s us s ubordinaciones civ iles y , e n gran  medida, sus 

lealtades pol íticas. Los Est ados de l bienestar f ueron posibles a partir de c onvertir a todos l os 

ciudadanos e n consumidores, p ero la  plena o cupación se  co nsigue úni camente si  se  crean la s 

oportunas necesidades de consumo.  

La lógica de los Estados del bienestar es l a de poder cubrir dos objetivos a la vez: de un 

lado gara ntizar un c ontinuo c recimiento ec onómico a tr avés de potenciar el in cremento d e 

consumo, y de otro, establecer una garantía de mínimos de protección social a toda la población. 

Para su an álisis podemos d estacar algun as c aracterísticas que nos permiten ace rcarnos a su 

comprensión: 

a) Un consenso o pacto social entre gobierno, trabajadores y empresarios.  Unos acuerdos a 
partir de l os c uales se  co nfigura u n f uncionamiento distinto de las instituciones del 
Estado p ara la gobernabili dad de la sociedad. Se oto rgan al  Estado  d eterminados 
funciones inte rvencionistas ta nto en la esf era económica com o en la  esfera social o 
privada, la  cua l s ignifica es tablecer un m odelo económico en el que el Estado a sume 
determinadas prestaciones o  servicios que se su fragan v ía la  recaudación de impuestos. 
La re presentación no vendrá sól o de los partidos pol íticos sino t ambién por otras 
organizaciones, básicamente los sindicatos y patronales. 

 
b) La in tervención es tatal en la economía configura un m odelo de ec onomía m ixta. El 

Estado no sólo regu la l a economía sino que a demás, es t itular d e em presas en 
determinados sec tores de la  pr oducción. A tra vés de l gasto público, e l objetivo será 
intentar conseguir y mantener los niveles de plena ocupación de los factores productivos, 
con tal de garantizar un proceso de crecimiento continuo. Se da pues la coexistencia de 
empresas de propiedad pública y de empresas de propiedad privada. Un efecto directo de 
ello sobre el m ercado de trabajo es la  creación de un número importante de puestos de  
trabajo vinculados a la administración pública. 

 
c) Las políticas económicas keynesianas, que tienen como objetivo incrementar la demanda 

efectiva de la población, comportan a su vez la universalización de la protección social. 
Por medio de  la  pr ovisión p ública de dete rminados se rvicios (s anidad, educación, 
vivienda o servicios asistenciales) el  Estado tiene como f inalidad mantener un nivel de 
vida mínimo para el c onjunto de  la  p oblación, ya no e ntendido como caridad p ública 



 

 

104
como en sig los ante riores sino co mo un derecho social. Esta universalización de l a 
política s ocial ha brá d e re percutir en la r edistribución de  la r iqueza y e n u na 
generalización de mejoras en la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. 

 
d) Esta e xtensión de  l os d erechos s ociales abrió la se nda h acia la plena ciu dadanía: el 

conjunto de  la  población mayor de edad, h ombres y  mujeres. Tie nen rec onocidos los 
derechos civiles, políticos y sociales, un paso importante hacia la democratización de las 
sociedades.101 

 

Lo que denominamos “Estado d el b ienestar” corresponde a una forma de o rganizar la 

vida social –política y económica- en las democracias capitalistas, después de la segunda guerra 

mundial. Este modelo que hoy conocemos de Estado coordinador, impulsor y empresario directo 

de m últiples ac tividades y servicios es fr uto de la e volución d el capitalismo. El  E stado del 

bienestar es un modelo sociopolítico y económico, fruto de las trasformaciones que se habían ido 

produciendo en las diversas esferas de la vida social. De a cuerdo con Luhmann la “lógica del 

Estado de l bie nestar” sólo pue de ser c omprendida mediante el pri ncipio d e compensación. Se 

trata de la compensación de aquellas desventajas que recaen sobre cada cual como consecuencia 

de un determinado sistema de vida.102 

 En la base de la lógica del Estado del Bienestar se entiende que la solidaridad social es la 

justicia definida en términos de ne cesidad. Al margen del nacimiento, el mérito o la valía, todo 

ciudadano en una situación de necesidad tiene derecho a recibir ayuda de la comunidad. Una vez 

que todos s on considerados c omo potencialmente necesitados, la  de pendencia cesa de ser la 

maldición de un  grupo en p articular y no queda estigmatizada; la asistencia se trasforma de un 

regalo en un derecho. 

                                                 
101 Montagut, Op.Cit., pp.47-48. 
102 Luhmann, Niklas. Teoría Política en el Estado de Bienestar, Madrid, Alianza, 1997, pp.32. 



 

 

105
 Si la solidaridad ha de ponerse de manifiesto en la política social, todos pueden verse 

potencialmente afectados como receptores y como donantes. Al beneficiar en principio a todos, 

el bie nestar solidario no puede s er e xclusivo de  un grupo e n particular. Su im plícita 

universalidad constituye su premisa básica: que nadie puede estar seguro de poder depender de sí 

mismo, y que la solidaridad contribuye al bien último de cada uno. 

 Cada Estado del bienest ar ha utilizado métodos distintos para introducir los obj etivos de 

igualdad y de justicia social en  sus estru cturas institucionales y políticas. No existió nunca una 

concepción unitaria de cómo conseguir realizar justicia social y tampoco el Estado del bienestar 

no fue únicamente un producto de las fuerzas del mercado. Es probable que el Estado protector 

sea el resultado de la búsqueda institucionalizada, de la experimentación y de la acumulación de 

acontecimientos en el marco democrático de cada uno de los países. Tanto en un sentido político 

amplio como en el de l a elaboración de las diversas políticas sectoriales, no puede dec irse que 

haya habido nunca objetivos fijos. Si hubieran existido tales rigideces no habría sido posible el 

despliegue de las capacidades institucionales y de decisión que se produjo con la aparición del 

Estado del bienestar. 

 Al aplicar los instrumentos de cob ertura social a un  número ca da vez mayor d e 

ciudadanos, y a una variedad de riesgos y desgracias, el Estado del bienestar moderno desarrolló 

decisivamente en la sociedad la capacidad de tratar a todos sus miembros de manera igualitaria, 

Sin embargo, lo hizo, no tanto redistribuyendo la riqueza, sino más bien los costes del riesgo y el 

infortunio. En cuanto se comparten los riesgos, el individuo ya no afronta la incertidumbre solo, 

sino como parte de un grupo más amplio. La novedad que la seguridad social incorporó consistió 

en extender este modo de enfrentarse colectivamente al riesgo de un pequeño círculo, a un grupo 



 

 

106
mucho m ayor –posiblemente la s ociedad e n su t otalidad- e  incluso, por m edio de las 

trasferencias intergeneracionales, a  los que aún no han nacido. La redistribución del infortunio 

no se realiz ó priv adamente, sino  po r l a so ciedad c omo un todo  y  d e acuerdo  c on niveles d e 

igualdad c omúnmente aceptados. Preocupaciones que habían s ido i ndividuales pasaron a  se r 

políticas. Lo que s ucedía en caso de enfermedad, inval idez, vejez, desempleo o paternidad era 

ahora decidido segú n lo s crit erios d e ju sticia acordados. La se guridad s ocial suministró los 

instrumentos con q ue re distribuir y moderar lo s efectos pr oducidos por los des astres tanto 

naturales como cau sados por la mano d el h ombre. El he cho ca racterístico de  los  Estados de l 

bienestar más desarrollados, consistente en compartir de forma global todo tipo de riesgos, hizo 

posible la igualdad, no sólo en el sentido formal de los derechos cívicos y políticos, sino también 

en los términos prácticos de un mínimo de protección común.103  

 Las normas, convenciones y prácticas de la justicia que gobernaban la interacción formal 

entre los miembros de la sociedad y establecían los términos en que se concebía la  ciudadanía 

fueron gradualmente extendidos hasta abarcar también cuestiones muy personales e individuales 

relativas a l riesgo y la  desgracia. Las re laciones entre los ciudadanos, ant es regulad as e n un 

sentido esencialmente cívico y político, resultaron alteradas en consecuencia. Como productores 

y m iembros de distintas c lases, los in dividuos se guían s iendo t ratados de sigualmente por el 

mercado y las  jera rquías hereditarias, Pe ro c omo cria turas expu estas al  riesgo, e staban e n 

posición de igualdad. La condición de miembros comunitarios de pleno derecho estaba abierta a 

todos los ciudadanos, no sólo co mo deposi tarios de derechos cívicos o partici pantes políticos, 

sino c omo in dividuos gol peados por el infortunio o i nquietados por la inse guridad. Con el 

desarrollo del Estado del bi enestar, la sociedad me joró considerablemente en su  capacidad de 
                                                 
103 Montagut, Op. Cit., pp.57-58. 



 

 

107
decidir a utónomamente sus normas de asociación s in prestar atención a  los dictados d e l a 

naturaleza, el destino o la circunstancia.  

 La segu ridad so cial redi stribuye directamente en  térm inos d e riesgo. Lo s n ecesitados 

buscan solidaridad y los autosuficientes tratan de evitar cargas extras. El c onsenso que se forjó 

en torno  a la políti ca estatal de bienestar durante l os años inm ediatamente post eriores a la 

segunda guerra m undial pu ede ser ent endido como el resultado de un sentido d e sol idaridad 

social intensificado por la creencia de que entre riesgo y clase existe sólo una correlación parcial, 

de que todos pueden potencialmente beneficiarse de la redistribución y que incluso la burguesía 

tiene mucho que ganar en un Estado del bienestar correctamente desarrollado. El int erés de las 

clases m edias en l os esfuerzos del Estado re sulta perfect amente e ntendible. Las políticas 

solidarias han pasado a ser legítimas, no controvertidas y aceptadas sólo en la medida en que se 

las ha considerado un derecho en vez de un acto de caridad o  altruismo. Éste es el concepto de 

ciudadanía social. En términos de cálculos de riesgo y fortuna, la segu ridad social trata a todos 

de forma equi valente, sin te ner en c uenta la s uerte, e l destino, l os genes o l a posición. L os 

efectos de la incertidumbre son esparcidos equilibradamente a lo la rgo y ancho de un fondo de 

igualación global.104  

 Al existir una responsabilidad pública, colectiva, del bienestar social de toda la población, 

las dificultades económicas y  sociales de una gran parte de la ciudadanía se  canalizan hacia e l 

Estado en busca de más prestaciones o servicios. Los desheredados sociales tenían obviamente el 

máximo in terés en la política so cial. La so lidaridad beneficia a lo s d esafortunados. Si se  

combinan categoría de rie sgo y grupo s ocial, la cla se más u niformemente e mpobrecida y 

propensa al ries go es la  que más fervientemente desea y, dadas las condiciones adecuadas, más 
                                                 
104 Ibíd., pp.60-61. 



 

 

108
sólidamente presiona a favor de la solidaridad. Las bases sociales de la reforma redistributiva 

son los grupos que tienen mucho que ganar, la clase obrera de modo más inmediato. El éxito del 

Estado de bienestar y el interés en su capacidad para redistribuir el riesgo  han ido de la mano. Si 

tuviésemos en c uenta to dos lo s tipos de tra nsferencia pública (s ubsidios a grarios, a yudas a la 

educación, et c.), e l interés de la s cl ases med ias en los e sfuerzos d el Estado re sultaría 

perfectamente entendible.105 

 La c onversión de la solidaridad en un derecho h a perm itido qu e las clases medias lo 

incorporaran como uno más de los suyos. A medida que los intereses de la burguesía se anclaban 

con más firmeza en la política social, más fuerte y sólido ha sido su apoyo político. El secreto del 

éxito de los Estados de bienestar escandinavos radicó en su c apacidad para proveer a las clases 

medias tan ef icazmente com o a los tra bajadores. En Gr an Bretaña, el nuevo pl anteamiento 

universalista e ig ualitario de la política social de Beveridge descansaba en su atractivo para las 

clases au todependientes, anteriormente excluidas d e las ayudas estat ales. La  segurid ad soc ial 

redistribuye dire ctamente e n términos de ries go. L os ne cesitados b uscan s olidaridad, los 

autosuficientes tratan de evitar cargas extras. La necesidad definida a través de los riesgos que la 

política so cial a fronta, aflige casi a t odas la s c lases. Tod as pu eden po tencialmente de tectar 

intereses en el hecho de compartir las cargas por medio de la seguridad social.106 

El primero de los temas que suministró una estimación de la solidaridad y la ciudadanía 

social fue el de la universalidad. El universalismo (si todos los ciudadanos eran o no incluidos en 

la política de bienestar en l os mismos térm inos, al m argen de las dist inciones ent re clase, 

ingresos o estatus que les separaban) fue considerado por los ref ormadores como el sello de la 

                                                 
105 Baldwin, Peter. Op. Cit, pp.58-59.  
106 Ibíd., pp.60-61. 



 

 

109
legislación solid aria. Cuanto mayor era  el fondo  co mún d e riesgo, m ás se acercab a a la 

universalidad, más claro era el conocimiento de lo que cada grupo ganaba o perdía, más posible 

era la  ju sticia. Si  todos e ran incluidos, con l as ca rgas muy  bien rep artidas, n adie sería 

abandonado, ni nad ie tan af ortunado como para elu dir su  cuo ta. El un iversalismo i mplicaba 

igualdad de tratamiento a pesar de las desigualdades sociales. Prometía disolver el estigma de las 

medidas s ólo para l os pobres. Pe rmitía una redistribución de las c argas e ntre los  grupos 

distintamente fa vorecidos por lo s c aprichos d e la  f ortuna. Crea ba una  s olidaridad c omún, 

inculcando tanto en el rico como en el pobre un interés por el Estado del bienestar. Encarnaba los 

valores de lo que pensaba iba a ser una nueva era política. Ayudó a crear una igualdad de estatus 

definido por un nivel por debajo del cual los desequilibrios sociales ya no serían tolerados.107  

 Gosta Esping-Andersen, establece una tipología que proporciona una nueva clasificación 

intentando incorporar aspectos históricos y sociológicos. Para este autor, el Estado del bienestar 

no puede s er e ntendido si s ólo se  estudian l os de rechos que  concede. De ben considerarse, 

también, cómo se interrelacionan las actividades del Estado y del mercado y cuál es el papel de 

las familias en l a provisión del bi enestar. La  e stratificación s ocial e s pa rte y parcela de  l os 

Estados del bienestar. Esto es, la política social se dirige a los problemas de estratificación, pero 

también los produce. Ello quiere decir que, si bien un determinado diseño de las políticas es fruto 

de una estructura de poderes anteriores, a su vez, esas mismas políticas soc iales están 

determinando una estratificación social futura, en función de si inciden o no en las causas de las 

desigualdades.  

 Basándose principalmente en tres factores: el tipo de movilizaciones de clase -especialmente 

de la clase trabajadora-; l as e structuras de coalicion es po líticas – en particular de l as clases 
                                                 
107 Ibíd., pp.93. 



 

 

110
medias y la población agrícola-; y finalmente, el legado histórico de institucionalización nos 

habla de tres mundos di stintos de capitalismo d e bienestar. La  e structura y la resolución de 

problemas c lave en l as so ciedades ind ustrializadas tales c omo la estrati ficación soc ial, lo s 

derechos sociales, la distribución de los recursos, la  vida de t rabajo y la ev olución del empleo 

evidencian la distinción de tres modelos de capitalismo de bienestar, que él denomina: el libera, 

el corporativo o conservador y el socialdemócrata: 

I. El modelo liberal se c orresponde con el de un conjunto de países fuertemente influidos 
por el li beralismo ec onómico y con u n gra do de confianza importante e n l os 
mecanismos d e mercado. En  e stos países p redominan l as ay udas a  aq uellos 
individuos que se c omprueba que n o tienen m edios, resultando unas m odestas o 
débiles trasferencias de subsidios y planes de s eguros sociales. En es te m undo el 
Estado estimula el mercado a ctiva y pasivamente. De  una  manera a ctiva s e 
subvencionan planes privados d e prot ección y d e se guros; p ero t ambién se e stá 
potenciando el m ercado indirectamente, que al garantizar só lo un m ínimo a la  
población, los individuos con más recursos recurren a l mercado para complementar 
su p rotección. Como c onsecuencia de esta org anización e ncontramos una  cl ara 
dualización, entre un sector que comparte una relativa igualdad en la pobreza, que son 
los beneficiarios de la  protección social y ot ro sector de la po blación con re lativo 
bienestar so cial. Lo s países que están  en  este g rupo so n, básicamente: Esta dos 
Unidos, Canadá y Australia. 
 

II. En los países del modelo corporativo o conservador, como en Austria y  Francia, no ha 
existido la obsesión liberal por la eficacia del mercado y la concesión de los derechos 
sociales se ha visto como una evolución del capitalismo. Predomina una diferencia en 
los grados de protección social. Los derechos sociales han sido vinculados a la clase y 
al estatus social. Es necesaria una vinculación laboral normal para tener derecho a la 
protección. El corp orativismo despl azó, de alguna ma nera, al me rcado c omo 
proveedor del bienestar social. Cada individuo debe ganarse e l derecho al bie nestar 
social y el q ue n o lo c onsigue es de splazado a una red subsidiaria: la  familia. En 
general, el  ré gimen c orporativista está también fuertemente comprometido con la 
familia t radicional. F unciona e l principio de  subsidiaridad que  re presenta que e l 
Estado sólo interviene cuando se acab a la capacidad de la fa milia para atender a sus 
miembros. 

 



 

 

111
III. El modelo socialdemócrata agrupa a quellos p aíses e n los cua les e l principio de 

universalización de las prestaciones se h a ex tendido a toda la población. El sistema  
universal de provisión social dota uniformemente a todos los ciudadanos del mismo 
derecho a disfrutar de transferencias y servicios. El papel central del Estado tiene un 
doble efecto: ha creado ocupación al prestar asistencia y servicios sociales a través de 
instituciones públicas. Se d a un a fusión entre bienestar y  trab ajo, y a qu e se  c rean 
lugares d e trabajo –ocupados mayoritariamente por m ujeres- y se trata d e servicios 
que permiten hacer compatible el tr abajo remunerado y el doméstico. La política de 
emancipación se ha dirigido tanto al mercado como a la familia tradicional, ya que se 
han s ocializado de f orma priori taria los c ostes de la f amilia. En es tos pa íses se h a 
promovido una igualdad en los niveles más elevados en lugar de una igualdad en las 
necesidades m ínimas, c omo ha o currido en otros lugares. Este mo delo es 
característico de los países escandinavos, en especial Suecia.108 

 
 

 Este en foque p ermite entender que l os diferentes mo delos de política so cial llevados a  

cabo en lo s Estados del b ienestar no só lo son un a c onsecuencia de determinadas t rayectorias 

históricas sino que, a su vez, las producen o reproducen. Cada modo de organizar la protección 

social t iene distintos efectos sobre las realidades sociales en  las que intervienen. Así, se  puede 

decir que el modelo conservador o corporativo provoca una sociedad fuertemente estratificada, y 

el modelo socialdemócrata ha logrado reducciones importantes en los niveles de desigualdad.  

 Debemos ampliar el núm ero de modelos aportados por Esping-Andersen,  identificando 

al menos, otro gran  grup o de p aíses. Ace ptando lo s tr es g rupos anterio res, el cuarto de lo s 

mundos del Estado del bienestar co rrespondería a lo s paí ses del área m editerránea. Grecia, 

España, I talia y Portugal presentan rasgos c omunes e n s u desarrollo y , a  s u vez, ba stantes 

diferencias con lo s otros m odelos anteriormente analizado s. Los Estados del bienestar 

meridionales comparten características y  un a génesis común. Algunos d e lo s ingredientes 

relevantes de la peculiaridad de los países del área mediterránea son una industrialización tardía, 
                                                 
108 E sping-Andersen, Gosta. The Three Worlds of Welfare Capitalism, Ne w J ersey, P rinceton University Press , 
1990, pp.10-27. 



 

 

112
la persistencia de m uchas á reas a trasadas y de marcados d ualismos ec onómicos, la  gran 

disparidad de sus estru cturas ocupacionales, largo s p eríodos de au toritarismo, l a fuerza d e la 

Iglesia católica, el ba jo “estatismo”, (desconfianza ha cia la adm inistración del Esta do y  baja  

profesionalización d e la b urocracia púb lica), el rad icalismo de i zquierdas y  los antagonismos 

entre subculturas. A pesar de que los cuatro países se han diferenciado entre sí, y todavía hoy 

difieren si gnificativamente en la  m anera y la ve locidad co n qu e se ha n desarrollado, h ay 

suficientes afinidades como para hablar de la configuración de un grupo distintivo.109 

 El Estado de l b ienestar del  sur de Europa se caracteriza por u n m odo p eculiar de 

funcionamiento político que lo distingue no  sólo de l os más homogéneos, uniformes y 

universalistas Est ados del bienestar del norte, sino tam bién de lo s m ás fragm entados y 

corporativos sistemas continentales. El p articularismo meridional toma con frecuencia la forma 

de corrupc ión política (por  ej emplo, favores i legales a ca mbio de sobornos pr ivados) como 

testimonio la aparición periódica de escándalos en los cuatro países. De manera más sistemática 

y típica, empero, la manipulación del bienestar toma la forma de c lientelismo político, es decir, 

de favores concedidos a cambio del apoyo a una organización pública, generalmente votos para 

un partido político. La prese ncia de re des clientelistas arti culadas así co mo una con cepción 

patrimonialista del Estado, han sido y todavía son, rasgos estru cturales de los sistemas políticos 

español, gr iego y p ortugués, y sin duda, han afectado al desarrollo institucional y  el modo de 

                                                 
109 Es de destacar que los Estados del Bienestar de la Europa del Sur se condujeron hacia un orden político liberal 
democrático mucho más s ólido y  duradero por el agot amiento de la legiti mación pa trimonial desp ótica y 
reaccionaria del poder  a t ravés d e la pro pia i deología fascista y  p or lo s c ambios en la es tructura misma de la  
economía desarrollista producida por la misma política de l as dictaduras. El m odo de hundimiento de cad a una de 
las dictaduras reaccionarias varió de país a país, no hay un único modo de transición a l pluralismo parlamentario 
neocapitalista y de Estado  asistencial. Giner, Sal vador. “ La Modern ización de l a Europa Meridional: Una  
Interpretación Soci ológica”. En: El Estado del Bienestar en la Europa del Sur, Seba stiá Saras a Y Lui s  Moreno 
(Compiladores). Madrid, Co nsejo Superior  de I nvestigaciones Cientí ficas/Ministerio  de Asuntos S ociales, 19 95, 
pp.45-55. 



 

 

113
funcionar del Estado del Bienestar. La expansión de las prestaciones de bienestar ha jugado 

un p apel d estacado en su avizar la transición d esde el autoritarismos a la d emocracia d esde 

mediados de lo s años set enta y  en  consolidar l as raí ces electorales de lo s nu evos par tidos, 

incluyendo a lo s so cialistas. Y esta exten sión ha originado c ircuitos particularistas de 

distribución, o  ha red efinido a lgunos ya preexistentes, especialmente, co mo en  Italia, en  á reas 

rurales y poco desarrolladas. Los derechos al bienestar no están arraigados en una cultura política 

abierta y universalista. Más bien reposan en una cultura cerrada y parti cularista imbuida por la 

lógica d e l as relaciones patrón-cliente qu e han sido una con stante hi stórica en esta parte d e 

Europa.110   

 Las aportaciones más recientes, han contribuido significativamente a la com prensión de 

las diferencias entre Estados del bienestar a partir de la formulación de un es quema sistemático 

para el  análisis comparativo de  los sistemas de protección social del Estado. Como ocurre con  

otras categorías, no  existe u na d efinición ún ica d e lo que es e l Esta do del bienestar. Su  

denominación se ñala una vocación s ocial de las políticas p úblicas, c omo una  p rimera 

aproximación, vocación en la que destacan aspectos institucionales formales, la inclusión en este 

caso de leyes, sistemas, programas, beneficios y servicios que aseguren necesidades sociales; un 

concepto amplio de seguridad social cuya responsabilidad recae mayormente en los gobiernos.  

El Estado del bienestar estableció como una de sus metas la búsqueda de un empleo y un 

ingreso adecuado por el trabajo; l a n ecesidad de  sa tisfacer al m áximo los riesgos s ociales 

vinculados o no al tr abajo ( desempleo, sa lud, e nfermedad, incapacidad, vej ez, e ntre otra s); la 

                                                 
110 Ferrera, Mauricio. “Los Estados del Bienestar del Sur en  la Europa Social”. En: El Estado del Bienestar en la 
Europa del Sur, Sebastiá S arasa Y L uis  Moreno ( Compiladores). Ma drid, Con sejo Superior de I nvestigaciones 
Científicas/Ministerio  de Asuntos Sociales, 1995, pp.97-109. 
 



 

 

114
búsqueda de una igualdad de oportunidades, que favorezca la mejor distribución del ingreso 

y la riqueza; la consideración de sectores específicos de la población que están al margen de las 

redes formales o  i nstitucionales, e vitando así que queden excluidos de la at ención de s us 

necesidades vitales; el res paldo al f uncionamiento estable y  d emocrático del  orden social y 

político de los países a través de estas políticas públicas.  

El d esarrollo de los E stado del bie nestar fue un acto em inentemente político. A unque 

muchas de su s c onsecuencias políticas fueron imprevisibles. Los Est ados del bienestar han 

seguido diferentes caminos porque las democracias no tenían unas perspectivas y unos objetivos 

bien delimitados. Cada democracia construyó sus propios conceptos y puso en práctica formas 

diversas para reconciliar los objetivos abstractos de la justicia y la igualdad social con el sistema 

democrático. Aun así, las tendencias de los cambios siguieron la misma senda y comportaron las 

mismas t rasformaciones. Esto  es que en, lo  general, los Estados del bienestar t erminaron 

estableciendo prácticamente las mismas bases de política y seguridad social. 

El Estado del Bienestar se constituye en un Estado Social de Derecho al compatibilizar en 

un mismo sistem a do s elementos: uno, e l capitalismo co mo form a de p roducción, y otro, la 

consecución de u n bienestar s ocial general. La  creencia en la p osibilidad de q ue desde e l 

capitalismo pu ede llegarse a un bienestar social general (y universal), constituye l a base de 

apoyo del Estado del Bienestar. El calificativo social del Estado de derecho hace referencia a la 

corrección del individualismo clásico liberal a través de una afirmación de los llamados derechos 

sociales y de una realización de o bjetivos de justicia social. Al la do de lo s derechos de libertad 



 

 

115
aparecen los d erechos so ciales. Y p aralelamente actúa como  meta l a consecución de un 

bienestar soc ial que  c onfigura precisamente al Estado  soc ial de Derecho co mo Estado  del 

Bienestar.111 

Los Estados d el bienestar fueron cubriendo el doble obje tivo que los caracteriza: e l de  

garantizar, de un lado, la esta bilidad y e l cre cimiento ec onómico y, del ot ro, u nos ni veles de 

protección a toda la población. Establecieron la base institucional y los canales de representación 

de lo s derechos sociales y con ello  contribuyeron de forma fundamental a l a consolidación de 

una ciudadanía social. Lo s derechos so ciales, lo s d erechos por reivindicar un  cierto n ivel d e 

ingreso y de acceso a la salud y los servicios sociales, se han convertido en parte distintiva de la 

modernidad occidental. El hecho de que se los haya establecido como derechos los aparta de las 

antiguas tradiciones de carida d, según las c uales se distrib uían a lo s pobres cuando los ricos lo 

consideraban adecuado. 

 El Estado del bienestar moderno tuvo un importante antecedente en el decenio de 1880, 

en Alemania. Surgió como una respuesta estatal a los riesgos sociales y los retos políticos de una 

sociedad de clases capi talista in dustrial. Cuando estalló la pri mera guerra mu ndial, s us 

instituciones clave ya estaban establecidas. Las alternativas primero se centraron en torno a los 

derechos de jubilación. La variante iniciada en  Alemania y Austria, ligó los derechos públicos 

estrechamente a l tra bajo. La  re lación del Estado c on la clase trabajadora industrial, con s u 

movimiento e n aug e y c on lo s e mpleados de  c uello b lanco e ran p reocupaciones políticas 

centrales en este caso. 

 La alte rnativa anglo-escandinava donde primero se desplegó f ue en Di namarca en e l 

decenio de 1890. En este país, las pensiones estaban vinculadas primordialmente a la edad y al 
                                                 
111 Díaz, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid, Taurus, 1998, pp.102-129. 



 

 

116
ingreso o la riqueza. Las personas ancianas de escasos medios tenían derecho a una pensión. 

En Dinamarca, originalmente consistió en una ayuda a la vejez administrada municipalmente, sin 

el estigma de la caridad a los ancianos pobres. En Inglaterra, se convirtió inmediatamente en un 

sistema de  pensiones en funcionamiento, sin medios de contribución en  1908, mientras que  e l 

parlamento su eco al final con sideró qu e la propuesta orig inal d e ex cluir a las p ersonas 

acomodadas era innecesariamente complicada, y en 1913 introdujo por ausencia de alternativas 

un plan de pensiones contribuyentes universales. Pero y a antes, en  188 4, el líder d el Part ido 

Yeoman Sueco c onsiguió que el parlamento a gregara a la dire ctiva de l a I nvestigación de  

Seguros de lo s Trab ajadores, que estaba por inaugurarse, a la clase obrera. El  Co mité de 

Investigación hizo entonces un análisis de clase de Suecia y llegó a la conclusión, en 1888, de 

que la gran mayoría de la población eran trabajadores o personas iguales a ellos. Desde entonces, 

la idea de una am plia ex tensión de títulos so ciales no  ha ab andonado nunca el centro de la 

política sueca.112 

 El movimiento laboral fue decisivo como reto político para el desarrollo de la seguridad 

social pública. La i niciativa alemana se t omó a la s ombra de  la  Comuna de Par ís, cuando los 

derechos soc iales de  ing reso se  pusie ron en l a agenda política. No  obst ante, el  pun to de vista 

laboral ha tenido una influencia sólo dentro de los parámetros establecidos por fuerzas político-

económicas más fuertes. 

 En el Informe Beveridge de 1942 se fusionaron tres tradiciones, la de los ilustrados que 

superaron el intento de la Ley de Pobres, descrita en el capítulo anterior, representada sobre todo 

por el propio Beveridge, la pe rspectiva de  clase obrera de derechos cl aros y unif ormes, y la 

                                                 
112 Therbon, Göran. Europa hacia el Siglo Veintiuno. Especificidad y Futuro de la Modernidad Europea, México, 
Siglo XXI/UNAM, 1999, pp.90-92.  



 

 

117
solidaridad nacional dur ante la  gue rra. El Inf orme Beveridge fue, por s upuesto, el 

antecedente de la ciudadanía social de Thomas H. Marshall.  

 A pesar del prestigio en la posguerra de una Inglaterra no derrotada en general, y de la 

influencia del Part ido laborist a británico en particular, entre gente d e i zquierda-centro, la  

influencia de Beveridge se reflejó lentamente en occidente en la creación de nuevos sistemas de 

derechos sociales. Sin embargo, aproximadamente a partir de 1970 se materializaron importantes 

tendencias hacia la ge neralización y a rmonización de lo s re gímenes es peciales de derechos 

sociales. La expansión del Estado del bienestar no fue solo el producto de la guerra y del acuerdo 

de la po sguerra. Sino  tam bién d e las p ropuestas que en  materia de  d erechos so ciales hic ieron 

principalmente l os pa rtidos socialdemócratas y dem ócratas cris tianos, con mayor fuerza en e l 

contexto de los años sesenta, por ejemplo en Europa.  

 Las tipologías dominantes de Estados del bienestar han permanecido dentro del mundo de 

la OCDE. En una perspectiva sobre derechos sociales y  organización del Estado del b ienestar, 

aparecen tres dimensiones de especial importancia: 

a) Primero, la organización de servicios y trasferencias. Esta variable va desde el suministro 
de bienes y  servicios por parte del Estado a un sistema públicamente regulado y m ás o 
menos púb licamente fin anciado, pero p roporcionado en f orma pr ivada, de seguros y 
servicios. Las tres zonas concretas de más peso pesado de variación en este aspecto son 
educación primaria, atención a la salud y pensiones. La educación y la atención a la salud 
se pu eden organizar como u n ab astecimiento púb lico o c omo un sumin istro en  buena 
medida privado, con algún mínimo público. 

 
b) Una Segunda dimensión es el patrón de los derechos so ciales. Aq uí lo s polo s son , por 

una parte, los derechos universalistas, que autorizan a todos los ciudadanos o residentes a 
servicios sociales y seguridad en el ingreso. La otra alternativa es e l particularismo, con 
un c onjunto de derechos específicos de  grupos oc upacionales y otros grupos s ociales 
especiales, m ás necesitados, como l os pob res y  lo s ind igentes, o qu e l o merecen más,  



 

 

118
como los veteranos de guerra por ejemplo. Aquí, en primer lugar, son los derechos de 
jubilación los que se consideran primero. 

 
c) En Tercero y último, está la dimensión del tamaño o la generosidad de los servicios y de 

las transferencias de ingresos. Con fines prácticos, se puede dividir el tamaño variable en 
tres valores pri ncipales: “ grande”, s ignificando el gasto social ( incluida ed ucación) de  
aproximadamente un tercio del PIB (de más de 30 por ciento), “medio”, alrededor de una 
cuarta parte (entre 20 y 30 por ciento) y “pequeño”, menos de una quinta parte.113 

 

 Uno de  lo s pr incipales te óricos de la ci udadanía s ocial, y  que ha c ontribuido 

significativamente para que los derechos sociales se alcanzaran principalmente durante el siglo 

XX, gracias a la conformación del Estado del bienestar, como garante de los mismos es Thomas 

H. Marshall a quien analizaremos a continuación.  

 

 

THOMAS H. MARSHALL Y LA CIUDADANÍA SOCIAL 

Las conferencias que Tho mas H. Marshall pronunció en Cambridge en 1949, publicadas 

al año siguiente en una edición ampliada, constituyeron una aportación de gran originalidad a las 

teorías y c onceptos sociológicos relacionados con la c lase social, así com o a lo s de bates a 

propósito del Estado del bienestar surgido de la  posguerra. En todos los temas, el concepto de 

ciudadanía formaba el eje argumental. 

La co nstitución te órica d e una ci udadanía s ocial de posguerra c aracterizada por un 

conjunto de derechos sociales se encuentra particularmente desarrollada en la obra de Thomas H. 

Marshall. Este autor postula que existe una clase de igualdad humana básica asociada a la idea de 

pertenencia plena a una comunidad, y con el concepto de ciudadanía, que es consistente con las 

                                                 
113 Ibíd., pp.99-101. 



 

 

119
desigualdades que se distinguen en los niveles económicos de la sociedad. En otras palabras, 

la des igualdad de l s istema de clases sociales p uede ser ac eptable siempre que  la  igualdad d e 

ciudadanía sea rec onocida. Marsh all su pone que la con cepción de iguald ad hu mana que t iene  

como fundamento la pertenencia, se ha enriquecido con una colección formidable de derechos.  

Marshall propone d ividir a la c iudadanía en tres partes y aclara qu e d icha división 

obedece más a criterios de origen histórico que lógico. Estas tres partes o elementos son el civil, 

el político y el  social. El  elemento civil está compuesto de de rechos necesarios para la libertad 

individual: libertad personal, libertad de expresión, de pensamiento y de creencias, el derecho a 

tener propiedad y a efectuar contratos vá lidos y  e l derecho a  la  ju sticia. Es te último es  d e un 

orden diferente al de los otros, porque es el derecho a defender y hacer valer los propios derechos 

en términos de igualdad con otros a través de la ley. Esto nos muestra que las instituciones más 

ligadas a los derechos civiles son las cortes de justicia. El elemento político se refiere al derecho 

a p articipar en el ejercicio d el poder po lítico como miembro de u n organ ismo investido co n 

autoridad pol ítica o c omo elector de l os miembros d e d icho or ganismo. Las instituciones 

correspondientes son: el parlamento y  los consejos de gobierno  locales. Los derechos sociales 

abarcan el derecho a participar plenamente del patrimonio social y de vivir la vida de una forma 

civilizada de acuerdo con los estándares que prevalecen en una sociedad. Las instituciones más 

relacionadas con este e lemento son el sistema educativo y los servicios sociales. En el pasado, 

estos tres e lementos se encontraban m ezclados porque las instituciones estaban am algamadas. 

Conforme se pasa de las sociedades antiguas a las modernas aparecen procesos de diferenciación 

crecientes.114 

                                                 
114 Mar shall, T homas H. “Class, Cit izenship and So cial Dev elopment”, en : Citizenship and Social Class, 
Doubleday and Company, 1964, pp. 71-72. 



 

 

120
 Los derechos sociales que, como se ha dicho, formaban parte de esa misma amalgama 

derivaban d el status social, el que también de terminaba a que tipo d e jus ticia p odía ac ceder 

alguien y si po día to mar parte e n la administración de asun tos c olectivos. Es decir, que e n la 

sociedad feudal el status social era el sello de clase y la medida de la desigualdad. No había una 

colección uniforme de derechos y deberes con los cuales todos los hombres estuvieran dotados, 

en virtud de su p ertenencia a  la  sociedad. No había, en es te sentido, un pr incipio de  igualdad 

ciudadana para oponerla al principio de desigualdad de clases. Aunque llegó a haber ejemplos de 

algún tipo de ci udadanía e n la  Edad Media, é sta e ra es trictamente l ocal y l a historia de la 

ciudadanía que a Marshall le interesa trazar tiene un carácter nacional por definición. 

 Para Marshall los derechos evolucionaron de la siguiente forma: los derechos civiles en el 

siglo XVIII, los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales en el siglo XX. Estos 

periodos deben se r tr atados c on una elasticidad raz onable, da do que hay e ntre e llos un c ruce, 

especialmente entre los dos últimos. E l desarrollo en e l s iglo XVIII de un Estado de d erecho, 

consolidado después de la Revolución Francesa. En un sentido amplio, este siglo estuvo marcado 

por el trabajo de las cortes de justicia en sus labores cotidianas y también por una serie de casos 

famosos en donde se luchó en contra del parlamento y en defensa de la libertad individual. En el 

ámbito económico, el derecho civil fundamental fue e l derecho al trabajo, esto  es e l derecho a 

seguir la oc upación que uno escoge en el lugar que uno elige, sujeto únicamente a la demanda 

legítima de entrenamiento. Est e d erecho ha bía sido negado p or el status y  la  costumbre, s e 

contaba con instrumentos de exclusión (ciertas ocupaciones para ciertas clases sociales) más que 

de re clutamiento. La  hist oria de lo s d erechos civiles en su pe riodo f ormativo f ue la de una 

gradual a dición d e nu evos de rechos a un s tatus que ya existía y q ue fue mantenido para da r 



 

 

121
apertura a  t odos l os a dultos m iembros de l a comunidad. El ca mbio de l a s ervidumbre a l 

trabajo libre y e l t riunfo f inal de una ley c omún, s ignificó, por lo m enos nominalmente, que 

existía una sola le y para todos los hom bres. En  las comunidades, los térm inos “ libertad” y 

“ciudadanía” eran intercambiables. Cuando la libertad se tornó universal, la ciudadanía pasó de 

ser una institución local a una institución nacional.115 

 La historia de los derechos p olíticos es diferente en tie mpo y e n carácter. El p eriodo 

formativo a rrancó en l os in icios del sigl o XI X, c uando los dere chos c iviles, vinculados a  un 

status de libertad, ha bían a dquirido ya  la  suficiente sustancia, pa ra j ustificar q ue se pudiera 

hablar de un  st atus general  de ciudada nía. En el si glo XVI II los derechos políticos era n 

defectuosos, no en contenido pero sí en distribución, con relación a los estándares alcanzados por 

la c iudadanía democrática. El “ Acta de 1832” e n I nglaterra f ue in suficiente, en u n sentido 

puramente cuantitativo, para remediar ese defecto. Después del Acta, el monto de los v otantes 

era menor de u n q uinto de la  p oblación masculina adulta. Sin embargo, el “Acta de 1 832” 

extendió el derecho al sufragio a sectores con cierto poder económico abriendo el monopolio al 

reconocer los reclamos políticos de aquellos que podían producir evidencias de éxito en la batalla 

económica. En e l siglo XIX la c iudadanía en forma de d erechos civiles e ra u niversal, pe ro el 

sufragio universal no era uno de los derechos de la ciudadanía. Este fue el privilegio de algunas 

clases económicas cuyos límites se hacían más amplios en cada Acta de Reforma. Sin embargo, 

se p uede a rgumentar qu e la ciud adanía en este periodo no  era pol íticamente in significante, s e 

consideraba a los individuos aptos para disfrutar de derechos políticos si reunían los requi sitos 

económicos. La s ociedad capitalista del s iglo XIX debía tra tar los derechos políticos como un 

producto secundario de los derechos civiles. En el siglo XX se abordaron los derechos políticos 
                                                 
115 Ibíd., pp.74-83. 



 

 

122
independientemente de la ciudadanía como tal. Este ca mbio t uvo lu gar c on el “ Acta de 

1918”, cuando se adoptó el sufragio masculino, moviendo las bases de los derechos políticos de 

lo económico al statu s personal. La segunda re forma introdujo el su fragio femenino. Pero el 

“Acta d e 1 918” no establ eció to talmente la  ig ualdad política de  to dos en  términ os de lo s 

derechos d e ci udadanía, quedaron re manentes de d esigualdad basados e n dife rencias 

económicas.116  

 El interés princ ipal de Marshall est á en explicar el im pacto de l a c iudadanía sobre la 

desigualdad social, más que en explicar las clases sociales. La ciudadanía es un status otorgado a 

aquellos que son miembros plenos de una comunidad. Todos quienes poseen el status son iguales 

con respecto a los derechos y deberes con lo s cuales lo s dota el st atus. No  existe un principio 

universal que determine lo que aquellos derechos y deberes deben ser, pero en las sociedades en 

las que la ciudadanía es una institución desarrollada, se crea una imagen de un ciudadano ideal. 

La necesidad de alcanzar el modelo aquí trazado es una urgencia hacia una medida más completa 

de igualdad, u n enriquecimiento de los e lementos de l os cuales está hecho el s tatus y un 

incremento en el número de personas sobre quienes es otorgado el status (más derechos, para un 

mayor número de p ersonas).  Las cl ases sociales, por  el  o tro lado , son  un si stema d e 

desigualdad. Al i gual que la  ci udadanía, las c lases pue den bas arse e n un c onjunto de  ide ales, 

creencias y valores. Po r el lo, es ra zonable esperar que e l imp acto de la c iudadanía sobre  las 

clases sociales debería conducir a una forma de conflicto entre principios opuestos. Ahora bien, 

si la ciudadanía se desarrolló en Inglaterra desde finales del siglo XVII, entonces su surgimiento 

coincidió con el ascenso del capitalismo, que no es un sistema de igualdad sino de desigualdad. 

Para Marshall, los derechos no entran en conflicto con la desigualdad de la sociedad capitalista; 
                                                 
116 Ibíd. 



 

 

123
antes bien, estos son necesarios para sostener esta forma particular de desigualdad. Tornan 

menos vulnerable al sistema de c lases a l aliviar sus consecuencias menos defendibles como la 

indigencia.117 

 Marshall trata de estudiar el impacto de los derechos sociales sobre las clases sociales. El 

periodo que Mar shall abo rdó, fu e uno durante e l cual e l crecimiento de la  ciud adanía fue 

sustancial e impresionante, aunque tuvo reducidos efectos directos sobre la desigualdad social. El 

uso de los derechos civiles, que daban poderes legales, fue drásticamente reducido por prejuicios 

de clase y carencia de oportunidades económicas. Por cuanto a los derechos políticos, que daban 

poder potencial, su ejercicio demandaba experiencia, organización y un cambio de ideas respecto 

de las f unciones p ropias del g obierno. Y esto llevaba tiem po pa ra c onsolidarse. L os de rechos 

sociales se desarrollaron mínimamente y no fueron parte de la construcción de la ciudadanía. El 

objetivo común del esfuerzo institucional y voluntario era mitigar la pobreza sin alterar el patrón 

de desigualdad, del que la pobreza era la consecuencia más desagradable. 

 Marshall sostenía que en el siglo XX la ciudadanía y el sistema de clase capitalista habían 

estado en guerra. El sistema de estratificación del status, que es atribuido a la ciudadanía, es un 

elemento alienante del mundo económico. Los derechos sociales en su forma moderna implican 

una invasión de l contrato po r status, la subordinación de los precios del mercado a l a justicia 

social, la reubicación del  libre mercado por  la de claración de derechos. De aquí  que  Marsh all 

concluya q ue el in centivo que opera en e l sis tema de lib re contratación de l m ercado es e l 

incentivo de una ganancia personal, mientras que el incentivo que corresponde a los derechos 

sociales es un deber público. ¿A cuál se está apelando? La respuesta es que a ambos: se requiere 

                                                 
117 Ibíd., pp.84-88. 



 

 

124
que el ciudadano responda a la llamada del deber dejando cierto espacio a la motivación del 

interés individual. Estas paradojas son inherentes al sistema social contemporáneo.118 

Lo que e l autor mostró es  como la  ciudadanía, y otras fuerzas externas a é sta, han ido 

alterando l os m odelos de desigualdad s ocial. Él considera que se deben re conocer sus 

consecuencias en  conjunto sob re la e structura de cl ases. Estas han  sido  indudablemente 

profundas, y puede ser que las desigualdades permitidas, e incluso moldeadas por la ciudadanía, 

no sean distinciones de cl ase. Las diferencias de status pueden reconocerse como legítimas  en 

términos de la ciudadanía democrática siempre que no sean profundas y q ue ocurran dentro de 

una población unida en una sola civilización; y siempre que no sean la expresión de un privilegio 

hereditario. E sto s ignifica que la  desi gualdad puede se r to lerada dentro de una s ociedad 

fundamentalmente igualitaria siem pre que no sea  d inámica, es decir, siempre que no cree 

incentivos que sean m otivos de in satisfacción. Pero  la  desigualdad m encionada pu ede ser  

justificada solamente si  provee de un ince ntivo para c ambiar y mejorar. E l resultado extremo 

sería establecer condiciones sociales en las que todos los hombres se sienten satisfechos con la 

posición en el mundo que la ciudadanía se ha complacido en darles.119 

  El ob jetivo d e Marshall no  es la igu aldad ab soluta. Hay límites inh erentes en  el 

movimiento igualitario. Este opera particularmente a través de la ciudadanía y específicamente a 

través del sistema económico. En ambos casos, el objetivo es remover las desigualdades que no 

pueden ser re conocidas co mo legítimas, pero el  estándar de l egitimidad es diferente. Para l a 

ciudadanía el estándar es la justicia social y para el sistema económico es la j usticia combinada 

con la  ne cesidad e conómica. Po r ello  es po sible qu e la s d esigualdades permitidas po r las dos 

                                                 
118 Ibíd., pp.115. 
119 Ibíd., pp.115-122. 



 

 

125
mitades del movimiento no coincidan. Las d istinciones de c lase pueden sobrevivir sin que 

sean apropiadas con la función económica y las diferencias económicas pueden no corresponder 

con las distinciones de clase aceptadas. 

 En l a ob ra d e Marshall se hace un examen de las r elaciones e ntre ciudadanía y  cl ase 

social, partiendo de la idea de qu e la tendencia a la igualdad representaba la última fase d e una 

evolución secular de la ciudadanía que había comenzado con la conquista de los derechos civiles 

y políticos, para desembocar f inalmente e n los derechos s ociales. Ma rshall r econoció la 

existencia de elementos conflictivos al observar que el efecto de la ciudadanía en la clase puede 

manifestarse en la f orma de u n conflicto e ntre principios opuestos. Pe ro nunca d ijo que 

estallarían conflictos entre las clases a propósito de la naturaleza y contenido de la ciudadanía, le 

interesaba el estudio de los efectos que produce la ciudadanía en las clases sociales, y no lo que 

éstas pueden significar para la extensión de aquélla.  

 El aumento de los de rechos civiles, que en efecto, comenzó antes del siglo XVII en las 

ciudades medievales, podría considerarse un logro de la nueva burguesía enfrentada a los grupos 

feudales dominantes del antiguo régimen. Y,  de la  misma forma, la e xtensión de los derechos 

políticos durante los siglos XIX y XX, y de los derechos sociales en el  siglo XX, se debería en 

gran parte al rápido crecimiento del movimiento obrero, ayudado en sus reivindicaciones por los 

reformistas de la clase media y, en e l caso de los derechos civiles por la consecuencias de dos 

guerras mundiales. 

En 1949, año  en  el que Marshall presenta sus c onferencias, aún  era posible contemplar 

con optimismo la  paulatina extensión de los derechos de l ci udadano en G ran B retaña, un a 

sociedad democrática que adquirió condiciones más sociales de desarrollo con la nacionalización 



 

 

126
de algunos de los principales sectores de la economía y la creación de los sistemas nacionales 

de sanidad y educación. A estas políticas habría que añadir la prioridad concedida a la creación y 

mantenimiento d el pleno em pleo y los proyectos (nunca ej ecutados del todo) d e p lanificar l a 

economía a nivel nacional, todo ello encaminado al logro de la igualdad a largo plazo mediante 

la implantación de los derechos sociales en nuevas áreas como la salud, la educación, el empleo 

y el control de los recursos productivos. En aquel año de 1949, tanto en Gran Bretaña como en 

otros países europeos, los movimientos igualitarios, casi todos de carácter socialista, bien podían 

parecer tendencias “irrefrenables” del propio desarrollo del capitalismo, y no debe sorprendernos 

que el espíritu de los tiempos influyera en la presentación del análisis de Marshall.120  

 Para 194 9 el an álisis de  los derechos estaba pro fundamente influido po r factores muy 

concretos: el vivo recuerdo del desempleo, la pobreza y las desigualdades en materia de sanidad 

y educación del pe riodo anterior a la  guerra. Si el ensayo de Ma rshall constituye una 

contribución fu ndamental a  este análisis se  debe a que dist inguió las t res á reas de derechos: 

civiles, políticos y sociales, y a que indagó en sus relaciones subrayando la creciente importancia 

de los derechos sociales en e l siglo XX. Re trospectivamente, su estudio es una formulación de 

algunos de los principios generales del Estado del bienestar y, hasta cierto punto, un presagio de 

las economías mixtas del capitalismo del bienestar que vendrían después. 

                                                 
120 En  a quel momento comenzaron a  producirse c ambios ra dicales n o só lo e n G ran B retaña, s ino en el mundo 
entero. E ran lo s tie mpos de  l a Guerr a Fr ía y , en ese  co ntexto, la ej ecución en 1948 d el Pl an Mars hall p ara la 
recuperación de Europa supuso un espaldarazo para las economías capitalistas occidentales, sobre todo en el caso de 
Alemania Occ idental – aunque el P lan introdujo también un cier to grad o de plani ficación eco nómica nacio nal a l 
crear la Organización para la Coop eración Económica Europea (la OCEE, y después la OCDE) con el objet ivo de 
facilitar la a dministración d e lo s fondos-, y una l imitación para las p osibilidades d e u n mayor d esarrollo de la  
tendencia socialista. En e l caso británico, el movimiento laborista tuvo que afrontar desde comienzos de los años 
cincuenta numerosos probl emas, debido e n parte a las relaciones d e dependencia resp ecto a los Estados Un idos. 
Bottomore, To m. “Ciudadanía y  Clase Soc ial, Cuarenta Años Después”, en : T:H .Marshall y To m Bott omore. 
Ciudadanía y Clase Social, Madrid, Alianza, 1998, pp.88-90.    



 

 

127
El influjo de la clase en la ciudadanía es inconfundible. Fueron los burgueses quienes, 

oponiéndose a l a aristocracia fe udal, conquistaron los derechos civiles, y hasta cierto p unto los 

políticos, primero en las ciudades medievales, y luego, a escala nacional, en las primeras fases de 

desarrollo del capitalismo industrial. La lucha decimonónica por extender los derechos políticos 

corrió a cargo de los movimientos obreros, en las revoluciones de 1848, el movimiento cartista y 

las p osteriores ca mpañas por el s ufragio u niversal q ue oc uparon un lu gar preeminente en las 

actividades de los partidos socialistas que en ese momento crecían con rapidez en toda Europa. 

Las luchas se pro longaron durante el siglo XX, inc luyendo ya los derechos sociales, dirigidas 

sobre todo por los sindicatos y los pa rtidos socialistas, y formaron parte de un movimiento más 

general por la implantación del socialismo. El Estado del bienestar, resultado, antes que nada, de 

estas acciones de c lase, mantuvo u n cie rto equilibrio des de fin ales de  los  años c uarenta has ta 

comienzos de los s etenta gracias a  es a f órmula de ca pitalismo del  bienestar y  economía 

mixta.121 

Durante e l pe riodo de 1 950 a  1973 se  da un e xcepcional í ndice de c recimiento, 

principalmente e n la s sociedades in dustrializadas, pe ro ta mbién en im portantes re giones 

subdesarrolladas, por ejemplo de América Latina. Se adoptó una forma de sistema de capitalismo 

“gestionado”, es decir , un a economía mixta con un g rado cam biante y variado d e propiedad 

pública de las empresas productivas y de s ervicios y, e n cier tos c asos, de las ins tituciones 

financieras, en la que s e a umentaba c ontinuamente el gasto estatal en p roporción al produ cto 

nacional bruto, y en cuya regulación y, hasta cierto punto, planificación se implicaba el Estado. 

En ese sistema, la política social y económica era el resultado de los acuerdos negociados entre 

                                                 
121 Ibíd., pp.111-112. 



 

 

128
el Estado, la s g randes e mpresas cap italistas y  lo s sindi catos p ara alcanzar  u na especie de 

“compromiso de clase” que permitiera mantener la estabilidad.    

 El d esarrollo de la ciud adanía en relación con la  cl ase social es más c omplejo y má s 

variable, como  proceso, de lo que  Marshall expresa en sus con ferencias. En l as so ciedades 

capitalistas el aumento de los de rechos sociales, en el marco de l Estado del bie nestar, n o ha 

transformado en profundidad el sistema de clases, ni los servicios sociales han eliminado en la 

mayoría de  los c asos l a po breza, aunq ue Su ecia y Au stria, p aíses de cort e má s so cialista, han 

avanzado mucho a este respecto. Dentro del sis tema de clas es de la s sociedades capitalistas, la 

política del bie nestar de sarrolla también, c omo ha observado Marshall, nuevos t ipos d e 

estratificación. Ad emás, la int ervención cad a v ez ma yor del Estado en  la  economía y en la 

expansión de los servicios asistenciales produce nuevas jerarquías y una fuerte centralización del 

poder. El compromiso, y un cierto grado de consenso sobre el papel del Estado en la sociedad 

capitalista d el bien estar, d ependieron de la fu erza re lativa de las distin tas clases, de  sus 

orientaciones políticas y, en gran m edida, de las tasas e levadas que al canzó el crec imiento 

económico desde el final de la guerra hasta comienzos de los años setenta. 

  El cr ecimiento económico y la  e xtensión de  los dere chos sociales tuvieron u na gran 

trascendencia para la  estruc tura de  clase, t al como Marshall había previsto en su estudio de la  

influencia de la ciudadanía en la clase social. La extensión de los derec hos políticos durant e el 

siglo XX –resultado también de a cciones de   clase - hizo p osible u n rápido a umento de  los 

partidos de la clase trabajadora en la mayoría de los países occidentales (muy especialmente a  

partir de 1945) tanto a trav és de la afil iación como del apoyo electoral, y fue el facto r decisivo 

del desarrollo que conocieron durante la posguerra los derechos sociales dentro de las economías 



 

 

129
predominantemente capi talista. Pe ro es que e sos partidos de la cl ase trab ajadora 

(fundamentalmente socialistas o socialdemócratas) te nían u n c oncepto de la ci udadanía y los 

derechos sociales que superaba en mucho lo que ordinariamente se considera una provisión de 

servicios asistenciales y s ostenían ide as m uy ra dicales resp ecto a  la re forma ed ucativa, l a 

eliminación de la pobreza, el pleno empleo como objetivo principal y la democracia económica, 

lo que podría suponer la so cialización de las e mpresas básicas e importantes, tanto industriales 

como financieras o de servicios, así  como un aumento general de la intervención del Estado que 

incluía varias formas de planificación nacional.122 

El de sarrollo económico d e la posguerra, de bido e n gra n pa rte a la  r ápida i nnovación 

tecnológica, y la expansión de los derechos sociales (y por tanto, de la s actividades del Estado) 

produjeron una continua disminución de la clase trabajadora y un gran aumento de empleados de 

cuello blanco, ocupados en tare as de o ficina, técnicas y  profesionales, t anto en  la  emp resa 

pública con en la privada y en los servicios sociales extensivos. La  situación económica de  la 

clase trab ajadora cambió sustancialmente gracias al crecimi ento econó mico, el pleno emp leo 

(hasta c omienzos de los años se tenta), la expansión de los servicios asistenciales y la s 

oportunidades de m ovilización social que proporcionaba l a nueva est ructura ocupacional, y  en 

parte ta mbién p or un m ayor acceso a la educación. En definitiva, su situación social h abía 

cambiado profundamente e n c omparación con la de l s iglo XI X y la de  c omienzos del XX, 

gracias también a la obtención de un cuerpo importante de derechos civil es, políticos y sociales, 

o lo que es igual gracias al aumento de la ciudadanía en el sentido que le dio Marshall.123 

                                                 
122 Ibíd., pp.112-113. 
123 Ibíd., pp.113-114. 



 

 

130
 En Marshall la ciudadanía social está ligada normativamente a la idea de comunidad. 

Además el Estado de bienestar genera sentimientos de comunidad a t ravés de la comunicación 

interpersonal entre sus clientes y las redes sociales que genera entre los diversos proveedores de 

los servicios. El Estad o de bienestar reduce la desigualdad, y una mayor igualdad promueve el 

sentimiento de comunidad. Sin embargo, la institucionalización de la ciudadanía no extingue el 

conflicto d e c lase. La  c iudadanía en forma de meritocracia e iguald ad d e oportunidades, es 

legitimadora de l orden capitalista; por tanto, la ciud adanía pu ede causar fru stración de 

expectativas u na v ez co nsolidada, al comparar los re sultados y  la  desigualdad real con 

presupuesto ideal de igualdad.124 

 De ac uerdo c on l os ar gumentos de Mars hall, e l se ntimiento de pertenencia a una 

comunidad cívica se convierte en un “capital social” que  lubrica las t ensiones en tre las c lases, 

aun cuando persistan las diferencias materiales. Cada régimen de Estado de bienestar, a través de 

las formas específicas de p restaciones y servicios, g enera experiencias y sentimientos de  

comunidad distintos, es de cir, f ormas conc retas de c apital s ocial, que redundarán en 

percepciones d e conflictos de c lase espe cíficos. Por lo tanto , expe riencias comunes, c omo el 

acceso un iversal a los servicios sociales, pu ede a tenuar la p ercepción d e l as d iferencias de 

clase.125 

Para su di visión tripartita de la c iudadanía, Marshall es tá más que nada interesado e n 

ilustrar el devenir histórico de los tres elementos que en discutir las relaciones entre ellos. Ello es 

también así  porque el tem a principal del text o de Marshall es el ef ecto de la extensión de la 

                                                 
124 Noy a Miranda, Francisco J avier. “Ciudadanía y  Capit al Soc ial. Estudio Preli minar e n Tor no a Ciu dadanía y 
Clase Social  de T.H . Ma rshall.”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, N o.79, Madrid, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Julio-Septiembre de 1997, pp.273-274.  
125 Ibíd., pp.278-279. 



 

 

131
ciudadanía sob re la desigualdad social. Sin  embargo, es a quí donde mejor se  ilu stra que  la 

ciudadanía es internamente heterogénea. Los derechos c iviles, que emergen con el co lapso del 

sistema feudal, son el pivote del sistema capitalista, mientras que los derechos sociales entran en 

conflicto c on é l. A hora b ien, la  ci udadanía social implica igualdad de s tatus, no ig ualdad 

material. El c apitalismo y la c iudadanía so cial son  compatibles. Aunq ue la gu erra en tre la 

ciudadanía y el sistema capitalista de clases siempre estará latente. 

 Kymlicka y Norman señalan que la obra de Marshall es parte de lo que ellos llaman la 

“ortodoxia d e po sguerra”, en do nde la t eoría estuvo casi enteramente d efinida en t érminos d e 

posesión de derechos. Para Marshall, la ciudadanía consiste esencialmente en asegurar que cada 

cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales. La manera de asegurar este 

tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos u n número c reciente de de rechos de 

ciudadanía. E stos autores esta blecen que e l tipo de  ci udadanía de Ma rshall se  le pue de 

denominar como “pasiva” o “”privada”, dado su énfasis en los derechos puramente pasivos y en 

la ausencia de t oda obligación de  participar en la vid a pública. Sin embargo, des tacan que los 

beneficios de l a ciudadanía privada n o se deben me nospreciar, y a que ponen ci ertos b ienes 

humanos básicos (seguridad, prosperidad y libertad) al alcance de casi todos.126 

Tanto K ymlicka c omo Norm an id entifican principalmente d os c ríticas a  la  obra de  

Marshall: la primera se centra en la necesidad de complementar (o sustituir) la aceptación pasiva 

de los d erechos d e ciud adanía con el ej ercicio activo  d e las responsabilidades y  vi rtudes 

ciudadanas (entre las que se incl uye la auto suficiencia económica, la participación pol ítica e 

incluso la civilidad). La  segunda s eñala la necesidad de revisar la definición de ci udadanía 

                                                 
126 Ky mlicka, Will  y  Way ne Norman. “El Re torno del Ciu dadano. Una Rev isión de la Producción Re ciente en 
Teoría de la Ciudadanía”. La Política, No.3, Barcelona, Paidós, Octubre de 1997, pp.7-8. 



 

 

132
generalmente aceptada con el fin de incorporar el creciente pluralismo social y cultural de las 

sociedades modernas.127  

Para estos autores se requiere una compresión y una práctica de la ciudadanía que sean 

más completas, más ricas e incluso más sutiles porque lo que el Estado necesita de la ciudadanía 

no se puede ob tener m ediante la c oerción sino solamente po r m edio de l a cooperación y  el 

autocontrol en el ejercicio del poder p rivado. Una concepción adecuada de la ciudadanía parece 

exigir, por lo tanto, un equilibrio entre derechos y responsabilidades, más allá de la ciudadanía 

pasiva de corte marshaliano. La ciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un 

conjunto de derechos y res ponsabilidades. Es  ta mbién una identidad, la  expresión de  la  

pertenencia a una c omunidad polí tica. Mars hall conce bía a la c iudadanía c omo un a i dentidad 

compartida que int egraría a los grupos que hab ían sido  ex cluidos de la so ciedad b ritánica y 

proveería una fuente de unidad nacional. Su preocupación central era la integración de las clases 

trabajadoras, cuy a falta  de edu cación y  recu rsos económicos las ex cluía de e sa c ultura 

compartida que debería haber sido ”un bien y una herencia comunes”.128  

Otra crítica que se hace a la obra de Marshall es su anglocentrismo, en donde  se destaca 

que Ma rshall u tiliza el c aso del Rei no U nido pa ra eje mplificar la  h istoria d e los derechos 

ciudadanos en general. Respecto a la a cusación de  a nglocentrismo, n o vie ne m al señalar que 

Marshall era bastante m odesto e n sus pre tensiones. Ma rshall, s e ci ñe a la h istoria del Rei no 

Unido. Au n que h aga algun as extrapolaciones, lo ha ce sin pr etenciones de generalidad. En 

                                                 
127 Ibíd., pp.8 
128 Con  el  ti empo ha result ado q ue muchos gr upos – negros, mujeres, pu eblos ab orígenes, minorías é tnicas y  
religiosas, ho mosexuales y lesbian as- to davía se sient en excl uidos de la “ cultura co mpartida” pe se a p oseer lo s 
derechos comunes propios de la ciudadanía. Los miembros de tales grupos se sienten excluidos no sólo a causa de su 
situación so cioeconómica si no ta mbién c omo consecuencia de su i dentidad soc iocultural: su “d iferencia”. Ibíd., 
pp.14-25.   



 

 

133
cualquier ca so, en con tra de Marshall se pu ede d ecir qu e el  Reino  Un ido pod ría ser un a 

excepción, y, por l o ta nto, no el e jemplo m ás a propiado para c onceptuar la  c iudadanía y su 

historia.129 

Otra crítica importante a la o bra de Marshall ha sido sobre su visión evolucionista de la 

ciudadanía. Giddens en particular desaprueba la idea de Marshall de que los derechos ciudadanos 

se dieron en un proceso natural de evolución, asistido cuando era necesario por la ayuda benéfica 

del Estado. Para Giddens la extensión de los derechos ciudadanos, en Inglaterra como en otras 

sociedades fue  el res ultado del ac uerdo sustancial y el esf uerzo de  los defavorecidos par a 

imponerse. Cada uno de los derechos ciudadanos referidos por Marshall tienden a ser peleados y 

ganados, sobre un largo espacio de tiempo histórico. Giddens crítica el postulado de Marshall de 

que la expansión de los derechos ciudadanos culminaron en la creación del Estado del bienestar, 

como un fenómeno lineal, con una tendencia irreversible al desarrollo, esta concepción tiende a 

tratar a la ciudadanía como un proceso evolutivo más que como el resultado del esfuerzo activo 

de grupos concretos de personas.130   

 La segunda crítica de Giddens se refiere a la discusión de Marshall sobre el origen de los 

tipos de derechos ciudadanos. Con respecto a los derechos civiles, como la libertad individual y 

la igualdad antes de convertirse en ley fueron peleados y ganados por la creciente burguesía o la 

clase c apitalista a f in de des truir la s obli gaciones f eudales y las rest ricciones c omerciales. La 

libertad así ganada sirvió  p ara ex tender el poder de lo s em pleadores sobre los trabajadores, 

ayudando a co nsolidar la  temprana formación del ca pitalismo. Para la  formulación del 

capitalismo mo derno fu e necesario d epender de la l ibertad de con tratación, y permitir a los 

                                                 
129 Noya Miranda, Francisco Javier. Op. Cit., pp.271. 
130 Giddens, Anthony. Op. Cit., pp.171-172. 



 

 

134
empleadores despedir trabajadores de cuerdo a las v icisitudes económicas de sus compañías. 

Giddens reconoce que los derechos civiles son heterogéneos y que  no se p ueden equiparar los 

derechos civiles del capitalista con los derechos de la clase trabajadora ganados para enfrentar la 

oposición tanto de los empleadores como del Estado, estos son el derecho a formar sindicatos, al 

contrato laboral y la regulación salarial y la huelga. Giddens prefiere llamarlos “derechos civiles 

económicos”. Como resultado, en Giddens encontramos una tetralogía de ciudadanías: la civil, la 

política, la social y la económica.131  

Con respecto a este debate en torno a la obra de Marshall, David Held crítica a Giddens al 

señalar que lejos de sugerir un marco general evolucionista para la explicación del desarrollo de 

los derec hos ciud adanos, M arshall adopta un enfoque contingente d el ca mbio social. Pa rece 

haber poca evidencia para sostener que el e squema de Marshall descansa sobre e l supuesto de 

una lógica evolucionista. Marshall insistía en que las in stituciones y los complejos de derechos 

se desarrollaron con su propio ritmo y bajo la égida de múltiples fuerzas y principios. Sostuvo 

que el desarrollo de los derechos d e n inguna m anera sigui ó un cam ino lineal; hubo m uchas 

derrotas y algunas victorias. Más  a ún, el factor c ardinal que  para Mars hall d inamizaba el 

desarrollo de los derechos era, de hecho, la lucha –la lucha contra la jerarquía en su forma feudal 

tradicional, la l ucha c ontra la desigualdad en el  mercado y la lucha contra la i njusticia social 

perpetuada por las instituciones estatales.132 

 Otro aspecto de la crítica giddensiana es el tratamiento de Marshall de la expansión de los 

derechos ci udadanos como un  fenómeno “puram ente unidireccional”. A Marshall se le critica 

por considerar al desarrollo de la  ciudadanía como un proceso irreversible, sin embargo señala 

                                                 
131 Ibíd., pp.172. 
132 Held, David. “Ciudadanía y Autonomía”. La Política, No. 3, Barcelona, Paidós, Octubre de 1997, pp.46. 



 

 

135
Held, que si se observa con cuidado la obra general de Marshall este concluyó sus reflexiones 

sobre la ciudadanía y la clase planteando que el equilibrio entre esas dos grandes fuerzas en el  

siglo XX no prometía en absoluto un futuro simple y es table. Según Marshall, sería sumamente 

difícil presagiar la duración de este equilibrio. Era, por lo tanto, conciente de las inestabilidades 

potenciales que podrían quebrar los periodos de equilibrio social.133 

 Para Held, si la ciudadanía implica participación en la comunidad y si participación en la 

comunidad implica formas de pa rticipación s ocial, e ntonces es  i nfructuoso c oncebir que la 

ciudadanía esta primariamente relacionada con  la  clase o las re laciones capi talistas de 

producción. La ciudadanía conlleva la intervención de la gente en la comunidad en que vive; y a 

las personas se le negó la ciudadanía en función de criterios de género, raciales y de edad, entre 

muchos otros. A nalizar la  c iudadanía c omo s i f uera una c uestión de inclusión o e xclusión de 

clases sociales equivale a eclipsar una multiplicidad de dim ensiones de la vida social que ha n 

sido cen trales en  la lucha alrededor d e la ciuda danía. De acuerdo con Held , el  argumento e n 

contra de Marshall y Giddens es que el conflicto de clase puede ser perfectamente un importante 

medio p ara el  d esarrollo d e los d erechos ciudadanos p ero de ninguna manera es el único qu e 

reclama atención. Si la ciudadanía implica la lucha por la pertenencia a, y la participación en, la 

comunidad, en tonces su análisis abarca el e xamen de los modos en que los d iferentes g rupos, 

clases y movimientos pugnaron por conquistar mayores grados de autonomía y control sobre sus 

vidas frent e a las distintas form as de jerarquías, est ratificación y opresión pol ítica. La lucha 

alrededor de la  naturaleza y el alc ance de la ciudadanía f ue en  sí misma e l medio central del 

                                                 
133 Ibíd., pp.46-47. 



 

 

136
conflicto social; la  f orma a travé s de l cua l las distintas c lases, grupos y movimientos 

combatieron por acrecentar y proteger sus derechos y oportunidades.134 

Marshall conceptualizó el proceso que él mismo calificó de narración de los hechos, pero 

le faltó un análisis suficiente de las causas. Sin embargo a pesar del conjunto de críticas y de las 

deficiencias de su  obra , autores como Giddens y  Held  entre o tros, siguen con siderando ú til la  

división tripartita de los derechos que Marshall estableció y su  explicación teórica de cómo se  

fueron d esarrollando estos d erechos ciudadanos. Para n osotros es im portante de stacar que 

coincidimos c on la visión de Ma rshall de que u na c iudadanía completa p osee tanto derechos 

civiles, políticos como sociales, siendo estos últimos de sum a importancia para la consagración 

de una  ciudadanía so cial q ue se en frenta a los pro blemas d e d esigualdad d el ca pitalismo 

contemporáneo, sin que sea necesariamente una panacea que resuelva todos los problemas.  

 

 

CONSTITUCIONALIZACIÓN Y PERFILES DE LOS DERECHOS SOCIALES 

 La Historia de los derechos sociales está estrechamente ligada al desarrollo doctrinal y a 

los acontecimientos históricos que dieron lugar al Estado del bienestar. Su materialización y los 

diferentes m odelos q ue en la prác tica se realizaron correspond en a las exp eriencias históricas 

iniciadas por B ismarck en Alem ania, por el New De al en Estados U nidos, por el pr oyecto 

Beveridge en In glaterra, por el a poyo de l m arco ec onómico Keynesiano y por la s dif erentes 

medidas que, especialm ente d espués de l a Segunda Gu erra Mundial, se irán tomando en 

occidente.  

                                                 
134 Ibíd., pp.52-53 



 

 

137
 El primer texto jurídico en el que se recogen explícitamente alguno de los derechos 

sociales f ue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Di cha 

Constitución es el re sultado de los movimientos liberadores que dieron lugar a la Revolución de 

1910. De  esa p rimera redacción d estacan, junto  a los derechos y  lib ertades tradicionales, los 

artículos 27 y 123, en  los qu e se p lasman las inquietudes so ciales de la Revo lución.135 La 

Constitución Mexicana de 1917 anticipará el re conocimiento de los derechos sociales en otros 

textos constitucionales. Al año siguiente, en 1918, la URSS aprobará la primera Constitución de 

un país socialista136 y  en 1919 se aprobará la Constitución de Weimar, del 14  de agosto, que 

inspirará al rest o de const ituciones hasta la Se gunda Guerra Mund ial. En la Consti tución de 

Weimar como en la mexicana, los derechos sociales aparecen como exigencias programáticas de 

actuaciones del Estado más que como genuinos derechos. Además, están c lasificados, un tanto 

aleatoriamente, en tres categorías heterogéneas: referidos a la vida social; exigencias relativas a 

la educación y enseñanza; y los derechos relacionados con la vida económica.137 Se trata de una 

                                                 
135 E n el artículo 27 se es tablece un  sistema de prop iedad car acterizado por s u función social y por e l 
reconocimiento de  un sistema de pr opiedad en el  que se distinguen tres formas dist intas: la propiedad pr ivada, la 
propiedad pública y la propiedad social. Esta  última es un sistema de propiedad agraria comunal denominada ejido. 
Por su parte el  artículo 123 es  el fundamento de los llamados derechos de los t rabajadores: derecho al trabajo, el 
salario, la organización social, el tr abajo de las mujeres y de los jóvenes, el derecho a pertenecer a un sindicato, el 
derecho de huelga, etc. Es tos artícu los formaban un entr amado de reque rimientos al Estado y de postulado s 
programáticos que, después, co nstituirán la  categ oría de derechos social es. E stas ex igencias serán re cogidas p or 
constituciones de otras naciones y se ampliará con nuevos derechos. Martínez de Pisón, José. Políticas de Bienestar. 
Un Estudio Sobre los Derechos Sociales, Madrid, Tecnos/Universidad de la Rioja, 1998, pp. 85-86.   
136 Teresa Freixes destaca que el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917 como la de la URSS de 1918 
fueran el resultado de una revolución social tuvieron una influencia significativa en Europa por el temor al ejemplo 
revolucionario de las conquistas sociales, l o cual  inclinó a las const ituyentes eur opeas de la pr imera posguerra a 
reconocer en  su articu lado una serie de derecho s nuevos, con  cont enido soc ial. Fr eixes Sanjuá n, Teres a. Los 
Derechos Sociales de los Trabajadores en la Constitución, Madrid, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1986, 
pp. 41.42.  
137 En los derechos a la vida social (Tít. II), junto a otros derechos civiles y políticos, se cita la igualdad de sexos y 
una pretensión de sanidad y mejoramiento de l a familia, educación de la prole, protección de la juventud contra la 
explotación y el abandono moral, espiritual y corporal a través de medidas de asistencia; por parte de los derechos a 
la educación y enseñanza (Tít. II I) se i ncluye el  d erecho a la educación y  enseñanza pública además del  
reconocimiento de una original libertad del arte y la ciencia, y los derechos relacionados con la vida económica (Tít. 
V), entre los más importantes se menciona el derecho a la vivienda, a la protección en el trabajo, al tiempo libre, al 



 

 

138
categorización diversa de de rechos y  reivindicaciones sociales, clasificados de forma poco 

homogénea, pero que tendrá un fuerte impacto en el constitucionalismo posterior.     

 Tras estas constituciones y  todavía en e l período de e ntreguerras cabe mencionar a dos 

textos jurídicos en los que también se recoge el germen de los derechos sociales. La Constitución 

de la República Española de 9 de d iciembre d e 1931 y  la Constitución de la URSS de l 5 de 

diciembre de 1936 , la cual es más ex plicita en el reconocimiento de los d erechos so ciales. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, han sido numerosas las constituciones que, a la estela 

del proceso de reconocimiento internacional de los derechos sociales, incluyeron un catálogo de 

derechos sociales. En  el á mbito euro peo, cabe c itar a la Constitución Fr ancesa de 1 946, l a 

Italiana de 194 8 y la Ley  Fu ndamental de la Re pública de Al emania de 19 49. Más 

recientemente, la Constitución portuguesa de 1976 y la española de 1978.      

 Lo que caracteriza la evolución de los derechos soc iales en el pe ríodo de posguerra ha 

sido y  sigue si endo su r econocimiento internacional. Con caráct er un iversal, tenemos la 

aprobación por la Asamblea General de Na ciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y, p osteriormente, de u n Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 16 de diciembre de 1966. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un t exto jurídico internacional 

producto de las circunstancias del momento, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio 

de la gu erra fría , por lo que está  cond icionado por dicho con texto. En ell a se encuentra un 

                                                                                                                                                             
establecimiento de un sistema de seguros que proteja la salud y la capacidad para el trabajo en casos de maternidad, 
desempleo, vej ez, en fermedad y o tras vicisitudes de la vi da, derecho a la regulación d e l as condiciones d e 
retribución y el trabajo y a la representación en el lugar de trabajo. Martínez de Pisón, José. Op. Cit., pp.87. 



 

 

139
catálogo de dere chos civiles y políticos, as í co mo una referencia a al gunos d erechos 

sociales138, según pa rece, debido a la presión de los representantes de l os países so cialistas. 

Mientras que en el caso de los primeros derechos se hizo un mayor esfuerzo por realizar una lista 

completa, en  el  caso de los der echos soc iales, no  exist ió t anto in terés por parte de los 

representantes de los países occidentales. En 1966, la Asamblea de la ONU aprobó dos pactos 

Internacionales, uno sob re lo s Derechos Civiles y Políticos y  el ot ro sobre lo s Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.139 La diferencia más profunda entre ambos pactos reside en 

el distinto significado de las obligaciones contraídas por los Estados para garantizar los derechos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos impone a los Estados que lo suscriben la 

obligación de implantar y garantizar inmediatamente los de rechos. P or e l contrario, el Pacto 

Internacional de  Derechos Económicos, So ciales y Culturales no  requiere e sa inmediatez, sino  

que se condiciona su realización a hacerlo progresivamente. 

La constitucionalización de los derechos sociales después de la Segunda Guerra Mundial 

no sólo se ha plasmado en el proceso de universalización iniciado por la Declaración Universal y 

continuado por el Pacto In ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que 

también ha estado marcado por el proceso paralelo de regionalización, es decir, de aprobación de 

                                                 
138 En l a Declar ación aparece n los si guientes derechos social es: el  d erecho a l a seg uridad socia l y de rechos 
económicos, sociales y cul turales de los trabajadores, el derecho al trabajo y a condiciones equitativas y protección 
contra el  desem pleo, y el d erecho a p ertenecer a  un sind icato, el derecho a d escanso y  asuet o, y a v acaciones 
periódicas y  paga das, el der echo a un  niv el de vid a s uficiente, el derecho a la salu d y bi enestar – alimentación, 
vestido, vivienda, cuidados médicos y servicios sociales-, derecho a la educación y el derecho a participar en la vida 
cultural y a disfrutar del progreso científico. Ibíd., pp.89-90.  
139 E l texto s obre l os Derechos Económicos, Sociales y Culturales se divide en cinco p artes: En la Parte I, s e 
reconoce el de recho a la libre d eterminación de lo s pueblos. La Parte II con tiene una serie d e dispo siciones 
generales referidas a las obligaciones de los Estados, la no discriminación de derechos y sobre su posible limitación. 
En la Parte III, se reconoce el derecho al trabajo, al goce de ciertas condiciones de trabajo –remuneración, salario 
equitativo, co ndiciones de exi stencia, segu ridad e higi ene, ig ualdad de o portunidades-, el de recho a pertenecer o 
formar un sindicato, el derecho de huelga, el derecho a la Seguridad Social, el derecho a la protección de la familia, 
de la maternidad, de los niños y de los desprotegidos, el derecho a un n ivel de vida adecuado, el derecho a la salud, 
el derecho a l a educación y el derecho a  la cu ltura. La Parte IV establece los compromisos de los Estados y l as 
formas de control y supervisión y la Parte V los modos de ratificación y entrada en vigor. Ibíd., pp.90.   



 

 

140
textos ju rídicos internacionales con un  ám bito territorial más red ucido, ce ñido a amplias 

áreas geográficas. Por lo que respecta al ámbito europeo, el 18 de octubre de 1961, el Consejo de 

Europa aprobó en  Tu rín la Carta Social Europea, que re presenta u n i mportante instrumento 

jurídico de reconocimiento y protección de los derechos sociales. En la Carta Social se recogen 

los sigu ientes derechos: 1 . De rechos re lativos al t rabajo; 2. De rechos re feridos a la fo rmación 

profesional; 3 . De rechos sin dicales; 4. Derechos sobre la f amilia; 5.  Derechos re lativos a  la 

seguridad y  asistencia soc ial y médica; 6. D erechos des tinados a l a pr otección d e grupos 

vulnerables. Además, en la Carta Social también se recogen derechos destinados a proteger a los 

niños y  a dolescentes, a l as trabajadoras, a los trabajadores emigrantes y su s familias y  a lo s 

ancianos.140    

 El siglo XIX será el siglo del Estado liberal construido por la burguesía desde las cenizas 

de la Revolución francesa e inspirado en sus principios triunfantes. El Estado liberal-burgués fue 

un Estado pasivo, sólo preocupado por el reconocimiento formal de ciertos derechos y libertades. 

Para nada debía interferir en la vida económica, ni en los flujos del mercado. A partir de la mitad 

de e se siglo, l os cambios estr ucturales van a ser de tal m agnitud que se i ncrementarán 

progresivamente las desigualdades soc iales, s e c onsolidara e l capitalismo, y  s urgirán nuevos 

movimientos sociales que reivindicarán más igualdad y mejores condiciones de vida y de trabajo. 

Después de la  crisis e conómica de  1 929, s urgirán diferentes e xperiencias para su perar la s 

tensiones so ciales l as cu ales confluirán en la aparición del Estado d el b ienestar que se 

consolidará com o m odelo político después de la Segunda Guerra Mundial. El  Estado del 

bienestar y lo s de rechos sociales son do s realidades i ndisolublemente unidas. Los dere chos 

sociales no son  sino  la e ncarnación de las v iejas reiv indicaciones de los movimientos obreros, 
                                                 
140 Ibíd., pp.91-92. 



 

 

141
pero también la expresión del compromiso entre el Estado y los diferentes actores sociales y 

económicos para organizar la vida social de forma pacífica.   

 Por su origen los derechos sociales están l igados a la clase social que los reivindicó, es 

decir, derechos de los trabajadores. Pero hoy los derechos sociales, se han extendido, desde hace 

tiempo, a otras capas sociales, por lo tanto, ha universalizado su disfrute. Los derechos sociales 

se han desprendido del elemento clasista para convertirse en derechos de l os ciudadanos de un 

Estado. Derechos que pueden disfrutarse por el mero hecho de pertenecer a un Estado, de gozar 

de su nacionalidad. Son derechos que aparecen recogidos en las constituciones nacionales en el 

capítulo c orrespondiente a  los derechos y deberes que  e stablece e l e statuto del nacional o del 

ciudadano y que compromete a los sucesivos gobiernos a su realización. 

 De acuerdo con Martínez de Pisón y C ontreras Peláez podemos decir que  los d erechos 

sociales se  ca racterizan por los siguientes ra sgos: 1 ) los derechos sociales son  derechos de  

prestación; 2) l os derechos s ociales so n de tit ularidad in dividual, como los derechos c iviles y 

políticos, pero se inspi ran en una concepción empírica del ser humano; 3) los derechos sociales 

remiten a un concepto de libertad configurado a par tir de la igualdad; 4 ) los derechos sociales 

son (tendencialmente) u niversales; y 5)  los de rechos s ociales son u n e lemento de solidaridad 

social. A continuación se describirá cada uno de estos aspectos. 

 

1. Los Derechos Sociales son Derechos de Prestación 

Los derechos sociales presuponen ser derechos de prestación o de crédito por parte de los 

poderes públicos. Es te es precisamente e l rasgo que permite deslindar con más nitidez las dos 

grandes generaciones de derechos fundamentales: los derechos civiles y políticos, de un lado, y 



 

 

142
los de rechos soc iales, d e otro. Lo s der echos ci viles y políticos fue ron pensados com o 

garantías f rente a la a rbitrariedad de l poder político, c omo b arreras d e protección, c omo 

instrumentos de defensa de los ciudadanos frente a la  omnipotencia del Estado. Si los derechos 

civiles y pol íticos exigen del Estado un a actitud de i nhibición o autorrestricción, l os derechos 

sociales, en cambio presuponen un Estado intervencionista, un Estado redistributivo-asistencial 

que acepta la responsabilidad de garantizar a todos sus ciudadanos un mínimo de bienestar.141  

 Cuando se  habla de derechos de prestación, se hac e referencia a  aquellos derechos que 

otorgan a su titular el poder de exigir prestaciones positivas de modo que puede exigir al Estado 

o a otros el cumplimiento de determinadas actuaciones. Tienen por objeto, por tanto, concretas 

prestaciones de bienes o servicios. En  defin itiva, se conv ierten en prestaciones necesarias para 

proteger y materializar la  libe rtad in dividual. So n derechos de prestación l os siguientes: el  

derecho a la educación, los derechos de los niños a la protección de los padres y de los poderes 

públicos, el d erecho al trabajo y remuneración suficiente, el derecho de acceso a l a cultura y al 

desarrollo integral de la personalidad, el derecho de la familia a la protección social, económica 

y jurídica de los poderes públicos, el derecho a la formación profesional, seguridad e higiene en 

el trabajo, el derecho a la Seguridad Social, el derecho a la salud, derecho a disfrutar del medio 

ambiente, el derecho a una vivienda digna, los derechos de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, derechos de los ancianos, los derechos de los consumidores y usuarios a la defensa de 

la seguridad, la salud y de sus intereses.142 

 Los d erechos sociales presuponen la n ecesidad d e u na actividad p ositiva d el Estado; 

tienen, en suma, un carácter positivo, de “dar o hacer”. Los derechos sociales crean obligaciones 

                                                 
141 Contreras Peláez, Francisco J. Derechos Sociales: Teoría e Ideología, Madrid, Tecnos, 1994, pp.17-18. 
142 Martínez de Pisón, José. Op. Cit., pp.95-96. 



 

 

143
positivas, en la medida en que son sólo realizables a través de la acción social del Estado. 

Precisamente, po r e ste carácter, son  derechos que se convi erten e n exi gencias de actuar y e n 

requerimientos por parte de  los ci udadanos para q ue el poder público a ctúe. L os derechos 

sociales se convierten en exigencias para la construcción de hospitales, de escuelas, financiación 

de l a medicina y l a educación, e tc., y en la im plantación de numerosos servicios sociales que 

promuevan una vida digna a los ciudadanos. 

 Hay derechos sociales que no se incluyen entre los derechos de prestación. El caso más 

notorio, e s el d e la  l ibertad sindical, qu e ap arece c omo una manifestación d el d erecho de  

asociación, y el derecho de huelga. En estos derechos, no se exige al Estado que actúe, sino, más 

bien al contrario, que tome una actitud pasiva, que no interfiera, que p ermita el asociacionismo 

laboral y la huelga. En t odo caso, para su ejercicio no se requiere una concreta prestación. Con 

razón, suelen in cluirse e ntre lo s d erechos d e autonomía y , no ob stante, en lo s textos ju rídicos 

nacionales e internacionales aparecen e ntre los d erechos so ciales a l ser derechos de lo s 

trabajadores, derechos de la segunda generación o derechos sociales.143  

 Una vez establecido que l os derechos so ciales s on “d erechos de c rédito”, fr ente a l os 

poderes públicos, e sto es, que obligan a éstos a desarrollar alguna actuación positiva, importa 

determinar de qué tipos de actuaciones puede tratarse, Contreras Peláez, retomando a Fournier y 

Questiaux, e stablece qu e los d erechos sociales pu eden dar  lugar a tres fo rmas de intervención 

pública: 

a) La regulación de actividades privadas: C omprende t odas las ac tividades  de 
reglamentación o incitación susceptibles de modificar el comp ortamiento de los agentes 
económicos. Incluiría, por t anto, m edidas como la fi jación d e un  sal ario mínimo 
interpersonal, la limitación de la jornada laboral, la reglamentación de las condiciones de 

                                                 
143 Ibíd., pp.97. 



 

 

144
trabajo, et c. Estas intervenciones, respetan en general los mecanismos del mercado, 
aunque precisando o modificando sus reglas de juego. 

 
b) La trasferencias de recursos monetarios: Tiene lugar ca da vez que los poderes públicos 

toman e l dinero de unos pa ra e ntregarlos a otros. E l e jemplo más signif icativo son las 
cotizaciones de la seguridad social: las sumas deducidas de los ingresos de empresarios y 
trabajadores son después redistribuidas bajo la forma de prestaciones monetarias para los 
enfermos, los jubilados, las familias, etc. 

 
c) La provisión de bienes o servicios: Tiene lugar cuando los poderes públicos garantizan 

por sí mismo s, al  m argen del mer cado (e sto e s, gr atuita o  cuasigratuitamente), la 
producción y d istribución a l a pobl ación de ciertos b ienes o servicios. Lo s ejem plos 
citados son la educación, la asistencia sani taria, la animación cul tural, las vi viendas 
sociales, e l tra nsporte público. El us uario disfruta de ta les servicios sin pagar na da 
(escuela pública) o  pagando un precio inferior al q ue resultaría del funcionamiento de l 
mercado (transporte).144 

 

 

2. Los De rechos Sociales so n de  Ti tularidad Indiv idual y se Inspi ran en una Co ncepción 

Empírica y Realista del Ser Humano 

 Los derechos sociales intentan ser derechos del hombre de carne y hueso, del hombre con 

atributos, el hombre ubicado en unas circunstancias históricas, culturales y económicas concretas 

(que es, p or cierto, el ú nico real). Se  trata de u n re dimensionamiento de la im agen de l sujeto 

titular de derechos, la te oría liberal in dividualista f orjó un m odelo de s ujeto d e derecho 

supraespacial y supra temporal a lejado de la exp eriencia. Por ello , fren te a l a imagen ideal y 

abstracta de l hombre, los derechos soci ales h an pr opiciado u n sujeto titul ar de  los derechos 

fundamentales que responde a una imagen real y concreta del hombre al asumirlo en la totalidad 

de sus necesidades e intereses. La principal consecuencia de este proceso de especificación es el 
                                                 
144 Contreras Peláez critica el esquema de Fournier y Questiaux por su generalidad y su falta de matices, pero sin 
tomarlo como un criterio absoluto nos permite ver tres principales formas de intervención pública para la realización 
de los derechos sociales. Contreras Peláez, Francisco J. Op. Cit., pp.20-21. 



 

 

145
reconocimiento de las necesidades básicas del individuo (diversas, desde luego, en función 

de l os contextos en que  de sarrolla su vida) y de la  re sponsabilidad de la s ociedad e n la 

satisfacción de éstas.145   

 La toma en consideración de las circunstancias específicas que condicionan la vida de los 

ciudadanos (niveles de re nta, categoría profesional, edad, sexo, situación familiar, minusvalías, 

entre otras) permite una distribución más racional de los recursos públicos y, consiguientemente, 

una mayor eficacia en la satisfacción de necesidades, atendiendo antes y más enérgicamente a las 

de los más inermes. De esta forma se puede diseñar una política social compensatoria, basada en 

el principio que ordena tratar desigualmente a los desiguales. La pol ítica social del Estado debe 

ser, po r tanto , un agen te co mpensador, nivelador que c ontrarreste la dinám ica d e d esigualdad 

generada por la economía de mercado.  

 Los derechos sociales son derechos de titularidad individual. Las primeras formulaciones 

de los derechos sociales apuntan por el lado contrario: que son derechos colectivos. Es decir, que 

son d erechos atribuidos a colectividades, a g rupos de p ersonas y qu e un  individuo pued e 

disfrutar en la m edida que es miembro de esa colectividad o grupo y sólo en la medida que así 

ocurra. Se acentúa el elemento social, el carácter comunitario de los derechos, que el beneficiario 

último de la materialización de estos derechos es la comunidad y no el individuo, pues es ésta la 

que se beneficia de la cohesi ón que se logra a t ravés de las políticas sociales. No obstante, 

existen i mportantes dificultades c onceptuales y jurídicas para asignar la tit ularidad de l os 

derechos a los grupos o colectividades. Se ha abierto paso una interpretación más individualista 

que entiende que son los individuos particulares los que solicitan, ejercen y disfrutan este tipo de 

                                                 
145 Ibíd., pp.24. 



 

 

146
derechos. Es el ser hum ano el referente últim o d e la existencia d e estos derecho s. Son 

derechos de un individuo concreto y no del grupo o de la colectividad a que pertenece.146 

Otra cosa es que, en el m arco del proceso de especificación de l os derechos que se está 

produciendo e n l os últimos tie mpos, los derechos s ociales se an derechos a tribuidos a 

colectividades como las mujeres, niños, ancianos, discapacitados, desempleados, etc., y que una 

persona pueda disfrutar d e ciertas políticas por el hec ho de pert enecer a una de esas 

colectividades, esto es,  por ser mujer, niño, anciano, discapacitado, desempleado, etc.  En todo 

caso, el titular del derecho es la mujer, el niño, el anciano, etc., las personas concretas que por la 

especificidad d e sus  circunstancias, de sus caren cias v itales, d e su s ne cesidades básicas son  

objeto d e la so lidaridad ge neral qu e ha conducido al impu lso de l as políticas sociales. La  

colectividad no es la titular del d erecho por mucho que se expresen genéricamente, sino que el 

titular es  la  pe rsona que objetivamente pe rtenece a  ella  de  acuerdo c on cie rtos e lementos 

constatables que hacen previsible ciertas carencias vitales.  

 Los derechos sociales y su in serción en los t extos constitucionales están justificados por 

el hecho constatable de que los ciudadanos concretos y p articulares, titulares de esos derechos, 

tienen “n ecesidades b ásicas”: n ecesidades d e al imentación, d e vivienda, d e educación, d e 

vestido, de salud, de protección, de asistencia social, y todas estas necesidades se plasman en el 

consiguiente capítulo de d erechos sociales que se  re conoce en las con stituciones y que  lo s 

gobiernos procuran materializar con sus políticos sociales y con sus programas redistributivos de 

la riqueza. Por supuesto, todo  esto se  rea liza en e l marco del Estado  del bienestar. Exi ste una 

nítida conexión entre Estado social-derechos sociales-necesidades básicas. Los derechos sociales 

                                                 
146 Martínez de Pisón, José. Op. Cit., pp.99. 



 

 

147
se justifican a par tir de l bi nomio hombre em pírico-necesidades socia les. De aquí que se  

establezca que los derechos sociales hacen referencia al hombre empírico y real.147 

    Cuando s e h abla d e ne cesidades no se q uiere hacer ref erencia a circunstancias 

subjetivas que puede llevar a un sujeto a desear un objeto o un cambio en un estado de cosas. La 

necesidades que justifican no tienen nada que ver con estados de ánimo que pueden ser volubles 

y ar bitrarios, sin o que está n rela cionadas c on hec hos objetivos, en los q ue se  constata la 

existencia de carencias en un individuo y en su entorno –alimento, vestido, vivienda, educación u 

otras condiciones materiales- que no superan un umbral mínimo imprescindible para llevar un 

vida digna. Las necesidades no son n i preferencias personales, ni deseos, ni están sujetas a  los 

dictados del interés personal. Éstos son estados mentales variables, mientras que las necesidades 

que sustentan los derechos sociales son hechos objetivos, mensurables y constatables por cuanto 

son el ementos fundamentales de  la  re lación de l in dividuo con el medio que le circunda y sus 

condiciones de vida. 

 Las necesidades fun dantes de  lo s de rechos so ciales, se ca racterizan por los sigu ientes 

rasgos:  

1. Son básicas, es d ecir, necesari as para llevar un a vida d igna hasta t al punto qu e pu ede 
decirse que quien no logra s u sa tisfacción lle va una vida infrahumana, esto es,  
condicionada por unas caren cias insalvables que l a conducen a viv ir bajo  condiciones 
mínimas. Estas n ecesidades básicas se identifican con medios de vida necesarios como 
alimento para satisfacer el hambre, el vestido para cubrirse del frío, salud para curar las 
enfermedades, prestaciones sociales y un largo etcétera que determinan e l mínimo v ital 
de todo ser humano. 

  
2. Son objetivas, pues s u privación e s externa a l individuo y, por ta nto, c onstatable. La 

carencia de alimento, de salud, de vivienda, etc., produce estragos en el estado físico de 

                                                 
147 Ibíd., pp.100. 



 

 

148
las personas lo que es fáci lmente observable y permite conocer los daños producidos 
por una larga situación temporal de privación. 

  
3. Son universales, en el sentido de que están presentes en toda l a población no sólo de un 

grupo de países, sino de todo el planeta. Las poseen todo los hombres y su satisfacción es 
imprescindible par a llevar u na vi da digna. 4. So n históricas, e s d ecir, surgen en un 
momento determinado, en una época circunscrita a unas coordenadas espacio-temporales, 
de a cuerdo con las c ircunstancias co ncretas y , por ta nto, pueden variar si éstas 
cambian.148 

 

 Existe po r lo t anto un a e strecha re lación en tre la s n ecesidades y  los d erechos so ciales, 

pues éstos no son sino el reconocimiento de una exigencia de los individuos –sobre el alimento, 

vestido, educación, salud, etc.- que tiene por objeto el lograr los elementos básicos para llevar 

una vida digna.  

 

3. Los Derechos Sociales Remiten a  un Conc epto de Libertad Configurado a Partir de la 

Igualdad 

 Los derechos civiles y políticos, se consideran derechos de libertad porque garantizan un 

ámbito de au tonomía al in dividuo, protegido y amurallado frente a infere ncias exteriores. Los 

derechos de libertad son aquellos que tratan de garantizar el pleno desarrollo humano mediante la 

delimitación de un ámbito de autonomía individual, que no puede ser perturbado ni por el poder 

ni por los individuos o grupos. Por su parte, los derechos sociales o de igualdad se justifican por 

su c arácter instrumental, po r se r co mplemento d e lo s derechos de  lib ertad en  el log ro de 

condiciones materiales i dóneas para el ejercici o de éstos. Los derechos civ iles y polític os 

encuentran un c omplemento necesario en lo s derechos d e igualdad, que pr omueven la plena 

                                                 
148 Ibíd., pp.102. 



 

 

149
integración del hombre en la sociedad y hacen posible que los titulares jurídicos de la libertad 

la disfruten efectivamente.  

 Los derechos sociales se configuran como derechos de igualdad. Con ellos, se trata, en la 

medida en que su fundamento son las necesidades básicas de los hombres, de dotar a todos los 

ciudadanos de una mínimas condiciones materiales de vida, de poder disfrutar por parte de todos 

de ciertas condiciones de igualdad con la que realizar sus deseos e intereses, sus planes de vida 

sin que las diferencias de riqueza, de posición social, de facultades y habilidades naturales sean 

un impedimento. L os derec hos sociales tienen el c ometido de c orregir los desequilibrios 

ocasionados p or la s a cciones individuales en e l mercado c uando éstas se  producen de f orma 

incontrolada. Asimismo, la consideración de los derechos sociales como derechos de la igualdad 

marcan la di ferencia entre el ob jetivo de  instaurar una d emocracia formal, lo que se  realizaría 

con lo s d erechos civiles y  p olíticos, y  el ob jetivo d e profundizar en los p rincipios d e u na 

democracia mat erial. Lo s d erechos sociales aparecen como un in strumento necesario en  la 

construcción de una democracia material.149  

 Los derechos civiles y  políticos responden a un concepto de libertad que reclama la no 

intervención del Estado, pu es, por su  origen, su o bjetivo es  el d e subord inar lo s intereses del 

poder a los  derechos i ndividuales, alz ando ba rreras i nfranqueables y co nsagrando un espacio 

sagrado de libertad. Por su pa rte, los derechos sociales se j ustifican en un concepto de libertad 

que de manda l a in tervención d el Estado . En lugar de su abstención, pre cisamente po r su 

conexión con la igualdad, requiere la organización y planificación de políticas sociales, se exigen 

prestaciones, que el gobierno procure sanidad, educación, trabajo, seguridad social, etc. 

                                                 
149 Ibíd., pp.104-105. 



 

 

150
 Para Martínez de Pisón, no tiene porque haber una oposición entre derechos civiles y 

políticos por un lado y sociales por el otro con respecto al asunto de la libertad, sino que el valor 

de la lib ertad su stenta lo s derechos so ciales, aunqu e sea un c oncepto cuy o sign ificado se  

construya a partir de la i gualdad, en íntima conexión con las pretensiones equilibradoras de las 

políticas sociales y de las a cciones re distributivas del Est ado del bienestar. Con lo s derechos 

sociales, se busca, en realidad, la remoción de los obstáculos al ejercicio concreto de la libertad. 

Se pr etende dotar de s entido material a la libertad en abstracto pr omovida p or los derechos 

sociales. Los derechos so ciales están  r elacionados con  esta visión d e l a libertad mu chos má s 

afincada en el plano de la reali dad y que, por ello, exige actitudes y acciones concretas a favor  

del bienestar de los ciudadanos.150   

 

4. Los Derechos Sociales son Derechos (Tendencialmente) Universales 

 Los derechos so ciales co mo a uténticos derechos fundamentales, que a unque hayan 

emergido históricamente como derechos de los trabajadores, se han extendido progresivamente a 

capas cada vez más amplias de la población, como Marshall señalaba se trata de un lento proceso 

de “ ampliación de la  ciudadanía”. Tal ha sid o, en efecto, la  e volución ex perimentada por l os 

derechos sociales, los c uales, a unque s urgidos h istóricamente c omo derechos de ci udadanos 

desiguales, c omo de rechos d e pa rte exigibles en función de  igualación, se ha n co nvertido 

finalmente en derechos de todos. Hay un paralelismo asimétrico entre los recorridos históricos de 

los derechos sociales, de un lado, y el derecho de sufragio del otro. El derechos de voto comienza 

siendo un privilegio de los más pudientes y , desde allí desciende lentamente hacia los e stratos 

económicamente débiles (mediante las sucesivas reformas electorales). Los derechos sociales, en 
                                                 
150 Ibíd., pp.105-106. 



 

 

151
cambio, comienzan s iendo m edidas de em ergencia para e l s ector m ás desvalido y, 

progresivamente, irradian hacia a rriba, ha cia lo s m ejor sit uados. En ambos tipos de  de rechos 

detectamos una dinámica universalizadora (a medida que ambos se dejan penetrar por la lógica 

de la ciudadanía) que, sin embargo, se manifiesta en un caso en una expansión descendente y, en 

el otro, en una expansión ascendente.151 

 En la  medida e n q ue los de rechos sociales han id o impregnándose  d e la lógica de la 

ciudadanía, se han desprendido correlativamente de su a ureola be néfico-caritativa, de s u 

condicionamiento de clase, para convertirse en una expectativa cotidiana y no estigmatizante del 

hombre normal en circunstancias normales. La ca lidad de beneficiario de los se rvicios sociales 

depende cada vez menos de la pertenencia a una clase o incluso, del padecimiento de situaciones 

de especial debilidad, la finalidad principal de la política social no solo debe consistir en asistir a 

los individuos que son  ex cepcionalmente d esgraciados, sino en  c onseguir qu e l as condiciones 

cotidianas en las que viven y trabajan los hombres sean tales que puedan llevar una vida sana. La 

expansión o generalización experimentada p or los de rechos s ociales se pro yecta en d os 

dimensiones: a) el p orcentaje d e p oblación b eneficiaria, y b) la pluralidad de  facetas vitales 

tomadas en consideración (de la simple protección frente a la invalidez o el accidente de trabajo 

se pasa a la educación, la sanidad, la seguridad del empleo, la calidad de vida, etc.).152 

 La u niversalización d e los derechos soc iales si gnifica qu e e l p araguas asistencial d el 

Estado se a mplía hasta cub rir a toda la población, de tal fo rma qu e pueda atend er a las  

necesidades específicas que surgen en di stintos contextos, l a u niversalización d e los d erechos 

sociales (globalmente considerados)  se muestra compatible con un  principio de diversificación 

                                                 
151 Contreras Peláez, Francisco J. Op. Cit., pp.33-34. 
152 Ibíd., pp.34-35. 



 

 

152
estratégica d el que resu ltan d erechos so ciales esp ecíficos para los distintos grup os 

profesionales, de edad, de renta, etc.  

 

5. Los Derechos Sociales son un Elemento de Solidaridad Social 

 La materialización de los derechos sociales, son un instrumento de cohesión interna de las 

sociedades en las que se implementan, en la media en que uno de sus objetivos es la superación 

de las d iferencias sociales, de las desigualdades de riqueza entre aventajados y desa ventajados. 

En este sentido, el Estado cumple un importante papel equilibrador entre unos y otros, a través de 

la utilización de los instrumentos fiscales que están a su servicio y a través de la programación de 

políticas sociales. Pero, ante todo, los derechos sociales son derechos solidarios porque implican 

una especial y estrecha vinculación de la c onciencia individual con la c olectiva, por la que hay 

una procuración de que todos cuenten con un mínimo vital. Precisamente, por ello, los derechos 

sociales han sido, bajo la égida del Estado del bienestar un potente instrumento de consenso y de 

legitimación del poder.153 

 Con este rasgo se qui ere resaltar otra idea  central  que separa a los derechos civ iles y 

políticos de los derechos sociales: y es que m ientras que los pr imeros se sustentan una cl ara 

filosofía ind ividualista, en una c oncepción del individuo como  en te abstracto, la fi losofía que 

sostiene a los segundos es una filosofía más gregaria, más societaria, que tiene en consideración 

la dive rsa si tuación d e los ci udadanos y q ue b usca la  función s ocial de los de rechos y  d e las 

instituciones. Los derechos sociales, derechos de prestación, son parte del mecanismo por el cual 

el individuo es, n o aislad o, sino ab sorbido por  l a sociedad, permitiéndole b eneficiarse y, al 

mismo tiempo, contribuir al bienestar colectivo (políticas de promoción social, políticas fiscales). 
                                                 
153 Martínez de Pisón, José. Op. Cit., pp.106. 



 

 

153
En cuanto mecanismos de integración, los derechos sociales desempeñan un papel decisivo 

en la preservación de la cohesión social.154 

 En síntesis, con respecto a los Perfiles de los Derechos Sociales podemos establecer que 

existen elementos típic os qu e permi ten una  cierta d iferenciación. 1. Qu e, en e fecto, 

históricamente, los d erechos sociales surgen c omo resultado d e las re ivindicaciones d e lo s 

trabajadores, son  derechos de los trabajadores d efendidos en  ara s d e una so ciedad má s 

igualitaria, pero, en la actualidad, se han convertido en derechos generalizados a otras capas de la 

sociedad. 2 . Con carácter gen érico, y  sa lvadas a lgunas exc epciones, los d erechos sociales se  

caracterizan por su carácter prestacional, es decir, por exigir que el Estado actúe decididamente 

organizando y  p lanificando la satisfacción d e las necesidades mínimas d e los ciudadanos, po r 

ejemplo, de ti po asi stencial educativo, s alud, vi vienda, e tc. 3. P or e llo, existe una estrecha 

relación entre el reconocimiento de los derechos sociales y la aparición del Estado del bienestar. 

4. A simismo, s e encuentra en  la b ase d e la actitud i ntervencionista de l Estado en la vida 

económica y social al obje to de lograr una sociedad más igualitaria y más solidaria. Se busca a 

través del intervencionismo estatal el objetivo de redistribuir la riqueza, de favorecer a todos con 

el desarrollo económico y de fomentar el bienestar general. 5. Los derechos sociales completan y 

dan sentido también a los derec hos civiles y  po líticos, pues perm iten t raspasar la barrera del  

mero rec onocimiento f ormal o jur ídico a f avor una concepción material de lo s d erechos y 

libertades de los individuos. No puede olvidarse que los derechos sociales tienen presente no al 

individuo a bstracto, sino  al hombre d e carn e y hu eso, al ind ividuo con  su s pr oblemas y 

necesidades vitales, incluso, en la medida en que se contemplan estas necesidades en cuanto que 

una persona puede ser mujer, niño, anciano, desempleado, discapacitado, etc.   
                                                 
154 Ibíd., pp.106-107. 



 

 

154
 

LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS FUNDAMENTALES 

 A lo largo del siglo XIX el proletariado va adquiriendo protagonismo histórico, a medida 

que ava nza el  proceso d e in dustrialización, y c uando desarrolla una  co nciencia d e c lase, 

reivindica unos derechos económicos y sociales frente a los clásicos derechos individuales, fruto 

del tr iunfo de l a revolución liberal burguesa. A  par tir de entonces e l de recho a l tr abajo, a s us 

frutos y  a  la se guridad soc ial pasan a ser las nuevas exig encias, cuya pro tección jurídica se 

reclama como un derecho fundamental. El derecho al trabajo es históricamente el primer derecho 

social reivindicado.155 Los derechos fundamentales constituyen un concepto propio del mundo 

occidental moderno y pre sentan u n doble momento e n s u c onfiguración o f ormación: un 

momento f ilosófico, en tanto que valores, y un segundo momento de incorporación al derecho 

positivo. El reconocimiento de los Derechos Sociales como Derechos Fundamentales, aparece, -

igual que la generalidad de las Declaraciones de Derechos-, como una reacción y una denuncia 

de abusos cometidos en el pasado.  

 Por derechos fu ndamentales e ntiende Luigi Ferrajoli s on: “ todos a quellos derechos 

subjetivos q ue corresponden u niversalmente a to dos los seres humanos en c uanto dotados de l 

status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho 

subjetivo” cualquier expectativa positiva (de  p restaciones) o  negativa (de no s ufrir lesiones) 

adscrita a  un s ujeto por u na norma ju rídica; y por status la condi ción de un  sujeto, p revista 

                                                 
155 El origen histórico del derecho al trabaj o se re monta al úl timo t ercio del sigl o X VIII hasta su 
constitucionalización y generalización propiamente en el siglo XX. El derecho social al trabajo ha llegado a ser una 
adquisición sine qua non que ha entrado en el der echo positivo del Estado contemporáneo y  en las prerrogativas 
sociales elementales del ciudadano moderno. Sastre Ibarreche, Rafael. El Derecho al Trabajo, Madrid, Trotta, 1996, 
pp.23-43.   



 

 

155
asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular 

de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercidos de éstas”.156 

El t érmino “d erechos fundamentales”, ap arece en Francia h acia el año  d e 1770 en  el 

marco d el m ovimiento político y  cul tural que condujo a l a Declaración  de lo s Derechos del 

Hombre y del Ci udadano, de 1789. La e xpresión ha a lcanzado l uego especial re lieve e n 

Alemania, donde se ha articulado, de modo especial tras la Constitución de Weimar de 1919, el 

sistema d e re laciones ent re el individuo y el Estado, en cuanto fu ndamento d e todo el o rden 

jurídico-político.157  

Los derechos soc iales, junto con las l ibertades públicas, son  el  art iculado sobre  los que 

gira el entero sist ema de los derechos fund amentales, en las constituciones dem ocráticas 

posteriores a la de Weimar. Estos derechos se dirigen a explicitar las exigencias de los valores de 

la igualdad y de la solidaridad, de igual modo que las libertades públicas concretan y desarrollan 

los valores de la lib ertad y la  di gnidad h umana. Los de rechos s ociales tienen c omo p rincipal 

objeto asegurar la participación en la vida política, económica, cultural y soci al de las personas 

individuales, así como de los grupos en los que se integran. Se trata de derechos de participación 

de los grupos y de los individuos, derivados de su integración en colectividades y que garantizan 

el carácter democrático de éstas. 

 Esta definición permite advertir los caracteres más salientes de los derechos sociales. Así, 

pueden entenderse tales derechos, en sent ido objetivo, como el conjunto de las norm as a través 

de las cuales e l Estado lleva a cabo su  función equilibradora de las desigualdades sociales. En  

tanto que, en sentido subjetivo, pueden entenderse como las facultades de los individuos y de los 

                                                 
156 Ferrajoli, Luigi. “Derechos Fundamentales”, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Editores,  Los Fundamentos 
de los Derechos Fundamentales, Madrid, Trotta, 2001, pp.19. 
157 Pérez Luño, Antonio E. Los Derechos Fundamentales, Madrid, Tecnos, 1998, pp.29. 



 

 

156
grupos a p articipar de l os b eneficios de la vi da social, lo q ue se tra duce en determinados 

derechos y  prestaciones, directas o indirectas, por parte de los  poderes públicos. Los derechos 

sociales poseen la condición de auténticos derechos fundamentales. Tales derechos se distinguen 

de las libertades por su objeto y finalidad, completando así el m arco de situaciones, necesidades 

e i ntereses pe rsonales y  c olectivos protegidos por el sistema g eneral de los derechos 

fundamentales.158 

Los derechos sociales se refieren a aquellos derechos fundamentales dirigidos a tutelar la 

actividad prá ctica del homo faber, o sea , al ser h umano en  su  condición de trabajador. La  

integración de los derechos sociales en el sistema de los derechos fundamentales ha contribuido a 

redimensionar la  pr opia imagen d el sujeto ti tular de  der echos. Los derechos sociales h an 

propiciado u n su jeto t itular d e lo s d erechos fundamentales que res ponde a un a i magen real y  

concreta del hombre al asumirlo en la totalidad de sus necesidades e intereses. 

Los primeros pasos en esta dirección se van dando por medio de leyes ordinarias que en 

forma aislad a van rec onociendo algunos de los Derec hos Sociales. Pero, a m edida q ue la 

concepción del Esta do s e tra nsforma y  la ins uficiencia de los p ostulados libe rales se h acen 

patentes a la conciencia pública, cuando los trabajadores cobran sentido de clase y, constituidos 

en asociaciones profesionales, se integran como fuerzas reales de poder, se va haciendo sentir la 

necesidad d e u n rec onocimiento más s olemne q ue confiera a l os De rechos s ociales el m ismo 

rango q ue le de  los derechos In dividuales y l os rodee de  la s mismas g arantías otorgándoles, 

dentro de las constituciones mismas, el carácter de Derechos Fundamentales y, en consecuencia, 

de postulados básicos de la organización jurídico-política. 

                                                 
158 Ibíd., pp.183-187. 



 

 

157
Los derechos s ociales positivados e n la  C onstitución s on si empre n ormas j urídicas 

inmediatamente aplicables y  qu e h acen inconstitucional c ualquier actuación con traria a su 

contenido (en determinadas oc asiones, pueden determinar ta mbién f enómenos de  

inconstitucionalidad po r omisión, e n lo casos en q ue los poderes p úblicos s oslayen o aplacen 

injustificadamente e l cu mplimiento d e los man datos con stitucionales e ncaminados a la 

realización de estos de rechos). La proclamación de l os de rechos so ciales su pone una garantía 

para la democracia, esto es, para el efectivo disfrute por todos de las libertades personales, civiles 

y políticas. En el sen tido de la Constitución del Estado social de Derecho, los derechos sociales 

son derechos de libertad, porque estos derechos, lejos de entrañar la negación de las libertades, 

representan su desarrollo y su extensión a todos los ciudadanos. Por ello, correlativamente puede 

hablarse de una libertades públicas de la igualdad, puesto que en el Estado social de Derecho las 

libertados son ju rídicamente igu ales, cuyo re al ejercicio d ebe ser garantizado po r lo  poderes 

públicos en un plano d e iguales oportunidades. De est e modo, las l ibertades públicas, que  

suponen concreciones de la libertad, y los de rechos sociales, en cuanto especificaciones de la 

igualdad, se  integran pro fundamente y simultáneamente. Porque la libertad sin igualdad no  

conduce a la sociedad libre y pluralista, sino a la oligarquía, es decir, a la libertad de algunos y a 

la no-libertad  de muchos; mientras que la igualdad sin libertad no conduce a la democracia, sino 

al despotismo, o sea, ala igual sumisión de la mayoría a la opresión de quien detenta el poder.159 

El contenido y la s ignificación de los Derechos Sociales estarán condicionados, en gran 

parte, por la dog mática que inspire a lo s distintos tipos de regímenes políticos. En los sistemas 

dictatoriales o totalitarios, la delimitación y el sentido de tales Derechos serán diferentes de l os 

que tengan en aquella o tras formas d e o rganización p olítica dond e se respeten los po stulados 
                                                 
159 Ibíd., pp.211-215. 



 

 

158
básicos del individualismo que, debidamente estructurados seguirán valiendo siempre como 

Derechos Fundamentales de la persona. En este segundo tipo de sistemas, los Derechos sociales 

revisten algunos rasgos distintivos generales que son comunes a todos ellos. 

1) La primera de estas características es la de que los Derechos Sociales se erigen como 

derechos fundamentales. Estos últim os pu eden configurarse como un conjunto de  exigencias, 

anteriores y superiores al Estado, en cuanto derivan de la naturaleza misma de la persona humana 

y constituyen el lím ite y f inalidad de lo s ocial. Proye ctados hac ia el h ombre mismo, estos 

derechos se  n os revelan como l os De rechos del Hom bre por ant onomasia y , ref eridos a la 

estructura po lítica de la  socieda d, adquiere n el  rango de valores po líticos fundamentales y  de 

postulados básicos de la organización social.160 

 El carácter de los Derechos Sociales como Derechos Fundamentales del hombre emana 

de una concepción según la cual la sociedad debe poner sus recursos y su actividad al servicio de 

las personas y éstas tienen derecho a exigir que la colectividad las asista en caso de necesidad; 

les proporcione un nivel de vida adecuado y ponga a s u disposición los medios necesarios para 

alcanzar sus fines. Esta concepción coloca a lo s Derechos Sociales entre l as disposiciones que 

deben f ormar p arte de la Co nstitución o  Ley Fundamental de lo s Estado s m odernos como 

principios orgánicos o elementos integrantes de su dogmática política. 

 Histórica y sociológicamente, e l reconocimiento constitucional de estos derechos puede 

haberse de bido, a la i ntegración de  las a grupaciones d e trabajadores como “factores reales de  

poder” y eso explica q ue, e n su pr imera eta pa constitucional, los De rechos Sociales se h ayan 

dirigido preferentemente a la  clase trabajadora. Pero, cuando lo que cambia es la noción misma 
                                                 
160 Campillo Sainz, José. Derechos Fundamentales de la Persona Humana. Derechos Sociales, México, Editorial 
Jus, 1952, pp.63-66. 
  



 

 

159
de las conexiones entre el  Est ado y la persona y  se coloca a esta última como uno de los 

términos de la re lación, los D erechos S ociales d esbordan el c oncepto del tra bajador para 

encaminarse al económicamente débil o lo que es lo mismo al hombre como tal cuando requiera 

la ayuda de la colectividad. 

 El rec onocimiento de  los Derechos Soci ales i mpone al Estado el c umplimiento de 

funciones que no podría llenar si no dispusiera de los medios adecuados para ordenar la vida de 

la sociedad hacia la  satisfacción de esas finalidades y c ontar con la colaboración activa de los 

miembros de  la colectividad. De aquí qu e la apa rición de  tales der echos vaya comúnmente 

aparejada con la acentuación o la consignación de un conjunto de Deberes del hombre para con 

la sociedad. Así surgen las nociones de la propiedad “función social”, del deber del trabajo, de la 

intervención más o menos amplia en la vida económica etc., tan ligados a los Derechos Sociales, 

que l a legislación que l os r eglamenta ha l legado a recibir g enéricamente el n ombre d e 

“Legislación Social”.  

 2) La se gunda cara cterística d e los Dere chos So ciales, se rá la  interpenetración qu e e n 

ellos se  efectúa entre  la s esfe ras públicas y privadas. Esta in terrelación se re aliza en un doble 

sentido: primero, de a rriba abajo, mediante la in tervención del Esta do e n la ac tividad de l os 

particulares y, segundo, en forma ascendente a través de la inserción dentro de la organización 

política de los g rupos soc iales o ec onómicos q ue lle gan a asumir ve rdaderas funciones 

públicas.161 

 La intervención del Estado alcanzará su máximo en los regímenes totalitarios y asumirá, 

en cambio, formas variables de intensidad en los sistemas que continúan la tradición occidental 

de respeto a la  dignidad de la persona. El límite de interferencia estatal en la actividad privada 
                                                 
161 Ibíd., pp.66-67. 



 

 

160
dependerá de la s cir cunstancias, las é pocas y l os países, per o, c omo tesis ge neral, es  

innegable que la realización de los De rechos Sociales exige una cierta intervención del Estado, 

aunque esta última no debe llegar nunca hasta el extremo de eliminar el ejercicio de las libertades 

o de aniquilar el impulso creador de la iniciativa privada en el que no sólo hay que ver un medio 

para que el hombre realice su personalidad, sino también el mejor instrumento para el progreso y 

desarrollo de la colectividad.  

 3) La te rcera característica de l os Derechos Sociales es la de su irrenunciabilidad y e l 

carácter imperativo y de orden público de las normas que a ellos se refiere. Se con sidera que la 

eficacia de tales derechos no puede dejarse al arbitrio de los particulares porque se pondrían en 

peligro los principios constitutivos de la organización política y porque la p osibilidad de su no 

aplicación en un caso concreto sería una amenaza para su efectividad en general.162 

 La irrenunciabilidad e imperatividad de los Derechos Sociales determina en el campo en 

que ellos operan una limitación de la autonomía de la volun tad que ha trascendido t ambién al  

ámbito del Derecho Común. El m undo jurídico del liberalismo individualista se asentaba en la 

autonomía de la voluntad como en  su principio fundamental. El hombre no  podía estar sujeto, 

sino a las obligaciones que él mismo se impusiera y el c ontrato dominaba en el  edificio entero 

del Derecho tanto en su aspecto público como en el privado.  

 Ahora, en camb io, mu chas in stituciones que ante s estaban sujetas e xclusivamente a la 

voluntad de las partes, han pasado a ser reguladas imperativamente por la Ley y, aún en el campo 

reservado a l as formas contractuales, el consentimiento ha quedado sujeto a serias l imitaciones 

en cuanto a  su formación, a su contenido, a su d inamismo y a su d uración y e stabilidad. La s 

situaciones puramente subjetivas van siendo reemplazadas por situaciones objetivas y se opera, 
                                                 
162 Ibíd., pp.67-69. 



 

 

161
en parte, un nuevo tránsito del régimen de Contrato al de Estatuto. El contrato no podrá ser 

en lo  futuro un  instrumento d e opresión o d e injusticia y  la vol untad de la s pa rtes estará 

dominada por principios objetivos superiores que sólo le concederán efectos jurídicos cuando se 

apegue a los dictados de lo justo. La justicia debe contener el uso indebido de la libertad pero, a 

la v ez deb e respetar a esa  mis ma l ibertad sin la cual no pu ede haber un a exigencia hu mana 

realmente digna de este nombre.  

 4) Finalmente, los Derechos Sociales tienen la tendencia a ser derechos particularizados 

o especiales que otorgan un tratamiento diferencial en atención a la categoría económico-social 

de los in dividuos a los cuales se aplican. Por  lo que c oncierne e n c oncreto al Derecho del 

Trabajo, se ha  discutido s i d ebe o no c onsiderarse com o “ derecho de clase ” pero, 

independientemente de cual quier disc usión, la  legislación nos p resenta, como un hecho 

innegable, a dive rsos gr upos de n ormas inte gradas e n conjuntos m ás o menos s istemáticos y 

destinadas a regir de manera especial la situación de determinadas categorías.163 

 Los derechos especiales no son, ni pueden ser, una maraña inconexa de derechos privados 

que vendrían a r omper los principios de abstracción y generalidad de la le y. Crean si tuaciones 

jurídicas objetivas dentro de las que cabe indistintamente todo aquel que pertenece a las diversas 

categorías so ciales en  cu estión, entend iendo por ést as, las qu e re sultan de las diferencias 

existentes entre lo s ho mbres, siempre qu e ellas a suman un  carácter social y  no  est rictamente 

individual (profesión, nacionalidad, residencia, edad, clase social propiamente dicha, etc.).  

 El De recho no  pu ede d esconocer que, po r encima d e la id entidad esencial entre lo s 

humanos, existen diferencias accidentales que una correcta ordenación de la sociedad debe tener 

en cuenta. El orden jurídico no es un puro sistema matemático al que le sea lícito trabajar sobre 
                                                 
163 Ibíd., pp.69-71. 



 

 

162
abstracciones y  se res ideales. Está ll amado a reg ir la real idad y n ada má s l ógico que 

establezca reglas diversas según la diversidad de las situaciones sobre las cuales vayan a operar. 

Si los Derechos sociales tienden a crear un orden jurídico que asegure a lo s hombres un 

mínimo equitativo de bienestar y los auxilie en sus necesidades, corresponderá a la lógica interna 

que su propia finalidad les impone, que sean derechos especiales que distingan entre las diversas 

situaciones de aquellos sobre quienes están destinados a regir.  

 Sin embargo, deberá cuidarse que la pr otección o el tra tamiento diferencial q ue se  

otorgue a una categoría, no lleguen nunca hasta el extremo de constituir un privilegio a favor de 

ella que perjudique injustificadamente a las otras o que vaya en contra del interés general. Otro 

aspecto que habrá qu e cuidar será el que los derechos espec iales no ll eguen a m ultiplicarse 

indefinidamente pr ovocando una a tomización o  pulverización del derecho y, lo q ue es p eor, 

encerrándose en  p rincipios m uchas v eces opuesto s entre sí qu e vengan a romper l a unidad 

esencial q ue d ebe reinar e n todo or den ju rídico. Hasta dónde p ueda o deba lle garse e n la  

especialización, será un problema que sólo podrá resolverse atendiendo a las circunstancias que 

cada realidad social ofrezca, pero deberá tenerse presente la necesidad de evitar que el derecho se 

convierta en un laberinto confuso e inextricable y la de conservar esa armonía fundamental que 

es principio constitutivo de todo sistema de derecho.   

 Las políticas del Estado del bienestar se encargaban de suministrar bienes públicos que 

servían de base para la reproducción de la fuerza de trabajo. La ciudadanía a partir de la segunda 

guerra mu ndial se  en sanchaba a sí en su s conten idos y empezaba a tener características d e 

ciudadanía total –fusión prácticamente inseparable de e lementos de na turaleza política, social y 

económica. A las li bertades políti cas tr adicionales se aña dieron una larga serie de derechos 



 

 

163
positivos con cretados e n el su ministro de bienes q ue no era n merc antilmente o fertados de 

una manera directa, y  otr o b uen núm ero de  d erechos laborales de rivados de  la 

institucionalización pública del conflicto industrial y del mercado laboral y que hacía elementos 

de de recho p úblico e l proceso de contratación la boral, re gulada y  am parada cada vez más en 

acuerdos entre los diferentes agentes sociales y el propio Estado intervencionista.    

 El Estado del bienestar va a suponer un ensanchamiento de la ciudadanía hasta t al punto 

que cod ificaba y normalizaba s ocialmente a  a mplio secto res de l a población. La  

desmercantilización parcial de ciertos espacios de las economías occidentales supusieron a nivel 

nacional, por lo tanto, una racionalización del capitalismo moderno con efectos complementarios 

positivos en la acumulación económica, la legitimación social, el consenso democrático, y cierto 

reparto indirecto entre los sectores intermedios de renta; supusieron un modelo de sociedad del 

bienestar donde el pacto keynesiano trajo consigo la aceptación por parte de la mayoría de las 

ciudadanías occidentales, de la racionalidad básica del sistema de producción si se compensaba 

con la socialización de los posibles costes sociales por parte de las esferas públicas. Este proceso 

suponía el reconocimiento de de rechos que no  solamente eran l os derechos políticos, sino que 

también eran lo s de rechos a p articipar en cie rtos grados d e distribución so cial, es decir lo s 

derechos sociales. 

 La  constitucionalización de los  derechos sociales ha s ido uno de los rasgos básicos del 

ciclo hi stórico de  reconstrucción de  la se gunda gue rra m undial y del p osterior c recimiento 

sostenido y op timista. La fron tera d el bienestar m aterial se añ adía así  a  los l ímites de la  

ciudadanía política liberal, normativizando una sustanciosa serie de derechos sociales que al ser 

formalmente asum idos por los Es tados nacionales s e c onvertían en e l c ompromiso de  una 



 

 

164
provisión c ontinuada de b ienes p úblicos a una población que  ve ía c on ello ampliado el 

ámbito positivo de su ciudadanía. 

 De las relaciones entre el hombre y lo colectivo, corresponden los derechos sociales que 

están regidos por una especie particular de Justicia a la que, para distinguirla de la comunicativa 

y distributiva, se ha dado el nombre de “Justicia Social” asignándole como objeto propio el de 

ordenar la vi da social c on m iras al bie n común y establecer u na correcta dis tribución de las 

cargas y b eneficios q ue de él se derivan. E l c ontenido de los D erechos sociales e stará 

determinado por su misma finalidad y  revestirá en la p ráctica d iversas proyecciones concretas 

que se desarrollan particularmente en los tres sectores esenciales, el de la educación, la asistencia 

y la economía.  

El concepto de ciudadanía, que se desarrolla después de la segunda guerra mundial, hasta 

la llamada cri sis d el Estado del bi enestar se h abía v enido con struyendo del cruce d e, por  una 

parte, una ciudadanía política, basada fundamentalmente en el derecho al voto y la participación 

política, y por otra, de una ciudadanía social basada en los derechos de bienestar, materializados 

en la provisión estatal de una larga serie de bienes y se rvicios públicos considerados dentro del 

consenso de mocrático c omo responsabilidad de  la s nac iones, garantes de la seguridad de s us 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 



 

 

165
CAPITULO III 

LA CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS RIESGOS DE LA 
CIUDADANÍA SOCIAL 

 

 El m odelo p olítico-económico de E stado del bienestar h abía perm itido compaginar el 

crecimiento económico, un os niveles e levados de e mpleo y la ap licación de pol íticas so ciales 

distributivas después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de los años sesenta y 

principalmente de sde l os a ños setenta d el si glo pasado la c risis e conómica generalizada 

evidenció l as d isfuncionalidades de este tipo de s istema pol ítico de  Esta do del Bie nestar. 

Efectivamente, sobre todo a p artir d e l a dé cada d e los setenta, se d etecta en  todos lo s pa íses 

industrializados de Occ idente u n m arcado proceso de de saceleración económica que h abía 

conducido finalmente a una grave crisis social con sus ya conocidos efectos nocivos (desempleo, 

desigualdad, segmentación del mercado de trabajo, mutaciones y rupturas del tejido social, etc.) 

Después de  este  cic lo económico rec esivo se  han ido s ucediendo hasta la fe cha pe ríodos de 

recuperación y recesión económica. Esta crisis estructural incide igualmente en la conformación 

del Estado del capitalismo maduro; la c risis económica y del empleo produjeron la cr isis fiscal 

del Estado y los problemas de financiación del sistema de Seguridad Social. 

Sobre el Estado del bienestar, desde sus comienzos existió un grupo que desde la Derecha 

rechazaba esa mezcla de Estado  y  mer cado representativa d e la po sguerra. Este g rupo 

proclamaba su f e en las d octrinas clásic as del mercado y el i ndividualismo, y de ploraba el 

compromiso entre capitalismo y socialismo representado por e sta vía intermedia. Economistas 

como Hayek y  Friedman, por ejemplo, se han identificado con este punto de vis ta desde hace 



 

 

166
muchos años. 164 Lo s a ños 70  supusieron un cam bio de esce nario. E nfrentado con un a 

situación persistente de estancamientos con inflación, el Keynesianismo prácticamente se h abía 

desmoronado co mo teoría y  co mo gu ía para la  ac ción. Desde entonces ha h echo su ap arición 

dentro de l campo d el pe nsamiento social un movimiento ne oconservador basado en los 

principios d el laissez-faire: cre encia en  el mo netarismo y en el libre juego de las fu erzas del 

mercado. La s ideas de  la n ueva derecha re presentan u n c ontraataque sign ificativo contra la  

socialdemocracia y el Estado del Bienestar. 

 

 

LOS PROBLEMAS DE LEGITIMIDAD Y CRECIMIENTO DEL GOBIERNO 

 Para la nueva derecha el c recimiento del Estado es un desastre absoluto, su intervención 

en la economía y en la provisión de los servicios de bienestar ha sido un fracaso. Se señala, para 

cada país capitalista, una larga lista de las deficiencias del Estado del bienestar como prueba de 

su fracaso, el gasto masivo de recursos y esfuerzo ha traído poco beneficio y causado un enorme 

daño: los gobiernos se  encuentran sobrecargados hasta el pu nto d e vo lverse ineficientes e 

ineficaces. Las políti cas económicas keynesia nas y l as políticas del Estado del bienestar 

marcadas por el estilo Beveridge fueron responsables del crecimiento del Estado en los años de 

posguerra. Keynes hizo respetables e l dé ficit presupuestario y  el creciente end eudamiento y 

                                                 
164 Desde mediados y princi pios del siglo XX autores como Friedrich A. Hayek, Milton Friedman y Ludwin Von 
Mises, han presentado una serie de postulados a f avor del liberalismo clásico, defendiendo la tesis en contra de la 
sobre regulación del Estado la cual se considera nociva para la libertad económica y el individuo. Para Friedman sin 
la libertad económica, las demás libertades -civiles y polít icas- se desvanecen. Mientras que para Hayek la libertad 
es en el fondo un instrumento del  prog reso; el  mérito su premo de l individuo hay ekiano es co ntribuir (s in dars e 
cuenta) a la evolución social, en donde lo que importan son las reglas del juego y no los valores y fines compartidos. 
Estos aut ores basan sus i deas en  la a preciación c lásica l iberal del  g obierno li mitado, l os mercados l ibres y  el  
gobierno de la ley  y  representan e l antecedente teórico de los ataques neoconservadores en contra del Es tado de l 
bienestar. Guilherme Merquior, José. Liberalismo Viejo y Nuevo, México, FCE, 1993, pp.167-174.    



 

 

167
gasto público. E l é xito inicial de e stas políticas a centuó el p roblema de  la s obrecarga de 

funciones en la larga duración, porque aumentó el prestigio del gobierno y  animó a la ge nte a 

creer que no debían ponerse límites a s u papel interventor. Otra razón para la sobrecarga es el 

crecimiento administrativo una vez que los programas se inician ganan velocidad por sí mismos 

e in crementan l a bu rocracia. Lo s nu evos p rogramas no si empre reemplazan a aquellos que  y a 

existen, de m odo que las funciones de la s agencias de gobierno encargadas de ellos crecen año 

tras año. Las consecuencias de esta sobrecarga del gobierno, incluyen una grave decadencia de la 

eficacia del gobierno y un incremento en el número de fracasos de las políticas estatales. Otro  

problema más de la sob recarga de gobi erno e s que e l sistema gub ernamental se  va haciendo 

mayor y más complejo, aumentando las dificultades de coordinación y control.165  

 La nue va derecha utiliza l as t eorías de la sobrecarga de funciones del Estado y las 

pruebas, extremadamente sesgadas, de los fracasos en la política para dejar a un lado al Estado 

del bienestar y vo lver a las políticas de laissez-faire; una vuelta al mercado y más apoyo en las 

familias y en el esfuerzo voluntario. Como señala Hayek, se trata de un laissez-faire que permita 

establecer un a c ompetencia efec tiva e ntre la s fu erzas del merc ado, é sta es la  m ejor guía para 

conducir los esfuerzos individuales y garantizar la libertad. El liberalismo económico considera 

que la competencia es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada 

uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad, evitando por lo tanto un 

“control so cial expl ícito”.166 De aqu í que la  nueva d erecha a firme q ue l a intervención estatal 

supone la negación de la libertad, estableciendo un estrecho paralelo entre la libertad económica 

en el m ercado y  la  libertad en ge neral. Los se rvicios so ciales su ministrados e statalmente, lo s 

                                                 
165 Johnson, Norman. El Estado de Bienestar en Transición. La Teoría y la Práctica del Pluralismo de Bienestar, 
Madrid, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp.56-58.   
166 Hayek, Friedrich A. Camino de Servidumbre, Madrid, Alianza, 1978, pp.66-67. 



 

 

168
intentos hechos por parte del Estado para reducir la desigualdad y mantener altos niveles de 

empleo, son rechazados al considerarlos inalcanzables, salvo a un precio demasiado elevados en 

términos de libertad.  

Los problemas económicos, fiscales y de gobierno del Estado del bienestar dan origen a 

problemas de legitimación. Si, a ca usa de los problemas económicos, administrativos y fiscales, 

el Estado de bienestar no  puede p roporcionar lo  qu e pro mete o  lo  qu e la g ente espera d e él , 

comienza entonces a perder el apoyo de las masas; se da una pérdida de l egitimidad. La única 

solución, de acuerdo con la nueva derecha, es una reducción drástica del papel del Estado y un 

compromiso m ucho más fi rme con lo s principios d el capitalismo: indi vidualismo, propiedad 

privada, libre mercado, competencia y beneficio. Los escritores de derechas, suscriben la opinión 

de que el Estado de bienestar es la causa de los crecidos gastos estatales y del crecimiento del 

aparato de gobierno. La libertad del individuo es sacrificada en la  persecución de una igualdad 

no lograd a. Más concretam ente, el Estado  d el b ienestar re duce los incentivos, sof oca la 

iniciativa, libera a la gente de responsabilidad personal y estimula la d ependencia. La ausencia 

del m ecanismo de lo s precios y de la disciplina de m ercado e stimula la  ineficiencia y e l 

despilfarro.167  

La izquierda, por su parte, esta de acuerdo con la nu eva derecha en cierto sentido en lo 

que hace a la so brecarga del Estado y los problemas del gobierno democrático. Los problemas, 

de acuerdo con la izquierda, son el resultado de las básicas contradicciones existentes en el seno 

del sistema capitalista. Offe establece que “la brusca d esaparición del Estado del b ienestar 

abandonaría al sistema en un estado de conflicto explosivo y de anarquía”. Este autor destaca que 

“el embarazoso secreto del Es tado de l bienestar e s q ue si su im pacto s obre la a cumulación 
                                                 
167 Johnson, Norman Op. Cit., pp.64-68. 



 

 

169
capitalista bie n pu ede ha cerse d estructivo (como tan en fáticamente demuestra el análisis 

conservador), su abolición sería se ncillamente paralizante (un hecho sistemáticamente ignorado 

por los críticos conservadores). La contradicción es que el capitalismo no puede existir ni con ni 

sin Estado  del bien estar”.168 Offe  d estaca en  té rminos si milares a lo s teóricos con servadores, 

que el problema de la ingobernabilidad es resultado de la presión creciente de las expectativas de 

bienestar y por la disminuida capacidad directora del Estado.       

 En este sentido y dentro de las críticas hechas por la izquierda, Alan Wolfe establece que 

la c ontradicción de l s istema po lítico y los pr oblemas de l egitimidad se producen en tre las  

visiones políticas l iberales y democráticas del Estado. Las m edidas polít icas libera les i ntentan 

facilitar la acum ulación de capital, en tanto qu e las medidas políticas democráticas dificult an 

dicha acumulación al insistir más en la máxima participación de todos los ciudadanos en la vida 

política y e conómica. Pa ra W olfe “ la c risis de legitimidad es producto de  l a i ncapacidad del 

Estado capitalista avanzado para mantener su retórica democrática si es que ha de preservar la 

función de acumulación, o de la incapacidad para estimular una mayor acumulación si es que ha 

de ser fiel a su ideología democrática”.169    

Las críticas de la izquierda se ce ntran en l as contradicciones del Estado capitalista y del 

Estado del bienestar en particular. El Estado de bienestar para esta corriente sigue siendo visto 

como una de las mayores causas de los problemas económicos, gubernamentales y fiscales en las 

democracias capitalistas. Más c oncretamente, si bien el Estado del bienestar ha conseguido, sin 

duda alguna, mejoras en el nivel de vida de la clase obrera, ha fracasado a  la  hora de llevar a 

cabo al gún cambio f undamental e n la  estructura socioeconómica y  en la  d istribución d e l a 

                                                 
168 Offe, Claus. Contradicciones en el Estado del Bienestar, México, Conaculta/Alianza, 1991, pp.142. 
169 W olfe, A lan. Los Límites de la Legitimidad. Contradicciones Políticas del Capitalismo Contemporáneo, 
México, 1987, pp.356. 



 

 

170
riqueza y el poder. Desde el momento en que el Estado del bienestar opera básica, aunque no 

exclusivamente, en interés d el capital, los e sfuerzos par a atender a l as n ecesidades d e lo s 

trabajadores son  poco  gen erosos, míni mos y condicionados en parte, po r las necesidades del 

capitalismo y en parte, por la presión obrera. El Estado de bienestar está más preocupado por el 

control social que por el cambio social. Se  espera que los receptores de las ayudas desarrollen 

actitudes útile s para el sistema y  que s e conformen c on d eterminados pa trones de 

comportamiento.170 

Las c ontradicciones d el sist ema político del Estado del bienestar, a nte l a difi cultad 

manifiesta de que se puedan c onciliar, sin que se produzcan graves  distorsiones en la formación 

social, las dos funciones principales que ha de desplegar, a sa ber, garantizar el  funcionamiento 

del sistema económico haciendo posible la acumulación rentable del capital disponible (principio 

económico de acumulación cuyo inc umplimiento es m anifiesto ante l a crisis de l a o ferta y l a 

consiguiente caída del tipo de beneficio empresarial) y conseguir la adhesión de los individuos y 

de los g rupos de intereses organizados a las políticas es tatales, legitimándolas a  tra vés de  la 

integración y del consenso social (pri ncipio político de  legitimación). Frente a la c risis de l os 

años setenta, el poder político debería conciliar, dentro de su actividad económica y en el marco 

de l as polí ticas socia les que  procuran su legitimación, dos exigencias que e n la década de los 

ochenta aparecían especialmente contradictorias e inconciliables en el momento de su puesta en 

práctica por u n lado, el E stado, a  fin de garantizar s u l egitimidad y c onsenso s ocial, debería 

procurar el  b ienestar so cial realizando una política encaminada a garantizar una ade cuada 

protección de la s clases trab ajadoras, po r otro, tut elar el interés emp resarial a tra vés de una 

política económica que asegure el crecimiento económico y la acumulación rentable del capital, 
                                                 
170 Johnson, Norman Op. Cit., pp.68. 



 

 

171
cumpliendo, por otra parte, con el principio de subsidiaridad de la iniciativa pública. Lo que 

sucedió, sencillamente, es que la crisis estructural había convertido en prioritaria la función de 

acumulación e conómica, h aciéndola i ncompatible, e n buena m edida, c on la s demandas de 

bienestar. E n efecto, cuando e l Estado no puede reconciliar amb as e xigencias ( acumulación y  

legitimidad), se produce una crisis de legitimación estructural, es decir, se ocasiona un déficit en 

la ra cionalidad político-administrativa qu e e l capi talismo av anzado h a tomado en su  nu eva 

expresión como Estado del bienestar.  

 Para los c onservadores, el Es tado del bie nestar g enera u n crecimiento del go bierno, 

excesivo, dañino y carente de todo principio sustentador. Ya que es muy fácil que la defensa de 

la c onveniencia de  la intervención re guladora de l g obierno e n la  e conomía de mercado (e l 

paquete de Keynes y Beveridge de colectivismo moderado) conduzca a una situación en la que el 

gobierno p ase a as umir l a responsabilidad de t odos y  cada uno de los posibles p roblemas 

económicos y sociales. En la  actualidad no hay prácticamente nada en lo que el gobierno pueda 

permitirse no inmiscuirse. Y ser considerado respon sable de to do sig nifica sen tirse o bligado a 

intervenir en todo. Este elevado sentido de responsabilidad por parte del gobierno no tiene nada 

que ver, sin embargo, con el alto grado de conciencia social existente o con la vigencia de algún 

otro principio s ocial al truista, si no q ue m ás bien si gnifica q ue la presión e lectoral y las 

características de la competencia política en democracia han empujado al gobierno cada vez más, 

a convertirse en “responsable” de todo.  

 Los conservadores, destacan el pa pel de la propia burocracia estatal. Lejos de ser meros 

servidores públicos y una herramienta obediente en manos de los políticos, la burocracia es un 

grupo de interés d e ple no dere cho. Las burocracias p úblicas, qu e tra bajan fuera de las 



 

 

172
restricciones que impone el mercado (relación costes-eficiencia) y la competencia, tienen una 

tendencia in herente a l c recimiento. Se gún aum enta el á mbito de la a ctividad de l gobierno 

también aumenta la burocracia que se interpone entre los ciudadanos y sus representantes. Así la 

burocracia se con vierte tanto en un v ehículo a  tr avés del cual pueden al canzar sus ob jetivos 

ciertos intereses generales así como en sus propios intereses como grupo. Una vez que se ponen 

en mar cha l os pro gramas y se  cre an las organizaciones gub ernamentales encargadas d e su  

desarrollo, es muy difícil que lleguen a ser  desmantelados. Lo que es más probable es que los 

intereses particulares de la  propia burocracia comiencen a e jercer presiones para su expansión, 

empezando por la masiva burocracia engendrada por los propios programas. 

 La l lamada cr isis de legitimación del Esta do del bienestar, m ás allá de l as críticas 

provenientes de la Izquierda y la derecha, apela a un descrédito del Estado primordialmente entre 

las clases medias occidentales que en otros tiempos fueron su apoyo y que ahora se manifiestan 

con indiferencia y de safección por la perdida de confianza en la ca pacidad de los Estados para 

producir transformaciones significativas. Uno de los factores principales de esta deslegitimación 

tiene que ver  con  el p roblema d el desempleo, el cual crece en algunas reg iones del m undo, 

mientras que en otras se mantiene estancado, no se ven las condiciones que puedan contrarrestar 

esto, más que en la precarización del empleo. Lo cual, sumado a los factores de la crisis fiscal del 

Estado y las pocas expectativas de crecimiento, el resultado es la frustración de amplias capas de 

la ciudadanía que en su día supieron que tenían asegurados determinados derechos y que ahora 

los ven, sino negados, por lo menos de  dudosa sa tisfacción. Estos hechos que se presentan en 

general, en todo el mundo lo cual ha impulsado el individualismo y la falta de solidaridad.171     

                                                 
171 Tortosa, José María. “Malestar del Estado y Estado del Bienestar”, en: Pros y Contras del Estado del Bienestar, 
Ramón Casilda Béjar y José María Tortosa (Editores), Madrid, Tecnos, 1996, pp.101-109. 



 

 

173
 

SOBRECARGA DE L SECTOR PÚBLICO Y PROBLEMAS FISCALES DE L ESTADO 

DEL BIENESTAR 

 
 
 La idea de la existencia de fallas en el sector público es muy importante en la evaluación 

neoconservadora del funcionamiento del Estado de bienestar en particular. En lo que se refiere a 

este aspecto, las fallas del gobierno se consideran como equivalentes a las fallas del mercado. En 

los dos casos dan lugar a efectos colaterales imprevistos y quizás imprevisibles. La crítica de la 

función del Estado constituye un arma nueva, y formidable, en manos de la nueva derecha. Si la 

acción del gobierno también conduce a resultados adversos e imprevistos, entonces la propia idea 

de corregir las fa llas del  mercado a  t ravés de la acción pública es c laramente e rrónea. Para  la  

nueva derecha la p olítica de bienestar estaba socavando el deseo de l uchar, de esforzarse para 

salir adelante, principalmente de los pobres. 

Como destaca Ramesh Mishra, para Nathan Glazer las fallas del sector público se deben, 

en parte a la existencia de efectos no deseados, en primer lugar, la política social conduce, por sí 

misma, a una i ntensificación de lo s procesos de debi litamiento de las estructuras familiares, los 

grupos étnicos, e l vecindario, la igl esia, etc.  El resultado e s una m ayor de pendencia hacia e l 

gobierno, y la necesidad de intensificar p or l o ta nto l a política s ocial. Par adójicamente los 

esfuerzos para luch ar c ontra las situ aciones de pob reza g eneran también pob reza. En  segundo 

lugar la política social genera inevitablemente por otra parte, un aumento de las peticiones de la 

gente de d ifícil cumplimiento, prácticamente en todos los campos. La promesa de u na política 

social cuando no se cumple de forma satisfactoria, provoca un aumento de las expectativas, que 

hará necesaria una nue va rond a de medidas soc iales para sati sfacerlas, con lo s mismos 



 

 

174
resultados. Por ello es erróneo considerar a la política social tan sólo como una solución a un 

problema c oncreto. P or el c ontrario toda medida d e política social ti ene cierto componente 

dinámico, que también puede contribuir a au mentar el problema, a cambiarlo y a generar otros 

problemas distintos. Con lo que el proceso continúa dejando tras de sí confusión, incertidumbre y 

frustración.172   

 Según la nueva derecha, otra fuente de fallas del mercado es la identificación ingenua que 

se realiza entre bien común y acción estatal. De hecho, los procesos asociados con l a puesta en 

marcha de la  política s ocial son extremadamente c omplejos. Así, lo s ob jetivos sociales tale s 

como ingresos adecuados (prevención de la pobreza), cuidados médicos,  educación y similares, 

están sujetos a un proceso continuo de redefinición protagonizado por los propios responsables 

de los s ervicios. En  este  pro ceso de r edefinición, lo s int ereses d e grupo  empiezan a s ustituir, 

invocando al int erés público, a los objetivos del propio interés público. Aspecto que constituye 

un argumento importante d el a taque neoconservador a  la r acionalidad de la a cción estatal. Lo 

que la nueva derecha sostiene es que impulsar una función lógica, clara y racional al Estado es 

equivalente a defender la existencia de un complejo proceso de interacción en funcionamiento. 

Equivale a olvidar que las i nstituciones estatales están formadas por un conjunto de actores en 

búsqueda de sus propios objetivos, que no tienen por qué coincidir con los objetivos imputados a 

la organización. Tanto Ke ynes c omo Beveridge, partían de  una concepción de u na burocracia 

benevolente y  desinteresada, sin embargo el Estado y s us instituciones se ha c onvertido en un 

vehículo para la profundización de los intereses privados de los trabajadores públicos y de otros 

trabajadores cuyo nivel de vi da d epende de  la pe rpetuación y ampliación de l ta maño de l 

                                                 
172 Mishra, Ramesh. El Estado de Bienestar en Crisis, Madrid, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1992, 
pp.67-68. 



 

 

175
gobierno. Bajo la a pariencia de interés público e l gobierno puede estar sirviendo al  in terés 

privado. La po sición de  la  nueva d erecha con respecto al c recimiento carente de principios 

sustentadores del g obierno y los problemas de l sector p úblico, cuestiona el supuesto de  

racionalidad del mismo sector implícito en la opción socialdemócrata (el Estado del bienestar se 

desarrolla pa ra h acer f rente a  varias ne cesidades de t al manera q ue c oinciden objetivo y 

funcionamiento).173     

 La i dea de la  s obrecarga del se ctor público es tá íntimamente re lacionada con los 

problemas del excesivo crecimiento estatal y las fallas del sector público. Se dice que se produce 

una sobrecarga cuando las d emandas que se realizan del gobierno exceden considerablemente a 

su capacidad para cubrirlas de forma efectiva. Las expectativas van muy por delante de lo que el 

sector público puede hacer. Por lo  tanto ex iste un a se nsación de est ancamiento por p arte del 

gobierno. 

La nueva derecha señala un conjunto de problemas que contribuyen directamente a esta 

sobrecarga. En primer lugar, durante los años de pos guerra tu vo lugar un considerable 

crecimiento de los grupo s de in terés o rganizados, la so ciedad se transformó en un a sociedad 

altamente politiza da, de fo rma que la falta de o rganización exi stente con ant erioridad, que 

posibilitaba a  l os gobiernos democráticos contar con un amplio e spacio de m aniobra se  vio 

considerablemente re ducido, a demás de  que c on e l tie mpo s e debilitaron las restricciones que 

limitaban las actuaciones d e algunos d e los grup os de in terés, los d istintos g rupos intentaron 

presionar al máximo para alcanzar sus intereses sectoriales. En segundo lugar, durante el mismo 

período tuvo lugar una auténtica revolución en lo que se refiere a las expectativas de futuro, que 

se s uponían m ás pr ometedoras, o mejor a ún, en re lación a l os derechos de los ciudadanos a 
                                                 
173 Ibíd., pp.68-70. 



 

 

176
mejorar su nivel de vida, habiéndose extendido el concepto de derechos sociales y la idea de 

que el gobierno era responsable de su garantía.174 

La actividad gubernamental y e l gasto p úblico a umentaba p ara ha cer frente a las 

demandas públicas y sin  emb argo no parecía que e l sector púb lico e stuviera al canzando s us 

objetivos. No se podía considerar que el rápido crecimiento del gasto público en las sociedades 

occidentales durante la década de los sesenta hubiera tenido efectos positivos. En la medida en 

que las responsabilidades y funciones de los gobiernos eran fruto de las demandas realizadas por 

la pob lación, l a intervención estatal no se podí a interpretar c omo sig no de f ortaleza sino de 

debilidad. 

Los neoconservadores culp an a  la  c ompetencia electoral d e generar expectativas 

excesivas entre el electorado. La conexión entre los servicios demandados por los ciudadanos y 

su c osto de provisión es extremadamente tenu e, e incentiva l a irr esponsabilidad f iscal de lo s 

electores. Todo  el m undo quiere que el gobierno m ejore los servi cios, que los aum ente, pero 

espera q ue sean otr os l os que pa guen el costo. El clamor po r mayores prestaciones, mejores 

servicios, etc., no se v e acompañado de  la dis posición a p agar m ayores impuestos. E l déficit 

resultante no es sino otra manifestación de la sobrecarga.  

El aumento de tamaño y complejidad del gobierno es, en sí mismo, parte del problema de 

la sobrecarga. Una vez que un s istema crece por encima de determinado nivel de complejidad 

nadie puede controlar su resultado. Puesto que el Estado ha alcanzado esta situación hace tiempo, 

se ha producido una reducción de la efectiv idad y  del control  ejercido por el gobierno. Para l a 

nueva derecha, e l sist ema d e me rcado e s considerablemente sup erior a la planificación e statal 

como m ecanismo d e coo rdinación de las com plejas activ idades y deseo s hu manos. Ningún 
                                                 
174 Ibíd., pp.71. 



 

 

177
sistema d e “m andato”, ni ngún método burocrático de p lanificación p odría n unca alcanzar, 

incluso ayudado de la coacción, los logros del mercado.   

 Los argumentos en contra de un excesivo crecimiento y las fallas en el sector público o el 

de s obrecarga del Estado forman u n c onjunto de p ostulados i nterrelacionados a favor de  u n 

Estado m ínimo, l a intervención estatal creciente en asuntos sociales y económicos no  es n i 

beneficiosa ni necesaria. E l crecimiento del Es tado s e h abría e fectuado, e n gran m edida, si n 

principios de sustentación válidos, y s ería más b ien e l r esultado de la  ac ción ir reflexiva y si n 

visión de futuro llevada a cabo por parte de los intereses sectoriales –políticos, votantes, grupos 

de presión organizados, burocracias, etc.- y habría conducido  a una sobrecarga gubernamental. 

Mucho es lo que prometen los políticos y lo que se espera de los gobiernos y poco lo que hacen, 

o p ueden h acer. El res ultado es u n a umento de la confusión y la fr ustración que propicia u n 

mayor crecimiento e  intervención esta tal, que a s u vez  c onduce a un a umento de l a 

insatisfacción, e s u n círculo vic ioso. Los  neoconservadores no  se  oponen a la e xistencia de 

programas de bie nestar l imitados y de tamaño reducido, diseñados de f orma que interfieran lo 

mínimo posible con el funcionamiento de las fuerzas del mercado. Si bien cualquier intervención 

que sobrepase ese límite –y el Estado del bienestar de posguerra lo ha sobrepasado con creces- 

tendrá probablemente un efecto negativo sobre la economía.   

Con r especto a lo s d erechos de  c iudadanía so cial, D ahrendorf señala qu e es tos se han 

presentado como costes (e impuestos) no salariales del trabajo y se contemplan como reductores 

de la competitividad internacional. El Estado del bienestar es la  encarnación de los derechos de 

ciudadanía so cial. Pa ra alcanzar el ob jetivo de  un pleno estatus de c iudadanía para todo s son  

necesarios la s titularidades formales y  l os p rogramas de sa lud pú blica, educación, etc. El 



 

 

178
conjunto de medidas resul tante ti ene que ser fi nanciado y administrado. Pero se lleg a a un 

punto en e l q ue la maquinaria del Estado del bie nestar le im pide c umplir s u objetivo. La  

burocracia es la mayor contradicción del Estado del bienestar, al provocar que la obtención de 

servicios p or parte de los ciudadanos quede entrampada en u n c omplicado pr oceso d e 

cumplimiento y papeleo. Para este autor, el Estado “sereno” guardián de noche, del siglo XIX, 

fracasó a l e nfrentarse a  la s e xigencias de unos de rechos de c iudadanía crecientes. De  hecho, 

nunca llegó a ser un verdadero Estado, los gobiernos tomaron para sí más tareas, lo que requirió 

más i mpuestos y má s fu ncionarios. El  Est ado, que había sido  un “sereno ” que c uida de l 

mantenimiento de la ley y el orden,  mientras que los ciudadanos duermen, llegó a parecerse más 

a una niñera que nunca deja de la  mano a  los ciudadanos. Esto es lo q ue im plica la  lla mada 

sobrecarga de las funciones gubernamentales.175 

 El primer signo de las inminentes dificultades para el Estado del bienestar fue la crisis del 

petróleo de  1973, q ue hizo estallar u na rec esión mundial. Des de mediados de  los  setenta l os 

países más avanzados industrialmente h abían ex perimentado tasas más baja s de  crecimiento 

económico, niveles más e levados de d esempleo y tasas de inversión inferiores e i nflación. En  

resumen, durante los setenta y principios de los ochenta los  resultados económicos del mundo 

capitalista avanzado se deterioraron bruscamente. Esto representa un claro contraste con las bajas 

tasas d e desempleo, las relativamente e levadas de fo rmación de c apital y el im portante 

crecimiento económico que caracterizaron los cincuenta y los sesenta. Es la caída de la inversión 

lo que ha llevado a inferiores tasas de crecimiento y a un desempleo más elevado.   

                                                 
175 Dahrendorf, Ralf. El Conflicto Social Moderno. Ensayo Sobre la Política de la Libertad, Barcelona, Biblioteca 
Mondadori, 1990, pp.156-163. 



 

 

179
 Para la nueva derecha las  políticas seguidas por los gobiernos tras la segunda guerra 

mundial, legitimadas por las enseñanzas Keynesianas, son en gran parte las culpables de las altas 

tasas de inflación de las economías occidentales. En primer lugar, Keynes enseñó a los gobiernos 

que po dían mantener al tos n iveles d e empleo iny ectando d emanda efectiva (dinero) en el  

sistema. Pero los gobiernos, al neutralizar las recesiones incrementando la liquidez y estimulando 

la economía, posibilitaron que la oferta monetaria aumentara con respecto a la cantidad de bienes 

y se rvicios dis ponibles. E l resultado f ue la inf lación, que t endería a ser permanente y 

acumulativa. E n se gundo lu gar, y en re lación c on es to, Ke ynes,  en oposición a  la  tesis 

neoclásica, defendía que el presupuesto equilibrado no era una condición necesaria para que las 

economías de mercado d isfrutaran de  buena salud. En  época d e recesión lo s gobiernos podían 

generar déf icits, in yectando demanda efectiva en el sistema con el pro pósito de a umentar la 

producción. Ke ynes, por lo tanto, jus tificó el d éficit como m ecanismo para  e stimular la 

economía. Los neoconservadores señalaron (desde una aproximación básicamente monetarista), 

que Keynes p retendía que los dé ficits f ueran equilibrados con los superávits generados e n los 

años buenos, cuando la demanda fuera elevada y la economía estuviera boyante. Pero, señalan –y 

éste es el elemento central del argumento monetarista-, que en los años de postguerra lo que los 

gobiernos pusieron en práctica fue una especie de Keynesianismo irresponsable. Los remedios 

Keynesianos estaban pr evistos pa ra recesiones m ás inte nsas qu e las q ue tuvieron lugar e n la 

década de los 5 0 y 60. A sí, lle vados por obj etivos d e p opularidad el ectoral. La  p olítica 

compensadora expansiva fue utilizada por los políticos sin ningún tipo de restricción.176 

Las críticas al Estado ke ynesiano de bi enestar siguen tres líneas dist intas. La prim era 

línea, niega mediante distintos argumentos t eóricos, la utili dad de la intervención del sect or 
                                                 
176 Mishra, Ramesh, Op. Cit., pp.79-80. 



 

 

180
público en la consecución de niveles satisfactorios de empleo. La segunda crítica se centra en 

las funciones de bienestar asumidas por el sector público, por un lado se critica el fracaso de las 

políticas de inge niería social e n l a elim inación de la pobreza, es to e s, se pone en c uestión la 

eficiencia “productiva” del sector público  en la p rovisión de servicios sociales. La tercera línea 

señala que el proceso de crecimiento de las actividades de bienestar desarrolladas por el sector 

público ha hecho que se transgreda uno de los principios básicos de la política de bienestar, tal y 

como la  pla nteaba e l binomio Ke ynes/Beveridge, la c ual c onsistía e n la no alteración de  los 

mecanismos de m ercado, e s decir, q ue s olo actuaba s obre los res ultados obtenidos p or e l 

mercado c orrigiendo a quellos socialmente no a ceptables (pobreza) o e conómicamente no 

eficientes (bienes p úblicos o desempleo), y  n o so bre los m ecanismos de asignación. En otras 

palabras, el gasto público, resultado de la puesta en marcha de las funciones keynesianas y de 

bienestar, interferiría con el proceso de acumulación privado y distorsionaría el funcionamiento 

del mercado, al desaparecer toda una serie de incentivos considerados centrales al sistema.177 

Pero a p esar del discurso de la nueva derecha hay efectivamente problemas económicos 

por parte del  Esta do del bienestar. Es de des tacarse que  e n términos c omparativos 

internacionales l a intervención del Estado del b ienestar ha inf luido ne gativamente en e l 

comportamiento económico d e l os países e n l o que a c ompetitividad internacional se r efiere, 

convirtiéndose por lo tanto en un a d esventaja c omparativa. La c ompetencia in ternacional es tá 

aumentando la pre sión sobre el Esta do d el bienestar des equilibrando s u estabilidad y  

competitividad económica. Hay tres explicaciones principales a este respecto:  

a) El crecimiento a gran escala del Estado del bienestar en los años sesenta y setenta estaría 
empezando a producir en lo s ochenta y noventa su s efecto s m ás visib les so bre el  

                                                 
177 Muñoz de Bustillo, Rafael. “Economía de Mercado y Estado de Bienest ar”, en: Crisis y Futuro del Estado de 
Bienestar, Rafael Muñoz de Bustillo (Compilador), Madrid, Alianza, 1989, pp.34. 



 

 

181
comportamiento ec onómico, aunque su s mecanismos d e disfuncionalidad hu bieran 
estado operando ya desde hace algún tiempo. El hecho de que el Estado del bienestar se 
desarrollara principalmente en países con economías fuertes explicaría que el declive sólo 
se pusiera de manifiesto después de un largo proceso de erosión. 

 
b) Otra explicación consiste en señalar los cambios acontecidos en el contexto económico, 

que habrían alterado el equilibrio entre la funcionalidad y la disfuncionalidad del Estado 
del b ienestar. Uno de e stos cambios sería la  in ternacionalización de la  producción, que  
conduce a que las empresas tengan a hora m ayor número de  o pciones a la hora de 
localizar su producción. Para un país ya no es suficiente con tener empresas nacionales 
competitivas, sino que tiene que ser comparable, como lugar de localización de empresas, 
con otros países. La capacidad productiva puede irse con mayor facilidad y por lo tanto 
no se puede contar con ella tan fácilmente como antes. 

 
c) Por último, otra clave para explicar el  retroceso competitivo reciente de los Est ados del 

bienestar está en su dominación por parte de distintos grupos de interés. Los grupos de 
poder existentes a lo largo y ancho de la economía (desde los trabajadores sindicalizados 
hasta las distintas asociaciones de productores) serían los que se habrían convertido en un 
obstáculo cada vez m ayor pa ra l a realización de l os r ápidos ajustes e conómicos 
requeridos por el mercado.178 

 
  Este contexto de problemática internacional de  la  competitividad económica del Estado  

del bienestar ha servido para que la nu eva derecha establezca que la aceleración de la inflación 

es, tan solo una de las con tribuciones del Estado i ntervencionista de posguerra a los problemas 

de las economías o ccidentales. El d inamismo de la s economías capitalistas se basa, 

precisamente, en  la existen cia d e empresarios, la aceptación de riesgo s, la innov ación y la 

expectativa d e ob tener b eneficios como r ecompensa. Pe ro la combinación d e una regulación 

gubernamental excesiva, una presión fiscal elevada y unos beneficios reducidos, actúan de forma 

                                                 
178 Estas tres explicaciones de los problemas de competitividad económica internacional por parte del Estado del 
bienestar p rovienen de un estu dio co mparativo realiz ado en 1 990 a ci nco pa íses d esarrollados: Estados Un idos, 
Reino Unido, Francia, República Federal  Alemana y Suecia. Pfaller, Alfred e Ian Gough. “La Competitividad de las 
Estados d e Bi enestar Industrializados: Un An álisis Comparativo”, en: Competitividad Económica y Estado de 
Bienestar. Estudio Comparativo de Cinco Países Avanzados, Alfred Pfaller, Ian Gough y Göran Therborn (Comps.) 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993, pp.70-73.  



 

 

182
negativa contra la inversión, el c recimiento y la creación de riqueza. El Estado se convirtió 

en una institución demasiado paternalista y en una carga muy pesada para la economía. 

Hay que reducir el ta maño de l sector p úblico y permitir que la s fuerzas del mercado, 

incluyendo aquí de forma g enérica t odas las re laciones voluntarias, a ctúen de una fo rma m ás 

libre. No  sólo hay qu e re ducir los g astos so ciales, sino  que t ambién hay  qu e abandonar los 

intentos públicos de mantener el pleno em pleo. La n ueva derecha, a diferencia de  l os 

Keynesianos, con sidera qu e el d esempleo es una  característica in evitable d e la s e conomías de 

mercado, el pr ecio qu e h ay qu e p agar po r la l ibertad y  e l c recimiento. Si  se  mantiene 

“artificialmente” el ple no em pleo – como ha n h echo todos los paí ses o ccidentales e n mayor o  

menor m edida- el resultado s erá la a parición de inf lación, seguida de ni veles cr ecientes d e 

desempleo. Además el pleno empleo inducido por la actividad públ ica t iende a disto rsionar el  

funcionamiento de la economía de mercado de forma negativa, Por todo ello puede que haya que 

considerar como natural tasas de desempleo mayores de lo que ha sido la t ónica en los años de 

postguerra.    

 Tanto los comentaristas de  la de recha c omo los de la iz quierda concuerdan en q ue el 

Estado del bienestar sufre serios problemas fiscales. La nueva derecha relaciona la crisis fiscal 

con la no ción de la s obrecarga del g obierno, los gobiernos estira n e n exceso s us recursos a l 

intentar alcanzar demasiado. La  izquierda esta de ac uerdo con esto, pero sostiene que la  crisis 

fiscal es una ma nifestación de las contradicciones en  el ca pitalismo y, más en  con creto, de la  

contradicción de la intervención en un sistema capitalista. Los problemas fiscales, tanto para l a 

derecha como para la izquierda, son el aspecto financiero de los problemas de gobierno. 



 

 

183
 El problema fiscal es i ntentar el logro de un equilibrio entre el  g asto resul tante de 

tratar d e satisfacer las demandas ciudadanas de bienes y servicios públicos y su disposición a 

pagar por e llos en forma de impuestos. E l a rgumento central e s e l problema de  la  sobrecarga, 

pues a medida que el Estado del bienestar se desarrolla, las expectativas de la gente aumentan y 

se establecen g rupos de presión que proteger y promueven int ereses y ca usas particulares. La 

lucha electoral entre partidos conduce a promesas de más y mejores servicios y prestaciones que 

se h acen cad a vez m ás d ifíciles d e sati sfacer. Los gobi ernos aumentan los impuestos a fin d e 

pagar por los servicios y fi nalmente se p roduce una resistencia a cualquier nuevo aumento. Los 

gobiernos se en cuentran en frentados, en c onsecuencia, con un dilema, son  popu lares si dan 

servicios y son impopulares si aumentan los impuestos.  

 Para O´Connor y  d esde la izquierda,  p arte d e la idea de qu e el Estado en  la sociedad 

capitalista tiene dos f unciones p rincipales q ue p ueden e ntrar e n conflicto, la  ac umulación de  

capital y la legitimación. El Estado extiende los servicios sociales para obtener el apoyo público 

y para legitimar tanto sus propias actividades en la esfera de la acumulación de capital como al 

sistema capit alista en general. El  Estado ayud a a la ac umulación de ca pital p or dos vías: 

mediante el gasto público en in fraestructura económica (por ejemplo, el transporte,  su ministro 

de agua, alcantarillado) y haciendo frente a los costos de reproducción de la fuerza de trabajo a 

través, por ejemplo, de la provisión de educación, vivienda y servicios de salud. El Estado corre 

con los costos de esas dos formas, pero los beneficios resultantes son apropiados privadamente. 

Es esto lo que crea  la  bre cha fi scal. El  p roblema fisc al se ex acerba por l a c ontinuada presión 

hecha sobre el Estado para que invierta más: “cada clase social y económica y cada grupo quiere 

que el gobierno gaste más y más dinero en más y más cosas. Pero ninguno quiere pagar nuevos 



 

 

184
impuestos o unos tipos más elevados en los a ntiguos imp uestos. En  real idad, casi tod o el  

mundo quiere impuestos más bajos”.179  

 Es i mportante con cluir en este  a partado que  lo qu e ha su cedido es que a  partir de lo s 

inicios de lo s set enta la s economías de  los países más a vanzados conocieron un a etap a de  

crecimiento más le nto que e l ha bido en la  década de  los ci ncuenta y  sesen ta, al t iempo que 

aparece un desempleo relativamente alto y con tendencia a hacerse crónico. Hay que señalar que 

el período que inicia con la crisis de 1973 en adelante, se ha caracterizado por un crecimiento 

menos s ostenido y rápido que  el p eríodo anterior, en e l q ue a demás hemos te nido c onstantes 

recesiones. Ha sido un periodo en donde ha habido crecimiento, aunque menor que el que tuvo 

lugar en lo que se ha dado en llamar la edad de oro de la segunda posguerra, y que cubre desde 

1947 hasta 1973. El período de crisis económica que inicia en los años setenta, no se caracteriza 

por el estancamiento, sino por la reorganización económica y social y los límites de la política 

económica keynesiana, en es te c ontexto los  pr incipios de mercado, li bre e mpresa y lib re 

comercio han salido fortalecidos.180  

 

 

EL GOBIERNO NEOCONSERVADOR Y LA POLÍTICA SOCIAL  

 El Ne oconservadurismo apar eció c omo sa lvador del c apitalismo c on su p romesa de 

controlar la inflación, revitalizar la economía y equilibrar el presupuesto. Mediante la p resencia 

de un análisis plausible de los errores del capitalismo de bienestar y de cómo se podrían corregir, 

decía of recer una vía de salida a l impasse e n el que se e ncontraba la econo mía mix ta. Las 

                                                 
179 Citado por Johnson, Op. Cit., pp.64. 
180 Berzosa, Carlos. “ Crisis Económica y Retroceso del Est ado de Bienestar”, en: Pros y Contras del Estado del 
Bienestar, Ramón Casilda Béjar y José María Tortosa (Editores). Madrid, Tecnos, 1996, pp.253-255. 



 

 

185
dificultades prácticas del capitalismo de bienestar y la aparente inefectividad e incoherencia 

del keynesianismo para enfrentarse a estas dificultades, junto con la ausencia de una alternativa 

creíble d esde la izquierda, p ermitió qu e el  neo conservadurismo triunfara fácilmente como 

ideología y en algunos países como política. Utilizando a Estados Unidos y Gran Bretaña como 

ejemplos, podríamos de cir que la Nueva Derecha t uvo é xito e n persuadir a  bu ena parte de la 

población, a sí c omo intelectuales y otras él ites, d e q ue no ha bía otra alte rnativa q ue la  

potenciación del capitalismo en el Estado del bienestar.181 

El gob ierno de Thatcher en Gra n Bretaña pu ede apun tarse el dudoso honor d e ser el  

primer gobierno occidental qu e ga na la s elecciones con u n prog rama d e disminución de  

impuestos y reducción del gasto público. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que esto 

último se pe nsaba realizar principalmente mediante la redu cción de  la  “ mala u tilización de  

recursos” y de l a “ burocracia” y n o re duciendo l os servicios. E l Pa rtido Conservador c on 

Margaret Thatcher se había convertido al monetarismo más puro, a la economía de la oferta y a 

varias otras cr eencias co nservadoras, en  pocas p alabras a l a econom ía p olítica d e l a nu eva 

derecha. El gob ierno de Thatcher ganó las el ecciones en mayo de 1979. Un  año y medio más 

tarde f ue s eguido por l a P residencia de Re agan e n los E stados Unidos, q ue p rometía un giro 

todavía m ás radi cal a favor de l as p olíticas de la nu eva d erecha. Estos dos exp erimentos 

neoconservadores son ejemplo de una nueva etapa de política social, de una ruptura decisiva con 

el consenso de posguerra respeto al Estado del bienestar.  

 El g obierno d e Thatcher no representó una reacción  con tra el bienestar p or parte del 

electorado. El Pa rtido Conservador prometió r educir e l despilfarro y hacer m ás eficiente al 

                                                 
181 Mishra, Ramesh. “El Estado de Bienestar Después de la Crisis: Los Años Ochenta y Más Allá”, en: Crisis y 
Futuro del Estado de Bienestar, Rafael Muñoz de Bustillo (Compilador), Madrid, Alianza, 1989, pp.57-58.   



 

 

186
gobierno. Afirmó d e forma conc reta que  n o te nía inte nción de desm antelar el Estado del 

bienestar. Un punto importante de su programa era la promesa de reducir los impuestos, pero no 

es en a bsoluto extraño que la ge nte diga que los  im puestos de ben ser reducidos y que los 

servicios deberían ser mejorados.  

 De forma genérica la estrategia neoconservadora tiene dos líneas de actuación. En primer 

lugar, se adopta una aproximación monetarista a los problemas económicos con el objetivo de  

reducir la inflación, propósito que pasa por una reducción de la oferta monetaria a través de la 

reducción del gasto y del endeudamiento público, altos tipos de interés, y medidas similares. En 

segundo lugar, paralelamente a la reducción de la inflación mediante la aplicación de una política 

monetaria restrictiva, se re ducen los impuestos con el objetivo de liberar la iniciativa privada y 

generar los incentivos necesarios para la inversión y la creación de riqueza. Una vez reducido el 

gasto público y el tamaño del Estado se podrá reducir el déficit público, continuar la reducción 

de i mpuestos y eventu almente alcanzar un presupuesto equilibrado. Esta “ desocialización” o 

“desestatalización” de la  ec onomía posibilitará el ree ncuentro de las f uerzas del m ercado. La 

economía se recuperara y se relanzará el crecimiento.182 

 Los resultados del  gobierno de  Thatcher a l realizar la  reducción de  la oferta monetaria 

(por ej emplo mediante altos t ipos de interés) generó u na o la de quiebras y u n crec imiento 

significativo del desem pleo. M ientras el milagro ec onómico que se espe raba brillaba por su 

ausencia y la ec onomía ib a de mal en peor, el crec imiento de l des empleo empezó a ejercer 

fuertes presiones sobre el g asto púb lico. Es cierto que se redujo la inflación, pero pagando un  

alto precio en térm inos de quiebras de  empresas y de sempleo. E n esos años se demostró el 

fracaso del monetarismo para sacar a la economía de la situación de inflación con estancamiento 
                                                 
182 Mishra, Ramesh. El Estado del Bienestar en Crisis..., pp.84-86. 



 

 

187
en la que se encontraba. Lo que parecía estar ocurriendo en Gran Bretaña se puede describir 

sin duda c omo u na recesión provocada por el  gobierno (a ho mbros de un a recesió n mundial), 

mediante pol íticas deflacionistas, y con desem pleo masivo como resultado. P or lo tanto puede 

decirse que los efectos negativos de las medidas de política económica y social llevadas a cabo 

se d ieron c on tod a su  intensidad. En lo  que se  refiere a lo s serv icios sociales se ob servó un 

intento de frenar y reducir el Estado del bienestar de forma indirecta, principalmente mediante 

una política de desgaste. Por un lado se limitaron los presupuestos de los servicios públicos y por 

otro se incentivó la privatización que, en algunas áreas, hizo grandes progresos. 

Tanto el gobierno de  Reagan c omo e l de la T hatcher alcanzaron el poder c on un 

programa político basado en la reducción del tamaño del gobierno y el recorte de impuestos. La 

reducción de la inflación, la disminución y eventual eliminación del déficit presupuestario y la 

recuperación de la senda de crecimiento eran algunos de sus objetivos principales. Los resultados 

del experimento de Thatcher son, cuanto menos dudosos. El déficit público no aumentó, pero se 

estuvo t an lejos com o ant es del equilibrio presupuestario. Quizás el crecim iento masivo del 

desempleo fue el res ultado m ás visible. P or otro lado se c onsiguió que l os sindicatos y l os 

trabajadores moderaran sus demandas s aláriales, m ientras q ue se  produjo un s ignificativo 

aumento de la productividad industrial. En el corto plazo la nueva orientación política tuvo éxito 

en redistribuir la renta a favor de los ricos, aumentar el desempleo, reducir los servicios sociales, 

y lo único positivo fue el que la inflación se redujo.183 

Las actitudes duras hacia los servicios del Estado del b ienestar y hacia sus beneficiarios 

están a sociadas c on la  d ecadencia e conómica. Si los individuos perc iben q ue ellos mismos se 

encuentran en un a p eor situación, e s me nos probable que apoy en pol íticas a ltruistas. El 
                                                 
183 Ibíd., pp.92-93. 



 

 

188
desencanto con respecto al Es tado del bienestar se entiende por tres razones principales. En 

primer lugar, el crecimiento económico significó que la mayoría, incluso en épocas de recesión, 

estuviera e mpleada, se creía que la po breza no volvería a d arse. La necesidad social, e n una 

época de opulencia, se  co nvirtió en u na e xperiencia i ndividual mucho más qu e en u na 

compartida colectivamente. En  segund o lug ar, d esde el mo mento e n que la s prestaciones 

derivadas d el Estado de l bie nestar dejaron d e ser v istas co mo un a respuesta a p roblemas 

compartidos, se c onvirtieron más bien en  un medio d e c alcular y distribuir la s d iferentes 

ganancias. Se p rodujo una competencia ent re g rupos e individuos para la obtención d e lo s 

beneficios sociales y esto fue corrosivo para la solidaridad social que había inspirado al Es tado 

del bienestar de la austeridad. Finalmente, el crecimiento económico significó que los servicios 

sociales podían ser amp liados sin  te ner apenas c ostos pol íticos, porque en realid ad nadie se 

encontraba en una mala situación, por lo tanto el compromiso político de los primeros días del 

Estado del bienestar ya no era necesario y, en consecuencia, comenzó a decaer.184 

Dentro de e ste c ontexto de desencanto del Estado del bienestar, en la d écada de  los 

ochenta los gobiernos del Reino Unido (Thatcher) y Estados Unidos (R. Reagan) aplicaron en lo 

económico políticas monetarias y políticas restrictivas en m ateria social, se re cortaron l os 

programas sociales de bienestar y el sistema de prestaciones de Seguridad Social (reduciendo el 

Estado del bie nestar a  un Estado d e asistencia), se  reali zaron po líticas de flexibilidad y 

desregulación laboral, se privatizaron servicios públicos, se debilitaron los derechos humanos y, 

en particul ar los sind icales, y  en fin se pu sieron en práctica medidas i mpositivas de caráct er 

regresivo. Todo ello a fin de disminuir la sobrecarga de exigencias hacia el sistema político. Las 

políticas n eoconservadoras su ponen el retorno aislacionista a la naci ón y al i ndividualismo 
                                                 
184 Johnson, Op. Cit., pp.77. 



 

 

189
posesivo e i nsolidario de la sociedad civil regida por las fuerzas del mercado. Las opciones 

neoconservadoras ref lejaron el intento de  reducir las funciones de l Estado d el bie nestar, 

traspasando p arte de la sobre carga d el gasto so cial a la soc iedad civ il, lo c ual produce 

desigualdad social en el acceso a la provisión del bienestar. 

 La política social de los gobiernos neoconservadores se puede caracterizar por un adiós al 

pleno empleo. De acuerdo con la i deología del g obierno de  Thatcher los gobiernos no pueden 

mantener el pleno  empleo sin causar efectos pe rniciosos como in flación y caída de la 

productividad. La conclusión era que los gobiernos no debían intentar mantener artificialmente el 

pleno em pleo sin permitir q ue las fue rzas del m ercado det erminaran los n iveles n aturales d e 

empleo. La aproximación monetarista para combatir la inflación se basaba en el enfriamiento de 

la economía (deflación) con la certeza de que esto provocaría un aumento del empleo. La política 

deflacionista d e la Prime r Mini stro Margaret Th atcher co incidió con una recesión económica 

mundial y produjo un  a umento vertiginoso del desempleo. De cer ca de 1 ,3 millones en  1979  

subió a m ás de  2,5 m illones en 1981, empujando la tasa de desempleo del  4,6 al 9% de la 

población activa. A partir de esta fecha continuó el implacable aumento de la tasa de desempleo 

llegando en 1985 a 13,2% de la población activa.185 

 Los go biernos n eoconservadores abandonaron la lucha con tra l a pobreza y los niveles 

básicos mínimos. Son los pobres y los grupos minoritarios más vulnerables los que soportaron el 

                                                 
185 Por  su  parte en l os Es tados Un idos nun ca se ha acept ado que el pleno e mpleo fuera r esponsabilidad d el 
gobierno. La administración Reagan provocó una recesión en 1982 que empujó la  tasa  de dese mpleo del 7,5 % al 
9,5%. Sin embargo con siguieron producir una fuerte r ecuperación e conómica en  1983-1984 que r edujo e l 
desempleo. En 1986 la tasa de desempleo había vuelto a los niveles de finales de los setenta, en alrededor del 5%. Es 
de d estacar q ue esta reducción d el dese mpleo n o se de be a ni nguna política n eoconservadora, s ino al  impulso 
producido por los enormes aumentos en los gastos militares financiados mediante el mayor déficit presupuestario en 
la historia de los Estados Unidos. La recuperación económica y la mejora relativa del empleo le deben bastante a la 
política de Ke ynesianismo militar –reducci ón de  impuestos y  gasto  f inanciado vía déficit para la pr oducción d e 
armamento. Mishra, Ramesh. “El Estado de Bienestar Después de la Crisis…, pp.63-64. 



 

 

190
peso de la p olítica s ocial ne oconservadora. En Gra n B retaña, el pr ograma de v ivienda 

pública, destinado principalmente a los trabajadores manuales y otros hogares que pagan rentas 

relativamente bajas, sufrió recortes im portantes. La e liminación de los c omplementos 

relacionados con los ingresos en prestaciones como el seguro de desempleo o las pensiones, y la 

desaparición de l Wage Council, que fijaba e l sa lario m ínimo par a los trabajadores no 

sindicalizados con salarios bajos, son algunas de las medidas que afectaron de forma adversa a la 

población de ingresos bajos. En Estados Unidos, la reducción de los gastos en servicios sociales 

ha sido  más profunda y general que en  el Reino  Unido. En  p rimer lugar afectó a programas 

específicos para receptores de ingresos bajos, como el programa de bienestar general, los bonos 

de alimentación y asistencia médica. En la  práctica son los pobres, los grupos desfavorecidos y 

marginales, los que han sufrido más como resultado del aumento del desempleo y la  reducción 

de los programas sociales.186   

 Las experiencias de gobiernos conservadores (Reino Unido y Estados Unidos) ha puesto 

de m anifiesto que n o s e pr odujo un desmantelamiento a bsoluto d el sistema d el Es tado d el 

bienestar, sino procesos controlados (y, en consecuencia, de alcance relativo) de descompromiso 

social y privatización de servicios sociales. La abolición de las políticas del Estado del bienestar 

basadas e n beneficios universales y ni veles cr ecientes d e abastecimiento, y s u s ustitución p or 

políticas e statales disciplinarias basadas e n b eneficios d iscrecionales, m inimalistas e 

instrumentales tuvo como consecuencia un aumento en los niveles de pauperización. 
                                                 
186 En Gran Bretaña el número de personas que recibía prestaciones complementarias por ingresos bajos probados 
aumentó de 4 m illones en 1979 a 7,2 millones, o el 13,5% de la población en 1983. Para 19 87 la población pobre, 
esto es , aquéllos con ingresos iguales o i nferiores a los niveles nece sarios para tener derecho a prestaciones 
complementarias se cifraba en 9,5 millones, el 18% de la población. En Estados Unidos, el porcentaje de población 
por debajo de  la línea de pobreza au mentó del 11,7% en  19 79 al  15 % en 1982. En 1985, como resultado de la 
recuperación económica, cayó al 14%, pero todavía era un 2% mayor que en 1979 (esto es, un incremento de cerca 
de 7 millones de personas). Ibíd., pp.66-67. 
    



 

 

191
 El triunfo de estos dos gobi ernos simbolizó la incapacidad de las políticas de estilo  

keynesiano para ha cer f rente a  las n uevas contradicciones de l c apitalismo de bienestar 

representadas por estancamiento con inflación y crecientes déficit presupuéstales. Esto acabó con 

la sustitución en los dos principales países de habla inglesa, uno de los cuales (Gran Bretaña) fue 

el pi onero del Estado de bi enestar de  p osguerra, de l vi ejo paradigma por el paradigma 

neoconservador renovado. E l neoconservadurismo logró una im portante v ictoria i deológica y 

política, al momento en que el desempleo masivo no provocaba inestabilidad social significativa. 

Detrás del pacto del Estado de bienestar de posguerra estaba la idea de que el pleno empleo y el 

bienestar social eran la contrapartida obtenida del capital por parte del trabajo a cambio de la paz 

social. No sólo se ha acabado el pleno empleo, sino que ha supuesto también el fin de la creencia 

de que el desempleo masivo es políticamente peligroso para el capitalismo. 

 

EL ESTADO DEL BIENESTAR Y EL PROBLEMA DEL TRABAJO  

 El éxito i nicial del Estado del bi enestar habría sido inc oncebible en una soc iedad 

dominada por  el capital si n o h ubieran existido c oincidencias pr ofundas entre lo s seguros 

públicos propuestos y las necesidades de la economía capitalista. Entre sus numerosas funciones, 

el Estado del bienestar vino a cumplir un papel de fundamental importancia en la actualización y 

el me joramiento de la  mano de obra co mo me rcancía: al a segurar un a educación de buen a 

calidad, un servicio de salud apropiado, viviendas dignas y una alimentación sana para los hijos 

de las familias pobres, brindaba a la i ndustria capitalista un su ministro con stante de mano de 

obra calificada (algo qu e n inguna em presa o g rupo de empresas podría haber gara ntizado sin 

ayuda externa) Y pu esto que la reproducción del modo capitalista de producción depende de la 



 

 

192
renovación con stante d e su mano de  ob ra, lo s fu turos trabajadores d eben p repararse co mo 

mercancías que los eventuales empleadores estén dispuestos a comprar. Pero estos no podrían ni 

querrían hacerlo si se le ofreciera un producto inferior. El Estado del bienestar, por lo ta nto, se 

dedicó a formar un “ejercito d e r eserva”, e s de cir, nu evas camadas de  trabajadores siempre 

dispuestos a entrar en servicio activo, educados y mantenidos en condiciones adecuadas hasta el 

momento de ser llamados a la fábrica. 

  Pero a partir de la  c risis ec onómica d e l os años se tenta s e va desarrollando un nuevo 

diagnóstico sobre las causas de la crisis que se impone progresivamente. Éste sitúa  el origen del 

desequilibrio económico e n dos puntos: e l crecimiento de los costos d el f actor tra bajo y el  

crecimiento de lo s gastos del Estado . Am bos c onvergen en el crec imiento conjunto d e l a 

inflación y el d esempleo. Este diagnóstico avala la  única po lítica econó mica. Su  contenido 

esencial viene ca racterizado e n e l pr oyecto de a daptar los f actores que i ntervienen e n el 

mecanismo productivo a las nuevas condiciones de precios y demanda. La orientación central es 

la d e f lexibilizar las rigideces d el mercado de t rabajo y paralelamente r estituir al mercado l a 

función de asignar recursos.187 

La primacía de l problema de  la inflación conlleva u na se cuencia e n la qu e la p olítica 

monetaria restrictiva, la reducción del gasto público y la contención salarial, son sus momentos 

sucesivos. En  este contexto se p roduce un  encadenamiento de h echos, que abarcan d esde la 

reducción del déficit del Estado hasta la reconversión industrial, pasando por la flexibilidad del 

mercado de trabajo. La política monetaria activa y la flexibilidad del mercado de trabajo son los 

polos en los que se hace visible la reestructuración de las relaciones capital/trabajo. Dos son los 

                                                 
187 Bilbao, Andrés. Obreros y Ciudadanos. La Desestructuración de la Clase Obrera, Madrid, Trotta, 1995, pp.43-
44. 



 

 

193
puntos de la re activación e conómica. U no, es  el co ntrol de la i nflación. U na de las  

condiciones para ellos es la reducción de la intervención del estado. Otro, la reestructuración de 

todo el sistema productivo.188      

Hay un cambio de pa radigma desde un modelo fordista de c recimiento – basado en la 

producción masiva, las economías de e scala y e l c onsumo de m asas- ha cia un paradigma 

orientado a l a producción flexible, la inn ovación, la s economías de al cance, las ren tas de 

innovación y unos patrones de consumo que cambian y se diferencian más rápidamente. Lo que 

hoy está a la orden del día en la competencia internacional es la habilidad para cambiar rápida y 

fácilmente entre productos y procesos innovadores, de modo que cada nuevo producto ofrezca 

mejores c ualidades fu ncionales y una mayor e ficiencia en l a pro ducción. Ya no se tr ata de 

competir a través de economías de escala en la producción de bienes y servicios estandarizados 

que us an sistem as de p roducción específicos, sino de competir a tr avés de la ca pacidad pa ra 

introducir sistemas de manufactura o de entrega flexible. Éste es el contexto en que la transición 

al p aradigma t ecno-económico po sfordista l leva a reorientar las p rincipales funciones 

económicas del Estado, pues la combinación de la tendencia fordista a la internacionali zación 

con el énfasis posfordista en la producción flexible induce a quienes toman decisiones a centrarse 

en el problema del lado de la oferta de la competitividad internacional y a subordinar la política 

de bienestar a las exigencias de flexibilidad.189 

De a cuerdo co n Robert Boy er l a fl exibilidad del Traba jo se caract eriza por cinco 

definiciones principales:  

                                                 
188 Ibíd., pp.44-45. 
189 Jessop, Bob. Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una Nueva Teoría del Estado y Sus Consecuencias Sociales, 
Colombia, Siglo del Hombre Editores/Universidad Nacional de Colombia, 1999, pp.72. 



 

 

194
a) La mayor o menor adaptabilidad de la organización productiva la  cual  depende de 

las o pciones tecnológicas y organizativas q ue se efectúen e n el m omento de la  
concepción de  la  unidad de  pr oducción, qu e a su vez e stán c ondicionadas p or las 
dimensiones y  re gularidad d el mercado. Sim ultáneamente aparecen nue vos equipos 
flexibles, c uya fi nalidad es res ponder a una  de manda in cierta y fl uctuante, ta nto en 
volumen como en composición. 

 
b) Un segundo componente se refiere a la aptitud de los trabajadores a cambiar de puesto 

de trabajo, se trata de l a polivalencia de la mano de obra: posibilidad de ocupación de 
puestos de trabajo variados, formación general y técnica suficientemente amplia, ausencia 
de barreras infranqueables entre los obreros, los capataces y los técnicos. 

 
c) Según una tercera definición, la flexibilidad se mide por la debilidad de las restricciones 

jurídicas que regulan el contrato laboral y, en particular las decisiones de despido. Esta 
maleabilidad de l volumen de empleo puede conseguirse también mediante la  va riación 
sin trabas de la duración de la semana laboral, de la distribución de los horarios anuales 
en función del volumen de los pedidos. Se puede reagrupar bajo esta tercera forma todos 
los factores que contribuyen a la movilidad de los asalariados entre empresas, los oficios 
y las regiones. El tipo ideal parece ser entonces un contrato de trabajo cuyas condiciones 
sean revisadas día a día. 
 

d) La flexibilidad designa la sensibilidad de los salarios a la situación económica, propia de 
cada empresa o en lo general del mercado de trabajo. Se trata de la vuelta a una mayor 
competencia en el mercado de trabajo, la diferenciación de los salarios de acuerdo con la 
situación financiera de las empresas y la productividad individual o incluso la supresión o 
reducción de la legislación sobre el salario mínimo. Esta flexibilidad no es más que una 
forma d e salario según rendimiento qu e pu ede adquirir presentaciones m uy d iversas: 
vueltas a  esquemas antiguos d e d ependencia de l a remuneración respecto al e sfuerzo 
individual, rehabilitación de las fuerzas competitivas, distribución de los beneficios entre 
los asalariados, de acuerdo con un modelo de participación. En cierto sentido, esta cuarta  
forma es un  sustituto de la terc era: si  lo s a salariados a ceptan trabajar por una 
remuneración reducida, ya no hay tanta necesidad de despedirlos. 
 

e) De acuerdo con la quinta y última aceptación, se trata de la flexibilidad en la posibilidad 
de las empresas de sustraerse a una parte de las deducciones sociales y fiscales y, más en 
general, de libe rarse de  las regulaciones públicas que limitan su libertad de ge stión. El 
sistema fiscal y los reglamentos públicos proceden muchas veces de una acumulación de 
compromisos i nstitucionalizados que l levan a un sistem a particularmente c omplejo, de 
difícil manejo para los a gentes económicos y que llega a producir efectos negativos. El 



 

 

195
símbolo de esta flexibilidad sería la vuelta a un Estado mínimo tan querida para los 
partidarios del liberalismo.190 

  

 Desde la primera mitad de  los a ños ochenta y co n la  p uesta e n m archa de de la  

flexibilidad laboral nos encontramos con  que se  multiplicaron la s formas precarias de empleo, 

además de la ate nuación o marginación de las gar antías ju rídicas, l a multiplicación de  las 

excepciones al em pleo a tiempo completo y a la duración indeterminada, economía sumergida, 

trabajo cland estino y  semiclandestino, et c., e l pro pio discurso con servador tiend e a presentar 

estas evoluciones como be neficiosas e ine vitables, lo que contribuye a generalizar l os 

pronósticos de una regresión salarial pura y simple. Pero lo que es un hecho es que la flexibilidad 

del trabajo conlleva la precarización y la degradación de las condiciones de trabajo. Supone, por 

tanto, una imposición negativa para todos aquellos individuos flexibilizados. 

El problema de la  estructura económica y  el em pleo h a sid o uno de los q ue mayor 

impacto han tenido en la segunda mitad del siglo XX sobre el Estado del bienestar en los países 

desarrollados. De éstos el más importante ha sido la transición de sociedades industriales (en las 

que la mayoría de empleo tomaba lugar en la industria) a sociedades de servicios (en las que la 

mayoría de e mpleados trab ajan en  el se ctor se rvicios). Est e c ambio se ha c omparado con  

frecuencia a la transición que ocurrió en el siglo XIX de sociedades agrícolas (en que la mayoría 

de la población empleada lo era en el sector agrícola) a sociedades industriales. Sin embargo, el 

desplazamiento del t rabajador agrícola a  los centros industriales transformándose en trabajador 

industrial si gnificaba un a umento e n s u n ivel de  in gresos, p uesto que el tra bajador industrial 

recibía y recibe un salario mayor que el agrícola. El paso de trabajador industrial a trabajador de 

                                                 
190 Boyer, Robert. “¿Flexibilidades Defensivas… U Ofensivas?”, en: La Flexibilidad del Trabajo en Europa. Un 
estudio Comparativo de las Transformaciones del Trabajo Asalariado en Siete Países, entre 1973 y 1985, Dirigido 
por Robert Boyer, Madrid, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1986, pp.278-282. 



 

 

196
servicios significa, en cambio, un descenso en el nivel salarial; los trabajadores de servicios 

cobran me nos que los trab ajadores indu striales. La d isminución del em pleo en lo s se ctores 

agrícolas y en los sectores industriales responde al aumento muy notable de la productividad por 

las innovaciones tecnológicas qu e están o curriendo en esto s se ctores, mientras qu e e l sector 

servicios ha  id o creciendo y  a bsorbiendo b uena parte de la  mano de obra e xpulsada de  los 

sectores agrícolas e industriales. 191 

 En este contexto de disminución del empleo agrícola e industrial tenemos que también se 

dio un descenso considerable del empleo público por parte del Estado del bienestar. Las tasas de 

crecimiento del gasto en transferencias sociales y  en gasto  social descendio significativamente 

durante los años ochenta, en comparación con los años sesenta o setenta, descenso que ocurrió a 

la ve z que la ta sa de c recimiento de  las necesidades s ociales, ta les c omo en vejecimiento y 

deterioro de la cohesión social, también aumentó. 

 Los empleadores habían aceptado con gusto que el Estado se encargara de los costos de 

capacitación y  reproducción d e mano d e ob ra, porque e l f uturo de la  em presa c apitalista 

dependía del aumento de la fuerza de trabajo. Pero la situación fue cambiando. Cada vez más, la 

contratación de mano d e obra d eja de ser un activ o para transformarse en un pa sivo. A los 

gerentes, sobre todo a los altos ejecutivos de las empresas líderes, se los premia por planificar y 

realizar con éxito reducciones de personal. Por engorrosos que resultaran desde el punto de vista 

                                                 
191 La disminución del empleo en los sectores agrícolas e industriales ha variado de país a país, siendo en EU donde 
tal transformación ocurrió antes. En aquel país, el porcentaje de la población empleada en agricultura descendió de 
un 25% en el año 1935 a un 8% ya en 1960. En cambio, en Europa esta transformación ocurrió más lentamente. En 
Francia, por ejemplo, tal transformación llevó mucho más tiempo, pasando de un 38% en 1935 a un 9% en 1982. En 
Italia, el porcentaje de población empleada pasó de un 32% en 1952 a un 7% en 1993 y en España pasó de un 25% 
en 1970  a u n 9,8% en 1996. Una situación  se mejante ha ocurrido co n e l e mpleo en la industria, aunque en este 
sector el porcentaje de la po blación e mpleada h a sido siempre l igeramente i nferior en  EU q ue e n los p aíses 
económicamente más p oderosos de Europa (Ale mania, F rancia, Gr an Bretaña y  País es Escandinavos). N avarro, 
Vicenc. Globalización Económica, Poder Político y Estado del Bienestar, Barcelona, Ariel, 2000, pp.48-49. 



 

 

197
impositivo, los servicios de bienestar público administrados por el Estado representaban, para 

las empresas, una buena inversión: cada vez que una compañía deseara expandirse iba a requerir, 

necesariamente, mano de  o bra adicional; y pa ra e so tenía, siem pre disponibles, a los 

beneficiarios del Estado del bienestar. Ahora, sin embargo –cuando los negocios se miden por el 

valor de sus acciones y dividendos antes que por el volumen de su producción-, la función de la 

mano de obra es cada vez menor en el proceso productivo mientras aumenta, al mismo tiempo, la 

libertad d e las e mpresas e n a lcanzar sus me tas mu ltinacionales. Ahora, inve rtir en las 

prestaciones del Estado del bienestar ya no parece tan lucrativo, los mismos efectos, y mejores, 

pueden obtenerse a c ostos más bajos. Las facilidades logradas en lugares distantes –sin mayor 

dificultad y bajo los auspicios d e g obiernos poco exigentes- rinden mejores d ividendos. Estos 

nuevos negocios brindan oportunidades sin responsabilidades; y, frente a condiciones tan buenas 

desde el pu nto de  vista  económico, son po cos lo s empresarios q ue, p resionados p or las duras 

exigencias de la competencia, insisten en seguir cumpliendo con su responsabilidad frente a sus 

trabajadores.192  

 La nueva libertad de movimientos llega junto a la liberación de viejas cargas financieras: 

ahora ya no es preciso costear la renovación de la fuerza de trabajo. Parecen existir ahora en todo 

el mundo, reservas inagotables de mano de obra, virgen y maleable, las cuales atraen las nuevas 

inversiones. L a ant igua a sistencia de l Es tado parece haber pe rdido s u im portancia p ara la 

expansión y seguridad del capital.  

 Al desaparecer las ventajas de financiar la educación y la reproducción de mano de obra 

(mano de obra que muy difícilmente la industria vuelva a necesitar), los empresarios de la nueva 

era –si bien se les pide que compartan los costos de los servicios sociales- hacen uso de su nueva 
                                                 
192 Bauman, Zygmunt. Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, Barcelona, Gedisa, 2000, pp.84-85. 



 

 

198
libertad p ara lle varse a otr os pa íses, menos exigentes, su  dinero y  sus empresas. En 

consecuencia, lo s gobiernos que insi sten e n mant ener in tacto el  nivel d e beneficios para s us 

trabajadores se ven acosados por el temor a una catástrofe por partida doble: la multiplicación de 

los desheredados y el masivo éxodo de capitales (y de posibles fuentes de ingreso para el fisco). 

El eje alrededor del c ual g iraba to da l a organización del Esta do d el bienestar, desaparece del 

proyecto de que alguna vez fue sostén. Sin él, todo el edificio se derrumba; sobre todo, pierde su 

fundamentación política. 193 

 En palabras de Habermas, la cris is del Est ado del bienestar e s res ultado del fin d e la 

utopía de la sociedad del trabajo. Dicha utopía ya no tiene poder de convicción y no sólo porque 

la abolición de la propiedad privada de los medios de producción por sí solo no desemboque en 

la autogestión obrera. Sobre todo, la utopía ha perdido su punto de contacto con la realidad, el 

Estado de l bienestar, e l cual se a limenta d e la  u topía de la so ciedad del t rabajo, ha perdido la  

capacidad de formular posibilidades futuras de alcanzar una vida colectiva mejor y más segura. 

Se pone en duda el poder estatal democráticamente legitimado para regular y paliar el proceso de 

crecimiento n atural capitalista. Ya no  puede garantizar la nor malización del estatuto d e los 

trabajadores, a través del pleno empleo, y mediante la  participación cívica y el  ejercicio de los 

derechos sociales, por  lo tanto la población ya no consigue la oportunidad de vivir en libertad, 

justicia social y bienestar creciente.194                 

 

                                                 
193 Ibíd., pp.86. 
194 Habermas, Jürgen. Ensayos Políticos, Barcelona, Península, 2002, pp.163-168.  



 

 

199
LOS RIESGOS DE LA CIUDADANÍA SOCIAL  

Hasta hace poco la historia vino demostrando que, cuanto más se amplía una democracia, 

más presiona en defensa de los dé biles y de  algún seguro colectivo contra la d ebilidad. Desde 

que el derecho al voto se un iversalizó, f ue usado rep etidas v eces para llevar al go bierno a 

políticos que prometían reparar en fo rma colectiva los infortunios sufridos en forma individual. 

El pr incipio del Es tado del bienestar pa recía s eguro en m anos de la democracia. Má s aú n, el 

crecimiento indetenible de l a p rotección a los débi les administrada po r el Estado in spiró a lo s 

teóricos sociales, a partir de T. H. Marshall, a incluir los derechos sociales en la noción misma de 

ciudadanía d emocrática, con siderando a esos de rechos como  producto in evitable de la ló gica 

democrática. 

El co ncepto d e c iudadanía, de in spiración marshaliana, que se  d esarrolla d espués de la 

segunda gu erra mundial, hasta l a l lamada crisis d el Estado d el bienestar se h abía v enido 

construyendo del cruce d e, por una part e, una ciudadanía política, basada fundamentalmente en 

el derecho al voto y la participación política indirecta, y por otra, de una ciudadanía social basada 

en los derechos de bienestar, materializados en la provisión estatal de una larga serie de bienes y 

servicios públicos c onsiderados de ntro del consenso democrático com o responsa bilidad de l as 

naciones, garantes de la seguridad de sus ciudadanos. 

 Las pol íticas key nesianas se encargaban de suministrar bien es púb licos que servían de  

base para la reproducción de l a fuerza de  trabajo. La ciud adanía a p artir de la segunda guerra 

mundial se  ensanchaba así en sus contenidos y empezaba a tener características de ciudadanía 

total –fusión prácticamente inseparable de elementos de naturaleza política, social y económica-; 

a las lib ertades políticas tr adicionales se añadieron una l arga ser ie de derechos positivos 



 

 

200
concretados en el suministro de bienes que no eran mercantilmente ofertados de una manera 

directa, y otro buen número de derechos laborales derivados de la institucionalización pública del 

conflicto industrial y de l mercado laboral y qu e hacía elementos de de recho público el pr oceso 

de c ontractualización y uso d e la mercancía trabajo, re gulada y amparada cada vez  más en 

acuerdos entre los diferentes agentes sociales y el propio Estado intervencionista.195    

La desm ercantilización196 parcial de  ciertos es pacios de las econom ías occidentales 

supusieron a n ivel n acional, po r lo t anto, una r acionalización del capitalismo moderno con  

efectos comp lementarios positivos e n la  a cumulación económica y la  legitimación so cial, 

consenso democrático, desradicalización del movimiento obrero y cierto reparto indirecto entre 

los sectores intermedios de renta, supusieron un modelo de sociedad del bienestar donde el pacto 

keynesiano trajo consigo la aceptación por parte de la mayoría de las c iudadanías occidentales, 

de la racionalidad básica del sistema de producción si se compensaba con la socialización de los 

posibles costos sociales po r p arte de las esfe ras p úblicas. Este p roceso de  d esmercantilización 

suponía d esvincular pa rcialmente el pr oceso de  reproducción y gestión social de  la fuerza de  

trabajo del puro mercado y con ello, e l reconocimiento de derechos que no solamente eran los 

derechos pol íticos, sino q ue ta mbién eran l os derechos a  participar en c iertos grados de 

distribución social. 

                                                 
195 Alonso, Luis Enrique. “Ciudadanía, Sociedad del Trabajo y Estado de Bienestar: Los Derechos Sociales en la 
Era de la Fragmentación”, en  Manuel Pérez Ledesma, (comp.) Ciudadanía y Democracia, Madrid, Pablo Iglesias, 
2000, pp.160-161.  
196 El concepto de des mercantilización ha sido a mpliamente debatido  en las r ecientes investigaciones sob re e l 
Estado del bienestar. Derivado originalmente de Polanyi, y posteriormente desarrollado por Offe, aspira a captar el 
grado en el que los Estados del bienestar debilitan el nexo monetario al garantizar unos derechos independientes de 
la participación en el mercado. Es una manera de especi ficar la noción de derechos de ciudadanía social de T. H.  
Marshall.  Esp ing-Andersen, Go sta. Fundamentos Sociales de las Economías Postindustriales, Bar celona, Ariel , 
2000, pp.64. 



 

 

201
 El ava nce de la em presa p ública es pr oducto de la s te ndencias ciertamente 

igualitaristas y  de refuerzo d e la  democracia y l a ciudadanía d el capitalismo en un contexto 

histórico en el que no hay que olvidar el proceso de reconstrucción social de las grandes guerras 

mundiales, el enfrentamiento entre bloques geoestratégicos y la propia fuerza estructural de unas 

clases obreras fuertemente cohesionadas. El capitalismo de la economía mixta no dejaba de ser 

capitalismo, ni de jaba d e tener conflictos, ni dejaba de  tener def iciencias de  distribución, ni 

eliminaba la desigualdad. Constituía una fuerte dinámica de consumos y servicios públicos que 

respondían a la i nstitucionalización de hecho del pacto keynesiano, implícitamente interclasista, 

y que mediante la creación de redes y estrategias corporativas se concentraba en la distribución –

asimétrica pero real- más o menos acordada de los frutos del crecimiento económico y de ciertos 

costos sociales de ese crecimiento. La constitucionalización de los derechos sociales ha sido uno 

de los rasgos básicos del ciclo h istórico de reconstrucción de la se gunda guerra mundial y del 

posterior crecimiento sostenido y optimista. La frontera del bienestar material se añadía así a los 

límites de la ci udadanía políti ca li beral, normativizando una su stanciosa serie de derec hos 

sociales que a l ser formalmente asumidos por lo s Estado s occidentales se  conv ertían en el  

compromiso de una provisión continuada de bienes públicos a una población que veía con ello 

ampliado el ámbito positivo de su ciudadanía.197 

 El Estado c onvertido e n regulador de lo  económico y lo social asu mió así, desde la 

segunda guerra mundial el papel de mediador contradictorio y asimétrico entre las necesidades 

del crecimiento económico y  las d emandas sociales  tra ducidas y expresadas po r conflictos 

laborales, po líticos y sociales. Lo s derechos  so ciales r epresentaban así l a d imensión jurídico 

                                                 
197 Alonso, Luis Enrique.  Trabajo y Ciudadanía. Estudios Sobre la Crisis de la Sociedad Salarial, Madrid, Trotta, 
1999, pp.106. 



 

 

202
instrumental de u n espacio de necesidades históricas d efinidas por el enc uentro e ntre las 

libertades políticas individuales –propias de la filosofía social liberal- y la garantía de una cierta 

provisión de servicios públicos pa rcialmente redistributivos –hereda da de la tradición 

socialdemócrata-, espacio de necesidad que unía el pleno empleo, la seguridad y la centralidad 

social del tra bajo en un sist ema d e c onvenciones y normas sociales don de e l conflicto en  la  

producción quedaba pa rcialmente in tegrado g racias a la negociación en la e sfera de la 

distribución. Por lo tanto, la política social tiene su razón fundamental en la evolución histórica 

del con flicto so cial y se con vierte e n un elemen to su stantivo, rea l y generalizado en  los 

capitalismos de la segunda postguerra mundial.198 

El problema del retorno al fundamentalismo liberal supuso, de hecho, la ruptura definitiva 

del consenso de posguerra o, si se quiere, del pacto keynesiano, que durante treinta años ajustó 

mercado y d emocracia, extendiendo el concepto de ciudadanía d el pla no administrativo o  

político al plano social, convirtiendo al ciudadano en sujeto de derechos económicos y aceptando 

que sólo la negociación de las grandes organizaciones económicas y sociales, refrendadas por el 

Estado, eran capa ces de e stabilizar a nticíclicamente el  crecimiento e conómico a b ase de 

internalizar socialmente los costos y externalidades de ese crecimiento económico. Sin embargo, 

el periodo ac tual es el p rimero, desd e hace prácticamente cuarenta a ños, e n e l que se  ha 

decretado que la máxima acumulación es un objetivo que no puede estar sujeto a ningún tipo de 

renegociación; e n la  q ue dicho de o tra manera, la de mocracia no p uede frenar al cr ecimiento 

económico bajo ningún concepto. 

La construcción social de lo s d erechos d e bienestar se  realizó en u n entorno fordista 

keynesiano d onde la i nstitucionalización del co nflicto in dustrial amplió el espacio de la  
                                                 
198 Alonso, Luis Enrique. “Ciudadanía, Sociedad del Trabajo..., pp.166-167. 



 

 

203
ciudadanía hasta la ga rantía parcial y  la pro visión de b ienes pú blicos como parte de la 

normalización y p ositivación c onstitucional q ue pa saron a s er co nsiderados derechos 

fundamentales d el ho mbre. La central idad d el trabajo en la d efinición de la ciudadanía, se  

inscribía, por ta nto, en el m undo de la i ndustrialización m adura est ableciendo el marco de la 

seguridad y el pro greso social como un as pecto constitucionalizado form almente, y sólo 

parcialmente g arantizado con  políticas soc iales d e corte un iversalista. La  c iudadanía so cial 

incluía un marco de deberes y derechos que supuso una desmercantilización parcial de lo social y 

una ampliación del alcance, la profundización y  la  calidad de la in tervención del Estado en la 

economía, f inanciada con una gestión hasta ese  momento heterodoxa de las f inanzas públicas, 

aceptando déficits moderados y cierta inflación para estimular la demanda agregada y financiar 

el gasto público incluidos, por tanto, los gastos sociales.199 

 Al entrar en crisis el Estado del bienestar, se entra a un periodo de crecimiento más lento 

y de competencia económica intensificada. Los Estados han encontrado más difícil desarrollar su 

función asistencial, y muchos han recortado sus obligaciones sociales, lo cual pone en riesgo la 

ciudadanía social. Los niveles de desempleo y dislocación económica han  ll evado a  algunos a 

sostener que lo s co mpromisos a sistenciales del Estado no son compatibles c on el liberalismo 

internacional; el desajuste ec onómico se ha  a tribuido d e forma b astante ge neralizada al 

intervencionismo so cial y econ ómico del Est ado. La propu esta gubernativa que est ablecen lo s 

Estados occidentales es de reducción de la demanda social a través de recortes al gasto público y 

por lo  tanto t ambién m ediante li mitaciones de los servicios y  d e l as presta ciones púb licas. Se 

trata de i mpulsar con mayor énfasis políti cas ne oliberales, para desm antelar el  Estado del 

bienestar, a cusado de asistenciali smo y de im productividad. La cr isis d e lo s se tentas puso e n 
                                                 
199 Ibíd., pp.167-168. 



 

 

204
cuestión una heg emonía hip ercentralizada y estructurada e n t orno a  la idea d e u n Estado 

intervensionista, pla nificador y  dis tribuidor de bienestar; de m odo que la centralización, que 

antes era fortaleza, pasa ahora a ser debilidad. 

 Lo que el neoliberalismo establece e s q ue el  Estado i nterviene demasiado, lo q ue ha 

alterado el li bre funcionamiento d el m ercado, impide la óptima asigna ción de recursos y la 

mayor efi ciencia, a sí co mo, con ell o, e l equilibrio, el crec imiento, la estabi lidad e incluso la 

mejora de las condiciones de vida de la  población. De manera que e l Estado debe reducir sus 

participaciones úni camente a aquellos aspectos que el  mercado no pue de cubrir. Además se 

establece q ue los pa íses occidentales q ue p oseen un Es tado de l bie nestar ya s ea consolidado 

como en  Europa y  Estado s Un idos y  no  del  todo  desarrollado como en  el  caso  d e América 

Latina, no tendrán capa cidad de competir en lo s me rcados in ternacionales si no  re bajan 

sustancialmente su  Esta do de l Bie nestar. Este t ipo de argumentos sitúa l a c ompetencia entre 

países, cuando quienes realmente compiten no son los países, sino las empresas. Los intentos de 

reducción de la protección social a lo que realmente obedece es a un doble objetivo: aumentar los 

espacios de  g anancias (con la sa nidad, p ensiones, e tc.) y  re ducir los  salarios (a través de la 

disminución del salario indirecto).200 

 Para la  década de  los oc henta y los noventa, ha i do est allando es e uni verso social, 

unificador e i ntegrador, creado po r el  m odo d e regulación fo rdista y que había servido 

repetidamente c omo referencia básica par a el estud io de los mecanismos de estabili zación del 

capitalismo keynesiano: clase obrera normalizada, consumo de masas, pleno empleo, prestación 

impersonal y múltiple de bie nes y ser vicios pú blicos, clas es medias funcionales, Estado 

                                                 
200 Arrizabalo, Xavier. “Crisis, Ajuste y Regresión Social en la Unión Europea: El Papel de las Privatizaciones”, 
en: Vence, Xavier y Xosé Luis Outes (Editores) La Unión Europea y la Crisis del Estado del Bienestar. Una Visión 
Crítica del Neoliberalismo Económico, España, Síntesis, 1998, pp.116-123. 



 

 

205
intervencionista demercantilizador, et c. Sin  embargo, el mod elo posfordista está generando 

casi todo lo  contrario: mercados d e t rabajo se gmentados, du alización social, d esempleo 

estructural, oferta di ferenciada y estratificada de bienes y serv icios, Estado m ercantilizados y 

empresarializados, etc.201 

El concepto de lo público se  ha t rasformado, de manera sensible, en e sta transición de 

modelos de regulación, ha modificado fundamentalmente lo que podríamos conceptuar como el 

sustrato material de la  ciudadanía. Nos enfrentamos a una trasformación de los sujetos bás icos 

que im pulsaron la ciudadanía s ocial: el tr abajador h omogéneo d e cuello a zul q ue im pulsó e l 

reconocimiento del of icio industrial como e lemento básico en la  distribución de los f rutos del 

crecimiento económico, y la s nuevas clases medias funcionales, basadas en la expansión de la 

burocracia, en  la distribución y  en el comercio en  l a er a del cap italismo de lo s mercados de  

masas y  del Estado del bienestar. Uno de los conceptos fundamentales de lo que había sido la 

democracia occidental desd e la Segunda Gu erra Mundial, esa  idea d e qu e ha bía una serie d e 

derechos s ociales a sociados a l propio concepto de tra bajo y p roducción, se e stá perdiendo e n 

estos momentos. Los derechos sociales están en franca regresión, como está en franca regresión 

el propio concepto de trabajo como centro de la sociedad.202 

Este t ipo de p olíticas neoliberales e n e l ámb ito so ciolaboral dificultan la adh esión 

voluntaria de los tra bajadores y de los a gentes so ciales a las direcciones d e l as políticas 

gubernamentales (entre las que cabe incluir la orientación liberal socialdemócrata), y rompen las 

bases de consenso sociopolítico inherente al sistema del Estado de bienestar que al resquebrajar a 

la clase trabajadora atenta contra su propia base social de apoyo. Pero no se olvide que este tipo 

                                                 
201 Alonso, Luis Enrique. Trabajo y Ciudadanía..., pp.51-52. 
202 Ibíd., pp.120-121. 



 

 

206
de políticas comportan una renuncia sutil a la realización del principio de igualdad como hilo 

conductor de l a po lítica i mprimida en el m arco d el Estado d el b ienestar, un progresivo 

desplazamiento hacia p olíticas so ciales i nsatisfactorias e in completas, e s d ecir, una 

reorganización de l m odelo de Estado del bi enestar p otencialmente orie ntado hac ia su 

cristalización c omo re alidad política h acia el pa radigma de l modelo de Es tado de l bienestar 

marginal que progresivamente se basa más en sistemas privados e individualizados. 

Se f omenta así u n t ipo de c iudadanía s ocial b asada en derechos so ciales de  c ontenido 

asistencializado e n grado m ínimo y se  descuida por otra parte, la c iudadanía basada e n l os 

poderes colectivos, especialmente e n e l po der de las org anizaciones sindicales. Los sindicatos 

tienden a ser aparta dos del espac io político y, por lo demás, su fren un proceso de p érdida de  

identidad que  se re fleja muy especialmente en  la c risis de la afi liación, a l a cual contribuye la  

cultura del  ind ividualismo, q ue com porta el descrédito y  el rechazo hacia lo púb lico y  d e los 

valores de solidaridad propios del fenómeno sindical. Se f omenta el individualismo insolidario 

de la so ciedad c ivil fra gmentada lo que con tribuye a  c rear una ciud adanía pasiva. En  la 

actualidad, junto con la disminución de las prácticas de acción concertada, se tiende a reducir el 

poder político de las organizaciones sindicales. Ello es congruente con la orientación del Estado 

liberal a re forzar s u autoridad frente a lo s si ndicatos en or den a la adopción de d ecisiones 

políticas en materia económica y social que acentúan el papel del mercado como instrumento de 

provisión del bienestar, y en suma la mercantilización de parte del contenido de l os derec hos 

sociales.  

 La segmentación de los mercados de trabajo (y la f ragmentación de la estructura social) 

se ha ce acomp añar de una dualización de lo s sist emas de  protección so cial, que tend erían a 



 

 

207
reflejar y  con solidar ese d ualismo social má s que a  sup erarlo me diante la ap licación de 

políticas sociales redistributivas: mientras los colectivos m ás dé biles de la s ociedad (pobr es, 

desempleados de larga duración, trabajadores con empleos precarios) son protegidos al mínimo 

de subsistencia; los grupos amparados y protegidos (trabajadores en activo con empleo estable y 

niveles retributivos m edio-altos) g ozan de derechos s ociales m ás perfectos (en e xtensión e 

intensidad) e  incluso de  la posibilidad de  ampliar su cobertura p rotectora a través d e sis temas 

privados de previsión social. Es, este último, un espacio donde el mercado ha recobrado terreno y 

se h alla en clara expansión. Es en est a serie de facto res de cambio dond e se aprecia la actual 

redefinición de las funciones y de las políticas del Estado del bienestar. 

Nos encontramos con un proceso de remercantilización de los servicios sociales bajo la 

forma de la  privatización, simple l iquidación, de saparición o p recarización de buena p arte de 

servicios que fueron universalizados, y habitualmente garantizados, por los Estados de bienestar 

occidentales de la  p ostguerra. Las razones pa ra la privatización, eran e n el or den t eórico, d e 

calidad y eficiencia y, en la práctica, se trat aba de c onvertir en espac ios privados las posibles 

zonas rentables con el lanzamiento de una nueva línea de asistencia industrializada o financiada 

en e l cam po del serv icio s ocial. El Estado , po r tanto, se h a conv ertido más en  un e nte 

remercantilizador que  d esmencartilizador en es ta fase del d esarrollo d e las econom ías 

occidentales. L a principal líne a de i ntervención del Estado , en  est a coyuntura, con siste e n 

reforzar el m ovimiento m ercantil de lo s recu rsos, reduciendo los controles y las trab as 

administrativas sobre la s ac tuaciones re asignativas del c apital productivo. Se  e xperimentó con 

ello, primero, el declive de las políticas sociales, reprivatización de ciertos servicios y, al mismo 

tiempo, limitando fuertemente el campo de actuación de los elementos estatales de reproducción 



 

 

208
de la fu erza de trabajo, y se gundo, el  auge de las políticas in dustriales que es donde el 

intervencionismo estata l adquier e e special vigor y donde se  sitúan las cono cidas políticas de 

reconversión y reindu strialización de l os ochenta y nov enta. Es d ecir, ha sido el t iempo d e la 

utilización de recursos públicos para la l iquidación y el saneamiento inversor de las industrias y 

de l as re des financieras ant icuadas, endeudadas o con e xceso de c apacidad, as í c omo para l a 

potenciación y el desarrollo de nuevas técnicas productivas y su aplicación.203  

La desmercantilización t ípica del ke ynesianismo se conv ierte en la remercantilización 

típica del Est ado postkeynes iano, puesto que l as polít icas monetarias de carác ter internacional 

acaban por hacer imposible la s pol íticas soc iales a n ivel nacional; en  este sen tido aparece una 

situación de sobredependencia de las políticas del Estado de la s situaciones de competitividad 

internacional de los mercados. En definitiva, el retroceso del Estado en el campo de las políticas 

sociales redistributivas contribuye a la gest ación de un a sociedad du al y fr agmentada que se 

aparta netamente de los postulados de solidaridad social que se habían afirmado tras la Segunda 

Guerra Mundial en el marco del compromiso socialdemócrata. 

El ideario político del pe nsamiento n eoconservador se resum e en lo subst ancial en la 

fórmula “ privatización de lo  público” (de las fu nciones antes c onsideradas c omo d el poder 

público). Desde el p unto de vista li beral el ind ividuo es u n ser aislado, a utónomo y 

autosuficiente; sujeto ti tular de derechos y  o bligaciones en tanto q ue individuo y no en su 

condición de pertenencia a ciertos grupos sociales y en su calidad de miembro de una comunidad 

política, y  con esta naturaleza se verá impulsado a la satisfacción (egoísta e insolidaria) de sus 

propios deseos. El mercado es el punto de encuentro (y base de la vida en común) entre los seres 

humanos aislados y e n c uyo m arco persiguen sus respectivos in tereses. Existe, e n s uma, una 
                                                 
203 Ibíd., pp.55-58. 



 

 

209
confianza plena e n el mercado concebido c omo instr umento re gulador de la a ctividad 

económica. Hasta el punto que se postula que el funcionamiento de la economía no sea objeto de 

control por el  sist ema po lítico democrático, precisamente para no afe ctar a su buena  m archa 

espontánea; de este modo se tiende a reafirmar la total autonomía del poder económico respeto al 

Estado democrático en la toma de decisiones (la nueva centralidad de la empresa y el mercado).  

 El Estado del bienestar que antes regulaba fundamentalmente la ciudadanía en función de 

los derechos sociales, en estos momentos es incapaz de generar una cultura de la seguridad y de 

la garantía laboral, porque tiene que competir, a nivel internacional, en mercados cada vez más 

turbulentos y m ás di námicos. Este espac io de l a competitividad i nternacional hace que los 

Estados, en buena medida, más que intervenir para garantizar los derechos de la ciudadanía, lo 

hagan para generar situaciones mercantiles eficientes y, por tanto, atender antes a los derechos de 

propiedad q ue a los de rechos de  b ienestar. La  in tegración a ni vel i nternacional d e to dos los 

mercados hace que los Estados tengan que plegarse a una nueva ciudadanía, una ciudadanía que 

es compleja y que tiende más a la desigualdad económica que a la igualdad social.   

 Las políticas sociales se van estableciendo crecientemente hacia las propias de un Estado 

asistencialista que solamente interviene en aquellos casos de extrema necesidad, de marginación, 

de miseria, etc., dejando, así de ser un elemento de seguridad de las clases medias que tenderían, 

según los nuevos criterios mercantilizadores, a asegurarse medios de recibir bienes sociales por 

unas vías que no  fueran l as d el Estado, sino a través de sus p ropias posibilidades de 

capitalización p rivada, a  partir de la constitución de fondos, d epósitos, co ntratos de  ser vicios, 

seguros y, en general, a partir de la entrada, por la vía privada, de una cierta reconstrucción del 

bienestar independiente de la ciudadanía social y de la obligación pública de mantenerla. 



 

 

210
El Estado, muestra dificultades en lo que atañe especialmente a la s instituciones que 

intervienen en lo social. El m ercado compite con la democracia, y de alguna forma la pone en 

jaque, especialmente r estringiendo la noción d e ciudadanía so cial. El  me rcado no ga rantiza la  

igualdad, entonces su rgen restricciones en  la  c iudadanía; y  e l acceso a  los recursos básicos de 

bienestar que antes eran provistos por el Estado, o mínimamente asegurados por éste, dependerán 

ahora de l a in serción de cada p ersona en  el merc ado. Inse rción que se p resenta en g eneral 

plagada d e incertidumbre. La desfiguración de  la imagen de l Estado d el b ienestar, has ta s u 

mutación en un organismo p recarizado, m uestran las dif icultades, de éste e n tanto g arante d e 

derechos sociales, como el acceso a la salud, la educación, la vivienda o la seguridad. Más aún, 

en la actualidad es posible observar dificultades en términos de garantizar la supervivencia de un 

número cada vez mayor de excluidos sociales. A su vez, es posible observar una cierta tendencia 

a la “naturalización” de la exclusión, lo que implicaría un deterioro significativo de la noción de 

ciudadanía.204 

 La c risis ac tual del E stado del bienestar no s ólo pone e n entredicho l a am pliación del 

marco institucional de la ciudadanía social sino tam bién su mantenimiento. Esto nos condu ce a 

una crisis gen eral d e l as regulaciones so ciales en la cu al se niega que sea necesario bu scar 

nuevos me dios d e org anizar la so lidaridad social y parece qu e sobr e l a a plicación práctica de 

derechos sociales pesa hoy una duda fundamental: en vez de favorecer la materialización de la  

ciudadanía eli minando las cargas d e la pobreza, m antienen al ind ividuo en  una cond ición 

subordinada, e n la  que se  lim ita a pa rticipar en un sis tema de  p rotecciones s ociales. El 

debilitamiento de las instituciones de ciudadanía social afecta de un modo mucho más general a 

                                                 
204 Carballeda, Alfredo J. La Intervención en lo Social. Exclusión e Integración en los Nuevos Escenarios Sociales, 
Buenos Aires, Paidós, 2002, pp.54-55, 74. 



 

 

211
los de rechos so ciales. En la  crítica d el Est ado del bienestar, se  ha considerado que la 

ciudadanía expresa e l id eal no rmativo d e un a l ibertad in dividual y  que es en c onsecuencia 

incompatible con derechos sociales y servicios sociales, con su organización administrativa, con 

la ide a misma d e normas u niversales. De hecho, la crisis que a fecta a nuestras instituciones 

sociales no e s sólo fi nanciera, sino una c risis m ás general de la t otalidad de las  re gulaciones 

sociales.205  

Según Rosanvallon los sistemas de bienestar social han fracasado debido precisamente a 

que han buscado criterios universales de regulación social. Para este autor en “la mayoría de los 

países in dustrializados, s e ha e stablecido la i dea g eneral de que la se lectividad de las 

prestaciones c onstituye una so lución p ara h acer fr ente a  la crisis fin anciera qu e at raviesa e l 

Estado del bienestar. Lo cual provoca una segmentación de las prestaciones sociales y pone fin al 

principio u niversalista que  estuvo históricamente e n el c orazón de  la c oncepción cívica y 

nacional d e l a Segu ridad Social”.206 Esta se lectividad de l as prestaciones, manifiesta en el 

Estado del bienestar el fr acaso del principio de seguro social que había regulado hasta ahora la 

seguridad social y sanitaria. El seguro social ha sido un mecanismo para organizar la solidaridad 

social, entre individuos y  generaciones; el proceso político de socialización de l riesgo y d e la  

responsabilidad que condujo a ella se está descomponiendo actualmente.  

 Ante la crisis del Estado del bienestar los problemas sociales no se conciben ya como un 

riesgo colectivo que se enfrenta a través de la  intervención estatal. La crisis de los sistemas de 

bienestar social establecería, po r tanto, u na individualización d el riesgo, de sintegrada en un  

                                                 
205 Procacci, Giovanna. “Ciudadanos Pobres, La Ciudadanía Social y  la C risis de los Es tados del Biene star”, en: 
Ciudadanía: Justicia Social, Identidad y Participación, Soledad Gar cía y S teven Luk es (Co mps.) Mad rid, S iglo 
Veintiuno, 1999, pp.30-33, 39.  
206 Rosanval lon, P ierre. La Nueva Cuestión Social. Repensar el Estado Providencia, Bu enos Aires, Manant ial, 
1995, pp.89-91. 



 

 

212
número ilim itado de tr ayectorias i ndividuales qu e a s u vez pondrían en ent redicho e l 

concepto de ciuda danía so cial. E n este c ontexto e l progres o s ocial no c oincide ya c on la  

disminución de las desigualdades socioeconómicas. 

 El discurso neoliberal, como señala Bourdieu, no es un discurso como los demás, es u n 

“discurso fuerte”, y  difícil d e c ombatir, po rque cuenta a su favor con  todas la s fu erzas d e un  

mundo de relaciones de poder que contribuye a que sea tal cual es, especialmente orientando las 

opciones económicas de los que dominan las relaciones de financieras y de mercado y añadiendo 

así su fuerza propia, típicamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. El movimiento hacia la 

utopía neoliberal de un m ercado puro y pe rfecto, se realizó mediante la acción transformadora 

que se  propone cuestionar todas las est ructuras colectivas capaces de obstaculizar la lógica del 

mercado puro: nación, cuyo margen de maniobra no deja de disminuir; grupos de trabajo, con la 

individualización de lo s salarios y las carreras e n función de la s competencias individuales y la 

atomización de los trabajadores que de ahí resulta; colectivos de defensa de los derechos de los 

trabajadores, sin dicatos, aso ciaciones, cooperativ as; fam ilia incluso, qu e, mediante la 

constitución de m ercados por c ategorías de e dad, pierde una  pa rte de su c ontrol s obre el 

consumo. El programa neoliberal tiende globalmente a ensanchar la brecha entre la economía y 

las real idades soc iales y a  con struir así , e n rea lidad, un sistema e conómico conforme a la 

descripción teórica, es decir, una especie de técnica lógica, que se presenta como una cadena de 

constreñimientos que arrastra a los agentes económicos.207  

                                                 
207 Para Bourdieu la revolución conservadora ratifica y glorifica el reinado de los llamados “mercados financieros”, 
o sea, el retorno a una especie de capitalismo radical, sin otra ley que la del beneficio máximo, capitalismo sin freno 
y sin maquillaje, pero r acionalizado y  llevado al  límite de la eficacia económica. Bourdieu, Pierre. Contrafuegos. 
Reflexiones para Servir a la Resistencia Contra la Invasión Neoliberal, Barcelona, Anagrama, 2000, pp.51,137-139.  



 

 

213
La Nueva derecha ha presentado un ataque directo contra la idea de derechos sociales. 

Estos de rechos siempre fueron resistidos de sde la derecha, co n el ar gumento de que a) s on 

incompatibles con las exigencias de libertad negativa y con los reclamos de justicia basados en el 

mérito; b) son económicamente ineficientes; y  c) no s h acen av anzar en el “camino h acia la 

servidumbre”. Mientras que Marshall había argumentado que los derechos sociales permitían a 

los más desfavorecido integrarse a la corriente principal de la sociedad y ejercer efectivamente 

sus derechos ci viles y políticos, l a Nu eva Derech a so stiene qu e el  Estado d e b ienestar h a 

promovido la p asividad en tre los pobres, n o ha mejorado sus op ortunidades y  ha c reado una 

cultura de dep endencia. Lejos de aportar una solución, el Estado del bienestar ha perp etuado el 

problema al reducir a los ciudadanos al papel de clientes inactivos de la tutela burocrática.208 

 Según la Nueva Derecha, el esfuerzo por asegurar la integración social y cultural de los 

más pobres debe ir “más allá de los derechos”, focalizándose en su responsabilidad de ganarse la 

vida. Dado  qu e el Estado  d e bienestar desalienta a la gente de todo  esfuerzo p or llegar a  

autoabastecerse, se debe cortar la red de seguridad y todo beneficio social restante debe conllevar 

alguna o bligación. És ta es la i dea que orie ntó una de las  principales ref ormas del s istema de 

seguridad social en los Estados Unidos e Inglaterra durante los años ochenta: la introducción de 

programas d e Workfare209, qu e e xigen una actividad labo ral como c ontrapartida de los 

                                                 
208 Kymlicka, Will y Wayne Norman. Op. Cit., pp.9. 
209 La expresión de Workfare había sido lanzada por primera vez a comienzos de los años ochenta en los medios 
conservadores. Para Ronald Reagan, la reforma del Estado del bienestar se identificaba con este tema. La idea básica 
era simple: quienes recibían ayuda pública debían a ca mbio brindar un  trabajo. El blanco al que se apunt aba er a 
visiblemente la población de personas solas, en esencia las mujeres, con hijos a cargo. En el transcurso de la década 
del ochenta, varias Estados a mericanos, co mo Nueva York y  Cali fornia, trataron de poner en pie p rogramas que 
respondían al Worfare  pero sin mucho éxito. Para 1992, nos encontramos con un  nuevo impulso al Worfare, pero 
ahora por el lado de los demócratas, durante su ca mpaña electoral, Bill Clinton hab ía puesto  e n el  c entro de sus 
argumentos l a pr omesa de ro mper con la lógi ca tr adicional d el Es tado d el bien estar. L a p ropuesta con sistía en  
considerar co mo temporarios los s ubsidios de asistencia. Cli nton hab laba de vencer l a cultura de la depen dencia 
permanente que concernía a una bu ena parte de los bene ficiarios sociales a co mienzos de la década de 1990, en  



 

 

214
beneficios aportados por las políticas s ociales. E l objetivo es  ref orzar la i dea de que los 

individuos deben ser capaces de mantenerse a sí mismos.  

Es d ifícil en contrar algun a evidencia d e qu e las re formas i mpulsadas por  la  Nueva 

derecha en lo s a ños och enta hayan actuado a favor de una ciudad anía resp onsable. Tales 

reformas pretendían extender la acción de los mercados en la vida de la gente –mediante el libre 

comercio, l a desregulación, l a reducción de i mpuestos, el  debilitamiento de los sindicatos y el 

recorte de los s eguros de  de sempleo- con e l pr opósito, a l m enos parcial, de e nseñarles las 

virtudes d e la in iciativa, l a confianza en sí  mismos y la a utosuficiencia. El recor te de los 

programas de asi stencia, lejo s de convertirse en un estí mulo para los desfavorecidos, exacerbó 

las des igualdades de clase, y  l os desempleados y trabajadores p obres fueron efectivamente 

“desciudadanizados” a l volverse incapaces de p articipar en la nueva e conomía de l a nu eva 

derecha. El p rograma de l a nu eva d erecha no d ebe v erse c omo expresión d e un a concepción 

alternativa de lo que es ser un ciudadano sino como un asalto al propio principio de ciudadanía 

social. Los neoconservadores han intentado reafirmar el rol del mercado y han rechazado la idea 

de que la ciudadanía social confiere un estatus independiente respecto del nivel económico. 

 El argumento neoconservador con respecto al  costo económico que tienen los Derechos 

Sociales para el  Estado del bienestar, lo encontramos en autores como Ricardo Montoro. Pa ra 

este autor la sociedad del Estado del bienestar es una sociedad de expectativas de reivindicación 

de derechos materiales, o  sociales. Pero estos derechos son costosos, gravosos, y alguien debe 

                                                                                                                                                             
efecto, el 80% recibía subsidios durante al menos cinco años y el 65%, durante ocho años o más. Para alcanzar este 
objetivo, Clint on s ugería un plan de acción  r adical: d espués de dos años  d e subsidios, las personas ap tas s erían 
obligadas a r egresar al trabajo, y a fuera empleándose en  el sector privado si lo lo graban, y a efectuando tareas  al 
servicio d e la colectividad e n el caso co ntrario. Sin bie n posterior mente se flexibilizaron estas medidas, no cab e 
duda como asegura Rosanvallon que en EU el Estado del bienestar comenzó allí una mutación. Rosanvallon, Pierre. 
Op. Cit., pp.164-169.    



 

 

215
pagarlos. N o s on derechos f ormales210, sin c osto a lguno. L os derechos materiales e stán 

condicionados forzosamente por las disponibilidades materiales y la intervención del Estado. De 

acuerdo con Ric ardo Mon toro, la  contradicción se en cuentra e n que e l Estado del bienestar 

ofreció los derechos sociales como si fueran derechos formales y por consiguiente, la población 

los percibe y  reclama como derechos absolutos, como si no tuviesen costo social y  económico 

alguno. Se trata, como señala este autor, de un error histórico de extrema gravedad. Por lo tanto 

la sociedad d el Estado de bien estar e staba aboc ada d esde un  p rincipio a l fracaso m aterial y 

financiero, poniendo en peligro incluso el modelo democrático sobre el que se asienta.    

Un as pecto de la  respuesta ne oconservadora, es el in tento de negar la c ondición de  

derechos sociales con stitucionales y l a redu cción de l á mbito de la ciudadanía (crítica que es 

paralela a las afirmaciones sobre la imposibilidad de otorgar juridicidad al Estado del bienestar). 

Los neoconservadores han retomado la concepción liberal clásica de los derechos fundamentales, 

según la  cual tales derechos son derechos de l hombre individual aislado que es tán des tinados, 

ante todo, a asegurar la esfera de libertad del individuo frente a intervenciones del poder público; 

son derechos de def ensa del ciudadano frente al Estado. Desde la perspectiva del pensamiento 

jurídico neoliberal los de rechos sociales pertenecientes a la  ci udadanía ( que inc orporan 

expectativas que ti enen po r obj eto pre staciones púb licas, como es el caso d e la s pensiones d e 

Seguridad Social) no son verdaderos derechos (no serían en ningún caso derechos subjetivos o 

prestaciones), toda vez que tienen un carácter aleatorio; el objeto de la mayoría de los derechos 

                                                 
210 Se entiende por “derechos formales” los derechos políticos y civiles, puestos de relieve en las Constituciones de 
los siglos XVIII y XIX, se co nforman como derechos jurídico-formales, absolutos e incondicionales que no t ienen 
una traducción in mediata e n tér minos de beneficios materiales sustantivos. Son, de a cuerdo con  Montoro, u nos 
derechos fáciles de r epartir entre la po blación. Montoro Romero, Ricardo. “La Reforma del Estado de Bie nestar: 
Derechos, Deberes e  Iguald ad de O portunidades”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No .79, 
Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, Julio-Septiembre de 1997, pp.24.  



 

 

216
fundamentales soci ales e s muy  imp reciso y depende de l a disponibilidad d e recursos 

económico-financieros, su realización es, por lo tanto, un asunto de política. 

La o peración político-ideológica d e los grupos ne oconservadores tr ata de e stablecer e l 

hecho de que los derechos sociales son puros objetivos sociales. De  es te modo ta les de rechos 

estarían sumidos en una mayor incertidumbre e inseguridad. La nueva estrategia se corresponde 

con el  fo mento de un a ciud adanía pasiva. Los neoliberales afirman que ante la s dificultades 

financieras de sostenimiento del Estado del bienestar, se debe operar una redefinición del tipo de 

prestaciones of ertadas por e l E stado, no s ólo e n el se ntido de su revisión c uantitativa y de la 

puesta en discusión de su naturaleza universalista, sino previendo también una atenuación de la 

tutela de l as po siciones subj etivas de los ci udadanos y  d e las g arantías ju rídico-formales 

reconocidas. 

Una hipotética reducción o recorte en la generalidad de los derechos sociales sería lesivo 

a cualquier texto  constitucional. Sin embargo, nada im pide que el legi slador reduzca algunos 

derechos sociales. Y aunque los principios rectores de la política social dirijan la actuación de los 

poderes públicos hacia e l progreso social y  la distr ibución de la renta, no es menos cierto que 

esos objet ivos sociales deben encuadrarse dentro de una pol ítica de estabilidad económica.  El 

recorte de los derechos sociales, no deseable desde el punto de vista político, es posible debido a 

los imperativos de la estabilidad económica, es aplicable en un régimen plural, democrático y de 

mercado regulado, donde los grupos de interés –sindicatos y otras organizaciones valedoras de 

intereses sociales- t ienen cauces legítimos de expr esión y p articipación en la d efensa de sus 

fines. Pod emos co nsiderar lícito el recorte d e a lgunos derechos soci ales enun ciados e n la 

Constitución, si empre y cuando se m antengan a salvo dos condi ciones: l a observancia de lo s 



 

 

217
principios y valores const itucionales y, en segundo lugar, el  respeto del contenido esencial 

cuando así proce da. Aun existiendo distintos y sucesivos desarrollos legislativos estos derechos 

sociales fundamentales ti enen que ser  siempre esen cialmente lo s mi smos, imp idiendo 

mutaciones que supongan desnaturalización o envilecimiento de los mismos.211 

Las po siciones extremas term inan desembocando en  un callejón sin  salida. La  

irreversibilidad plena e incondicional de los derechos sociales se enfrenta al pluralismo político, 

escapa a lo s ri gores que i mponen ciert as coy unturas económicas, d olorosos aunqu e n ecesarias 

para e nderezar el rumbo económico, y favorece la c ongelación de l o rdenamiento jurídico. En 

cambio, l a reversi bilidad absolut a no se ac omoda al pri ncipio estructural del Estado del 

bienestar, ni a  la  cláusula de progreso, ni a  la dignidad de la persona. La  reversibilidad de los 

derechos sociales d ependerá d e las ci rcunstancias y  n ecesidades imperantes. En tod o caso, la s 

Constituciones of recen u n marco socioeconómico am plio, a bierto y a daptable a  las dis tintas 

sensibilidades políticas y económicas. Ahora bien, el  recorte de derechos y prestaciones sociales 

debe re spetar las e xigencias del Estado d el bie nestar y los  demás principios y  mandatos qu e 

articulan el texto constitucional.212 

 Un derecho fo rmalmente reconocido p ero no ju sticiable – es decir, no  aplicado o no 

aplicable por los ó rganos judiciales con procedimientos definidos-, o incluso con justiciabilidad 

deficiente, es, tout court, un derecho inexistente. Los derechos sociales encuentran su límite en 

su compatibilidad con las r eglas c ompetitivas y selectivas d el mer cado y con su  efic iencia 

productiva. E s por ello q ue se ha s eñalado, c on raz ón, que la tentativa de h acerlos ef ectivos 

mediante la  pre disposición de garantías y pr ocedimientos ju rídicos m ás ef icaces n o puede 

                                                 
211 Ojeda Marín, Alfonso. Estado Social y Crisis Económica, Madrid, Editorial Complutense, 1996, pp.104-107. 
212 Ibíd., pp.123-124. 



 

 

218
ignorar una profunda trasformación de la estructura económica y social. La culminación del 

discurso político-jurídico neoconservador termina con la afirmación de que los derechos sociales 

quedarían excluidos de la relación de los derechos de ciudadanía.213 

El der echo social, devaluado c omo in terés legítimo por los grupos neoliberales, aca ba 

perdiendo to da conn otación fu erte, sea d e pretensión d e hacerlo valer contra un poder qu e se 

opone al mismo, sea como formando parte de una pretensión más general de participación en la 

construcción del pr oyecto de orden social. Desde este p unto de v ista, la persona interesada 

aparece como  un  suj eto atomizado que  e xpresa deseos y necesidades, y en  rel ación a e llo, la 

ciudadanía social se ac aba c onfigurando co mo u na c ategoría débil, en cua nto en teramente 

desvinculada d el poder in dividual y c olectivo, es tando d esligada de  todo proyecto de 

transformación del orden social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Monereo Pérez, José Luis. Derechos Sociales de la Ciudadanía y Ordenamiento Laboral, Madrid, Consejo 
Económico y Social, 1996, pp.196-197. 



 

 

219
 

CAPITULO IV 
LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO NACIÓN EN EL CONTEXTO 

DE LA GLOBALIZACIÓN 
  

En la  ac tualidad, prácticamente to dos lo s Estado s nacionales se  han in terconectado 

gradualmente e n una pauta m ás amp lia de transfo rmaciones glob ales y d e flujos globales de 

información. Se han desarrolla do redes y relaciones trans nacionales en todas las  áreas de la 

actividad humana. Los bienes, el capital, las personas, el conocimiento, las comunicaciones y las 

armas, así com o la delincuencia, la c ontaminación, la m oda y la s creencias, s e mueven 

rápidamente y cruzan las fronteras territoriales. Los Estados nacionales se han vuelto parte de un 

orden global fundamentalmente interconectado, marcado por intensas pautas de intercambio, así 

como por modelos definidos de poder, jerarquía y desigualdad.  

En este cuarto capítulo abordaremos el problema que para el Estado-n ación, representan 

los nuevos procesos de  globalización de  la  economía, junto con los avances de n uevas y más 

sofisticadas te cnologías de  la  información. E n el prim er apartado tratamos el p roblema de la  

soberanía d el Estado q ue se ha visto afectada p or e l desarrollo de i nterconexiones glo bales y 

regionales tanto financieras, tecnológicas como institucionales; en e l segundo tratamos el te ma 

de la democracia, la cual cuenta en la actualidad con una amplia legitimidad en el mundo y que 

en el contexto de la globalización se sitúa más allá  de la  tradicional e sfera del Es tado-nación, 

siendo esta afectada por organismos supranacionales; para que en una tercera parte hablemos de 

cómo las tecnologías d e l a in formación han  con tribuido a po tencializar los nuevo s reto s a lo s 

cuales se enfrentan los Estados na cionales en u na s ociedad d el riesgo y de  pre carización del 

trabajo. 



 

 

220
 
INTERCONEXIÓN GLOBAL Y DECLIBE DE LA SOBERANIA DEL ESTADO 
  

La teoría política democrática de  los siglos diecinueve y ve inte rara vez cuestionaba la 

soberanía d el Estado. Era ge neralizado e l s upuesto d e q ue el Est ado representativo liberal 

controlaba su propio destino, sólo sujeto a los compromisos que asumía y a los límites impuestos 

por los grupos y fuerzas que operaban dentro de sus fronteras territoriales y por las agencias y los 

representantes de otros Estados-nación. El mundo más allá del Estado-nación –la dinámica de la 

economía mundial, la  in tensificación de lo s ví nculos transnacionales y la s ins tituciones 

internacionales, por e jemplo- a penas f ue te orizado. T eóricos como G rocio y Kant, p rocuraron 

entender al Estado en el contexto de la “sociedad de Estados”, explorando las condiciones y los 

requisitos de la co existencia y  coop eración entre Estados, p resentando particular a tención a la  

naturaleza y el alcance de las relaciones gobernadas por el derecho.  

 Hacia f inales del s iglo diecisiete e n E uropa se  había c onsolidado la s oberanía 

independiente de cada Estado, lo cual era al mismo tiempo parte del proceso de desarrollo del 

sistema interestatal. Esta exigencia confería a los demás Estados el mismo derecho de mantener 

su autonomía y reclamar respeto dentro de s us propias fronteras. El desarrollo de  la soberanía 

estatal formó pa rte de  u n pro ceso de  rec onocimiento mutuo por medio del c ual c ada Esta do 

garantizaba a los demás derechos de jurisdicción en sus respectivos territorios y comunidades. 

 El sistem a i nterestatal es un  m odelo d e ord en int ernacional que su ele ser llam ado 

“westfaliano”, en alusión a la paz de Wes tfalia de 1648 que p uso f in a  la  f ase al emana de la 

guerra de los treinta años y estableció, por primera vez, el principio de la soberanía territorial en 

los asuntos interestatales. El modelo cubre un período que se extiende de 1648 a 1945 , aunque 



 

 

221
muchos de los supuestos subyacentes todavía son operativos en las relaciones internacionales 

contemporáneas. D escribe e l desarrollo de una comunidad m undial c onstituida p or Estados 

soberanos que resuelven sus diferencias de forma privada y  por la  fuerza en la mayoría de las 

ocasiones; que e ntablan re laciones dip lomáticas pe ro q ue, siem pre q ue pueden, re ducen al 

mínimo las acciones cooperativas; que buscan promover su interés nacional por encima de todo; 

y que acep tan la lógi ca d el principio de e fectividad, e sto es, e l principio de que e l po der crea 

derecho en el mundo internacional.214  

En el centro de l a i dea del E stado m oderno s e e ncuentra un orden impersonal le gal o 

constitucional, de limitando u na es tructura c omún de a utoridad, que define la  na turaleza y  la 

forma del control y la a dministración de una comunidad determinada. En su desarrollo teórico, 

de Bodin a Hobbes, de Locke a Rousseau, la teoría de la soberanía se fue conformando como una 

teoría de las posibilidades y las condiciones del ejercicio legítimo del poder político. La teoría se 

abocó a dos preocupaciones sobresalientes; una referida al lugar adecuado para que residiera la 

soberanía política; y la otra referida a la forma y los límites apropiados, el alcance legítimo, de la 

acción estat al. El Estado moderno se convirt ió en la e sfera privilegiada por l os gr upos y  la s 

colectividades para resolver sus disputas por sistemas de gobierno y bienes escasos; y también se 

                                                 
214 E l modelo de  West falia cons iste principalmente en s iete puntos: 1. El mundo está co mpuesto y dividido por 
Estados soberanos q ue no r econocen ninguna a utoridad superior; 2. El  proceso d e creación d e d erechos, la  
resolución de disputas y la ej ecución de la ley  están  bá sicamente en  l as manos de l os Es tados; 3 . El derecho  
internacional s e orien ta al es tablecimiento de reglas mínimas de coe xistencia; 4. La responsabilidad por accion es 
ilegales transfronterizas es un “asunto privado” que concierne a los afectados; 5.Todos los Estados son considerados 
iguales ante la ley; 6. Las diferencias entre los Estados son en última instancia resueltas por la violencia; predomina 
el p rincipio del  pod er e fectivo. La m inimización de l as r estricciones a la  libe rtad del Estado es la  “ prioridad 
colectiva”. He ld, David. La Democracia y el Orden Global: Del Estado Moderno al Gobierno Cosmopolita, 
Barcelona, Paidós, 1997, pp.104-105.  



 

 

222
convirtió en la base organizacional sobre la cual gobernantes y súbditos se movilizaron para 

luchar contra los grupos externos a sus fronteras.215  

Después de la se gunda g uerra mundial se fue extendi endo el rec onocimiento de qu e la 

naturaleza y el proceso del gobierno internacional debían cambiar para que las formas más 

extremas de v iolencia con tra la  humanidad fueran p roscritas y l a c reciente in terconexión e 

interdependencia de las naciones reconocida. El derecho internacional cambió, de ser una ley 

que rige entre los  Estados exclusivamente, a c onsiderar a  las personas individuales y a  los 

grupos como objetos del derecho internacional. También se generalizó la opinión contraria a 

la doctrina según la cual el derecho internacional se refiere principalmente a asuntos políticos 

y estratégicos d el E stado. Según  es ta misma posición, el derecho internacional fue 

progresivamente aumentando su competencia en la organización y la regulación de materias 

económicas, sociales y ambientales. 

 El nuevo modelo de derecho internacional adoptado en la Carta de la ONU, reflejaba la 

imagen de regulación internacional proyectada por Estados todavía celosamente soberanos pero 

reunidos en un una interacción de relaciones y alentados a resolver sus desacuerdos a través de 

medios pacíficos y conforme a criterios legales. La arquitectura de la ONU, fue emplazada para 

acomodar la estructura de poder internacional tal como se presentaba hacia 1945. La división del 

globo en poderosos Estados-nación, con conjuntos de intereses geopolíticos distintivos, se reflejó 

en la concepción de la Carta. En consecuencia la ONU fue inmovilizada en varias cuestiones la 

más obvia fue el poder de veto especial garantizado a los miembros  permanentes del consejo de 

seguridad de la ONU. Este status político añadía autoridad y l egitimidad a la posición de cada 

uno de los Estados más importantes pues a pesar de que se les prohibía en principio el uso de la 
                                                 
215 Ibid., pp.60-70. 



 

 

223
fuerza en términos contrarios a lo establecido en la C arta, sus acciones unilaterales estaban 

protegidas contra la censura y las sanciones a través de la figura del veto. Las misiones de paz de 

la ONU se circunscribieron a áreas en que el Es tado territorial en cuestión hubiera aprobado su 

despliegue. La su sceptibilidad de la ONU ante l as a gendas de los Estado s m ás pod erosos fue 

reforzada por su dependencia de los recursos financieros aportados por sus miembros.216 

 La Carta de la ONU, en su concepción, desafía frontalmente el principio según el cual la 

humanidad debería organizarse, ante todo, como una sociedad de Estados soberanos. Pues si los 

derechos de  ca da p ersona pueden s er p roclamados e n el e scenario p olítico m undial s obre y 

contra las pretensiones de  los Estados, y sí los  de beres de  ca da pers ona subsisten 

independientemente de su posición como súbdito o ciudadano de un Estado, entonces la posición 

del Esta do como un c uerpo soberano por e ncima de  su s c iudadanos y a utorizado a e xigir su 

obediencia, q ueda cuestionada y la es tructura d e la s ociedad de E stados s oberanos queda 

desdibujada.  

El  c recimiento de las organizaciones y colectividades internacionales y transnacionales, 

desde la ONU y  sus organizaciones hasta movimientos sociales y grupos de presión especiales, 

alteró l a forma  y  la dinámica ta nto d el Estado  como de l a sociedad. La int ensificación de  lo s 

procesos de interconexión regional y g lobal, y la proliferación de los acuerdos internacionales y 

las fo rmas d e cooperación intergubernamental p ara regular el c recimiento sin  precedentes de 

estos fenómenos, especialmente en  la segund a m itad del sig lo XX, ero sionaron la d istinción 

entre asuntos externos e internos, entre política internacional y doméstica. El Estado se convirtió 

en una arena fragmentada de elaboración de políticas, permeado por los grupos internacionales 

(gubernamentales y n o gubernamentales), así  como por las agencias y  fuerzas domésticas. Del 
                                                 
216 Ibíd., pp.112-115. 



 

 

224
mismo modo, la penetración general de la sociedad civil por actores transnacionales alteró su 

forma y  d inámica. Con e l incremento de  la  int erconexión gl obal, la  c antidad de i nstrumentos 

políticos a disposición de los gobiernos nacionales y la efectividad de esos instrumentos muestra 

una c lara tendencia a  declinar. Esta tend encia responde, a la pérdida de un am plio espectro de 

controles, fo rmales e in formales, sobre las fronteras que an teriormente habían servido para 

restringir la circ ulación de bienes y servicios, factores d e la pro ducción y  tecnolo gía, y  el 

intercambio cultural y de i deas. Los Estados pueden experimentar una nueva reducción de las 

opciones debido a  la e xpansión de las f uerzas e  i nteracciones t ransnacionales que re ducen y 

restringen la influencia que los gobiernos particulares pueden ejercer sobre las actividades de sus 

ciudadanos.217  

Para Bauman, el Estado era  precisamente una agencia que reclamaba el derecho legítimo 

– y po seía los recursos para ello- de formular e imponer la s reglas y n ormas a la s que estaba 

sujeta la administración de los asuntos en un territorio dado; reglas y normas que –se esperaba- 

transformarían la con tingencia en  determinación, el  azar en  re gularidad, e l caos e n orden. La 

tarea de crear el orden social requiere esfuerzos enormes, constantes, para seleccionar, trasladar y 

condensar el poder social, lo cual a su vez exige recursos tales que sólo el Estado, con un aparato 

burocrático y  jerárqu ico, pu ede reunir, concentrar y  d esplegar. La soberanía l egislativa y  

ejecutiva del Esta do m oderno descansaba necesariamente s obre el “ trípode” de la s sobera nías 

militar, económica y cultural. La c apacidad efectiva de crear el orden era inconcebible si no se 

apoyaba en la aptitud para defender eficazmente el territorio contra los embates de otros modelos 

de orden, ya sean Interiores o exteriores al Estado. La creación de un Estado soberano obligaba 

generalmente a so focar la s ambiciones e statistas d e muchas pob laciones inferiores, so cavar o 
                                                 
217 Ibíd., pp.118. 



 

 

225
expropiar c ualquier g rado de capacidad m ilitar r udimentaria q ue poseyeran, así como su 

autoabastecimiento económico y su particularidad cultural.218 

 Durante medio siglo, y hasta hace pocos años, sobre ese mundo parcelado por los Estados 

soberanos se sup erpusieron dos bloques de poder, uno  encabezado por los Estados Unidos y el  

otro p or la U nión So viética. Am bos pr omovían un gr ado de coordinación creciente entre l os 

órdenes administrados por los Estados dentro del reino de su “metasoberanía”. Sin prisa, pero de 

manera im placable, se promovía un principio n uevo de integración supraestatal. La “escena 

global” se convertía en el teatro de la coexistencia y la competencia entre grupos de Estados, en 

lugar de entre todo s ésto s. Los dos sup erbloques supieron acercar a sus zonas de in fluencia a 

diversos Estados para hasta cierto punto controlarlos. En la era de los bloques, la no alineación, 

la negativa a pertenecer a uno de los superbloques, el aferrarse obstinadamente al  principio de la 

soberanía suprema conferida al Estado aparecían como el equivalente de la ambigua “tierra de 

nadie” que los Estados modernos combatieron con uñas y dientes, para poder quedarse con ella 

durante la era de su formación. 

 El más a fectado por el cambio f ue el pa pel del Estado. L as tres patas del “ trípode de 

soberanía” ha n s ufrido rot uras irreparables. La autosuficiencia militar, ec onómica y  c ultural, 

incluso la  sustentabilidad del Estado dejó de ser una perspectiva viable. A f in de conservar su 

poder de policía para imponer la ley y el orden, los Estados tuvieron que buscar alianzas y ceder 

porciones crecientes de soberanía. Y cuando por fin se desgarró la Unión Soviética, apareció un 

escenario descono cido. Ap arecían nu evos Estado s que, busca ban activ a y  empecinadamente 

ceder sus derechos soberanos, para incorporarse a las estructuras de or ganismos supraestatales. 

Viejas o nuevas naciones que escapaban de las jaulas federalistas en las cuales la recién fenecida 
                                                 
218 Bauman, Zygmunt. La Globalización, Consecuencias Humanas, Brasil, FCE, 1999, pp. 82-84. 



 

 

226
superpotencia sov iética las h abía e ncerrado co ntra su  volunt ad, ah ora utilizaban su nuevo 

poder de decisión para buscar la disolución de su independencia política, económica y militar en 

el cuerpo de la Unión Europea y la alianza de la OTAN.219 

En esto s días, ya no  se espera de los nu evos Estados, n i d e lo s más l ongevos en su  

situación actual, que realicen la mayoría de las funciones que antes se consideraban la razón de 

ser de las bu rocracias estatales nacionales. El control del “equilibrio dinámico” entre los ritmos 

de crecimiento del consumo y el aumento de la productividad ha quedado fuera del alcance de la 

abrumadora mayoría de los Esta dos soberanos. Las t res patas del t rípode de la sobera nía están 

rotas. Se podría decir que la rotura de la pata económica es la más rica en consecuencias. Perdida 

la capacidad de  equilibrar las cuentas, guiados sólo por los inte reses expresados políticamente 

por la población dentro de su área de so beranía, los Estados nacionales se convierten cada vez 

más en ejecutores y plenipotenciarios de fuerzas sobre las cuales no tienen la menor esperanza de 

ejercer algún control. L a instituciones i nterestatales y  s upranacionales que se ha n creado y 

pueden actuar con el consenso del capital global ejercen presiones coordinadas sobre todos los 

Estados para que destruyan s istemáticamente todo l o q ue p udiera desviar y dem orar e l 

movimiento libre del capital y limitar la libertad de mercado.220  

Uno de los principales problemas del Estado-nación, dentro del proceso de globalización, 

se presenta en su potestad de recaudar impuestos y el control de esta facultad que constituyó los 

primeros elementos de la institucionalización del poder. El deseo de atraer capitales extranjeros 

hace difíci l el cont rol de los ca pitales na cionales, por la necesari a fl exibilidad financiera, l os 

capitales son hoy en día, móviles y escasos. El impuesto ya no es una decisión soberana desde el 

                                                 
219 Ibíd., pp.85-86. 
220 Ibíd., pp.88-91. 



 

 

227
momento en que el lugar de la residencia y de la inversión ya no son un dato sino una opción, 

y que e l v alor a ñadido se f orma de  manera demasiado a bstracta para q ue pueda a signarse su 

creación a un lugar pre ciso. Existen aún , c iertamente, ex tensos sectores de la actividad 

económica no liberados de los condicionamientos del territorio. Pero, tan pronto como pretende 

gravar las nuevas formas de la creación de la riqueza, el Estado nacional entra en competencia 

con el mundo entero y no puede impunemente exigir más impuestos que sus competidores en la 

carrera por el capital y el talento. Incluso donde él aún se cree soberano, el Estado n ación debe 

plegarse a una nueva limi tación que desnaturaliza, a trav és del impuesto, la relación que hasta 

entonces se establecía entre los ciudadanos y la nación. Un Estado no puede permitirse aumentar 

sus impuestos más allá del nivel de países comparables sin provocar la fuga al extranjero de los 

capitales. Esto si gnifica, e l e mpobrecimiento d e los Es tados nación y  su inc apacidad para 

financiar las prestaciones colectivas por medio del impuesto.221 

 En e l contexto de un orden gl obal altam ente i nterconectado, muchos de l os d ominios 

tradicionales de actividad y responsabilidad estatal (defensa, g estión, co municación, sist emas 

administrativos y  legales) no  pu eden ser regidos sin r ecurrir a f ormas inter nacionales de 

cooperación. Los Estados han debido aumentar el nivel de integración política con otros Estados 

(por ejemplo, a través de redes regionales como la Unión Europea y la Organización de Estados 

Americanos). La nueva política global –que i mplica, entre ot ras cosas, procesos de toma de 

decisiones multiburocráticos entre y dentro de las burocracias gubernamentales e internacionales, 

políticas indu cidas por ag encias y fu erzas inte rnacionales y nue vas formas de int egración 

                                                 
221 Guéhenno, Jean-Marie. El Fin de la Democracia: La Crisis Política y las Nuevas Reglas del Juego, España,  
Paidós, 1995, pp.25-27. 



 

 

228
multinacional entre los Estados- ha creado un marco dentro y a través del cual se redefinieron 

los derechos y las obligaciones, los poderes y las capacidades de los Estados.222 

 La interconexión regional y global desafía tanto a la soberanía como a l a legitimidad de 

los Estados. Son un peligro a la soberanía porque la autori dad política de los Est ados s e ve 

desplazada y comprometida por los sistem as regionales y globales de poder, ya sean pol íticos, 

económicos o cult urales. Y son  un reto a la  l egitimidad del Estado porque, con la mayor 

interdependencia re gional y glo bal, los Estados n o pue den s uministrar bie nes y servicios 

fundamentales a sus ciudadanos sin la cooperación internacional, y aun esta última puede resultar 

bastante i nadecuada f rente a p roblemas glo bales –de sde el ca lentamiento global h asta l os 

volátiles movimientos de los mercados financieros- que pueden escapar a la regulación políti ca. 

En la m edida en q ue la le gitimidad p olítica d epende de  la c ompetencia y la  ca pacidad par a 

suministrar bienes a los ciudadanos, está sometida a una creciente presión. 

Entrelazados con estas transformaciones políticas y legales están los cambios en el orden 

militar mundial. Pocos Estados, excepto quizá Estados Unidos y China, pueden hoy contemplar 

en solitario el unilat eralismo o la n eutralidad como estrategias creíbles de defensa. Las 

instituciones de seguridad global y regional han cobrado mayor protagonismo conforme ha ido 

desarrollándose una colectivización de la s eguridad nac ional. Pero no s ólo se  han he cho 

multinacionales las instituciones de defensa. También ha cambiado el m odo de fabricación del 

armamento. N os e ncontramos c on un fuerte incremento e n las c oncesiones, l os a cuerdos de  
                                                 
222 Un ejemplo del declive de la eficacia de la soberanía estatal, lo podemos ver en que en el derecho internacional 
clásico, la tierra, el mar y el aire eran recursos legítimamente asignados a la autoridad soberana de los Estados, pero 
en 1967, se propuso un nuevo concepto como base legal de la apropiación y exportación de recursos: “el patrimonio 
común de la humanidad”. El principio quedó sancionado en dos importantes tratados, la Convención sobre la Luna y 
otros Cuerpos Celestes (1979) y la Convención sobre Derechos del Mar (1982). Inicialmente introducido como una 
manera de pen sar el i mpacto de las n uevas tecnologías, que abrían la  p osibilidad de e xplotar r ecursos ( del lech o 
marino, las estrellas y  otros planetas) que escapaban a la jurisdicción nacional. Held, Davi d. La Democracia y el 
Orden Global..., pp.118-138. 



 

 

229
coproducción, las operaciones conjuntas, las alianzas corporativas y la subcontratación. Esto 

significa que son muy pocos los países que pueden decir, en términos globales, que tienen una 

capacidad de  producción m ilitar c ompletamente au tónoma. Lo  mismo puede señ alarse e n 

relación con las tecnologías civiles claves, como la electrónica, que son vitales para los sistemas 

avanzados de armamento y que son a su vez producto de industrias altamente globalizadas.223 

La para doja y  la n ovedad de la glo balización de  la  violencia organizada es que  la 

seguridad nacional hoy se está convirtiendo en un asunto colectivo o multilateral. Además, los 

Estados ya no tienen un monopolio de la fuerza, como demuestra el crecimiento del terrorismo 

transnacional y  los sucesos d el 11 de septiembre d e 20 01 en  Estado Un idos. Lo s ejército s 

privados y la pr ovisión pri vada de se guridad desempeñan un pa pel s ignificativo en m uchas 

regiones d el mundo. P or primera vez e n la historia, a quello que más h izo por dotar a los 

modernos Estados nación de un objetivo y un propósito, esto es, la seguridad nacional, y que ha 

estado en el corazón mismo de la moderna estabilidad tal como se ha entendido desde Hobbes, 

ahora sólo  puede lograrse de  forma efec tiva si  los Estados nación se  unen y agrupan recursos, 

tecnología, inteligencia, poder y autoridad. 

Por ejemplo, desde el Tratado de Maastricht de 1991 hasta el intento fallido de elaborar 

un Tratado Constitucional para la Unión Europea en 2004, se ha establecido el claro propósito de 

extender no só lo el a lcance de  la unión e conómica y monetaria s ino ta mbién el m arco d e 

cooperación en materia de seguridad. Los Estados miembros de la Unión Europea ya no son los 

únicos centros de poder dentro de sus propias f ronteras. Al c rear una Comunidad de duración 

ilimitada, con sus propias instituciones, su propia personalidad y, sobre todo, con poderes reales 

                                                 
223 Held, David y Anthony McGrew. Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del Orden Mundial, 
Barcelona, Paidós, 2003, pp.33. 



 

 

230
debidos a una limitación de la soberanía o a una transferencia de los poderes de los Estados a 

la Comunidad, los Estados miembros han restringido sus derechos soberanos. Por otro lado, es 

importante tener en cuenta que los poderes de la Unión fueron constituidos mediante la “cesión 

voluntaria” de los Estados individuales de ciertas porciones de su soberanía, una cesión que, en 

realidad, ha contribuido a la supervivencia del Estado-nación europeo enfrentado al dominio de 

los Estados Un idos en las tres  décadas que si guieron a la Segunda Guerra Mun dial y  a l a 

emergencia del desafío económico japonés y ahora Chino. Dentro de la Unión, la soberanía está 

claramente dividida: s e e xtinguieron las co ncepciones que p ostulan a  la s oberanía com o u na 

forma de poder público indivisible, il imitado, exclusivo y perpetuo, materializado dentro de un 

Estado nacional.224 

 Dentro de Europa es posible distinguir a  la  Un ión E uropea c omo una forma de  

regionalismo político, es decir, se trata de un grupo geográfico de Estados nación contiguos que 

comparten va rios atributos comunes, q ue tie nen nive les de interacción significativos y qu e 

disfrutan de una cooperación institucionalizada gracias a una estr uctura multilateral formal. La 

Unión Europea p robablemente pu eda d escribirse mejor no  co mo un  régimen internacional, ni  

como un E stado f ederal, s ino c omo u na red de E stados que implica una comunidad de 

soberanías. Los Estados m iembros d e la U nión Europea ya  no son los  centros exclusivos d el 

poder dentro de sus propias fronteras. Como observó el Tribunal de Justicia Europeo, “al crear 

una Comunidad de duración ilimitada, que tiene sus propias instituciones, su propia personalidad 

y, de una manera más particular, poderes reales que se derivan de una limitación de la soberanía 

                                                 
224 Held, David. La Democracia y el Orden Global..., pp.143-144. 



 

 

231
o de una transferencia de los poderes de lo s Estados a la  Comunidad, los Estados miembros 

han limitado sus derechos soberanos”.225 

 Dentro de la s inst ituciones de la Unión E uropea, e l C onsejo de Mi nistros tiene una  

posición particularmente significativa puesto que tiene a su disposición poderosos instrumentos 

legales que  le p ermiten formular y prom ulgar l a política con  un m ínimo de responsabili dad 

democrática a nivel del Estado nacional. De todos estos instrumentos, las reglamentaciones son 

más notables, porque tienen condición de derecho, independientemente de cualquier negociación 

o ac ción adi cional d e par te d e los  Estados miembros. La s d isputas alre dedor de la s 

interpretaciones y las apli caciones nacionales de l as regl amentaciones (o d irectivas) se pueden 

atender en el Tribunal de Justicia Europeo y el tribunal ha asumido un papel importante en la  

armonización del derecho de ntro de la U nión. A demás, co n la  aprobación del Ac ta Ú nica 

Europea ( 1986), la  una nimidad de ntro de l Co nsejo de  Ministros ha  sid o reemplazada p or u na 

mayoría de votos calificados para un número significativo de á reas problemáticas. Aun cuando 

en este cambio están incorporadas ciertas salvaguardas para la soberanía nacional (las decisiones 

en cuanto a cuáles problemas se pueden decidir mediante una mayoría de votos se deben basar en 

la unanimidad), es posible adoptar políticas a las cuales se  oponen los gobi ernos individuales. 

Por consiguiente, el lugar de la soberanía nacional ya no está garantizado.226  

                                                 
225 Held, David, Anthony McGrew, David G oldblatt y  J onathan P erraton. Transformaciones Globales. Política, 
Economía y Cultura, México, Oxford University Press, 2002, pp.57-58. 
226 Desde el fin de la Gu erra Fría, ha ocu rrido una signi ficativa aceleració n en l a institucionalización de l as 
relaciones regionales fuera de Europa: en América, en Asia-Pacífico y, en menor grado, en África. Pero las formas 
adoptadas por estos r egionalismos son radi calmente diferentes del modelo de in tegración de la UE. De hecho, el  
resto del mundo ha rechazado en gr an parte el modelo de la UE co mo algo que se deba  emular directa mente. A 
diferencia del principio west faliano de la c ondición es tatal s oberano, el  prin cipio de Bruselas d e una “ soberanía 
mancomunada” ha encontrado muy poca resonancia. En vez de ello, fuera de Europa se ha desarrollado una forma 
de regionalismo más abierta. Ibíd., pp.58-60. 



 

 

232
Sin embargo, no podemos afirmar que exista una crisis total del Estado-nación, pues 

si bien este ha sufrido un declive, los nacionalismos, la independencia territorial y el deseo de 

establecer, reconquistar o mantener la soberanía no parece haber disminuido del todo. Más aún, 

algunas de  las cr isis regionales no escapan a la pugna por la sob eranía. Los pr oblemas de 

Cisjordania y la Franja de Gaza y de los territorios de la ex Yugoslavia, por ejemplo no pueden 

ser pensados sin  remitirse a la idea de autonomía sob erana. Co mo señ ala Peter Evans, “esto s 

procesos de la globalización ciertamente contribuyen a la percibida evaporación de la autoridad 

estatal, per o el Estado no es eclipsado por el sim ple he cho de q ue sea más dependiente del 

comercio. Los actores transnacionales poderosos pueden tener un interés en limitar la habilidad 

del Estado pa ra reprimir s us p ropias ac tividades, pero ellos también dependen de  un Es tado 

capaz de p roteger sus beneficios, especialmente aquellos de posesiones valiosas intangibles. En 

esta óp tica, la  pe rsistencia de  la  centralidad institucional del Estado  es  m ás v erosímil qu e un 

posible eclipse del Estado”.227   

En la actualida d l as com unidades y las civilizaciones políti cas ya  no  pueden 

caracterizarse simplemente co mo “mu ndos sep arados”; es tán in terconectadas y arraigadas en 

complejas e structuras de fu erzas, relac iones y movimientos qu e se sobreponen. Es p osible 

observar cinco puntos dominantes para ayudar a ca racterizar las relaciones cambiantes entre la 

globalización y los modernos Estados nación: 

 

                                                 
227 Los actores económicos más privilegiados en una economía de información global (eso es, compañías globales 
como Disney o Microsoft, cuyos objetos de valor toman la forma de ideas), no necesitan Estados más débiles, sino 
más fuertes, o  al menos Es tados que sean más s ofisticados y  act ivos que el  tradici onal Estad o “guardián”, par a 
asegurar sus b eneficios. Evans, Peter. “¿El Eclipse del Estado? Reflexiones Sobre la Estatalidad en la Épo ca de la 
Globalización”, en: Estado Constitucional y Globalización, Miguel Carbonell y  Rodolfo Vázquez, Compiladores, 
México, Porrúa/UNAM, 2001, pp.10-22.  



 

 

233
1. En primer lugar, ya no se puede suponer que el lugar del poder político efectivo está 

en los gobiernos nacionales; diversas fuerzas y actores en el ámbito nacional, regional e 
internacional (principalmente empresas multinacionales) comparten el poder efectivo y lo 
intercambian. 

 
2. En segundo lugar, la id ea de una colectiv idad autónoma, y a no se puede ubicar 

significativamente de ntro de  las f ronteras de un s olo Est ado na ción. Al gunos d e l os 
procesos y fuerzas más fundamentales que determinan la naturaleza de las oportunidades 
de vida dentro y por medio de las comunidades políticas ahora están fuera del alcance de 
los Estados nacionales. Por supuesto que persiste el sistema de las comunidades políticas; 
pero hoy en dí a se articula y se rearticula co n complejos pr ocesos y e structuras 
económicas, o rganizacionales, a dministrativas, legales y culturales que limitan y 
verifican su eficacia. 

 
3. En tercer lugar, hay áreas y regiones significativas marcadas por lealtades entrecruzadas, 

interpretaciones en conflicto de los derechos y las obligaciones, estructuras jurídicas y de 
autoridad interconectadas, etc., que desplazan la no ción de la soberanía como una forma 
ilimitada, in divisible y ex clusiva del poder polí tico. La actu ación d e los Estado s en 
sistemas re gionales y globales c ada vez más com plejos af ecta t anto su a utonomía (al 
alterar los cos tos y  lo s b eneficios de las políticas y al influir en los prog ramas 
institucionales) como su soberanía (al cambiar el equilibrio entre las estructuras jurídicas 
y las prácticas administrativas nacionales, regionales e internacionales). 

 
4. En cuarto lugar, el final del siglo pasado y el principio del siglo XXI está marcado por 

una serie significativa de nuevos tipos de “problemas fronterizos”. Vivimos en un mundo 
donde las tra yectorias d e todos y cada uno  de los países est án m ás est rechamente 
entretejidas que nunca. En el pasado, los Estados nacionales resolvían principalmente sus 
diferencias acerca de las cuestiones fronterizas buscando razones de Estado respaldadas, 
en última instancia, por medios coercitivos. Pero esta lógica del poder es si ngularmente 
inadecuada e in apropiada para reso lver m uchos de los problemas comp lejos, desde la 
regulación económica hasta la  disminución de los recursos y la  degradación ambiental, 
que generan una interconexión de los destinos nacionales. 

 
5. En quinto lugar, las distinciones entre aspectos políticos internos y cuestiones externas, 

preocupaciones soberanas de  un Estado nación y consideraciones internacionales ya no 
están b ien definid as. Los gob iernos se enfrentan a prob lemas tales como las d rogas, el 
sida, el empleo de recursos no renovables, la administración de los desechos nucleares, la 
difusión d e a rmas de de strucción m asiva y el c alentamiento global, q ue no se pueden 
categorizar de una manera significativa en estos términos. De hecho, en todas las áreas 



 

 

234
principales de la política, la interconexión de las comunidades políticas nacionales en 
los f lujos y pr ocesos regionales y gl obales la s h ace tomar parte en una inte nsiva 
coordinación y  regul ación transfronterizas. El espacio pol ítico par a el  desarrollo y la 
búsqueda de un gobierno efectivo y la responsabilidad del poder ya no son identificables 
con un territorio político delimitado.228 

   

 Aunado a estos cinco puntos nos encontramos con que en el competitivo mundo presente, 

los Estados nación ya no poseen la en apariencia inagotable fuente de recursos a la que recurrían 

para financiarse. En estos días, también ellos han de buscar ayuda en la economía mundial y han 

de r ealizar los cambios n ecesarios en lo s países d e o rigen para que e sa economía acepte su  

invitación. Son cuatro las características de la economía internacional que afectan y transforman 

al Estado nacional: 

 

1. La “inversión” ya no esta sometida a limitaciones geográficas. En e ste momento, sea cual 
sea el lugar del mundo en que se asiente, si la oportunidad es at ractiva, el  dinero llegará a 
ella. Anteriormente el flujo transfronterizo de r ecursos tenía lugar, p rimordialmente, entre 
gobiernos o entre una agencia de préstamos internacional y un gobierno. Siempre había una 
capital y  un ejército de funcionarios públicos, po r lo menos en uno  de los extremos de la 
operación. Ya no es a sí. C omo en  n uestros días la mayor par te del dinero que at raviesa 
fronteras es p rivado, los go biernos no  tienen por qu é participar en  nin guno de lo s dos 
extremos. Lo único que importa es la calidad de la oportunidad de inversión. 

 
2. En segundo lug ar ten emos que la “industria” t iene t ambién una orientación m ucho más 

global en la actualidad que la que tenía antes. En el p asado, preocupadas en todo momento 
por los intereses de los gobiernos de sus países de origen, las empresas llegaban a acuerdos 
con los gobi ernos a nfitriones e n virtud de los cu ales apo rtaban rec ursos y c onocimientos 
para disfrutar de un acceso privilegiado de los mercados locales. Esto también ha cambiado. 
Las estrategias de l as m odernas corporaciones m ultinacionales ya no están inspi radas o 
condicionadas p or razones de  Estado, sino p or el deseo –y la  nec esidad- de  atender a los 
seductores mercados all á dond e se en cuentren, y  de ac ceder a con juntos atractivo s de 
recursos, estén dond e estén . Las ay udas financiadas p or los gob iernos – las vacaciones 

                                                 
228 Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt y Jonathan Perraton. Oc. Cit., pp.62-67. 



 

 

235
fiscales que se concedían por invertir en tal o cual lugar- están perdiendo la importancia 
que pudieron tener como criterio de decisión. 

 
3. El movimiento tanto de inversiones como de industrias se ha visto facilitado en gran medida 

por la “tecnología de la información”, que hace posible que hoy una empresa pueda operar 
en diferentes partes del m undo sin tener que construir un sistema empresarial completo en 
cada uno de los países en los que tiene presencia. Los diseñadores de productos de Oregon 
pueden controlar las actividades de una red de fábricas diseminadas por el área de Asia y el 
Pacífico. Po r lo tanto, lo s obstáculos a la p articipación y  l as alianzas es tratégicas 
transfronterizas se  ha n reducido e normemente. Ya no hay q ue tra sladar a u n e jército de 
expertos; ya no hace falta formar a un ejército de trabajadores. La capacidad puede estar en 
la red y se puede poner a disposición de quien la necesite, prácticamente en cualquier lugar, 
cuando haga falta. 

 
4. Por último, los “individuos consumidores” también han adoptado una orientación mundial. 

Gracias a l mejor acceso a la inform ación sobre l os estilos de vida de todo el mundo, son 
mucho menos proclives a co mprar –y están mucho menos condicionados por las presiones 
de los gobiernos para que se compren- productos americanos, japoneses o franceses por el 
mero hecho de sus relaciones nacionales. Los consumidores cada vez desean más productos, 
mejores y más baratos, vengan de donde vengan.229 

  

 En conjunto, la movilidad de est os cuatro fact ores hace posible que las un idades 

económicas v iables de c ualquier l ugar d el mundo r eúnan tod o lo que necesitan p ara 

desarrollarse. Ya no tienen que limitarse a recurrir a los conjuntos de recursos cercanos a su país 

de origen. Tampoco tienen que limitarse a depender de los esfuerzos de los gobiernos para atraer 

recursos de otros lugares del m undo y canalizarlos hacia los usuarios finales. Esto hace que la 

función tradicional de in termediación de los Estados nación sea  innecesaria en  buena medida. 

Como los mercados m undiales funcionan por su c uenta, los E stados nación ya no t ienen que 

desempeñar el papel de creadores de mercado. 

 

                                                 
229 Ohmae, Kenichi. El Fin del Estado-Nación, Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello. 1997, pp.16-19. 



 

 

236
 

DEMOCRACIA, GLOBALIZACION E INSTITUCIONES SUPRANACIONALES 
 

En los últimos años una gran cantidad de países que han transitado de formas autoritarias 

de gobierno, han manifestado su adhesión hacia la fórmula democrática como la mejor. Ante el 

eminente fracaso del “socialismo real” la pauta democrática ha m antenido su fortaleza frente a 

cualquier forma de gobierno. Entre 1974 y 1990 treinta países de Europa, Latinoamérica, Asia y 

África transitaron de diversas formas de gobiernos autoritarios hacia la democracia. Todos ellos 

implicaron, de alguna forma, semejanzas que los incluye en lo que Huntington a dado por llamar 

“tercera ola” d e l a d emocracia, cuyas características son : transiciones rápidas; éx ito re lativo; 

dependencia del desarrollo local, y se dieron tanto en el mundo industrial, en el socialista y en el 

Tercer Mundo.230 

En la a ctualidad e xisten p ocos Est ados que n o se denominen d emocráticos y no s e 

adscriban formalmente a los principios democráticos liberales. Además, casi no hay una guerra 

que no se emprenda a favor de la democracia, los derechos humanos y la autodeterminación. Las 

dictaduras son  consideradas c omo re trógradas y  cond enadas a su  desaparición. El pro ceso de 

globalización económica pareciera estar ligada a una ola universal de democratización. 

                                                 
230 La primera ola d emocrática, de acuerdo con la d ivisión de Samuel Hu ntington, se desarrolla en tre f inales e l 
siglo XIX a mediados de los años veinte del siglo pasado. La segunda va desde el final de la segunda guerra mundial 
hasta l os años sesenta. La d iferencia q ue Huntington pr opone para d istinguir estas de la ter cera ol a es que  en  la  
primera, por ejemplo, no había dictaduras modernas, más bien la ola provocó la democratización de regímenes que 
iban desde los liberales hasta los monárquicos-autocráticos del s iglo XIX local izados tanto en E uropa como en el 
mundo anglosajón. En tanto, en la segunda ola, las democratizaciones surgieron de la victo ria de los  aliados de la 
segunda g uerra mundial o de la descoloni zación por lo que el papel  determinante lo constituy eron l as po tencias 
extranjeras, lo que t rajo como consecuencia el  retroceso de las d ictaduras como resultado de  la “dem ocratización 
forzada” a la que se sometieron algunos países como los de América Latina. Huntington, Samuel P., “Democracy´s 
Third Wave”, en Jurnal of Democracy, Num. 2, USA, primavera de 1991, pp.12-14. 



 

 

237
El p roblema q ue se presenta a la d emocracia moderna, e s qu e la  in terconexión 

regional y global desafía las formas nacionales tradicionales en que se resolvían las cuestiones 

clave de la democracia. Esta cuestión obedece a la idea de interconexión del mundo, en donde 

algunas de las políticas del Estado-nación pueden afectar a otro como puede ser el caso de la tala 

de bosques, la construcción de plantas nucleares en la frontera nacional, o variaciones en la tasa 

de interés de algún pa ís que puedan afectar a o tro por la interconexión de las  economías. Las 

implicaciones de este hec ho son considerables, no s ólo pa ra las categorías d e co nsenso y 

legitimidad, sino también para todas las ideas clave de la democracia: la naturaleza del cuerpo 

político, el si gnificado de la representación, la forma y el alcance adecuados de la participación 

política y la relevancia del Estado-nación democrático, enfrentado a las relaciones y restricciones 

del ord en inte rnacional, co mo garante d e lo s d erechos, l as ob ligaciones y  el bien estar de lo s 

ciudadanos. 

Decisiones adoptadas por organizaciones cuasirregionales o cuasisupranacionales, como 

la Comunidad Europea (CE), la Organización del Atlántico Norte (OTAN) o el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), disminuyen el espectro de decisiones al alcance de las mayorías nacionales. 

Por lo tanto, la idea de una comunidad que se gobierna a sí misma de forma efectiva y determina 

su propio futuro –una idea que constituye el núcleo de la comunidad democrática misma- es hoy 

en día altamente cuestionada y problemática.  

La glob alización denota l a exp ansión y la profundidad de la s re laciones so ciales y la s 

instituciones a  tr avés del e spacio y el t iempo, de f orma tal que, por un la do, l as actividades 

cotidianas resultan cada vez más influidas por los hechos y acontecimientos que tienen lugar del 

otro lado del globo y, por el otro, las prácticas y decisiones de los grupos y comunidades locales 



 

 

238
pueden tener importantes repercusiones globales.  En  consecuencia, la g lobalización puede 

ser considerada  como “acción a  d istancia”. El proceso de globalización implica por lo  menos 

dos fenómenos distintos. Pr imero, sugi ere que muchas de las cad enas d e act ividad política, 

económica y social están adquiriendo dimensiones globales. Y, en segundo lugar, sugiere que ha 

operado una considerable intensificación de los niveles de i nteracción e interconexión dentro y 

entre los Estados y las sociedades.  

Dentro del espectro de agencias y organizaciones internacionales se en cuentran aquellas 

cuyo pri ncipal cometido es téc nico: la  U nión Postal U niversal, la U nión Internacional de  

Telecomunicaciones, la  Org anización Met eorológica Mundial y mu chas ot ras. Estas agencias 

suministran extensiones d e los servicios ofreci dos po r lo s Est ados nacionales. Puesto que sus 

tareas fueron pr ecisamente d elimitadas, h an si do políticamente inobjet ables. En el e xtremo 

opuesto se hallan las organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Salud y la Cultura (UNESCO) y, 

por supuesto, la ONU misma. Referidas al manejo y la distribución de reglas y recursos, estos 

cuerpos han sido muy controvertidos y politizados. A d iferencia de las agencias más pequeñas, 

de base técnica, estas organizaciones se instalan en el centro del continuo conflicto por el control 

de la política regional y global. Con el tiempo todas estas organizaciones se han visto favorecidas 

por cierto apuntalamiento de la autoridad que les ha conferido algunos poderes de intervención. 

El m andato o riginal del F ondo Monetario Internacional era  ase gurar la e stabilidad 

monetaria en una economía abierta, sustituyendo al patrón oro, que había cumplido esa función 

de f orma satisfactoria hasta la  Primera Gue rra M undial. Ta l co sa p resuponía que  las 

intervenciones del FMI debían imponer ajustes a todas sus partes cuando sus balanzas de p ago 



 

 

239
experimentaran déficits o superávits. Durante la primera fase de su existencia, el FMI dio la 

impresión de ci erta efi cacia en la medida en que ayudó a  rest ablecer la convertibilidad de las 

monedas europeas (1948-1957) y, posteriormente, a lograr el aju ste de las econo mías europeas 

(1958-1966). A partir de 1967, sin embargo, el FMI no logró mantener la estabilidad. A partir de 

la adopción del sistema general de monedas flotantes en 1973, puede decirse que la existencia  

del FMI se  pus o e n cuestión, a unque la ins titución s obrevivió adoptando nuevas fun ciones: 

gestión de ajustes estructurales unilaterales en países en vías de desarrollo y, desde finales de la 

década de l os o chenta, intervenciones e n los países del b loque d el Est e p ara asegurar su 

reincorporación al sistema monetario internacional.231 

Las críticas que Samir Amin hace al FMI consisten en los siguientes cinco puntos: 

 

1. El FMI, como el BM, fu e concebido par a prop orcionar a Estados Unidos un  control 
completo de  sus intervenciones. Al rechazar la  opción de  un ba nco m undial central 
defendida po r Keynes, EU prefirió  un a institución más d ébil, e n situ ación de 
dependencia, a una que habría resultado más eficaz pero en la que Estados Unidos habría 
tenido que  co mpartir la responsabilidad con o tros pa íses. De ahí qu e, p ese a sus 
préstamos, los recursos del FMI siempre hayan sido escasos. El FMI quizás ha sido capaz 
de actuar como catalizador (por ejemplo, definiendo las reglas de condicion alidad) pero 
no ha podido ir mucho más allá. 

 
2. A pesar de la lógica contenida claramente en su mandato inicial, el FMI no ha sido capaz 

de obligar a las grandes pote ncias c apitalistas (en  e special a Estado s Un idos), aunque 
evidenciaran superávits o déficits, a realizar ajustes estructurales tan duros como los que 
impone a los países del tercer Mundo. 

  
3. En sus relaciones con los países del Tercer Mundo, el FMI no ha perseguido el objetivo 

de prevenir niveles demasiado altos de endeudamiento, como los de los años setenta, y en 
consecuencia, redu cir la d euda. Su t area consiste en  gestionar l a d euda im poniendo 

                                                 
231 Amin, Samir. El Capitalismo en la Era de la Globalización, Barcelona, Paidós, 1999, pp.33-34. 



 

 

240
ajustes estructurales diseñados con ese único propósito, pagar el servicio de la deuda, 
aun cuando sean perjudiciales para el crecimiento económico.  

 
4. En sus nuevas relaciones con los países del b loque del Este, e l FMI i ntenta acelerar la  

recuperación de monedas convertibles en un contexto de apertura máxima. La brutalidad 
extrema de las soluciones recomendadas por el Fo ndo ha s ido obvia: la  convertibilidad 
debió restablecerse en un  año, mientras que en el c aso de Europa occidental llegar a ese 
punto después de 1945 supuso un período de quince años. 

 
5. Al cumplir todas estas funciones, e l FMI no ha contado con autoridad real para definir 

sus objetivos. El Fondo se limita a ejecutar las estrategias definidas por el G7, estrategias 
basadas en el mínimo común denominador entre las posiciones de Estados Unidos, Japón 
y la Comunidad Europea.232 

 

Las operaciones del FMI tienen el propósito actualmente de suministrar recomendaciones 

técnicas, orientaciones e conómicas y  préstamos fin ancieros a  las economías c on grav es 

dificultades, especialmente las del mundo en desarrollo. A todo gobierno que pretenda obtener su 

ayuda fin anciera, e l FMI le requerirá que r estrinja la  expansión del c rédito, reduzca el g asto 

público, limite los salarios y los empleos en el sector público, devalúe su moneda y reduzca los 

programas de asistencia social. El proceso de toma de d ecisiones del FMI plantea serias dudas 

sobre las condiciones bajo las cuales una comunidad política es capaz de determinar sus propias 

medidas y su propio rumbo. Las cuestiones políticas que se plantean cuando se analizan el nivel 

y el alcance de la condi cionalidad d el FMI, ta mbién se presenta cuando se estudia el Banco 

Mundial. Como la principal institución internacional de promoción del desarrollo, el BM en los 

años ochenta quedó asociada de forma directa con las medidas de ajuste estructural y sectorial, 

exigiendo a los solicitantes el cumplimiento de estrictas normas de austeridad  monetaria y fiscal, 

la may or apertura de  la  ec onomía a l se ctor privado, la  remo ción co mpleta de l as protecciones 

                                                 
232 Ibíd., pp.34-35. 



 

 

241
domésticas contra la s f uerzas de la e conomía internacional, y una m ayor c onfianza e n los 

mecanismos del mercado para la sol ución de los pro blemas prod uctivos y distributivos. Más 

recientemente, la condicionalidad se ha extendido hasta incluir exigencias de “buen gobierno”, lo 

cual comprende respeto po r los de rechos h umanos, mecanismos de mocráticos li berales de  

política y administración pública efectiva. Estas prescripciones a los créditos de promoción del 

desarrollo son vigorosamente respaldadas por la coalición dominante de los países industriales 

avanzados que  ejercen el c ontrol efectivo de  la  política d el B anco Mu ndial. Los derechos 

soberanos de los Estados son  v iolados po r l as directivas políticas del B anco Mundial; éstas 

socavan el espacio político para la autodeterminación nacional.233 

 El BM destina un tercio de sus recursos a los denominados programas de ajuste sectorial, 

el necesario complemento a las estrat egias inst ituidas po r el FMI al dic tado d el G7 y de la 

administración es tadounidense. Y c on todo, la h istoria del BM está estrechamente unida a la 

expansión del proy ecto desarrollista d el Tercer Mundo . En  la reconst rucción Euro pea, 

Washington se apropio directamente del papel del Banco, mediante su gestión del Plan Marshall. 

El BM, siempre ha estado apegado a las decisiones estratégicas de Washington. El Banco nunca 

se ha con siderado a  sí mismo como una in stitución p ública, en  competencia o en conflicto 

potencial con el capital privado. Por el contrario, se ha autoconsiderado un agente cuya tarea es 

apoyar la penetración del capital en el Tercer Mundo merced a las transnacionales. Los costos de 

las operaciones de l BM siempre h an sido significativamente mayores q ue los de  ac tuaciones 

semejantes emp rendidas po r au toridades na cionales o por a gencias de ay uda bilaterales o 

multilaterales.   

                                                 
233 Held, David. La Democracia y el Orden Global…,  pp.140-142. 



 

 

242
 Muchas de las intervenciones del Banco Mundial no han traído los beneficios que se 

podrían es perar y por el c ontrario ha n f avorecido al c apital p rivado. Por e jemplo, en las  

intervenciones del Banco en el sector minero del planeta fueron directamente articuladas con las 

de l as em presas t ransnacionales. El ba nco pr oporcionó garantías c ontra e l riesgo de 

nacionalización y  su bvencionó in directamente a l as compañías mi neras a l hacerse cargo de 

proyectos de inf raestructura (c arreteras, electrificación, minas, tre nes, pue rtos). En el sector 

agrícola, el Banco se ha centrado en destruir la autonomía del mundo campesino, acabando con 

la economía de subsistencia mediante su apoyo a formas de crédito orientadas a tal fin. En otros 

sectores, el BM ha realizado igualmente otras funciones significativas con el objeto de reforzar la 

integración d ependiente de l as econo mías d el Ter cer Mundo . Ha abierto los m ercados a las 

exportaciones de cru do y  h a alen tado la dependencia del p etróleo, algo qu e agrava el d éficit 

comercial d e muchos países. Ha p romovido t ambién la e xplotación de l as se lvas c on fines 

exportadores, sin  to mar en  con sideración lo s g randes daños producidos a la ecología o la 

devastación del país.234  

 Por su parte el GATT y la OMC, instrumentos reguladores del comercio, constituyen la 

tercera d imensión del siste ma de regulación junto c on el  FMI y  e l BM. Los pr incipios que 

fundamentan su actuación son los de apertura y libre comercio: evitar la discriminación a fa vor 

de lo s productores n acionales y tam bién la conducta agresiva por  parte de los exportadores 

(dumping); reduci r los arance les y prohibir ot ras formas de rest ricción cua ntitativa (formas 

abiertas como l as cuo tas y  también p rácticas desleales e nmascaradas b ajo r egulaciones 

administrativas o sanitarias injustificadas).  

                                                 
234 Amin, Samir. Op. Cit., pp.40-41. 



 

 

243
 Quienes apoyan el GATT y la OMC basan sus argumentos en la idea errónea de que 

el libre c omercio f avorece la  e xpansión c omercial y que dicha e xpansión al ienta, a s u vez, el 

crecimiento. La a firmación del GATT-OMC d e que defiende la libre y justa competencia no se 

justifica, ya que más bien es una organización totalmente subordinada a l as transnacionales. Se 

encuentran a l a so mbra d e la Cámara  d e Co mercio In ternacional, el club  de las grandes 

transnacionales. No resulta sorprendente que el GATT-OMC ignore totalmente las cuestiones de 

desarrollo s ostenible, que se circunscriben a  debates que s e celebran e n otros f oros. Ta mbién 

ignora la c uestión medioambiental. Protestando, a  expensas del futuro, de c ualquier regulación 

de la industria m inera. La  desregulación que reco mienda el GATT-OMC  só lo p retende 

beneficiar a lo s monopolios transnacionales reduciendo a cero el esp acio en que los Estados, y 

particularmente los Estados del tercer Mundo, pueden ejercer su gestión.235     

El ti po de gl obalización, llevado a  ca bo por el Ba nco Mu ndial, el F MI, los Estados 

líderes, las empresas transnacionales y  l as elites  pol íticas ha sido  llamada po r algunos auto res 

como Brecher, Brown y Cutler: “globalización desde arriba” (globalization from above), quienes 

critican que este tipo d e g lobalización que pro mete la p rosperidad económica, p ero a la v ez 

incrementa la po laridad entre ricos y pobres y que también retoma la bandera democratizadora, 

una bandera que supuestamente da control a la población en condiciones reales de su vida diaria, 

pero que sin e mbargo, el resultado de esa “falsa democratización”  no es otra cosa más q ue la 

marginación y la pobreza; la bipolaridad a la que está sometida el mundo en el sentido de que la 

                                                 
235 Ibíd., pp.43-47. 



 

 

244
radicalización desde arriba equivale a una polarización entre regiones (Norte vs. Sur) y por lo 

tanto una masiva migración de los países pobres a los ricos.236 

En c ambio, frente a la “ democratización de sde ar riba” es tos a utores  pr oponen una 

“democratización desde abajo”, (globalization from below), esta r esulta mayormente legítima a 

los ojos de la población en general pues demanda a través de las comunidades sus derechos a la 

nutrición, e l m edio am biente, la democratización local, nacional, de las instituciones políti cas 

transnacionales y la pacificación en centros de conflicto. Los actores que figuran en este tipo de 

globalización son sujetos sociales internacionales que suelen llamarse de diferentes formas desde 

las o rganizaciones a f avor d el m edio a mbiente G reen Peace, Amnistía Internacional, 

movimientos feministas, m ovimientos a favor d e los de rechos h umanos, organismos n o 

gubernamentales, movimientos políticos y  re ligiosos, so n una serie de actores q ue  vienen a 

formar par te de u na pluralidad internacional de nuevos sujetos sociales así como movimientos 

que nacen a nivel nacional y se extienden hasta llegar a una solidaridad global, facilitado por la 

introducción de mecanismos tales como la nueva tecnología comunicativa, redes de información 

y una serie de innovaciones t ecnológicas que fa cilitan l a acción soc ial y polít ica d e los 

ciudadanos activistas del mundo. Así el nivel que los movimientos sociales dan a la democracia 

se traduce en un rec lamo generalizado de la ciudadanía por mayor participación en la toma de 

decisiones fuera del ideal clásico del Estado-nación democrático.237 

Dentro de l nuevo s istema global, los Estados na cionales son demasiado pequeños para 

controlar y di rigir lo s fl ujos globales de pode r, riqu eza y tecnología d el nuevo sist ema, y  

demasiado grandes para representar la pluralidad de intereses sociales e identidades culturales de 

                                                 
236 Brecher, Brown y Cutler. Global Visions: Beyond the New World Order, Boston, South End Press, 1993, pp.30-
55. 
237 Ibíd. 



 

 

245
la s ociedad, per diendo por tanto legitimidad a  la v ez c omo i nstituciones representativas y 

como organizaciones eficientes. Así, la globalización del mercado de capitales, de los mercados 

de m ercancías y de  la s ca denas de  producción, h acen c ada vez m ás difí cil que l os Estados 

nacionales pu edan ejercer un a política económica efect iva. Co mo reacción, los Estados h an 

iniciado la con strucción de instituciones pol íticas o parapolíticas supran acionales que 

correspondan al ámbito d e o peración g lobal de los flujos financieros y  l as empresas 

multinacionales, co mo son  el c aso d e l a Un ión Eu ropea, el Tra tado d e Libre Co mercio de 

América del Norte.   

El reconocimiento por parte de los Estados nacionales de su incapacidad de resolver por 

sí solos l os problemas esenciales  de la econom ía y de  las relaci ones políticas i nternacionales 

vacía cada vez m ás de contenido a las instituciones nacionales, convirtiéndolas en mecanismos 

intermedios de una maquinaria más compleja y de ámbito superior, alejándolas por tanto de su 

función de representación directa de los ciudadanos de sus territorios.  

 

 

GLOBALIZACIÓN, SOCIEDAD DEL RIESGO Y DE LA INFORMACIÓN 

Desde la introducción de la imprenta mecánica en la Europa de la segunda mitad del siglo 

quince, las t ecnologías mecanizadas de c omunicación labraron la  formación de l as identidades 

políticas. Extendieron el espectro y el alcance de la reflexividad individual y contribuyeron a la 

creación de fue ntes colectivas de información, en la esfera económica, política y cul tural, a las 

cuales las personas podían recurrir a pesar de hallarse físicamente separadas unas de otras. En la 



 

 

246
actualidad y g racias a los alc ances d e la  tercera revo lución tecnológica esto s procesos de 

interconexión se han acelerado profundamente.  

La tercera revolu ción indu strial ap areció in mediatamente después d e la  segu nda gu erra 

mundial y  es en la actualidad cuando em pieza a tener un im pacto significativo e n c ómo la  

sociedad organiza su actividad económica. Adecuadamente programadas, estas nuevas máquinas 

pensantes, la s co mputadoras y sus a vanzados “software”, son  capaces d e re alizar fun ciones 

conceptuales, de gestión y administrativas y de coordinar el flujo de producción, desde la propia 

extracción d e materias pr imas hasta el “marketing” y la d istribución de se rvicios y  p roductos 

acabados. La transición hacia una sociedad de la información con una reducida mano de obra es 

la tercera y últim a etapa de un gran cam bio en l os para digmas ec onómicos marcados por la 

transición desde las fuentes renovabl es a l as n o renov ables de e nergía y  d esde l as fuentes 

biológicas de poder a las mecánicas.238 

La provisión de servicios y el manejo de la información constituyen la médula de la 

actual producción económica. La posición dominante pasó así de la producción primaria 

(agricultura y minería) a la secundaria (industria) y de ésta a la terciaria (servicios) en los países 

capitalistas desde comienzos de la década de 1970. Podríamos decir que el paso del dominio de 

la industria al dominio de los servicios y la información, es un proceso de informatización. El 

sector de los servicios abarca una amplia gama de actividades que van desde los cuidados de la 

                                                 
238 En la primera revolución industrial el vapor se empleó para abrir minas de metales, producir textiles y  fabricar 
un amplio abanico de productos que, en ép ocas anteriores, habían sido fabricados a mano. La segunda revolución 
industrial se pr odujo entre 1860 y la  p rimera guerra mundial.  Al igual que lo que ocur rió con la revolución del 
vapor, el petróleo , la elect ricidad y los inv entos q ue ac ompañaron la segund a r evolución i ndustrial conti nuaron 
transfiriendo el peso de la actividad económica del hombre a la máquina. Con la tercera revolución industrial se ha  
implementado el termino “inteligencia artificial”, que quiere decir en general que es  “el arte de crear máquinas que 
realizan funciones que requieren inteligencia cuando la gente las l leva a  cabo”. Con ello las computadoras asumen 
una serie de tareas cada vez  más co mplejas y que, a la vez, cambian de r aíz nuestros concep tos de ind ividuo y 
sociedad. Ri fkin, Jeremy. El Fin del Trabajo. Nuevas Tecnologías Contra Puestos de Trabajo: El Nacimiento de 
Una Nueva Era, México, Paidós, 1996, pp.85-87. 



 

 

247
salud, la educación y las finanzas hasta el transporte, el entretenimiento y la publicidad. Este 

cambio no significa que la producción industrial vaya a dejarse a un lado del todo, ni siquiera 

que cese de tener un papel muy importante, incluso en las regiones más dominantes del planeta. 

Del mismo modo que los procesos de industrialización transformaron la agricultura y la hicieron 

más productiva, la revolución informática transformará la industria al redefinir y rejuvenecer los 

procesos de fabricación.  

Para Hardt y  Ne gri, la  primera consecuencia ge ográfica de l tránsito d e un a economía 

industrial a una ec onomía inf ormática es  la descentralización r adical de l a p roducción. Los 

procesos de m odernización y el p asaje a l pa radigma i ndustrial p rovocaron la intensa 

aglomeración de las f uerzas productivas y migraciones m asivas de m ano de o bra hac ia l os 

centros que se conv irtieron en ciud ades fá bricas, c omo Manchester, Osaka y Detroit. La 

eficiencia de la producción industrial masiva dependía de la concentración y la proximidad de los 

elementos para pode r crear el áre a fa bril y facilitar el tra nsporte y la  com unicación. Pero l a 

informatización de la industria y el creciente dominio de la producción de servicios han hecho 

que tal concentración de la p roducción ya no sea necesaria. El tamaño y la e ficiencia ya no se 

relacionan de man era lineal; e n realidad, la producción e n gran e scala e n mu chos casos ha 

llegado a ser un obstáculo. Los adelan tos en l as te lecomunicaciones y en las tecnologías de l a 

información hicieron posible un a desterritorialización de la  producción qu e dispersó 

efectivamente las fábricas y evacuó las ciudades fábrica. La co municación y el c ontrol pueden 

ejercerse eficientemente a d istancia y, en  a lgunos casos, los productos in materiales p ueden 

transportarse a través del mundo con una demora y un gasto mínimos. Hoy es posible coordinar 



 

 

248
varias instalaciones de producción diferentes para que produzcan simultáneamente una sola 

mercancía de modo tal que las fábricas pueden dispersarse en diversas locaciones.239 

En la  é poca de la or ganización fordista d e la  pr oducción ind ustrial masiva, e l ca pital 

estaba circunscrito a un t erritorio específico y, por lo tanto , ob ligado a tratar cont ractualmente 

con una población laboral limitada. La informatización de la producción ha te ndido a liberar al 

capital de t oda l imitación territori al y de negociación. Hoy  el  ca pital pu ede retirar se de la 

negociación con un a población local d ada trasl adando su  p roducción a otro pun to d e la red 

global o pu ede sencillamente emplear su capacidad de ha cerlo como un arma de n egociación. 

Poblaciones laborales c ompletas, qu e hab ían gozado d e c ierta estabilidad y  cierta fu erza 

contractual, se ha llaron sumergidas en situaciones de em pleo cada vez más precarias. Una vez 

que se debilita la posición de la f uerza laboral, la producción en  red puede vo lver a ap licar 

antiguas formas de trabajo no garantizado.  

Las m ultinacionales buscan ubicarse en lu gares e n donde pu edan obtener grandes 

ganancias. Co mo es el caso  de Bangalore en  la Indi a. E n ninguna parte del mundo ex iste un 

contraste entre la tecnología del futuro y las prácticas fabriles del pasado como el que se pu ede 

observar e n Bangalore. Em presas de ámb ito global como IBM, He wlett-Packard, Mo torola y 

Texas In struments  se reúnen en e sta ciudad. En un  país caracterizado por l a pob reza y  la 

preocupación social, Bangalore es “ una is la de cier ta influencia y de c lara es tabilidad social”. 

Esta ciud ad india se h a convertido e n la  Mec a de la  tecnología informática para las empresas 

multinacionales dedicadas al  mundo de la e lectrónica y de la computación, deseosos de fundar 

sucursales cerca de nuevos mercados florecientes.240  

                                                 
239 Hardt, Michael y Antonio Negri. Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 273-275.  
240 Rifkin, Jeremy. Op. Cit., pp.245. 



 

 

249
Además, las redes computarizadas y las tecnologías de las comunicaciones propias de 

los s istemas de producción actuales permiten controlar más extensamente el desempeño de los 

trabajadores d esde una l ocación cen tral, re mota. La  centralización del con trol se a dvierte más 

claramente c uando se la  considera en una pe rspectiva global. La dispersión ge ográfica de la 

fabricación creó una demanda de administración y planificación cada vez más centralizadas y de 

una nueva centralización de productores de servicios especializados, especialmente de se rvicios 

financieros. Los pr oductores de  servicios financieros y de s ervicios rel acionados con el 

comercio, c oncentrados en  unas pocas ciud ades clav e (com o Nu eva York, Londr es y Tokio) 

administran y dirigen las redes g lobales de producción. Como un de splazamiento demográfico 

masivo, entonces, la decadencia y evacuación de las ciudades industriales dio paso a la creación 

correspondiente de las ciudades globales. 

La revo lución en  la micro electrónica, e n la t ecnología de la información y e n las 

computadoras, ha establecido vínculos electrónicos mundiales prácticamente instantáneos que, al 

combinarse con los desarrollos tecnológicos de la televisión, los cables, el satélite y el transporte 

aéreo, transformaron radicalmente la naturaleza de las comunicaciones. El desarrollo de nuevos 

sistemas de comunicación c rea un mundo e n e l cual las particularidades de c ada lugar y la 

individualidad d e cad a p ersona están con stantemente entrelazadas por re des d e comu nicación 

regionales y  gl obales. Este t ipo d e re des ligadas p or las  tecnologías de  la  información s on 

fundamentales p ara los  desa rrollos le gales, organizacionales y  m ilitares que  tra nsforman las 

comunidades políticas modernas y el sistema de Estados en general. Por ejemplo, la extensión de 

relaciones diplomáticas y redes de cooperación militar, el desarrollo y la supervisión del derecho 

internacional, y el reconocimiento de la ONU como un foro de importancia, son todos procesos 



 

 

250
que recibieron el impulso de los nuevos sistemas de comunicación y todos dependen de ellos 

como medios para proseguir sus proyectos. 

Las nuevas t ecnologías d e in formación permiten la  articulación de p rocesos sociales a 

distancia, ya sea e n las áreas met ropolitanas (t ele-trabajo, tele-compra, te le-información, tele-

diversión), en tre las regiones o  ent re lo s continentes. La g lobalización d e la economía hace 

depender la  riqueza de  las na ciones, e mpresas e individuos, de movimientos de cap ital, d e 

cadenas de producción y distribución y de unidades-gestión que se interrelacionan en el conjunto 

del planeta, socavando por tanto la especificidad de  un determinado territorio como unidad de 

producción y c onsumo.  La articulación entre tecnología, eco nomía, sociedad y e spacio e s u n 

proceso abierto, variable e interactivo, parece claro q ue e n la  sociedad d e la inf ormación l o 

global condiciona lo local y los flujos electrónicos estructuran la economía a partir de relaciones 

entre unidades espacialmente distantes.241   

Para Bo rja y C astells, hemos en trado en  un nuevo tipo de so ciedad que podría 

denominarse como “la sociedad de flujos”. Una sociedad en la que la base material de todos los 

procesos esta hecha de flujos, en la que el poder y la riqueza están organizados en redes globales 

por los que circulan flujos de información. Dichos flujos son asimétricos y expresan relaciones 

de poder. Pero aún más importante es el poder de estos flujos: los flujos financieros, los flujos de 

tecnología, los flujos de creación de imagen, los flujos de información. La lógica de la sociedad 

de los f lujos e scapa c on frecuencia a  s us c ontroladores, c omo los gobiernos que luchan por 

regular los mercados financieros.242 

                                                 
241 Borja, Jor di y Castell s, Manuel. Local y Global: La Gestión de las Ciudades en la Era de la Información, 
España, Taurus, 1997, pp.11-12. 
242 Ibíd., pp.29-30. 



 

 

251
Se plantea una clara dis yuntiva e ntre la  a utoridad formal d el Esta do y el al cance 

espacial de los s istemas c ontemporáneos de pr oducción, dis tribución e i ntercambio, c uyas 

operaciones con frecuencia limitan l a competencia y la efectividad de las  autoridades políticas 

nacionales. Aun cuando las Multinacionales tienen una clara base nacional, sus actividades están 

orientadas a maximizar su competitividad y rentabilidad internacionales. La implementación de 

tecnologías de la información y la automatización de la producción han hecho que las empresas 

multinacionales tengan un gran poder en condicionar a los d iferentes Estados nacionales sobre 

las condiciones laborales que más les favorecen.  

Las e mpresas mu ltinacionales, d eseosas d e ma ntenerse flex ibles y  activas frente a la 

competencia g lobal, optan cada vez más por contratar trabajadores eventuales, con la  finalidad 

de poder responder con rapidez a las fluctuaciones del mercado. El resultado es un incremento en 

la productividad y una mayor inseguridad del empleo en todos los países del mundo. En cada 

economía avanzada, l as n uevas tecnologías y  la s nu evas p rácticas directivas desplazan 

trabajadores, cre ando una m asa labo ral en la  rese rva. La pérdida de puestos de trab ajo en  la 

industria en general se debe, en gran parte a la introducción de nuevas tecnologías que permiten 

ahorros en mano de obra o en tiempo de proceso y, también, a la reestructuración de los modos 

de producción. 

Para Ulrich Beck, los problemas actuales de la sociedad del trabajo se encuentran dentro 

del marco de una economía política de la inseguridad (o de  la economía política de la sociedad 

de riesgo mundial), la cual se caracteriza principalmente por cinco puntos: 

1. En la economía política de la inseguridad, el nuevo juego (y declive) del poder se expresa 
entre unos agentes vinculados a un territorio (gobiernos, parlamentos, sindicatos) y unos 
agentes econó micos desvin culados de todo  territorio (el capital, las fi nanzas y  el  
comercio). 



 

 

252
 

2. En esto se basa la impresión de que el margen de maniobra de los Estados se reduce al 
dilema de o bi en “pagar” la creciente pobreza con un mayor índice de desempleo (como 
ocurre en la  mayoría d e los pa íses Europeos) o bie n t olerar u n ín dice e scandaloso de 
pobreza a cambio de algo menos de desempleo (como ocurre en Estados Unidos). 

 
3. Esto está rela cionado con  el hecho d e que l a so ciedad laboral se  ac erca a una c risis a 

medida que las personas son sustituidas por tecnologías inteligentes. La creciente tasa de 
desempleo no se puede seguir achacando a crisis económicas cíclicas, sino a los éxitos de 
un cap italismo t ecnológicamente ava nzado. Esto sign ifica tamb ién qu e ha fracasado el  
viejo ins trumental económico-político y que  todo trabajo remunerado se  ve amenazado 
por el miedo a su posible terminación o sustitución. 

 
4. La economía política de la inseguridad describe con ello un efecto dominó. Lo que antes 

se c omplementaba y reforzaba de m anera r ecíproca ( pleno e mpleo, pe nsiones m ás 
seguras, elevados ingresos fisc ales, má rgenes d e maniobra de l a p olítica estatal) se v e 
ahora en  re cíproco peligro: el tra bajo se to rna precario, lo s cimie ntos del Estado 
asistencial se viene n abajo; las bi ografías personales se tornan frá giles; la pobreza de la 
vejez s e p rograma a nticipadamente; de las a rcas vac ías m unicipales no se p uede sa car 
dinero para financiar el volumen cada vez más hinchado de la asistencia pública. 

 
5. Por su  parte, l as est rategias ortodoxas pasan  a la d efensiva. Los em presarios reclam an 

tener la ca pacidad de despedir más fácilmente a sus trabajadores. La fl exibilidad laboral 
significa también que el Estado y la economía traspasan los riesgos a los individuos. Los 
contratos actuales son en su mayoría de corta duración y más fácilmente rescindibles o 
renovables.243 

  

Cuantas m ás re laciones la borales s e des rregularizan y f lexibilizan m ás rá pidamente se 

transforma la sociedad laboral en una sociedad de riesgo, un riesgo que no es calculable ni para 

el modo de v ida de cada individuo n i para el  Estado y la esfera política. Bajo el influjo de l a 

economía política de la inseguridad se modifica también de manera drástica el aspecto general de 

                                                 
243 Beck, Ulrich. Un Nuevo Mundo Feliz. La Precariedad del Trabajo en la Era de la Globalización, Barcelona, 
Paidós, 2000, pp.10-11. 



 

 

253
la sociedad. Se están resquebrajando los fundamentos de la encomiada estatalidad asistencial 

y con ello de la democracia cotidiana, es decir, la imagen que tiene de sí la sociedad del trabajo 

fundada en  un  co mpromiso de clases institucionalizado. El  capitalismo mundial al d ebilitar e l 

conjunto de valores de  la sociedad laboral e n los país es occ identales, res quebraja adem ás la 

alianza histórica entre ca pitalismo, Esta do nac ional y democracia. El ca pitalismo de los 

propietarios, que n o tie ne ot ro objetivo que los beneficios esta p roduciendo u n div orcio entre 

trabajadores, Estado y democracia.244 

La socie dad del r iesgo, de la  q ue ha bla Beck, d escribe u na f ase de desarrollo de la 

sociedad mod erna en  la que lo s riesgos, po líticos, ecológicos e  indiv iduales c reados por el 

impulso de innovación eluden cada vez más el control y las instituciones p rotectoras d e la 

sociedad industrial. La sociedad del riesgo es un estadio de la modernidad en el que los peligros 

producidos en el curso del desarrollo de la sociedad industrial se hacen predominantes. El acceso 

a la sociedad del riesgo se produce en el momento en que los peligros que la sociedad produce 

consecuentemente so cava y/o anulan lo s sistemas de seguridad est ablecidos po r e l cálculo de  

riesgos ex istentes en el Estado . En contraste con  los p rimeros ri esgos indu striales, los riesgos 

nucleares, químicos, ecológicos, entre otros, no pueden ser limitados ni en cuanto al tiempo ni en 

cuanto al e spacio, no es p osible exig ir re sponsabilidades po r ello s conforme a las norma s 

establecidas de  causalidad, culpa y responsabilidad legal. Y  no pueden ser compensados ni es 

posible asegurarse contra ellos.245    

La sociedad industrial, que se ha transformado en una sociedad del riesgo a través de sus 

propios peligros sistemáticamente producidos, se inclina más allá del límite de lo asegurable. La 
                                                 
244 Ibíd., pp.11-13. 
245 Beck, Ulrich. La Sociedad del Riesgo Global, Madrid, Siglo XXI, 2002, pp.113-120. 



 

 

254
racionalidad en la que se basa este criterio se deriva de la racionalidad que está en el núcleo 

de esta sociedad: la racionalidad económica. La sociedad del riesgo empieza donde los principios 

de cálculo de la sociedad industrial se sumergen y anulan en la continuidad de la modernización 

automática.246  

Dentro de este contexto de sociedad del riesgo, la posibilidad misma de llevar a cabo de 

forma exitosa las políticas nacionales, de un país que actúa solo, es decir, en la pr osecución de 

sus objetivos ec onómicos se encuentra reducida. Las m edidas monetarias y f iscales de l os 

gobiernos nacionales individuales suelen estar dominadas por los movimientos de los mercados 

financieros internacionales. Este factor, combinado con la dependencia de los niveles de empleo, 

inversión y rentas dentro de un país, de las decisiones de las compañías multinacionales sobre la 

ubicación de sus plantas, sugiere que  la  capacidad de  un  gobierno para implementar de  forma 

efectiva estrategias macroeconómicas independientes está, cuando menos, fuertemente limitada. 

Las nu evas tec nologías tien en un profundo i mpacto, además d e increm entar el 

desempleo, sobre las operaciones de los mecanismos financieros. El im pacto puede ser descrito 

al menos en cuatro sentidos: Primero, todo el planeta puede disponer de la información de todos 

los centros financieros del mundo en tiempo real. Segundo, la tecnología ha enlazado a los países 

                                                 
246 Las a menazas in calculables d e la soci edad preindustrial (peste, h ambre, catástrofes n aturales, guerr as) se 
transformaron en riesgos ca lculables c on l a sociedad i ndustrial e n el  curso d el desarrollo del  control r acional 
instrumental que el proceso de modernización promueve en todas las esferas de la vida. En el curso de su expansión, 
esto no sólo es válido para la factibilidad de las capacidades de producción, ingresos fiscales, cálculo de los riesgos 
de exportación y consecuencias de la guerra, sino también para las vicisitudes de las vidas individuales: accidentes, 
enfermedades, muerte, inseguridad social y pobreza. Por consiguiente, y de forma simultánea, cada vez más áreas y 
preocupaciones de la sociedad que se consideraban naturales (tamaño de la familia, temas de educación, elección de 
profesión, movilidad, relaciones entre los géneros) se hacen ahora sociales e individuales, y por tanto se consideran 
susceptibles de exigencia de responsabilidades y sometidas a decisiones, y co mo tales son juzgadas y condenadas. 
Las i nstituciones d e la sociedad industrial deben  entenderse desde el p unto de vista d e c ómo l a sociedad p uede 
calcular y exigir responsabilidades por las consecuencias autoproducidas y de cómo pueden hacerse controlables sus 
conflictos, el  ca mbio act ual a una  soci edad del r iesgo r epresenta una pérdida de l os riesg os calcu lables 
característicos de la sociedad industrial. Ibíd., pp.118-121, 139. 



 

 

255
más importantes y a los principales centros financieros y bancarios del mundo a través de una 

red inte grada. Tercero, la t ecnología hizo po sible la creació n d e un m ercado mundial, 

sistemáticamente in tegrado y a ltamente efic iente, capaz de c onfrontar ac reedores y deudores, 

combinar recursos y repartir riesgos en  base a un a escala internacional, sin  tener en cu enta las 

fronteras nacionales. Finalmente, la tecnología dio lugar a un a gran cantidad de innovaciones o 

productos nuevos, especialmente para compensar eventuales cambios en las tasas de interés y de 

cambio. 

Los controles y re gulaciones nacionales verán m uy lim itada s u e fectividad si so n 

incongruentes c on las  c ondiciones internacionales. L as medidas económicas de ben ser 

compatibles con los mov imientos d e capital, regionales y g lobales, a men os que e l Estado 

nacional quiera arriesgarse a su frir g raves d esbarajustes entre sus obj etivos y  lo s flu jos de  la 

economía internacional. Hoy en día resulta mucho más difícil a los Estados i ntervenir y manejar 

sus economías ante la división global del trabajo, la ausencia de controles sobre el capital y la 

operación de los mercados financieros internacionales. 

El núcleo de la estructura del sistema de Estados nación puede ser caracterizado por una 

fuerte te nsión e ntre la c onsolidación de s u operar a dministrativo y la le gitimidad democrática 

dentro de las front eras del Estado y l a implementación de una política  de poder fu era de esas 

fronteras. La creciente implicación de los Estados en redes regionales y globales, particularmente 

durante la segunda mitad del siglo veinte, alteró la magnitud y e l alcance de su autoridad y su 

soberanía. La intensificación de  las inte rconexiones regionales y  la  proliferación de relaciones 

globales p lantean importantes interrogantes referido s, po r u n lado , a l a aptitud d e l os Estados 



 

 

256
para resolver efectivamente las demandas provenientes de la s fuerzas transnacionales y, por 

el o tro, a la a ctuación e ficiente de  l os Estado s ant e la gran cantidad de p ersonas por ellos 

afectadas. 

La in ternacionalización d e l a producción, l as fi nanzas y o tros rec ursos econó micos 

erosionan inexorablemente la ca pacidad de un  Estado nacional para con trolar su  p ropio fu turo 

democrático. El ritmo del cam bio tecnológico y económico implica, que las regulaciones y los 

controles sustantivos corran el riesgo de la obsolescencia inmediata. Por consiguiente, es posible 

decir que se registra una brecha entre la idea de l a comunidad política que determina su propio 

futuro y la dinámica de la economía política contemporánea. 

 El crecimiento en el desempleo continuará contaminando la economía global, acabando 

con la capacidad de los Estados nacionales para gestionar, de forma efectiva, sus propios asuntos 

domésticos. La globalización de la economía de mercado y la automatización de la agricultura, 

de los procesos productivos y de los servicios están cambiando rápidamente el marco político de 

cada país.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

257
CAPÍTULO V 

CIUDADANÍA Y POLÍTICA COSMOPOLITA 

  

Frente a  lo  qu e hasta aho ra hemos visto, l a ciudadanía social se  en cuentra en riesgo 

debido a las políticas estatales de corte neoliberal y el crecimiento de la fuerza de las empresas 

multinacionales. Parecería que una vuelta atrás a la era triunfante del Estado del bienestar es más 

bien un sueño que una realidad. ¿Cómo mantener dentro del contexto actual los logros que en 

materia de derechos sociales se han logrado establecer en occidente? Una posible respuesta a esta 

pregunta, que no deja de ser controvertida, es con la  creación de instituciones supranacionales 

democráticas que puedan contrarrestar los av atares de la globalización, en coordinación con los 

Estados nacionales y los gobiernos locales, pasar el ám bito de  la  c iudadanía social a  un n ivel 

internacional, lo cual conformaría una ciudadanía cosmopolita. 

La noción de una ciudadanía mundial o cosmopolita fue expuesta primero por Diógenes y 

los Esto icos, en la  Grecia clásica, con  la afirmación d e que  “cada un o de no sotros r eside, en 

efecto, en dos comunidades, la comunidad local de nuestro lugar de nacimiento y la comunidad 

de l a aspira ción humana”. Esta afirmación c osmopolita es esencialmente qu e la com unidad 

humana es la que debe ser sup rema y así prom over un  compromiso inquebrantable con  la 

comunidad universal de la humanidad y un sentido de alejamiento de las afiliaciones meramente 

locales o nacionales.   

 En la  actualidad n os encontramos co n e l resurgimiento de la  idea de una ci udadanía 

cosmopolita, la c ual se  inscribe principalmente de ntro de la tradición del liberalismo, 

especialmente a la luz del desarrollo de la economía global y las transformaciones de la perdida 



 

 

258
de centralidad del Estado nación, pero que bien podría evolucionar a una ciudadanía social 

más allá del Estado nación y compartiendo responsabilidades presupuestales e institucionales, de 

protección de derechos sociales con organismos internacionales. En este capítulo, desarrollamos 

el te ma de la c iudadanía co smopolita y  su  relación con la d emocracia, en el  primer apa rtado 

destacamos las princ ipales postul ados del  c osmopolitismo Kantiano, en razón de que para 

distintos teóricos, Kant aporta una concepción de ciudadanía cosmopolita ligada a la nece sidad 

de establecer instituciones políticas internacionales que den sustento a la ciudadanía más allá de 

una dimensión moral exclusivamente. 

 Para ejem plificar l a naturaleza y los alca nces act uales de la ci udadanía cosmopolita, 

hemos desarrollado dos te mas fundamentales para s u c omprensión. Primero, el  ca so de  la 

ciudadanía eu ropea, que  con stituye pa ra algunos teó ricos e l modelo más acabado en  la 

actualidad, co n de ficiencias y  p roblemas, de una v erdadera ciudadanía cosmopolita, por la  

creación de in stituciones d e re presentación y de fensa de d erechos c iudadanos a  u n nivel 

supranacional, h asta aho ra la ciu dadanía europea, h a sido  el  ún ico intento de conformar una 

estructura inte rnacional que re sguarde l os derechos s ociales c omo derechos f undamentales; 

Segundo, la  ci udadanía ec ológica, la cual está representada pri ncipalmente por la  acción d e 

organizaciones de la sociedad civil que actúan globalmente a favor del medio ambiente, sin estar 

restringidas exc lusivamente dentro de un Estado nación y que  buscan mecanismos de d efensa 

ecológica que va más allá de los individuos, preocupándose por territorios y especies, debido a la 

importancia q ue actualmente h a c obrado la  lucha por l os de rechos ambientales, nos hace 

reflexionar si un tipo de ciudadanía cosmopolita que incluyera derechos sociales, no tendría que 

incluir otros aspectos como es la defensa del medio ambiente.  



 

 

259
 Por último, destacamos el tema de la democracia cosmopolita y de cuales deberían de 

ser s us ca racterísticas, como el e stablecimiento de in stituciones políticas s upranacionales, la 

consolidación de una sociedad civil global y el establecimiento de mecanismos de participación 

ciudadana más allá de los tradicionales, que se  encuentran si tuados en el ámbito nacional. Por 

último hacemos algunas reflexiones finales sobre las críticas, los alcances y desafíos a los cuales 

se enfrenta la po sibilidad d e estab lecer un a ciud adanía co smopolita y  su r elación c on la 

democracia, que permita instrumentar la defensa de derechos ciudadanos frente a los cambios y 

nuevas problemáticas que presenta el mundo actual .       

 

KANT Y EL COSMOPOLITISMO  

 En los escritos de Kant es posible discernir un modelo activo de ciudadanía dentro del 

Estado qu e co mbina el ementos republ icanos y liberales –aunq ue lo s elementos liberales 

predominan. Además hay un universalismo moral247 que obliga a los individuos a pensar como 

ciudadanos de l m undo. A unque e l nom bre de Ka nt es a menudo usado para simbolizar un 

modelo cosmopolita de las políticas mundiales, en el cual las relaciones entre individuos (y no 

entre Estados) son centrales, su  propia t eoría es tá ubicada entre el reconocimiento po lítico del 

internacionalismo entre los Estados y el compromiso moral con un cosmopolitismo influyente. 

 Así, Kant ve la ciudadanía principalmente en términos del Estado. El buen Estado es uno 

gobernado por la s le yes en vez de s er g obernado por lo s hombres, e n el c ual l os ciudadanos 

                                                 
247 Los individuos, como seres morales, tienen el deber de obedecer los imperativos universales y de comprender 
los p rincipios que lo s unen a ot ras personas. La teoría m oral de Ka nt ar gumenta que los ser es hu manos deben 
siempre tratar a los otros como fines e n sí  mismos, no como medios para un fin. La moralidad req uiere que l os 
individuos sea n au tónomos: deben ser s us propios “legisladores”, y  d eben actu ar po r deber, no bajo  un cál culo 
utilitarista de consecuencias. Los deberes morales no están limitados por las fronteras estatales; los individuos tienen 
obligaciones universales (Véase: Kant, Immanuel. Sobre la Paz Perpetua, Madrid, Alianza, 2002). 



 

 

260
activos tienen la re sponsabilidad de e legir gobiernos y tam bién la re sponsabilidad de  

involucrarse en  el  debate públ ico a cerca de l as po líticas corr ectas que deben ser perse guidas. 

Kant no contempla precisamente la democracia participativa, desde un punto de vista político, la 

ciudadanía es  p rincipalmente nac ional, pe ro con cie rta dim ensión p ara inf luenciar al Estado a 

actuar en concordancia con los principios universales q ue de ben gobernar una sociedad 

internacional. 

 El ar gumento principal de  Ka nt para una p olítica cosmopolita es  básicamente m oral. 

Aunque hay di ferencias entre m oralidad personal y política, la po lítica está gobernada por 

principios de  “derecho” que requieren q ue los Estados construyan c ondiciones pa ra que  los 

individuos a ctúen libre y a utónomamente. Esto significa que ellos no deberí an ser suje tos de 

coerción o violencia arbitraria si no gobernados bajo el régimen de la ley dentro de la república. 

Sin embargo, la paz no puede ser garantizada mientras las guerras entre Estados continúen y no 

se imponga un régimen global de la ley. Por lo tanto, hay una obligación moral de trabajar en pro 

de una paz mundial, incluso aunque no podamos estar seguros de que esta meta es conseguible. 

 Kant e s relevante en  lo s debates actuales sobre la  ciudadanía cosmopolita, g racias a  su  

visión de que lo s cambios históricos en la sociedad internacional estén cre ando condiciones en 

las c uales el  c osmopolitismo ut ópico podría ser realizado gradualmente. La so ciedad 

internacional podría ser cambiada, él sugiere, que por la s experiencias de las guerras cada vez 

más devastadoras, al mismo tiempo se podrían dar tendencias económicas y políticas que podrían 

establecer un mundo más unido. Algo del lenguaje usado por Kant sugiere un “mecanismo de la 

naturaleza” pr omoviendo la n ecesaria u nidad h umana, sin em bargo la h istoria no se es tá 

moviendo hacia una “meta inevitable”. Él c oncluye que es imposible estar ciertos de si el ideal 



 

 

261
de l a p az perpetua pueda se r conseg uido. Pero  l a existencia de l as tendenci as objetivas 

significa que es nuestro deber moral trabajar por alcanzar la meta de una paz mundial. El camino 

hacia delante es a través de una confederación expansiva de Estados que asuman constituciones 

basadas en la representación popular y el régimen de la ley, y ello  creará una zona de paz, que 

podría gradualmente incluir más Estados.248 

 Kant, habiendo a nalizado la ley privada y  la l ey públ ica dentro del Estado n ación, 

desarrollo su  e nfoque en l a e sfera de la ley  interestatal o internacional, ata cando el orden 

existente de “ Westfalia” e n el c ual “cada Es tado ve s u propia m ajestad… precisamente e n el 

hecho de no te ner que som eterse a ningún c onstreñimiento le gal e xterno”. Ka nt c riticó este 

modelo como u no en el cual n o hay una noc ión de  ley internacional o la ley e ra interpretada 

meramente como un derecho de ir a l a guerra, que en efecto no era ningu na ley en absoluto. Él 

fue crítico de los arquitectos legales de este modelo: teóricos tradicionales de la ley natural como 

Francisco Suarez 1548-1617, Hugo Grocio 1583-1645, Samuel Pufendorf 1632-94 y Emmerich 

von Vattel 1714-67, Kant argumentó que ellos pintaron una glosa delgada sobre un sistema en el 

cual los s oberanos se garantizan a sí mismos la licencia de usar cualquier medio para la guerra 

considerado necesario, explotar colonias recientemente descubiertas como si fueran “tierras sin  

dueños”, y a t ratar a lo s extranjeros como enemigos sin derechos. Kant sostuvo que este no era 

un or den le gal genuino si no u n Esta do de  naturaleza h obbesiano des garrado p or g uerras 

perpetuas.249 

 Con el objeto de confrontar la violencia y la falta de ley que caracterizaba las relaciones 

existentes entre Estados, Kant reconstruyó el ideal cosmopolita ya establecido como una norma 

                                                 
248 Ibid. 
249 Fine, Robert. Cosmopolitanism, London, Routledge, 2007, pp.22-28. 



 

 

262
moral dentro del marco del pe nsamiento de la I lustración. Él volteó hacia una nueva forma 

de cont rato social a nivel in ter-estatal qu e colocaba una d emanda po lítica a lo s sob eranos a 

renunciar a su “libertad salvaje y sin ley” y a someterse a sí mismos a leyes públicas coercitivas. 

Él construyó e l cosmopolitismo c omo un orden político internacional desi gnado a establ ecer 

“relaciones externas le galizadas e ntre l os E stados” y una “ sociedad civil universal”. Es tos 

términos referidos al establecimiento o consolidación de leyes internacionales para garantizar la 

soberanía de los Es tados nación, prohibir la interferencia en asuntos internos de otros Estados y 

crear relaciones pacíficas entre los mismos. Kant clamó por el establecimiento de una “autoridad 

legal externa” capaz de forzar a los Estados a tol erar por la ley y el respeto los derechos de los 

otros Estados, ya que sin esta autoridad cada Estado podría simplemente interpretar y forzar las 

leyes internacionales de acuerdo con sus propios juicios morales y políticos.250 

Kant se oponía a la formación de un “Estado mundial”, semejante al Leviathan a un nivel 

intra-sociedades, lo que en su visión sería la falsedad de un solo gran poder, que podría volverse 

un “despotismo universal” y “cementerio de la libertad”. La visión institucional que abrazó era 

aquella d e un a Fed eración de Naciones, ba sada en la  mu tua coop eración y el consentimiento 

voluntario entre una pluralidad de Estados independientes. En cierto sentido, era una visión muy 

cercana a lo  que es ho y las Nacion es Unidas. Kant p revió un fu turo pacífico en el cua l lo s 

ejércitos establecidos serían  abolidos, y  ninguna d euda nacion al in curriría en cone xión con  

costos militares y n ingún Estado int ervendría por la  fuerza en l os a suntos internos de  o tro. 

Anteriormente a la realización de la paz perp etua, el orden cosm opolita establecería leyes 

provisionales de guerra. Se aboliría el derecho tradicional de los soberanos a declarar o establece 

                                                 
250 Ibid. y Kant, Immanuel, Op. Cit. 



 

 

263
cualquier tipo de conflicto velico sin consultar a los ciudadanos, ya que estos deben dar su 

consentimiento a cualquier declaración de guerra. 

 Al t iempo qu e Kant  reconoció qu e la s circunstancias inmediatas eran h ostiles p ara las 

ideas cosm opolitas, él m iró hacia  las t endencias históricas de l argo plaz o pa ra d efender el  

realismo de esta vis ión. Dio tres líneas de argumento principales. Éstas conciernen primero a la 

racionalidad económica del co smopolitismo en  una era comercial en  la cual el intercambio 

pacífico es más p roductivo que el saqu eo; segund o, a la utilidad política de lo s Estados 

cosmopolititas forza dos a ar marse a sí m ismo en contra de otro s Estados y c onfrontados por 

riesgos crecientes y  costos de la guerra moderna; y el tercero a la afinidad del cosmopolitismo 

con el republicanismo dado que los legisladores republicanos no pueden declarar más la guerra 

sin c onsultar a sus ci udadanos y q ue de los c iudadanos republicanos puede ser es perado que 

tengan un nivel más alto de educación y m adurez política que los sujetos de l os viejos Estados 

monárquicos. Kant discernió una afinidad entre la modernidad en sí misma y el cosmopolitismo, 

ya q ue el mundo moderno es un o en el q ue “las p ersonas de la  tierra han e ntrado en grados 

variables dentro de una comunidad universal” y “una violación de los derechos en una parte del 

mundo es percibida donde quiera”.251 

 El cosmopolitanismo Kantiano fue un intento profundo de tratar la contradicción entre el 

universalismo de  los “derechos del h ombre”252 y la s bases nacionales s obre las c uales los 

                                                 
251 En su ensayo La paz perpetua (1795), Kant reconoce que los Estados europeos estaban relacionados unos con 
otros más qu e indi viduos atomizados en  un estado de  natu raleza hobbesiano que de acuerdo con las ideas 
cosmopolitas las cual es habían momentáneamente ilu minado el  a manecer de la Revolución Fr ancesa. En l as 
consecuencias de la Revo lución parecía que el nacionalismo y la xenofobia eran las estrellas ascendentes del nuevo 
orden, pero la obstinación de Kant d escansa en intentar armonizar el p rincipio e n el  cual la revol ución mundial 
estaba girando, la soberanía del  Estado nación, con a lgo de aquel universalismo ilustrado basado e n los derechos 
(Ibid). 
252 La idea de “los derechos del hombre” era el logro distintivo del republicanismo del siglo ilustrado. Significaba 
que cada ho mbre debe de se r con cebido c omo u n po rtador de der echos s implemente por el hech o d e que es un 



 

 

264
derechos fueron acordados. Vio a la generalización de las formas republicanas de gobierno a 

través de todas las comunidades políticas, de tal forma que la universalidad de los derechos del 

hombre pu do convertirse en  un a realidad; en el desarrollo d e un a ley internacional y  el  

establecimiento de una Federación de N aciones para  as egurarse de que las  g uerras entre l os 

Estados, percibidas c omo la am enaza m ás gra nde a l os derechos del hom bre, pu diera s er 

regulada y eventualmente s uperada; y los derechos c osmopolitas e n e l se ntido es tricto del 

término proveerían un mínimo universalista para los “extraños” y llenaría el abismo en el sistema 

de los derechos dejado abierto por la ley nacional.  

 Muchos de los exponentes contemporáneos del cosmopolitismo y  la gobernanza global 

combinan un a apelación mo ral con  una  a firmación de nuev as posibilidades po líticas. M artha 

Nussbaum253 desarrolla la d imensión m oral d el cosmopolitismo de Kant en s u defe nsa de l a 

ciudadanía m undial. Ella está p articularmente i nteresada en las i mplicaciones en l a conducta 

personal, señalando el propio compromiso de Kant de observar las cortesías de la hospitalidad 

con un invitado cuando él mismo esté al borde de la muerte. Nussbaum tiene un interés particular 

en la po sibilidad de combinar l as políticas del naci onalismo con una educación cosmopolita 

proveyendo un marco moral para la  formación te mprana de los c iudadanos e n temas c omo la 

ecología, el ent endimiento de la cu ltura de otros pa íses, y de forma especial el re speto a los 

derechos de l os otros. Este énfasis en  la edu cación para alcanzar el cosmo politismo ti ene, por 

                                                                                                                                                             
hombre. Contrastada con las sociedades tradicionales en las cuales la id ea de per sonalidad, esto es, la habil idad de 
poseer de rechos, era un estatus p rivilegiado distinto  de  aq uel de la  m ayoría de la p oblación. La ley  romana 
distinguió entre aquellos q ue tení an el  d erecho a tener derechos, y  aq uellos que  no tenían derechos co mo los 
esclavos y otros dependientes. Los “derechos del hombre” universalizan el estatus de la persona, al grado que cada 
hombre er a c onsiderado un portador de  de rechos en  virtud de  su h umanidad. El republicanismo del sigl o XVII , 
proveyó entonces la estructura en la cual las luchas por los derechos de los esclavos, mujeres, trabajadores y sujetos 
coloniales (tanto co mo l os ni ños, los loc os y los criminales), pud ieran s er anexad os a la concepción republicana 
original de hombre (Fine, Robert. Op. Cit.). 
253 Nussbaum, Mar tha C . “ Patriotismo y Cos mopolitismo”, en: Martha C. Nussbaum (Coord.), Los Límites del 
Patriotismo. Identidad, Pertenencia y Ciudadanía Mundial, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 13-29. 



 

 

265
supuesto i mportantes implicaciones pol íticas. La postura qu e ella recomienda es “que 

nosotros debemos dar nuestra principal lealtad no a una mera forma de gobierno, a ningún poder 

temporal, si no a la comunidad moral construida por la humanidad de todos los seres humanos.”  

 Relacionado co n lo a nterior, Andrew Li nklater254, qu ien ta mbién desarrolla ci ertos 

aspectos d el pe nsamiento de Ka nt, señala que un m odelo de ci udadanía g lobal es un 

reconocimiento de un a d imensión moral un iversal. Él sugiere qu e un a visión de la ciudadanía 

cosmopolita hoy, debe establecer las obligaciones éticas hacia la humanidad como un todo, para 

que puedan t rascender el ámbito pro pio de lo s c onciudadanos. “ Esta e s la  esencia de la 

concepción kantiana de la ciudadanía mundial”. Kant, no sólo se basa en los imperativos morales 

y r econoce la n ecesidad de una acción política de lo s Estados para fo rtalecer la so ciedad 

internacional. Por lo tanto Linklater255 sugiere que Kant provee un puente hacia una concepción 

de c iudadanía cosmopolita, e n la cual se  r echaza la a decuación a  una dim ensión moral 

puramente, y se establece la necesidad de una red política, basada en instituciones específicas en 

las cuales se da sustancia a la ciudadanía. Una desventaja de la perspectiva moral es que implica 

la compasión y deberes de un espectro muy amplio (si no preciso) a los individuos que se ven a 

sí m ismos co mo ciud adanos globales, sin  ningún derecho correspondiente. Sin  embargo la 

ciudadanía us ualmente sugiere u n c onjunto de  der echos e specíficos. Má s aún, la ci udadanía 

requiere al men os cierto s d eberes delimitados. Por lo tanto aquello s que creen  qu e es 

“moralmente deseable y políticamente posible separar la ciudadanía del Estado” ven por nuevos 

arreglos políticos transnacionales.  

                                                 
254 Linklater, A ndrew. “ Citizenship and  Sovereignty in The Post-Wesphal ian State”, en : European Journal of 
International Relations, Vol. 2 (1), London, Sage, 1996, pp. 77-103. 
255 Ibid. 



 

 

266
 Immanuel Ka nt es uno de l os te óricos c lásicos que ha  reflexionado e n tor no al 

cosmopolitismo, en los tiempos actuales la teoría Kantiana ha sido interpretada y retom ada, en 

tres diferentes niveles: su teoría moral implicando cosmopolitismo; sus visiones sobre la relación 

entre desarro llos histórico s p romoviendo asp ectos qu e se relacionan con la g lobalización y la 

acción pol ítica; y por ú ltimo sus i deas sobre las i nstituciones i nternacionales. La filósofa 

americana Martha Nussbaum, se  ha convertido en una de las más elocuentes promotoras de la 

ciudadanía co smopolita, enf ocandose principalmente en el cosm opolitismo moral d e Kant, el 

cual relaciona con la filosofía Estoica, ella ha sido instrumental en la promoción de medidas de 

crecimiento económico que reflejan el bienestar social de una sociedad, en los tiempos actuales 

de globalización económica. 

 Debido al proceso de globalización, principalmente por el aumento del poder real de las 

empresas m ultinacionales y de la i ntegración re gional de Estados nac ión en di stintos ámbitos 

político, económico y cultural. El  si stema “Westfalian” pa rece est ar experim entando una 

transformación fu ndamental. En vez d e Estados soberanos i ndependientes, el mundo se está 

moviendo hacia “estructuras transnacionales de autoridad política”. En el futuro, las funciones 

del Estado podrían desempeñarse en diferentes niveles, estos hechos establecen un nuevo marco 

de acción para establecer la viabilidad de una determinada ciudadanía cosmopolita. 

  

 

CIUDADANÍA EUROPEA Y DERECHOS SOCIALES  

El modelo más claro que tenemos en la actualidad de una Ciudadanía Cosmopolita es sin 

lugar a dudas la “Ciudadanía Europea”. Sin embargo, aunque este modelo representa importantes 



 

 

267
avances en el terreno de la representación política supranacional y de los derechos liberales, 

aún no puede ser calificado como una ciudadanía completa, en el sentido de T.H. Marshall como 

veíamos en e l capítulo II, la Ciud adanía Europea se p resenta ante el g ran reto  de asegurar 

derechos sociales dentro del proceso de globalización económica, desarrollo del neoliberalismo y 

de la transformación de los Estados nacionales.   

Los Estados miembros de la  Unión Europea (UE) ya no son los únicos centros de poder 

dentro de sus p ropias fronteras. Al crea r una Comunidad de duración ilimitada, con sus propias 

instituciones, su propia personalidad y, sobre todo, con poderes reales debido a una limitación de 

la soberanía o a  una tra nsferencia de l os poderes de los Est ados a  la Comunidad, los E stados 

miembros han restringido sus derechos soberanos. Por otro lado, es importante tener en cuenta 

que los poderes de la Unión fueron constituidos mediante la “cesión voluntaria” de los Estados 

individuales de ciertas porciones de su soberanía, una cesión que, en realidad, ha contribuido a la 

supervivencia del Estado nación europeo enfrentado a la hegemonía de los Estados Unidos en las 

décadas q ue siguieron a la segunda g uerra m undial y  a la emergencia de n uevos poderes 

económicos en Asia, particularmente el caso de China y Japón. Dentro de la Unión, la soberanía 

está a hora c laramente d ividida: se extinguieron las c oncepciones que p ostulan a  l a s oberanía 

como una  forma d e poder público indivisible, ilimitado, exclusivo y perp etuo, materializado 

dentro de un Estado nacional.256 

                                                 
256 Dentro de Europa es posible distinguir a la Unión Europea como una forma de regionalismo político, es decir, 
se t rata de un  grupo geográfico de Estados nación contiguos que comparten varios at ributos comunes, que t ienen 
niveles de interacción significativos y q ue disfrutan de una cooperación institucionalizada gracias a una estructura 
multilateral formal. La Unión Europea probablemente pueda describirse mejor no como un régimen internacional, ni 
como u n Estado federal, sino co mo u na red de Estado s q ue i mplica una co munidad de sob eranías. L os Estado s 
miembros de la Unión Europea ya no son los centros exclusivos del poder dentro de sus propias fronteras (Held, 
Davis, Anthony McGrew, David Goldblatt y Jonathan Perraton. Oc. Cit., pp. 57-60).  



 

 

268
El T ratado de Ma astricht ( 1991), marcó u na nueva l ínea ev olutiva en la UE, 

introduciendo un  con cepto n ovedoso: “la Ciudadanía Eu ropea”, qu e d espués ha sido 

complementada en el Tra tado d e Ámsterdam (1997) e incorporada a la  fa llida Con stitución 

Europea (2004) como parte de la C arta de Derechos Fundamentales. En tal iniciativa se i ntentó 

lograr el acercamiento d e la  UE a los ciudadanos y  no  sólo  a lo s suje tos económicos –

trabajadores, prestadores de serv icios o empresas-, a quienes hasta ese momento iban dirigidas 

las previsiones comunitarias.  

 El proceso de creación de la Ciudadanía Europea fue lento, en su apoyo se habían oído 

distintas voces desde que surgió la idea de una Europa unida, hablándose ya en los años ochenta 

del siglo pasado de la Europa de los ciudadanos, aunque sólo para referirse al elemento humano 

de las C omunidades, sin base jurídica alguna. El impulso decisivo en el desarrollo jurídico que 

culminó en  Maa stricht lo desempeñó Fel ipe González a  tra vés de una c arta dirigida a  la  

Presidencia de Consejo después desarrollada por la delegación española, una iniciativa que, tras 

discusiones y recortes, se plasmaría en el Tratado de la Unión.257 

 Para ser ciudadano de la Unión se debe tener la nacionalidad de u n Estado miembro, es 

decir la Ciud adanía Europea se deriva d e la previa condición de ostentar la nacionalidad d e 

                                                 
257 Los principales argumentos a favor de dotar de formalización eficiente y de contenido material a una ciudadanía 
europea, fueron los siguientes: 1) el des fase entre el nivel de i ntegración económica y el de i ntegración política el 
cual reduce el grado de legitimidad y de e ficacia de los ac uerdos y  decisiones de los órganos comunitarios; 2) el  
“déficit de mocrático” o l a débil repres entatividad de l as insti tuciones Europeas frente a l os c iudadanos; 3) l a 
dimensión participativa de la democracia es prácticamente inexistente, los momentos de debate y de información, de 
movilización social, sobre la con strucción Europea, han  sido  escasos; 4)  la casi inexistencia de un espaci o 
comunitario Europeo, el reducido espacio cultural y educativo y la diversidad lingüística dificultan la construcción 
de una identidad socio-cultural Europea; 5) la ausencia de un proyecto político-ideológico movilizador y legitimador 
y unos referentes institucionales y jurídicos supraconstitucionales q ue proporcionen el  á mbito de de sarrollo de la  
ciudadanía Europea; 6) la dimensión social de la ciudadanía Europea no puede quedar por debajo de los contenidos 
ya adqu iridos en cada país; y  7)  di sminuir la di stinción pol ítica y  jurídi ca entre “ nacionales”, “ extranjeros 
comunitarios” y “extranjeros no comunitarios” (Borja, Jordi; Geneviéve Dourthe y Valérie Peugeot, La Ciudadanía 
Europea, Barcelona, Península, 2001, pp.41-50). 



 

 

269
cualquiera de lo s Esta dos m iembros, ya sea  de  manera or iginaria o d erivada. Desde el 

comienzo quedó claro el carácter subsidiario de la Ciudadanía Europea, más cualquier duda que 

pudiera quedar fue d espejada p or el Tratado d e Á msterdam: “la ciudadanía d e l a Un ión s erá 

complementaria y no sust itutiva de l a ciudadanía nacional”. No  cabe  ob tener la c iudadanía 

comunitaria al margen de la na cionalidad de cualquiera de los E stados miembros, la residencia 

en el territorio de la Comunidad, por sí sola, no conlleva, ni puede conllevar, la concesión de la 

ciudadanía comunitaria.  

 El primer derecho reconocido a la Ciudadanía Europea es el Derecho de sufragio activo y 

pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. El Tratado de Maastricht permite que cualquier 

ciudadano comunitario pueda ejercer su derecho de voto en el país de su nacionalidad o en el de 

residencia. La vía que abre Maastricht supone afianzar la relación directa entre el ciudadano y la 

Unión Europea. El segundo derecho de la Ciudadanía Europea es el Derecho de sufragio activo y 

pasivo en las elecciones municipales. Aquí se plantea, al igual que con relación a la posibilidad 

de voto en las elecciones al Parlamento Europeo, la posibilidad de doble voto (sufragio activo y 

pasivo).258  

 El te rcer derecho de la  C iudadanía E uropea es e l de Derecho a una buena 

Administración. Este artículo responde a la necesidad de transparencia y corrección en la gestión 

comunitaria. Se trata de establecer los vínculos que favorezcan las relaciones de los Ciudadanos 

Europeos con las instituciones de la Unión. El cuarto derecho es el de Acceso a los documentos. 

El Tratado de Ámsterdam introduce: el derecho de acceso a los do cumentos de las Instituciones 

Europeas: P arlamento, Consejo, Comisión, T ribunal de justicia, T ribunal de C uentas, C omité 

                                                 
258 Perales, Ascensión Elvira, “Ciudadanía Europea y Ciudadanía Nacional”, en  Manuel Pérez Ledesma, (comp.) 
Ciudadanía y Democracia, Madrid, Pablo Iglesias, 2000, pp.315-319. 



 

 

270
Económico y Social y Comité de las Regiones, pudiendo establecer límites “por motivos de 

interés público o privado”. 

 El quinto derecho de la Ciudad anía Eu ropea c orresponde al del Defensor del Pueblo 

Europeo. O tra de l as novedades de Ma astricht es la f igura del D efensor del P ueblo, es ta 

institución se encargará de vigi lar que  n o se p roduzca una  mala administración de ntro de las 

instituciones Europeas y podrá recibir quejas igualmente de cu alquier residente en la Unión. El 

sexto derecho de la Ciudadanía E uropea correspond e al Derecho de petición. El de recho d e 

petición se pu ede ejercer ante el Parlamento Eu ropeo so bre c ualquier cuestión r elativa a las 

competencias comunitarias. Supone el derecho a plantear una petición ante el órgano competente 

y a obtener una respuesta, pero que no necesariamente resuelve el problema planteado.259 

 El séptimo derecho es el de Libertad de circulación y de residencia. Estos derechos ya se 

contemplaban en el Tratado originario de la Comunidad Económica Europea, la diferencia radica 

en que en é ste esa s lib ertades e staban únicamente garantizadas a los trab ajadores o a a quellas 

personas que prestaran servicios. Con el Tratado de Maastricht se da un paso más y se amplían a 

todos los C iudadanos Europeos. El último y octavo derecho de l a Ciudadanía Europea es el de 

Protección diplomática y consular. Este artículo contempla la  p osibilidad de  o btener ayuda 

diplomática y co nsular en terceros Estados por parte de cu alquier ciud adano d e un Estado  

miembro, s iempre q ue el E stado propio no tenga representación diplomática o c onsular e n el 

Estado en cuestión.260 

 Como se puede ver en este li stado de derechos de la Ciudadanía Europea, corresponden 

básicamente a un c onjunto d e d erechos p olíticos y de  libertad, en l os c uales n o h ay u n 

                                                 
259 Ibid., pp.326-328. 
260 Ibid., pp.311-315. 



 

 

271
compromiso social para los Estados miembros frente a los retos que presenta actualmente el 

proceso de  glo balización ec onómica. Un rasgo distintivo, es q ue con la ciudadanía esta tal se 

participa de la soberanía nacional, mientras que con la Ciudadanía Europea no puede hablarse de 

participación en una “soberanía comunitaria” y no sólo porque sea dudoso que pueda hablarse de 

ella, dado que la soberanía sigue siendo atributo de los Estados miembros, sino porque no puede 

equipararse al Parlamento Europeo c on l os Parlamentos de lo s Esta dos m iembros y  su papel 

dentro de la vida estatal. Por otra parte es escasa la identificación que existe entre el Parlamento 

y l os ciudadanos europeos. La Ci udadanía Europea no proporciona ningún tít ulo pa ra actuar 

sobre las desigualdades que se viven en la Un ión, aunque cada vez se hace más mayoritaria la 

opinión que los der echos de la  ciudadanía d e la UE n o d eberían limitarse a aquellos 

explícitamente mencionados como tales. Algunas cuestiones, como el hecho de recibir beneficios 

sociales, se han interpretado como la necesidad de contar con derechos sociales como parte de la 

Ciudadanía Europea.261  

 Para Étienne Balibar,262 lo que  concierne al e statuto de Ci udadanía Europea, si gue 

siendo un pr incipio de exclusió n. En  la UE, la id ea de ciud adanía su pranacional, 

primordialmente n o ti ene otr o contenido q ue e l de splazamiento, a u n escalón s uperior, de las 

características mismas de l a c iudadanía nacional. La n ecesidad de formular una  regla de 

exclusión que esté fundada en derecho y en principios, no puede tratarse de la reconducción pura 

y simple de las dif erentes exclusiones e xistentes ( en c ierta manera, sería n “ciudadanos 

Europeos” tod os aqu ellos qu e no  estuvi eran ex cluidos de su s ciudadanías n acionales 

respectivas). Lo qu e implícitamente se está p idiendo, en  referencia a toda una serie d e 

                                                 
261 Meehan, Elizabeth. Citizenship and the European Community, London, Sage, 1993, pp.36-50. 
262 Balibar, Étienne. Nosotros ¿Ciudadanos de Europa?, Madrid, Tecnos, 2003, pp.244-245. 



 

 

272
experiencias co ntemporáneas y de  p rincipios morales, y bajo la presión d e intereses 

exacerbados, reales o imaginarios, es una regla de exclusión que pertenezca por derecho propio a 

la nueva ciudadanía de la era posnacional. Esta dificultad se manifiesta de manera especialmente 

aguda a propósito de la ciudadanía de los inmigrados (incluyendo en esta categoría a todos los 

trabajadores extracomunitarios y a sus familias instalados de manera estable desde hace ya una o 

varias generaciones, así como a una parte al menos de los solicitantes de asilo). 

 Si una  ciudadanía nueva se  crea sobre e l s uelo de l c ontinente Eu ropeo y no l ogra 

concebirse ni in stitucionalizarse, ni sobre todo, presentarse colectivamente como abierta en sus 

principios, debería po r e sta m isma ra zón decidir no extend erse a determinados ind ividuos 

presentes sobre este suelo y, en este sentido, separarlos de los otros según un criterio genérico 

aplicable en todos lo s países, for jando así la categoría d e l os “no  ciudadanos resid entes en 

Europa”. Esta ciudadanía no puede escapar a la constitución del Apartheid en el momento mismo 

en el  qu e el la ap ela a un p rogreso en e l un iversalismo. El obstáculo que  se o pone a la 

constitución de un “pueblo Europeo”: es e l hecho de que la Ciudadanía Europea, en los límites 

mismos d e la Un ión actualmente e xistentes, no sea  con cebida co mo el  recono cimiento de lo s 

derechos y contribuciones de todas las comunidades presentes sobre el suelo Europeo, sino como 

un aislamiento de las poblaciones “autóctonas” y de las poblaciones “alógenas”.263    

 La Ciud adanía E uropea se  presenta co mo e l mecanismo que incluye determinadas 

poblaciones his tóricamente presentes en e l espacio comunitario rechazando a  otras, la mayoría 

con un a larga hi storia, qu e cont ribuyen tam bién al desarrollo d e la sociedad civ il d el nu evo 

organismo político. Los extranj eros p asan a ser unos c iudadanos de se gunda clase, cuya 

                                                 
263 Ibid. 



 

 

273
residencia y actividades son objeto de una vigilancia especial. Está claro que estos diferentes 

mecanismos de  e xclusión de la ciudadanía pero de i nclusión e n la  ec onomía, par ticularmente 

para e xplotar l as diferencias de nivel d e vida y de s alario, constituyen u nas características 

estructurales, gestionadas en función de las coyunturas internas y externas.   

 La ciudadanía democrática depende de ciertas características nacionales y por lo tanto, lo 

necesario es  determinar si las poblaciones de la  UE c omparten las ideas comunes, los  valores, 

intereses y sentimientos de unidad y solidaridad social que son la característica de la coherencia 

política y c ultural de  los Estados nacionales y q ue s on susceptibles de ser representados e n 

instituciones comunes y r eflejadas e n una e sfera común. L os o bstáculos pa ra un a UE  

democrática son el débil desarrollo de la identidad colectiva y la baja capacidad para el discurso 

transnacional. Ante esta realidad, se requiere de una identidad colectiva que de ninguna forma 

necesita estar enraizada en e l or igen étnico, sino qu e pu ede tener o tras b ases, po r ejemplo, la 

conciencia de  pertenencia que p uede a poyar decisiones m ayoritarias y l os esfuerzos de  

solidaridad, a la v ez que  la capacidad p ara com unicarse acerca d e obj etivos y  problemas 

discursivamente.264  

 Habermas,265 ret omando e l ejem plo de l a U nión Europea, provee u na base  pa ra el 

desarrollo de un c oncepto f uerte de ci udadanía cosm opolita. Él p or su parte, ha hec ho un 

importante intento teórico por apoyar el universalismo en el contexto contemporáneo, retomando 

a Ka nt, al t iempo que rechaza toda clas e de sistem a metafísico. Su teoría, enfocada e n las  

condiciones p ara u n ac ceso equ itativo a la participación en  el discurso raz onado, sug iere la 

necesidad de “comunidades dialógicas” en varios niveles políticos. Más aún, Habermas mismo 
                                                 
264 Véase: Schmitter, Philippe C. and Trechsel, Alexander H., (Eds.), The Future of Democracy in Europe: Trends, 
Analyses and Reforms, Strasbourg, Council of Europe, 2004. 
265 Habermas, Jürgen. Tiempo de Transiciones, Madrid, Trotta, 2004, pp.91-110. 



 

 

274
es fuertemente crítico del  nacionalismo exclusivo y empático con las formas de ciudadanía 

que trascienden al Estado. 

 La teoría de Habermas de la democracia proviene lógicamente de su teoría del discurso 

racional. Los requerimientos de respeto por otros individuos y el reconocimiento de sus intereses 

legítimos, tan to como el c ompromiso de se r parte de una socied ad c ompartida, está n 

incorporados en derechos y deberes constitucionales. El aspecto central del discurso razonado en 

enmarcar políticas c omunes est á i ncorporado en el conce pto de dem ocracia deliberativa.266 

Cuando e l consenso es imposible, l a democracia deliberativa contribuye al compromiso en  los 

intereses, basado en la negociación j usta. Tamb ién con tribuye para la d eliberación en  un  gran 

número de e sferas – dentro de l os c uerpos parlamentarios como en “públicos culturalmente 

movilizados” basados en la sociedad civil. El modelo de democracia deliberativa puede, por lo 

tanto aplicarse a varios niveles políticos. Puede ser en uno descentrado dentro del Estado o puede 

trascender las fronteras del Estado, Habermas prevé que esto último puede ocurrir. Pero antes de 

que esto pueda ser así, debe emerger una cultura política común desde una sociedad civil y desde 

la comunicación pública a través de las fronteras nacionales. 

 Trascender las fron teras est atales est á re lacionado con  desarrollar un con cepto no  

nacionalista de la ciudadanía dentro del Estado. Habermas señala que el concepto de nación tiene 

raíces tanto culturales como políticas, pero distingue entre ciudadanía entendida como identidad 

                                                 
266 Habermas ar gumenta q ue s u ideal  d e de mocracia deliberativa con tiene elementos d e li beralismo en su r ed 

institucional y de republicanismo en su énfasis en el valor inherente de la participación en la deliberación política. 
Pero esta no tiene la visión limitada de ciudadanía como la tiene el liberalismo, ni asume irrealistamente el grado 
de co munidad y compromiso político para el b ien público requerido por el  republicanismo más destacado. L a 
democracia deliberativa no presupone que to da la política está b asada en un acuerd o al canzado a  través de l 
discurso, y a que  el consen so r azonado q ue p uede ser conclu yentemente acept ado y justificado po r to dos los 
involucrados es un ideal que podría no ser alca nzado nunca por completo, y el acuerdo en la práctica depende de 
las asunciones compartidas y los ele mentos de cult ura política (Ibid y  Habermas, Jürgen. Facticidad y Validez, 
Madrid, Trotta, 1992). 



 

 

275
nacional, un  est atus garantizado po r nacimiento, y la ciudadanía c omo u na pertenencia 

voluntaria a una comunidad política. La tensión entre una “nación de adscripción” y una “nación 

voluntaria de ci udadanos” qu ienes generan l egitimidad democrática puede s er resuelto si la  

constitución estat al “da pri oridad al e ntendimiento cosm opolita de la nación com o nación de 

ciudadanos más al lá de una interpretación etnocéntrica”.  El  creciente pluralismo cultural de la 

sociedad tam bién sug iere la  necesidad de reemp lazar el nacionalismo p or un p atriotismo 

constitucional. La coh esión social requiere no sólo de derechos ci viles y políticos se guros si no 

de equidad promovida a través de derechos de bienestar y derechos culturales. La posibilidad de 

la de mocracia d entro de l Es tado e s, sin em bargo, desafiada por las tendencias e conómicas 

globales que socavan las fronteras estatales y la provisión de bienestar. Entonces una solución es 

crear regímenes supranacionales.267 

 Con respecto a lo a nterior, Habermas268 trata de establecer que tanto la UE provee una 

estructura supranacional. Él apun ta el hec ho d e qu e h ay una integración económica y  u na 

administración supranacional, pero no integración política más allá del nivel del Estado naci ón. 

“La forma tecnocrática tomada por la UE refuerza las dudas sobre si las expectativas normativas 

que uno asocia con la ciudadanía democrática no han de hecho sido siempre una mera ilusión”. 

Las esperanzas están puestas en  el hecho de si una esfera pública en  la cual la deliberación se 

desarrolla, y si a través de s u in fluencia en la a dministración pública puede i mponer alguno s 

límites sociales y ambientales a la economía. Si los cuerpos de toma de decisión se vuelven más 

abiertos y responsab les, y si los mov imientos so ciales pueden asegur ar c uestiones cl ave que 

están en la agenda pública, entonces “esferas públicas supraeuropeas pueden emerger”. La Unión 

                                                 
267 Véase: Habermas, Jürgen. Identidades Nacionales y Posnacionales, Madrid, Tecnos, 2002. 
268 Habermas, Jürgen. Tiempo de Transiciones…, pp.105-110. 



 

 

276
Europea puede “crear el contexto comunicativo políticamente necesario” No hay todavía un 

pueblo europeo unido en solidaridad, pero justo como las naciones Estado del siglo XIX crearon 

una cultura política, este proceso puede ser potencialmente repetido en Europa. 

 Sobre la  p osibilidad de una  ciudadanía cosmopolita, retomando el modelo de la UE, 

Habermas, tiene su s dud as, sin emb argo él se ñala qu e la esfer a pública mundial que Kant 

identifico “se convertirá hoy en u na realidad política por primera vez con las nuevas relaciones 

de c omunicación global”. As í que la ci udadanía cosm opolita no es m ás “m eramente u n 

fantasma” y puede ser vista como parte de una nueva fase relacionada con la ciudadanía estatal. 

Para ello es necesaria la democracia deliberativa, la cual esta diseñada para operar en contextos 

donde hay di versidad cultural y parece encajar in herentemente e n l os f oros donde gente de  

diferentes culturas del mundo deliberan. El  e ntendimiento político c ompartido p uede 

desarrollarse a  través del debate. Se  puede llegar a  acuerdos y acciones, sobre preocupaciones 

comunes, c omo puede se r e l ca lentamiento global. Incluso s i l a gente se  a proxima a l os 

problemas globales inic ialmente desde diferentes perspectivas, la  necesidad de dirigirse a e llas 

puede crear una base compartida de información y acuerdo en estrategias políticas en donde se 

pueden vincular las acciones de los movimientos sociales.269 

 Los avances hacia un modelo de ciudadanía cosmopolita en la UE, se vieron truncados 

con el rec hazo a la Constitución Europea por parte de Francia y Holanda en  mayo y junio  de 

2005.270 En d icha constitución se e stablecía u na Carta de Derechos Fu ndamentales que 

                                                 
269 Los m ovimientos sociales pueden crear una espera pública cosmopolita a través d e debates críticos a cerca de  
problemas de carácter público, que se vuelven cosmopolitas cuando redes de comunicación y la audiencia trasciende 
las fronteras nacionales. Una espera pública cosmopolita en desarrollo renueva la de mocracia dentro del Estado a 
través de asociaciones de la sociedad civil internacional y la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. 

270 Una posible explicación al rechazo, francés y holandés a la Constitución Europea, es que para ambas naciones, 
los te mas de i nterés socia l y econ ómico fueron los que  tuvieron una i mportancia prim ordial (pr incipalmente, l a 



 

 

277
expresaba u na c omunidad d e va lores, se trataba d e u n conjunto de  derechos a nivel 

supranacional y de ahí su novedad, particularmente en que incluía todo un catálogo de derechos 

sociales que por primera vez formaban parte, además de los d erechos liberales ya reconocidos, 

parte f undamental d e la Ciu dadanía Eu ropea. A pe sar, de q ue l a Car ta de  Derec hos 

Fundamentales reconocía un conjunto de  derechos sociales clás icos, en donde no se  encuentra 

prácticamente ninguna novedad, además, de que estos derechos se encontraban dentro del ámbito 

de co mpetencia d e c ada u no d e los Estados nacionales, es d ecir qu e n o t ienen un  ca rácter 

claramente supranacional y por lo tanto no constituyen ninguna herramienta nueva para enfrentar 

los retos sociales a los que se enfrenta la UE, no dejaban de ser relevantes en el hecho de que por 

primera vez  en la  historia f ormarían parte de la estructura d e los tratados i nternacionales que 

regulan las instituciones de la Unión y  de la propuesta de una determinada constitución política 

que no era exclusiva de un Estado nación sino del conjunto de Estados miembros.     

  La C iudadanía Europ ea c omo t al, aú n tiene muchos ob stáculos que sup erar, aún se  

encuentra sum amente de pendiente de los n acionalismos d e cada Estado para su pos ible 

articulación y lo m ás i mportante es qu e e sta Ciud adanía se  ha consti tuido sobre  una base 

utilitarista dependiente de las condiciones económicas y de las fuerzas del mercado. En el caso 

de l a Ci udadanía Europea, ta l y com o se enc uentra a rticulada e n la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Uni ón Europea, hay una ausencia e ind efinición de los derechos sociales, 

los c uales son su mamente necesarios si  que remos h ablar de  una  ciud adanía c ompleta. La 

Ciudadanía Europea no apor ta el sustrato es encialista s obre e l que se ha n c onstruido las 

                                                                                                                                                             
preocupación por el  e mpleo y  p or la c alidad de la p rovisión de l os servicios del E stado d el bi enestar). Las  
trasformaciones acaecidas en la UE (en  especial, las relacionadas con la entonces reciente ampliación de 15  a 25  
miembros p rincipalmente de paí ses d e la Europa d el est e) fueron  v istas co mo factores que n o ha rían más que 
empeorar una situación ya de por sí complicada.   
  



 

 

278
democracias nacionales. Sin convencer a los ciudadanos que Europa les garantiza libertades, 

derechos y  mejores op ortunidades, sin  desarrollar un m ovimiento soci al s upranacional, 

fuertemente anclado en cada nación, que se comprometa en la construcción de la Europa social y 

de los ciudadanos, difícilmente se superará la parálisis motivada por el rechazo a la Constitución 

Europea de 2005.271  

 La Ciudadanía Europea no puede consistir solamente en el disf rute pasivo de  derechos 

formales, antiguos o  n uevos, conferidos a  los in dividuos p or el hec ho de  q ue la “comunidad 

histórica” a la cual pertenecen (por derecho de nacimiento o de adopción) se encuentra integrada 

formalmente e n e l nuevo c onjunto Europeo. L a C iudadanía Europea solo e s “ posible” c omo 

progresión de derechos o poderes democráticos fundamentalmente en el marco Europeo, a partir 

del momento en  el qu e se di era la p articipación co lectiva d e los c iudadanos d e tal forma q ue 

gracias a esta participación s e podría pensar e n una Ciu dadanía E uropea a ctiva y m ejor 

articulada. 

 

 

¿LA CIUDADANÍA ECOLÓGICA ES PARTE DE LA CIUDADANÍA SOCIAL?  

 Ante la p regunta de q ue si la ciudadanía e cológica o la s c uestiones d e de fensa de los 

derechos ambientales son parte de la c iudadanía social, tendríamos que decir en estricto sentido 

                                                 
271 Después del  rechazo consti tucional se optó por aband onar el f ormato del  Tratado qu e se acordó e n 20 04 y 
negociar en su lug ar u n Tr atado clásico . E n 2007  esto dio lug ar a la i ntegración del  Tratado  de Li sboa, do nde 
nuevamente la  inclusión de l a Carta d e D erechos Fundamentales f ue uno d e l os te mas controversiales. El R eino 
Unido y Polonia mostraron su oposición a la Carta. El conflicto se resolvió por medio de un compromiso al integrar 
una pequeña referencia que r eemplaza el texto completo de la Car ta de los Derechos Fu ndamentales. El artículo 6 
párrafo 1 del Tratado de Lisboa estipula: “La Unión reconoce los derechos, libertades y principios plasmados en la 
Carta de Derechos Fundamentales del 7 de diciembre de 2000, como se adaptó en Estrasburgo, el 12 de diciembre 
de 2007.” La declaración estipula que la Carta no establece ningún poder o tareas nuevas para la Unión, ni modifica 
poderes o tareas como se definen en los Tratados. 



 

 

279
que “no”, ya que los derechos ecológicos, pertenecen a una posterior generación de derechos 

que los sociales. Sin embargo, los temas ambiéntales en la actualidad han adquirido tanta fuerza 

que se han vuelto un nuevo paradigma dentro del mundo contemporáneo y por lo tanto dentro del 

mundo del trabajo. Es decir que en todos los oficios y el quehacer de las empresas, no se puede 

dejar de lado los temas ambientales. El de sarrollo industrial que tanto f avoreció a l Estado del 

bienestar, no puede estar ahora desligado de las preocupaciones ecológicas. Es por ello que ahora 

podemos que la defensa de una ciudadanía social, con mayor equidad de bienes e igualdad en el 

salario, va ligada del des arrollo de lo s tem as medio am bientales. P ensar e n una au téntica 

ciudadanía cosm opolita, es reflexionar, entre ot ras cuestiones, de que este tipo de ci udadanía 

posea y defienda derechos sociales y ambientales, en riesgo por el avance del capitalismo.    

Las características que distinguen a la ciud adanía cosmopolita, son básicamente que no 

esta restringida su acción exclusivamente dentro de un Estado nación, que posee determinadas 

características étic as o m orales y que b usca mecanismos de participación a través de redes 

globales, así como actuar frente a distintas problemáticas que pueden afectar a distintos grupos e 

individuos o  territorios y  especies. Esta participación puede ser p or m edio de ins tituciones 

políticas s upranacionales (c omo ya vim os el  caso de la  UE), o p uede ser a tra vés de  

organizaciones de la sociedad civil. Es por ello, que los movimientos sociales que luchan a favor 

del medio ambiente, conforman un tipo de ciudadano cosmopolita preocupado por l a ecología 

que contribuye al desarrollo de la democracia. 

    El amb ientalismo h a su rgido e n las ú ltimas d écadas c omo u na “é tica de cu idado” 

específico hacia la naturaleza. Siguiendo los primeros esfuerzos de preservación y conservación 

de l os hábitats naturales, e l a mbientalismo h a abarcado movimientos que  ha n i ncluido l os 



 

 

280
derechos de  los a nimales, el mantenimiento de  la bi odiversidad, apelando p or re cursos de 

energía renovable, uso responsable de recursos naturales, destacando cuestiones concernientes a 

las ob ligaciones y res ponsabilidades de los h umanos e ntre y  ha cia la  naturaleza. Est os 

movimientos tuvieron impacto en el establecimiento de reglas y regulaciones dentro de Estados 

específicos para proteger el ambiente, además de una serie de arreglos internacionales.272 De la 

misma forma, el ambientalismo ha traído una nueva alerta o consciencia de la dependencia entre 

las actividades humanas y el ambiente, causando un gran cambio en los patrones conductuales de 

millones de personas. Desde la inversión y consumo en temas ambientales como el re ciclaje, el 

rehúso de materiales y la  reducción de l uso de art efactos contaminantes, d esde estos 

movimientos sociales podemos identificar una forma de ciudadanía ecológica.273 

 Con re specto a las discusiones conceptuales sobre la ciudadanía, se  h a prestado po ca 

atención a la idea de medio ambiente, o ciudadanía ecológica. La ciudadanía ecológica hace una 

importante contribución con su enfoque de deberes y obligaciones. Mark Smith,274 p lantea la 

idea de lo qu e él  llama la c iudadanía e cológica c uando se re fiere a un a "nu eva política de  la 

obligación, segú n l a cua l los seres humanos tienen obligaciones con los ani males, árbol es, 

montañas, océanos, y otros miembros de la comunidad biológica”.    

 La re lación entre  políti cas m edio ambientales y ci udadanía conduce a  tres diferentes 

concepciones: Primero representa una discusión sobre los derechos medioambientales como una 
                                                 
272 Los m ovimientos ambientales cuestionaron la legitimación de los arreglos políticos tradicionales, al establecer 
serias dudas sobre la capacidad del Estado para resolver determinados problemas ambientales, demostrando que las 
fronteras bio regionales y ecológicas no respetan las f ronteras naci onales, también hacen e merger pr eguntas 
fundamentales acerca d e los modos en los cuales l as sociedades modernas dominan y se a propian de la naturaleza 
para la producción, consumo e intercambio. En otras palabras, los movimientos ambientalistas han confrontado no 
sólo el principio de soberanía del Estado si no también la soberanía del individuo moderno, y su antropocentrismo, 
descentrando así al sujeto. Los movimientos ambientalistas cuestionan el lugar mismo de los humanos en el ámbito 
de la “naturaleza”.  
273 Isin, Engin F. and Wood, Patricia K. Citizenship and Identity, London, Sage Publications, 1999, pp.113-118. 
274 Smith, Mart. Ecologism: Towards Ecological Citizenship, Milton Keynes, Open University Press, 1998. 



 

 

281
adhesión a la clas ificación de derechos de  M arshall o u na s ub ca tegoría c omúnmente 

ubicados en lo s derechos sociales; en la  se gunda se  hace referencia a  la  naturaleza glo bal de 

algunos problemas del m edio am biente. Es os fe nómenos d e la  globalización c onciben a l os 

ciudadanos más al lá del Estado ; la tercera considera que la ecología da luga r a hablar tanto de 

responsabilidades como de d erechos. El obje tivo social de esa responsabilidad está relacionado 

con la sustentabilidad social; y l a pre gunta plan teada por l a pol ítica ambiental es que ti po de 

responsabilidad está relacionada con esos objetivos.275    

    La c oncepción de la c iudadanía ec ológica, reafirma la importancia de la s 

responsabilidades. La vi nculación de los d erechos de  la  ciudadanía y  las o bligaciones d e 

prestaciones sociales se basa en lo que constituye un punto de vista contractual de los derechos y 

obligaciones.276 La ciudadanía es considerada como un contrato entre el ciudadano y el Estado, 

en la qu e el ciudadano reclama derechos al  Est ado, pero al  mis mo tiempo el ciu dadano se 

compromete a contribuir a los f ines del Estado. Este punto de vista contractual de la ciudadanía 

es muy común pero pocas veces es expresado en forma explícita.  Sin embargo, la  fuente de las 

obligaciones del ciudadano ecológico no se encuentra en la reciprocidad o beneficio mutuo, pero 

si en un sentido no recíproco de la justicia, o de la compasión. Las obligaciones que el ciudadano 

ecológico tien e con las gen eraciones futuras y con  o tras especies no pued en basarse en  la 

reciprocidad.277    

                                                 
275 Dobson, Andrew. Citizenship and the Environment, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp.83-90. 
276 La principal obligación de la ciu dadanía ecológica es qu e tenga un  impacto susten table. E sta obligación e s 
indeterminada, sin  e mbargo un el emento c lave es  en tenderla como una d imensión n ormativa. Entendida s co mo 
universales l as obligaciones que ab arcan a las relaciones d e t odos los seres humanos p ueden ser a tribuidas a los 
individuos o a  l os Estados. Las o bligaciones son  atr ibuibles a los c iudadanos más allá de su definición po lítica 
constitucional, tienen un carácter asimétrico y no recíproco y  deberán s e adecuadas al  presente y al futuro (Ibid., 
pp.117-127).  
277 Dobson, Andrew. “Ecological Citizenship; A Disruptive Influence?”, in C. Pierson and S. Torney (eds), Politics 
at the Edge: the PSA yearbook 1999, Houndmills: Basingstoke and New York, St. Martin´s Press, 2000. 



 

 

282
 El pu nto de vi sta contractual es f undamental en la  concepción d e la ciudadanía 

moderna, y este puede ser el principal obstáculo para el reconocimiento y la comprensión de la 

ciudadanía e cológica en  l as soc iedades d emocráticas. En c ontraste con  e sto, l a c iudadanía 

ecológica es explícitamente no -contractual y  no  t iene n ada qu e ver  con los vín culos entr e lo s 

ciudadanos y l a c omunidad política. La ciudad anía ecol ógica tiene un carácter unilateral  con 

respecto a las obligaciones. 

 La ciudadanía ecológica tiene un carácter internacional y su intergeneracionalidad puede 

ser su forma operativa en las entidades políticas a nivel nacional e internacional. Lo principal del 

ciudadano ecológico debe ser actuar con cuidado y compasión hacia extraños lejanos, humanos y 

no humanos, en el espacio y  e l tiempo.  Esta obligación estar ba sada e n La  b úsqueda d e la  

justicia, el bien común y por lo tanto en una visión amplia del desarrollo de la democracia.    

 Por lo general entendemos a la ciudadanía asociada con  "la esfera pública". En la teoría 

de la ciudadanía la separación entre el espacio público y privado ha permanecido casi intacta, sin 

embargo, pa ra la ciudadanía ecológica, esta se paración de lo p úblico y pr ivado n o p uede 

sostenerse. Por un lado, el hogar es el sitio de muchas actividades de ciudadana ecológica, y por 

otro, incluso puede ser que l as virtudes de la ciudadanía ecológica se aprendan allí.  En general, 

el ciudadano ecológico opera en diferentes niveles de la sociedad.   

 Esto implica una renegociación del significado de "lo político". La ciudadanía ecológica 

esta a favor de la reafirmación y el restablecimiento de la importancia de la política moderna y la 

vida social de la "sociedad civil". Para el ecologismo lo personal es político ya que muchos actos 

privados tienen consecuencias políticas. La ciudadanía ecológica es la interrupción de la división 

público-privado. Con respecto a la dicotomía actividad-pasividad, la  actividad se asocia con la 



 

 

283
esfera pública (buena y progresista), y la pasividad con el sector privado (conservador). Una 

visión c onservadora de la ci udadanía (c omo pasiva y privada) c ontrasta con una id ea m ás 

revolucionaria de la ciudadanía activa y pública. A veces, la actividad y la pasividad se asocian a 

las categorías de deber y derecho, respectivamente, así como con las de público y privado.278 

 La ciudadanía ecológica es menos exigente con nociones tradicionales como la relación 

entre pertenencia/derechos y su negación (sin pertenencia no se tienen derechos), ya que no hay 

una cuota de entrada. La ciudadanía ecológica posee una relación horizontal entre los ciudadanos 

en lugar d e la v ertical (aunque rec íproca) en tre ciudadanos y  el Estado. En este sentido, la 

importancia de la  pertenencia a la  nación-Estado e s m inimizada. La ciudadanía ecológica e s 

parte de un amplio reconocimiento de que la ciudadanía "nacional" debe ser complementada por 

las c aracterísticas no  n acionales. El t erritorio de la ciud adanía, enton ces se extiende bajo la 

concepción e cológica más  allá del Es tado-nación a la arena internac ional y  cosm opolita. Las 

obligaciones del ciudadano ecológico se extienden a través del tiempo, así como del espacio.279 

 La ciudadanía ecológica implica "cambios significativos en las suposiciones humanas, el 

comportamiento y las estructuras institucionales", y, dado el carácter no recíproco, no territorial 

de los d erechos orientados a la ciudadanía e cológica n os encontramos c on que  uno de los 

                                                 
278 Ibid. 
279 Muchos de los problemas ambientales son constitutivamente de carácter internacional y sus efectos no respetan 
fronteras nacionales. La ciudadanía ecológica desarrolla una nueva concepción política del espacio c onstruido con 
base en  fundamentos morales y no co n ar gumentos históricos, En este sent ido hay u na específic a concepción 
ecológica del espacio polít ico en  la qu e s e s itúan las o bligaciones de l ciud adano. El espacio  de  l a ciud adanía 
ecológica no es alg o dado  por los lí mites de la o rganización del  E stado naci ón, es un producto d e l a r elación 
metabólica y  m aterial de l os individuos con su medio a mbiente. La ciud adanía ecol ógica es una descripción de  
derechos y obligaciones morales y políticas en una comunidad democrática en tér minos de su responsabilidad con 
otros seres humanos tomando en cuenta la preservación de la sustentabilidad ambiental (Dobson, Andrew. Op. Cit., 
pp.97-117 y Crane, Andrew, Matten, Dirk and Moon Jeremy. Corporations and Citizenship, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008, pp.149-155). 



 

 

284
cambios más importantes es el resurgimiento de la idea de una política de la virtud.280 Este 

renacimiento se c onecta a la  c ontemporánea "remoralización" de la  política, la  cu al es una 

característica de la política ecológica. La ciudadanía ecológica generalmente trata de cuidar a los 

demás, por lo tanto, lejos de ser un obstáculo para el ejercicio de la libertad, necesita de atención 

y de la deliberación públ ica como el ementos constitutivos de ella, y esto b ien pue de ser 

considerado como una virtud clave.281 

 Una de las ca racterísticas de  la ciudadanía ecológica e s la co nexión de lo loc al y  lo 

global. Esto quiere decir que las actividades de la ciudadanía ecológica pueden llevarse a cabo en 

cualquier lugar. Al mismo tiempo, la idea de un "ciudadano del mundo o cosmopolita" parecía ir 

en contra de la realidad política, una realidad que se fundó en el Estado -nación, y en el que los 

sentidos de l d eber y la  obligación rara v ez s e extienden más allá de  ella. Sin embargo, los 

movimientos ambientalistas de las últimas décadas han dado lugar a u na situación en la que la 

idea de una sociedad civil m undial ya n o e s abs urda. Del m ismo modo, que s e ha i do 

conformado una esfera pública mundial, como realidad política, gracias a las nuevas relaciones 

de c omunicación g lobal, e n es te sentido la s acciones de los ac tivistas de ONG pueden se r 

concebidas com o productoras de u na nueva or ientación hac ia la identidad p olítica y  d e 

comunidad, lo que acumulativamente pueden ser d escritas como la sociedad civil global. Como 

                                                 
280 La política de la virtud de la ciudadanía ecológica centra su participación principalmente en la actividad dentro 
de la esfera pública. La ciudadanía ecológica presta poca atención al tipo de participación política normativa como 
las votaciones o las elecciones aunque no las desecha. Así que las virtudes procedimentales de la democracia liberal 
y la participación política no son fundamentales para la ciudadanía ecológica. 
281 Dobson, Andrew. “Ecological Citizenship…, 



 

 

285
Höffe282 destaca, “el ciudadano cosmopolita se interesa tanto por tener una visión amplia de 

la naturaleza como por la fundamentación intercultural de esta visión”. 

 Para Is in y Wood,283 una preocupación fundamental e s cómo evadir e l idealismo y el 

pragmatismo ambiental. Pa ra e llo a nalizan tres a spectos d e la  ciu dadanía ecológica que 

particularmente r esaltan d ichos problemas: u na ética de la preocupación, obligaciones 

intergeneracionales y problemas de gobernanza internacional. 

 Sobre e l primer as pecto, nos e ncontramos c on que el terreno más im portante de la  

ciudadanía que surge del ambientalismo es la responsabilidad hacia la naturaleza. Esta noción de 

responsabilidad hacia la naturaleza, sin embargo, a menudo lleva a formas del esencialismo que 

construye la naturaleza como una entidad independiente con un valor in trínseco. La n aturaleza 

aparece como prístina, p ura y divin a mie ntras lo s human os aparecen co mo cod iciosos, 

dominantes y explotadores. Desde las demandas de recolección de fondos ambientalista de una 

publicidad verde, la naturaleza prístina del ambiente es invocada para establecer una sensibilidad 

estética hacia la naturaleza. El problema con esta trayectoria es que la pureza o la divinidad de la 

naturaleza es un producto social y cultural, no un hecho no mediado fundado en la naturaleza.  

 La def ensa esencialista por la naturaleza a m enudo se  viene en c ontra de otros grupos 

sociales e invoca cuestiones de raza. Cuando se considera la selva del Amazonas, por ejemplo, 

los habi tantes com unes de l a selva no pueden ser obligados a pa gar por las políti cas 

proteccionistas que su rgen del occ idente, quienes ha n usa do ir responsablemente s us recursos 

ambientalistas por siglos. En su l ugar, una ética ecológica global verdadera verá el problema en 

términos de to do el sistema pla netario, ta nto h umano c omo n atural. Des de esta perspectiva 
                                                 
282 Höffe, Otfried. Ciudadano Económico, Ciudadano del Estado, Ciudadano del Mundo. Ética y Política en la 
Era de la Globalización, Buenos Aires, Katz, 2007, pp.269. 
283 Isin, Engin F. y Wood, Patricia K. Op. Cit., pp.114-118. 



 

 

286
multiabarcante, se vu elve ob ligatorio p ara las n aciones más ricas d el mundo, quien es h an 

obtenido p reviamente los b eneficios de la des trucción ambiental y el d esarrollo económico, el 

pagar la parte justa en la preservación del ambiente planetario diverso. Sin embargo esta solución 

es igualmente pr oblemática y le vanta pre guntas po líticas p orque la distribución del c apital 

económico en las naciones ricas no es igual. En otras palabras si las naciones ricas han de pagar 

la cuenta por la justicia ecológica, la cuestión  de cuáles de esas naciones van a pagar por ello 

debe de ser establecida. La justicia ecológica y  la justicia social aquí están  muy ce rcanamente 

ligadas. Justo cómo dicha justicia ecológica puede ser posible y cómo la naturaleza pueda tener 

derechos inalienabl es perm anece sin resolver y , t al vez, son dilemas irresolubl es para el  

ambientalismo.284  

 Mientras lo s movimientos ambientales const ituyen la  naturaleza co mo a un  obj eto d e 

preocupación, pr otección y  c onservación, las consecuencias o posibilidades de dic ha 

preocupación están cargadas de muchas dificultades. Cuando el ambientalismo se desliza dentro 

del f undamentalismo resulta e n una forma de naturalismo. Según e sta v isión, l a cu al e s 

compartida entre m uchos a mbientalistas, el problema fu ndamental c on el a mbiente es que el 

capitalismo moderno lo ha explotado y destruido. Esta tesis de la dominación de la naturaleza se 

ramifica en muchas va riantes y re sultados, e stableciéndose en una visión m ecanicista de  la  

distinción e ntre naturaleza y c ultura, f allando en el r econocimiento de que la idea m isma de  

naturaleza está social y culturalmente construida y que no tenemos acceso a la naturaleza sin los 

efectos de mediación de las relaciones sociales y culturales. 

 Una trayectoria a lternativa d e una ética de la  p reocupación h acia el  ambiente es 

considerar a la naturaleza como una construcción social y construir responsabilidades humanas 
                                                 
284 Ibid. 



 

 

287
en e l uso del am biente. En  esta visión, la c iudadanía e cológica es un id eal am biguo pero 

valioso en los que varias exigencias por derechos en competencia se interceptan unas con otras. 

No hay bases universales o esenciales sobre las cuales un ciudadano ecológico pueda defender la 

naturaleza si no bases contingentes e inestables sobre las que ella recarga sus responsabilidades 

hacia el ambiente tanto como sus otras fuentes de identificación y lealtad. 

 El segundo aspecto con trovertido d e la ciudadanía ecol ógica es la cu estión d e la 

responsabilidad intergeneracional. Aunque las ge neraciones futuras son por definición personas 

que vivirán después de nuestra muerte, nuestras obligaciones con ellos son materia de justicia. Es 

entonces nuestro deber co nsiderarlos c uando distribuimos ac ceso a  los r ecursos y c uando 

planeamos nuestras p olíticas financieras y nue stros pre supuestos. N uestras o bligaciones, sin 

embargo, no  son  in finitas o irrestrictas. Cuando l as ob ligaciones con  l as personas del futuro 

entran en conflicto con una genuina necesidad de mejorar el bienestar de los contemporáneos, un 

justo medio tiene qu e se r encontrado. El p roblema con l a ju sticia in tergeneracional es qu e un  

fundamento int ermedio tal e s a m enudo imposible de encontrar. Un a vez que uno a rgumenta 

sobre la base de derechos inmutables de las generaciones futuras, se levanta la pregunta de  la  

justicia social. Por ejemplo, ¿Es socialmente justo el retirar servicios de las clases trabajadoras y 

anular derechos so ciales en el nombre de l as ge neraciones fu turas? Est as son  preguntas muy 

difíciles que no pueden ser contestadas en lo abstracto si no sólo bajo condiciones específicas y 

contingentes. Sin embargo la cuestión de la  ju sticia inte rgeneracional levanta cue stiones 

significativas para la ciudadanía ecológica.285  

 El tercer aspecto controversial de la ciudadanía ecológica es el surgimiento de regímenes 

de gobernanza in ternacional que s e e ncargan de  pla ntas y animales en peligro, de  e species 
                                                 
285 Ibid. 



 

 

288
migratorias, contaminantes del a ire, c ontaminación m arina, desperdicios peligrosos, la 

eliminación d el o zono y el c ambio clim ático. Ésto s re gímenes, a menudo  c ompuestos por 

agencias no estata les y no gubernamentales ta nto c omo de actores o organizaciones estatales, 

lidian con sistemas biológicos que descansan completa o ampliamente fuera de la jurisdicción de 

cualquier Estado  p ero que son del  in terés d e dos o  más de el los como recu rsos v aliosos. Los 

ejemplos, incluida la pesca en altamar, minerales en yacimientos marinos profundos, la capa de 

ozono y e l ca mbio c limático. L os re gímenes a mbientales tam bién li dian con r ecursos 

compartidos, como los recursos renovables (reservas migratorias de animales salvajes), recursos 

no renovables (yacimientos de petróleo que subyacen bajo dos jurisdicciones) o ecosistemas que 

trascienden fronteras nacionales (un  rio c ompartido o  cue ncas de l agos). Fin almente, estos 

regímenes lidian con consecuencias transfonterizas o impactos ambientales como la lluvia ácida 

o la pérdida de diversidad biológica.  

 Al tiempo que han sido ef ectivos e n le vantar cue stiones ambientales en l os m edios 

internacionales e i ncluso e n r esolver ci ertos conflictos, lo s regímenes de gob ernanza 

internacional carecen d e responsabilidad en términos d e sus operaciones d e d ía a  día y sus 

negociaciones. Los ciudadanos de los Estados, aunque atados y  afectados por las decisiones y  

negociaciones de dichos regímenes, no están a menudo en una situación en la que puedan ejercer 

su ciud adanía y deliberar s obre éstas cue stiones. En  otras palabras, los esp acios en  lo s cuales 

dichos regímenes se forman también reflejan los espacios interjurisdiccionales y transfronterizos 

a los que se tratan de dirigir. Además, el acceso a los regímenes de gobernanza internacional está 

por mucho restringido a grupos p rofesionales y g erenciales en d onde o tros g rupos encuentran 

coartadas s us p osibilidades d e participación o de liberación e n virtud de l a ca rencia ca pital 



 

 

289
cultural, soc ial y sim bólico. La form a en qu e estos regím enes interactúan con aqu ellos en 

cuyas v idas t ienen un mayor impacto y  có mo se h acen responsables d e ellos son  g randes 

cuestiones irresueltas de la ciudadanía ecológica.286 

 Estas reflexiones sobre la ciudadanía global levantan más cuestiones de las que resuelven. 

La “Ciudadanía ecológica” politiza el concepto de ecología en un sentido que es más que  una 

preocupación é tica hacia el  ambiente. “La  c iudadanía” refiere n o sólo  a  los derechos legales y 

políticos sino también a varias prácticas en las cuales los humanos actúan como agentes políticos 

y morales. Hasta ahora la “ciudadanía ecológica” no está del todo reconocida ni entendida como 

un conce pto pol ítico, tiene un l imitado valo r para rec onstruir un concepto a decuado de 

ciudadanía en  nuestra era. La ciud adanía eco lógica debe significar qu e l a ra zón e cológica es 

inherentemente polí tica no en el  sentido de qu e pu eda se r construida en un programa p olítico 

sino en el sentido de que los portadores y los que claman derechos son individuos y grupos no la 

naturaleza o el ambiente.  

 La ciud adanía ecológica sig nifica que las  obligaciones y  responsab ilidades d e agentes 

políticos están en favor del valor socialmente construido de la naturaleza tanto como en favor de 

cada uno de ello s. Isin y  Wood , retomando a Th omashow destacan de  e ste a utor qu e “ el 

ciudadano eco lógicamente consciente to ma respo nsabilidad por el lug ar dond e é l o el la vive, 

entiende l a importancia de tom ar d ecisiones colectivas con cerniente a los c omunes, bu sca 

contribuir al b ien común, se identifica con bioregiones y ecosistemas en vez de con los Estados 

nación o con corporaciones transnacionales, c onsidera el am plio i mpacto d e sus p ropias 

acciones, está comprometido con la construcción mutua y colaborativa de la comunidad, observa 

                                                 
286 Ibid. 



 

 

290
el f lujo de p oder e n cuestiones c ontroversiales, a tiende la c alidad de las relaciones 

interpersonales en el discurso político, y actúa de acuerdo con sus convicciones”.287  

 La ciudadanía ecológica tiene el efecto global de perturbar las ideas establecidas sobre la 

ciudadanía. E s más re ferida a obligaciones q ue a  derechos; e stas o bligaciones s e deben 

principalmente a l os extraños, distantes en espacio y tiempo, e implican virtudes de atención y 

compasión, se practica en los sectores privado y las esferas públicas. Es el reconocimiento de la 

actividad ciudadana e n el  ám bito p rivado que es  quizás la  c ontribución m ás disti ntiva la  

ciudadanía ecológica. Desde el punto de vista de la ciudadanía ecológica, el ámbito privado no 

debe considerarse como una barrera a la ciudadanía, sino como un lugar donde puede ser llevado 

a cabo, donde las virtudes s e p ueden a prender - u n trampolín para e l ám bito i nternacional e  

intergeneracional, e n una dimensión cosm opolita. En l a actuali dad, l a com posición de una  

ciudadanía cosmopolita se refuerza con la in clusión de derechos sociales y ambientales, ya que 

como hemos v isto, dentro del c ontexto de la globalización, am bos contribuyen a regul ar lo s 

desequilibrios del capitalismo, una sociedad civil activa, que en distintos planos, actúe en contra 

de lo s efectos n egativos de la globalización  econó mico, pu ede llegar a tener un  m ayor éxito 

dentro de un contexto democrático. 

  

 

DEMOCRACIA COSMOPOLITA Y GLOBALIZACIÓN 

 El Estado del bienestar daba respuesta a una pregunta clave ¿qué es estar protegido?, es 

decir po r qu é canales los individuos qu e p ertenecen a  un a comunidad pu eden ap rovechar 

recursos m ínimos para ga rantizar su existencia cu ando ti enen n ecesidades y no  puede hacer 
                                                 
287 Ibid. 



 

 

291
frente por sí m ismo a la si tuación. El Es tado del bienestar e s una de las instancias 

susceptibles de intervenir para hacer frente a esas situaciones, para conjurar en suma los riesgos 

de desconexión, de ru ptura de l lazo soci al.288 En un mundo con mayor inc ertidumbre, co n 

mayor d esempleo y  precaried ad laboral, en un  con texto en  donde lo s Estado se en frentan al  

poderío económico transnacional en el c ual s e imponen l as reglas del mercado, una f orma de  

enfrentar este desafío es bajo la lógica de una democracia cosmopolitita.  

 La concepción de la democracia cosmopolita, fue elaborada por David Held,289 como un 

compromiso entre el fede ralismo y el con federalismo. Held señ ala la continua relevancia de los 

argumentos ka ntianos en c ontra de  la practicidad y  la  des eabilidad de  “una simple estructura 

estatal internacional unificada”, y también apunta que una federación mundial parece presuponer 

una c ultura homogénea y  no p ermite el va lor de la  di versidad loc al. Sin e mbargo el 

confederalismo, “una unión basada en un tratado constantemente renovado a través de acuerdos 

voluntarios”, n o se ría suficiente. La democracia c osmopolita debería e star basada en el 

consentimiento inici al, y as í las personas tend rían qu e estar ob ligadas por  su s leyes. La 

democracia cosmopolita establecería un mundo donde los ci udadanos “disfrutarían de múltiples 

ciudadanías” en los contextos nacionales, regionales y globales que los afectan. La democracia 

cosmopolita sería el modelo más próximo a los postulados Kantianos del cosmopolitismo.290 

                                                 
288 Castel, Robert. El Ascenso de las Incertidumbres. Trabajo, Protecciones, Estatuto del Individuo. Buenos Aires, 
2010, pp.145-146. 
289 Held, David. La Democracia y el Orden Global..., 
290 Los Cosmopolitistas pueden dividirse en dos: por un lado la posición de los cosmopolitistas políticos los cuales 
abogan por la cr eación de instituciones políticas universales a un nivel global, y  los cosmopolitistas morales por el 
otro, p romueven principios universales que no n ecesarimente justi fican la s in stituciones gl obales si no  las bases  
sobre las cuales las instituciones deben de ser justificadas o criticadas. Tanto el cos mopolitanismo moral como el 
político g iran en to rno a la obligación moral y  la id entificación co n l a especie hu mana, pero los cos mopolitistas 
políticos buscan proveer la infraestructura política de una comunidad política universal y un  sistema democrático 
que delimite radicalmente al  Estado. Esto implica el desar rollo de un mundo en q ue todas las per sonas tienen una 
entrada den tro de una de mocracia global ú nica. L os teóricos principales del cosmopolitismo político son Daniele 



 

 

292
 Held, McGre w, Go ldblatt y Pe rraton,291 p lantean un compromiso de  ma ntener y 

promover la democracia, haciendo notar que el Estado Nación ya no es el espacio central para las 

decisiones que afectan a l as personas que viven dentro de él, y por lo  tanto los ciudadanos no 

pueden a menudo establecer la responsabilidad de los verdaderos tomadores de decisiones. Hay 

una “ruptura” entre la autoridad política formal que los Estados aún declaran tener y la realidad 

de la economía g lobal, las organizaciones regionales e internacionales, la ley  internacional, 

problemas ambientales y las comunicaciones globales. Por lo tanto es necesario reconstruir tres 

de lo s c oncentos clav e que surgen d el sistema Wesfalia: sob eranía n acional, una c omunidad 

nacional de ciudadanos, y el papel definitivo de las fronteras territoriales nacionales. 

 Para H eld e l c oncepto de s oberanía del Estado nación debe de se r re emplazado por e l 

principio de a utodeterminación de la s pe rsonas. Esto n o significa que el Estado nación  y a no  

tenga poder alguno o deje de tener un papel político importante. Sin embargo, Held argumenta 

que es necesario extender la democracia a las organizaciones internacionales y supranacionales 

que ya ex isten, e idear nuevos medios democráticos de lid iar c on problemas que cru zan la s 

fronteras. Su s propósitos específi cos, que son in herentemente con troversiales incluyen la 

posibilidad de a sambleas re gionales re presentativas – para Held la  U nión E uropea provee un 

modelo avanzado a este respecto- y la introducción de alguna forma de representación popular 

directa dentro de las Naciones Unidas. Él también sugiere la  creación de juntas de supervisión 

formadas por representantes elegidos de distritos relevantes para cuerpos funcionales. Como una 

                                                                                                                                                             
Archubugi, Richard Fal k, Ant hony McGrew y  especial mente la defensa de David Held de  l a democracia 
Cosmopolita (Sl aughter, Steven . “ Cosmopolitanism and  Republican Ci tizenship”, in : Way ne Hudson  and Steven  
Slaughter (Edited), Globalisation and Citizenship. The Transnational Challenge, London, Routledge, 2007, pp.86-
89). 
291 Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt y Jonathan Perraton, Op. Cit. 



 

 

293
forma d e d emocracia d irecta, He ld abre la posibilidad de mecanismos de ref erendo, por 

ejemplo en cuestiones ambientales, los cuales inciden en  las personas que v iven en dos o  más 

Estados. 

 El ideal de ciudadanía cosmopolita de Held292 no sólo tiene un complejo de derechos y 

obligaciones en  mú ltiples niv eles, y p articipación activa en la so ciedad civil tan to local c omo 

globalmente, sino tam bién un  “papel d e mediación”. Partiendo  de la democracia delib erativa, 

Held sug iere que los ciud adanos deb en involucrarse e n u n “diálogo c on las tradiciones y los 

discursos de otros para hacer c recer “ el a lcance de l e ntendimiento m utuo”. Sin e mbargo, el 

concepto de una ciudadanía cosmopolita tiene algunos problemas o consideraciones. Por ejemplo 

si la mu ltiplicación de  au toridades en  la to ma d e decisiones reduce la re sponsabilidad 

democrática y  de si es posible e vitar q ue un de terminado n ivel de go bierno te nga u n p oder 

predominante. 

 Puede a rgumentarse que la ló gica de las propuestas de Held  –a p esar d e su re chazo 

kantiano a u n gobierno m undial- s ugiere u na t endencia en favor de  u n federalismo eventual. 

Aunque é l se re fiere a  a utoridades “tr aslapadas”, su  énfasis es p rincipalmente en d iferentes 

niveles de gobierno. Más aún, él ha extraído sus ideas en parte del ejemplo de la Unión Europea 

con s us e lementos s upranacionales c ada vez m ás fuertes. De ntro de la  Unión Europea la  

creciente integración crea una presión por una Europa federal. Más aún, la meta ideal de Held es 

un mundo en  el q ue una pro porción cada v ez mayor d e fuerzas militares de Estados sean 

transferidas a cuerpos transnacionales, “ con e l pr opósito final de la  d esmilitarización”. Pero 

como los federalistas él prevé que las fuerzas militares y policiales estuvieran a disposición de un 

                                                 
292 Held, David. La Democracia y el Orden Global…, 



 

 

294
cuerpo global. Las i mplicaciones federal es de  la de mocracia cosmopolita serían sól o 

relevantes, si hubiera movimientos significativos en favor de alcanzarla. 

 April Ca rter,293 destaca qu e Held  está en lo corre cto en id entificar la necesidad de 

confrontar los pr oblemas que trascienden las fronteras, pe ro que en sus argumentos p arece no 

poner suficiente atención a los contextos discursivos existentes en la política internacional, cómo 

a las negociaciones sobre la capa de ozono, la biopiratería o el desarrollo sustentable y no toma 

suficientemente en cuenta el poder comunicativo de la s ociedad civil global y su capacidad de 

influenciar los términos del discurso. Hay hasta cierto punto un escepticismo acerca de que tanto 

las instituciones democráticas regionales y  globales, propuestas por Hel d, representan ve ntajas 

concretas para la democracia cosm opolita y si no podr ía ser m ejor que los problem as 

transfronterizos fueran afrontados por los Estados directamente involucrados a través de distintos 

mecanismos. Por ejemplo la representación parlamentaria recíproca, en la cual los miembros de 

un parlamento, p articipando en  la l egislatura de un país c olindante po drían te ner voto e n 

cuestiones ambientales y otras cuest iones t ransfronterizas. Otr as po sibilidades in cluyen una  

extensión d e la sugerencia propia de Hel d de r eferendos tra nsfronterizos y fo ros deliberativos 

transnacionales para recomendar soluciones políticas. 

 Siguiendo con  esto s argumentos, h ay un  escepticismo o  qu eda la dud a d e qu e tan to la 

tesis de Held de que la globalización está socavando el sentido de u na “comunidad compartida 

de destino” d entro del Estado este ocurriendo real mente, en razón de qu e a ún hay un fuerte 

sentido de identidad nacional y de comunidad dentro del Estado. Asimismo, queda la  duda de 

que tanto las instituciones globales puede ser directamente responsabilidad de los individuos, ya 

                                                 
293 Carter, April. The Political Theory of Global Citizenship, London, Routledge, 2001, pp.192-195. 
 



 

 

295
que ha y in stituciones como el Parlamento Europeo en do nde l os ci udadanos e uropeos 

presentan una c lara apa tía. Car ter, retomando a Kymlicka, s ugiere que los cuerpos 

internacionales d eben d e ser responsabilidad d e los gobi ernos estatales, y  qu e el p apel d e los 

ciudadanos es disc utir a u n nive l na cional cómo q uieren que sus  g obiernos a ctúen 

internacionalmente. P or l o tant o, “ debemos ser bastantes m odestos en nuestras e xpectativas 

acerca de la ciudadanía transnacional, al menos en el futuro previsible”.294 

  Un problema sobre la posibilidad de la democracia en organizaciones internacionales, es 

la dificultad de mantener la democracia efectiva, en términos del conocimiento e intereses de los 

ciudadanos en ciertas cuestiones y en su participación política, dentro de un Esta do nación. La 

posibilidad de  q ue l os c iudadanos ap oyen a s us go biernos en hac erse responsables de sus 

acciones e n organizaciones i nternacionales es baja. Y si el  pr opósito e s da r a l os individuos 

alguna influencia directa sobre un cuerpo global, entonces los problemas son aún más grandes. Si 

fuera erig ido un cu erpo dem ocrático global, “las oportunidades di sponibles p ara el ciudadano 

ordinario para participar efectivamente en las decisiones de un gobierno mundial disminuirían al 

punto de desv anecerse”. Más a ún, un  nú mero creciente d e personas re presentadas p or un a 

organización si gnifican una diversidad aumentada y un co nflicto de  intereses, y  h acen del  

concepto de un  bien comú n in cluso más d ifícil qu e a lcanzar que la  nacionalidad. El t enor de 

estos argumentos sugiere casi un pesimismo total acerca de la posibilidad de que la ciudadanía 

cosmopolita, sea ejercitada a un nivel nacional o un nivel transnacional.295 

 Es importante re tomar estas críticas con respecto a l as posibilidades de una  c iudadanía 

cosmopolita y su relación con la democracia, sin embargo no hay que disminuir la importancia 

                                                 
294 Ibid., pp.194-195. 
295 Ibid. 



 

 

296
que tienen los movimientos y grupos de presión transnacionales y el alcance de la influencia 

provista por la s ociedad c ivil global. N i ta mpoco la posibilidad del d ebate e n cu estiones 

específicas que afectan a las personas a través de las fronteras, o las dinámicas por las cuales la 

transferencia de poderes a un nivel  supranacional puede tam bién estimular la actividad política 

regional. Un objetivo clave de la c iudadanía cosmopolita es la posibilidad de imponer controles 

democráticos a  burocracias inte rnacionales y de  eva luar las dificultades d e tra nsferir la 

democracia representativa a un nivel global.  

 Las ra zones de Held  para est ablecer una fo rma d e d emocracia má s al lá del Estado  

territorial de scansa, en el crec iente po der y  alcance de las corporaciones multinacionales y el 

impacto de los m ercados f inancieros globales. Su p ropósito es restringir el neol iberalismo 

económico. La  estrategia su gerida por H eld ti ene d os o bjetivos principales: el fortalecer los 

controles le gales y p olíticos g lobales y promover los pr ocesos dem ocráticos d entro de  las 

compañías. En el mismo sentido Richard Falk296 señala que para que el cosmopolitismo resulte 

creíble p ara los ciud adanos deb e c ombinarse con un a crítica a la g lobalización éticamente 

deficiente encarnada por el pe nsamiento neoliberal que está siendo puesto en práctica de forma 

tal que minimiza el contenido ético y visionario de concebir el mundo como un todo. 

 Las estructuras que rigen el gobierno regional y global se arraigan en distintos escenarios, 

entre los que se c uenta la Unión Europea, el T ratado de Libre Comercio de América del Norte, 

las confederaciones económicas del Grupo de los Siete, la Organización del Comercio Mundial, 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La lógica de tales organizaciones se rige 

básicamente por criterios económicos y de mercado, y prima las contribuciones al comercio y la 

                                                 
296 Falk, R ichard. “ Una Re visión del  Cos mopolitismo”, en: Martha C. Nussbaum (Coord), Los Límites del 
Patriotismo. Identidad, Pertenencia y Ciudadanía Mundial, Barcelona, Paidós, 1999, pp.67-75. 



 

 

297
inversión, así como la eficiencia en la producción y distribución, y también los mecanismos 

que redu cen l a relevan cia de lo s Estado s sob eranos, esp ecialmente e n lo que se refiere a su s 

actividades de caráct er proteccionistas, social y local que a yudan a los más d esprotegidos y 

desfavorecidos del proceso de globalización económica.297  

  Al n ivel g lobal Slaughter a boga po r el desarrollo de u na “ley p ública d emocrática 

cosmopolita”298 p ara establecer la e structura dentro de la c ual los c uerpos económicos deben 

operar. Ésta estructura debe evitar que las corporaciones multinacionales puedan inmiscuirse en 

la política, p or ej emplo i nfluyendo e n la s e lecciones a través del fi nanciamiento, y deben 

establecer que se respeten la salud y el bie nestar de la f uerza de trabajo. Estas reglas deben ser 

parte de un nuevo sistema de comercio, y como sanción a las compañías –o a los países- que las 

desacaten, estas deben de ser excluidas. 

 La estrategia de democratizar la esfera económica desde dentro –respaldada por una ley 

cosmopolita que respalde los derechos de los trabajadores- sugiere introducir mecanismos para 

dar una voz a  los t rabajadores, c onsumidores, comunidades l ocales y l os i nversionistas 

poseedores de l capital en la s c orporaciones existentes, y las cooperativas p ropulsoras y  las 

instituciones financieras basadas en comunidades. Como estrategia se puede pensar en establecer 

controles transnacionales, procesos democráticos dentro de compañías y medidas nacionales. Se 

trata de establecer una democracia de participantes directos en las compañías, representando, por 

ejemplo, trabajadores, consumidores y comunidades locales. Pero hay dificultades considerables 

                                                 
297 Ibid., pp.70-75. 
298 La ley pública  democrática cosmopolita es una estructura legal común que está entretejida a través de diversas 
comunidades pol íticas y  múltiples ciudadanías. Está in miscuida a todos los niveles d e la vid a política global, los 
Estados no  s on la única forma de go bernanza operand o de ntro de la de mocracia cos mopolita. Ci udades, 
comunidades e inclu so or ganizaciones de la Sociedad  Civil serán sujet o de la ley  de mocrática cos mopolita. Esto 
también hace emerger la dist inta necesidad de reglas más claras para determinar qué cl ases de cuestiones se están 
lidiando y a que niveles de gobernanza (Slaughter, Steven. Op. Cit., pp.88-89)   



 

 

298
en el caso de las m ultinacionales en identificar a los participantes directos y  en  desarrollar 

modos efectivos de c ooperación entre ellos, da da su na turaleza ge ográficamente dis persa. La 

cooperación en tre un nú mero de Estados para fo rtalecer el con trol al  nivel nacional, ha sta el 

monitoreo n acional de  multinacionales y ac ordar medidas de c oincidencia p arece más 

promisorio.299 

 La crítica del pensamiento utópico involucrado en aplicar la democracia cosmopolita a la 

esfera econó mica reflej a las dificultades i nherentes de derrumbar el poder atrincherado de las 

corporaciones globales. C onsideraciones s imilares s urgen en re lación con l as propuestas de  

reforzar la ley internacional300 y terminar con el p eligro de un conflicto militar entre Estados. 

Mantener los derechos a menudo depende de que otros acepten ciertos deberes, y un concepto de 

ciudadanía cosm opolita sostenida por la  ley internacional requiere u n conjunto m ínimo de 

deberes. Dichos deberes están aún lejos de ser impuestos bajo una ley internacional. Sin embargo 

la cooperación entre legislaturas estatales y fuerzas policiales podrían lidiar con algunos abusos 

serios a los derechos humanos, tales como la prostitución forzada de mujeres y niños. Más aún, 

la reciente creación de cortes internacionales para juzgar individuos como culpable de crímenes 

contra la humanidad o de  ge nocidios, y el us o de cortes na cionales pa ra pe rseguir individuos 

                                                 
299 Carter, April. Op. Cit., pp.195-198. 
300 Recien tes de sarrollos d e la ley i nternacional h an t enido un  i mpacto significa tivo en l os in dividuos y lo s 
prospectos para un a c iudadanía cos mopolita. Si  la  l ey internacio nal es interpretada en un modo cos mopolita, 
entonces el ciudadano global actuando dentro del Estado tiene más fuerza en resistirse a la política de un gobierno 
que contravenga la ley internacional. Un concepto diferente de ciudadanía cosmopolita, permite establecer la idea en 
que los individuos son portadores de derechos mínimos directamente derivados de la ley internacional. Ésta es una 
posición bastante abstracta y retórica si la apelación es  solamente a los p rincipios del  derecho natural y l as 
declaraciones generales de derechos, y si los individuos no tienen medios para hacer valer sus derechos. El hecho de 
que los derechos internacionales de algunos individuos puedan ahora ser asegurados no s ignifica que t odos puedan 
estarlo, incluso en Estados liberales y constitucionales. Por lo tanto la i dea de que todos los individuos puedan ser 
ciudadanos cosmopolitas c on derecho s b ajo la l ey i nternacional es  u na idea meta que aún está  muy l ejos de la 
realidad (Ibid., pp.184-187). 



 

 

299
culpables de dichos crímenes, indica una estructura embrionaria de una ley cosmopolita que 

podría en el futuro tener a los individuos en consideración.  

 El desarrollo de una ley internacional que solo se enfoque en los derechos individuales y 

obligaciones representa un  m odelo pasivo de ciudadanía cosm opolita, frente a est o se vu elve 

necesario, una red más fuerte de acuerdos entre los Estados y una visión mayor para lograr una 

ciudadanía cosmopolita activa en una sociedad civil  global envolvente. La creciente importancia 

de la sociedad civil, indica un movimiento en favor de un orden más cosmopolita. Los grupos de 

la s ociedad ci vil o peran e n un de terminado número de  n iveles. C omo señala Fa lk: “ en la  

actualidad, los agentes y procesos transnacionales y de base , entre los q ue se cuentan 

organizaciones voluntarias de ciudadanos, se comprometen con diversas formas de acción cuyo 

espectro aba rca d esde las actividades extremadamente lo cales h asta las globales, y a menudo 

están in spiradas por un a c onciencia ética que convierte en r ealidad tangible la perspectiva 

cosmopolita”.301 Por lo tanto, la posibilidad de una ciudadanía activa a nivel mundial va ligada 

del desarrollo de una sociedad civil global.302 

 Una ciudada nía a ctiva podría convertirse en  una forma tr ansnacional d e gobernanza 

mediante la ruptura con la hegemonía cultural del Estado. Una com unidad política cosmopolita 

estaría basada en la superposición de múltiples ciudadanías conectando a la población en formas 
                                                 
301 Falk, Richard. Op. Cit., pp.72-73. 
302 Un o rden civ il cos mopolita es más pr obable que e merja de lo s h orizontes d e orga nizaciones ci viles co mo 
Amnistía Internacional, Amigos de la Tierra y Greenpeace que de la Unión Europea o las Naciones Unidas. Dentro 
de estos argumentos, las formas cosmopolitas de diálogo necesitarían estar ligas a cuestiones de ide ntidad cultural 
tanto como a la construcción de instituciones. Un proceso de con strucción de un a sociedad civi l g lobal requeriría 
una nueva forma de “ciudadanía educada” que permita la neg ociación en relación con los otros, el descubrimiento 
de l a pluralidad cul tural y  la di ferencia, la apertura de horizontes más cosmopolitas e intercone xiones co n la 
naturaleza. Pa ra qu e e merja un a ciud adanía genu inamente co smopolita esta tend ría que con tar co n cap acidades 
intelectuales y emocionales para ser capaz de involucrarse en un diál ogo plural dentro de nuevos espacios públicos 
(Stevenson, N ick. Cultural Citizenship. Cosmopolitan Questions, Berkshi re, U. K , Open U niversity Press, 20 03, 
pp.42-44) y véase: Waldron, Jeremy. “Teaching Cosmopolitan Right”, in: Kevin McDonough and Walter Feinberg 
(Edited), Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies. Teaching for Cosmopolitan Values and 
Collective Identities, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp.23-55).   



 

 

300
de gobernanza local, nacional, regi onal y gl obal.303 La política c osmopolita, guida por el 

principio de la autonomía, buscaría lograr nuevos niveles de interconectividad para corresponder 

con un m undo c ada vez más glo bal. Estas  d imensiones sobrepasan viejas divisiones e n la 

tradición democrática entre democracia directa y representativa buscando maximizar el principio 

de autonomía a lo largo de un rango de diferentes niveles. Dentro de esta estructura, por lo tanto, 

el argumento por la democracia cosmopolita está sostenido por el principio de que los problemas 

como el VIH, las cuestiones ecológicas y la pobreza son cada vez más problemas globalmente 

compartidos. 

 Una de l as disyunciones d e la democracia c osmopolita está ent re la sob eranía nacional 

hipotética y la realidad de la hegemonía de los poderes militares. Desde el  fin de la guerra fría 

los te nsos controles invo lucrados en lo s bloques opu estos ha sido relajada, pero  los Estados 

Unidos aún juegan un papel dominante en la OTAN. La política de seguridad de un país influye 

sobre la seguridad de otros, y las armas de hoy en día crean una inseguridad global. El desarrollo 

de sis temas d e a rmas de de strucción m asiva incrementa ra dicalmente la perspectiva de 

inestabilidad política y de inseguridad a nivel global. 

 En el contexto de una democracia cosmopolita se esperaría un desarrollo progresivo de 

una política de seguridad común bajo el auspicio de las Naciones Unidas, pero en un mundo de 

armas n ucleares, químicas y biológicas esto  no puede ser una solu ción t otal. Sin  emb argo, la 

interdependencia, la percepción de muchos intereses comunes, y las dinámicas institucionales de 

organizaciones internacionales ayudan a crear un contexto en el que grandes guerras son menos 

                                                 
303 La gobe rnanza cos mopolita multinivel o frecería nu evas opo rtunidades para el di álogo a tr avés de dist intos 
actores de la sociedad c ivil y niv eles de  gobierno. Estructuras pol íticas locales y transnacio nales revit alizadas 
buscarían p roveer las bases i nstitucionales para l a c onversación que disolvería divi siones más viejas en tre 
ciudadanos y extranjeros, se flexibilizarían las diferencias de cultura, tiempo y lugar, dichos diálogos proveerían las 
bases para una nueva sociedad mundial (Stevenson, Nick, Op. Cit., pp.38-41).  



 

 

301
probables.304 Los grandes problemas de seguridad podrían ser más fáciles de resolver si las 

adherencias d e la  s ociedad internacional se  vu elven progresivamente más f uertes y la 

globalización continúa erosionando la s f ronteras nacionales. Un a afirm ación r ealista de lo s 

obstáculos principales cre ados p or la  búsqueda de s eguridad militar c iertamente a rroja dudas 

sobre la meta de una democracia cosmopolita y una paz asociada. Pero esto no prueba que estas 

metas sean necesariamente y permanentemente imposibles. 

 Movimientos decisivos en favor del cosmopolitismo dependen, sin embargo, de cambios 

en las o rganizaciones internacionales existentes y de la creación de una estructura transnacional 

más a decuada a la  persecución de metas d e p az, derechos humanos, justicia so cial y la 

preservación del ambiente. La democracia cosmopolita, intenta proveer canales para la influencia 

democrática directa sobre la toma de decisión en c uestiones globales clave a través de diversos 

niveles institucionales para lidiar con diferentes cuestiones. Para ello se prevé una representación 

más fuerte p ara lo s g rupos de la sociedad civil, reforzando e l potencial d e l a ciudadanía 

cosmopolita expresada a través del activismo voluntario.  

 A pesa r de  l os argum entos en favor  de una ciudadaní a cosm opolita, es i mportante 

destacar algunas de las objeciones más convincentes a este ideal. Los críticos del cosmopolitismo 

son a menudo teóricos  republicanos o comunitaristas, (como Miller, Sandel y Walzer), que han 

atacado al liberalismo por sus én fasis individualistas y su tendencia a ignorar cómo el contexto 

                                                 
304 A este respecto Ulrich Beck es sumamente pesimista, para este autor la esperanza de que, con el fin de la guerra 
entre Estado s, ta mbién s e termine la  gu erra co mo ta l y co mience u na era d e paz se ha revel ado i lusoria. “El 
monstruo de la  guerra no ha sido vencido, sino que ha ca mbiado sus muecas”. Nuevas guerras se han librado y se 
seguirán librando, y a las crueldades de siempre se han añadido otras nuevas, Si las antiguas guerras entre Estados se 
terminaban en determinado momento con la vi ctoria de un ban do, las guerras de nuev o cuño carecen de f rontera 
espacial y temporal. La guerra posnacional se ha vuelto insondable y no implica que la guerra clásica entre Estados 
haya desaparecido. La des fronterización de la guerr a es pr oducto, de la des monopolización y privatización de la 
violencia orga nizada, p or parte de l os terro ristas, los seño res de la gu erra, etcét era (Beck, Ulrich. La Mirada 
Cosmopolita o la Guerra es la Paz, Barcelona, Paidós, 2005, pp.183-188).  



 

 

302
social forma los valores individuales, también argumentan que el liberalismo ha devaluado la 

participación política. El ideal republicano de ciudadanía activa no puede ser realizado sin una 

cultura comp artida y límites con stitucionales d efinidos. Má s aún , l a lógica d e un ideal 

democrático participativo requiere un límite en el número de personas involucradas, por lo tanto 

la e xtensión cosmopolita de estos principios más al lá del Est ado la h ace imp osible. La 

ciudadanía e stablece una relación r ecíproca dentro del Estado na ción y requiere un gr ado de 

mutua sim patía y una  responsabilidad ci udadana i ncompatible con la c iudadanía c osmopolita. 

Asimismo, el nacionalismo, en  un se ntido c ultural y no e n uno e strechamente ét nico, es 

necesario para crear ciudadanos activos con un sentido de su identidad ciudadana. 

 Los t eóricos republicanos que rechazan el objetivo de  la  ci udadanía cosmopolita n o 

niegan que hay afirmaciones sobre la solidaridad humana y ob ligaciones hacia aquellos que no 

son compatriotas. Lo que niegan es la posibilidad de que toda la humanidad pueda constituir una 

verdadera comunidad, y que los criterios específicos y demandantes de un concepto republicano 

de ciudadanía pueden ser extendidos a l a categoría de ciudadanía cosm opolita. El comunitarista 

Machael Walzer enfatiza el valor de una ciudadanía preocupada y responsable, y la necesidad de 

crear un a mayor equ idad entre ciuda danos, y cómo lo s c ontextos culturales dan forma a lo s 

valores y acciones individuales. La posición de Walzer pone en duda la posibilidad de algunas 

formas d e u niversalismo, po r ejemplo q ue es posible d educir principios generales de justicia 

aplicables a todas las sociedades y a todas las esferas de la vida.305 

 Las ideas de Walzer sobre la  ciudadanía cosmopolita son claramente establecidas en su 

respuesta a la defensa de Nussbaum del cosmopolitismo y en su discusión de la sociedad civil 

                                                 
305 Véase: Walzer, Michael. Las Esferas de la Justicia. Una Defensa del Pluralismo y la Igualdad, México, Fondo 
de Cu ltura Econ ómica, 199 7, y Wal zer, Michael. “ Esferas d e Af ecto”, en : Marth a C. Nussbau m (C oord), Los 
Límites del Patriotismo. Identidad, Pertenencia y Ciudadanía Mundial, Barcelona, Paidós, 1999.  



 

 

303
global. Él afirma, en contra de Nussbaum, que él no es u n ciudadano del mundo porque no 

hay i nstituciones, procedimientos de t oma de  dec isión o con juntos claros de derec hos y 

obligaciones a las cu ales pu eda suscribirse en u n niv el c osmopolita. Él argumenta, qu e l a 

participación de la  so ciedad civ il es d istinta de la  ciud adanía, mientras los in dividuos pueden 

escoger si vol verse miembros de  la sociedad ci vil a través de uni rse a gru pos existentes o 

formando a lgunos nuevos a nivel global, la ciud adanía se  encuentra restringida. La ciudadanía 

puede ser sólo compartida como el resultado de una decisión política. Walzer niega también que 

los compromisos más a llá de las fr onteras estatales para aquellos que comparten una i dentidad 

cultural o creencias ideológicas, o simplemente que se preocupan por personas en problemas que 

se encuentran en países lejanos sean compromisos de tipo ciudadano.306 

 Las crí ticas republi canas o comunitaristas a la ciudadanía cosm opolita, ti enen do s  

elementos pr incipales: un rechazo de la adecuación moral d e un cosmopolitismo puro; y  el  

requerimiento de criterios estrictos para el concepto de ciudadanía. (Estos teóricos tienen serias 

reservas acerca de la posibilidad o deseabilidad de instituciones globales en las cuales se pueda 

realizar una completa ciudadanía cosmopolita). El rechazo de la ciudadanía cosmopolita por los 

comunitaristas y republicanos que se enfocan en la centralidad del Estado nación, depende de su 

interpretación sobre la profundidad y extensión de la globalización. Para ellos la globalización no 

ha erosi onado si gnificativamente la aut onomía nac ional y  la naturaleza de la pol ítica 

internacional.  

 Por otra parte y a pesar de las críticas, queremos destacar, que la ciudadanía cosmopolita 

puede también ser entendida en términos de un número mínimo de derechos y deberes sostenidos 

directamente por una le y internacional, o en el contexto de la pertenencia a nuevas instituciones 
                                                 
306 Walzer, Michael. “Esferas de Afecto”…, pp.153-155. 



 

 

304
de gobernanza global. La posibilidad de una ciudadanía c osmopolita directa necesita ser 

explorada po steriormente e n el cont exto de las teo rías d e la s re laciones in ternacionales. El  

concepto de ciudadanía cosmopolita es, por lo tanto, un ideal relevante, y existen condiciones en 

muchos países para actuar como un ciudadano cosmopolita a través de la  acción de la sociedad 

civil g lobal. Hoy nos e ncontramos an te un a ap ertura p ara qu e dicha acción  t enga algunos 

resultados positivos. La  ciudadanía co smopolita co mo un estatus b ajo una ley i nternacional 

posee en estos momentos un estado embrionario, que está siendo acrecentado en parte por grupos 

políticos que apelan a la l ey internacional pa ra proteger y defender sus derec hos a un nivel 

nacional. 

  Una de las cu estiones e s cómo l a democracia pu ede ser d esarrollada en este acomodo 

transnacional. Ha y cierto e scepticismo a  c erca de hacer del i ndividuo la unidad base de la 

responsabilidad d e la dem ocracia cosm opolita, y por lo tant o a cerca de un  concepto político 

fuerte de ciudadanía cosmopolita. Pa rtimos de  la idea de  que  el proceso de g lobalización esta 

generando una mayor interdependencia e integración de distintos actores y órganos de gobierno, 

lo cual está erosionando las fronteras nacionales, y que un orden cosmopolita frágil , el cual da 

peso a los derechos de los individuos y que establece un papel políticamente independiente para 

los actores no estatales, parece estar emergiendo. 

 La de mocracia c osmopolita em ergente, podría ser afectada e n un esc enario donde s e 

presente un a guerra o  un con flicto qu e tenga un im pacto profundo a nivel global, p or u na 

degradación ambiental extrema o por el crecimiento exponencial de la pobreza y la desigualdad. 

Es también muy probable que s i las tendencias globalizantes continúan, lo harán dentro de una 

estructura dirigida principalmente por la ideología neoliberal y el poder de las m ultinacionales. 



 

 

305
Cómo actúen los individuos y los gobiernos ayudará a dar forma a lo que de hecho pase en el 

futuro, y hay una obligación políti ca y moral a actu ar (dentro de l as fronteras de la prudencia 

razonable) de cierta manera como para promover las metas cosmopolitas, que ya Kant establecía 

hace más de 200 años. 

 La c iudadanía cosmopolita como el derecho para votar por una asamblea parlamentaria 

mundial, aún p arece extremadamente remota. Ot ras propuestas p ara foros d emocráticos que 

trasciendan las fronteras nacionales, como la deliberación y referendos transfronterizos, podrían 

ser más probables. La deseabilidad de una asamblea mundial directamente electa también queda 

como cuestionable. Tra nsparencia y responsabilidad, si n e mbargo, s on c ruciales. Uno de l os 

problemas con las organizaciones internacionales, tanto  como la Unión Europea y las Naciones 

Unidas ilustran amp liamente, es que son in cluso más p ropensas a la  in ercia bu rocrática, 

desperdicio de dinero y corrupción, de lo que son muchos gobiernos nacionales. Entonces hay 

ahí un  campo  para lo s cu erpos supervisores in dependientes tanto d e los gobi ernos nacionales 

como de l as o rganizaciones int ernacionales. En  Estados don de la corrup ción, el  abuso de lo s 

derechos h umanos y la  de gradación ambiental so n ra mpantes, la luc ha por c rear una p olítica 

nacional mejor puede coincidir con metas cosmopolitas. 

 Los Estados nación que gozan de una estabilidad razonable, afluencia y compromiso con 

los derechos humanos y principios de mocráticos juegan un p apel crucial en mantener y 

promover las instituciones internacionales y sus acuerdos. Un cambio de gobierno, por ejemplo 

el fin de una dictadura puede resultar menos dramático para el país si se toman seriamente sus 

obligaciones int ernacionales, esto ayudaría a la posibilidad de establecer un  nue vo gobierno  

democrático en donde los actores políticos, como son los partidos políticos, tendrían que ver por 



 

 

306
el cumplimiento de los compromisos internacionales. En general, los partidos conservadores 

son menos d eseosos de su bordinar lo s intereses nacionales a lo s g lobales, o d e ac eptar la  

aplicación de la ley internacional en su política doméstica. Por lo tanto los ciudadanos de dichos 

Estados pueden influenciar significativamente el alcance de las metas cosmopolitas.307 

 El compromiso con la democracia social puede no ser opuesta a una visión cosmopolita 

de la política global. Quienes apoyan la democracia social hoy tienden a rechazar la tesis de que 

los e fectos n egativos d e la glob alización son in evitables, y a rgumentan a favor d e una 

restauración de la  democracia social de ntro de u n Estado nación f ortalecido y u na red 

reorganizada de cuerpos e conómicos i nternacionales. La alte rnativa es buscar fuerzas d e 

resistencia transnacional que puedan enfrentar las condicionantes negativas de la g lobalización 

sobre los aspectos sociales de la democracia, estableciendo una versión radical de una ciudadanía 

cosmopolita a través de la participación en una sociedad civil global. 

 El modelo de c iudadanía liberal m ás fuertemente c rítico del mercado, po ne una mayor 

presión en l as obligaciones de los c iudadanos y en el activismo político y la autorrealización a 

través de la política. En sus manifestaciones contemporáneas ha si do también influenciado por 

las ideas feministas y ecologistas y tiende en favor de los movimientos sociales. Actualmente, los 

                                                 
307 Para Ulrich Beck, la posibilidad de establecer una de mocracia cosmopolita viab le, debe de pasar por la 
discusión de establec er partidos transnacionales de ciud adanos globales . El te ma sería la implantación de partidos  
cosmopolitas que represente asuntos transnacionales de manera transnacional. Con todo, éstos sólo pueden existir, 
tanto programática como organizacionalmente en un modo plural, como movimientos nacionales y globales, como 
partidos para ciudadanos cosmopolitas. Serían partidos cosmopolitas en tres diferentes maneras: primero, sus valores 
y fines se configurarían en referencia a tradiciones humanitarias comunes a todas las culturas y religiones; segundo, 
pondrían l os a suntos globales cl aramente en el centro de su i maginación política, y  sus p rogramas de a cción 
impulsarán siempre reformas en los sistemas políticos nacionales a fin de que puedan adoptar estos asuntos; tercer y 
último, se organ izarían  com o p artidos m ultinacionales, m ovimientos cosmopolitas de di stinto origen  naci onal, 
interconectados en los muchos nichos de la sociedad global (Beck, Ulrich. “Democracia Global. La Política más allá 
del Estado-Nación”, en: Metapolítica, Vol. 5, No. 18, México, Abril, 2001, pp.66-71). 



 

 

307
escritos sob re l a so ciedad civ il y l a d emocracia a sociativa re flejan l as preo cupaciones 

contemporáneas y son más abiertos a las interpretaciones transnacionales.  

 Este modelo está ligado a la tradición del cosmopolitismo liberal. La creencia liberal en 

los derechos individuales y el rechazo a la crueldad y la opresión, ambos dentro del Estado a un 

nivel global, alienta el desarrollo de un respecto por la ley internacional de derechos humanos. 

Los compromisos liberales a la  tolerancia religiosa y la diversidad cultural han favorecido en el 

pasado políticas de inmigración abierta y la generosidad hacia los refugiados. Estas han también 

propulsado el involucramiento en movimientos contra la guerra y la opresión. Tomando parte en 

movimientos sociales transnacionales es un modelo central de ciudadanía cosmopolita. 

 Este mo delo de ciudadanía lib eral está fu ertemente opuesto al neoliberalismo tanto 

domésticamente c omo gl obalmente. Mo vimientos preocupados por la  p obreza m undial, el 

ambiente o los d erechos hu manos frecuentemente critica n las a ctividades de poderosas 

multinacionales y  claman po r una int ervención política nacional e in ternacional p ara frenar el 

poder económico global y  las  inj usticias s ociales concretas. El p otencial de  l os m ovimientos 

sociales para constreñir las operaciones de la economía global es, sin embargo, necesariamente 

limitado. 

 Para el establecimiento de una democracia cosmopolita, se deben establecer los principios 

que permitan el de sarrollo de una sociedad civ il glob al que pu eda c onstreñir, de ma nera más 

eficaz, a l as instituciones globales. M uchos de estos son princi pios liberales, por ejemplo la 

supremacía d e l a ley, respeto po r l os d erechos, rendición de cuentas y t ransparencia. Pero 

también son principios sociales que presiona por la restauración y mantenimiento de los “bienes 

públicos” en relación con la salud, el trabajo, la educación, el bienestar y el medio ambiente. En 



 

 

308
síntesis, la posi bilidad d e una ci udadanía cosmopolita, si gue s iendo hoy, una a puesta a l 

futuro, en el proceso de crear una comunidad global fu tura, donde a niv el int ernacional se 

puedan m antener lo s d erechos ciud adanos. A tra vés de po líticas in ternacionales donde los 

Estados nación coo peran dentro de i nstituciones supran acionales, en  un  orden co smopolita 

mayor, en el cu al los individuos se rel acionan directamente con la l ey int ernacional e 

instituciones políticas globales. 

 Queda puesta e n la  m esa d e d iscusión la posibilidad de esta blecer una c iudadanía 

cosmopolita que a nivel supranacional pueda mantener los derechos sociales y por lo tanto las 

bases de una ciudadanía social. Esta ciudadanía cosmopolita tendría que estar impulsada desde 

abajo por una s ociedad c ivil global organizada, c on acuerdos s olidos a  n ivel de instituciones 

internacionales. Asimismo tiene que estar enriquecida, de otras tradiciones teóricas como puede 

ser el liberalismo, el ecologismo o el miltuculturalismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

309
CONCLUSIÓN 

  

No hay un so lo ti po de E stado del bienestar y los r etos que  e nfrenta tam bién so n 

múltiples. Posee un a vo cación so cial en la s políticas públicas, vocación en  la  que destacan 

aspectos institucionales fo rmales, l a i nclusión de ley es, beneficio s, prog ramas y  servi cios qu e 

aseguren necesidad es so ciales. La regresión d el Estado  del bienestar es m ás o m enos 

pronunciada según los países desde los años setenta, es un aspecto fundamental de la crisis de las 

políticas de in tegración, pu es cuestiona e l “modelo de re laciones so ciales”, que se desa rrolló 

hacia el establecimiento de una ciudadanía social. 

 El modelo que se originó en el transcurso del siglo XX en Occidente no se ha quedado en 

una si mple ciudadanía política, f undada en l a igualda d de dere chos de los indivi duos. Este 

modelo incorporó en la teoría (a nivel de los textos constitucionales, la existencia de un Estado 

social) y sobre todo en la práctica (a través de las estructuras de solución de conflictos laborales, 

de la p articipación o d el interés puesto por los asalariados, de la cogestión de los regímenes de 

seguridad social, muy variados y muy desiguales de un país a otro en cuanto a su desarrollo), un 

determinado n úmero de derechos f undamentales, cu yo conjunto f orma lo que se ha  p odido 

llamar una “ciudadanía social”. Sin embargo, hay que constatar que esta ciudadanía social no ha 

sido establecida más que en la  p erspectiva d e l a intensificación d e la  ecuación 

“ciudadanía=nacionalidad”, origen y fundamento de la ciudadanía moderna y en el marco de una 

concepción exclusivamente nacional de la soberanía. La ciudadanía social, desarrollada de forma 

desigual, sigue de todas formas estrechamente solidaria con el n acimiento y el fortalecimiento 

del Estado del bienestar. 



 

 

310
En el modelo social del Estado del bienestar, se trataba de un desarrollo, presentado 

de fo rmas diversas, de los der echos sociales po líticamente re conocidos como cond iciones y 

componentes de la ciudadanía efectiva, a condición de pertenecer a un Estado nacional. Es por 

tanto, un estatuto ambivalente, a la vez  colectivizador e individualizador, liberador y protector, 

inclusivo y exclusivo. T. H.  Marshall, “ teorizando” las  r eformas e mprendidas a  raíz de  la 

Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, en su ensayo clásico “Citizenship and Social Class” veía 

en ellas una “tercera generación” de derechos subjetivos que venían a concluir la constitución de 

la ciudadanía moderna, creando de nuevo las condiciones de una comunidad (o de una “lealtad”, 

de un sentimiento de pertenencia a la patria) amenazada por el individualismo liberal. 

 El gran debate de principios de la segunda mitad del siglo XX, fue la universalización y 

ampliación de los derechos sociales, entrando en la definición de un nueva figura histórica de la 

individualidad h umana y confiriendo al “trabajo” la d ignidad de  u n tí tulo de reconocimiento 

público. De ahí, la vehemencia de los debates sobre si l os “derechos sociales” son propiamente 

hablando un os derechos f undamentales o s olamente co ncesiones y p rotecciones pa rticulares, 

unas figuras de  asistencia de  u na p arte de la s ociedad frente a ot ra. El reconocimiento d e los 

derechos sociales como derechos fundamentales afecta tanto a los hechos como a los principios, 

combina una relación de fuerzas pol íticas y una invención consti tucional que hace época e n la 

historia de los regímenes democráticos. 

 La cu estión d e la  ciudadanía soci al est á actualmente atenazada e ntre la d efensa de lo s 

derechos adquiridos, que están amenazados por el neoliberalismo y las  transformaciones de  la 

sociedad s alarial: re gresión del control p úblico que  habí a perm itido c onstruir el edificio de la 

ciudadanía social, hacer autónomo al individuo y despejarle de la inseguridad crónica.  



 

 

311
La política social del  E stado del bienestar ha ve nido const ituyendo en las úl timas 

décadas un elemento t rascendental d e los procesos de  intercambio p olítico operados en las 

sociedades capitalistas. A pesar de la  tendencia muy  acu sada h acia l a d esregulación soc ial 

pública, la cuestión trascendental no se sitúa probablemente tanto en el planteamiento simplista 

de la defensa o negación de la necesidad de que  exista una po lítica social como, especialmente, 

en la p roblemática má s a rdua de sa ber qué di rección h a de tomar la  p olítica soc ial estatal. 

Partiendo de que la i nstrumentación de una pol ítica social es indi spensable en el  seno de l as 

sociedades complejas, entre otras razones porque no se puede confiar a las relaciones de mercado 

la realización de una armonía social y la superación de las situaciones de pobreza y desigualdad 

social, no parece que quepan dudas razonables de que el poder público tiene que proveer a una 

política social institucional redistributiva. 

Lo que ya n o parece tan seguro es pensar en las nuevas dimensiones que deben adoptar 

las políticas sociales después de constatado el relativo fracaso del modelo de Estado del bienestar 

keynesiano. U na política s ocial en la ac tualidad d ebe d e p reocuparse tanto del crec imiento 

económico cu antitativo (e ficacia económica) co mo del crec imiento cu alitativo (igualación 

social). La complejidad misma del sistema necesita de regulaciones públicas flexibles del orden 

social y de una programación democrática de las necesidades socialmente relevantes que han de 

satisfacerse en todo c aso por encima d e la s v ariables d e mercado. El carácter d emocrático de 

dicha programación debe entenderse en el sentido particular de que se establecerán procesos de 

acción concertada entre las organizaciones de intereses de los trabajadores y empresarios y las 

autoridades públicas.  



 

 

312
 Dicho en otras palabras, la nueva política social para el bienestar implicaría también 

un nuevo compromiso sociopolítico sobre la distribución de los recursos. Respeto a ese nuevo 

consenso social sobre la distribución y asignación de los recursos conviene tener en cuenta que 

hoy se abren nuevos confines de la política social. Lo c ierto es que, a pesar de las innegables 

realizaciones de la po lítica d e bi enestar en el Estado social con temporáneo, en el  mo mento 

presente no sería excesivamente aventurado concluir que el Estado del bi enestar, en su versión 

más a cabada, e n el ma rco de las sociedades capi talistas, parece, desgraciadamente, e star más 

desdibujada que consolidada. 

 Ello no obstante, en un plano más general, será necesario reforzar la tendencia a que el 

Estado del bienestar dé cabida también progresivamente a una sociedad del bienestar, resultado 

de la integración y complementación entre la esfera política y civil de las sociedades. El Estado 

del bienestar es una pa rte fundamental, desde una perspectiva histórica,  política y e conómica, 

tanto del bien público y social como de la democracia. Por tanto, la necesidad de llevar a cabo las 

adaptaciones adecuadas para a frontar los problemas objetivos que se  derivan del cambio en e l 

contexto socioeconómico debe aprovecharse para consolidarlo, no para ponerlo en cuestión. 

El proceso de integración regional que favorece la lógica del mercado, necesariamente se 

ha vuelto una presión a la baja sobre el Estado del bienestar, existiendo de hecho determinados 

factores que realzan su importancia en este contexto (aumento del riesgo, efectos redistributivos, 

importancia de las instituciones del Estado del bienestar como factor de competitividad). Desde 

el punto de vista de los trabajadores, por otro lado, el sostenimiento de los sistemas de protección 

social cont ribuye a legitimar l a política nacional de cada pa ís y di sminuye las preocupaciones 

sobre los efectos negativos por la globalización económica. 



 

 

313
 El Estado  del bienestar, no  ob stante, aunque c uestionado sig ue sob reviviendo. E n 

ningún país se h a desmantelado c ompletamente, y a pesar d e tod o e l vapuleo que h a su frido 

dentro del con texto de globalización no pa rece qu e sea  ta rea fá cil realiz ar e ste proceso en  un  

futuro próximo. Lo que no quiere decir que el Estado del bienestar sea irreversible. 

Si el Estado del bienestar se cre ó pa ra de fender a la  clase o brera, ahora s e tie ne que 

reinventar a simismo pa ra arm ar a l ind ividuo, para ofre cerle defensa y op ortunidades, p ara 

asegurarle e l alojamiento y  la form ación para que  pueda asociarse y tener una representación. 

Las soluciones clásicas del Esta do y las políticas de e mpleo convencionales se  han vuelto una 

insuficiente respuesta a las nu evas categorías de la ciud adanía, hay que encontrar, por lo tanto, 

nuevas formas de solidaridad y fijarse nuevos objetivos para prestar una nueva seguridad.  

El reto de la actualidad es como dar el  salto cualitativo para construir un modelo social 

fortalecido dentro de  u n c ontexto dem ocrático y fre nte a  los retos d el ne oliberalismo y la  

globalización. De ntro de estas nuev as condiciones se trata de salir de la lóg ica estrictamente 

mercantil donde sólo un sector, aquel vinculado a la economía, a las finanzas, al empresariado, al 

negocio, será el que salga beneficiado o no la ciudadanía en general. 

 La ciudadanía debe caracterizarse por ser también activa, la ciudadanía no es s olamente 

un estatuto, sino también una práctica o un conjunto de prácticas que asocia los dos polos de la 

relación consigo misma y de la relación con los otros (cooperación, reconocimiento, solidaridad). 

La ciudadanía es un a institución rectificable, m ejorable, la  ciudadanía es una pr áctica y  un  

proceso más bien qu e una forma es table. Algo que e stá s iempre en e volución, en devenir. La  

ciudadanía no es otra cosa, en el fondo, que su propio proceso de adquisición y de acceso. 



 

 

314
 Un desmantelamiento completo de los regímenes de seguridad social sería sinónimo 

de e xclusiones insoportables y posiblemente de e xplosiones políticas. Po r e so e s necesario 

insistir ahora más que nunca en la necesidad de la iniciativa que  proceda de abajo: la  función 

crucial de la unidad del sindicalismo democrático, la importancia de la comunicación entre los 

movimientos de defensa y de renovación de la ciudadanía social. Si no de establecen bases más 

solidadas para la  garantía d e l os derechos sociales dentro del c ontexto de g lobalización, e stán 

podrían estar sumamente desarticuladas en el mediano plazo.  

Por las raz ones q ue h asta a hora hem os mencionado ha sta el momento no ha y en 

perspectiva la posibilidad clara de una ciudadanía social a nivel cosmopolita que se corresponda 

con la extensión de los derechos sociales y de las posibilidades de intervención del movimiento 

social en la regulación d e la  econo mía, mientras qu e, p or o tro lado, la  coyuntura d e la 

globalización nos hace sentir brutalmente su necesidad. Por tanto, es fundamental reconquistar lo 

que h a constituido l a origi nalidad, la capacidad de expansi ón y los límites de este modelo 

actualmente en crisis. 

  En e l seno  de los de rechos sociales e stá l a búsqueda por in staurar más just icia soci al, 

expresión natural de fraternidad y condición de paz; para salir del egoísmo nacional y entrar en la 

fraternidad si n fronteras, par a considerar la n ecesidad de una “Declaración de  de beres de l 

hombre”, para dar al trabajo su sentido y su dimensión de servicio; para abrir la s ociedad a las 

mujeres y v alores femeninos, par a re integrar la vejez y la  m ujer al seno de la e xistencia. Sin 

embargo, esta bú squeda p arece qu edarse en un plano su mamente superficial frente a lo s 

desequilibrios generados por el capitalismo y los desafíos que la globalización y la precarización 

del trabajo representan. 



 

 

315
 En los derechos sociales y en el marco del Estado del bienestar, nos encontramos ante 

la paradójica circunstancia de que en ese proceso de globalización son muchos más los poderes 

privados que pu eden lesionar derechos que lo  que puede defender el p ropio poder público. El  

panorama de los derechos sociales termina siendo en el momento histórico actual evidentemente 

desolador.  

En el contexto de la globalización, la lógica de la política social se está sustituyendo por 

la lógica del cálculo y de la ganancia que es la que impone el mercado. Y este esquema hace que 

en el mundo de la glo balización a nivel d e lo s Estados en c oncreto, las ag encias o instancias 

económicas determinen y condicionen, cada vez más, las decisiones de intervención del Estado 

en políticas sociales. Nos encontramos en est a ci rcunstancia an te la particular paradoja de que 

cuando se  rec lama una mayor democratización en el  mundo, ex iste la  tendencia a eliminar los 

criterios de política social  y situarlos en un segundo plano. 

 Desde l a perspec tiva de los derechos co nstitucionales a prestaciones económ icas l a 

garantía de l de recho comporta qu e el Estado h a de  p oner los m edios a decuados para su 

realización. Un derecho soc ial con sagrado en l a Constitución o en un  texto in ternacional 

fundamental s in garantías legales de satisfacción no autoriza a ha blar de inexistencia sino más 

bien de incumplimiento por el poder público obligado a su garantía efectiva. El problema clave 

es qu e el  Esta do ha de p redisponer p or im perativo c onstitucional de los m edios a ptos para la 

plena sati sfacción d e lo s d erechos so ciales a cometiendo las transformaciones econ ómicas y 

sociales que en cada momento sean necesarias para ello. La efectividad de los derechos sociales 

depende j unto con los derechos c iviles y políticos del per feccionamiento de l sistema político-

democrático. 



 

 

316
Los derechos so ciales (en cua nto “derechos distributivos”) son  derechos 

supraordenadores al m ercado, y e n calidad de ta les ponen e n c uestión la  nat uralidad de la  

distribución h echa a trav és del mer cado y en cuentran su  nacimiento en la a cción esta tal 

correctora de l libre funcionamiento de las  fue rzas e conómicas. Los de rechos sociales 

distributivos son los derechos propios del Estado social de Derecho, separándose de los derechos 

ligados al mercado. En otras palabras, la m orfología ins titucional del Esta do ha  variado en 

función de los derechos sociales fundamentales cuya sa tisfacción ha de ga rantizar, puesto que 

esta categoría de derechos exigen un conjunto de prestaciones estatales, programas o dispositivos 

institucionales, en interés del individuo. Ciertamente los derechos sociales protegen una esfera de 

interés pro pio d e los titulares d el d erecho y se satisf acen por medio de l cumplimiento de  los 

correspondientes d eberes por p arte del pod er pú blico. En esto no  h ay d iferencias respecto de 

cualquier otro derecho. Pero son distintos en un aspecto importante: interfieren en el proceso de 

asignación e ficiente d e b ienes y  servicios c onforme a lo s mecanismos au torreguladores del 

mercado, al comportar un intervencionismo público que afecta a la estructura de recompensas de 

la economía capitalista, basada en el intercambio de mercado. 

Los a taques a los derechos s ociales de ciudadanía c oinciden con u n proceso de  

transformación del sistema de Estado del bienestar en  una línea de disolución del  compromiso 

político social subyacente a esta forma de Estado. Se recordará que la historia de la construcción 

del Estado del bienestar ha si do e l resultado de una lucha por la ins erción de  los  de rechos 

sociales e n el  área  de la  ciud adanía. La lu cha por la c iudadanía so cial exige un a política 

económica dife renciada q ue introduzca cr iterios selectivos e instrumentales de c ontrol s ocial 

sobre el proceso productivo. En el caso de los derechos  sociales, como “derechos distributivos”, 



 

 

317
son condicionados porque exigen políticas públicas de int ervención y corrección de la pura 

lógica de mercado  según  cri terios definidos. Son , si se quiere, “derechos imperfectos”, porque 

para s u realización de pende de la elec ción política y de  la política económica. Dependen d e 

relaciones de fuerzas que luchan por acaparar una mayor cantidad de recursos en el marco de un 

estructural conflicto redistributivo (de lucha por la distribución de los recursos). 

Ciertamente las p olíticas solidarias h an p asado a ser legítimas, n o controvertidas y  

aceptadas sólo en la m edida e n que se  h an instrumentado c omo derechos enmarcados en la  

ciudadanía social. Este es el  postulado básico del Estado del bienestar solidario (o institucional), 

y que se constituye en el centro de gravedad de la ciudadanía, definida como la pertenencia a una 

sociedad pol ítica organizada y  controlada por ella misma; la funcionalidad de la ciudadanía es 

crear una solidaridad basada en los derechos. Es el ref lejo de una lucha por e l contrato social, 

construido sobre la base de la justicia como equidad y la extensión para todos de los derechos de 

ciudadanía (como derechos de pertenencia a la comunidad). Es obvio que los de rechos sociales 

de ciudadanía se construyen sobre una noción de justicia entendida como equidad, y se  enfatiza 

su papel distributivo. Se ha advertido, que el objeto primario de la justicia es la estructura básica 

de la soc iedad o, más exactamente, el  modo en  que las instituciones soci ales más importantes 

distribuyen derechos y  deb eres fundamentales y  d eterminan la división d e l as ventajas 

provenientes de la cooperación social. Desde esta perspectiva la ciudadanía social forma parte de 

las condiciones sociales de la democracia.   

Los derechos sociales ya no solo se esg rimen frente al Estado, al c ontrario, necesitan de 

este Estado. Frente a la idea de que el Estado solo pretende proteger la libertad individual y la 

propiedad, la mejora de las c ondiciones d e la  clase tra bajadora, s olo pue de generarse con la 



 

 

318
ayuda del E stado. Pasa n a c onsiderarse los derechos como el ca uce para la m ejora d e las 

situaciones d e los trabajadores y  surge esa nu eva función del d erecho co mo “promocional”, 

confirmándose poco a poco la idea del imprescindible papel del Estado para el reconocimiento y 

garantía de  los d erechos sociales. De aqu í el re to y la impo rtancia de coordinar las po líticas 

sociales tanto a nivel supranacional como nacional que van encaminadas a la aplicación de l os 

derechos sociales. 

 Frente al hecho, de que el Esta do d el bienestar se  encu entra en  crisis, sujeto a lo s 

cambios económicos impuestos por l a globalización y las políticas ne oliberales, los cuales han 

contribuido a un r etroceso de las pol íticas sociales al l imitar la part icipación de l Estado e n la 

política ec onómica y esto ha hecho que se pongan en riesgo las conqui stas hi stóricas de la 

ciudadanía social, surge la propuesta de establ ecer una ciud adanía cosmopolita que consagre la 

articulación de derechos sociales.  

En la actualidad podemos reflexionar, como sería esta ciudadanía cosmopolita. En primer 

lugar tendría q ue ser profundamente de mocrática más allá de l á mbito del E stado nación; e n 

segundo lugar, tendría un  res paldo in stitucional a niv el internacional, sustent ado por las 

demandas de un a so ciedad civil global ac tiva; en  tercer lugar, estaría art icula a n ivel de lo s 

gobiernos locales y nacionales, los c uales también tendrían una amplia participación; en cuart o 

lugar, en el núcleo duro de su conformación se encontraría la defensa de los derechos sociales a 

nivel supranacional, con estrategias p ropositivas fr ente a los cam bios qu e se han dado  en el  

mundo del trabajo, la inseguridad salarial y la i ncertidumbre en el empleo; por último y a corde 

con l os t iempos act uales, esta ciudadanía c osmopolita no podría estar aislada d e tradiciones 

importantes de ntro del c ampo de la  te oría política y social como so n e l l iberalismo, el 



 

 

319
feminismo, el ecologismo y el multiculturalismo, por señalar algunas de las más importantes, 

es decir que tendría que enriquecerse de ellas, para cohesionar un nuevo estatuto ciudadano que 

pudiera enfrentar los grandes retos del siglo XXI.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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	Tesis Gabriel Pérez Pérez
	PORTADA
	INDICE
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I: CIUDADANÍA MODERNA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA
	CAPITULO II: ESTADO DEL BIENESTAR, CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	CAPITULO III: LA CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS RIESGOS DE LA CIUDADANÍA SOCIAL
	CAPITULO IV: LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO NACIÓN EN EL CONTEXTODE LA GLOBALIZACIÓN
	CAPÍTULO V: CIUDADANÍA Y POLÍTICA COSMOPOLITA
	CONCLUSIÓN
	BIBLIOGRAFÍA GENERAL