UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA © Carlos López Gómez, 2016 TESIS DOCTORAL La sociedad española y la adhesión a la Comunidad Europea, (1975- 1985): partidos políticos, asociaciones europeístas, interlocutores sociales MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Carlos López Gómez DIRECTOR Juan Carlos Pereira Castañares Madrid, 2016 0 La sociedad española y la adhesión a la Comunidad Europea (1975-1985): Partidos políticos, asociaciones europeístas, interlocutores sociales Autor: CARLOS LÓPEZ GÓMEZ Director: JUAN CARLOS PEREIRA CASTAÑARES FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 Es imposible culminar con éxito una investigación doctoral sin incurrir en numerosas deudas personales. En mi caso, el largo tiempo transcurrido desde que emprendiera los primeros pasos de este trabajo y los múltiples y variados ambientes por los que me ha llevado han hecho proliferar a mis acreedores y dificultan ahora que pueda recordarlos a todos. Asumo, de hecho, que me dejaré a muchos en el tintero, y anticipadamente les pido disculpas. Pero es de ley mencionar al menos, a modo de homenaje y reconocimiento, a quienes me han acompañado más de cerca en este recorrido. En primer lugar, al director de esta Tesis Doctoral, el profesor Juan Carlos Pereira Castañares. Ha sido un privilegio contar durante todos estos años —desde que la buena fortuna me llevara a inscribirme en su curso de Historia de la Integración Europea— con su apoyo, su tutela, su confianza y su amistad. La condición de pupilo suyo, que he llevado siempre con orgullo, me ha abierto más de una puerta, y confío en que aún me haya de abrir muchas más en el futuro. El segundo lugar de esta lista debe ser para la profesora Adela Alija, quien me reclutó para la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija. Su compañerismo, su liderazgo, su ejemplaridad personal, su capacidad de trabajo y su profesionalidad sólo palidecerían si se los comparara con su amabilidad, su franqueza, su disposición a ayudar, su compañerismo, su simpatía y el calor de su amistad. Quiero hacer también una mención especial al profesor Antonio Moreno Juste. Como autoridad de referencia en la historia del europeísmo español ha sido una guía y una fuente de inspiración constante. Como profesor, amigo y compañero ha sido un pilar en el que he descansado todos estos años. Junto con ellos, no puedo dejar de referirme a mis compañeros del Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) de la Universidad Complutense de Madrid, con quienes he compartido tantos buenos ratos trabajando sobre la política exterior de la transición: Vanessa Núñez (mi ex vecina, que salvó mi vida unas cuantas veces, entre otros favores menores), Carlos Sanz (a quien conozco desde hace sólo un cuarto de siglo, lustro arriba, lustro abajo), Miguel Íñiguez Campos Schumy (que me ha echado un valioso cable con algunos de los trámites finales para la entrega del manuscrito), Pilar Folguera, José Luis Neila, José Manuel Azcona, Tino Rodao, Matteo Re, Juan Manuel Fernández, Francisco José Rodrigo, Neringa 2 Kalpokaite, David Jorge, Elisabeth Ripoll, José Manuel Sáenz Rotko, José Manuel Morales, José Carlos Aránguez, Ana Gonzales y Mireia Delgado. Muchas personas me han ayudado en la búsqueda de pistas sobre la historia del europeísmo en diversos archivos e instituciones. Una de las mayores satisfacciones que me ha deparado esta Tesis ha sido la de conocer a Carlos María Bru Purón, uno de los veteranos del contubernio de Múnich y de otras aventuras europeístas, y que tuvo a bien compartir conmigo sus recuerdos. No habría llegado muy lejos sin la asistencia del personal del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, de la Fundación Francisco Largo Caballero, de la Fundación 1º de Mayo, de la Biblioteca Nacional, la biblioteca Marqués de Valdecilla, de la del Congreso de los Diputados, del Archivo de Ministerio de Asuntos Exteriores, de las organizaciones profesionales agrarias o de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En Barcelona abusé de la amabilidad de Carlos de Montoliú, quien me dio numerosas pistas sobre el europeísmo catalán, y tuve todo tipo de facilidades para explorar los fondos documentales del Consell Català del Moviment Europeu y el Arxiu Històric Ferran Camps. Mi agradecimiento por la atención recibida en la Fundación Sabino Arana en Bilbao, en el Archivo General de la Universidad de Navarra en Pamplona, en las sedes de Business Europe, del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y en los diversos archivos de las instituciones de la UE en Bruselas, y en el Archivo Histórico de la Unión Europea en Florencia. Gracias a la profesora Pascaline Winand, que me acogió en el Departamento de Historia y Civilización del Instituto Universitario Europeo, y a los otros amigos que he hecho en Italia con ocasión de tantos congresos y encuentros sobre europeísmo, en especial a la profesora Maria Elena Cavallaro. Gracias al profesor Pieter Lagrou por admitirme como visitante en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, y gracias a Víctor Fernández Soriano por los buenos ratos y por su siempre enriquecedora conversación mientras callejeábamos por algún lugar de Bélgica, Italia o España. De vuelta a casa, no puedo dejar de reconocer la inmerecida amistad con que me han obsequiado mis compañeros de la Universidad Antonio de Nebrija y, puesto que no se podrá mencionar a todos, sólo diré que los combates dialécticos con la profesora Gracia Abad (¡con quien en realidad suelo estar de acuerdo en casi todo!) han hecho la vida universitaria mucho más interesante. Gracias también al profesor Alberto Priego 3 por la oportunidad que me ha concedido y la bienvenida que me ha deparado en la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias a mis amigos y a mi familia por el apoyo recibido. Cumplieron con las dos normas más importantes a respetar cuando alguien cercano se enfrenta a una Tesis Doctoral: no preguntar por el tema cuando no hay que hacerlo, y pinchar de vez en cuando para que termine de una buena vez. Mi hermano Mario me ayudó en la fase final a ordenar la bibliografía, y cuando me faltó la salud mi madre se hizo cargo del gobierno de mi casa para que nada me faltara. Con todos tengo una deuda que difícilmente llegaré a saldar. Estas humildes páginas les deben mucho a las personas mencionadas, pero todos los errores que contengan serán únicamente míos. Dedico este trabajo a todos los enfermos de cefalea de Horton. 4 5 ÍNDICE LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 7 RESUMEN 13 ABSTRACT 15 INTRODUCCIÓN 17 1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 47 1.1. La Unión de Centro Democrático: un europeísmo indefinido y pragmático 51 1.2. El Partido Socialista Obrero Español: el giro atlantista y los giros europeístas 68 1.3. Alianza Popular: europeísmo desde la oposición 86 1.4. El Partido Comunista de España: del eurocomunismo a la salida de los euroescépticos 102 1.5. La Europa de los pueblos: el europeísmo en los nacionalismos periféricos 114 2. EL MOVIMIENTO EUROPEO, DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA 127 2.1. El europeísmo durante la dictadura. La Asociación Española de Cooperación Europea y el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el exilio 129 2.1.1. El europeísmo en el exilio. Los primeros años del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 129 2.1.2. El europeísmo en el interior y sus relaciones con el Movimiento Europeo 140 2.1.3. El «contubernio de Múnich» y sus consecuencias 149 2.2. La legalización del Movimiento Europeo en la transición y la adhesión de España a la CEE 161 2.2.1. El Movimiento Europeo en la transición. El traslado del CFEME a Madrid 162 2.2.2. El Movimiento Europeo ante la adhesión de España a la CEE 179 2.3. Los consejos regionales del Movimiento Europeo 196 6 2.3.1. El Movimiento Federalista Vasco y el Consejo Vasco por la Federación Europea 197 2.3.2. El Consell Català del Moviment Europeu y el Patronat Català Pro-Europa 205 3. VIEJAS Y NUEVAS ORGANIZACIONES EUROPEÍSTAS 219 3.1. Europeísmo económico: la Liga Europea de Cooperación Económica 221 3.2. Europeísmo radical: la Unión Europea de Federalistas y las tentativas de constituir una sección en España 235 3.3. Europeísmo juvenil: la Juventud Europea Federalista en España 254 3.4. Europeísmo y feminismo: la Unión de Mujeres por Europa 270 3.5. Europeísmo y municipalismo: El Consejo de Municipalidades y Regiones de Europa 280 3.6. Europeísmo en la prensa: la Asociación de Periodistas Europeos 296 3.7. Europeísmo académico: la Asociación para la Integración Europea y la Sociedad Iberoamericana de Estudios Europeos 303 3.8. Europeísmo docente: la Asociación Europea de Enseñantes 309 4. LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 315 4.1. La defensa de los trabajadores frente a Europa: los sindicatos mayoritarios ante la adhesión a la CEE 317 4.1.1. La Unión General de Trabajadores 319 4.1.2. Comisiones Obreras 339 4.1.3. Sindicalismo en Europa: los sindicatos españoles ante la Confederación Europea de Sindicatos 351 4.2. Un actor especialmente sensible: las organizaciones profesionales agrarias 367 4.3. «No a cualquier precio»: la patronal ante la adhesión a la CEE 389 4.3.1. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales 389 4.3.2. Otras asociaciones empresariales 409 CONCLUSIONES 417 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 431 APÉNDICE DOCUMENTAL 469 7 LISTADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS ACCME Archivo del Consell Català del Moviment Europeu ACESE Archivo del Comité Económico y Social Europeo ACFEME Archivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo ACL Acción Ciudadana Liberal ACMUE Archivo del Consejo de Ministros de la Unión Europea ACNP Asociación Católica Nacional de Propagandistas AECE Asociación Española de Cooperación Europea AEDE Asociación Europea de Enseñantes AEF Acción Europea Federalista AGUN Archivo General de la Universidad de Navarra AHFC Arxiu Històric Ferran Camps AHNV Archivo Histórico del Nacionalismo Vasco AHPCE Archivo Histórico del Partido Comunista de España AHT Archivo de Historia del Trabajo AHUE Archivo Histórico de la Unión Europea AICCE Associazione Italiana per il Consiglio di Comune d’Europa (Asociación Italiana para el Consejo de Municipalidades de Europa) AIE Asociación para la Integración Europea AMAE Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores AME Asociación de Mujeres por Europa ANV Acción Nacionalista Vasca AP Alianza Popular APCE Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa APE Asociación de Periodistas Europeos ARDE Acción Republicana Democrática Española ASAJA Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASEME Asociación Española de Mujeres Empresarias ASEUE Archivo de la Secretaría de Estado para la Unión Europea CBI Confederation of British Industries (Confederación de Industrias Británicas) CCAE Confederación de Cooperativas Agrarias de España 8 CCE Conseil des Communes de l’Europe (Consejo de Municipalidades de Europa) CCME Consell Català del Moviment Europeu CCOO Comisiones Obreras CCRE Conseil des Communes et des Regions de l’Europa (Consejo de Municipalidades y Regiones de Europa) CD Coalición Democrática CDC Convergència Democràtica de Catalunya CECA Comunidad Económica del Carbón y del Acero CED Comunidad Europea de Defensa CEDI Centro Europeo de Documentación e Información CEE Comunidad Económica Europea CEHI Centre d’Estudis Històrics Internacionals CELECE Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales CES Confederación Europea de Sindicatos CESE Comité Económico y Social Europeo CESL Confederación Europea de Sindicatos Libres CFEME Consejo Federal Español del Movimiento Europeo CIA Comité Interasociativo Agrario CIFE Consejo de Federaciones Industriales de Europa CIFME Comisión Internacional Femenina del Movimiento Europeo CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres CiU Convergència i Unió CMT Confederación Mundial del Trabajo CNAG Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos CNJA Centro Nacional de Jóvenes Agricultores CNPF Conseil National du Patronat Français (Consejo Nacional del Patronato Francés) CNT Confederación Nacional del Trabajo COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COGECA Comité General de Cooperativismo Agrario en la Comunidad Europea CONCA Confederación Nacional de Cámaras Agrarias 9 COPA Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad Europea COPEF Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del Suroeste de Francia y Norte y Este de España CPCCI Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio y de Industria de las Comunidades Europeas CSCCINE Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España CVFE Consejo Vasco por la Federación Europea DECO Delegación Exterior de Comisiones Obreras DGB Deutscher Gewerskschaftsbund (Federación Alemana de Sindicatos) EA Eusko Alkartasuna EBB Euskadi Buru Batzar EF Euskomedia Fundazioa EFA European Federation of Agricultural Workers (Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas de la Comunidad) EFTA European Free Trade Association (Área Europea de Libre Comercio) ELA-STV Eusko Langileen Alkartasuna – Solidaridad de los Trabajadores Vascos ERC Esquerra Republicana de Catalunya FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEM Federación Española de Municipios FEMP Federación Española de Municipios y Provincias FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria FGTB Fédération Général du Travail de Belgique (Federación General del Trabajo de Bélgica) FLC Fundación Francisco Largo Caballero FSM Federación Sindical Mundial GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) GODSA Gabinete de Orientación y Documentación Sociedad Anónima IISH International Institute of Social History (Instituto Internacional de Historia Social) JEF Juventud Europea Federalista 10 LECE Liga Europea de Cooperación Económica MEI Movimiento Europeo Internacional MEU Movimiento Europa Unida MFE Movimiento Federalista Europeo MFV Movimiento Federalista Vasco MPR Mouvement Républicain Populaire (Movimiento Republicano Popular) MSEUE Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa NEI Nuevos Equipos Internacionales OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECE Organización Europea de Cooperación Económica OFME Organisation Française du Mouvement Européen (Organización Francesa del Movimiento Europeo ONU Organización de las Naciones Unidas OPA organización profesional agraria ORT Organización Revolucionaria de Trabajadores OTAN Organización para el Tratado del Atlántico Norte PAC Política Agrícola Común PAD Partido de Acción Democrática PC Partido Comunista PCE Partido Comunista de España PCUS Partido Comunista de la Unión Soviética PDP Partido Demócrata Popular PNV Partido Nacionalista Vasco POUM Partido Obrero de Unificación Marxista PSA Partido Socialista de Andalucía PSC Partit dels Socialistes de Catalunya PSI Partido Socialista Independiente PSOE Partido Socialista Obrero Español PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya PUAP Partido Unido de Alianza Popular RFA República Federal Alemana RPR Rassemblement Pour la République (Unión por la República) SEEEE Sociedad de Estudios Económicos Españoles y Europeos 11 SEU Sindicato Español Universitario SIAESA Sociedad Iberoamericana de Estudios Europeos, Sociedad Anónima UCAE Unión de Cooperativas Agrarias de España UCD Unión de Centro Democrático UDC Unió Democràtica de Catalunya UDME Unión Democrática de Mujeres por Europa UEF Unión Europea de Federalistas UFADE Unión de Federaciones Agrarias de España UFCE Unión Federal de Comunidades Étnicas Europeas UGT Unión General de Trabajadores UME Unión de Mujeres por Europa UNACO Unión Nacional de Cooperativas UNICE Unión de Industrias de la Comunidad Europea UPA Unión de Pequeños Agricultores UPE Unión Parlamentaria Europea USO Unión Sindical Obrera UTECO unión territorial de cooperativas 12 13 RESUMEN La investigación que aquí presentamos se propone contribuir al estudio de la dimensión internacional de la transición política española, profundizando en la incidencia de la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) en el debate político y social en el país entre 1975 y 1985. Se pretende indagar sobre el significado de Europa para una serie de actores representativos de la sociedad civil, describir y explicar sus estados de opinión sobre la adhesión a la CEE, identificando sus rasgos comunes y los aspectos diferenciados en cada caso, y analizarlos a la luz de la historia de las relaciones entre España y el proceso de construcción europea desde el franquismo. Nuestro trabajo se ocupa, en concreto, de los discursos y posiciones en torno al proyecto de integración europea y la participación de España en el mismo por parte de los principales partidos políticos, tanto de ámbito nacional como regional; las asociaciones europeístas, cuya historia recorremos señalando su papel como aglutinadoras de la oposición democrática durante la dictadura franquista, y una selección de los interlocutores sociales: sindicatos, patronal y organizaciones profesionales agrarias. Para cada uno de estos grupos describimos sus opiniones y visiones de la integración europea, su posición en relación con la adhesión española, su participación en el conjunto del proceso y las prioridades defendidas durante las negociaciones de adhesión a la CEE La investigación se basa en documentación de archivo de los partidos políticos, en los casos en los que está accesible; de asociaciones europeístas, principalmente de Madrid, Cataluña y el País Vasco, y de los propios interlocutores sociales, destacando en este sentido los fondos proporcionados por los archivos de los sindicatos. También nos valemos de transcripciones de debates parlamentarios, prensa general, prensa propia de las instituciones estudiadas, documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores, documentación de las instituciones de las Comunidades Europeas, de organizaciones europeístas internacionales, memorias y testimonios orales. Nuestro principal objetivo ha sido señalar cómo el debate público español sobre la CEE adoleció de ciertas debilidades asociadas al significado que Europa había acumulado como referente de modernización, democracia y normalización de las relaciones exteriores durante la dictadura franquista. Ello habría favorecido que durante 14 la transición todas las fuerzas políticas y sociales relevantes se declararan europeístas pero manifestaran un escaso sentido crítico hacia las implicaciones de la adhesión a la CEE. Los aspectos económicos y técnicos relacionados con la adhesión, que sí preocuparon a algunos interlocutores sociales, no estuvieron por lo general en el eje del debate político, y las posiciones de estos interlocutores no influyeron significativamente en el curso de las relaciones hispano-comunitarias. En cuanto a las asociaciones europeístas, con la restauración de la democracia asumieron un nuevo rol tratando de impulsar la divulgación y la concienciación social en torno a la integración europea. Nuestro trabajo prueba que el principal significado de Europa y el europeísmo durante la transición española fue de carácter simbólico, como trasunto de la deseada normalización y modernización del país tras la experiencia de la dictadura franquista. En esta valoración coincidieron, en términos generales los partidos políticos y los interlocutores sociales, y ello dificultó que se produjera un debate en profundidad sobre la política europea. 15 ABSTRACT The research we present aims at contributing to the study of the international dimension of the Spanish political transition by focusing on the influence of accession to the European Economic Community (EEC) in the political and social debate of the country between 1975 and 1985. Our purposes are to investigate the meaning Europe held for a series of societal actors and to describe and explain the stakes such actors adopted regarding accession to the EEC. We also aim at identifying common and specific features in public discourses on Europe and to analyse them in the light of the history of relations between the European integration process and Spain since Franco regime. More concretely, our work deals with public discourses and stakes regarding the European integration project and the participation of Spain in it by the main political parties —both from national and regional scope—; pro-European associations — whose histories we trace back as they drew together the democratic opposition during the dictatorship—; and a selection of social actors: trade unions, employers organisations and agricultural organisations. We describe opinions and visions on European integration from each of these groups, their positions regarding Spanish adhesion, their participation in the whole of the process and the priorities they held during the negotiations for the Spanish accession to the EEC. Research is based on documents held by the archives of political parties —when available—; pro-European associations —mainly in Madrid, Catalonia and the Basque Country— and the social actors, especially from the trade unions’ archives. We also use minutes of parliamentary debates, generalist press, publications from the above mentioned institutions, documents from the Ministry of Foreign Affairs, from the institutions of the European Communities, from pro-European international organisations, memories and oral testimonies. Our main goal has been to show how the Spanish public debate on the EEC was flawed by the meaning Europe had received as a referent of modernisation, democracy and normalisation of foreign relations during the dictatorship, as it is suggested by the fact that during the transition all of the relevant political and social forces declared themselves pro-European in spite of lacking a real critical approach to the implications 16 of the country’s accession to the EEC. Stakes held by some social actors, more concerned about economic and technical issues, did not exert a clear influence in the development of the Spain-EEC relations. As to the pro-European associations, once democracy was restored they assumed a new role at the spreading of social awareness about European integration. Our work proves that the meaning of Europe and Europeanism during the Spanish transition was essentially symbolic, as a reflection of the normalisation and modernisation the country had longed for after the experience of Franco dictatorship. Political parties and social actors generally shared this perception, which hindered a real debate on European policy. 17 INTRODUCCIÓN 18 19 Siempre he encontrado la palabra Europa en boca de aquellos políticos que pedían de otras potencias algo que no se atrevían a pedir en su propio nombre. Otto von Bismarck, 18761. Para los españoles nacidos en el último cuarto del siglo XX, Europa es un referente insoslayable de nuestra identidad política. La extensión y la complejidad de las competencias asumidas por la Unión Europea y su influencia sobre los más diversos asuntos nacionales hacen que no se pueda prescindir del marco europeo al formular cualquier propuesta o alternativa política. Existen en nuestros días graves debates en torno al funcionamiento de las instituciones de la Unión, sobre el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria, sobre su política de seguridad, sus relaciones exteriores o la admisión de nuevos miembros, y en esos debates participamos —en mayor o menor medida; con opiniones mejor o peor informadas— los ciudadanos de todos los Estados miembros. En no pocas ocasiones, la cuestionable actuación de los órganos de Bruselas (y Fráncfort) incita a la reivindicación de otra Europa posible, y las situaciones de crisis económica alimentan el descontento con la Unión y el surgimiento de planteamientos nacionalistas y antieuropeos. Aunque esto último es más bien raro en España. Desde nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea, nuestro país se ha situado tradicionalmente entre los que manifiestan un mayor grado de satisfacción hacia la participación en el proyecto de integración europea, siendo predominante entre los ciudadanos la creencia de que tal participación ha supuesto más (muchos más) beneficios que inconvenientes2. Es posible que la crisis económica iniciada en 2007 haya dado lugar a un cambio de coyuntura en este sentido, al quedar afectada la imagen de la Unión en varios países mediterráneos, entre ellos España, como la responsable última de las políticas de recortes sociales, y al evidenciarse más que nunca la pérdida de soberanía económica padecida por los 1 Cit. en WILSON, Kevin; VAN DER DUSSEN, Jan (eds.), The history of the idea of Europe, Londres, Routledge, 1995, p. 55. 2 El Eurobarómetro, estudio de opinión realizado semestralmente por los servicios de la Comisión Europea, ha mostrado en España tasas de satisfacción con la pertenencia a la UE que tradicionalmente han oscilado entre el 65% y el 75%, por encima de la media comunitaria. 20 Estados europeos. Pero todavía sería precipitado sacar conclusiones al respecto, al menos para los historiadores, siempre necesitados de una perspectiva más amplia, que sólo el paso de los años podrá concedernos, para llegar a conocer, interpretar y comprender los cambios que las opiniones y percepciones colectivas sobre Europa y la integración europea pudieran estar sufriendo en nuestro tiempo. Lo que, por el contrario, no nos resulta ignoto, sino que más bien es un motivo recurrente en nuestra mirada al pasado más o menos reciente, es que el europeísmo y la relación con Europa —no ya la relación política con las potencias europeas, sino la propia reflexión en torno al hecho de ser europeos y las implicaciones de ello— han marcado la Historia de España del siglo XX (y con diferentes sentidos, también de siglos anteriores), ya sea en el plano político, económico, cultural, intelectual o religioso3. Parecería que el devenir histórico del país haya estado secuenciado por las dinámicas de aproximación, imitación, homologación, exclusión o marginación con Europa. O con una cierta imagen de Europa, sensiblemente sesgada y asociada casi siempre a los países económicamente más avanzados de la mitad occidental del continente. El franquismo y la transición democrática no habrían supuesto, en este sentido, una excepción; antes al contrario, fueron épocas en que Europa y lo europeo estuvieron cargados de significado para los Gobiernos, los partidos políticos, la sociedad civil y la opinión pública en general. El discurso dominante en la historiografía dicta que la superación de la dictadura a través de un proceso mayormente pacífico y consensuado permitió la plena inserción y la normalización de las relaciones de España con Europa, siendo la adhesión a la CEE la máxima expresión de la superación (¿definitiva?) de los atávicos complejos hispánicos respecto de nuestra condición de europeos. A tal punto es así, que en los años setenta y ochenta proliferó en España el uso y abuso del lexema Europ- para su adscripción, normalmente cargada de valor positivo, a los productos más inverosímiles. Algunas residencias de ancianos pasaron a denominarse euro-residencias; los muebles se compraban en Euromueble; una famosa marca de bebidas creó la eurocola4… Al fin, el ensalzamiento popular de lo europeo sería 3 Resulta del máximo interés el recorrido histórico que propone al respecto MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, El europeísmo. Un reto permanente para España, Madrid, Cátedra, 2015. 4 En 1977, un artículo de opinión aparecido en ABC en torno a la deriva eurocomunista de los partidos comunistas de Europa occidental, que pretendían hacer ver que habían roto sus ligaduras con la Unión Soviética, decía: «El prefijo euro, aplicado a distintos nombres, era una conocida realidad publicitaria, que vendía bien. Ya existían los nombres de Euroatom [sic], eurodólar, eurovisión. Y, en el mercado corriente, 21 satirizado por el grupo teatral Els Joglars en el programa televisivo Ya semos europeos, a cuyos gags y parodias (sobre las instituciones y partidos de la España democrática, sobre la apertura del país al mundo, sobre la preparación de los fastos de 1992…) subyacía la revelación de que, bajo la apariencia de modernidad europea recientemente adquirida, el país había cambiado en realidad mucho menos de lo que se pensaba. La principal razón de ser del trabajo que aquí presentamos es indagar en torno a los modos en que lo europeo fue percibido por diversos grupos representativos de la sociedad española en el contexto de la adhesión a la Comunidad Europea. Desde un punto de vista académico, ese propósito se inserta en el abordaje que en las últimas décadas la historiografía y la ciencia política han venido realizando de la dimensión exterior de la transición democrática española. Los estudios al respecto se han orientado, por un lado, hacia la influencia sobre el proceso español de los actores internacionales — Estados, organizaciones intergubernamentales, actores privados, etc.— y, por otro, a los cambios en la formulación y ejecución de la acción exterior por parte del Estado español como consecuencia de su cambio político. En el caso que nos ocupa, integraremos ambas perspectivas al tratar de la presencia, el peso y la influencia de Europa como concepto, el europeísmo como ideal y la adhesión a la Comunidad Económica Europea como proyecto político en el debate público de la España de la transición, y para ello nos ceñiremos a la participación en ese debate de tres categorías o grupos especialmente significados en el mismo: los partidos políticos, las asociaciones europeístas y los principales interlocutores sociales en términos socioeconómicos. Tradicionalmente, el estudio de la influencia de los contextos internacionales sobre las transiciones democráticas ha estado más en manos de la ciencia política que de la historiografía5. En la producción académica española sobre los aspectos internacionales de nuestra transición es frecuente encontrar el relato de una serie de hitos presentados como refrendo internacional y consecuencia lógica e inevitable del éxito de la democratización: integración en el Consejo de Europa, normalización de las relaciones con los países de Europa central y oriental, entrada en la OTAN, sucesivas reformas de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos, adhesión a la CEE, apertura de relaciones con Israel, renovación de las estructuras de la acción exterior... mientras que euromueble, euroocasión, eurotransporte, etcétera. Todo el que quería añadir a su producto un signo de bondad lo europrefijaba». GÓMEZ PÉREZ, Rafael, «Eurocomunismo y semántica», ABC, 21-9-1977. 5 Véase, por ejemplo, WHITEHEAD, Lawrence (ed.), The International Dimension of Democratization, Oxford, Oxford University Press, 1996; PRIDHAM, Geoffrey (ed.), Encouraging Democracy. The International Context of Regime Transition in Southern Europe, Leicester, Leicester University Press, 1991. 22 la cuestión de las influencias recibidas y, sobre todo —por interesarnos más aquí—, el modo en que determinados elementos del contexto internacional (léase la aspiración a integrarse en la CEE) operaron sobre los actores interiores, fueron en un primer momento descuidados6. En 2001 Juan Carlos Pereira mostró cuán parco había sido hasta entonces el interés de los historiadores por la vertiente internacional de la transición, no pareciendo haberse alzado ninguna voz contra la idea, ampliamente extendida, de que el contexto internacional, aun siendo en términos generales favorable a la democratización, no ejerció ninguna influencia considerable sobre la misma7. Sólo cuestiones como sido la correspondencia cronológica entre transición interior y exterior8, y el mayor o menor grado de continuidad de la política exterior de la democracia respecto de la del tardofranquismo9, habían merecido alguna discusión. Investigaciones más recientes parecen conducir, por contra, a una mejor valoración de la dimensión internacional de la transición, llamando la atención sobre el papel 6 Cfr. ARMERO, José Mario, Política exterior de España en democracia, Madrid, Espasa-Calpe, 1989. STORY, Jonathan, «Redefinición de las relaciones exteriores de España», en GILLESPIE, Richard; RODRIGO, Fernando; STORY, Jonathan (eds.), Las relaciones exteriores de la España democrática, Madrid, Alianza, 1995, pp. 53-76. MARTÍNEZ LILLO, Pedro Antonio, «Consenso y política exterior en la transición española», en TUSELL, Javier; SOTO, Álvaro (eds.), Historia de la transición, 1975-1986, Madrid, Alianza, 1996, pp. 159-181, y «La política exterior en la transición y la democracia (1976-1996)» en SOTO, Álvaro et al., Historia de la España actual: 1939-1996. Autoritarismo y democracia, Barcelona, Marcial Pons, 1998, pp. 317-336. Se puede considerar una excepción el debate político mantenido durante toda la primera mitad de la década de los ochenta en relación con la incorporación de España a la OTAN, que supone, además, para la mayoría de los autores, el único capítulo de nuestra política exterior para el que no sería aplicable la categoría del consenso supuestamente alcanzado sobre el resto de materias. Véase DEL VAL CID, Consuelo, Opinión pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la OTAN, Madrid, CIS, 1996. 7 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos, «Transición y política exterior. El nuevo reto de la historiografía española», Ayer, nº 42 (2001), pp. 97-123. Del mismo autor, «El factor internacional en la transición española: la influencia del contexto internacional y el papel de las potencias centrales», Studia Histórica, nº 22 (2004), pp. 185-224, y «La Constitución española y la política exterior: del autoritarismo a la democratización de la política exterior», en La Constitución española y la acción exterior del Estado, Madrid, Escuela Diplomática, 2004, pp. 84-103. 8 Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, parece ya consolidada la adopción del año 1986 como punto de conclusión del proceso de transición, que da paso al subsiguiente estadio de consolidación. Véase PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos; LEMUS, Encarnación, «Transición y política exterior (1975- 1986)», en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (coord.), La política exterior de España (1800-2003), Madrid, Ariel, 2003, pp. 517-538. 9 Francisco Aldecoa plantea que la política exterior posterior a 1975 habría seguido las mismas líneas básicas que habían sido asentadas durante el período de Fernando María Castiella al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores (1957-1969). Cfr. ALDECOA, Francisco, «La transición y la redefinición de la política exterior española», en CALDUCH CERVERA, Rafael (ed.), La política exterior española en el siglo XX, Madrid, Ediciones de las Ciencias Sociales, 1994, pp. 157-168, y «La política exterior de España en perspectiva histórica, 1945-1983», Sistema, nº 63 (1984), pp. 111-131. Otros autores, como Roberto Mesa o Celestino del Arenal, han visto la etapa de Castiella como de mero ajuste respecto del período precedente, y para ellos el verdadero cambio se habría producido a partir de 1976 (ARENAL, Celestino del, «La posición exterior de España», en COTARELO, Ramón (comp.), Transición Política y Consolidación Democrática. España (1975-1986), Madrid, CIS, 1992, pp. 389-428; MESA, Roberto, «La normalización exterior de España», ibíd., pp. 137-160). Puede verse una síntesis del debate en POWELL, Charles T., «Cambio de régimen y política exterior, España 1975-1995», en TUSELL, Javier; PARDO, Rosa; AVILÉS, Juan (eds.), La política exterior de España en el siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva / UNED, 2000. pp. 413-453. 23 desempeñado desde otros países por Gobiernos, instituciones multinacionales, organizaciones transnacionales de partidos y fundaciones políticas, entre otros10. El creciente interés en el ámbito de las Relaciones Internacionales por el papel de los actores no estatales, como los grupos de presión socioeconómica o la propia opinión pública, se ha traducido, para el caso que nos ocupa, en la publicación de estudios sobre la acción exterior de los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones patronales11, si bien esos trabajos se han centrado prioritariamente en la etapa del franquismo, y más en las relaciones exteriores establecidas por estos grupos que por su papel como sujetos de discusión en torno a la política exterior del Estado. En el ámbito europeo, también las organizaciones europeístas han recibido atención en los últimos años, en un intento por poner de relieve el valor de la sociedad civil como actor histórico de la integración europea12. La aproximación historiográfica a todas estas cuestiones no ha sido ajena, en todo caso, al viraje crítico que en los últimos años ha experimentado el relato europeo, cada vez menos imbuido de la visión del proyecto europeo como un éxito garantizado, y más interesado en identificar e interpretar correctamente las fallas y debilidades de la construcción de la Europa integrada, un 10 Fueron pioneros los trabajos de POWELL, Charles T., «La dimensión exterior de la transición española», Afers Internationals, nº 26 (1994), pp. 37-64, e «International Aspects of Democratisation: The Case of Spain», en WHITEHEAD, L. (ed.), The International Dimensions... op. cit., pp. 285-314. Véase, por ejemplo, sobre el caso del PSOE, ORTUÑO ANAYA, Pilar, Los socialistas europeos y la transición española (1959-1977), Madrid, Marcial Pons, 2005. Un poco anteriores son SÁNCHEZ CERVELLÓ, José, La revolución portuguesa y su influencia en la transición española (1971-1976), Madrid, Nerea, 1995, y LEMUS, Encarnación, En Hamelin... La Transición española más allá de la frontera, Oviedo, Septiembre, 2001. Por destacar algunos de los trabajos más recientes, citaremos los dos números monográficos dedicados recientemente por la Revue d’histoire diplomatique: La transition démocratique en Espagne: le facteur international, nº 2014/1 y nº 2014/2, coordinados por Juan Carlos Pereira. Además, MARTÍN GARCÍA, Óscar José, y ORTIZ HERAS, Manuel (coords.), Claves internacionales en la transición española, Madrid, Los libros de la catarata, 2010; POWELL, Charles T. y JIMÉNEZ, Juan Carlos (eds.), Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española, Madrid, Sílex, 2007; POWELL, Charles T., El amigo americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia, Madrid, Galaxia Gutemberg / Círculo de Lectores, 2011; LEMUS, Encarnación, Estados Unidos y la Transición española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde, Madrid, Sílex, 2011; MUÑOZ SÁNCHEZ, Antonio, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, Barcelona, RBA, 2012. 11 DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, María Eugenia, Actitudes y estrategias de las Cámaras de Comercio ante el MCE, 1957-1977, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1995; AROCA MOHEDANO, Manuela, Internacionalismo en la historia reciente de la UGT, 1971-1986. Del tardofranquismo a la estabilización de la democracia, Madrid, Cinca, 2011; MORENO PRECIADOS, Juan, Sindicatos sin fronteras. La Confederación Europea de Sindicatos (1973-1999) y la afiliación de CC.OO., Madrid, Ediciones GPS, 1999; 12 Destaquemos, por el momento, las obras colectivas PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1964. Atti del convegno internazionale, Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, Milano, Jaca, 1992; PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1954-1969, Pavía, Università di Pavia, 1996; y LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, todas ellas sobre las historias de diversas organizaciones europeístas internacionales. Más adelante se citarán específicamente trabajos monográficos sobre las organizaciones de las que nos ocupemos con más detalle. 24 viraje que en el caso de España ha empezado a desafiar la asociación, firmemente asentada en la conciencia colectiva, entre Europa y modernización13. En cualquier caso, no parece ser objeto de controversia la afirmación de que la integración de España en la Comunidad Europea constituyó uno de los hitos fundamentales de la transición española. Antes bien, por varias razones, entre las que cabe citar su valor de superación de un secular complejo de marginalidad, tal integración ha sido interpretada como el hecho más significante de la historia reciente de nuestro país14. Es lugar común en la bibliografía, igualmente, el afirmar que durante la transición se dio un amplio acuerdo entre la clase política, los sectores económicos implicados y la opinión pública a favor del ingreso en la CEE, así como una concepción compartida del papel que correspondía a la naciente democracia española en el proceso de construcción europea15. Numerosos autores entienden, en este sentido, que la adhesión de España a la CEE se convirtió en uno de los elementos de consenso político sobre los que la propia transición pudo ser edificada, como lo vendría a demostrar el apoyo unánime de los partidos del arco parlamentario a la solicitud de adhesión, presentada en julio de 197716. El consenso europeísta ha sido explicado en función de la añeja autopercepción de los españoles como un país atrasado respecto a Europa en términos de desarrollo económico y científico, imagen consolidada por los años de relativa exclusión internacional bajo la dictadura franquista17. Así, para Antonio Moreno «el unanimismo 13 Son fundamentales a este respecto las aportaciones de MORENO JUSTE, Antonio, «Europa en la transición: cambio y permanencia en la perspectiva europea de España», Revista Universitaria Europea, nº 4 (2004), pp. 97-130; «El fin del relato europeo. La crisis del proceso de integración y su impacto sobre las narrativas europeas», Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 45 (mayo / agosto 2013), pp. 607-630; «El relato europeo de España: el impacto de la crisis del proceso de integración sobre las relaciones España-Europa», Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales, nº 38 (diciembre 2011), pp. 63-86; «El proceso de construcción europea y las relaciones España-Europa», Circunstancia, nº 25 (mayo 2011); «Proyecto europeo, espacio público e historia de la integración europea. Notas para un debate», Ayer, nº 77 (2010), pp. 21-54. MORENO JUSTE, Antonio, y LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Les communautés européennes et la politique extérieure espagnole dans le contexte de la transition démocratique», Revue d’histoir ediplomatique, 2014/2, pp. 141-156. 14 POLLACK, Benny, The Paradox of Spanish Foreign Policy. Spain’s International Relations from Franco to Democracy, Londres, Print Publishers, 1987, p. 129. 15 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «El heterogéneo europeísmo español durante la Transición», en QUIROSA- CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (coord.) II Congreso Internacional Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador. Comunicaciones, Almería, Universidad de Almería, 2005 [edición en CD]. 16 CLOSA, Carlos; HEYWOOD, Paul M., Spain and the European Union, Houndmills, Palgrave, 2004, p. 15. Véase, asimismo, GOOCH, Alan, «El lenguaje político español», Revista de Estudios Políticos, nº 52 (1986), pp. 137-152. 17 SAMANIEGO BONEU, Mercedes, «La Spagna e l’integrazione europea», en LANDUYT, Ariane (ed.), L’Unione Europea tra riflessione storica e prospettive politiche e sociali, Siena, Protagon Editori Toscani, 2000, pp. 177- 192. GAY ARMENTEROS, Juan, «L’entrée de l’Espagne dans la Communauté Européenne», en 25 europeísta se debe relacionar con la recuperación del discurso orteguiano de “España como problema y Europa como solución”», en unos años en los que «la Comunidad Europea fue vista [...] como solución a los problemas históricos de España: democracia, modernización y proyección internacional»18. Juan Carlos Pereira ha descrito las diversas corrientes europeístas que confluían en el franquismo: desde un europeísmo meramente cultural, carente de una vertiente política, hasta la identificación entre Europa y democracia proyectada por la oposición al régimen, pasando por los intereses de modernización económica, que necesariamente requerían una mayor apertura a los mercados europeos19. La aproximación de la dictadura a la CEE en los años sesenta se explicaría como un intento de asegurar su propia perpetuación por medio de la homologación económica con nuestro entorno, intento que quedaría frustrado ante la cerrazón comunitaria a los regímenes no democráticos, y que se plasmaría en la ausencia de contenido estrictamente político en el acuerdo comercial de 197020. Durante la transición, la Europa comunitaria se alzaría como el espejo en el que reflejar el nuevo régimen que se pretendía edificar, y del que se habían de extraer los LANDUYT, Ariane; PASQUINUCCI, Daniele (eds.), Gli allargamenti della CEE, 1961-1964, Bolonia, Il Mulino, 2005, pp. 303-325. 18 MORENO JUSTE, Antonio, «Del “problema de España” a la “España europeizada”: excepcionalidad y normalización en la posición de España en Europa», en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos (coord.), La política exterior de España (1800-2003), Madrid, Ariel, 2003, pp. 295-317. 19 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos, «Europeización de España / Españolización de Europa: el dilema histórico resuelto», Documentación Social, nº 111 (abril-junio 1998), pp. 39-58, y «La crisis de la política exterior franquista y el inicio del cambio político (1973-1986)», en QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 353-367. Sobre las relaciones entre el franquismo y el proceso de construcción europea, véanse también MORENO JUSTE, Antonio, Franquismo y construcción europea (1951-1962). Anhelo, necesidad y realidad de la aproximación a Europa, Madrid, Tecnos, 1998; LAPORTE, María Teresa, La política europea del régimen de Franco, 1957-1962, Pamplona, EUNSA, 1992; GUIRAO, Fernando, Spain and the reconstruction of Western Europe, 1945-1957, Londres, Macmillan, 1998. SENANTE BERENDES, Heidy Cristina, España ante la integración europea (1962-1967): el largo proceso para la apertura de negociaciones, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002, y «La Europa de los años 60 y la política española ante la CEE», en FORNER, Salvador (ed.), Coyuntura internacional y política española (1898-2004), Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, pp. 141-157; ZARATIEGUI, Jesús M., Una Europa para dos Españas. Primeros pasos hacia la integración (1957-1963), Pamplona, EUNSA, 2010, y Europa, de entrada, no (1963-1968), Pamplona, EUNSA, 2014; TROUVÉ, Matthieu, L’Espagne et l’Europe. De la dictature de Franco à l’Union européenne, Bruselas, Peter Lang, 2008; PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos; MORENO JUSTE, Antonio, «Spain: in the centre or on the periphery of Europe?», en COSTA PINTO, António; SEVERIANO TEIXEIRA, Nuno (eds.), Southern Europe and the Making of the European Union, New York, Columbia University Press, 2002, pp. 41-80; FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato, Historia de la Unión Europea. España como Estado miembro, Collado Villalba, Delta, 2010, pp. 264-287. 20 ARROYO ILERA, Fernando, El reto de Europa: España en la CEE, Madrid, Síntesis, 1990, p. 30. Sobre el acuerdo comercial, véase BARCIA, Camilo, El Acuerdo España-Mercado Común, Madrid, Asociación para el Progreso de la Dirección, 1970. TAMAMES, Ramón, Acuerdo preferencial CEE / España y preferencias generalizadas: un ensayo cuantitativo sobre las relaciones económicas internacionales de España, Barcelona, Dopesa, 1972. GÁMIR, Luis, Las preferencias efectivas del Mercado Común a España: España, el Mercado Común y el ingreso de Inglaterra, Madrid, Moneda y Crédito, 1972. 26 principios arquitectónicos para elevarlo21. Causa y a la vez consecuencia del consenso interno, Europa habría operado como factor aglutinante de la clase política para la vuelta a la democracia, alcanzando en este momento «su punto máximo como modelo y mito en la formación del sistema de convivencia democrática de los españoles»22. Así, tras la celebración de las primeras elecciones, la CEE se situó como uno de los objetivos prioritarios para el Gobierno de la UCD, en una política en la que, con matices, estarían de acuerdo las principales fuerzas de la oposición y los agentes sociales23. Sin embargo, al repasar los argumentos que sostienen este europeísmo, supuestamente unánime, constatamos la preeminencia de consideraciones de carácter histórico-cultural (José María Beneyto señala que ha sido la cultura, por encima del desarrollo económico, social o científico, la que ha estado en el eje central de las preocupaciones de los autores españoles del siglo XX sobre la necesidad de la europeización24) sobre de las de tipo económico o estratégico, o la sencilla aceptación de que resulte más eficiente la gestión de determinados recursos por una entidad política supranacional. El deseo de superar el aislacionismo de la dictadura sería también, según varios autores, uno de los pilares de esta voluntad de integración25. En relación con todo esto, es interesante consultar las encuestas que el Instituto de la Opinión Pública y su sucesor, el Centro de Investigaciones Sociológicas, llevaron a cabo en relación con la adhesión de España a la CEE entre 1975 y 1985, y que, aparte de unos resultados siempre abrumadoramente favorables a la adhesión, arrojan algunos datos curiosos. Por ejemplo, en diciembre de 1979 un 9% de los encuestados estaba de acuerdo con la entrada de España en el Mercado Común «aunque haya que pagar un alto precio», y un 59% «siempre que sea en condiciones justas», mientras que sólo un 4% se declaraba en 21 PRIDHAM, Geoffrey, «European integration and democratic consolidation in southern Europe», en COSTA PINTO, António; SEVERIANO TEIXEIRA, Nuno (eds.), Southern Europe and the Making of the European Union, New York, Columbia University Press, 2002, pp. 183-207. VIÑAS, Ángel, «Claves de la política exterior española: Del Franquismo a la democracia», en FORNER, Salvador (ed.), Coyuntura internacional y política española (1898-2004), Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, pp. 159-176. 22 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos; MORENO JUSTE, Antonio, «España ante el proceso de integración europea desde una perspectiva histórica. Panorama historiográfico y líneas de investigación», Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. IX (1991), pp. 129-152. 23 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo M.; PÉREZ SÁNCHEZ, Guillermo Á., La Unión Europea y España, Madrid, Actas, 2002, p. 99. 24 BENEYTO, José María Tragedia y razón. Europa en el pensamiento español del siglo XX, Madrid, Taurus, 1999, p. 311. 25 DÍEZ-NICOLÁS, Juan, «Spaniards’ Long March Towards Europe», en ROYO, Sebastian; MANUEL, Peter Samuel (eds.), Spain and Portugal in the European Union. The first fifteen years, Londres, Frank Cass, 2003, pp. 119-146. DÍEZ MEDRANO, Juan, Framing Europe. Attitudes to European Integration in Germany, Spain and the United Kingdom, Princeton, Princeton University Press, 2003, pp. 159-178. 27 contra. La mayoría creía que las consecuencias de la adhesión serían beneficiosas en cuanto a venta de productos agrícolas (48% frente a 6%), venta de productos industriales (33% frente a 14%), ventajas para los trabajadores (44% frente a 4%), movilidad de capitales e inversiones (37% frente a 4%), o participación en las grandes decisiones a nivel europeo (41% frente a 3%). Sin embargo, preguntados sobre si se consideraban «bien informados sobre las ventajas e inconvenientes de ingresar en el mercado común», sólo un 17% respondía afirmativamente, frente al 68% que lo hacía en sentido negativo. En marzo de 1980, otra encuesta, que concluía la existencia de un 13% de españoles «muy partidarios» de la entrada en el CEE, un 43% «bastante», un 9% «poco» y un 4% «nada», señalaba que sólo un 1% se consideraba «muy informado» al respecto, un 14% «bastante», un 46% «poco» y un 28% «nada». En marzo de 1983, cuando la pregunta se refería más específicamente al interés personal de los encuestados por el problema del ingreso de España en el Mercado Común, el 8% respondía tener «mucho», el 30% «bastante», el 22% «poco» y el 20% «nada»26. A la vista de estos datos, no es sorprendente que algunos sociólogos (Belén Barrero, Ignacio Sánchez Cuenca) hayan detectado rasgos contradictorios en la opinión pública española sobre la CEE/UE, por ejemplo al apoyar al mismo tiempo la integración económica europea como principio abstracto y el proteccionismo aduanero nacional27, o que hayan coexistido la valoración positiva de la construcción europea y el recelo ante la adopción de decisiones en el ámbito supranacional, como ha probado el sociólogo Félix Moral28. Por su parte, Inmaculada Szmolka demostró que el grado de aprobación o incluso de entusiasmo popular hacia la Unión Europea no se veía mermado por el desconocimiento generalizado del funcionamiento de sus instituciones29. De todo lo dicho se colige —varios autores lo han hecho— que Europa jugó en la transición e inicios del régimen democrático (de hecho, desde bastante antes), un papel 26 «La opinión pública española ante la Comunidad Económica Europea, 1968-1985», Revista de Investigaciones Sociológicas, nº 29 (1985), pp. 289-396. 27 BARREIRO, Belén; SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio, «La europeización de la opinión pública española», en CLOSA, Carlos (ed.), La europeización del sistema político español, Madrid, Istmo, 2001, pp. 29-51. 28 MORAL, Félix, La opinión pública española ante Europa y los europeos, Madrid, CIS, 1989, pp. 93-94. 29 SZMOLKA, Inmaculada, Opiniones y actitudes de los españoles ante el proceso de integración europea, Madrid, CIS, 1999, p. 131. Sobre los rasgos característicos de la opinión pública española ante la CEE antes y después de la adhesión, véase también MAGONE, José M., «Attitudes of southern European citizens towards European integration: before and after accession, 1974-2000», en COSTA PINTO, António; SEVERIANO TEIXEIRA, Nuno (eds.), Southern Europe and the Making of the European Union, New York, Columbia University Press, 2002, pp. 209-236 y RUIZ JIMÉNEZ, Antonia María, «Representations of Europe and the Nation: How do Spaniards see themselves as Nationals and Europeans?», Jean Monnet / Robert Schumann Paper Series, vol. 4, nº 13 (octubre 2004). 28 eminentemente simbólico, capaz de aglutinar voluntades diferentes y a menudo opuestas entre sí30. Los estudios dirigidos por Pablo Jáuregui sobre la cuestión concluyeron que el europeísmo español de la transición se cifraba sobre todo en la aspiración a que España se hiciera merecedora ante el resto del continente, mediante el cumplimiento de ciertas condiciones morales y políticas, de su condición de país europeo, homologable con nuestros vecinos y reconocido por ellos como tal31. Como ha escrito Donatella Montalto, la solución Europa, más allá de favorecer intereses económicos concretos, satisfacía también en el plano psicológico, porque la integración significaría para el español «sentirse igual al alemán o al francés»32. Desde este punto de vista, el espacio comunitario no sería concebido, por lo tanto, como lugar de encuentro con otras naciones de trayectorias históricas paralelas a la nuestra y en el que participar en la construcción de una nueva entidad política, sino como un club elitista por cuya aceptación suspirábamos, sin considerar, en principio, las aportaciones que como miembro pudiéramos realizar33. En todo caso, Europa podía ser vista como un negocio, en el sentido de que se preveía la obtención de beneficios tangibles —y, sobre todo, no tangibles— sólo por el hecho de integrarse en ella, aun cuando no se supiera con mucha precisión qué beneficios habrían de ser esos. Se suponía, en cualquier caso, que la entrada en Europa sería buena de por sí y, más que como un medio, se la concebía como un fin en sí misma, asociándola a la idea de bienestar34. Es notoria la ausencia en estos planteamientos de consideraciones en torno a los modos en que la adhesión a la CEE habría de afectar a determinados sectores económicos, aquellos más directamente concernidos por las políticas sometidas a competencias comunitarias, y a la participación de los representantes de esos sectores en el debate público en torno a la adhesión. Generalmente la historiografía ha pasado por alto el papel de esos intereses sectoriales, o ha considerado que su papel en el debate fue 30 Cuestión que hemos desarrollado en LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Europe as a Symbol: The Struggle for Democracy and the Meaning of European Integration in Post-Franco Spain», Journal of Contemporary European Research, vol. 10/1 (2014), pp. 74-89. 31 JÁUREGUI, Pablo, «Spain : ‘Europe’ as a symbol of modernity, democracy, and renewed international prestige», en STRÅTH, Bo; TRIANDA FYLLIDOU, Arianna (eds.), Representations of Europe and the nation in current and prospective member states media, elites and civil society. The Collective State of the Art and Historical Reports, Luxemburgo, Office for Official Publications of the European Communities, 2003, pp. 285-319. 32 MONTALTO CESSI, Donnatella, «Il lungo percorso della Spagna verso l’Europa», Spagna Contemporanea, nº 5 (1994), pp. 145-156. 33 ÁLVAREZ SAAVEDRA, Reinerio, «La idea europea y la transición política española», en La integración europea y la transición política en España, Madrid, FAES, 2003, pp. 161-174. 34 POWELL, Charles T., «España en Europa: de 1945 a nuestros días», Ayer, nº 49 (2003), pp. 81-119. 29 escasamente relevante, porque de hecho tal debate apenas si llegó a darse35. Matthieu Trouvé ha señalado, en este sentido, que el consenso europeísta de la transición —el consenso a la española, en sus palabras— estuvo limitado por la dimensión «casi mítica» de que gozaba lo europeo en el imaginario colectivo, que impidió prácticamente toda discusión real en el seno de la sociedad y banalizó, en consecuencia, toda la cuestión europea36. Por lo que se refiere a los partidos, supuestos portavoces de las inquietudes políticas de la ciudadanía en el régimen constitucional, la unanimidad de su apoyo a la adhesión constituyó una novedad en la historia de las ampliaciones de la Comunidad Europea. Sin ir más lejos, en Portugal y Grecia, países que encararon su adhesión en fechas próximas, se dio oposición de los socialistas (que en el caso portugués cambiaron de postura en 1976) y los comunistas37. Según Berta Álvarez-Miranda, el consenso europeísta español habría respondido a tres ingredientes específicos de la historia y la situación del país en esos momentos. En primer lugar, habría existido en España una convicción, extendida a todo lo amplio del espectro político, de que las consecuencias económicas de la integración serían ventajosas, gracias a una mayor homogeneidad estructural y una mejor preparación para adaptarse a la competencia comunitaria38. En segundo lugar, la entrada en la Comunidad habría representado un poderoso contrafuerte para la democracia frente a la amenaza de involución golpista, al 35 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos; MORENO JUSTE, Antonio, «Il movimento per l’unità europea e il processo di consolidamento democratico in Spagna (1975-1986)», en LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (eds.), I movimenti per l’unità europea, 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 337-362. 36 TROUVÉ, Matthieu, «La diplomatie espagnole face à l’Europe», en DUMOULIN, Michel; VENTURA DÍAZ, Antonio (eds.), Portugal y España en la Europa del siglo XX, [s. l.], Fundación Académica de Yuste, 2005, pp. 177-200. 37 Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, se desplazó a Bruselas para presentar oficialmente la solicitud de adhesión española a la CEE, el líder del Partido Socialista de Andalucía, Alejandro Rojas Marcos, también viajó a la capital comunitaria para comunicarle personalmente al presidente de la Comisión, Roy Jenkins, su desacuerdo con tal medida. Con todo, el PSA (que en la legislatura constituyente no había obtenido representación parlamentaria) no tardaría en declararse, pese a ciertas reticencias, a favor de la entrada de España en la CEE. 38 Entre los trabajos que han enfatizado el componente económico del europeísmo español, BOIX, Carles, «Managing the Spanish Economy within Europe», en FEATHERSTONE, Kevin; KAZAMIAS, George (eds.), Europeanization and the Southern Periphery, Londres, Frank Cass, 2001, pp. 167-190; TOVIAS, Alfred, «The Southern European economies and European Integration», en COSTA PINTO, António; SEVERIANO TEIXEIRA, Nuno (eds.), Southern Europe and the Making of the European Union, New York, Columbia University Press, 2002, pp. 159-181; FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato, «España en la Unión Europea. Antecedentes, negociaciones y consecuencias económicas de la integración», en DÍAZ GIJÓN, José R. et al., Historia de la España actual, 1939-1996. Autoritarismo y democracia, Madrid, Marcial Pons, 1996, pp. 383- 425; GARCÍA DELGADO, José Luis, «Economía e incorporación a la Comunidad Europea. Balance de un decenio crucial: logros y limitaciones de la economía española desde el final del franquismo hasta la incorporación a la Comunidad Europea», en TUSELL, Javier; SOTO CARMONA, Álvaro (eds.), Historia de la Transición (1975-1986), Madrid, Alianza, 1986, pp. 236-251; SAMANIEGO BONEU, Mercedes, «Prospettiva storica dell’integrazione ispano-comunitaria: un gioco di interessi politici ed economici», en LANDUYT, Ariane (a cura di), Idee d’Europa e integrazione europea, Bolonia, Il Mulino, 2004, pp. 343-393. 30 exigir la moderación de los programas electorales de los partidos de izquierda. A ello habría contribuido el apoyo a los partidos españoles de sus homólogos europeos, destacando la relación del SPD alemán con el PSOE. Por último, la entrada en la CEE habría sido igualmente entendida desde todas las tendencias como la superación del aislamiento internacional del franquismo, experiencia que no habían atravesado, al menos con esta intensidad y por tan larga duración, las otras dos recientes democracias del Mediterráneo39. Miguel Ángel Quintanilla ha cuestionado esta explicación tras examinar el discurso europeo de las principales fuerzas del país a lo largo de la etapa democrática. En relación con el primer aspecto señalado por Álvarez-Miranda, niega Quintanilla que existiera tal unanimidad en cuanto a las consecuencias en el plano económico, y cita, en este sentido, la obra programática de Fernando Morán, Una política exterior para España, escrita en 1980, en la que el que sería ministro de Asuntos Exteriores socialista mostraba su incertidumbre al respecto, habida cuenta de la gran cantidad de variables implicadas40. Además, el programa económico del PCE entraría en franca colisión con el modelo económico comunitario. En cuanto al segundo punto, señala Quintanilla en primer lugar que las intentonas golpistas sí se produjeron a lo largo de la transición, sin que el proceso abierto con la CEE supusiera un impedimento para ellas, y en segundo lugar que no es cierto que los partidos de izquierda renunciaran a sus programas por las perspectivas de adhesión a la CEE, sino que, muy al contrario, defendieron una visión socialista de la integración europea. Por último, en cuanto a la reválida de democratización y aceptación internacional que supondría la entrada en la CEE, responde Quintanilla que tales logros ya habían sido alcanzados, en cuanto a su contenido simbólico, con la adhesión de España al Consejo de Europa en noviembre de 197741. Por su parte, Michael P. Marks ha planteado cómo las posiciones de los líderes políticos —principalmente los del PSOE— en relación con la CEE fueron evolucionando a medida que la adhesión se aproximaba y aumentaba su conocimiento de 39 ÁLVAREZ-MIRANDA, Berta, El sur de Europa y la adhesión a la Comunidad. Los debates políticos, Madrid, CIS, 1996. 40 MORÁN, Fernando, Una política exterior para España, Barcelona, Planeta, 1980 p. 325. 41 QUINTANILLA NAVARRO, Miguel Ángel, La integración europea y el sistema político español: Los partidos políticos españoles ante el proceso de integración europea, 1979-1999, Madrid, Congreso de los Diputados, 2001, pp. 45- 56. 31 todo lo que ésta implicaba42. Tal conocimiento se debe entender como socialización de prácticas y nociones propias de los foros comunitarios, que habrían afectado, por ejemplo, a la percepción por los socialistas de la Alianza Atlántica, la cual a mediados de los años ochenta dejó de ser contemplada como la institución que permitía la hegemonía estadounidense sobre Europa occidental, pasando a ser vista como la garantía la supervivencia de occidente frente a la potencial amenaza soviética. Serían éstos los «arcanos del poder» de los que habla Roberto Mesa, cuyo descubrimiento por parte de los dirigentes socialistas después de 1982, junto con la inevitabilidad de asumir ciertas hipotecas ya pactadas, forzaron el giro de las opciones exteriores propuestas por este partido43. En este sentido interpreta Marks el hecho de que antes de su llegada al poder el PSOE defendiera simultáneamente la entrada en el Mercado Común —que exigiría un proceso de liberalización económica interna— y un aumento del control del Estado sobre la economía. Según Marks, antes de la victoria electoral y de las responsabilidades de Gobierno el europeísmo del PSOE habría estado compuesto de ideas vagas y algo románticas, como la de hacer de Europa un contrapoder frente a Estados Unidos. Más que parte de un programa político definido, Europa habría sido por entonces un ideal44. Quintanilla aduce, en cambio, la tesis de que la unanimidad europeísta no fue resultado de un consenso ni de una adaptación ideológica de los partidos, puesto que, según él, ni se dio una negociación entre éstos para llegar a una concepción común del europeísmo compartida por todos, ni se produjo una verdadera renuncia a los objetivos a largo plazo propios de la estrategia europea de cada uno de ellos. Por el contrario, Quintanilla pone el acento en la existencia en el espectro político español de concepciones diversas de la integración europea, incluso enfrentadas entre sí, pero cuya actualización pasaba en todos los casos por la participación en las Comunidades. En este sentido, el europeísmo sería comparable con una calle por la que transitan numerosos vehículos en el mismo sentido, pero con destinos diferentes45. Así, los partidos conservadores habrían vislumbrado en la CEE una garantía del respeto al libre mercado ante la emergencia de una izquierda de tintes aún radicales; en la UCD el 42 MARKS, Michael P., The Formation of European Policy in Post-Franco Spain. The Role of Ideas, Interests and Knowledge, Avebury, Ashgate Publishing, 1997. 43 MESA, Roberto, Democracia y política exterior en España, Madrid, EUDEMA, 1988, p. 174. 44 MARKS, M. P., The Formation... op. cit., p. 28. 45 QUINTANILLA NAVARRO, Miguel Ángel, El misterio del europeísmo español. Enjambres y avisperos, Madrid, Síntesis, 2005, p. 103. 32 europeísmo habría obedecido a la influencia de la democracia cristiana europea; para socialistas y comunistas, la CEE sería un símbolo de democracia y libertades; mientras que para regionalistas y nacionalistas se trataría de un nuevo foro en el que poder propagar sus concepciones del Estado y defender los intereses de sus territorios46. Sólo el paso del tiempo habría venido a mostrar con claridad esta disparidad de rutas, permitiendo que surgieran progresivamente los desacuerdos parlamentarios, ejemplificados en la oposición de Izquierda Unida a los Tratados de Maastricht y Ámsterdam y a la Constitución Europea y, más recientemente, en la aparición sobre la escena política de nuevas formaciones de izquierda con un remozado discurso crítico hacia la Unión Europea47. Son varias, en definitiva, las interpretaciones que se han dado del europeísmo de la transición, como numerosas son también las preguntas que podemos aún plantearnos y cuya solución podría arrojar más luz en torno al significado y al uso de lo europeo en estos años. Nuestro trabajo no pretende, por supuesto, resolver definitivamente la controversia en torno a cuáles fueron las motivaciones últimas del estado de opinión abrumadoramente pro-europeo de la España de la transición, pero sí aproximarse a algunos aspectos concretos del debate público en torno a Europa —hasta donde tal debate existió—, identificando a sus actores colectivos e individuales, las posiciones mantenidas por cada uno de ellos y la evolución de esas posiciones en correlación con la de las propias relaciones hispano-comunitarias, marcadas por las negociaciones de adhesión. En este sentido, podemos concretar los objetivos de esta investigación en: —Describir e interpretar las concepciones del proceso de integración europea de una serie de actores colectivos representativos de la sociedad civil —partidos políticos y 46 Así lo entiende también CRESPO MACLENNAN, Julio, España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 208-214. La tesis de la coincidencia frente al consenso es atractiva. Ya en 1979, en unas jornadas de la UCD sobre la adhesión a la CEE, el secretario general adjunto del Gobierno para las relaciones con las Comunidades Europeas, Luis Merlo, lanzó el aviso de que «esa unanimidad [...] puede irse resquebrajando para dar paso, a medida que vaya avanzando el proceso, a una clara confrontación de intereses, puesto que los partidos hasta ahora no han sido conscientes de los efectos que puede tener la negociación de adhesión», en SÁNCHEZ MERLO, Luis, «Recíprocas exigencias de cambio», en España en Europa: Aspectos políticos, económicos y sociales de la integración en la CEE, Madrid, Unión Editorial, 1980, pp. 119-134. Con todo, la idea de la coincidencia admite otras interpretaciones. Vid. LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Spanish Political Parties and the Accession to the European Community. Consensus or Coincidence?», en PREDA, Daniela; PASQUINUCCI, Daniele (eds.), Consensus and European Integration. An Historical Perspective, Bruselas, Peter Lang, 2012, pp. 181-195. 47 Similar a la de Quintanilla es la interpretación de AVILÉS, Juan, «España y la integración europea: partidos y opinión pública, 1977-2004», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Hª Contemporánea, t. 16 (2004), pp. 409-423. 33 organizaciones sindicales y patronales—, en relación con sus planteamientos ideológicos o programáticos con carácter general. —Reconstruir la historia de las asociaciones europeístas españolas, tanto aquellas cuya existencia se remontaba a los años de la dictadura como las surgidas durante la transición, al objeto de analizar y explicar la evolución de sus principios, planteamientos y motivaciones y su papel en la divulgación y la promoción del debate público sobre las cuestiones europeas. —Exponer y analizar las posiciones de cada uno de estos grupos en relación con la adhesión de España a la CEE y, en los casos que se presten a ello, indagar en los debates y controversias que se produjeran en el seno de los mismos. —Examinar el modo en que partidos, interlocutores sociales y asociaciones europeístas actuaron en la defensa de sus visiones ideológicas y, sobre todo, en la protección de sus intereses específicos en las relaciones hispano-comunitarias, de manera especial cuando intereses sectoriales particularmente sensibles se vieron afectados por las negociaciones de adhesión. —Describir e interpretar la forma en que estas organizaciones presentaron ante la opinión pública sus planteamientos, opiniones y reivindicaciones relativas a las Comunidades Europeas, y observar si las consideraciones en torno al europeísmo o su disposición favorable a la entrada de España en la CEE llevaron en algún caso a forzar o alterar sus programas ideológicos en relación con otras cuestiones. —Analizar, en definitiva, la relevancia y la trascendencia de los discursos europeístas en la transición, cómo evolucionaron en diferentes ámbitos los significados de Europa y lo europeo y qué uso se hizo de ellos. Justifiquemos brevemente la elección y delimitación del marco cronológico explícito en nuestro título: 1975-1985. Como es natural, una investigación de estas características no podrá someterse de forma estricta, cuando se trate de seleccionar fuentes o evocar opiniones de los actores que son objeto de nuestro estudio, a una horquilla de fechas determinada. Las percepciones colectivas y la elaboración y utilización de conceptos en el discurso público no son procesos que habitualmente se circunscriban a lapsos cronológicos de fronteras inamovibles. Será imprescindible, en este sentido —y lo haremos con frecuencia—, que nos retrotraigamos a acontecimientos de la etapa franquista para comprender los comportamientos de partidos y organizaciones en relación con Europa durante la transición. Del mismo 34 modo, en algún caso (pero esto será más raro) veremos que los procesos descritos en los años 1975-1985 ofrecen una mejor comprensión haciendo referencia a hechos posteriores. En cualquier caso, ante la necesidad de acotar un marco cronológico de referencia hemos optado por establecer su inicio en 1975, año en el que, como consecuencia de la muerte del dictador, comienza a vislumbrarse la posibilidad real de la adhesión de España a la CEE, ante la que los distintos actores sociales han de posicionarse (aun cuando todavía pasaría algún tiempo hasta que la situación política española permitiera siquiera plantear la solicitud), y por poner su final en 1985, año en el que concluye este proceso con la firma del Tratado de adhesión (con abstracción de que la entrada de España en la CEE se hiciera efectiva el 1 de enero de 1986). Desde un punto de vista metodológico, esta investigación se inserta, como se ha dicho, en el estudio de la historia de la política exterior española —en la medida en que consideramos el debate público de los actores sociales una parte importante del proceso de elaboración de la política exterior48—, pero también en la historia de la integración europea, que, como también se ha anunciado, ha ido incrementando en los últimos años su interés hacia los procesos de debate público y los estados de opinión49, y de manera especial hacia los debates de ámbito nacional en relación con los procesos de ampliación50. En nuestro caso, eludiremos en la medida de lo posible entretenernos en el relato de los hechos y procesos políticos y económicos de las relaciones hispano- comunitarias, si bien no podremos evitar dar ocasionalmente algunos detalles en relación con algunos aspectos técnicos de los capítulos negociados en torno a los que los actores sociales manifestaron sus posiciones e inquietudes. Nos remitiremos, en 48 Nos atenemos en este sentido a CALDUCH CERVERA, Rafael, Dinámica de la sociedad internacional, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1993, pp. 1-44 y «La política exterior de los Estados», en PEREIRA, Juan Carlos (coord.), La política exterior de España. De 1800 hasta hoy, Barcelona, Ariel, 2010, pp. 37-60. 49 Véase un muestrario de trabajos de muy variado espectro en relación con la cuestión en PREDA, D.; PASQUINUCCI, D. (dirs.), Consensus… op. cit. Son interesantes asimismo las reflexiones que proponen MAGNETTE, Paul, «European Governance and Civic Participation. Beyond Elitist Citizenship?», Political Studies, nº 51 (2003), pp. 144-160, y SMISMANS, Stijn, «European Civil Society: Shaped by Discourses and Institutional Interests», European Law Journal, nº 9/4 (2003), pp. 473-495. Algunas de ellas tuvimos ocasión de discutirlas gracias a la participación en un seminario sobre el papel de la sociedad civil en los procesos de la ampliación de la CEE, celebrado en el Instituto Universitario Europeo de Fiesole en el curso 2006/2007. Véase también la aportación colectiva del equipo de los profesores Pereira y Moreno Juste, MORENO JUSTE, Antonio; PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos; NEILA HERNÁNDEZ, José Luis; SANZ DÍAZ, Carlos; LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Construcción europea y conformación del espacio público europeo», Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. extraordinario (2007), pp. 215-228. 50 Por ceñirnos a los casos cronológicamente más cercanos al español, el portugués y el griego, citaremos los trabajos de KARAMOUZI, Eirini, Greece, the EEC and the Cold War, 1974-1979. The Second Enlargement, Houndmills, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2014 y CUNHA, Alice, À Descoberta da Europa. A adesão de Portugal às Comunidades Europeias, Lisboa, Instituto Diplomático, 2007. 35 todo caso, a los trabajos de otros autores que han abordado de manera más específica los aspectos nucleares de las negociaciones entre España y la CEE en estos años51, y cotejaremos por nuestra parte esta realidad con las posiciones y opiniones de los actores que hemos seleccionado, acudiendo para ello principalmente a: —El discurso de los partidos (y de determinados individuos en el seno de éstos), a partir de documentación interna, declaraciones programáticas, debates parlamentarios, publicaciones, documentación derivada de sus relaciones con otros partidos de ámbito europeo o con instituciones comunitarias, etc. —La acción de las organizaciones europeístas. Recorreremos su historia desde su creación, su participación en actividades de la oposición democrática durante la dictadura; su legalización durante la transición y su papel en la España democrática. Nos basaremos en su documentación interna, en las memorias de sus miembros y dirigentes, en su correspondencia con instancias públicas y privadas, en testimonios personales y en el rastro que sus actividades dejaran en la prensa, al objeto de observar la repercusión social de éstas y su incidencia, en definitiva, en el conjunto del debate público sobre Europa. —Respecto de los interlocutores sociales (en nuestro caso, sindicatos, patronal y organizaciones profesionales agrarias, éstas últimas incorporadas no tanto en función de su representatividad o influencia social sino por ser un actor especialmente sensibilizado por los efectos de la adhesión a la CEE), describiremos y explicaremos, a partir de la documentación de sus archivos, de sus publicaciones propias, de sus intervenciones en la prensa y de documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las instituciones europeas, sus posiciones ante los principales capítulos de las negociaciones, en el curso de las mismas y ante la firma final del Tratado de adhesión, y el modo en que articularon la defensa de sus intereses sectoriales ante el Gobierno español y ante la CEE. La estructura del texto se adecuará a estos contenidos, habiendo optado por un esquema sincrónico en el que cada capítulo se referirá a uno de estos grandes ámbitos de opinión, y dentro de cada capítulo se estudiará separadamente cada partido u organización comprendida, abarcando la evolución de su discurso sobre en el espacio cronológico aproximado que nos hemos impuesto. Corresponderá, así, un primer 51 Es de destacar al respecto el reciente trabajo de NÚÑEZ PEÑAS, Vanessa, Entre la reforma y la ampliación (1976-1986). Las relaciones hispano-comunitarias en tiempos de transición y approfondissement, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2013. 36 capítulo a los partidos políticos, cuya ubicación al inicio del trabajo nos permitirá aportar una serie de datos e informaciones —al tratar del modo en que los sucesivos Gobiernos afrontaron las relaciones con la CEE— que habrán de ser útiles para una mejor contextualización del comportamiento del resto de organizaciones. Nos ocuparemos seguidamente de las asociaciones europeístas, a las que hemos dividido en dos capítulos: el segundo se referirá a las principales asociaciones existentes ya desde el franquismo en el interior y en el exilio, y de manera destacada al Consejo Federal Español y a los Consejos Vasco y Catalán del Movimiento Europeo, y en el tercero nos referiremos a otras asociaciones, de carácter sectorial en la mayoría de los casos, de escasa implantación normalmente, y en ocasiones de existencia intermitente o cuya creación formal no llegara a hacerse efectiva, que surgieron o fueron propuestas en el contexto de la transición. El cuarto y último capítulo se dedicará específicamente a los principales interlocutores socioeconómicos. Momento es ya de exponer las hipótesis de partida con las que nos aproximamos a esta tarea. Como se ha anticipado, es mucho lo que ya se ha escrito en torno a la política europea de España y al significado histórico de la adhesión a la CEE. Este trabajo no pretende tanto abrir una línea interpretativa enteramente nueva, cuanto someter a prueba algunas de las ya planteadas por otros autores y profundizar en la descripción del comportamiento de ciertos actores, aportando algunas propuestas explicativas respecto de algunos de ellos. En esencia, nuestras hipótesis son las siguientes: —Los discursos políticos de los partidos en torno a Europa —su concepción de la integración europea, el significado y utilidad de la adhesión española— habrían tenido determinados rasgos en común —el más notorio de ellos: la posición a favor de la adhesión—, pero también rasgos específicos y diferenciados en función de sus planteamientos ideológicos. —Por otra parte, las manifestaciones públicas sobre de los partidos sobre la política europea en el período que nos ocupa habrían mostrado asimismo una diferencia de pareceres, en la que habrían incidido, más allá de la ideología, criterios estratégicos de la contienda partidista, y que se habría apoyado en las diversas circunstancias que atravesaron las largas negociaciones de adhesión a la CEE. —Estas diferencias no habrían dado lugar un debate de fondo sobre la política europea, en la medida en que la pertinencia de la adhesión nunca fue seriamente 37 cuestionada, pero sí a debates laterales en torno a la gestión de las negociaciones o la atención de los Gobiernos hacia determinados intereses sectoriales. —Los partidos y otras organizaciones susceptibles de manifestar opiniones políticas tuvieron presente el valor que la opinión pública concedía al europeísmo como significante de progreso y estabilidad democrática a la hora de definirse en torno a la política europea. —En cuanto a las asociaciones de carácter europeísta, aquellas que surgieron durante el franquismo en el ámbito de la oposición democrática, tanto en el interior como en el exilio, se valieron del discurso europeísta principalmente para la denuncia del régimen franquista en medios internacionales y para llamar la atención de la propia población española sobre el hecho de que el régimen político español era el responsable de la exclusión del país del proyecto de integración europea. —Alcanzada la democracia, las asociaciones europeístas deberían enfocar nuevas estrategias para asegurar su supervivencia, lo que las obligaría a establecer nuevas relaciones con la administración y a asumir nuevas funciones ante la ciudadanía y las instituciones europeas. —Entre los interlocutores sociales, el seguimiento de la adhesión a la CEE atendió a su repercusión sobre intereses específicos, en torno a los cuales defendieron sus posiciones ante el Gobierno español y las instituciones europeas. —Dada la multiplicidad de intereses concernidos por la adhesión, en algunos casos se apreciaron beneficios y en otros inconvenientes, tanto de la entrada en la CEE por la aplicación general de las políticas de ésta, como por los términos de la adhesión contenidos en el Tratado. En este sentido, las organizaciones manifestarían posiciones a favor y en contra, concentrándose más en los efectos a corto plazo y abstrayéndose en ocasiones, a diferencia de los partidos, de la consideración global de la adhesión como hito histórico para el país. —Las posturas expresadas en estos debates sectoriales, aun cuando alcanzaran cierta repercusión en los medios públicos, no afectaron significativamente a la percepción ni a la valoración pública de la adhesión a la CEE, no llegaron a influir realmente en el curso de las negociaciones ni modificaron sustantivamente las posiciones de los partidos políticos. Aunque entre los apartados finales de este trabajo no faltará la pertinente relación de fuentes utilizadas, donde se especificarán con detalle los archivos visitados, las 38 entrevistas realizadas y las revistas y fuentes hemerográficas consultadas y se incluirá una recopilación bibliográfica extensa, introduciremos aquí, a título complementario, alguna consideración en torno a la selección, ubicación, situación de conservación y posibilidad de acceso de las fuentes que hemos considerado más relevantes. Una primera reflexión debe referirse al hecho de que, siendo tan amplio y variado el elenco de organizaciones y asociaciones que hemos fijado como objeto de nuestro estudio, el repertorio de fuentes sobre sus actividades es también muy diverso, lo que nos aboca a encontrarnos con situaciones muy dispares en cuanto a la propia existencia de esas fuentes (fundamentalmente de las escritas), y por supuesto en cuanto a su conservación y accesibilidad, y nos obliga, además, a una imprescindible criba no ya de la documentación hallada, sino de los ámbitos en que se va a proceder a su búsqueda. En este sentido, se ha acudido a determinados archivos estatales e internacionales que han aportado información relevante sobre todo el proceso de la adhesión de España a la CEE, con la aparición puntual de documentos relevantes para el estudio de los grupos de opinión, como el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores de España o el Archivo del Consejo de la Unión Europea, si bien en este terreno hay otros centros documentales que probablemente habrían podido resultar asimismo de interés y que, ante la mencionada necesidad de una criba previa, no han sido utilizados (como los archivos de otros ministerios o archivos diplomáticos de otros países). Una parte muy importante de la documentación utilizada (tanto por su peso en el conjunto de la Tesis como por constituir su uso uno de los aspectos más originales de ésta) ha sido obtenida en los archivos que custodian la documentación procedente de las organizaciones europeístas. Una estancia de tres meses en Florencia permitió explorar a fondo el Archivo Histórico de la Unión Europea (AHUE), donde se conservan los fondos documentales del Movimiento Europeo Internacional (MEI), incluyendo los relativos a sus relaciones con diversos grupos españoles, y que por su catalogación, facilidades al público, estado de la documentación, cualificación y profesionalidad del personal, ofrece unas condiciones óptimas para el trabajo de investigación. No es esa la situación, por desgracia, en varios de los centros españoles que albergan documentación sobre europeísmo. Uno de los archivos de más valor sobre el tema en suelo patrio es el del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME), ubicado en la sede de la organización en Madrid. En los años noventa uno 39 de sus fondos, el que contiene la documentación personal de Enric Adroher Gironella, que había sido traída desde Barcelona por las gestiones de Carlos de Montoliú, fue inventariado por el profesor Antonio Moreno Juste. En cuanto al fondo de la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), consta actualmente de un catálogo que en 2009 realizó por encargo del CFEME el autor de esta Tesis Doctoral. A la mayor parte de la documentación restante, referida sobre todo al funcionamiento del CFEME después de su legalización y traslado a Madrid entre 1976 y 1978, la hemos denominado al citarla en nuestro trabajo Fondo Movimiento Europeo, que era la denominación prevista en el proyecto de catalogación que nos encargara en su día el propio CFEME y que finalmente no fue llevado a cabo. Esta documentación, que ha venido siendo utilizada por los historiadores al menos desde que en los años setenta Javier Tusell escribiera su libro La oposición democrática al franquismo, presenta en sus tres fondos lagunas deplorables, y entre los investigadores cunde la certeza (confirmada por varios testimonios directos) de que la falta de medios para la gestión y conservación de la documentación (por carencia de recursos económicos, básicamente) ha permitido la desaparición o el extravío de partes sustanciales de la misma a lo largo de los años. Si miramos la situación de otros archivos similares que nos encontramos en España, tenemos todo tipo de casos. Al igual que el CFEME, el Consell Catalá del Moviment Europeu (CCME) alberga su documentación histórica en una serie de cajas en su sede de Barcelona. La impresión en este caso es la de que su conservación es más aceptable (aun cuando, como en el CFEME, no exista ningún personal encargado de ella ni ninguna política concreta relativa a su gestión y accesibilidad, más allá de permitir amablemente, como hicieron con este autor, trabajar con ella). Un caso admirable es el del Movimiento Europeo vasco, cuya abundante documentación está a disposición de los investigadores en centros altamente preparados y cualificados como la Fundación Sabino Arana o la Euskomedia Fundazioa, en Bilbao (siendo accesibles por internet parte de los fondos de la segunda). Por ilustrar con un ejemplo la situación opuesta, contaremos como anécdota que, con ocasión de una visita a Barcelona, quisimos consultar la documentación histórica del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (CELECE), con sede en esa ciudad desde 1956. Nos constaba la existencia de esa documentación, pues había sido utilizada por dos periodistas para la elaboración de un libro conmemorativo de los cincuenta años del CELECE en 2006. Sucedió que los amables responsables del 40 CELECE no supieron darnos razón del paradero de los fondos, pero sí nos facilitaron el número de teléfono de uno de los autores del libro. Éste nos atendió, también con la máxima cordialidad, y nos indicó que la documentación referida a la época que más nos interesaba —los años setenta y ochenta— obraba en posesión de un industrial catalán, que la tenía apilada en el almacén de una de sus empresas. Al parecer, en cierto momento se había decidido sacar todos esos papeles de las oficinas del CELECE por falta de espacio, y varios miembros de la asociación se habían ofrecido para encontrarle sitio. Pusímonos en contacto con el empresario de marras, quien —también con suma cortesía— hizo memoria y creyó recordar que, en efecto, tenía por algún lugar «unas cajas rojas» con los papeles que andábamos buscando. El hombre decía estar muy atareado en ese momento, pero nos prometió darnos más información al cabo de unos días. Transcurrida una semana, volvimos a llamar y las cajas seguían sin aparecer. Todo parecía indicar que no las habían buscado muy bien. Al cabo de otra semana volvimos a preguntar —siempre por teléfono— pero esta vez ni siquiera conseguimos dar con nuestro interlocutor, que había salido de viaje. Al fin, hubimos de abandonar Barcelona sin haber logrado nuestro objetivo. Ha pasado ya bastante tiempo y seguimos sin conocer qué se hiciera de las cajas rojas ni dónde paren actualmente. Por supuesto, estos ejemplos no agotan la casuística de la documentación sobre el europeísmo; son algunos más los archivos consultados y las situaciones observadas, pero no es menester entretenernos demasiado con esto. Sí quisiéramos dejar constancia aquí, sin embargo, de la necesidad de un esfuerzo por parte de las instituciones públicas para la preservación de la memoria documental del europeísmo español, a tenor de la importancia que —ya lo hemos visto— los autores más conspicuos le conceden en nuestra historia reciente. Tal vez podrían ser las bibliotecas universitarias o los centros de documentación europeos quienes adoptaran iniciativas al respecto52. Respecto de la documentación utilizada para reconstruir el discurso de los partidos políticos, hemos utilizado, como se verá, numerosos materiales publicados —prensa general, prensa de los partidos, memorias y otras publicaciones personales, los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado…— que nos han aportado información sustancial y abundante. En cuanto a la documentación interna de los partidos, la imposibilidad 52 En su día tuvimos ocasión de discutir con Concepció Muñoz, documentalista responsable del Centro de Documentación Europea de la Universitat Autónoma de Barcelona, la pertinencia de reunir y preservar en la medida de lo posible la documentación histórica del europeísmo catalán que se encontrara dispersa y amenazada de desaparición. Aunque la propuesta le pareció atractiva y estimulante, no parece que se tradujera en ninguna iniciativa concreta. 41 completa de acceder a ella en algunos casos (el centro de documentación de AP no ofreció ninguna facilidad para ello) o su dispersión en otros (la UCD carece de un archivo de referencia) nos ha forzado a adaptarnos a esas carencias. En relación con el PSOE, sólo en las semanas finales de la redacción de esta Tesis Doctoral se ha comunicado la puesta a disposición de los investigadores en la Fundación Pablo Iglesias de la documentación relativa a sus órganos ejecutivos para las fechas de nuestro trabajo —y no nos ha sido factible acceder a ella por falta de tiempo—. Algunos papeles se han podido detectar, sin embargo, en la Fundación Francisco Largo Caballero, e incluso en la sede de la calle Ferraz nos facilitaron en su día alguna documentación elemental sobre los congresos del partido. El PCE cuenta con su archivo histórico en la biblioteca histórica Marqués de Valdecilla de Madrid, que hemos consultado; y en Barcelona tuvimos la grata y fructífera experiencia (esta vez sí) de consultar con toda libertad los fondos del Arxiu Històric Ferran Camps (AHFC), archivo histórico de Unió Democràtica de Catalunya. Por lo que se refiere a los interlocutores sociales, comenzaremos señalando que la ya mencionada Fundación Francisco Largo Caballero ha sido uno de los lugares donde más facilidades hemos encontrado para el acopio de documentación, donde las sugerencias de los archiveros han resultado de mayor utilidad, y donde más provechoso ha sido, en definitiva, nuestro trabajo. Sus fondos han resultado fundamentales para trazar las posiciones de la Unión General de Trabajadores sobre la adhesión a la CEE, pero también para conocer las relaciones de los sindicatos españoles con la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Nos habría gustado poder ensalzar en los mismos términos el archivo de Comisiones Obreras, el Archivo Histórico del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo, pero, aunque podemos hacerlo en lo que respecta al buen hacer de sus archiveros y su disposición a ayudar al investigador, no sólo facilitándole materiales sino aportándole sugerencias, hemos topado allí con el problema de que el fondo que más nos había de interesar, el de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CCOO, no está todavía catalogado ni disponible para los investigadores, por lo que hemos tenido que recurrir a otros fondos alternativos, que, bien que mal, nos han conducido hasta donde queríamos llegar. Puesto que hablamos de los sindicatos, merece la pena señalar el gran valor para los estudios de sindicalismo internacional de los fondos custodiados en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. Nuestro interés se ha centrado en los 42 referentes a la CES, aunque éstos distan de agotar las posibilidades que el Instituto ofrece a cualquier historiador de temas sociales y sindicales. La visita realizada al Instituto Sindical Europeo de Bruselas también permitió localizar documentos relevantes. Por desgracia, la patronal da menos facilidades que los sindicatos para la investigación, de modo que, ante la cerrazón de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales a dejarnos ver su archivo, hemos reconstruido sus posiciones sobre la CEE a través de otras fuentes diversas. Tal vez un proyecto más ambicioso, en el que el empresariado no constituyera sólo un epígrafe dentro de un capítulo, sino el objeto mismo de una Tesis Doctoral, hubiera requerido la consulta pormenorizada —si tal cosa fuera posible— de los fondos de cámaras de comercio y asociaciones empresariales menores (Asociación para el Progreso de la Dirección, Círculo de Economía, Círculo de Empresarios…). Pero hemos considerado que no era nuestro caso. Por último, entre las tres organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de ámbito nacional que existen en la actualidad, debemos decir que fuimos recibidos con la mejor cordialidad en todas y cada una de ellas, pero que en dos (la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, ésta última fruto de la fusión del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, CNJA; de la Unión de Federaciones de Agricultores de España, UFADE, y del Centro Nacional de Agricultores y Ganaderos, CNAG) nos dijeron no conservar documentación alguna de sus primeros años de existencia, declaración insólita que tuvimos que dar por cierta. Afortunadamente, para nuestro propósito podemos considerar que los boletines internos de todas estas organizaciones, junto con las aportaciones de otros archivos, como el del Comité Económico y Social Europeo de Bruselas, satisfacen suficientemente nuestras necesidades. En relación con las fuentes orales, hemos efectuado una serie de entrevistas personalizadas, que detallaremos en el apartado correspondiente, con diversos personajes que ocuparon cargos de responsabilidad en varias de las organizaciones y asociaciones estudiadas. A ellas hay que sumar las entrevistas mantenidas desde 2008 con diversos protagonistas de la transición en el marco de los trabajos del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid sobre Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI), en el que hemos participado 43 ininterrumpidamente desde su creación. También nos hemos valido, cuando lo hemos juzgado oportuno, de las transcripciones de entrevistas realizadas por otros investigadores y que están disponibles en archivos, como las realizadas por Pilar Folguera en el proyecto de Historia Oral de la Unión Europea y a cuyos textos se puede acceder (también a través de internet) en el AHUE. No haremos mayores consideraciones en torno al resto de fuentes utilizadas, bibliográficas y hemerográficas, más allá de constatar la gran variedad de obras que nos hemos visto obligados a consultar ante la diversidad de temas y cuestiones que de un modo u otro se insertan en la temática de nuestro trabajo: la historia de la integración europea, la política exterior española, la historia del europeísmo internacional, la oposición antifranquista, el sistema de partidos, la configuración de los grupos de presión socioeconómicos, los sindicatos agrícolas… Como es natural, esta multiplicidad de intereses, referida a una época tan cercana en el tiempo y tan abundante en la producción documental y bibliográfica, nos ha exigido ser selectivos en la consulta de libros y revistas sobre todos estos temas, aunque no por ello deja de resultar, cuando se echa la vista atrás sobre el trabajo realizado, que el listado es tal vez más largo de lo que uno mismo imaginaba. Por lo demás, toda Tesis Doctoral supone siempre un desafío, una aventura y, si se quiere, un viaje iniciático por el mundo académico y por los otros mundos por los que discurre el objeto de la investigación. La realización de este trabajo nos ha permitido integrarnos en varios grupos y proyectos competitivos53 en los que hemos colaborado con algunos de los autores de referencia de la Historia de las Relaciones Internacionales en España. Los resultados parciales que se han ido alcanzando han sido presentados en congresos nacionales e internacionales en Madrid, Almería, Burgos, Génova, Módena, Lucca o Berlín, por citar los más relevantes, donde han sido discutidos por reputados especialistas de diversas universidades europeas. Con el apoyo de la Universidad Complutense de Madrid hemos realizado estancias de investigación en el Departamento de Historia y Civilización del Instituto Universitario Europeo de Fiesole (Italia) y en el 53 El mencionado GHistRI de la Universidad Complutense, el Grupo de Investigación sobre Relaciones Internacionales, Cooperación e Integración en Áreas Regionales (RICINTAR) de la Universidad Antonio de Nebrija, y los proyectos de investigación La transición y consolidación democrática en España y la formulación del modelo de política exterior democrática (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003-2006, BHA2002-01909); Promoción de la democracia y conformación del espacio público europeo. Las Comunidades Europeas ante los procesos de transición política en la Europa del sur: el caso español (1973-1976) (Universidad Complutense de Madrid, 2006, PR/106-14487-B); La influencia del contexto internacional en la Transición española (1976-1986) (Universidad Complutense de Madrid, 2007, PR1-A/07-15379); y La política exterior de España. De la transición a la consolidación democrática (1986-2001) (Ministerio de Economía y Competitividad, 2015-2018, HAR2014-53618-P). 44 Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas. El progreso de la labor investigadora nos ha abierto las puertas a la realización de publicaciones, la impartición de ponencias y la docencia superior en varias universidades. Gracias a este trabajo hemos podido también conocer por dentro el funcionamiento de asociaciones, organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas: se incluyen aquí las asociaciones europeístas, los sindicatos, las organizaciones profesionales agrarias o el Comité Económico y Social Europeo. Hemos entrevistado y tratado de cerca a personalidades relevantes de la España contemporánea, como Carlos María Bru, Raimundo Bassols y varios ministros del período 1975-1986. La participación en foros y discusiones sobre nuestros temas de estudio nos ha permitido intercambiar impresiones con figuras señeras de la historiografía en España y el extranjero, lo que nos ha permitido incorporar sugerencias y afinar interpretaciones no sólo sobre el tema de esta Tesis, sino sobre innumerables cuestiones de la Historia del siglo XX, mejorando nuestra capacitación académica y profesional. Pero quizás el aspecto más relevante y enriquecedor de toda esta tarea sea el haberse aproximado a un tema, el significado de Europa y el europeísmo en la España contemporánea, que consideramos del máximo interés en el momento actual, no ya desde la perspectiva del historiador, sino desde la del ciudadano. Como decíamos al comienzo de esta introducción, ciertas visiones y percepciones tradicionales de Europa se han visto en nuestros días cuestionadas por circunstancias nuevas que invitan a reflexionar en profundidad sobre el sentido y la finalidad de la construcción europea. El debate europeo es hoy en nuestro país más vivo de lo que ha sido en otras épocas, y afecta de modo insoslayable al modelo de sociedad que se aspira a construir, a la viabilidad y la supervivencia de los regímenes de protección social propios del Estado del bienestar europeo, a la capacidad de la Unión para afrontar sus nuevos desafíos a través de la institución y potenciación de políticas comunes, y a la continuidad y durabilidad, en definitiva, del proyecto de una Europa unida y capacitada para responder a las necesidades de sus ciudadanos. En el momento en que se escriben estas líneas, millares de seres humanos, muchos de ellos exiliados de un país árabe en guerra, deambulan por los campos, carreteras y ferrocarriles de Europa central; evitan a la policía y tratan de cruzar las fronteras por pasos descuidados a la búsqueda de abrigo y protección frente a la amenaza de gobiernos autoritarios, organizaciones criminales, mafias de traficantes y ahogamientos 45 en el mar. La respuesta de Europa ante esta crisis puede darnos la medida de la veracidad de los principios sobre los que se ha fundado su construcción política en los últimos sesenta años, y del papel que aspira a ejercer en el mundo. Pero Europa difícilmente puede actuar si no se apoya en una conciencia ciudadana que comprenda el valor y la utilidad de la unión política, de la importancia de que los europeos compartan la soberanía y la responsabilidad de afrontar y resolver situaciones como la actual, del mismo modo que comparten ya —es un hecho innegable, y cada vez lo será más— sus efectos. La cita de Bismarck que encabeza este texto suele interpretarse en un sentido euroescéptico o antieuropeísta. Nuestro propósito al incluirla aquí ha sido el mismo que nos ha guiado en la realización de todo este trabajo: invitar a la reflexión sobre la integración europea; invitar, en último término, a un europeísmo crítico. 46 47 CAPÍTULO 1 LOS PARTIDOS POLÍTICOS 48 49 Dedicaremos este primer capítulo al análisis de las actitudes y posiciones de las principales formaciones políticas españolas en relación con el proceso de adhesión a la CEE, en torno a las cuales la literatura ha establecido, primero, y cuestionado, después, la idea del consenso europeísta en la España de la transición. Sin ánimo de repetir lo ya dicho al respecto en la introducción, abarcaremos el discurso de los partidos más representativos a través de las intervenciones parlamentarias, programas electorales, obras programáticas, publicaciones de partido, prensa y, cuando sea posible, documentación interna. Cotejaremos estos elementos con la evolución de las relaciones hispano-comunitarias y con la del propio escenario político español en un período en el que fueron recurrentes las fusiones y refundaciones de partidos y coaliciones y en el que se vivieron importantes cambios —sobre todo en el año 1982— en el grado de representatividad de unos y otros. Ocasionalmente nuestro análisis deberá superar el marco cronológico fijado en el título de este trabajo, en concreto cuando nos refiramos a partidos preexistentes a la transición y que hubieran desarrollado durante la dictadura una línea de pensamiento y actuación en relación con las Comunidades Europeas. En cualquier caso, el abrumador apoyo del espectro político español a la entrada de España a la CEE a la altura de julio de 1977, cuando fue presentada la solicitud de adhesión, no se podrá entender sin recordar el significado de Europa y la integración europea para la oposición democrática durante el franquismo y durante los primeros años de la transición, del que ya hemos hablado en la introducción de este trabajo. Conviene recordar, en este sentido, que tanto el Parlamento Europeo como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa realizaron entre 1975 y 1977 varios informes y resoluciones sobre la evolución política española, ligando siempre la admisibilidad de España en la CEE al éxito de su transición democrática. La Resolución del Parlamento Europeo del 12 de mayo de 1976, basada en el informe de Maurice Faure, mostraba inquietud por la lentitud de las reformas en cuanto a restablecimiento de libertades individuales, políticas y sindicales, legalización de partidos políticos, amnistía para presos políticos y retorno de los exiliados. El 22 de septiembre de 1976 el Consejo de Europa valoraba positivamente la voluntad del Gobierno de convocar elecciones, pero reprochaba la falta de libertad sindical. Otra resolución del Parlamento Europeo, el 6 de julio de 1977, 50 se congratulaba de la celebración de las elecciones en España y deseaba que este país ocupara «su lugar en Europa» cuanto antes54. El cambio de actitud de la Europa comunitaria hacia España sólo se comprende, por supuesto, a la vista de las diversas medidas de liberalización política adoptadas por el Gobierno de Adolfo Suárez desde el verano de 1976, y de manera muy especial, por lo que nos interesa ahora, por la aprobación de la Ley de la Reforma Política, la legalización de los partidos y la convocatoria de las elecciones de junio de 197755, hechos que permitieron la apertura de una etapa en la que los significados de Europa y lo europeo heredados del período anterior se verían condicionados por las nuevas circunstancias en las relaciones entre España y la Comunidad, y sobre todo por las negociaciones económicas para la adhesión de la primera a la segunda. Ello permitiría que afloraran las diferentes percepciones de Europa por parte de los partidos, pero también que, sobre todo a partir de 1979, cuando comenzaron formalmente las negociaciones de adhesión, la relación España-CEE se convirtiera en materia de debate y enfrentamiento entre los grupos parlamentarios, que en ocasiones intercambiarían duras invectivas al respecto, cerrándose así una fase en la que la voluntad colectiva de ingresar en la CEE no se había enturbiado aún por querellas ni debates internos56. Recorriendo la evolución del discurso político de los partidos a través de diversas fuentes, veremos hasta qué punto las diferentes líneas de pensamiento europeísta que conformaron los partidos fueron coherentes y tuvieron continuidad a lo largo del período estudiado, así como si respondieron a criterios ideológicos estables o dependieron de la coyuntura del debate político interno. Ello nos ayudará a valorar el peso de la CEE y la integración europea en el conjunto del debate político español durante los inicios del régimen democrático y a determinar los grados de cambio y continuidad en los significados de Europa y la integración europea para diferentes sectores de la sociedad española. 54 CRESPO MACLENNAN, Julio, España en Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 159-199. 55 SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio, «El cambio político en la transición española: suicidio institucional y coordinación de las élites franquistas», Seminario de Historia del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político, UNED, Documento de trabajo 2012/01. 56 Maria Elena Cavallaro sitúa en el debate parlamentario del 27 de junio de 1979 el fin del consenso europeísta y la primera evidencia de la existencia de pareceres enfrentados entre los partidos sobre la integración europea: CAVALLARO, Maria Elena, «La integración europea de España: los organismos comunitarios y los debates políticos en las Cortes», en POWELL, Charles T. y JIMÉNEZ, Juan Carlos (eds.), Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española, Madrid, Sílex, 2007, pp. 143-159. Un resumen del debate en GARCÍA, Matías, «Opiniones de los partidos políticos españoles sobre el ingreso de España en las CC.EE.», Revista de Fomento Social, nº 136 (octubre-diciembre 1979), pp. 379-404. 51 1.1. La Unión de Centro Democrático: un europeísmo indefinido y pragmático El 28 de julio de 1977, seis semanas después de las primeras elecciones democráticas, y transcurridas tras tan sólo tres desde la formación del nuevo Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, entregó en Bruselas al presidente en ejercicio del Consejo de Ministros comunitario, el belga Henri Simonet, la solicitud española de adhesión a las Comunidades Europeas57. Posteriormente, tal apresuramiento se justificaría por la necesidad de que la adhesión española no quedara descolgada de la ampliación ya prevista a Grecia y Portugal, países que habían realizado sus solicitudes con cierta antelación58. Una vez restablecida la democracia, las instituciones europeas no podían ya aludir a impedimentos de carácter político que obstaculizaran el afán español de sumarse al Mercado Común, como lo probaba la mencionada resolución del Parlamento Europeo del 6 de julio59. Comenzó entonces un período de espera y de preparación, previo al inicio de las negociaciones de adhesión. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, visitó en los meses siguientes las capitales comunitarias, en apoyo a la petición española. El 20 de septiembre, el Consejo de Ministros de la CEE encargó a la Comisión la elaboración de un dictamen sobre la adhesión de España. El 24 de noviembre, y con el apoyo de todos los partidos parlamentarios, España se convirtió en el vigésimo miembro del Consejo de Europa60. El 10 de febrero de 1978, Leopoldo Calvo-Sotelo fue designado Ministro para las relaciones con la CEE e inmediatamente fue puesta a su disposición una estructura administrativa que, de forma un tanto improvisada, se situó en el palacete de la Trinidad en Madrid61. El 19 de abril, la Comisión Europea aprobó un documento de reflexiones sobre la ampliación a España, Portugal y Grecia, conocido en los medios diplomáticos y periodísticos como el Fresco, que reconocía la obligación moral y política 57 Bulletin des Communautés Européennes, 7-8/1977, p. 6. 58 BASSOLS, Raimundo, España en Europa. Historia de la adhesión a la CE, 1957-85, Madrid, Estudios de Política Exterior, 1995, p. 190. Grecia había presentado su solicitud de adhesión el 12 de junio de 1975, y Portugal el 28 de marzo de 1977. 59 Journal Officiel des Communautés Européennes, C 183 (1-8-77), p. 38. 60 MESSÍA, José Luis, Por palabra de honor. La entrada de España en el Consejo de Europa (24-11-1977) (Un largo recorrido desde el Congreso de Múnich de 1962), Madrid, Parteluz, 1985. MUÑOZ ALEMANY, Emilio, El proceso de integración de España en el Consejo de Europa, Granada, Universidad de Granada, 1989. VIÑAL CASAS, Antonio, «Historia de las negociaciones para el ingreso de España en el Consejo de Europa», Revista de Instituciones Europeas, nº 5 (enero / abril 1978), pp. 93-113. 61 CALVO-SOTELO, Leopoldo, Memoria viva de la transición, Barcelona, Plaza & Janés / Cambio 16, 1990, p. 146. 52 que para la CEE suponía la admisión en su seno de las nuevas democracias mediterráneas, pero también las necesarias transformaciones que ésta implicaría. Proponía períodos de transición para el mutuo desarme arancelario de entre cinco y diez años, y reflexionaba sobre las repercusiones institucionales y sectoriales (sobre todo para la agricultura y la industria) de la ampliación62. El 12 de julio el Consejo Económico y Social de las Comunidades aprobaba su informe preliminar, y el 29 de noviembre la Comisión transmitía al Consejo de Ministros el definitivo Dictamen sobre la adhesión de España, cuyas líneas maestras —menos alentadoras para la posición española que las que se habían dibujado en el Fresco— venían a ser: la necesidad de crear mecanismos que evitasen que, durante el período de aproximación de los precios agrarios, los productos españoles produjesen perturbaciones en los mercados de la Comunidad; la eliminación del desequilibrio existente en el desmantelamiento arancelario entre ambas partes, hasta entonces favorable a España (en virtud del acuerdo comercial hispano-comunitario de 1970); la preocupación por las desigualdades regionales; y el establecimiento de períodos transitorios para el desarme arancelario, la libre circulación de mano de obra, la adopción de la Política Agraria Común y los acuerdos con países terceros, que no fueran más allá de los diez años, si bien el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una de las fuentes del presupuesto comunitario, se debería comenzar a aplicar desde el mismo momento de la adhesión63. El 5 de febrero de 1979 tenía lugar, por fin, la sesión inaugural de las negociaciones. Si el relato de la acción del Gobierno no deja dudas de la clara voluntad de sus dirigentes de avanzar hacia la integración de España en la CEE, queda por ver si la formación política que lo sostenía articuló un discurso propio, coherente y reconocible en relación con la construcción europea, sobre el que se apoyara su gestión ejecutiva. Una mirada a los discursos e intervenciones públicas sobre el tema nos transmite una impresión más bien imprecisa de la idea de Europa y de la construcción europea en la UCD, más allá de la recurrente mención de la voluntad de España de entrar en Europa— y, sobre todo, de su derecho a hacerlo—. Calvo-Sotelo, máximo responsable de los asuntos comunitarios —desde 1978 como ministro, en 1980 como vicepresidente económico y desde febrero de 1981 como presidente del Gobierno— expresaría en varias ocasiones que, de las distintas Europas posibles e imaginadas por los teóricos de 62 Bulletin des Communautés Européennes, Supplément 1/1978, Réflexions d’ensemble; Supplément 2/1978, Période de transition et conséquences institutionelles; Supplément 3/1978, Aspects économiques et sectoriels. 63 Bulletin des Communautés Européennes, Supplément 9/1978: Avis sur la demande d’adhésion d’Espagne. 53 la integración, a él sólo le interesaba entrar «en la que existe»64, y en el primer gran debate parlamentario de la etapa democrática sobre la política europea, en junio de 1979, el ministro se pronunció en contra de una reforma de los Tratados fundamentales de las Comunidades, toda vez que, según su parecer, éstos aún no se habían desarrollado en toda su profundidad65. Este parecer contrastaba, sin embargo, con el de destacados europeístas miembros de la UCD, como el presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda, a la sazón presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Álvarez de Miranda defendía, en la línea de las organizaciones europeístas, una reforma integral de las Comunidades en el sentido propuesto en 1975 por el plan Tindemans, hacia la formación de una unión política, llegando incluso a proponer la creación de una federación europea. Pero también fuera del ámbito del europeísmo institucionalizado —a cuyos discursos se achacaba en ocasiones falta de realismo a corto plazo— encontramos posicionamientos de miembros significados de la UCD a favor de una radical profundización en la integración europea. En este mismo sentido, Javier Rupérez, secretario de relaciones internacionales del partido, afirmó en el citado Pleno de junio de 1979 que UCD defendía la creación de unos Estados Unidos de Europa como estructura política supranacional66. Y sin embargo, en la misma sesión Ignacio Camuñas —presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y más tarde de la Comisión Mixta Cortes Españolas - Parlamento Europeo— afirmó que la UCD no se atenía en realidad a ningún ideal europeísta definido: «Se ha hablado [...] de distintos modelos de Europa: de la Europa de los pueblos, de la Europa de los mercaderes, de la Europa de los trabajadores, de la Europa de las multinacionales. Nosotros, los hombres de Unión de Centro Democrático, nos conformamos de momento con trabajar en favor de una Europa pluralista, libre y democrática»67. Es preciso, desde luego, armarse de toda precaución al tratar de analizar el discurso político de una coalición que, como UCD, más que gozar de una ideología propiamente dicha, albergaba una yuxtaposición de elementos ideológicos aportados por las 64 Así lo dijo en una entrevista publicada en el Diario 16 el 30 de noviembre de 1978, aunque la expresión sería recurrente en sus discursos posteriores. Sobre la concepción pragmática del europeísmo en Calvo- Sotelo, LAFUENTE DEL CANO, Jorge, «Leopoldo Calvo-Sotelo y la tentación económica de Europa», en IBARRA AGUIRREGABIRIA, Alejandra (coordinadora editorial), No es país para jóvenes. Actas del III encuentro de jóvenes investigadores de la AHC, Vitoria, Universidad del País Vasco, 2012 [edición en CD]. 65 Diario de Sesiones del Congreso (DSC), Plenos, 21, I Legislatura (27-6-1979), p. 1048. 66 Ibíd., p. 1082. 67 Ibíd., pp. 1101-1102. 54 respectivas familias que la componían, y donde la inclinación hacia una economía de mercado corregida y socialmente avanzada aparecía como el mínimo común denominador68. Es necesario discernir, además, al menos en lo que se refiere a la política europea, entre las declaraciones programáticas y la gestión de Gobierno, identificando los distintivos rasgos definitorios tanto de ésta como de aquéllas. En general, podemos decir que, de cara al electorado, entre 1977 y 1982 la UCD recurrió a una retórica en la que se destacaba el componente primordialmente político de las Comunidades Europeas y del proyecto de futuro para una España integrada en ellas. En declaraciones al Financial Times Suárez diría que la irrenunciable vocación europeísta de su Gobierno radicaba en que «nos consideramos parte de Europa», siendo la CEE «un punto de partida para la construcción de una Europa unida, en la que firmemente creemos, y de la que no podemos estar ausentes»69. En octubre de 1979 la UCD celebraría en Cuenca un seminario monográfico sobre la adhesión a la CEE en el que, más allá de los aspectos económicos, se destacó su significado político. Daniel de Busturia, asesor de Calvo-Sotelo, señaló en su intervención que «aunque la negociación es fundamentalmente técnica, es preciso situarla dentro de un contexto político [...]. La Comunidad, o el fenómeno de la integración de los países de Europa, es un proyecto inicial y fundamentalmente político, porque se trata de construir un modelo de sociedad occidental»70. También Javier Rupérez insistió en que las Comunidades «tuvieron un origen económico por razones pragmáticas, pero [...] fueron, han sido y seguirán siendo el proyecto de vida en común de unos pueblos que tienen la misma estructura ideológica y las mismas aspiraciones, que tienen los mismos planteamientos culturales y políticos»71. En último término, ésta era la opción que le correspondía a España como consecuencia lógica de su proceso democrático, en la medida en que había sido el carácter autoritario del régimen anterior el que había impedido que España participara en pie de igualdad con el resto de países en el proceso de construcción europea. La 68 HOPKIN, Jonathan, Party Formation and Democratic Transition in Spain, New York, Palgrave, 1999. HUNEEUS, Carlos, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, Madrid, CIS, 1995, pp. 246-253. ORTIZ HERAS, Manuel, «Un partido político para la reforma. La UCD de Adolfo Suárez (1976-1982)», en QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (coord.), Los partidos en la Transición: las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 185-200. 69 Declaraciones al Financial Times el 22 de febrero de 1978, en SUÁREZ, Adolfo, Un nuevo horizonte para España. Discursos del presidente del Gobierno, 1976-1978, Madrid, Presidencia del Gobierno, Servicio Central de Publicaciones, 1978, pp. 175-176. 70 BUSTURIA, Daniel de, «Aproximación general a las Comunidades Europeas», en España en Europa: Aspectos políticos, económicos y sociales de la integración en la CEE, Madrid, Unión Editorial, 1980, pp. 17-29. 71 RUPÉREZ, Javier, «Europa y lo europeo en los propósitos internacionales de la UCD», en España en Europa: Aspectos políticos, económicos y sociales de la integración en la CEE, Madrid, Unión Editorial, 1980, pp. 153- 17. 55 identificación entre consolidación democrática y acceso a las instituciones europeas llevó a Ignacio Camuñas a afirmar en el Congreso que oponerse al ingreso en la CEE sería reaccionario72. El discurso público de la UCD insistiría, por lo tanto, en el valor ideológico de su opción europeísta. Así lo reflejaba la ponencia sobre política exterior aprobada en el primer congreso nacional de UCD en 1978: «En la opción que UCD propone como primordial para la política exterior española, europea occidental y democrática, existe ciertamente una preferencia ideológica, precisamente aquella que cuenta con el mayoritario respaldo del pueblo español [...]. »En esa opción incluye la UCD nuestra integración en las Comunidades Europeas, el mantenimiento de un alto nivel entre las relaciones de España y Portugal, el ingreso de España en la OTAN, una presencia activa en el Consejo de Europa y, finalmente, la remodelación creativa de nuestras relaciones con los países centrales del centro y norte de Europa [...]. »[En cuanto a la adhesión a la CEE,] en los momentos actuales, en que los mecanismos negociadores se han puesto ya en marcha por parte comunitaria y por parte española, UCD quiere recordar el carácter fundamentalmente político de la empresa»73. Para describir la interpretación de UCD del proceso de integración europea y de la política europea de España, será interesante contrastar el mensaje de estos discursos y declaraciones programáticas con la gestión que desde el ejercicio del Gobierno realizó de las relaciones hispano-comunitarias. Según Miguel Ángel Quintanilla, el modelo ideológico de construcción europea de la UCD se basaba en la concepción de las Comunidades como un instrumento para la progresiva integración económica de los Estados —cuyas ventajas vendrían probadas por el desarrollo experimentado desde la década de los cincuenta— pero sin que éstos sacrificaran su soberanía. La adhesión de España al Mercado Común sería necesaria, entonces, por motivos prioritariamente económicos, y debía realizarse paralelamente a una adecuación de la economía española a ese entorno, con la consiguiente transformación de su estructura productiva, hábitos económicos y empresariales, gestión de los recursos públicos, apertura a la inversión exterior, etc. El objetivo final, según este punto de vista, sería el incremento los vínculos comerciales y financieros, de cara a la activación de la economía y al incremento de las posibilidades para las empresas y los trabajadores del país74. 72 DSC, Plenos, 21, I Legislatura (27-6-1979), p. 1100. 73 La solución a un reto. Tesis para una sociedad democrática occidental, Madrid, UCD, 1979, pp. 178-179. 74 QUINTANILLA NAVARRO, Miguel Ángel, La integración europea y el sistema político español: Los partidos políticos españoles ante el proceso de integración europea, 1979-1999, Madrid, Congreso de los Diputados, 2001, pp. 108-110. 56 Otros autores, sin embargo, han atribuido a los Gobiernos de la UCD, más que una visión y una estrategia propias en relación con la CEE, la repetición de ciertas pautas de actuación heredadas de la práctica diplomática del régimen anterior. Desde 1973 España había mantenido con la Comunidad una serie de complejas tandas de negociación para la revisión y adaptación del acuerdo comercial preferencial firmado entre ambas partes en 1970, un acuerdo que permitió la mutua reducción de los aranceles y que, gracias al desarrollo de la industria española a lo largo de esos años, había resultado claramente beneficioso para la capacidad exportadora de España. Para respetar la obligación contenida en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de que las rebajas arancelarias bilaterales se extendieran a todos los países con la condición de «más favorecido» salvo cuando se tratara de descrestes progresivos para el establecimiento de una zona de librecambio, el acuerdo de 1970 se firmó como una «primera fase» de seis años, previo a una segunda que debería negociarse posteriormente. A la altura de 1975, España y la Comunidad ya habían alcanzado un compromiso (conocido como «Ullastres-De Kergorlay», por los nombres de los funcionarios que lo diseñaron) para pasar a esa segunda fase, en la que se avanzaría hacia el librecambio de productos industriales, pero la ejecución de cinco penas de muerte a fines de septiembre y las acciones de protesta desencadenadas contra el régimen de Franco en buena parte de Europa llevaron al Consejo de la CEE a congelar la aplicación del acuerdo y suspender las conversaciones con España75. Si hasta 1975 las negociaciones hispano-comunitarias se habían caracterizado por un contenido mucho más técnico que político, toda vez que la adhesión estaba entonces excluida en virtud del régimen español y que las cuestiones a decidir se referían a regímenes de intercambio, reducción de aranceles, contingentaciones de productos y otros asuntos de este jaez, la administración española las había abordado con un perfil estrechamente economicista, regateando cada porcentaje de arancel sujeto a discusión para la exportación de frutas o la importación de bienes manufacturados. Después de 1977, durante los Gobiernos de la UCD, el equipo técnico responsable de negociar con la CEE estuvo en buena medida integrado por los mismos funcionarios que se habían encargado de las negociaciones en la etapa anterior, y el espíritu con el 75 Tras la muerte de Franco, y teniendo ya en perspectiva la futura adhesión a la CEE, España renunciaría a modificar el acuerdo de 1970, aunque en 1977 aceptó su aplicación a los países de la primera ampliación de la CEE: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Sobre el acuerdo de 1970 y la fase de negociación posterior, vid. ALONSO, Antonio, España en el Mercado Común. Del acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce, Madrid, Espasa Calpe, 1985, pp. 90-136. 57 que se condujeron las mismas no varió en muchos de sus aspectos esenciales: así, la negociación se orientó prioritariamente hacia las instituciones de la CEE, ofreciendo respuestas directas a sus posturas negociadoras comunes, y no tanto a los intereses concretos de los Estados miembros que estaban detrás de éstas; se mantuvieron posiciones de defensa cerrada de ciertos intereses sectoriales considerados irrenunciables y se permitió en ocasiones el anquilosamiento del proceso por falta de iniciativas imaginativas ante los diversos tropiezos y detenciones ocasionados por los propios debates internos de la Comunidad76. En definitiva, la política de la UCD ante las negociaciones con la CEE habría sido, según Antonio Marquina, poco efectiva y falta de realismo77, excesivamente continuista con los planteamientos internacionales del período anterior y carente, según Antonio Papell, de una visión estratégica global de los intereses en juego78. En este sentido, la definición de la adhesión a la CEE como objetivo de la política exterior no habría sido consecuencia de una ruptura con los objetivos del régimen anterior, sino más bien la reacción lógica a un cambio en las circunstancias —España pasaba a ser una democracia— que hacían que un objetivo ya antiguo fuera ahora factible, y además —desde la perspectiva del partido del Gobierno— susceptible de capitalización electoralista79. Calvo-Sotelo dejaría ver repetidas veces que su perspectiva de la adhesión era en realidad más económica que política. Para él, España debía «afrontar la negociación con seguridad y firmeza, sin que la certidumbre política de que nos conviene integrarnos en la CEE signifique de ninguna manera debilidad en los planteamientos económicos»80. Al día siguiente de que el Consejo Europeo autorizara el inicio de la negociación, el ministro señaló que ésta sería «tan dura, fría, implacable y mercantil como los Nueve»81. Escribiendo sobre europeísmo, el que sería ministro de Hacienda entre 1979 y 1982, Jaime García Añoveros, reclamaría de los europeos que su complacencia hacia la naciente democracia española, para la que tantos parabienes se habían prodigado en 76 Aunque su intención es seguramente la contraria, todo ello queda puesto de manifiesto en el relato del entonces embajador ante la CEE, BASSOLS, Raimundo «Europa en la Transición española», en TUSELL, Javier; AVILÉS, Juan; PARDO, Rosa, (eds.), La política exterior de España en el siglo XX, Madrid, Biblioteca Nueva / UNED, 2000, pp. 455-472. 77 MARQUINA, Antonio, «La política exterior de los gobiernos de Unión de Centro Democrático», en TUSELL, Javier; SOTO, Álvaro (eds.), Historia de la Transición, 1975-1986, Madrid, Alianza, 1996, p. 189. 78 PAPELL, Antonio, Ideas para un partido de centro. Análisis ideológico y crítico, Madrid, Unión Editorial, 1979, p. 156. 79 ALONSO-CASTRILLO, Silvia, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, Alianza, 1996, pp. 310- 312. 80 ABC, 19-4-1978. 81 Ya, 22-12-1978. 58 Europa occidental, se tradujera en «hechos que signifiquen generosidad, de esa que se traduce en magnitudes expresadas numéricamente»82. También Marcelino Oreja dejó claro que el interés político por integrarse en la CEE en ningún caso se situaría por encima de los intereses económicos del país, y que el Gobierno no iba a aceptar una adhesión que pudiera suponer ningún perjuicio para éstos83. Así pues, mientras que en el plano electoral y parlamentario la UCD mantenía un discurso público decididamente europeísta en términos políticos, la gestión ejecutiva aspiraba a una defensa tenaz de los intereses económicos en los aspectos en que éstos se pudieran ver lesionados por el ingreso en la Comunidad, y así lo reconocían públicamente los responsables de las mismas. Al prolongarse en el tiempo, las negociaciones llegarían a ser contempladas como una suerte de guerra de desgaste (en ocasiones Calvo-Sotelo se refería a los negociadores comunitarios como «el adversario»), en la que, más que alcanzar un entendimiento con la otra parte, se pretendía lograr su desistimiento. En este sentido, una baza utilizada por los Gobiernos de la UCD sería la diferida reforma del acuerdo de 1970. Ésta no había tenido lugar en 1976, como estaba originalmente previsto, dado que tras la muerte de Franco el Gobierno español procuró evitar toda forma de relación con la CEE que no apuntara a la plena adhesión. El acuerdo, por lo tanto, seguía vigente, pero varios Estados miembros —especialmente Francia, Reino Unido e Italia— no renunciaban a negociar una segunda fase para el mismo y extender la liberalización de los intercambios comerciales en ambos sentidos. Durante 1977 y 1978, después de que España presentara su solicitud de adhesión pero antes de que comenzaran formalmente las negociaciones, el Gobierno mantuvo una actitud ambigua ante las discusiones sobre la segunda fase del acuerdo comercial, dando a entender que aceptaría que éstas progresaran sólo en la medida en que también lo hiciera el proceso de adhesión84. El carácter técnico concedido a las negociaciones propició que el presidente Suárez apenas si se implicara en ellas y dejara su desarrollo en manos de sus ministros. Si la política internacional no figuró en general entre las prioridades del líder de la UCD, al menos en los primeros años de su mandato, la gestión de las relaciones con Europa 82 GARCÍA AÑOVEROS, Jaime, «Europeístas», El País, 25-2-1977. 83 Ya, 6-8-1976. 84 TROUVÉ, M., La diplomatie espagnole face à l’Europe (1962-1986): enjeux, stratégies et acteurs de l’adhésion de l’Espagne aux Communautés Europeénnes, Tesis Doctoral inédita, Université Bordeaux III, 2004, p. 395. en cualquier caso, a la postre no se produciría ninguna reforma en el acuerdo, que seguiría vigente hasta enero de 1986. 59 occidental —en las que arrastraba el lastre de su desconocimiento de lenguas— se le hacía especialmente penosa, y personalmente se sentía más cómodo en los contactos con los estadistas árabes e hispanoamericanos85. De hecho, la única vez que visitó las instituciones comunitarias durante las negociaciones, en diciembre de 1979, se sintió tan fuera de lugar ante su escaso conocimiento de los entresijos del mundo comunitario que más tarde confesaría no saber había ido a Bruselas «acompañado de Calvo-Sotelo o para acompañar a Calvo-Sotelo»86. En cuanto a la serie de viajes que realizó por las capitales comunitarias en la segunda mitad de 1977, y que algunos criticaron como meras operaciones de imagen, tampoco tuvieron verdadero calado político. La creación de un ministerio ad hoc para las relaciones con la CEE, aun cuando ésta fuera una sugerencia de la propia Comisión Europea, reforzó el sentido técnico de la política europea. Durante sus primeros meses de coexistencia se dieron ciertas tensiones entre el ministerio de Calvo-Sotelo y el de Asuntos Exteriores, ejercido por Marcelino Oreja, respecto del control y el liderazgo de las relaciones con la CEE87. A lo largo de 1978 Exteriores pretendió retener la gestión de las negociaciones mediante la acción de un consejo coordinador enclavado en el Palacio de Santa Cruz y presidido por Oreja88. Sin embargo, la lucha soterrada entre ambos ministerios terminó decantándose del lado de la Trinidad, y Calvo-Sotelo logró asegurarse el contacto directo con las Embajadas en los países de la CEE así como la organización de los grupos técnicos de trabajo sobre la adhesión, en los que participaban funcionarios de otras dependencias, y, en definitiva, que fuera su criterio —sólo supeditado al del presidente del Gobierno— el que guiara la estrategia española en su conjunto89. A partir de entonces, las negociaciones de adhesión quedarían desligadas de otros aspectos de la 85 ARIAS, Inocencio, Los presidentes y la diplomacia. Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, Barcelona, Plaza & Janés, 2012, p. 49. CALVO-SOTELO, L., Memoria... op. cit., p. 126. 86 CALVO-SOTELO, Leopoldo, Papeles de un cesante. La política desde la barrera, Barcelona, Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 1999, pp. 138-139. 87 Calvo-Sotelo habla, por ejemplo, de un cierto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores que filtraba información confidencial sobre las negociaciones a Fernando Morán, entonces senador socialista: CALVO-SOTELO, L., Memoria... op. cit., pp. 149-150. 88 «Informe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Competencias del Consejo Coordinador para las relaciones con las Comunidades Europeas», 21-4-1978, Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), R16956 bis. «Nota informativa de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Aspectos administrativos de las relaciones España-CEE», 19-7-1978, AMAE, R14582. 89 LAFUENTE DEL CANO, Jorge, «Un conflicto interior en la transición exterior: las relaciones con las Comunidades Europeas vistas desde dentro del Gobierno», en FOLGUERA, Pilar; PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos et al. (eds.), Pensar con la historia desde el siglo XXI. Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp. 539- 557. 60 política exterior, como las propias relaciones bilaterales con los Estados miembros de la CEE. Cuando el diputado socialista Luis Yáñez reprochó a Calvo-Sotelo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso la escasa atención prestada por su departamento a las actitudes de los Estados miembros en relación con la adhesión, Calvo-Sotelo replicaría que su ministerio no se encargaba de cuestiones políticas90. En la práctica, sin embargo, fueron precisamente los Estados los que determinaron la evolución de las negociaciones, ralentizándolas, excluyendo de ellas capítulos fundamentales o llegando incluso a bloquearlas. No tardaría en evidenciarse que el principal obstáculo con que se topaba la adhesión española eran los intereses económicos, y sobre todo agrarios, de aquellos miembros de la Comunidad cuyos productos podían verse más amenazados por la competencia de los españoles. Así, la República Francesa, cuyo presidente, Valéry Giscard d’Estaing, había mostrado cierta actitud paternalista con la democracia española durante la transición, fue la que expresó las reservas más graves hacia la ampliación de la CEE. Ya desde fines de 1975, los agricultores franceses, especialmente los del Midi, habían manifestado su indisposición a permitir la «invasión» de los productos españoles en sus mercados. La prensa española había reaccionado con indignación frente a iniciativas como el informe que la Confederación Nacional de Jóvenes Agricultores Franceses publicó el 4 de mayo de 1976, según el cual la entrada de España sería un shock para la CEE91. En 1977, tanto el Partido Comunista Francés como el Rassemblement Pour la République (RPR) de Jacques Chirac se pronunciaron en contra de la adhesión española. Sin embargo, la gran pausa en las negociaciones sobrevino después del 5 de junio de 1980, día en que Giscard d’Estaing anunció, en un discurso de marcado carácter electoralista, que no admitiría la adhesión de España mientras no se redefiniera la estructura financiera y la política agraria de la Comunidad. En España este episodio se conocería como el giscardazo92. 90 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 44, Legislatura Constituyente (18-4-1978), pp. 1574-1575. 91 «No tan jóvenes», según el corresponsal en Bruselas de La Vanguardia Española, Andrés Garrigó. De la respuesta de la prensa española a este informe —y a la actitud en general que en algunos medios se le atribuía a la CEE para con España— dan muestra los artículos del corresponsal Pablo Sebastián y del columnista José Javaloyes en ABC. 92 Sobre las relaciones hispano-francesas durante la transición, ACUÑA, Ramón Luis, Como los dientes de una sierra (Francia-España de 1975 a 1985, una década, Barcelona, Plaza & Janés, 1986; BUSTURIA, Daniel de (dir.), Del reencuentro a la convergencia. Historia de las relaciones bilaterales hispanofrancesas, Madrid, Ciencias de la Dirección, 1994; ÉTIENVRE, Jean-Pierre; URQUIJO GOITIA, José Ramón (eds.), España, Francia y la Comunidad Europea, Madrid, CSIC / Casa de Velázquez, 1989. Sobre el peso de la cuestión agrícola en la actitud francesa ante la candidatura española a la CEE, TROUVÉ, Matthieu, «Une querelle agricole: le Midi de la France et l’adhésion de l’Espagne à la CEE (1975-1986)», Annales du Midi. Revue archéologique, historique et philologique de la France médridionale, nº 117 (2005), pp. 203-227. Vanessa Núñez relativiza la incidencia real del giscardazo en NÚÑEZ PEÑAS, Vanessa, Entre la reforma y la ampliación (1976-1986). Las relaciones hispano- 61 Así, entre 1980 y 1982 apenas si se registraron avances en las negociaciones, y éstos se produjeron sólo en capítulos poco conflictivos (transportes, movimientos de capitales, cuestiones económicas y financieras...). En septiembre de 1980, Calvo-Sotelo, promovido a la vicepresidencia del gobierno, dejó el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas en manos de Eduardo Punset, designación decidida por Suárez por razones de equilibrio interno en el partido. La personalidad de Punset, opuesta en cierto sentido a la de Calvo-Sotelo (metódico, riguroso y austero éste, más desenfadado y dicharachero aquél)93, no sería muy apreciada ni por su antecesor (que quedaba como su superior directo, aunque siempre supeditado a Suárez) ni por su Embajador ante la CEE94. En su trayectoria profesional, Punset había desempeñado cargos en la empresa privada, había trabajado para medios de comunicación anglosajones —la BBC y The Economist— y había representado al Fondo Monetario Internacional en el área del Caribe, entre otros cargos. Durante su paso por la Trinidad, caracterizado por un cierto adanismo, quiso desbloquear la negociación mediante progresos graduales sobre temas no conflictivos95, sin apenas resultados. El suyo fue, además, un desempeño muy efímero: tras la dimisión de Suárez, la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 (que movió al Parlamento Europeo a emitir una declaración que, entre otras cosas, solicitaba de las instancias competentes que adoptaran «las medidas necesarias para acelerar las negociaciones de adhesión»96) y el ascenso de Calvo-Sotelo a la presidencia del Gobierno, las negociaciones con la CEE pasaron a depender directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Pedro comunitarias en tiempos de transición y approfondissement, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2013, pp. 234-256. 93 Calvo-Sotelo se refiere con irónica acidez a Punset en sus memorias y le atribuye haber votado por la candidatura crítica, encabezada por Landelino Lavilla, en el congreso de la UCD de 1981 por animadversión personal hacia él. Según el relato de Calvo-Sotelo, «[Punset] repetía a los periodistas por los pasillos, en un estudiado mohín y escanciando las sílabas con su lentitud habitual: “Yo voto a Landelino, porque Calvo- Sotelo me odia”. (El verbo odiar sufre en los labios de Punset, como cualquier otro término, una devaluación escéptica y literaria que lo hace casi enternecedor)». CALVO-SOTELO, L., Memoria… op. cit., p. 66. 94 Bassols escribiría de él: «Yo no me atrevería a decir que fuese un experto en asuntos comunitarios. Pero las ideas que tenía sobre la cuestión las rizaba, como su pelo, las ahuecaba y hasta parecían al final largas como su bufanda […]. »Punset, en su singularidad, disfrutaba haciendo de enfant terrible de la administración, tratando de escandalizar con sus ocurrencias originales. A mí, por ejemplo, solía decirme que mis cenas oficiales, en las que se trataba de reunir a lo mejor del mundo comunitario y europeo en Bruselas, eran muy aburridas y que debía trufarlas con bellas artistas. A veces pecaba de lenguaraz. Le perjudicó mucho en su relación con la administración española su frecuente afirmación de que la negociación no había comenzado hasta que llegó él. No contento con los disgustos que esta ligereza le ocasionó siendo ministro, la convirtió en moneda de uso corriente en sus afirmaciones públicas cuando dejó de serlo». BASSOLS, R., España en Europa… op. cit., pp. 250-251. 95 Punset a Bassols, 15-12-1980, AMAE R17893, exp. 3. 96 Cit. en MORENO JUSTE, Antonio (ed.), España y el proceso de construcción europea, Madrid, Ariel, 1998. pp. 83-84. 62 Pérez Llorca. Punset fue aparatado del Gobierno y su ministerio quedó reconvertido en secretaría de Estado, con Raimundo Bassols al frente. En julio de 1981 el ministro francés de Asuntos Europeos, André Chandernagor, condicionó el avance de la negociación en el capítulo referente a la unión aduanera a la adopción por España del compromiso de aplicar el IVA desde el momento de la adhesión, exigencia que exacerbaba al empresariado español97. En 1982 la CEE presentó una dura propuesta para el desarme arancelario de España, que pretendía que éste se realizara en no más de tres años, para escándalo de los sectores industriales españoles, temerosos de los efectos de una adhesión demasiado apresurada. En junio de 1982, el nuevo presidente francés, François Mitterrand, proponía en el Consejo Europeo que la Comisión elaborara un nuevo inventario de los problemas económicos y presupuestarios que planteaba la adhesión de España y Portugal, retrasando una vez más el abordaje de los aspectos nucleares de la negociación98. Las circunstancias en que el Gobierno español debió hacer frente a estas dificultades eran, además, problemáticas de por sí. A la aguda crisis económica y a las graves tensiones sociales y políticas en relación con el auge de las actividades terroristas (y que tendrían su más cruda manifestación en la intentona golpista de Tejero), se sumaba la progresiva descomposición del partido gubernamental, desgajado en familias cada vez más enfrentadas. Todo esto contribuye a explicar la ausencia de una verdadera perspectiva política, por parte del gobierno de la UCD, en la búsqueda de soluciones al estancamiento de la cuestión europea. Tras el giscardazo, el Consejo de Ministros emitió un comunicado en el que consideraba inadmisible que los problemas internos de la Comunidad interrumpieran las negociaciones o pusieran en peligro la adhesión española, cuando ésta descansaba sobre el « compromiso político tantas veces reiterado a España por los gobiernos de los nueve»99. En declaraciones a La Vanguardia, Bassols dijo que España no tenía por qué reaccionar ante la actitud francesa en el plano bilateral, puesto que las negociaciones se desarrollaban con el Consejo de Ministros de una Comunidad de nueve países y no bilateralmente con ningún Estado individual100. Tratar de presionar a Francia a través de un acercamiento a la República Federal 97 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Enrique, «Las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, septiembre 1980-septiembre 1981», Revista de Instituciones Europeas, vol. 9 nº 1 (enero-abril 1982), pp. 87-102. 98 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Enrique, «España-CEE: las negociaciones de adhesión a lo largo de 1982», Revista de Instituciones Europeas, vol. 10, nº 1 (enero-abril 1983), pp. 95-114. 99 La Vanguardia, 7-6-1980. 100 La Vanguardia, 6-6-1980. 63 Alemana, como se propuso Punset en noviembre de 1980, tampoco era una salida realista por cuanto, como informaba el Embajador español en Bonn, el Gobierno germano-occidental, aun siendo uno de los principales valedores de la causa española, no iba a enfrentarse con Francia por apoyarla101. Tampoco parecía bien enfocado el conato, revelado posteriormente por el Embajador francés en Madrid, Pierre Guidoni, de tratar de influir sobre la posición francesa a través de los Estados Unidos102. Más que buscar soluciones a los contenciosos pendientes con París —que se extendían, además, a otras cuestiones, como el asilo político dispensado a los terroristas de la ETA en territorio francés, o el acoso que los pesqueros españoles sufrían en las aguas del golfo de Vizcaya—, la estrategia española pasó por tratar de aislar a Francia en el seno de la Comunidad. Las relaciones hispanofrancesas —ya lastradas en los años anteriores por la mutua antipatía entre Suárez y Giscard d’Estaing— se degradaron entre 1981 y 1982, como demostró el frío tratamiento dado por la prensa española a visitas oficiales como la del ministro de Asuntos Exteriores galo, Claude Cheysson, en junio de 1981, o la de François Mitterrand un año después. Estando Mitterrand en Madrid, el Rey Juan Carlos pronunció un discurso en que dijo que si España no lograba «de forma rápida y satisfactoria» la deseada adhesión, «no podría hablarse de amistad, de solidaridad y de cooperación» en las relaciones hispanofrancesas103. A ello habría que añadir las recurrentes alusiones por miembros del Gobierno español a la falta de cooperación francesa en la lucha contra el terrorismo104 y las sospechas de que el Gobierno socialista francés estuviera entorpeciendo deliberadamente las negociaciones a la espera de un triunfo electoral de sus correligionarios españoles105. Por otra parte, señalar la culpabilidad de Francia en el retraso de las negociaciones permitía, desde la óptica del Gobierno, eludir la propia responsabilidad y protegerse frente a las críticas en un momento en que, tras el consenso europeísta inicial de las fuerzas parlamentarias, las relaciones con la CEE eran ya —y cada vez más— objeto de reproches y acusaciones entre el Gobierno y la oposición. En el segundo congreso de la UCD, celebrado en Palma de Mallorca en febrero de 1981, las conclusiones sobre la situación de las negociaciones con la CEE presentaban la cuestión como un agravio 101 BASSOLS, R., España en Europa... op. cit., pp. 253-254. 102 ACUÑA, R. L., Como los dientes... op. cit., pp. 187-190. 103 España en el mundo. Discursos de S. M. el Rey, 1979-1983, Madrid, Oficina de Información Diplomática, 1983, p. 187. 104 TROUVÉ, Matthieu, L’Espagne et l’Europe. De la dictature de Franco à l’Union européenne, Bruselas, Peter Lang, 2008, pp. 351-352. 105 BASSOLS, R., España en Europa... op. cit., pp. 274-275. 64 sufrido por el país y frente al cual el Gobierno tenía escaso margen de maniobra, fuera de la protesta: «Ni nuestros propios problemas de adaptación ni las medidas internas que deba adoptar la Comunidad para hacer frente a sus problemas, ni determinadas circunstancias económicas o de otro tipo tienen por qué interferir en el curso de unas negociaciones que tienen su propio ritmo, o afectar al compromiso político tantas veces reiterado a España por los Gobiernos de los diez países miembros [...]. »No puede admitir UCD que artificialmente se traslade a los candidatos las dificultades originadas en otros países miembros [...]. Los plazos y calendarios deben ser, pues, los que se deduzcan del propio proceso negociador, no los que surjan fuera de él»106. Las escasas tentativas españolas de tomar la iniciativa no modificaron la situación. La gira que Bassols realizó en el otoño de 1981 por las capitales comunitarias a la búsqueda de un desbloqueo, fue en realidad meramente informativa, sin realizar ofertas concretas por parte española. Bien que la motivación esgrimida por Francia para detener la ampliación —la cuestión agrícola y presupuestaria en el seno de la CEE— escapaba ciertamente al alcance de la diplomacia española, tampoco se dieron pasos en otros asuntos pendientes, como los detalles técnicos de la aplicación del acuerdo del 70. El compromiso español de febrero de 1982 de aplicar el IVA desde la adhesión, más que una iniciativa tendente a reconducir las negociaciones, fue consecuencia de la condición impuesta por el Consejo de Ministros comunitario, en su acuerdo del 14 de septiembre de 1981, de que España realizara tal concesión, para comenzar a negociar el capítulo agrícola (si bien éste no se abordaría realmente hasta el año 1984)107. La vinculación entre la entrada en la CEE y el ingreso en la OTAN, que tan sonora controversia generaría a partir de 1983 durante el Gobierno de Felipe González, fue ya esbozada por la administración de la UCD, con nulos resultados. Si bien la UCD se había pronunciado desde su creación a favor de la integración de España en la Alianza Atlántica, en su discurso de investidura de 1979 Suárez se había mostrado bastante cauto al respecto, señalando que, de tomar tal decisión, sólo lo haría con un amplio respaldo parlamentario108. Con todo, a medida que avanzó la legislatura, y muy especialmente después del giscardazo, la posición del Gobierno se hizo más atlantista, y, así, Marcelino Oreja defendió abiertamente la entrada en la OTAN en junio de 1980109. 106 Cit. en CHAMORRO, Eduardo, Viaje al centro de UCD, Barcelona, Planeta, 1981, p. 201. 107 Boletín Europe, nº 581 (14-15 de septiembre de 1981). 108 Cit. en ARENAL, Celestino del; ALDECOA, Francisco (eds.), España y la OTAN. Textos y documentos, Madrid, Tecnos, 1986, p. 51 109 El País, 15-6-1980. Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Asuntos Exteriores, 10, I Legislatura. 65 En su programa de Gobierno de febrero de 1981, Calvo-Sotelo, quien, a diferencia de su antecesor, no albergaba dudas en su voluntad atlantista, dio a entender que avanzar hacia la OTAN podía ayudar a vencer el obstáculo francés en relación con el Mercado Común110. Según cuenta en sus memorias, Bassols expuso ante los gobiernos europeos que la orientación de España hacia las «instituciones occidentales» (Comunidades Europeas, OTAN, Consejo de Europa) debía producirse de manera coordinada, y que «sería muy peligroso que el camino que nos queda por recorrer no se hiciese ordenadamente, simultáneamente y sin pausas»111. Finalmente, la integración de España en la OTAN se produciría en mayo de 1982 y, al menos a corto plazo, no se apreció incidencia alguna sobre la situación de España ante la CEE; de hecho fue escasas semanas después cuando el Consejo Europeo propició un nuevo frenazo en las negociaciones tras la iniciativa de Mitterrand de elaborar un inventario de problemas112. Un frenazo que impediría prácticamente nuevos avances hasta después de se hiciera cargo de las negociaciones el nuevo Gobierno del Partido Socialista. Así pues, entre 1977 y 1982 en la política europea de los gobiernos de UCD coexistieron un discurso público y parlamentario europeísta que apelaba, más allá de los beneficios de la integración económica, a la identificación con un proyecto de unión política de los pueblos del continente y con el significado de Europa para la consolidación democrática española, y una dura realidad de pugnas nacionales por intereses sectoriales, tanto por parte de los miembros de la Comunidad como por el propio Gobierno español, pugnas cuya irresolución dejó las negociaciones muy lejos de su conclusión para cuando la UCD hubo de traspasar al PSOE la responsabilidad del ejecutivo. Pese a que los responsables públicos aludieron recurrentemente a la complejidad de las negociaciones, el discurso de UCD sobre la adhesión terminó siendo víctima de un excesivo optimismo preliminar, compartido, por lo demás, con la mayor parte del espectro político en los años en que la democratización de las instituciones se saldaba exitosamente y desde las Comunidades Europeas llegaban mensajes de apoyo y confianza en el futuro europeo de España. Este optimismo invitó inicialmente a pensar 110 DSC, Plenos, 143, I Legislatura, pp. 9156-9157. PRESTON, Paul; SMYTH, Dennis, España ante la CEE y la OTAN, Barcelona, Grijalbo, 1985, p. 156. 111 BASSOLS, R., España en Europa... op. cit., p. 267. La cursiva es mía. 112 Boletín de las Comunidades Europeas, 1982/6. Posteriormente, Calvo-Sotelo ha insistido en que en la decisión de ingresar en la OTAN no tuvo ningún peso la cuestión de la CEE: CALVO-SOTELO, L., Memoria... op. cit., pp. 125-126. 66 que la adhesión a la CEE se resolvería con rapidez113. En abril de 1978, poco después de su nombramiento, Calvo-Sotelo dijo estar seguro de que el acta de adhesión sería firmada por un ministro de la UCD, dando a entender que se produciría en el curso de la legislatura114. Tras el adelanto electoral posterior a la aprobación de la Constitución, el Gobierno insistió en su optimista previsión de que las negociaciones no duraran más de dos años, lo que, contando con el tiempo necesario para ratificar el Tratado, permitiría que España estuviera en la CEE en 1983115. Esta premura hizo, por ejemplo, que en 1978 el equipo de Calvo-Sotelo tardara sólo dos meses y medio en contestar los veintidós amplios cuestionarios que la Comisión Europea le había entregado sobre el estado de la economía española, pero, precisamente a causa de tal apresuramiento, las respuestas fueron juzgadas por los agregados agrícolas de los países de la CEE en Madrid como un volumen desproporcionado de papeles de poca utilidad, plagado de lagunas y lleno de cifras antiguas y sin interés116. Calvo-Sotelo reconocería en una entrevista que, cuando urgía a los funcionarios de la Comisión en Bruselas a acelerar los trabajos que permitieran un desarrollo más rápido de las negociaciones, su objetivo era «dar una impresión de diligencia ante la opinión pública española»117. La actitud de la UCD ante la gestión por el Gobierno socialista de la relación con la CEE apenas resulta relevante para este trabajo, dada la escasa representatividad del partido después de las elecciones de 1982 (en las que sólo obtuvo un 6,77% de los votos) y que una porción significativa de sus integrantes pasaron a formar parte de otros grupos y coaliciones, como el Centro Democrático y Social o Alianza Popular. En cualquier caso, en la legislatura de 1982 a 1986 la UCD remanente mantuvo su posición a favor de la adhesión, así como su actitud quejosa ante la mezquindad de la Comunidad en las negociaciones. Del mismo modo, y a medida que el Gobierno socialista logró ir cerrando capítulos de las mismas, desde la perspectiva más economicista arreciaron las críticas hacia las concesiones que, achacadas a motivaciones electoralistas, supuestamente realizaba España, especialmente en el capítulo de la agricultura118. 113 Según el corresponsal Ramón Vilaró, ya en el acto de entrega de la solicitud de adhesión en julio de 1977 se apreció un contraste entre el entusiasmo del ministro Oreja y la prudencia del presidente del Consejo comunitario, Simonet. El Correo Español-El Pueblo Vasco, 29-7-1977. 114 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 44, Legislatura Constituyente (18-4-1978), p. 1576. 115 Comunicación del Gobierno al Congreso de los Diputados, DSC, Plenos, 21, I Legislatura, apéndice. 116 Telegrama del embajador francés en Madrid, Emmanuel de Margerie, 20-7-1978, cit. en TROUVÉ. M., La diplomatie... op. cit., pp. 416-417. 117 Entrevista concedida a Diario 16, 30-11-1978. 118 En este sentido se mostró particularmente crítico el ex ministro de Agricultura Jaime Lamo de Espinosa, que, pese a estar entonces retirado de la política activa, intervino en foros públicos y escribió varios 67 Curiosamente, en un artículo publicado en 2006 Raimundo Bassols recordaría la frase con la que el presidente de la patronal española, Carlos Ferrer Salat, sintetizó en 1981 la posición del empresariado español ante la CEE: «Sí a la adhesión, pero no a cualquier precio», una frase que tenía su origen en las palabras pronunciadas por Calvo- Sotelo en la primera sesión negociadora con la Comunidad, el 5 de febrero de 1979, y cuyo sentido, pese a levantar cierta polémica en su momento, fue –a tenor de todo lo dicho— asumido por la administración española durante el Gobierno de la UCD. Pues bien, según Bassols en realidad ni la frase recogía el pensar de la administración española, ni la presión de los empresarios en ese sentido tuvo efecto alguno, porque, siempre según el diplomático catalán, el europeísmo como voluntad política prevaleció siempre —desde antes incluso del cambio de régimen— sobre los intereses económicos discutidos durante las negociaciones: «Veinte años después creo que ya es hora de que muchos de los “soldados” que allí combatimos expliquemos que pensábamos “¡entrar sí. Y además a cualquier precio!” [...] porque, de existir un precio a pagar, cualquier cifra habría resultado insignificante, por alta que fuera. Y ello simplemente porque el objetivo era impagable. »[...] Nuestra entrada en las Comunidades Europeas era una imperiosa necesidad política, porque sabíamos que nos anclaría definitivamente en la democracia, la libertad, el respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho»119. Escritas desde la perspectiva de 2006, cuando las sucesivas reformas de los Tratados habían dado lugar a una Unión Europea cuyas competencias y capacidad de actuación se extendían hasta extremos difícilmente imaginables en 1980, tales palabras no parecen describir ajustadamente el proceso negociador en los años en que el Gobierno de la UCD se hizo cargo del mismo, y en el que cada concesión sectorial fue disputa con dureza. Después de todo, si bien es cierto que el europeísmo transversal de la sociedad española prácticamente excluía el oponerse a la adhesión a la CEE como opción política (como dice Bassols, la adhesión era sentida como una imperiosa necesidad), es asimismo innegable que el Gobierno de la UCD proyectó deliberadamente una imagen de defensa del interés nacional frente al tratamiento injusto o lesivo recibido del artículos sobre los aspectos agrícolas de la adhesión. Así, por ejemplo, en marzo de 1985 denunciaría en ABC la cicatería de los burócratas europeos —a los que llamaba euromercaderes— en la negociación con España, a la que habían tratado de forma injusta y humillante (LAMO DE ESPINOSA, Jaime, «Ser y estar en Europa», ABC, 29 de marzo de 1985). Tres meses después, tras la firma del Tratado, se quejaría en el mismo periódico de la falta de firmeza del Gobierno español, que había terminado por aceptar un acuerdo por el que, más que entrar la agricultura española en Europa, iba a ser, según él, la agricultura europea la que invadiera España (LAMO DE ESPINOSA, Jaime, «El precio de la adhesión», ABC, 13-6-1985). 119 BASSOLS, Raimundo, «Veinte años después», Política Exterior, vol. XX, nº 112 (julio / agosto 2006), pp. 169-176. 68 exterior; una imagen, en fin, perfectamente capitalizable desde el punto de vista electoral, como hemos visto en el caso de los principales partidos franceses, y aún hemos de ver en otros españoles. 1.2. El Partido Socialista Obrero Español: el giro atlantista y los giros europeístas Si el perfil atípicamente heterogéneo de la UCD como formación política, junto con el carácter casi improvisado de su creación y la escasa duración de su relevancia como una de las principales fuerzas parlamentarias, dificultan la concreción de un discurso propio sobre la integración europea, en el caso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) su trayectoria histórica y su vinculación con organizaciones europeístas internacionales durante el franquismo hacen más asequible la identificación de su concepción ideológica de Europa y del europeísmo. Trataremos, por lo tanto, de señalar sus rasgos distintivos y de ponerlos en relación con la actitud del PSOE ante la política europea de España en los inicios del régimen democrático, tanto desde la oposición como —a partir de 1982— desde el Gobierno. Ello nos permitirá observar las eventuales contradicciones en las que, en virtud de determinadas circunstancias de la política nacional, habría podido incurrir su pensamiento europeísta, así como los medios y recursos con los que el Gobierno del PSOE contó para llevar a cabo la integración de España en Europa desde una óptica socialista. El primer aspecto a señalar es la triple dimensión que desde sus inicios el proyecto de construcción europea revistió para el PSOE en el exilio. Por un lado, la concepción de una Europa integrada en sentido federal concordaba con los planteamientos ideológicos del PSOE para la posguerra europea, así como con los de los partidos socialdemócratas de otros países120. Además, la prestancia democrática de que presumían las instituciones europeas surgidas desde 1949 (Consejo de Europa, CECA, CEE) quedaría remarcada a partir de 1962, cuando la solicitud española de adhesión a la CEE fue rechazada en virtud de su régimen político. El PSOE estuvo representado en las diferentes reuniones a partir de las que se articularon los grandes lobbies europeístas internacionales, como el Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa (a 120 VARGAS, Bruno, «El movimiento socialista español en el exilio y la construcción de Europa (1946- 1972)», en PUERTA, Alonso et al., El socialismo español en el exilio y la construcción europea, Madrid, Fundación Indalecio Prieto, 2003, pp. 41-62. 69 cuya reunión fundacional acudió Luis Araquistáin en 1947) o el Movimiento Europeo Internacional (desde 1948). En 1949 el PSOE sería, en la persona de Rodolfo Llopis, uno de los grupos fundadores del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que instaló su sede en París y que sería el gran animador del europeísmo español en el exilio. La presencia del PSOE sería igualmente destacada en la reunión del Movimiento Europeo Internacional de 1962, denunciada por la propaganda franquista como el contubernio de Múnich, en la que más de un centenar delegados españoles de diversas tendencias de la oposición interior y del exilio pidieron a la CEE que no admitiera a una España antidemocrática en su seno121. En segundo lugar, la evolución económica de España y la progresiva integración de las economías de Europa occidental, que forzaron al régimen franquista a buscar su aproximación a la CEE, parcialmente alcanzada en el acuerdo comercial de 1970, evidenciaron la necesidad, también para el PSOE, de que la futura España democrática no quedara al margen de las instituciones europeas. En ello incidieron, por una parte, factores económicos y de política internacional (la CEE aparecería tras la dictadura como el medio para la superación del aislamiento sufrido por el país durante el franquismo) y, por otra, el propio significado político del europeísmo como opción democrática: la identificación entre europeísmo y democracia que hizo de la adhesión a la CEE un camino insoslayable para España a partir de 1975122. En cualquier caso, desde 1964 los congresos del PSOE en el exilio presentaban la apertura de negociaciones entre España y la CEE como una medida deseable, toda vez que el régimen franquista desapareciera, y el partido señalaría al régimen como único culpable de la marginación económica sufrida por el país frente a Europa123. Por otra parte el PSOE recibió durante el tardofranquismo y la transición importantes apoyos de formaciones socialdemócratas europeas, que resultarían fundamentales, tanto en el aspecto económico como en el organizativo, para la obtención de una posición prácticamente hegemónica en el espectro de la izquierda moderada124. 121 MATEOS, Abdón, «Europa en la política de “presencia internacional” del socialismo español en el exilio», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea, nº 2 (1989), pp. 339-358. Vid. el capítulo segundo de esta Tesis Doctoral. 122 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «El europeísmo en España. La sociedad civil ante el proceso de construcción europea», Circunstancia, nº 25 (mayo 2011). 123 CAVALLARO, Maria Elena., Los orígenes de la integración de España en Europa. Desde el franquismo hasta los años de la transición, Madrid, p. 264. 124 Sería crucial, en este sentido, la acción exterior desarrollada por el sector renovado del PSOE tras la escisión del congreso de 1972, que le valió el reconocimiento oficial por la Internacional Socialista en 1974. Del mismo modo, entre 1975 y 1980 la socialdemocracia europea se empeñó en el apoyo al PSOE por 70 Sin embargo, la concepción socialista de la Europa integrada chocaba —y este es el tercer aspecto— en sus planteamientos ideológicos con el desarrollo que con el curso del tiempo habían adquirido las Comunidades Europeas, más interesadas en la liberalización de los capitales y de las inversiones financieras que en la promoción de los derechos de los trabajadores o la igualación del nivel de vida entre los países miembros de la CEE. Durante los años sesenta y setenta parte de la izquierda europea había desarrollado un discurso muy crítico hacia la CEE realmente existente, como un engendro capitalista cuyo rumbo era necesario corregir, discurso del que los socialistas españoles también participarían. Por supuesto, esta actitud crítica no alcanzaría siquiera a cuestionar la posición favorable a la adhesión de España a la CEE125; pero permitiría que durante los primeros años de la transición el PSOE albergara el objetivo programático a largo plazo —y en colaboración con los partidos afines del resto del continente— de una radical transformación de las Comunidades. Éstas debían ser concebidas como «el germen de una sociedad socialista» en la medida en que pudieran generar un marco político para la transnacionalización de la clase trabajadora126. Las declaraciones y testimonios en este sentido de los líderes del PSOE abundarían durante los años de la transición. Por ejemplo, en enero de 1976, durante la Conferencia de los Socialistas del Sur de Europa celebrada en París, Felipe González recalcó en su intervención la importancia de la construcción de una «Europa democrática y socialista», pues sólo ésta podía constituir una alternativa a la política de bloques y tender un puente hacia el Tercer Mundo127. En 1977, en un opúsculo destinado a difundir el programa socialista antes de las elecciones de junio, Felipe González y Alfonso Guerra afirmaban que el objetivo de la unidad europea debía ser una Europa democrática y socialista, dentro de la cual España impulsara «todas las iniciativas que tiendan a la democratización y socialización para que la nueva Europa pase a ser una auténtica Europa de los trabajadores»128. Más tarde, en su libro programático sobre la política exterior española, Fernando Morán sintetizó el reto encima de otras opciones de izquierda y centro izquierda del panorama político español, destacándose en este apoyo la Fundación Friedrich Ebert, del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que entre 1975 y 1980 aportó al PSOE unos 20 millones de dólares. ORTUÑO ANAYA, Pilar, Los socialistas europeos y la transición española, Madrid, Marcial Pons, 2005; SEGURA MAS, Antoni, «Los socialismos europeos y la presencia internacional del PSOE. 1972-1982, los años cruciales», en SOTO CARMONA, Álvaro y MATEOS LÓPEZ, Abdón (dirs.), Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid, Sílex, 2013 pp. 277-293. 125 Es ilustrativo al respecto el artículo MORÁN, Fernando, «El europeísmo, señal de identidad de la restauración democrática española», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), pp. 18-19. 126 QUINTANILLA NAVARRO, M. Á., La integración… op. cit., pp. 61-82. 127 ORTUÑO ANAYA, P., Los socialistas europeos… op. cit., pp. 161-162. 128 GONZÁLEZ, Felipe y GUERRA, Alfonso, PSOE, Bilbao, Albia, 1977, p. 126. 71 europeo de la izquierda en «transformar a nivel continental las instituciones comunitarias mediante el sistema de reforma e ir cambiando, en solidaridad con la izquierda europea (fundamentalmente la socialista) los principios socioeconómicos en que se fundan las resoluciones que constituyen el Derecho comunitario»129. Como diría Alfonso Guerra durante la campaña electoral de 1982, el PSOE aspiraba a transformar la Europa de las multinacionales en la Europa de los trabajadores130. La máxima de Europa será socialista o no será, enunciada por el socialista francés François Mitterrand, sería repetida varias veces por los socialistas españoles131, y utilizada asimismo para explicar los obstáculos y retrasos planteados en las negociaciones de adhesión de España por los intereses opuestos de algunos países. En 1982, la reacción del periódico El Socialista al giscardazo apuntaría, más que a la perfidia y personal inquina del presidente francés contra España —como hicieron algunos medios conservadores—, a la cortedad de miras de los dirigentes comunitarios en general: «[La Comunidad Europea,] lejos de corresponder a un espíritu de solidaridad entre los pueblos, subordinando los intereses económicos nacionales al proyecto político unitario, ha sometido éste a aquéllos, dando prioridad a los conciertos económicos. De tal forma que cada país miembro ha atendido más a la protección de los sectores de su economía cuyos intereses consideraba vitales que a la necesaria solidaridad en beneficio del proyecto común. [...] Pero ahora la crisis económica mundial ha sacado a flote las contradicciones de dicha práctica, [...] poniendo en peligro la supervivencia de la CEE. Con lo cual se ha dado la razón a los socialistas europeos, que, desde los primeros pasos de la Unidad Europea, a la vista del sentido puramente económico que ya entonces adoptaba en la práctica, no han cesado de afirmar que “Europa será socialista o no será”»132. Sin embargo, durante los años de la transición y los inicios del régimen democrático el discurso europeísta del partido conocería una evolución, equiparable y paralela a la sufrida por algunos de sus planteamientos políticos y económicos, tanto en el plano nacional como internacional, que se fue acentuando a medida que el PSOE se transformaba en alternativa y más tarde en realidad de Gobierno. Si bien este giro ideológico se suele situar cronológicamente en dos fechas claves (1979, año del congreso extraordinario en el que se abandonó —parcialmente— el marxismo como referencia ideológica, y 1983, cuando se produjo el giro en la política exterior en relación con la OTAN), el cambio fue en realidad gradual, y obedeció a una progresiva 129 MORÁN, Fernando, Una política exterior para España, Barcelona, Planeta, 1980, p. 33. 130 Cit. en CARABANTES, Andrés, Balance y futuro del socialismo, Barcelona, Planeta, 1984, p. 185. 131 Por ejemplo, por Felipe González en el programa de transición sobre política internacional en el XXVII Congreso del partido, en diciembre de 1976. CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., p. 265. 132 «España no renuncia a Europa», El Socialista, 10-6-1980. 72 implantación de criterios pragmáticos en la estrategia del partido133. El componente europeo, tanto en lo referente a la integración en las instituciones comunitarias como en lo relativo a la influencia ejercida sobre el PSOE por los partidos socialistas y socialdemócratas de los países vecinos (y sus propias experiencias de gobierno en una época de cambio de coyuntura económica) resultaron claves en la vía del partido hacia la moderación134. Por otra parte, la propia heterogeneidad ideológica del PSOE favorecería que su discurso sobre Europa admitiera vertientes diversas. Sin alcanzar los extremos de mezcolanza ideológica de la UCD, lo cierto es que la rápida asunción por el PSOE de un amplio espectro de representatividad política en la segunda mitad de los setenta y la primera de los ochenta afectó a la multiplicidad de valores e intereses presentes en su electorado. La absorción de partidos y organizaciones relativamente menores, como el Partido Socialista Popular, la Federación de Partidos Socialistas, el Partido Socialista Andaluz, el Partido de Acción Democrática y varios cuadros del PSOE histórico, entre otros, dio lugar a la incorporación de nuevos matices y sensibilidades ideológicas135. Si bien la absorción de estas fuerzas no amenazó en general la cohesión del partido desde el punto de vista organizativo, sí favoreció la redefinición de ciertos criterios y propuestas programáticas, en particular en relación con la política exterior136. Una comparación de las conclusiones de los Congresos, en este sentido, elocuente. En el momento final de la dictadura existía en algunos sectores del partido —sobre todo en las Juventudes Socialistas— un discurso marcadamente tercermundista y antiatlantista. Así, en 1975, el VI Congreso de las Juventudes Socialistas, celebrado en Lisboa, abogó nada menos que por la creación de una «República de Estados Socialistas 133 ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012, pp. 112-155. MATEOS LÓPEZ, Abdón, «La transición del PSOE durante los años setenta», en QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 285-299. ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, «Del socialismo autogestionario a la OTAN: notas sobre el cambio ideológico en el PSOE durante la transición a la democracia», Historia Actual On Line, nº 14 (otoño 2007), pp. 97-106. 134 AVILÉS FARRÉ, Juan, «El proyecto socialista: del marxismo a la moderación», en SOTO CARMONA, Álvaro y MATEOS LÓPEZ, Abdón (dirs.), Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid, Sílex, 2013, pp. 21-42. FEATHERSTONE, Kevin, Socialist parties and European Integration. A comparative history, Manchester University Press, 1988, pp. 286-301. 135 MATEOS LÓPEZ, Abdón, «El PSOE de Felipe González. La transformación del partido», en SOTO CARMONA, Álvaro y MATEOS LÓPEZ, Abdón (dirs.), Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid, Sílex, 2013, pp. 367-387. 136 MARAVALL, José María, «From opposition to government: the politics and policies of the PSOE», en Socialist parties in Europe, Barcelona, Institut de Ciències Politiques i Socials, 1992, pp. 7-34. SATRÚSTEGUI, Miguel, «PSOE: A new catch-all party», en Socialist parties in Europe II: of class, populars, catch-all?, Barcelona, Institut de Ciències Politiques i Socials, 1992, pp. 33-47. 73 de Europa»137. La resolución política del XIII Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes en octubre de 1974, comenzó declarando que la inspiración [sic] del partido era «la conquista del poder político y económico por la clase trabajadora y la radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista»138. Las resoluciones del XXVII Congreso, celebrado en 1976, resultarían bastante más moderadas, aunque todavía estaban imbuidas de retórica antiimperialista (en el sentido de antiestadounidense)139. Sólo en las resoluciones del XXVIII Congreso, de mayo de 1979, apareció por primera vez la preocupación por la defensa del interés nacional en las relaciones con la CEE, aunque de momento centrada exclusivamente en los derechos de los trabajadores españoles140. Como es sabido, en ese mismo congreso se produjo la dimisión de Felipe González como secretario general del Partido, como consecuencia de su pretensión —no aceptada en principio, acatada a la postre por la fuerza de los hechos— de abandonar el marxismo como inspiración ideológica. Pese a la nada cómoda posición del gobierno de la UCD, en las recientes elecciones de marzo de 1979 el PSOE parecía haber «tocado techo», es decir, haber llegado al máximo de representación que podía esperar sin renovar con cierta profundidad su discurso público141. Por ello, más que a una convicción ideológica, la «renovación» respondió a la necesidad de atraerse a un amplio espectro del electorado, situado supuestamente en el centro, al que se debía hacer ver de algún modo que el PSOE era un partido homologable con la socialdemocracia europea142. En su XXIX Congreso, celebrado en 1981, el PSOE declaraba que su opción europea era «una opción fundamentalmente política de incorporación a la construcción de una Europa unida democrática, pluralista y progresista, y a sus instituciones políticas, culturales, sociales, jurídicas y económicas»143. Tras el acceso al Gobierno en 1982 el partido profundizó aún más en la moderación del discurso: así, en el Congreso de 1984, en las resoluciones concernientes a la integración europea la idea de la Europa socialista quedó definitivamente anulada y sustituida por los lugares comunes extendidos en la opinión pública, que veía en la CEE una oportunidad para la modernización económica 137 GILLESPIE, Richard, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza, 1991, p. 403. 138 PSOE, Resoluciones del XIII Congreso, Suresnes, octubre de 1974, p. 1. 139 PSOE, Resoluciones del XXVII Congreso, 1976, p. 14. 140 PSOE, Resoluciones del XXVIII Congreso, Madrid, 17 al 20 de mayo 1979, Política, bis-2. 141 JULIÁ, Santos, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997, pp. 516-518. 142 ANDRADE BLANCO, Juan Antonio, «Renuncias y abandonos en la evolución ideológica durante la transición a la democracia: una propuesta para el estudio del IX Congreso del PCE y el congreso extraordinario del PSOE», Historia Actual On Line, nº 8 (otoño 2005), pp. 43-50. 143 PSOE, Resoluciones del XXIX Congreso, 21-24 de octubre 1981, p. 32. 74 y la consolidación democrática144. Más o menos sería ésta la misma retórica con la el gobierno presentaría ante la opinión pública el Tratado de Adhesión en 1985, apelando, como hizo el presidente González en el acto de la firma, «a los propósitos expresados en el preámbulo del Tratado de Roma, en el que los fundadores de la Comunidad se declararon resueltos a consolidar la defensa de la paz y la libertad»145. Si bien no se renunciaba a una estrategia socialista a escala europea, ahora ésta se debía enfocar, como proponía Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, hacia fines como la convergencia de políticas económicas, la solidaridad entre los sectores productivos, el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y la creación de servicios públicos europeos146. En su discurso ante el XIV congreso de la Unión de Partidos Socialistas de las Comunidades Europeas en abril de 1985, Alfonso Guerra rebajaría el tono de la aspiración a una Europa autónoma en el escenario bipolar147. El proyecto socialista no pasaba ya por cuestionar el mercado (ni mucho menos el Mercado Común), sino por corregirlo mediante la sustitución en el mismo, según diría Felipe González, de los valores capitalistas por los valores socialistas, y la defensa del interés común supranacional, junto con la recurrente retórica que presentaba a España como puente entre Europa y América Latina148. Incluso comenzaría entonces una tendencia, mantenida en época posterior, a presentar el proyecto de integración europea como algo propio y familiar a la izquierda —por su carácter tradicionalmente internacionalista—, frente a la burguesía conservadora nacionalista exclusivamente concernida por sus intereses locales. Este tipo de discurso no dejaría de apoyarse en el recuerdo del significado que durante la dictadura el europeísmo había tenido como bandera de la lucha democrática149 —aun cuando se obviara que en esa lucha no sólo habían participado fuerzas de izquierda—. 144 PSOE, Resoluciones del XXX Congreso, 13-16 diciembre 1984, pp. 78-79. 145 «Discurso del presidente del Gobierno español», El País, 13-6-1985. Otro documento en el que constatar la relegación de las consideraciones ideológicas en los temas europeos es la publicación del partido España ante el reto de Europa, Madrid, PSOE, 1985. 146 YÁÑEZ-BARNUEVO, Juan Antonio, «La dimensión europea del proyecto socialista», en Nuevos horizontes teóricos para el socialismo (II encuentro de Jávea sobre el futuro del socialismo), Madrid, Fundación Sistema, 1987, pp. 191-202. 147 «Europa en el mundo. Discurso de Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE», Movimiento Europeo, nº 10 (primavera 1985), pp. 66-67. 148 GONZÁLEZ, Felipe, «La cohesión y la solidaridad en la construcción europea», Sistema, nº 86-87 (noviembre 1988), pp. 11-20; BENEGAS, José María, El socialismo de lo pequeño. Grandeza y humildad de un ideal, Madrid, Temas de Hoy, 1997, pp. 47-56. 149 Por ejemplo, NOVAIS, José Antonio, «Del “contubernio de Múnich” al compromiso actual», El Socialista, nº 383 (15 al 30 de junio 1985); NOVAIS, José Antonio, «La unidad europea», El Socialista, nº 379 (15 al 30 de abril 1985); BENEGAS, José María, «El papel de Europa en el concierto de las naciones», en El nuevo compromiso europeo (III encuentro de Jávea sobre el futuro del socialismo), Madrid, Fundación Sistema, 1987, pp. 193-227. 75 Dejando de lado, en fin, estos aspectos puramente propagandísticos, la modificación de los parámetros internacionales del PSOE a principios de los ochenta puede ponerse en relación con la propia evolución programática del partido más allá del abandono formal del marxismo, que, al calor de la adhesión a la CEE y de los procesos de reconversión industrial, iniciaba ahora una etapa que lo llevaría a coquetear con ciertos aspectos del liberalismo económico150. También en relación con las negociaciones con la CEE el discurso del PSOE experimentaría una evolución. En la etapa inicial, en la que la actividad parlamentaria aún estaba marcada por la búsqueda de consensos en la elaboración de la Constitución, los portavoces socialistas insistieron en que la adhesión a la CEE debía ser considerada una política de Estado, en la que el Gobierno debía contar con la opinión del resto de fuerzas políticas, y éstas apoyar responsablemente la labor de aquél. Al mismo tiempo, para el PSOE era importante atender a la complejidad de las negociaciones y de los intereses en juego y evitar, sobre todo, dar pasos en falso ante la Comunidad, y comprometía el respaldo del partido a la acción del Gobierno en el entendimiento de que a todas las fuerzas políticas competía aportar su esfuerzo para alcanzar un objetivo nacional151. En noviembre de 1977 el PSOE presentó una elaboración más completa de sus posiciones en una reunión sobre la ampliación de la CEE celebrada en Madrid por la Unión de Partidos Socialistas de la Comunidad. El partido sintetizaba sus propuestas en veintidós puntos, entre los que destacaban: —La racionalización de la estructura administrativa para la negociación, con el fin de evitar duplicidades (en referencia a la existencia de dos ministerios). —El respeto de las bases establecidas en el acuerdo de 1970, que no deberían modificarse si no fuera para alcanzar la plena adhesión. —El ritmo de la negociación debería adecuarse a la resolución de problemas técnicos y no a motivos ajenos a éstos. —Rechazo de cualquier forma de preadhesión. 150 YSÁS, Pere, «El PSOE en el gobierno: del socialismo democrático al socialismo liberal», en NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos; ITURRIAGA BARCO, Diego (eds.), España en democracia. Actas del IV Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2014, pp. 47-62. 151 Véase al respecto la intervención del portavoz parlamentario del PSOE, Luis Yáñez-Barnuevo, en la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en que Leopoldo Calvo-Sotelo expuso el programa de acción de su ministerio: DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 44, Legislatura Constituyente (18-4-1978), pp. 1573-1576. En el mismo sentido, AGUILAR NAVARRO, Mariano (presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado), «El Senado y la negociación con la CEE», Ya, 20-4-1978. 76 —Por su dimensión geográfica, económica y demográfica, España debería obtener un grado de participación en los órganos comunitarios equiparable al de los países mejor representados. —Impulsar el fortalecimiento de los órganos de representación popular en la Comunidad mediante la elección directa de sus miembros por los ciudadanos. —La lengua española debería ser considerada uno de los idiomas oficiales de las Comunidades, y todos los documentos oficiales de éstas tendrían que ser traducidos a las lenguas de las nacionalidades del Estado español. —España y los países miembros de las Comunidades deberían concertar sus proyecciones exteriores para que la adhesión impulsara la cooperación comunitaria con Iberoamérica y el Mediterráneo. —El período transitorio debería ser lo más homogéneo posible y adecuarse a las necesidades de la economía española. —Los trabajadores españoles no deberían ser objeto de ninguna discriminación en los países miembros tras la adhesión, y durante las negociaciones no deberían ser peor tratados que los procedentes de ningún otro país extracomunitario. La libre circulación de trabajadores se aplicaría plenamente a la conclusión del período transitorio general. —Durante el período transitorio España nunca debería ser contribuyente neto al presupuesto comunitario. —El PSOE estaba a favor de la pronta introducción del IVA, antes de la adhesión, para que el tránsito a la fiscalidad comunitaria no fuera traumático ni alargara adicionalmente el período transitorio. Se debería procurar también una mayor progresividad de la fiscalidad. —Participación desde la adhesión en los fondos comunitarios para el desarrollo regional. —En el sector agrícola, salvo para los subsectores más sensibles a la competencia comunitaria (productos lácteos y cereales fundamentalmente), se debería conseguir lo antes posible la eliminación de los obstáculos a los intercambios. —En el sector industrial, procurar obtener un período transitorio adecuado para las ramas de producción más sensible y con mayor nivel de empleo de mano de obra152. 152 «Integración de España en las Comunidades Europeas», noviembre de 1978, Fundación Francisco Largo Caballero (FLC), Archivo Histórico de UGT, Fondo de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI), 2095/2. Apéndice documental, doc. nº 1. 77 Si en un principio estas posiciones fueron formuladas para consumo interno y no se esgrimieron como reivindicaciones ante el Gobierno, a medida que el proceso fue avanzando se empezaron a oír desde el PSOE voces más críticas hacia el modo en que la UCD encaraba los contactos con las instituciones comunitarias. En febrero de 1979 —de hecho, en las mismas fechas en que las negociaciones comenzaban formalmente— Luis Yáñez-Barnuevo, secretario de relaciones internacionales, publicó un duro artículo en El País en el que acusaba a Calvo-Sotelo de falta de estrategia, egocentrismo, desorganización, uso electoralista de la actuación gubernamental y desprecio por los intereses económicos comprometidos153. En el Congreso de los Diputados, Manuel Marín, portavoz del PSOE para cuestiones comunitarias, cuestionaría también la eficacia de la estructura administrativa creada al efecto por el ejecutivo, y criticaría la a su juicio escasa atención prestada desde la misma a las fuerzas sociales y económicas afectadas por la adhesión: sindicatos, patronal, consumidores, organizaciones europeístas, etc.154 Asimismo, Marín previno al Gobierno contra la tentación de instrumentar la adhesión en su propio beneficio, aprovechándose de los contactos con la CEE para explotar una imagen pública como estadistas —cosa que, según él, habían empezado a hacer Suárez y Calvo-Sotelo— y dejando la tarea que le era propia: la defensa de los intereses nacionales155. Cuando las negociaciones se vieron sacudidas por el giscardazo, la primera reacción del PSOE fue criticar con indignación el electoralismo de cortas miras del presidente francés. El grupo parlamentario socialista emitió una nota que denunciaba el «tratamiento injusto y discriminatorio para la economía española» expresado en las declaraciones de Giscard156. Ya hemos citado el editorial de El socialista que censuraba la concepción estatalista de la integración europea. Pero, andando el tiempo, las invectivas se volvieron también contra el Gobierno de la UCD: el PSOE denunciaría que Suárez y Calvo-Sotelo no habían comprendido que las negociaciones no se libraban únicamente con las instituciones comunitarias en Bruselas, sino también en el frente de las relaciones bilaterales, y en particular con Francia, unas relaciones que el Gobierno 153 YÁÑEZ-BARNUEVO, Luis, «Un asunto de Estado», El País, 4-2-1979. 154 DSC, Plenos, 21, I Legislatura (27-6-1979), pp. 1078-1079. 155 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 18, I Legislatura (14-5-1980), p. 16. 156 La Vanguardia, 7-6-1980. 78 español no estaba gestionando adecuadamente, y que se veían lastradas por las malas relaciones personales entre Suárez y Giscard157. Tras la llegada al poder, el Gobierno socialista trataría de enmendar lo que consideraba había sido una deficiencia de la gestión anterior, dotando a las negociaciones de una mayor entidad política, orientada, sobre todo, a los intereses comunes de los países de la Europa mediterránea158. En su discurso de investidura Felipe González fijó la adhesión a la CEE como una prioridad y expresó el objetivo de alcanzarla en el plazo de esa misma legislatura159. Comenzaba así lo que Matthieu Trouvé ha llamado la presidencialización de la cuestión europea160, que de hecho afectó al conjunto de la política exterior161. De manera más clara que sus antecesores, González contaba, en el momento de su ascenso al Gobierno, con un programa propio y definido de las que entendía debían las líneas básicas de la acción exterior del Estado, que, además de la adhesión a la CEE, incluían la potenciación de las relaciones con Iberoamérica y una presencia más activa en la cuenca mediterránea162. Como presidente González ejercería un control más directo de la acción exterior a través de instrumentos como el área de internacional del gabinete de la Presidencia del Gobierno, en la que contaba con la asistencia de Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, la secretaría de relaciones internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE, ejercida desde 1984 por Elena Flores, o la Fundación Pablo Iglesias163. En relación con la CEE, González asumió personalmente la responsabilidad de derribar los inconvenientes y desconfianzas existentes en varios países de la Comunidad. Fue significativa, a este respecto, la carta que en noviembre de 1983 el presidente dirigió a los primeros ministros de los diez países miembros de la CEE —y que fue comunicada a la prensa— requiriéndoles, de cara al Consejo Europeo que se 157 ARÉVALO, José Carlos, «Política exterior de España: descalificación absoluta», El Socialista, nº 253 (14-4-1982). 158 PSOE, Por el cambio. Programa electoral, 1982. MORÁN, Fernando, «España en las Comunidades Europeas», ABC, 12-6-1985. NÚÑEZ PEÑAS, Vanessa, «El gobierno del PSOE ante la adhesión de España a las Comunidades Europeas: estrategia de negociación y toma de decisiones», en V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, 28 de noviembre – 1 de diciembre 2011. Historia de la época socialista: España, 1982-1996. Comunicaciones, UNED / UAM, 2011 [edición en CD]. Entrevista de Raimundo Bassols con el GHistRI, 21-4- 2008. 159 El País, 1-12-1982. 160 TROUVÉ, M, La diplomatie… op. cit., p. 607. 161 PARDO SANZ, Rosa, «La política exterior de los gobiernos de Felipe González: ¿un nuevo papel para España en el escenario internacional?», Ayer, nº 84 (2011), pp. 73-97. 162 PALOMARES, Alfonso S., Felipe González;: el hombre y el político, Barcelona, Ediciones B, 2005, p. 241. 163 FEO, Julio, Aquellos años, Barcelona, Ediciones B, 1993, pp. 216-218. Entrevista de Elena Flores con el Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (GHistRI), 16-5-2012. 79 iba a celebrar al mes siguiente en Atenas, una actitud clara que desbloqueara el ingreso de España, pues lo contrario «representaría una grave responsabilidad histórica de la Comunidad respecto del pueblo español»164. El 20 de julio de 1983 el Consejo de Ministros español abordó monográficamente las negociaciones de adhesión, decidiendo una serie de grandes líneas de actuación entre las que figuraban aumentar la presión bilateral, mejorar las vías de comunicación con los Embajadores de países miembros de la Comunidad y organizar campañas de comunicación dirigidas a la opinión pública de aquellos países más reticentes a la adhesión española165. Esta política era consecuente con la actividad que el partido había desarrollado ya desde la oposición de tratar de favorecer la causa de la adhesión española ante interlocutores europeos, principalmente los partidos socialistas de Europa occidental166. Ante la constatación de que para cada uno de los temas conflictivos siempre había un Estado que ejercía el liderazgo de la posición comunitaria y detrás del cual se situaban los demás (Francia en la agricultura, Irlanda en la pesca, la RFA y Luxemburgo en la libre circulación de trabajadores...), era primordial para el Gobierno español enfrentar los asuntos más delicados con cada país. Así, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán se fijó como prioridades el desbloqueo de las relaciones con Francia y la obtención del apoyo de la República Federal Alemana, principal contribuidor al presupuesto comunitario y cuya avenencia era indispensable para que la Comunidad emprendiera las reformas internas que hicieran factible la adhesión española167. El Gobierno socialista percibió que la coincidencia ideológica con París podía ser rentabilizada en pro de un acercamiento de las posiciones negociadoras168. Una serie de iniciativas fueron adoptadas para la mejora de las relaciones con Francia: la celebración de seminarios ministeriales hispano-franceses, iniciados en la Celle-Saint-Cloud en enero de 1983, que permitieron el contacto directo entre los responsables de cada país 164 MORENO JUSTE, A. (ed.), España y el proceso... op. cit., pp. 103-106. 165 TROUVÉ, M., La diplomatie... op. cit., p. 671. 166 Así, en noviembre de 1981 se había celebrado en Madrid una conferencia de partidos socialista de la CEE en la que se habían aprobado varios documentos y declaraciones formales a favor de la adhesión española; entre ellas el PSOE logró la aprobación por unanimidad de una ponencia agrícola que incluía, en esencia, la mayoría de los puntos conflictivos que estaba defendiendo al mismo tiempo el Gobierno español. «UPSCE, Conference Enlargement of the European Community, November 28, 1981», Archivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (ACFEME), Fondo Movimiento Europeo. 167 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 11, II Legislatura (18-2-1983), p. 9. 168 MORÁN, Fernando, España en su sitio, Barcelona, Plaza & Janés / Cambio 16, 1990, pp. 54-64. Con todo, en noviembre de 1982 Mitterrand había declarado que la victoria del PSOE no alteraba el fondo del problema para Francia. Cfr. ACUÑA, R. L., Como los dientes… op. cit., p. 135. 80 de los sectores conflictivos169; encuentros, sobre todo, entre los ministros de agricultura de ambos países, Carlos Romero y Michel Rocard170; contactos entre la sociedad civil, promovidos a partir de 1984 por la Fundación Diálogo (asociación de amistad hispano- francesa creada en septiembre de 1983171). A ello se sumó el empeño personal del ministro Morán, a través de sus contactos con el responsable del Quai d’Orsay, Claude Cheysson, y con el embajador francés en Madrid, Pierre Guidoni172, de promover la idea de un eje hispano-francés en la futura Comunidad de doce. Por su parte, también Mitterrand habría dado, según varios autores, un giro europeo o español a su política a partir de 1983, con el nombramiento del hispanófilo Roland Dumas como ministro para asuntos europeos, con el encargo de concluir las negociaciones con España y Portugal173. Tras un encuentro entre Mitterrand y González en diciembre de 1983 se alcanzó un acuerdo sobre la expulsión de los terroristas etarras de suelo francés (en septiembre de 1984 serían extraditados los primeros), y Francia se comprometió a acelerar las negociaciones durante su turno de presidencia del Consejo de la CEE, en el primer semestre de 1984174. La obtención del apoyo germano-occidental, en cambio, más que a cuestiones estrictamente bilaterales estaría ligada a la actitud de España en relación con la permanencia en la OTAN y con la coyuntura específica de las relaciones entre los dos grandes bloques de la Guerra Fría175. La instalación por la Unión Soviética en la segunda mitad de los años setenta de misiles de cabeza nuclear de mediano alcance (los 169 MORÁN, F., España... op. cit., pp. 68-70. 170 REVENTÓS, Joan, Misión en París. Memorias de un embajador, Barcelona, Península, 1993, pp. 170-175. 171 VORMS, Charlotte, «L’histoire réconciliée: Les relations franco-espagnoles 1983-2005», en VORMS, Charlotte y AGUILAR, Miguel Ángel, 1983-2003. Veinte años de diálogo hispano-francés. Vingt ans de dialogue franco- espagnol, [s. l.], Diálogo, 2003, pp. 8-47. 172 MORÁN, F., España... op. cit., pp. 62-64 y 67. Aunque, tal como cuenta Morán, Guidoni era «un buen amigo de España y antiguo conocido de Felipe González» (en 1976 habían publicado conjuntamente el libro Entretiens sur le socialismo en Espagne), no mucho antes, siendo diputado por la región del Aude, había hecho unas declaraciones extremadamente irritantes para la delegación negociadora española, en que había dicho: «Que Europa se extienda a estos países [los candidatos a la adhesión] nos parece un buen objetivo. Pero la democracia es una cosa; las frutas, el vino y las verduras, otra». Cit. en BASSOLS, R., España en Europa… op. cit., p. 252. 173 De hecho, el PSOE y el Partido Socialista francés ya se habían mantenido en contacto durante los años anteriores en relación con sus respectivas posturas sobre la adhesión española. En septiembre de 1978 habían celebrado un seminario en Toulouse sobre los problemas que la adhesión plantearía al suroeste francés, en el que, pese a las mutuas declaraciones de solidaridad, se habían evidenciado las diferencias existentes. «Notes prises au cours de la reunión PSOE –PS du 12 septembre 1978 à Toulouse consacrée à l’élargissement de la CEE à l’Espagne – Problèmes posés au Sud-Ouest de la France», FLC, SRI 2095/2. 174 SAUNIER, Georges, «”Exorciser les malefices”: François Mitterrand et l’élargissement à l’Espagne et au Portugal», en LANDUYT, Ariane; PASQUINUCCI, Daniele (eds.), Gli allargamenti della CEE, 1961-2004, Bolonia, Il Mulino, 2005, pp. 131-149. TROUVÉ, Matthieu, «François Mitterrand et l’Espagne (1981-1995)», Matériaux pour l’histoire de notre temps, nº 101-202 (2011), pp. 17-19. 175 CRESPO MACLENNAN, J., España en Europa… op. cit., p. 254. 81 SS 20) sobre Europa central y oriental había sido respondida desde la OTAN con una propuesta de negociación en Ginebra cuyo fracaso implicaría el despliegue de 108 misiles Pershing II y 464 misiles de crucero en cinco países de Europa occidental. Coincidiendo con una ola de pacifismo en Europa y con un discurso renovadamente agresivo por parte de la nueva administración estadounidense de Ronald Reagan, en España se vivió el debate sobre la integración o no del país en la OTAN. El Partido Socialista, cuya percepción por entonces de la OTAN era la de una institución creada para mantener una Europa subyugada o dependiente de Estados Unidos176, había defendido con firmeza que España no debía adherirse a esta organización y advirtió que, si lo hacía, un futuro Gobierno socialista promovería un referéndum popular que permitiera su abandono. Ante el empuje del Gobierno de la UCD hacia la inserción en la Alianza Atlántica, que en ocasiones fue veladamente emparentada con una mejora de las expectativas de entrar en la CEE, el PSOE reaccionó negando la existencia de cualquier vínculo entre ambas organizaciones y afirmando que cualquier intento de relacionarlas sería un engaño y un fraude. Así lo expresó Manuel Marín en el Congreso de los Diputados en junio de 1979: «Son dos temas totalmente diferentes, y en este caso yo pido que el gobierno se aclare, porque nosotros estamos dispuestos, por lo que se refiere a la construcción europea, a apoyar fundamentalmente todas las iniciativas del gobierno y de su partido, pero no vamos a tolerar [...] que se intente ligar funcionalmente el problema de la construcción europea con el problema de la defensa europea»177. Sin embargo, una vez en el Gobierno González y su entorno modificaron rápidamente su postura ante la OTAN, adoptando una perspectiva más realista a medida que se fueron familiarizando con la percepción que los propios Gobiernos de Europa occidental tenían de la Alianza Atlántica, bastante alejada de la visión de la izquierda española, tradicionalmente imbuida de antiamericanismo y condicionada por un pasado reciente que mostraba a Estados Unidos como uno de los Estados que habían 176 Véanse por ejemplo las declaraciones de Luis Yáñez-Barnuevo, secretario de relaciones internacionales del PSOE, en El Socialista, 22-10-1977. 177 DSC, Plenos, 21, I Legislatura (27-6-1979), p. 1099. Véase también PSOE, 50 preguntas sobre la OTAN, 1981, pp. 6-7. Todavía a fines de 1982 insistiría Felipe González en que «no compensa a España su integración y alineamiento definitivo en la OTAN; ni se han acelerado las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, que han quedado congeladas precisamente después del ingreso en la OTAN, ni el Reino Unido —miembro de la Alianza— ha retirado su actitud de veto a la descolonización de Gibraltar». «El PSOE tiene una decidida vocación europeísta», Movimiento Europeo, nº 5 (diciembre 1982 – enero/febrero 1983), pp. 15-16. 82 contribuido al sostenimiento del régimen franquista178. De hecho, el impulso político de las negociaciones con la CEE tuvo uno de sus momentos determinantes precisamente en la visita de Felipe González al canciller alemán Helmut Kohl en mayo de 1983, en la que el presidente español expresó, para satisfacción de la mayoría de los Gobiernos europeos, su «comprensión y solidaridad» respecto del despliegue de los euromisiles179. Pocas semanas después, en el Consejo Europeo de Stuttgart, y a requerimiento de la RFA, la reforma presupuestaria de la Comunidad, cuya aplicación había estado en el eje de los debates comunitarios en los últimos años, quedó ligada al éxito de la ampliación a España y Portugal180. El Decálogo de la política exterior enunciado por Felipe González ante el Congreso de los Diputados en octubre de 1984 avanzaba otro paso más en esa estrategia de ambigüedad calculada en relación con la OTAN, al proclamar que la pertenencia de España a la misma era «un punto de partida inexcusable, el “status” actual, para nuestro diálogo político y con probabilidad de que sea el que mayor grado de consenso hipotético comporte»181. En diciembre, el XXX Congreso del PSOE avalaba esta postura con una clara mayoría, abriendo ya el camino para que en 1986 el Gobierno promoviera la permanencia en la OTAN en el referéndum celebrado al efecto182. 178 MARKS, Michael P., The Formation of European Policy in Post-Franco Spain. The Role of Ideas, Interests and Knowledge, Avebury, Ashgate Publishing, Aldershot, 1997. Véase también SEREGNI, Alessandro, El antiamericanismo español, Barcelona, Síntesis, 2007 y CAVALLARO, Maria Elena, «L’evoluzione dell’antiamericanismo nel Partito socialista spagnolo dal franchismo alla transizione democratica», en CRAVERI, Piero; QUAGLIARIELLO, Gaetano (a cura di), L’antiamericanismo in Italia e in Europa nel Secondo dopo guerra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 519-538. 179 Entrevista de Javier Rupérez con el GHistRI, 29-7-2010 180 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Enrique, «Las negociaciones de adhesión de España a las Comunidades Europeas: enero 1983 - marzo 1984», Revista de Instituciones Europeas, vol. 11, nº 2, p. 478. PRESTON, Paul; SMYTH Dennis, España ante la CEE y la OTAN, Barcelona, Grijalbo, 1985, pp. 162-173. 181 Boletín Oficial de las Cortes Generales, 23-10-1984. 182 Más adelante, Felipe González reconocería como un error su posición anterior, e incluso llegaría a declarar, renegando de la antigua visión de una Europa unida como contrapoder a los dos grandes bloques, que «Europa y los Estados Unidos no solamente forman parte de la misma Alianza, sino [que] conforman el mismo universo cultural, comparten el mismo conjunto de valores [...]: hay un mundo occidental», GONZÁLEZ, Felipe y SEMPRÚN, Jorge, «España en Europa», Sistema, nº 76 (enero 1987), p. 27. José María Benegas reconocería, por su parte que las naciones europeas —entiéndase la RFA— tenían derecho a exigir de España un compromiso en materia de seguridad, cuando ésta lo solicitaba de ellas en materia económica. El propio Benegas trataría también de justificar, no sin cierto cinismo, el atlantismo del PSOE sobre la base de que también la Alianza Atlántica podía ser utilizada como «plataforma para la acción del socialismo democrático en el mundo». BENEGAS, José María, La razón socialista. Carta abierta a los socialistas españoles. Un modelo de sociedad, democrático y solidario, Barcelona, Planeta, 1990, p. 94. La conexión entre OTAN y CEE ha sido, con todo, desmentida por el propio González. Cfr. GONZÁLEZ, Felipe y CEBRIÁN, Juan Luis, El futuro no es lo que era, Madrid, Aguilar, 2001, pp. 136-138. Para la visión de un socialista crítico con la ambigüedad calculada, cfr. SOTELO, Ignacio, Los socialistas en el poder, Madrid, El País, 1986, pp. 219-220. Una síntesis del giro atlantista en ÁNGEL ORDÁS, Carlos, «OTAN de entrada No. El PSOE y el uso político de la integración española en el Pacto atlántico o cómo hacer de la necesidad virtud, 1980-1986», en NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos; ITURRIAGA BARCO, Diego (eds.), España en democracia. Actas del IV Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2014, PP. 293-305. 83 Las negociaciones con la CEE se aceleraron a lo largo de 1984, haciendo posible su conclusión en la primavera de 1985. La aprobación en noviembre de 1983 de un nuevo Reglamento de Frutas y Hortalizas de la CEE, y de los términos para la reforma del sector del vino en diciembre de 1984, permitirían fijar posiciones negociadoras en materia agraria. El Consejo Europeo de Fontainebleau (junio de 1984) resolvió el problema presupuestario, al obtener Reino Unido el llamado cheque británico. Los problemas bilaterales hispano-británicos en relación con Gibraltar quedaron encauzados a partir del acuerdo del 27 de noviembre de 1984. En diciembre de 1984 España cerró, al fin, el capítulo de unión aduanera, aceptando un desarme arancelario de siete años, mientras que los capítulos en los que España debió finalmente hacer más concesiones (agricultura, pesca, asuntos sociales, recursos propios e Islas Canarias) no fueron cerrados hasta marzo de 1985. Productos cuya exportación revestía una notoria importancia para la economía española y que la CEE juzgó por su parte sensibles, como las hortalizas o los agrios, quedaron finalmente sujetos a un período de transición de diez años, sin obtener ventaja alguna durante los cuatro primeros. También la libre circulación de trabajadores españoles sufriría una transición de siete años (diez si su destino era Luxemburgo), mientras que el acceso de los pescadores españoles al box irlandés quedaba restringido hasta 1995183. Estos resultados motivaron las protestas por parte de sectores económicos que se sintieron directamente perjudicados (y en concreto algunas organizaciones de agricultores, como se verá más adelante), además de las críticas de Alianza Popular, entonces principal partido de la oposición. De hecho, durante los últimos años —y seguidamente nos ocuparemos de ello— la derecha política se había erigido en la abanderada del interés nacional frente a avaricia negociadora de la CEE y a la supuesta proclividad del Gobierno a hacer concesiones en capítulos esenciales. Sin embargo, durante las negociaciones, y en concreto en los momentos más delicados de las mismas, el PSOE también había procurado proyectar una imagen de defensa a ultranza del interés patrio frente a los avezados negociadores comunitarios, hasta el extremo de sugerir en ocasiones la posibilidad de una ruptura con la CEE si no se alcanzaban determinados objetivos. Tras el triunfo electoral de 1982, Alfonso Guerra dejó caer en una entrevista radiofónica que, de no alcanzarse en tres años, tal vez la adhesión 183 ALONSO, Antonio, España en el Mercado Común. Del acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce, Madrid, Espasa Calpe, 1985, pp. 154-208. 84 «dejaría de ser interesante»184, y las Embajadas en los países miembros recibieron la instrucción de dar pábulo a esa posibilidad ante los Gobiernos de los diez185. En 1983 una publicación propagandística del partido presentaba a González como un negociador duro, capaz de mostrar ante la CEE la firmeza que había faltado a sus predecesores186. También el clima de tensión heredado en las relaciones hispanofrancesas propició una oportunidad de mostrar este carácter. En marzo de 1984 el primer ministro francés, Pierre Mauroy, se entrevistó con González en la Moncloa, en un encuentro marcado por el reciente ametrallamiento de dos pesqueros vascos por la armada francesa por faenar ilegalmente en aguas territoriales. Mauroy contaría en sus memorias que en privado González lo trató con gran cordialidad y restó importancia al incidente en el Cantábrico, pero al despedirse le pidió que diera a entender a la prensa que la conversación había sido tensa187. En definitiva, también el PSOE se apropió hasta cierto punto del mensaje de Calvo-Sotelo y la CEOE sobre entrar en la CEE «pero no a cualquier precio»188. Por último, interesa detenernos en el carácter triunfalista del discurso público del PSOE ante la firma del Tratado de adhesión, realizada el 12 de junio de 1985. En un clima casi generalizado de euforia, tanto las alocuciones públicas de los dirigentes como los artículos de prensa presentaron la entrada en la CEE como «la superación de un aislamiento secular», «la participación en el destino común de Europa», «la culminación de un proceso de lucha de millones de españoles», la ruptura del aislamiento histórico de España y, en definitiva, el triunfo de la democracia sobre los rescoldos del régimen anterior189. Es llamativo que, pese a que había sido la contraposición de intereses económicos lo que había demorado la negociación durante años, en todos estos discursos los beneficios tangibles de la adhesión pasaran a un segundo plano —sobre todo a la vista de las dificultades que los expertos auguraban para los primeros años dentro de la Comunidad— y el acento se pusiera en los valores culturales sobre los que se fundaba la Comunidad Europea y, sobre todo, en el hecho de que la adhesión 184 «El PSOE retirará la demanda de adhesión si España no es miembro de la CEE en 1985», El País, 25- 11-1982. 185 NÚÑEZ PEÑAS, V., Entre la reforma… op. cit., p. 321. 186 PSOE, Equipo de Documentación Política, Un año para la esperanza, 1983, pp. 98-99. 187 MAUROY, Pierre, Mémoires. «Vous mettrez du bleu au ciel», París, Plon, 2003, p. 277. 188 José Antonio Novais lo hizo explícitamente en un artículo en El Socialista: NOVÁIS, José Antonio, «El mercadillo francés», El Socialista, nº 378 (1 al 15 de abril 1985). 189 Véanse al respecto, por ejemplo, «Ya somos Europa»; «Reencuentro histórico»; «España supera su aislamiento secular»; SANTOS, Félix, «Este pueblo, donde le corresponde»; «El día que España entró en Europa», todos ellos artículos publicados en El Socialista, nº 383 (15 al 30 de junio 1985). 85 significaba el reconocimiento definitivo de la europeidad de España, secularmente cuestionada al norte de los Pirineos. Según señalaba un editorial de El Socialista, «…con los acuerdos últimos alcanzados en Bruselas […] iniciamos nuestra andadura en la Europa moderna, con toda la fidelidad y la lealtad hacia ese proyecto común que resume una trayectoria histórica, cultural y política, muy superior a la simple visión económica que hoy se tiene de ella. Porque para el PSOE el proyecto europeo es algo mucho más profundo, es una civilización que sintetiza unos valores políticos basados en la libertad y en la justicia; sintetiza unos valores culturales cuyo último fin es la propia persona en su auténtica dimensión de hombres solidarios, tanto individual como colectivamente, que aspira a realizarse en el progreso y en la solidaridad común»190. Siendo así, el Tratado de adhesión revestía un carácter histórico y el 1 de enero de 1986, cuando la adhesión había de hacerse efectiva, se convertía en una fecha fundacional de la España contemporánea, y precisamente sobre estas consideraciones se basaría buena parte de la campaña socialista para las elecciones de ese año191. 190 «España, por fin en Europa», El Socialista, nº 378 (1 al 15 de abril 1985). 191 Respecto de la expectativa de rentabilización electoral de la adhesión y su incidencia en la carrera final hacia la firma del Tratado —cuestión respecto de la cual se emitieron opiniones diversas y enfrentadas entre los partidos y las organizaciones sociales en 1985—, es interesante recoger aquí, aun cuando nos obligue a una cita más extensa de lo habitual, el relato del periodista Mariano Guindal del final de las negociaciones. La escena se inicia en Moscú en marzo de 1985, donde, ocasión de los funerales del primer secretario del PCUS, Konstantín Chernenko, coincidieron numerosos mandatarios europeos, y donde se produjo la siguiente conversación entre Margaret Thatcher y Felipe González: «—Felipo, ¿cómo van las negociaciones?— Thatcher le llamaba Felipo sin que nadie se atreviese a sacarla de su error. »—Mal, Margaret, muy mal, están atascadas en el capítulo agrario, en la leche y en todo lo referente a la siderurgia —González parecía un director general explicándole con excesivo detalle lo que marchaba mal. »—No estoy entendiendo nada de lo que me dice —se quejaba la Thatcher. »—Mire usted, la situación española es como la de aquel peregrino paralítico que andaba en silla de ruedas y se fue a ver a la Virgen de Lourdes para que obrase en él un milagro y le permitiese andar. Cuando estaba en lo más alto de la cuesta que conduce a la basílica, tuvo la mala suerte de caerse por la pendiente, y mientras iba rodando hacia la gruta de la Virgen, el pobre hombre decía: “¡Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy!” Pues eso es lo que me pasa a mí con Europa. »Thatcher estalló en carcajadas y le contestó: »—Felipo, ahora ya le entiendo lo que me quiere decir. Haga usted lo mismo que yo: entre, y después siga negociando lo que no le han impuesto. Tenga en cuenta que aquí hay dos negociaciones, la que se hace desde fuera y la que se hace desde dentro. »A Felipe González se le encendieron las luces, pidió a Marín que aceptase lo que le ofrecían y que cerrase el trato, aunque fuese perdiendo. El propio equipo español no lo entendía y las críticas que se hicieron dentro de España a la nueva estrategia fueron lacerantes: o no sabía negociar o el gobierno estaba compuesto por tontos. La patronal le reprochó que, con tal de ponerse la medalla de haber sido quien metía a España en Europa, sacrificara a los sectores más productivos. Otros dijeron que lo hacía para ganar las elecciones a costa de los empresarios y de los trabajadores. Pero las órdenes del presidente eran tajantes: “¡Hay que entrar a cualquier precio!”. A Felipe no le quedaba más remedio que aguantar el tipo y ocultar sus verdaderas intenciones. Tras la firma de la adhesión, convocó una rueda de prensa en el mismo Palacio de Oriente. »—Presidente, ¿habrá una renegociación del Tratado? »—Es un error —contestó con un enorme aplomo— que se firme un tratado con la intención de reabrir la negociación. No obstante, la CEE es por definición una negociación permanente, no sólo para España, sino para todos sus miembros. »—¡Muchas gracias, señor presidente!». GUINDAL, Mariano, El declive de los dioses. Los secretos de la transición económica española desvelados por un testigo de excepción, Barcelona, Planeta, 2011, pp. 270-271. 86 Con esto, el PSOE cerraba un ciclo en el que su discurso europeísta había conocido elementos de continuidad y de cambio192. Entre los primeros, el hecho de apoyar el proceso de integración europea como opción de futuro para el continente, en consonancia con los planteamientos de los grandes grupos europeístas de la posguerra, en algunos de los cuales el PSOE participó desde sus inicios. Como segundo elemento de continuidad, la posición favorable a la entrada de España en la CEE una vez que hubiera desaparecido el régimen franquista, participando de la identificación entre europeísmo y democracia que se extendió a las diversas tendencias de la oposición antifranquista. Entre los elementos de cambio debemos señalar la evolución en la percepción de las Comunidades Europeas realmente existentes, desde una posición crítica que las concebía como un instrumento del capitalismo a una visión más pragmática que veía en ellas un mero espacio para la proyección de las políticas del partido. En segundo lugar, en el realismo con que el Gobierno de Felipe González planteó la problemática relación entre el Mercado Común y la OTAN, y que permitió asegurar la presencia de España en ambas organizaciones pese al muy distinto significado que una y otra habían tenido para la opinión pública española en la historia reciente. Y, por último, en el eventual empleo de la política europea como arma de cara a la lucha política interna identificando el proyecto supranacional europeo como algo propio de la izquierda o, eventualmente, abanderando la defensa del interés nacional frente a la Comunidad. 1.3. Alianza Popular: europeísmo desde la oposición Como sucede con la UCD y con otras formaciones políticas de la transición, todo estudio referido a los primeros años de existencia de la coalición —posteriormente partido— Alianza Popular debe tener en cuenta la forma apresurada y hasta cierto punto improvisada de su constitución para la competición electoral de junio de 1977. De hecho, la recomposición del sistema de partidos en la primera mitad de la década de los ochenta sería en buena medida consecuencia de una ineficaz definición de sus líneas Aunque quede fuera del marco cronológico de nuestro trabajo, conviene recordar que la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987 y la firma del Tratado de Maastricht en 1992 repercutirían en la alteración de varios de los períodos transitorios que tan penosamente habían sido negociados entre 1979 y 1985. 192 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Visiones de Europa. Cambio y continuidad en el discurso europeísta del PSOE (1976-1985)», en V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, 28 de noviembre – 1 de diciembre 2011. Historia de la época socialista: España, 1982-1996. Comunicaciones, UNED / UAM, 2011 [edición en CD]. 87 ideológicas en las primeras legislaturas. Por otra parte, en el caso de AP sus propias estructuras institucionales estarían sujetas a variaciones en función de las relaciones establecidas con otras fuerzas del espectro conservador, cristalizando en coaliciones diversas y pasando por una primera refundación en 1979. No resulta fácil, por ello, identificar al conjunto de AP con un espectro preciso del electorado para todos estos años, ni tampoco con una ubicación ideológica concreta más allá de su relativo conservadurismo en comparación con las otras fuerzas del arco parlamentario. Tres son, a nuestro juicio, los rasgos definitorios de la trayectoria de AP entre 1976 y 1985. En primer lugar, la dependencia programática y organizativa de la figura de su creador y muñidor, el ex-ministro franquista Manuel Fraga Iribarne193. En segundo lugar, la vacilación en el plano ideológico entre las diversas tendencias contenidas en su seno a todo lo largo de este período, y que abarcarían desde nostálgicos puros del franquismo con escaso espíritu reformista (Licinio de la Fuente, Fernández de la Mora) hasta centristas y democristianos (Félix Pastor, Isabel Barroso), pasando por liberales extremos en el sentido económico (Pérez Escolar, José Antonio Segurado) y adeptos personales de Fraga (Jorge Verstrynge, José María Ruiz Gallardón). En tercer lugar, y relacionado con el aspecto anterior, la difícil consolidación de su estructura como partido y eventualmente como cabeza de coaliciones electorales. AP nació en octubre de 1976 como una federación de siete partidos capitaneados por diferentes personalidades que habían ocupado puestos de responsabilidad en el régimen anterior194, y entre los que destacaba el partido Reforma Democrática, que Fraga había creado en febrero de 1976 a partir de los trabajos del llamado Gabinete de Orientación y Documentación (GODSA), grupo de inspiración democristiana instituido en 1973 bajo la forma de una sociedad mercantil. En 1978 cinco de estos partidos se integraron en el Partido Unido de Alianza Popular (PUAP), quedando fuera Unión Nacional Española y Unión Democrática Española, en lo que se consideró un 193 En este aspecto insisten ESTEBAN, Jorge de; LÓPEZ GUERRA, Luis, Los partidos políticos en la España actual, Barcelona, Planeta, 1982, p. 160 y LÓPEZ NIETO, Lourdes, Alianza Popular. Estructura y evolución electoral de un partido conservador (1976-1982), Madrid, CIS, 1988, pp. 10-11.Sobre la figura de Fraga, PENELLA, Manuel, Manuel Fraga Iribarne y su tiempo, Barcelona, Planeta, 2009. 194 Además de la Reforma Democrática de Fraga, los otros partidos eran Unión Nacional Española (liderada por Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas en 1970-74), Reforma Social (de Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo en 1969-75), Unión del Pueblo Español (Cruz Martínez Esteruelas, ministro de Planificación y Desarrollo en 1973-74 y de Educación en 1974-75), Acción Regional (Laureano López Rodó, ministro del Plan de Desarrollo en 1965-73 y de Asuntos Exteriores en 1973-74), Unión Democrática Española (Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas en 1965-70) y Unión Social Popular (Enrique Thomas de Carranza, antiguo director general de Cultura Popular y Espectáculos). 88 primer intento de romper con el pasado y orientar AP hacia el centro195. Seguidamente AP concurrió a las elecciones como Coalición Democrática (CD) con la Acción Ciudadana Liberal (ACL) de José María de Areilza y el Partido Demócrata Progresista de Alfonso Osorio. En su III Congreso (diciembre de 1979), el partido adoptó un carácter más presidencialista, incrementando la autoridad de los órganos centrales sobre las estructuras regionales, y Fraga retornó a la presidencia después de haber dimitido por los malos resultados electorales de marzo196. A partir de 1981, la progresiva degradación de la UCD reforzaría los cuadros centristas en AP y propiciaría la formación de una nueva coalición (Coalición Popular) con el Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga, junto a otras fuerzas menores como el Partido Aragonés Regionalista, Unión del Pueblo Navarro, Unidad Valenciana o Unión Liberal197. Los resultados electorales de 1982 la convertirían en la segunda fuerza del Parlamento, con 106 diputados. El PDP abandonaría AP en julio de 1986, y poco después lo haría el Partido Liberal (antigua Unión Liberal). La tendencia a la concentración organizativa y a la búsqueda del centro político culminaría en el IX Congreso de 1989, en el que nació el Partido Popular198. Un primer dato relevante para nuestro estudio viene dado por el hecho de que, pese a la relativa heterogeneidad y, en muchos casos, imprecisión ideológica de los siete partidos que constituyeron AP en 1976, casi todos ellos coincidían en destacar en sus textos fundacionales la integración de España en la Comunidad Económica Europea como un objetivo primordial de sus programas en política exterior. En la justificación de ese objetivo predominaban las consideraciones históricas y culturales en torno a la pertenencia de España a la civilización europea sobre la previsión de las ventajas económicas de integrarse en las Comunidades. Así, por ejemplo, los estatutos de Unión del Pueblo Español propugnaban «una relación intensa y solidaria con los países integrados por los valores de nuestra común civilización», «una actitud que partiendo 195 CARRIÓN SÁNCHEZ, Pablo Jesús, «La reconversión democrática en la derecha: Alianza Popular (1977-1979)», V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, 28 de noviembre – 1 de diciembre 2011. Historia de la época socialista: España, 1982-1996. Comunicaciones, UNED / UAM, 2011 [edición en CD]. 196 POWELL, Charles T., «Alianza Popular y la Transición: la difícil forja de una derecha democrática española», en QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (coord.), Los partidos en la Transición: las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 163-184. 197 CORPAS AGUIRRE, María de los Ángeles, «Alianza Popular (1979-1982): la infructuosa búsqueda de la mayoría natural», V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, 28 de noviembre – 1 de diciembre 2011. Historia de la época socialista: España, 1982-1996. Comunicaciones, UNED / UAM, 2011 [edición en CD]. 198 Como visiones de síntesis de la historia de AP destacan, además de la citada de Lourdes Nieto, DÁVILA, Carlos, De Fraga a Fraga. Crónica secreta de Alianza Popular, Barcelona, Plaza & Janés, 1989; BAÓN, Rogelio, Historia del Partido Popular. I: Del Franquismo a la Refundación, [s. l.], Ibersaf, 2001, y PENELLA, Manuel, Los orígenes y la evolución del Partido Popular. Una historia de AP, 1973-1989, Salamanca, Caja Duero, 2005. 89 de la radical europeidad de España nos lleve a sumarnos en la difícil empresa de la construcción política de Europa»199. Según el programa de Acción Regional, «nuestra condición europea es incuestionable y, con ella, la voluntad de integración en las instituciones comunitarias existentes»200. Las motivaciones económicas podían, en el mejor de los casos, aparecer junto a las motivaciones geográficas y culturales para la entrada en la CEE, como en el programa de Unión Democrática Española201. Así pues, en principio el designio de adherirse a las Comunidades Europeas se basaba prioritariamente en la obtención del reconocimiento exterior de la europeidad de España. Tal punto de vista era, desde luego, compartido por el partido de Fraga, Reforma Democrática202, y aparecería reflejado igualmente en el manifiesto fundacional de Alianza Popular, que prometía trabajar «por que España ocupe un lugar en Europa y coopere a su destino común desde su propia personalidad, rechazando toda injerencia en nuestros asuntos internos»203. En este sentido, el programa electoral con que AP concurrió a las elecciones de 1977 interpretaba la entrada en la CEE como una política «digna y prestigiosa para España», que debía servir también para definir «su propia identidad en el concierto de las naciones y velar por sus intereses en el complejo mundo actual»204. Tras presentar España la solicitud de adhesión y comenzar el intercambio de documentos y declaraciones con la Comunidad, y sobre todo después de que la Comisión Europea presentara el Fresco sobre la ampliación y la prensa española comenzara a recoger las suspicacias de políticos franceses de distinto signo sobre la adhesión española, el discurso de AP sobre Europa apuntaría hacia un nuevo registro. Los problemas esencialmente económicos planteados en las relaciones hispano- comunitarias serían percibidos ahora como afrentas a España y como traiciones a los preclaros ideales europeístas sobre los que originalmente se habían fundado las Comunidades. Los burócratas de Bruselas, denunciaría AP, defraudaban el objetivo último de la integración europea, el diseño de un destino común para un conjunto de pueblos que buscaban superar su enfrentamiento anterior, y adoptaban estrategias meramente economicistas por las que cada país trataba de obtener el máximo beneficio a 199 Escrito de presentación y art. III de los Estatutos de Unión del Pueblo Español. 200 Programa político de Acción Regional (febrero de 1977). VI: política exterior. 201 Presencia y propósitos de Unión Democrática Española, 1975. 202 Llamamiento para una reforma democrática, Madrid, GODSA, 1976. 203 Manifiesto de Alianza Popular, 1976. 204 Programa electoral de AP, 1977. 90 costa de los demás. Las exigencias de rápido desarme industrial a España o las restricciones a su agricultura se interpretaron en ese sentido, y refiriéndose a ellas Manuel Fraga diría sentir nostalgia por la Europa generosa de los padres fundadores, nacida para la paz y la concordia entre sus naciones, mientras que la Comunidad recibía ahora con recelo y frialdad a los candidatos a la adhesión205. José María Ruiz Gallardón, que había llegado a AP a través de la Acción Regional de López Rodó, y que durante varios años sería uno de los más firmes apoyos de Fraga como vicepresidente del partido, condenaba también el egoísmo de esa «Europa de mercaderes, de intereses electoralistas prioritarios, de subordinación [...] de las grandes ideas de sus ilustres precursores a la triste y codiciosa realidad del tanto me das, tanto te admito», y proponía en su lugar una Europa en que cristalizara «la esencia de la civilización y los valores de Occidente [...], la supeditación al bien común europeo —de todos y cada uno de los países europeos— del bien particular y pequeñito de cada uno de ellos»206. Una actitud diferente, mucho más escéptica y sin ninguna pretensión de entroncar con ninguna corriente europeísta, sería la manifestada por el ex ministro franquista Federico Silva Muñoz (quien en todo caso abandonaría AP tras votar en el Congreso en contra de la Constitución en 1978). Silva entendía que, en contra del discurso enarbolado por la oposición democrática durante la dictadura, esto es, la de que España estaba excluida de la CEE únicamente por razones políticas, en verdad el principal obstáculo habían sido los inconvenientes económicos planteados por los países de la Comunidad. Para Silva, el pregonado europeísmo de la oposición democrática en los años sesenta y setenta no era más que una artimaña propagandística que, según él, en Bruselas hubiera «sonado a sánscrito», puesto que allí no se hablaba de política sino de economía. En 1977, Silva, preguntado sobre el programa de política exterior de AP, llegó al extremo de poner en duda la utilidad de que España siguiera llamando a las puertas del Mercado Común, ante el riesgo de que las transformaciones políticas exigidas por la CEE condujeran a la pérdida de firmeza de las instituciones españolas e incluso periclitaran la paz pública, y todo ello «sin haber conseguido aquel objetivo 205 FRAGA IRIBARNE, Manuel, «Europa vista desde Atenas», ABC, 5-1-1978. Tal fue igualmente el sentido de la conferencia impartida por Fraga en una cena coloquio con el Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica en febrero de 1978. LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA, COMITÉ ESPAÑOL, Memoria 1978, pp. 61-62. 206 RUIZ GALLARDÓN, José María, «Atención al tema de Europa», ABC, 20-9-1977. También «Moral de mercaderes», ABC, 1-9-1977. En el mismo sentido incidirían colaboraciones eventuales de AP con la revista del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, al que el partido se adhirió en 1979. Vid. por ejemplo KIRKPATRICK, Guillermo, «Nacimiento, evolución y perspectivas futuras de la Comunidad Europea», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), p. 31. 91 lejano y eminente que se nos ofrecía como empresa común de los españoles y que se nos antoja, a medida que avanzamos, como los espejismos en el desierto»207. A partir de 1979, con el comienzo formal de las negociaciones y la aparición sobre el debate político y parlamentario de los diferentes intereses sometidos a discusión, el europeísmo original de AP, basado en los supuestos valores culturales de la civilización europea, se vio rápidamente desplazado por una visión estatocéntrica de la integración europea, como una disputa permanente por la obtención de ventajas tangibles en la que los Gobiernos tenían, por encimad de todo, la responsabilidad de defender los intereses nacionales. Esta nueva actitud, que marcaría ya en mayor o menor medida el discurso europeísta de los populares durante la etapa democrática208, tendría a uno de sus máximos valedores en el propio Fraga, quien en 1989 sintetizaría en un libro sus ideas sobre la relación entre España y Europa. Para Fraga el origen de la CEE no estaba ya en un ideal cultural y civilizatorio, sino en la confluencia de una serie de intereses nacionales compatibles entre sí: la recuperación del liderazgo por parte de Francia; la expansión industrial de una Alemania condenada a la debilidad militar; la exportación del desempleo y el freno del comunismo en una Italia depauperada209. También en el general De Gaulle, por su contumaz defensa de la «Europa de las patrias», vería Fraga a uno de los padres de Europa210. En una conferencia pronunciada poco después de hacerse oficial la entrada de España, Fraga definiría la CEE como «una Europa de las patrias y de los Estados», en la que cada país hacía su juego y en la que España debía diseñar su propia estrategia211. Otro defensor de este enfoque sería el portavoz parlamentario Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ponente de la Constitución que se había incorporado a AP tras abandonar la UCD a fines de 1981. Para Herrero los objetivos históricos de la integración europea consistirían en la creación de un mercado unitario, un espacio 207 Entrevista a Federico Silva Muñoz en MARTÍN VILLACASTÍN, Rosario, Alianza Popular: España, lo único importante, Madrid, Maisal, 1977, pp. 50-56. En su libro La transición inacabada, Silva se pronunciaría contra la adhesión tanto a la OTAN como a la CEE y despreciaría el «europeísmo de salón», carente de contenido, que se había puesto de moda en esos años. «Durante muchos años —decía— he venido estudiando las consecuencias de la incorporación de España a Europa, procurando huir del tópico de declararme europeísta como si fuera un título académico o arqueológico; o de valerme de ello para tirar por elevación sobre cualquier objetivo de política doméstica española, que es para lo que tanto sirvió a algunos el europeísmo». SILVA MUÑOZ, Federico, La transición inacabada, Barcelona, Planeta, 1980, p. 135. 208 QUINTANILLA NAVARRO, M. Á., La integración… op. cit., pp. 108-127. 209 FRAGA IRIBARNE, Manuel, España y Europa, Barcelona, Planeta, 1989, pp. 24-28. 210 FRAGA IRIBARNE, Manuel, «Esa Europa que nos espera», ABC, 12 de junio de 1985. 211 FRAGA IRIBARNE, Manuel, «Los aspectos políticos del ingreso de España en las Comunidades Europeas», conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid el 24 de febrero de 1986, en España en Europa: el reto (la CEE en el Club Siglo XXI), Barcelona, Plaza & Janés, 1986, pp. 416-427. 92 jurídico unificado y una comunidad educativa, científica y tecnológica, logros que no pasaban por el diseño de una utópica unión política supranacional, sino por la cooperación interestatal. Así, Herrero estaba en contra de la desaparición de los Estados nacionales o de la creación de un «supergobierno parlamentario europeo», y defendía el mantenimiento del derecho de veto en el Consejo de las Comunidades212. También Abel Matutes, primer miembro de la Comisión Europea designado por AP, definiría en los años posteriores a la adhesión el reto comunitario de España como una cuestión de competitividad213. En este contexto, las actitudes más o menos intransigentes que los interlocutores comunitarios mostraron en determinados capítulos de las negociaciones, sobre todo por parte de Francia en lo relativo a la agricultura, fueron criticadas con dureza, pero asumiendo que formaban parte de un juego de intereses en el que nada se cedía a cambio de nada, y en el que la proclamada europeidad histórica de España no constituía un argumento de peso. Tras las declaraciones de Giscard d’Estaing de junio de 1980, tanto Fraga como el secretario de Relaciones Internacionales de AP, Guillermo Kirkpatrick, señalaron que sorprenderse por la actitud del presidente francés sería propio de ingenuos214. José María de Areilza, presidente de Acción Ciudadana Liberal, partido coaligado con AP entre 1979 y 1982, interpretó el giscardazo como una lección de realismo: «La política exterior española se tendrá que ir acostumbrando a esa clase de tropiezos y accidentes que forman parte de la vida internacional cotidiana. La imagen de un país que reparte sonrisas y abrazos en los aeropuertos está bien para el “show” televisivo interior, pero no responde al duro mundo de las realidades en el que vivimos, donde se entrelazan egoísmos, amenazas, violencias, riesgos de guerra e intereses que trata de anular al menos poderoso. Menos achuchones internacionales y más realismos prácticos es lo que nos hace falta»215. Básicamente, a todo lo largo del período negociador los diversos portavoces de AP insistirían en lo que Fraga más tarde denominaría «el arma de la negociación», esto es: «paciencia infinita, nervios templados, olvido de fanfarronadas aldeanas y actuaciones 212 «Sobre la unión europea. El punto de vista español», conferencia pronunciada por Miguel Herrero en la Universidad de Rutgers (Pennsylvania), septiembre de 1985, en HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel, España y la Comunidad Económica Europea. Un sí para… Nuestra adhesión al Mercado Común en todas sus dimensiones políticas, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 121-132. 213 «España en la nueva Europa», conferencia pronunciada por Abel Matutes en el Club Siglo XXI de Madrid el 22 de mayo de 1986, en España en Europa: el reto… op. cit., pp. 683-696. 214 La Vanguardia, 7-6-1980. 215 AREILZA, José María de, «La advertencia de Giscard», ABC, 15-6-1980. 93 cautas y frías»216. Ese debía ser el bagaje de que se pertrecharan los negociadores españoles en Bruselas, y AP se mantendría vigilante para que así fuera, especialmente sobre los capítulos de agricultura e industria, entendiendo que toda concesión que se realizara en la primera debía obtener contrapartidas en la segunda217. En un libro programático publicado en 1981, AP instaba al Gobierno español a administrar sus mejores bazas ante la Comunidad: el margen de crecimiento potencial español, superior al comunitario, y, sobre todo, la necesidad de la CEE de compaginar ampliación y remodelación interna. Al mismo tiempo, lo exhortaba a mantener una actitud dura en el terreno industrial, prescindiendo de una fecha precisa de adhesión y concentrándose en la adecuada preparación de la economía española en el sentido de la liberalización, la modernización y la competencia con el exterior218. La conveniencia de la adhesión no fue, sin embargo, puesta en cuestión, aunque hubo al respecto algún episodio excepcional, como la ponencia de política exterior del III Congreso del partido, celebrado en 1980. En ella su autor, Guillermo Kirkpatrick, daba cuenta de los aspectos más preocupantes de las negociaciones: su incidencia sobre el comercio de España con otras áreas geográficas; la necesaria transformación de las estructuras agrarias, la protección de la industria, e incluso las inconveniencias derivadas del naciente sistema autonómico219, para concluir que «…de no conseguirse las salvaguardias necesarias, habría que pensar en favor de un simple tratado de asociación con la CEE, postergando la integración, para evitar los impactos negativos en el sector industrial si la integración se produce a corto plazo [...]. »Si finalmente se firma durante estas Cortes Generales una adhesión de España que no satisfaga todas estas necesidades, no sólo no será posible calificar a este período legislativo como el de las Cortes de nuestra incorporación al Mercado Común, sino que habrá que ir pensando en una renegociación posterior. Alianza Popular considera que no se pone en duda el principio mismo de nuestra entrada en Europa, pero que, tal como van las cosas, pudieran ser discutibles las condiciones en que finalmente se logre esa incorporación y que, al igual que sucedió en Gran Bretaña, tendría que convocarse a referéndum la entrada de España. Sería de desear que no hubiese necesidad de una renegociación, pero sólo el tiempo lo dirá»220. 216 FRAGA IRIBARNE, Manuel, «Europa: ideal político», ABC, 29-3-1985. 217 KIRKPATRICK, Guillermo, «Preparar España para la adhesión», El País, 4-2-1979. 218 Soluciones para una década. Libro blanco de Alianza Popular, 1981, pp. 272-276. 219 Literalmente la ponencia afirmaba que «el rompecabezas autonómico desordenado y grave, la torre de Babel ininteligible e indescifrable por la que corremos el riesgo de aventurarnos, de seguir las cosas como están, no sólo no nos pondrá en condiciones de participar con derecho propio en el mundo Occidental, sino que puede hacernos sufrir un considerable retraso y quizá una pérdida definitiva de esa posibilidad de homologarnos al Mundo Europeo democrático y occidental». 220 AP, III Congreso Nacional, 1980. Ponencias, programa, estatutos, pp. 47 y 56. 94 A medida que las negociaciones fueron avanzando, la preocupación de AP por el contenido de las mismas fue en aumento, junto con la frecuencia de su planteamiento en comunicados, declaraciones e intervenciones parlamentarias. Ello respondió, por un lado, al temor a que el Gobierno socialista incurriera en serias irresponsabilidades en la gestión de las negociaciones, admitiendo unas condiciones de adhesión demasiado onerosas, pero fue, asimismo, producto de la progresiva identificación entre la posición de AP y la de la patronal CEOE, que desde 1979 había seguido con atención el curso de las negociaciones, trazando una serie de líneas que el gobierno español no debía sobrepasar que se concretaron en 1984 en una declaración de objetivos mínimos221. Pocas semanas después, el grupo Popular presentó en el Congreso y en el Senado una propuesta de moción en que recogía las mismas inquietudes prácticamente en los mismos términos, y que sería ampliamente respaldada por ambas Cámaras. Aparte de criticar el modo en que se habían llevado a cabo las negociaciones, fijando fechas para la adhesión que luego debían ser siempre canceladas, y dejando para el final los capítulos más conflictivos, la moción proponía como objetivos irrenunciables: —Un desarme arancelario industrial lineal de entre siete y diez años, que no fuera más acelerado en su fase inicial, como proponía en esos momentos la Comunidad. —Una transición larga para los productos agrícolas españoles menos competitivos. —La inmediatez del comienzo del desarme arancelario comunitario para el paso de los productos hortofrutícolas españoles tras la adhesión, y que España no fuera nunca peor tratada en ese respecto que ningún país extracomunitario. —Obtención de subvenciones comunitarias para el mantenimiento de la producción española de aceite de oliva. —Un acuerdo equilibrado para el vino que evitara, en la medida de lo posible, la supresión de viñedos españoles. —El mantenimiento de la actividad pesquera española en las aguas comunitarias, que permitiera una mejor negociación de las cuotas pesqueras una vez dentro de la Comunidad. —La libre circulación de la mano de obra española en la Comunidad desde el momento de la adhesión222. 221 Vid. el capítulo cuarto de esta Tesis Doctoral. 222 Diario de Sesiones del Senado, Plenos, nº 80, II Legislatura (13-9-1984), pp. 4013-4022. 95 A través del boletín interno Alianza, el partido expresaría sus posiciones respecto de cómo eran gestionados, alcanzados o, en su caso, frustrados, estos y otros objetivos. Miguel Ramírez, secretario general adjunto y responsable de cuestiones agrarias, publicó varios artículos rechazando las posiciones negociadoras de la CEE en materias como el vino y el sector hortofrutícola, pero el verdadero destinatario de tales críticas era el Gobierno español por aceptar las imposiciones comunitarias, como cuando la CEE otorgó a frutas y hortalizas la categoría de productos sensibles —con condiciones especiales tras la adhesión— pese a ser deficitaria en su producción, y ser excedentaria España223. En 1984 un libro blanco de AP reclamaba que el Gobierno negociara «defendiendo a ultranza el interés nacional» y siguiendo una «fórmula de mutuas concesiones respecto a cada caso concreto». En este sentido, se interpretaba la admisión de la aplicación del IVA tras la adhesión, que el Gobierno de Calvo-Sotelo había aceptado en marzo de 1982 y que fue confirmada más tarde por los socialistas, como una concesión gratuita y contraproducente, que incidiría negativamente sobre la inflación224. Poco más tarde, al entrar las negociaciones en su fase final, cuando la Comunidad planteó sus posiciones en materias delicadas de la cuestión agraria, el comité ejecutivo de AP publicó una declaración expresando su disconformidad con las exigencias comunitarias en materias como los lácteos, la carne de vacuno y porcino, el azúcar y los cereales, así como rechazando el tratamiento propuesto por la CEE para las frutas, las hortalizas y los cítricos (sin acceso directo al mercado comunitario tras la adhesión), o para el aceite de oliva, discriminado frente al de otros países en cuanto a las ayudas a la producción y al consumo. Por estas y otras razones, AP se reservaba «su plena libertad de juicio y de acción» sobre el resultado final de las negociaciones225. El cierre del capítulo industrial antes de culminar los acuerdos en agricultura y en libre circulación de trabajadores arrojaría un cierto desequilibrio entre las concesiones obtenidas y las otorgadas en perjuicio de España, lo que AP atribuiría a la debilidad del Gobierno socialista en la negociación226. Según Miguel Herrero, la adhesión únicamente sería beneficiosa para España si los plazos transitorios para la agricultura no superaban a los 223 RAMÍREZ, Miguel, «AP ante la integración del sector agrario en la CEE», Alianza, nº 10 (29-9-1984). 224 Soluciones para la crisis. Propuesta de Gobierno de Alianza Popular, 1984, pp. 93-97. 225 Comunicado del Comité Ejecutivo de AP, 26-11-1984 226 Comunicado del Comité Ejecutivo de AP, 18-2-1985. 96 de la industria227. De lo contrario, en caso de no obtener unas condiciones favorables en el Tratado, España debería negarse a firmar la adhesión y optar por retrasarla de forma indefinida, a la espera de un momento más favorable en la propia Comunidad228. Una adhesión irreflexiva e incondicional podía hacer para Herrero que la CEE se convirtiera en un producto «de dudosa utilidad» por el que España pagara más de lo debido, empujada a ello por la ingenuidad y la mala conciencia adquirida en las décadas anteriores229. Más allá de la exigencia de una mayor dureza negociadora, lo cierto es que AP no llegó a proponer una estrategia negociadora alternativa a la del gobierno de turno. En este sentido, las críticas tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación se atuvieron a los resultados parciales obtenidos en cada momento de la negociación, pero sin definir un modelo diferente. Es más, el partido caería en contradicciones al señalar las deficiencias de la gestión del Gobierno español. Por ejemplo, a la altura de 1978, ante la evidencia de las dificultades planteadas por Francia, España debía, según AP, apostar por una globalización de los problemas en las relaciones con Francia y con la Comunidad, discutiendo paralelamente con Bruselas y con París230. Sin embargo, cuando, a partir de 1983, el Gobierno de Felipe González apostó precisamente por esta estrategia para tratar de superar los contenciosos hispano-franceses, iniciando las cumbres anuales y los seminarios interministeriales entre los dos países, AP rechazó en el Congreso esta táctica como una sumisión de España al Partido Socialista Francés en un nuevo y aberrante «pacto de familia»231. Algo similar sucedió cuando el Gobierno de González puso en práctica su estrategia de ambigüedad calculada en relación con la permanencia de España en la OTAN y ofreció al canciller alemán Helmut Kohl su solidaridad con el despliegue de los euromisiles, a cambio del apoyo alemán a la entrada española en la CEE. Fraga, convencido partidario de la Alianza Atlántica, planteó entonces la vinculación entre ambas organizaciones de forma inversa a como lo hacía el Gobierno, afirmando que «el único modo de conjurar el desastre que supondría para todos la retirada de España de la OTAN [...] es la aceleración de las negociaciones para la 227 «La OTAN como instrumento de política interior», conferencia pronunciada por Miguel Herrero en el Council on Foreign Relations de Nueva York el 27 de marzo de 1984, en HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel, España y la Comunidad… op. cit., pp. 75-83. 228 «España entre la Comunidad Europea y la Alianza Atlántica», conferencia pronunciada por Miguel Herrero en la Universidad de Oviedo el 18 de enero de 1985. La cursiva en el original, en HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel, España y la Comunidad… op. cit., pp. 59-73. 229 Ibíd., pp. 16-17. 230 Noticias AP, nº 4 (verano de 1978). 231 DSC, Plenos, 98, II Legislatura (29-2-1984), pp. 4613-4614. 97 accesión de España a las Comunidades»232, lo que implícitamente subordinaba el ritmo de las negociaciones con la CEE a los intereses de la política de defensa. Sin embargo, y como veremos en seguida, AP no tardaría en pronunciarse por una ralentización de las negociaciones con la CEE, para evitar que éstas no se vieran perjudicadas por el interés del Gobierno de concluirlas durante la legislatura. La cuestión, en todo caso, se enredaba aún más en la versión de Guillermo Perinat, el diplomático responsable de relaciones exteriores del partido desde enero de 1984, para quien la adhesión a la CEE justificaba la adhesión a la OTAN y viceversa: «España no puede pretender la entrada en el Mercado Común sin incorporarse plenamente a la defensa occidental a través de la OTAN, y viceversa, ya que difícilmente puede explicarse al pueblo español una plena asunción de responsabilidades bélicas, si por otra parte se ve rechazado por la CEE, que nos discrimina mediante desarmes arancelarios inaceptables, reglamentos a nuestro juicio perjudiciales, y nos priva de derechos históricos de pesca»233. Dado que las negociaciones necesariamente habían de implicar la cesión de algunas posiciones frente a los interlocutores comunitarios, AP no dejó escapar la oportunidad de denunciar el secretismo con que se incurría en tales claudicaciones, sacrificando los intereses de importantes sectores económicos sin su acuerdo ni su conocimiento. Ante el escaso éxito de las campañas de información sobre la CEE dirigidas a la ciudadanía, AP exigía un auténtico debate nacional sobre la cuestión, así como la consulta permanente con los sectores afectados234. En 1984 un opúsculo propagandístico rechazaba las «presiones y manipulaciones» para la entrada en la CEE, y pedía «negociaciones abiertas y planificadas, en las que el pueblo español conozca en cada momento su desarrollo»235. En este sentido, Miguel Herrero denunciaba el secreto de Estado como «…una vieja ciudadela del absolutismo que poco a poco los Parlamentos democráticos tienen el derecho de ir desvelando, y no estaría mal que en esta Cámara [el Congreso de los Diputados] de una vez supiéramos en qué condiciones se va a entrar en la Comunidad»236. Después de 1982, las invectivas de la ya principal fuerza de la oposición se dirigieron preferentemente contra el electoralismo con que desde su punto de vista los 232 Alianza, nº 1 (15-10-1983). La cursiva es mía. 233 PERINAT, Guillermo, «Alianza Popular y la OTAN: nuestra posición», Alianza, nº 9 (16-7-1984). En un sentido parecido, KIRKPATRICK, Guillermo, «España y el occidente», Movimiento Europeo, nº 7 (cuarto trimestre 1983), pp. 42-43. 234 AP, Soluciones para una década... op cit.., p. 276. 235 AP, ¿Qué es Alianza Popular?, 1984, p. 19. 236 DSC, Plenos, 98, II Legislatura (29-2-1984), p. 4617. 98 socialistas abordaban la adhesión. En enero de 1983, y ante la promesa de Felipe González de culminarla en el curso de esa misma legislatura, el VI Congreso de AP declaró que, más que atender a la fecha de ingreso, lo que había que lograr era que el Tratado mejorara las condiciones obtenidas por España en el acuerdo de 1970237. Para AP, la vinculación entre CEE y OTAN, tal como fue insinuada por el PSOE, era perjudicial para España, porque transmitía «una imagen de necesidad político-electoral» a las cancillerías de los Estados miembros, disminuyendo el margen de maniobra y la capacidad negociadora238. Miguel Herrero explicó en el Congreso que la obsesión por la adhesión en una fecha fija debilitaba la posición española, porque «…ha dado lugar a que la Comunidad Económica Europea sepa que la baza principal que tiene que forzar la política española en la materia es simplemente adelantar o retrasar, antes de las elecciones generales, la fecha de la adhesión formal. Esta política, que yo me atrevo a considerar muy débil, muy ingenua y muy indecisa, ha supuesto que la Comunidad refuerce su posición, que la Comunidad fortalezca sus exigencias y que la Comunidad nos ponga ahora —y ponga, sobre todo, al Gobierno socialista— entre la espada y la pared»239. De hecho, la propia inoperancia de la CEE en la resolución su crisis interna — notable fuente de dificultades para la candidatura española— podía llegar a ser celebrada por AP, por cuanto, en palabras de Perinat, permitía «evitar el ritmo desmesuradamente rápido y verdaderamente peligroso» de las negociaciones240. Así, el comité ejecutivo de AP valoró positivamente una nota emitida por el Gobierno en mayo de 1984, en la que descartaba la posibilidad de cerrar las negociaciones antes del 30 de septiembre, porque «una entrada precipitada sería, de hecho, un fraude de consecuencias irreversibles para nuestro desarrollo»241. Llegado el momento de la firma del Tratado, AP se posicionaría junto con las organizaciones políticas y sociales, sobre todo del espectro agrícola, que criticaron los errores cometidos por el Gobierno en las negociaciones y señalaron las consecuencias dañosas que se derivarían a corto plazo para la economía española de la adhesión. En un libro programático editado por entonces, AP consideraba fundadas las reacciones especialmente duras de algunos sindicatos agrarios, que convocaron manifestaciones de 237 AP, VI Congreso (enero de 1983), conclusiones: ponencia de política exterior. 238 AULAS DE HUMANISMO JUAN LUIS VIVES, Lo que el cambio se llevó (El pasivo del PSOE), Planeta, Barcelona, 1985, pp. 190-193. 239 DSC, Plenos, 98, II Legislatura (29-2-1984), pp. 4612-4613. 240 PERINAT, Guillermo, «El panorama internacional bajo el signo de la ambigüedad y la confusión», Alianza, nº 7 (10-4-1984). 241 Comunicado del Comité Ejecutivo de AP, 7-5-1984. 99 protesta contra el Tratado, porque el capítulo referente a la agricultura, en el que España tenía a priori mucho que pedir y poco que ofrecer a la CEE, se había cerrado después de haber concluido el de la unión aduanera industrial, donde sucedía todo lo contrario242. En el debate celebrado en las Cortes a fines de junio de 1985 para la ratificación del Tratado, Miguel Herrero expuso las numerosas lacras que el grupo Popular encontraba en el texto del acuerdo, y que atribuía a la excesiva premura con que el Gobierno socialista se había avenido a aceptar determinadas condiciones impuestas por la CEE. Herrero exhortó al presidente González a que explicara «…a los pequeños ganaderos de la cornisa cantábrica [...] por qué les va a ir peor a sus producciones lácteas y de ganado vacuno [...], por qué a los pescadores gallegos se les van a cercenar su cuotas de pesca en las aguas portuguesas; por qué a los navarros, a los riojanos, a los aragoneses, a los catalanes, su producción de frutas y hortalizas les va a ser perjudicada durante el período transitorio, [...] a los cultivadores de remolacha en la cuenca del Duero, o de cereales en grandes partes de Castilla la Vieja, por qué sus explotaciones van a ser muy maltratadas en el futuro; a los manchegos, por qué las cuotas van a suponerles tantos problemas en la producción de vino y de girasol; a los andaluces [...] por qué, siendo deficitaria Europa en algodón, se han puesto contingentaciones a la producción algodonera en esta región; [...] es necesario que explique a valencianos y murcianos la solución dada al problema de los cítricos, que [...] van a tener realmente una mala situación temporal y muy dura comparada con terceros países como Israel y Marruecos»243. En las semanas siguientes, la revista de AP se dedicó a resaltar los perjuicios que cada una de las regiones más afectadas sufriría en los diferentes sectores económicos. AP preveía literalmente un desastre en la cornisa cantábrica, con la disminución de producción de leche y la contingentación de la carne de vacuno en Asturias, y daba cuenta de la preocupación de la Xunta de Galicia y de la Diputación regional de Cantabria por las condiciones en que quedaban sus respectivas economías agrícolas y pesqueras, además de, en el caso de Galicia, la situación de los trabajadores emigrados244. El partido auguraba, asimismo, la desaparición de 75.000 puestos de trabajo en las islas Canarias, y se hacía eco del negativo balance hecho público por la Comisión Regional de Agricultura del archipiélago (que coordinaba a los agricultores en sus reivindicaciones), según la cual la adhesión no beneficiaría a ningún sector agrario245. El futuro de la siderurgia vasca se ennegrecía por la libre entrada de productos europeos en España, mientras que las limitaciones de acceso a los mercados 242 AP, Esto tiene arreglo: AP, la esperanza popular, Madrid, AP, 1985, p. 179. 243 DSC, Plenos, 221, II Legislatura (25-6-1985), p. 10196. 244 Alianza, nº 18 (15-6-1985). 245 En virtud del artículo 25 y del protocolo 2º del Tratado de adhesión, ni el grueso de la PAC ni la política común de pesca se aplicarían a Canarias. 100 exteriores condenaban a menguar el volumen de comercio de los navieros españoles246. Además de todo esto, las perspectivas a largo plazo en materia agraria tampoco eran especialmente halagüeñas, dado que ya en 1985 la Comunidad estaba trabajando con vistas a una reforma de la Política Agraria Común en el sentido de restringir las subvenciones y reducir los excedentes agrícolas, lo que limitaría los beneficios de los agricultores españoles aun después de cumplirse los períodos transitorios247. Y sin embargo, pese a todo este esfuerzo por atraer la atención pública sobre las debilidades y carencias del Tratado de adhesión, Alianza Popular se sumaría, sin que en su fuero interno se esbozaran dudas al respecto, al unánime voto parlamentario a favor de su ratificación. Los postulados defendidos a lo largo de los años anteriores, que incluían la posibilidad de decir no a la adhesión si no se alcanzaban unas condiciones satisfactorias —lo que evidentemente no había sucedido, a la luz de las críticas del partido—, fueron convenientemente olvidados cuando en el Congreso de los Diputados el partido tuvo que decidir su posición definitiva en relación con un acontecimiento que la opinión pública entendía como un hito de la España contemporánea. Por supuesto, AP no renunciaría a criticar aspectos concretos de la adhesión, pero como segunda fuerza política del país y alternativa de Gobierno difícilmente podía adoptar otra postura que no fuera a favor de la ratificación. El mensaje a transmitir era que, aunque mala en la forma, la adhesión era buena en el fondo248. Miguel Herrero justificaría la postura del partido aduciendo que su sí a la adhesión no era sí acrítico o resignado, sino un sí instrumental, de cara al futuro249. Es más, tras haber descrito todo un panorama apocalíptico para la economía española como consecuencia del Tratado, en el contexto de la adhesión AP recuperó ahora para su discurso algunos de los viejos tópicos europeístas de inspiración federalista; sus dirigentes se congratularon por la finalización del proceso y participaron incluso, en varias de sus declaraciones y escritos, del triunfalismo y la grandilocuencia del partido gobernante al ensalzar el carácter histórico del acontecimiento250. Jorge Verstrynge, secretario general de AP, afirmó que la adhesión significaba nada menos 246 Alianza, nº 19 (1-7-1985). 247 «España entre el librecambio y el neoproteccionismo», conferencia pronunciada por Miguel Herrero en el Spanish Institute de Nueva York el 14 de junio de 1985, en HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN, Miguel, España y la Comunidad… op. cit., pp. 105-119. 248 Con esas palabras lo expresó el joven diputado por Ávila José María Aznar. Alianza, nº 17 (1-6-1985). 249 DSC, Plenos, 222, II Legislatura (26-6-1985), p. 10261. 250 Así lo reconoció Antonio Navarro, secretario del consejo político de AP y portavoz en temas comunitarios, en ABC, 13-6-1985. 101 que «la entrada plena de nuevo en la historia en lugar de la marginación»251. Fraga, por su parte, retomó el discurso europeísta casi utópico que parecía haber quedado arrumbado con el comienzo de las negociaciones en 1979, e invocó ahora los «altos objetivos políticos» de la integración europea más allá de las cuestiones económicas, basada en la «unidad espiritual de un continente»252. En conclusión, entre 1976 y 1985 el discurso europeo de AP pasó por una serie de etapas que, más que por la evolución de la ideología, estructuras y representatividad del partido, o por la existencia de una determinada concepción teórica de la integración europea, fueron dictadas por las sucesivas coyunturas en las relaciones hispano- comunitarias y, sobre todo, por aquellos aspectos de la gestión gubernamental que dejaron margen para la crítica de cara al interior. En una primera fase, correspondiendo con la transformación del régimen y con las primeras gestiones tras la solicitud de adhesión, el discurso hizo gala de un europeísmo abstracto e indefinido, basado en razones de prestigio e incluso de justicia (el derecho de España a ser reconocida entre las naciones europeas) y no en datos técnicos o económicos. A continuación, ya durante las negociaciones, AP adoptó una perspectiva utilitarista, según la cual la adhesión sólo podía justificarse si servía a la obtención de determinados beneficios económicos, y debía vigilarse al Gobierno español para que no sacrificara los intereses nacionales a la obtención de una adhesión a cualquier precio. En este sentido, AP se identificó con los intereses sectoriales expresados a través de las confederaciones empresariales. Por último, ante la firma del Tratado AP mantuvo una actitud ambigua y hasta cierto punto paradójica: por un lado presentó el acuerdo como una catástrofe que conduciría a la ruina a varios sectores económicos, fruto de la irresponsabilidad y la precipitación del gobierno socialista; y por otro respaldó su ratificación en las Cortes y la saludó como un hito histórico que devolvía a España a su lugar en Europa, retomando en el discurso ese europeísmo vago e ingenuo, nada utilitarista, de diez años atrás. Tales vacilaciones y eventuales contradicciones no fueron ajenas, seguramente, al hecho de que la política exterior jugara un papel relativamente menor —con la excepción de la cuestión de la OTAN— en el debate político de la transición y los inicios del régimen democrático. La importancia histórica acordada a la entrada en la CEE dio pie a que, en lugar de articular diferentes propuestas y proyectos de política 251 VERSTRYNGE ROJAS, Jorge, “España y el destino de Europa”, conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid el 17 de abril de 1986, en España en Europa: el reto… op. cit., pp. 563-576. 252 FRAGA IRIBARNE, Manuel, «Europa: ideal...» art. cit. 102 europea (ya fuera desde ópticas federalistas, funcionalistas, etc.), los partidos asumieran la visión popular de la adhesión como un éxito incontestable que no necesitaba explicarse ni justificarse —ni, por tanto, debatirse—, por cuanto comportaba la superación de un complejo secular de marginación253. Pero, al mismo tiempo, la actitud de AP en relación con la cuestión europea ejemplificaría su evolución de la lógica de la representación política a la lógica de la competición electoral, es decir, su transformación de una fuerza ideológica para la representación del espectro más conservador del electorado a la salida de la dictadura en un partido pragmático con aspiración de captar votos en todos los sectores sociales254. Así pues, aunque AP no llegó a discutir seriamente la conveniencia de la adhesión, la forma en que ésta fue negociada sí se hizo susceptible de crítica interna, aspecto que AP aprovechó en profundidad. En muchos casos, las invectivas de AP contra los Gobiernos no se basaron en datos reales sino que meramente buscaron la apropiación de una imagen, la de la defensa de los intereses nacionales, que se hizo especialmente atractiva a partir de que en 1983 el Gobierno del PSOE acelerara los contactos con Francia para concluir la adhesión en la legislatura. Ahora bien, mantener la imagen europeísta era primordial para un partido que, después de sufrir severas derrotas en las primeras elecciones, pugnaba ahora por acaparar al electorado de centro. Por eso, la estrategia de oposición no podía, en ningún caso, superar la el límite del euroescepticismo; cuyo coste electoral —por ejemplo si, en consonancia con sus posiciones de 1984, AP no hubiera ratificado el Tratado en 1985— el partido no estaba dispuesto a pagar. 1.4. El Partido Comunista de España: del eurocomunismo a la salida de los euroescépticos Como ya se ha dicho al hablar del PSOE, la izquierda española estuvo representada en varios de los congresos e instituciones que dieron forma al europeísmo internacional después de la Segunda Guerra Mundial, como el Movimiento Socialista por los Estados 253 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Europeísmo y oposición: Alianza Popular y la adhesión de España a la CEE (1976-1985)», Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 29 (2007), pp. 279-296. 254 Como dice Charles T. Powell, «aun a riesgo de simplificar, cabe argumentar que mientras que los “partidos de representación” intentan convencer a los votantes de la bondad de sus propuestas para atraerlos a sus posiciones, los “partidos de competición” se dejan convencer por los electores, y modifican sus posiciones para acercarse a las de aquellos cuyo voto pretenden obtener». POWELL, Charles T., «El principal partido de la oposición y el “gobierno largo” del PSOE: de Fraga a Aznar», en SOTO CARMONA, Álvaro y MATEOS LÓPEZ, Abdón (dirs.), Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid, Sílex, 2013, pp. 389-403. 103 Unidos de Europa. Desde un punto de vista ideológico, sin embargo, ya hemos visto que el PSOE mantuvo durante la dictadura actitudes generalmente críticas hacia el proceso de integración europea, por su adscripción a la economía capitalista y su ubicación en el bloque occidental en la Guerra Fría, y reivindicó en su lugar una Europa de los trabajadores. Con todo, el rechazo de la España franquista por las Comunidades Europeas dotó al proyecto europeo de un aura de ejemplaridad democrática ante la oposición democrática y consagró la identificación entre europeísmo y democracia. Sin embargo, en el caso del Partido Comunista de España (PCE) la actitud hacia el Mercado Común se vio determinada por la hostilidad con que el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) había acogido la creación del mismo, interpretado desde Moscú como una ofensiva del capitalismo norteamericano para acentuar la dependencia económica de Europa occidental y consolidar la división del continente255. Así, en su VI Congreso, celebrado en 1960, el PCE propugnaba «que España no sea integrada en los organismos auspiciados por los monopolios europeos y norteamericanos, tales como el Mercado Común y la Asociación de Libre Cambio, porque tal integración ocasionaría graves perjuicios a la economía española y acentuaría su dependencia»256. Consecuentemente, cuando en junio de 1962 las diversas corrientes antifranquistas se reunieron en Múnich con ocasión del IV congreso del Movimiento Europeo Internacional para pedir a la CEE que no admitiera a una España antidemocrática en su seno, el PCE fue el único partido relevante de la oposición que no estuvo oficialmente representado257. El cambio de actitud sobrevino a partir del VIII Congreso, reunido en 1972 en París, en el que por primera vez el PCE aceptó la asociación de España a la CEE después de la desaparición del Régimen258. Según el informe del secretario general, Santiago Carrillo, este cambio respondía a la apreciación que el partido hacía de la evolución del Mercado Común europeo, que, si inicialmente había sido visto como «un bloque enderezado esencialmente contra la Unión Soviética y los países socialistas», ahora más bien aparecía como un reflejo de la internacionalización de las fuerzas 255 MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo, La URSS contra las Comunidades Europeas: la percepción soviética del mercado común (1957-1962), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005. 256 PCE, Programa del VI Congreso, 1960, cit. en SATRÚSTEGUI, Joaquín et al. (dirs.), Cuando la transición se hizo posible. El “contubernio de Múnich”, Madrid, Tecnos, 1993, p. 169. 257 Aunque sí se dio la presencia en la reunión como observadores de los militantes comunistas Francesc Vicens, apodado Joan Berenguer, y Tomás García, apodado Juan Gómez. Vid. MORÁN, Gregorio, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1938-1985, Barcelona, Planeta, 1986, p. 353. De la reunión de Múnich se hablará con mayor detenimiento en el capítulo segundo. 258 ESTRUCH, Joan, Historia oculta del PCE, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 224. 104 productivas, esto es, como un área económica capitalista que defendía sus mercados y era capaz de competir con Estados Unidos. Desde este nuevo punto de vista, «la posibilidad real de combatir el MCE en tanto que superestructura monopolista [...] reside esencialmente en cambiar el contenido de clase del poder en los países que lo integran». Además, sobre esta consideración se imponía otra de más hondo calado, según la cual la intensidad de los intercambios comerciales entre España y la CEE haría favorable para España la perspectiva de la integración, realidad ante la cual el PCE proponía «echar los fundamentos de una política que defienda seriamente el interés nacional», esto es, «un acuerdo de asociación con el MCE que permita ir progresando en la cooperación con los países europeos a medida que las estructuras económicas del nuestro se renueven y alcancen la competitividad necesaria»259. Con todo, por encima de una renovada concepción de la integración económica europea, lo que el giro del PCE demostraba era la necesidad de buscar espacios de acuerdo con las otras fuerzas de la oposición de cara a la inmediata transición democrática. El mismo informe señalaba que el Mercado Común europeo no debía ser un problema que enfrentara entre sí a las fuerzas democráticas del país en el momento final de la dictadura260. El partido asumía el papel aglutinador que la cuestión europea había tenido para el antifranquismo al menos desde 1962 y del que no era prudente mantenerse al margen. Así, en la Junta Democrática, asociación de partidos y destacadas personalidades de la oposición presentada en París en agosto de 1974 y liderada en cierta manera por el PCE, destacaban varias figuras que habían hecho del europeísmo un emblema de su discrepancia con el Régimen, como Rafael Calvo Serer, Enrique Tierno Galván o José Vidal-Beneyto. Por otra parte, el giro del PCE ante la construcción europea se imbricaría en la nueva estrategia que el partido desarrollaría a partir de mediados de la década de los setenta261. En 1974 el Proyecto Programa del PCE proclamaba la necesidad de que los partidos comunistas fueran «totalmente independientes de cualquier otro Estado, incluso socialista», y postulaba un futuro sistema socialista en España desde el pluripartidismo democrático262. En la reunión de los partidos comunistas de Francia 259 VIII Congreso del PCE, París, Éditions Sociales, 1972, pp. 18-24. 260 Ibíd., p. 23. 261 DONOFRIO, Andrea, «El PCE en su etapa eurocomunista durante la transición democrática», en NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos; ITURRIAGA BARCO, Diego (eds.), España en democracia. Actas del IV Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2014, pp. 157-167. 262 Cit. en ESTRUCH, J., Historia oculta... op. cit., p. 227. 105 (dirigido por Georges Marchais), Italia (Enrico Berlinguer) y España (Carrillo) celebrada en Livorno en julio de 1975, esta renovación ideológica se consolidó con el nombre de eurocomunismo263. En 1977 Carrillo definiría dentro de este nuevo planteamiento una nueva concepción de las instituciones europeas: «La internacionalización de las fuerzas productivas ha forzado a los regímenes capitalistas a llegar a formas de regionalización, es decir, a formas sociales de alcance extrarregional, como el Mercado Común, que si están amenazadas permanentemente se debe en primer término a la contradicción entre la forma social y el carácter privado de la apropiación del beneficio. De ahí la justeza de la perspectiva de una Europa de los pueblos, de una Europa socialista, que es la forma social bajo la que Europa podría llegar a ser una realidad en todos los aspectos»264. Dicho en otras palabras, la renovación del PCE estribaba en la asunción de la democracia parlamentaria como mecanismo de representación política, y en el Estado de derecho como marco para el ejercicio de esa representación, pero, en la medida en que los objetivos económicos y sociales permanecían inalterados, la Comunidad Europea se convertía en el escenario idóneo sobre el que proyectar las transformaciones sociales a las que el partido aspiraba. Siendo compartida esta visión por la mayoría de los partidos comunistas de Europa occidental, el eurocomunismo permitió una nueva dinámica en las relaciones entre ellos, así como el diseño de estrategias comunes en ese gran marco europeo y el surgimiento de una concepción ideológica, específicamente comunista (eurocomunista), de la integración europea, tal como estos partidos declararon en la conferencia celebrada en Bruselas en enero de 1974265. Los esquemas derivados del eurocomunismo se mantendrían, en lo que se refiere a la visión de la integración europea, a todo lo largo de la transición y durante el proceso de adhesión de España a la CEE. Además (y al igual que sucedió inicialmente en el PSOE), se incorporó al discurso un componente de tercermundismo al proponer la afirmación de Europa como actor autónomo en el panorama internacional, ajeno a la política de bloques y con voluntad de superación de la misma. Así, el IX Congreso del PCE, celebrado en abril de 1978, proclamaba: «El PCE, al preconizar el ingreso de España en la CEE, afirma su voluntad de transformar, al lado de las demás fuerzas de la izquierda en Europa, el actual carácter 263 Sobre la experiencia española del eurocomunismo, TREGLIA, Emanuele, «Un partido en busca de identidad. La difícil trayectoria del eurocomunismo español (1975-1982)», Historia del presente, nº 18 (2011/2), pp. 25-41. 264 CARRILLO, Santiago, Eurocomunismo y Estado, Madrid, Crítica, 1977, p. 60. 265 CARRILLO, Santiago et al., La propuesta comunista, Barcelona, Laia, 1977, p. 40. 106 de la Comunidad, dominada por los grandes monopolios. Aspiramos a la Europa de los trabajadores, a la Europa de los pueblos: una Europa unida en los planos económico y político, que tenga una política propia, independiente, que no esté subordinada ni a los Estados Unidos ni a la Unión Soviética, pero que mantenga relaciones positivas con ambas potencias; una Europa que sea un factor autónomo de la política mundial, contribuyendo así a superar los bloques militares y el bipolarismo, a democratizar la vida internacional, facilitando a todos los pueblos mayor libertad para ser dueños de sus destinos. La distensión, la coexistencia tendrán así un contenido más efectivo y más profundo. Y el problema del desarme podrá abordarse con nuevas posibilidades de avance»266. Que esta postura no variaría lo prueba el hecho de que, en el pleno del Congreso de los Diputados para la ratificación del Tratado de adhesión a la CEE, en 1985, el portavoz comunista, Fernando Pérez Royo, recurriera casi literalmente a este mismo texto para exponer la posición de su grupo267. La aspiración a hacer de Europa una especie de potencia neutral y ajena a la política de bloques fue, desde luego, uno de los argumentos más recurrentes de los comunistas. Según Manuel Azcárate, responsable de la sección internacional del comité central del partido, este objetivo era posible gracias a la concentración de potencial cultural, económico, científico y tecnológico del continente, y, sobre todo, al hecho de que Europa fuera «la parte del mundo desarrollado en la que hay una posibilidad de la izquierda, de las fuerzas populares, de lograr una posición de influencia», todo lo cual permitía concebir esperanzas de que una CEE guiada por fuerzas progresistas «tome la iniciativa para cambiar de verdad las relaciones de tipo neocolonial, de opresión, que siguen existiendo»268. Así, para el PCE esta Europa, renovada en sus cimientos, «…debería dar apoyo a la causa de la libertad y la independencia real de los pueblos del Tercer Mundo, a su desarrollo económico, a la superación de las enormes diferencias entre Norte y Sur. Europa tendría que apoyar fenómenos como la revolución nicaragüense, la lucha del pueblo salvadoreño, la libertad para el pueblo del Sahara, la creación de un Estado palestino. Europa podría contribuir a que los movimientos de liberación y la superación del subdesarrollo se desenvolvieran en términos de real independencia para cada pueblo, sin ser objeto de las contradicciones entre bloques. Es decir, el papel de Europa, hoy, debería ser totalmente opuesto al que jugó en el período del colonialismo y al que algunos de sus Estados, bajo la influencia de los partidos burgueses, pueden sentirse tentados a jugar aún actualmente»269. 266 Noveno Congreso del Partido Comunista de España, 19-23 abril 1978, Barcelona, Crítica, 1978, p. 141. 267 DSC, Plenos, 221, II Legislatura (25-6-1985), p. 10210. 268 Mundo Obrero, nº 27 (13 al 19 de junio de 1979). 269 Informe del Comité Central del PCE al X Congreso, julio de 1981, AHPCE. 107 Sin embargo, tras la presentación por España de la solicitud de adhesión a la CEE, el discurso del PCE en relación con los términos de la negociación se aproximaría a los de otras fuerzas políticas al reivindicar del Gobierno español una férrea defensa del interés nacional frente a los negociadores comunitarios.270. Una de las cuestiones prioritarias para el PCE sería la situación de los trabajadores españoles emigrados a países de la Comunidad, sobre los que ya durante la dictadura el partido había proyectado una intensa actividad proselitista. El PCE no dejó de plantear en los debates parlamentarios la necesidad de obtener la libre circulación de los trabajadores hacia la Comunidad desde el mismo momento de la adhesión, como al mismo tiempo hacían los principales sindicatos271. En varios aspectos las críticas del PCE hacia el modo en que los sucesivos Gobiernos, primero de la UCD y luego del PSOE, encararon las negociaciones se asemejaron notoriamente con las planteadas paralelamente por Alianza Popular. Así sucedió, en primer lugar, con la exigencia de asociar a las negociaciones a todos los sectores sociales y económicos del país —exigencia que compartían numerosas organizaciones representativas de la sociedad civil— y el reproche hacia el secretismo de las negociaciones.272 En 1979 el grupo comunista en el Congreso propuso la constitución de un consejo consultivo permanente para las negociaciones con la CEE, con representación de trabajadores, empresarios, organizaciones económicas y sociales y de los órganos autonómicos, idea que quedaría después incorporada a su programa electoral273. Junto con esto, el PCE demandaba una información veraz sobre el desarrollo del proceso, rechazando el triunfalismo y el exceso de confianza que mostraban los sucesivos Gobiernos, sobre todo en aquellos momentos en que la realidad contradecía más duramente —al menos en apariencia— las perspectivas del ejecutivo español, como sucedió con el giscardazo274 o tras el fracaso de la cumbre europea de Atenas de diciembre de 1983, en la que, en contra de lo esperado, no se desbloqueó la cuestión de la reforma presupuestaria de la CEE275. 270 CARRILLO, Santiago y SÁNCHEZ MONTERO, Simón, PCE, Bilbao, Albia, 1977, pp. 105-106. 271 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 7, I Legislatura (16-10-1979), p. 12; 18, I Legislatura (14-5- 1980, p. 13. 272 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 1, I Legislatura (29-5-1979), p. 19. 273 DSC, Plenos, 21, I Legislatura (27-6-1979), p. 1103. La propuesta sería rechazada por el resto de grupos. 274 «El cerrojazo de Giscard», Mundo Obrero, nº 79, (11 al 17 de junio 1980). 275 «CEE: no bastan las palabras», Mundo Obrero, nº 258, (9 al 15 de diciembre 1983). 108 En segundo lugar, el PCE coincidió con AP en alternar las críticas al Gobierno por los retrasos en la negociación, en los momentos en que ésta se veía estancada por diversas circunstancias, y la denuncia de la excesiva premura en los momentos en que avanzaba más deprisa, que comunistas y populares identificaban con debilidad y concesiones ante la presión de los negociadores comunitarios. Así, en 1982, cuando las negociaciones se habían casi detenido a la espera del nuevo «inventario de problemas» solicitado por Mitterrand, el PCE reclamó desde el Parlamento más diligencia al Gobierno276 e incluyó entre sus promesas electorales la garantía de que la adhesión no se produjera más tarde del 1 de enero de 1984277. Sin embargo, cuando en 1984 las negociaciones comenzaron a dar pasos acelerados hacia una pronta conclusión, la comisión económica del partido presentó un documento demandando que el acuerdo de adhesión no estuviera condicionado por ninguna fecha límite278. También en 1985, y a la vista de los acuerdos finalmente alcanzados para la adhesión, el PCE atribuyó sus defectos (las excesivas concesiones arancelarias en el sector industrial frente a las escasas ventajas obtenidas en la agricultura; desigualdad entre los períodos transitorios en perjuicio para España, etc.) a la precipitación y la obsesión por obtener la firma antes de las elecciones de 1986, subordinando los intereses nacionales a los cálculos electorales del PSOE279. Un factor clave a la hora de explicar estos bandazos en la valoración del ritmo de las negociaciones fue la creciente complicación de la cuestión de la OTAN con el Mercado Común280. Frente a la sutil conexión esbozada por el Gobierno de Felipe González entre la entrada en la CEE y la permanencia en la alianza atlántica como justificación subrepticia de esta última, el PCE, que se había opuesto en todo momento al ingreso en la OTAN, tuvo que obrar con cautela para que esta postura no perjudicara su imagen europeísta (especialmente valiosa en un momento en que, a la vez que se desvinculaba de la Unión Soviética, el partido se desprendía de algunos de los que se consideraban lastres ideológicos del pasado, como la referencia programática al 276 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 18, I Legislatura (14-5-1980), pp. 12-13. 277 PCE, Programa electoral, 1982, AHPCE. 278 PCE, Comisión Económica, «Las negociaciones de adhesión a la CEE», 26 de julio de 1984, AHPCE. En el mismo sentido, «España ante la CEE», Mundo Obrero, nº 268, (17 al 23 de febrero 1984). 279 DSC, Plenos, 221, II Legislatura (25-6-1985), p. 10211. 280 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Comunismo y europeísmo: el PCE ante la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea», V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente, 28 de noviembre – 1 de diciembre 2011. Historia de la época socialista: España, 1982-1996. Comunicaciones, UNED / UAM, 2011 [edición en CD]. 109 leninismo281). Así, los dirigentes del PCE señalaron repetidamente el carácter ficticio de la ligazón entre CEE y OTAN282, e incluso planteó la existencia de un antagonismo entre ambas organizaciones, en la medida en que, de proseguir su andadura, el proyecto de integración europeo estaría llamado a dotar a Europa en el futuro de una capacidad defensiva propia que haría innecesaria la presencia norteamericana en el continente283. Sin embargo, el discurso comunista sí admitiría implícitamente alguna conexión entre la CEE y la OTAN en la medida en que denunció el giro atlantista del PSOE como una claudicación frente a las presiones procedentes de la Comunidad. En esos términos interpretó la revista Mundo Obreero las palabras de Felipe González en Bonn en mayo de 1983 —su comprensión respecto del despliegue de los euromisiles—284. El nuevo secretario general, Gerardo Iglesias, denunciaría ante el comité central del partido el «chantaje inadmisible» al que el Gobierno se había sometido, que amenazaba además sembrar la división en el pueblo español, pero no dejó de ratificarse en su posición a favor de la entrada de España en la CEE, pese a todo285. El debate que sobre este punto mantuvo el comité central en junio de 1983 resulta interesante porque ilustra cómo, en una coyuntura en la que el partido aspiraba a consolidar y mejorar su posición electoral mediante la explotación de uno de los pilares de su discurso político —el rechazo a la OTAN—, se alzaron algunas voces que sugirieron llegar hasta las últimas consecuencias de este planteamiento, esto es, poner en cuestión la adhesión a la CEE si ésta pasaba la integración en la Alianza Atlántica. Fue Jaime Ballesteros quien lanzó la sugerencia de, al menos, detenerse a considerar con mayor rigor del que se había aplicado hasta entonces la posición del PCE ante la adhesión a la CEE: «Yo creo, camaradas, que el Partido Comunista debe reflexionar sobre este tema. En un momento en que en Europa hay la crisis económica que todos sabemos, con la tendencia que esto produce a corrientes autárquicas en esos países y al endurecimiento por tanto de la negociación; en un momento [en] que en Europa cada vez hay más una crisis del Mercado Común, crisis presupuestaria de las subvenciones que tiene que hacer cada país a los gastos del presupuesto, crisis de la política agraria, que está estrechamente relacionada [...] ; en un momento en que hay esas corrientes autárquicas, y en que a España se la pone en condiciones cada vez más duras, yo creo 281 ANDRADE BLANCO, J. A., El PCE y el PSOE… op. cit., pp. 55-112. 282 Por ejemplo, Santiago Carrillo escribió en Mundo Obrero que «no existe ninguna vinculación entre Mercado Común Europeo, OTAN y Gibraltar [...]. Y no es entrando en la OTAN, que es otra cosa, sino tomando una posición realista [...] como debemos abordar en serio el tema de nuestra integración en Europa». CARRILLO, Santiago, «No a la OTAN», Mundo Obrero, nº 84 (18 al 24 de julio 1980). 283 Así lo expresó Manuel Azcárate en Mundo Obrero, nº 122 (24 al 30 de abril 1981), y Gerardo Iglesias en la conferencia «Europa: autonomía o decadencia», pronunciada en el Club Siglo XXI el 16 de enero de 1986, en España en Europa: el reto… op. cit., pp. 280-295. 284 «Achtung! Euromisiles, de entrada», Mundo Obrero, nº 228 (13 al 19 de mayo 1983). 285 PCE, Informe del Secretario General al Comité Central, 28-6-1983, AHPCE. 110 que el Partido Comunista de España debe proponer a todo el país una pausa de reflexión y de debate de un año para saber si conviene en este momento, en estas circunstancias, entrar o no entrar en el Mercado Común. Un debate o una pausa de un año en la que intervengan los sectores sociales y económicos del país, las fuerzas políticas, las comunidades autonómicas, y [que] después de ese debate, teniendo en cuenta el estado de este momento de Europa, las condiciones de la negociación, podamos tomar una decisión adecuada»286. La sugerencia fue rápidamente desestimada por el secretario general, para quien los vínculos comerciales de España con la Comunidad ponían la adhesión fuera de toda discusión, pero dio lugar a una serie de réplicas a favor y en contra. Ángel Guerreiro sintetizó la posición de los contrarios a la idea de Ballesteros en el temor de que «plantear hoy el detenimiento durante un año de la entrada en el Mercado Común sería simplemente interpretado por el país como que el PCE reconsidera toda su estrategia europea»287, esto es, que el PCE dejaría de ser considerado un partido europeísta en un contexto en que una abrumadora mayoría de la población identificaba europeísmo con modernización y democracia. A esto respondió con contundencia Santiago Carrillo, quien, tras haber abandonado la secretaría general en 1982 por los malos resultados electorales, se encontraba cada vez más marginado en el seno del comité central, y apoyaba, en este caso, la postura de Jaime Ballesteros: «Que a mí no me venga nadie diciendo que de repente he dejado de ser europeísta. Soy europeísta, y creo que los problemas de España tienen que resolverse, y si no nos irá muy mal, con Europa aunque no sólo con Europa. [...] Pero Europa está dependiendo, [...] no solamente en su política militar, sino en su política económica, de los EEUU, y yo digo [...] que el objetivo de una política europeísta de los comunistas tiene que ser la ruptura de los lazos de dependencia de Europa con el imperialismo americano. [...] Y quiero decir a los que se han escandalizado considerando como una especie de rectificación la propuesta de Jaime Ballesteros, pidiendo un año de reflexión (que yo no sé si es necesario que sea un año o que sean seis meses), yo quiero decirles que estamos situándonos en un embudo profundamente peligroso, un embudo en el que el Gobierno, rectificando sus posiciones, las de su partido, anteriores, está planteándose la ligazón de la entrada de España en el Mercado Común Europeo con la entrada en la OTAN, mejor dicho, con la permanencia en la OTAN, y están librando una batalla para entrar en el Mercado Común Europeo en el 84 de cualquier manera. [...] Si la política actual del PSOE sigue hacia delante, podemos encontrarnos con la permanencia en la OTAN justificada porque se nos ha abierto la puerta de la Comunidad Económica Europea, pero una puerta tan estrecha, una puerta tan llena de picos y aristas, que nos vamos a dejar en ella lo mejor de lo que tenemos económicamente. Y claro que en esas condiciones hay que reflexionar, y hay que discutir, no sólo en el Parlamento, sino con los sectores sociales, y con el país, cómo está hoy la negociación con el Mercado Común, y hay que tomarse un tiempo de reflexión y mostrar que no estamos tan 286 PCE, Reunión del Comité Central, 28-6-1983, AHPCE. 287 Ibíd. 111 locamente interesados en entrar en el Mercado Común que vayamos a hacerlo de cualquier manera»288. Nuevos argumentos contra esta intervención fueron expuestos por Nicolás Sartorius y, sobre todo, por Francisco Suárez, para quien el principal problema derivado de la proposición de Ballesteros era el significado político que tendría para el electorado. En cualquier caso, la línea oficial del partido no quiso permitir ningún margen para el euroescepticismo, y el informe de Gerardo Iglesias fue aprobado por el Comité Central con 43 votos a favor, 27 en contra y una abstención. A las pocas semanas, la revista oficial del PCE publicó un editorial en el que proclamaba que el Mercado Común era «el más importante bastión sobre el que edificar una política alternativa a los bloques», de modo que, para los comunistas, lo único que se podía admitir a debate era el cómo de la integración de España289. Importa señalar también que en la formación en el seno del partido de corrientes ideológicas enfrentadas entre sí y con el núcleo central a principios de los años ochenta —en esencia, los prosoviéticos, de tendencia radicalizante, y los renovadores, inclinados a la socialdemocracia—, la cuestión de la entrada en la CEE figuró entre los principales objetos del debate, de modo que los grupos que finalmente se escindieron del partido adoptaron ante ella posiciones distintas de la del PCE. El primer caso lo observamos en el llamado Partido Comunista (PC), creado en 1984 por los prosoviéticos liderados por Ignacio Gallego, partido de ideología marxista-leninista que contó con el apoyo y la financiación del Partido Comunista de la Unión Soviética290. En su congreso fundacional, el PC definió la creación del Mercado Común como un proceso de reestructuración imperialista ajeno a la vocación de los pueblos europeos y un instrumento de la burguesía para extender su hegemonía política ideológica y cultural. Para este grupo la aspiración de algunos comunistas, seducidos por este imperialismo europeo, de pretender transformar la Europa de los monopolios en la Europa de los trabajadores, era una quimera. La aceptación acrítica del Mercado Común —continuaban— era ajena a la teoría marxista de lucha de clases, y el llamado eurocomunismo, considerando Europa la medida de todas las cosas, se desentendía de 288 Ibíd. 289 «España y la CEE», Mundo Obrero, nº 238 (22 al 28 de julio 1983). 290 Posteriormente pasaría a denominarse Partido Comunista de los Pueblos de España; en 1986 participaría en la creación de Izquierda Unida; finalmente, en 1988 Ignacio Gallego retornaría al PCE junto con unos 5.000 militantes y la mayoría del comité central. 112 los intereses del movimiento obrero. En cuanto a la entrada de España en la CEE, el PC anunciaba que ésta traería, entre otras cosas, «…dos consecuencias negativas para los trabajadores: el hundimiento de las pequeñas y medianas empresas que forman gran parte de nuestra estructura productiva, y el desmantelamiento de sectores estratégicos como la siderurgia y los astilleros navales, la reestructuración del sector olivarero y otros sectores de la producción agrícola, así como del sector pesquero, todo ello con la secuela de un acusado incremento del índice de paro; y una mayor dependencia económica y tecnológica como consecuencia del papel subalterno que la división europea del trabajo nos asigna. »La alternativa es combinar una crítica rigurosa al Mercado Común, para formar la conciencia de las masas, con la defensa consecuente de los trabajadores, de las capas populares y de la soberanía nacional. Ambas cosas a la vez sólo se pueden hacer a partir de una actitud clara de oposición a la integración en la CEE»291. El segundo caso es el de la Mesa para la Unidad de los Comunistas, creada en 1985 por Santiago Carrillo y otros militantes como Adolfo Piñedo o José Ortega, que se sintieron decepcionados por la línea seguida por la nueva dirección del PCE. En este caso la disidencia respecto de la política europea no se basó en una diferente percepción histórica de la integración europea, sino en la insatisfacción por la pasividad del PCE ante los perjuicios económicos para España del Tratado de adhesión. En la asamblea fundacional del grupo Carrillo denunció la «mordaza» con que el grupo comunista en el Parlamento le había impedido exponer su oposición al Tratado292, y, aunque dijo seguir creyendo en «una Europa que no sea la de los mercaderes y los burócratas, sino la de los pueblos», vaticinó que España no sería capaz de defender sus intereses dentro de la Comunidad293. La resolución general aprobada por esta asamblea concluyó que el ingreso en la CEE, en las condiciones en que se había realizado, no resolvería el atraso histórico de España294. Para Carrillo los aspectos más graves del Tratado eran las condiciones impuestas a la agricultura española, peor tratada por la CEE para el período inicial de la adhesión que las de las antiguas colonias francesas y británicas; los breves plazos impuestos al desarme arancelario industrial, que abrían graves incógnitas para las pequeñas y medianas empresas; el largo período transitorio para la equiparación 291 PARTIDO COMUNISTA, Tesis del Congreso de la Unidad de los Comunistas, Madrid, 13,14 y 15 de enero de 1984, pp. 8-9. 292 Carrillo ha manifestado en varias ocasiones que él fue el único diputado del Congreso que se abstuvo de dar su voto positivo a la ratificación del Tratado. En la entrevista que concedió al GHistRI el 5-5-2011 afirmó que estuvo presente en el hemiciclo, pero ni votó a favor, ni votó en contra ni se abstuvo (¿?). En cualquier cas, el Diario de Sesiones del Congreso sólo registra votos afirmativos para el conjunto del proyecto de Ley Orgánica para la Autorización de la Ratificación (309 de 309). El preámbulo del texto fue votado aparte y se produjeron dos abstenciones. 293 Asamblea para la Unidad de los Comunistas, 19-20 de Octubre de 1985, Madrid, Ahora, 1985, p. 34. 294 Ibíd., p. 165. 113 de los derechos de los trabajadores españoles con los de los comunitarios; y, sobre todo, el hecho de que, a la postre, la opción europea de España había tenido más de oportunismo electoralista que de política de Estado. Según Carrillo, «…el Gobierno de Felipe González sigue afectando un triunfalismo total como si hubiéramos hecho el mejor negocio del siglo. En esa actitud hay una marcada intención electoralista en la que entra quizás el cálculo de que la gran desinformación sobre el tema y el golpe de efecto de la adhesión, cuando aún no haya habido tiempo de comprobar los efectos negativos de este Tratado, puede contribuir a un resultado electoral óptimo. Y esto es lo triste: que el electoralismo haya prevalecido sobre el interés nacional [...]. »En realidad vamos a la integración bajo el lema, característico del liberalismo imperante, de que “cada uno se las apañe como pueda”»295. Bien distinta fue la posición manifestada por el PCE remanente, que, pese a su actitud crítica con algunos aspectos de la negociación, valoraba los acuerdos como un hito histórico, casi en la misma línea del Gobierno, e incluso se jactaba de haber contribuido desde la oposición para su logro296. Tras la firma de la adhesión, el PCE aún insistiría en los errores cometidos tanto por la UCD como por el PSOE, que abocaban ahora a la economía española a un período de dificultades y a «la invasión de productos comunitarios», pero el partido no dudó por ello en contribuir a la ratificación del acta de adhesión. A la hora de los discursos oficiales, el PCE esgrimió de nuevo un europeísmo sin fisuras, más conectado con los valores culturales e históricos que hacían de España una nación europea que con ventajas o consecuencias tangibles de entrar en la Comunidad, y, sobre todo, porque el acceso a la CEE significaba escapar del «caserón donde las clases reaccionarias residenciaron a España durante siglos»297. A pesar de las diferentes percepciones sobre la relación entre europeísmo y atlantismo, de las duras críticas vertidas por las consecuencias económicas a corto y medio plazo y del electoralismo con que el PSOE supuestamente había abordado la política europea, a la postre el posicionamiento público del PCE sólo podía ser uno: votar a favor de la adhesión, porque, como el portavoz Fernando Pérez Royo declaró en el Congreso, tal voto tenía, por encima de todo, «un profundo valor simbólico: es un voto sobre una idea europea»298. 295 CARRILLO, Santiago, «¿España en Europa?», conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI el 25 de noviembre de 1985, en España en Europa: el reto… op. cit., pp. 179-190. 296 «El PCE ante el acuerdo de Bruselas», Mundo Obrero, nº 327 (4 al 10 de abril 1985). 297 «Nuestro europeísmo», Mundo Obrero, nº 338 (20 al 26 de junio 1985). 298 DSC, Plenos, 221, II Legislatura (25-6-1985), p. 10212. 114 1.5. La Europa de los pueblos: el europeísmo en los nacionalismos periféricos Sin perjuicio de que, en sus raíces más profundas, el europeísmo de los partidos nacionalistas periféricos pudiera compartir determinadas motivaciones con el del resto de las fuerzas políticas del país —sobre todo, la identificación de Europa con la modernización y la consolidación democrática—, tuvo su principal rasgo distintivo en inspirarse en una concepción de la construcción europea en la que las entidades protagonistas no eran los Estados sino las regiones o las nacionalidades. Con la puesta en marcha del proceso de integración europea, muchos partidos, corrientes e ideologías regionalistas y separatistas en Europa —en lugares como Escocia, Bretaña, Gales o Córcega— debieron posicionarse ante la aparente contradicción entre la persecución de una mayor autonomía o incluso la independencia para la propia región, por un lado, y la insoslayable cesión de soberanía que el proyecto europeo comportaba, por otro. Tal contradicción se resolvía mediante una interpretación diferente de la estructura política de la Europa por construir, en la que los Estados, entes obsoletos y propios de un contexto histórico ya superado, debían ceder su autoridad, en función de la materia de que se tratara, en sentido centrífugo — hacia las regiones— o centrípeto —hacia las instituciones comunitarias—, haciendo compatibles así regionalización y europeísmo. Así pues, el proceso de integración europea, que en una primera fase parecía tener la potencialidad negativa de distanciar a las poblaciones regionales de los centros de decisión supranacionales, con el tiempo se convertiría en un referente esperanzador para muchos partidos nacionalistas y regionalistas, que verían en la Comunidad un marco institucional para la realización de sus objetivos. Como señala Mario Caciagli, su europeísmo nació, por lo tanto, sólo en parte de la fe en el futuro de una Europa unida; y fue concebido, sobre todo, como una forma de contraposición al poder central de los Estados, como una especie de antinacionalestatalismo299. Entrando más en detalle, abordaremos aquí de forma sucinta las posiciones adoptadas por las dos corrientes políticas de corte nacionalista que gozaron de mayor representación en las Cortes españolas durante el período 1977-1986: el Partido 299 CAGLIACI, Mario, Regiones de Europa. Autogobierno, regionalismos, integración europea, Valencia, Tirant lo blanch, 2006, p. 252. Véase también LYNCH, Peter, Minority Nationalism and European Integration, Cardiff, University of Wales Press, 1996, y DE WINTER, Lieven, The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2001. 115 Nacionalista Vasco (8 escaños en la legislatura constituyente, 7 en la primera y 8 en la segunda), y el nacionalismo catalán moderado y conservador, que concurrió a las elecciones de 1977 bajo la coalición del Pacte Democràtic de Catalunya y Unió Demòcrata Cristiana Catalana (13 escaños en conjunto), y a partir de 1979 como Convergencia i Uniò (8 escaños en 1979 y 12 en 1982). En relación con el PNV, habría que comenzar por señalar la participación del partido desde el exilio en la formación y el desarrollo del movimiento federalista europeo durante el franquismo, e incluso la existencia de referentes europeístas anteriores a la Guerra Civil. Ya en 1933 el PNV convocó el Aberri Eguna (fiesta del Día de la Patria) bajo el significativo lema Euskadi-Europa, llamando la atención sobre su designio de integrar a un País Vasco autónomo o independiente en una estructura política europea. En 1942, los representantes del PNV exiliados en Londres, capitaneados por Manuel de Irujo, intervinieron en la fundación de la Unión Cultural de los Países de Europa Occidental, donde se encontraban representados los grupos nacionales francés, alsaciano, inglés, vasco, bretón, catalán, escocés, galés, holandés, italiano, maltés y provenzal. Asimismo, el PNV participó en la creación de la Federal Union británica, luego denominada Unión Europea de Federalistas. En 1948 el lehendakari José Antonio Aguirre acudió a la Asamblea de La Haya, que instituyó el Movimiento Europeo. Dentro del Consejo Federal Español de éste, fueron creados, con personalidad propia, un grupo vasco y otro catalán. Asimismo, el PNV tomó parte en la fundación, en 1947, de los Nouvelles Equipes Internationales, que a partir de 1962 darían lugar a la Unión Europea Demócrata Cristiana300. La implicación del PNV en iniciativas europeístas tenía, sin embargo, rasgos distintivos más allá de la apuesta por una Europa políticamente unida y de la apelación a las libertades democráticas301. Una de las figuras más destacadas del partido en este campo, Javier de Landaburu, en su libro de 1956 La causa del pueblo vasco —en un capítulo titulado «De la nación vasca a Europa y al mundo»—, afirmaba: «Hoy sólo se hace la Europa de los Estados, la que era más fácil de hacer, porque hay prisa de hacerla, porque uno de los acicates de la organización europea es el miedo. Cuando el miedo pase y la doctrina madure, se pensará en hacer la Europa 300 La participación del PNV en entidades europeístas y federalistas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX es abordada en el segundo capítulo de esta Tesis Doctoral. Una síntesis de la cuestión en CASTRO RUANO, José Luis de; UGALDE ZUBIRI, Alexander, La acción exterior del País Vasco (1980-2003), Bilbao, Oñati, 2004, pp. 88-95. 301 ARZALLUZ, Xabier, «La idea de Europa en la política del PNV», conferencia pronunciada el 29 de mayo de 1990 en el ciclo Euskadi: realidades y progresos de la Universidad de Deusto, Bilbao, 1990. 116 de los pueblos, y en esa Europa nadie podrá negar puesto al nuestro, a este pueblo federalista y pacifista, ya que Europa no habrá de hacerse con otra finalidad que la paz. Mientras haya Estados al modo clásico, subsistirán las rivalidades y los peligros de guerra. Cuando la noción actual del Estado sea rebasada, cuando Europa se asiente sobre bases más naturales, más justas, menos hipócritas, y a eso se llegará si lo queremos, si lo quieren los jóvenes, el concierto de las naciones europeas podrá ser una realidad que prepare la federación universal»302. El papel de los representantes del PNV en los movimientos europeístas estaría marcado, pues, por la concepción de la integración europea como destino liberador para la nacionalidad oprimida. Según Irujo, que presidiría el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo entre 1973 y 1976, para los vascos la realización de Europa significaba «que podamos entendernos los del Norte y el Sur del Bidasoa sin necesidad de pedirles permiso a gendarmes y guardias civiles, prefectos y gobernadores»303, una actitud que en ocasiones generaría tensiones en las relaciones del PNV con otros partidos antifranquistas en el seno de las organizaciones europeístas. En su conjugación de europeísmo y nacionalismo, el PNV buscaría hacer frente común con diversas organizaciones y partidos de otras regiones de Europa. Durante la dictadura tomó parte en diversos congresos de la Unión Federal de Comunidades Étnicas Europeas (UFCE), y en 1975 sería uno de los fundadores en Bruselas del Buró de Naciones sin Estado, integrado también por el Frente Autonomista de Liberación de Alsacia, el Partido Nacionalista Bretón y el Plaid Cymru galés304. Estos mismos partidos, junto con el Partido Laborista Escocés, celebrarían un encuentro en Bilbao en mayo de 1977 para expresar sus reivindicaciones comunes305. En marzo de 1977 tuvo lugar en Pamplona la asamblea nacional del PNV en la que concretó su programa político para el incipiente sistema parlamentario306. En relación con la integración europea, el PNV definió entonces su posición desde la idea de que las estructuras estatales existentes eran demasiado pequeñas para su capacidad de 302 LANDABURU, Javier de, Obras completas. Vol. III, Bilbao, 1982, p. 317. 303 Carta de Manuel de Irujo a Robert Van Schendel, 11 de agosto de 1977, Archivo Histórico de la Unión Europea (AHUE), Fondo Movimiento Europeo, carp. 2505. 304 ARRIETA ALBERDI, Leyre, Estación Europa. La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), Madrid, Tecnos, 2007, p. 305. 305 Encuentro de naciones europeas sin Estado, Bilbao, 21 y 22 de mayo de 1977, Bilbao, EAJ-PNV, 1977. 306 Para el PNV durante la transición, véase MEES, Ludger, «El nacionalismo vasco democrático durante la Transición (1974-1981)», en QUIROSA-CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (coord.), Los partidos en la Transición: las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 323-344; PÉREZ-NIEVAS MONTIEL, Santiago, Modelo de partido y cambio político. El Partido Nacionalista Vasco en el proceso de transición y consolidación democrática en el País Vasco, Madrid, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 2002; DE PABLO, Santiago; MEES, Ludger; RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco. II: 1936-1979, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 325-385. 117 producción y desarrollo tecnológico, y demasiado grandes para un desarrollo político democrático. La centralización político-administrativa, el alejamiento de los centros de información y decisión respecto de los escenarios de los problemas y el gigantismo de los cuerpos burocráticos habrían producido una gran separación entre el poder y el pueblo, de la que se derivaría un grave peligro de despolitización y manipulación de las masas. Por eso, según el PNV, «…el pueblo vasco no debe caer en la tentación de pretender darse a sí mismo una estructura estatal caduca y superada; ha de luchar y colaborar para que esa nueva estructura política europea, aún por hacer, sea democrática y plurinacional, una Europa en la que cada pueblo pueda desarrollarse plenamente a partir de su propio ser y peculiaridad, laborando codo a codo con los demás en la construcción de una Europa nueva, libre, progresiva, democrática y con vocación mundial»307. Así pues, autogobierno, democracia y territorialidad quedaban definidos como los objetivos políticos fundamentales del PNV, pero siempre dentro de un marco europeo. El PNV se presentaba como un partido fundamentalmente europeísta en la medida en que consideraba que el autogobierno del País Vasco debía producirse en el contexto de una Europa federal y no en un Estado vasco en el sentido clásico de Estado-nación. Más allá de la mera adhesión al proyecto de construcción europea o de una posición favorable a la participación de España en el mismo, el PNV entendía el marco europeo como el propio para el desenvolvimiento de su proyecto político para el País Vasco308. Si bien a la altura de 1977 el partido evitaba pronunciamientos claros en relación con el independentismo, en sus memorias Xabier Arzalluz, primer portavoz parlamentario en Madrid y posterior presidente del partido, reconocería que ya entonces su aspiración se cifraba en una «”independencia en Europa”, manteniendo lo que del Estado han podido conservar Holanda o Italia»309. En este sentido, el proyecto de construcción europea debía ser concebido como un instrumento para la realización de los objetivos políticos del pueblo vasco; ahora bien, si la construcción europea no se hacía para debilitar a los Estados sino para reforzarlos —como se quería hacer ver desde posiciones centralistas—, el pueblo vasco se enfrentaría a ella con su proverbial 307 PARTIDO NACIONALISTA VASCO (PNV), Jokabidea politika, ekonomia, gizarte eta kulturari buruz (Planteamientos político, socioeconómico y cultural), Documentos de la Asamblea Nacional, Pamplona, marzo de 1977, p. 47. 308 GALEOTE GONZÁLEZ, Geraldine, «La temática europea en el discurso del Partido Nacionalista Vasco (PNV)», Revista de Estudios Políticos, nº 103 (enero-marzo 1999), pp. 259-278. FILIBI LÓPEZ, Ígor, «Nacionalismo vasco y europeísmo», http://www.euskomedia.org/aunamendi/152146# [consultado el 17-9- 2015]. 309 ARZALLUZ, Xabier, Así fue, Barcelona, Foca, 2005, p. 231. 118 capacidad de resistencia310. Por último, el PNV coincidía con los partidos de izquierda en concebir una Europa «liberada de los condicionamientos y dependencias de la política de bloques surgida del reparto de despojos de la II Guerra Mundial y de la subsiguiente guerra fría»311. En relación con las negociaciones de adhesión a la CEE, la actitud del PNV sería, por lo general, bastante crítica, tanto frente a los Gobiernos de la UCD como frente al del PSOE. Se mostraría altamente conservador en la defensa de objetivos como un plazo único de diez años como período transitorio (obviamente, desde la óptica vasca el interés de la agricultura mediterránea de obtener una pronta integración era secundario frente a la protección de la industria y de la agricultura de tipo continental), la posibilidad de establecer contingentes tarifarios y restricciones cuantitativas a la importación de ciertos productos, antes de que la adhesión se hiciera efectiva, o la participación de las Comunidades Autónomas en la definición de la estrategia negociadora por parte del Estado. Como es natural, se interesaría especialmente por aquellos sectores que, como la pesca, afectaban más específicamente al País Vasco312. El portavoz parlamentario, Jon Gangoiti, criticaría sobre todo que las discusiones sobre la CEE se centraran casi exclusivamente en la fecha de la adhesión y en el color del Gobierno que fuera a firmarla, no profundizándose lo suficiente en cuestiones que el PNV juzgaba de mayor relevancia, como las condiciones agrícolas y pesqueras, los aranceles exteriores y el futuro de la siderurgia313. La valoración final del Tratado sería, en cambio, más positiva, aunque un tanto escéptica; no dio lugar ni a pomposas declaraciones de europeísmo utópico, ni tampoco a agoreras descripciones de catástrofes a cernirse sobre las regiones y sectores más perjudicados, como hemos visto en otras fuerzas políticas. Jesús Insausti, presidente del Consejo Nacional del PNV, declaró que la entrada en la CEE «no estaba mal», aunque durante algún tiempo iba a producir sinsabores y dificultades en determinados sectores 310 ARZALLUZ, Xabier, «El camino de Europa», Muga, nº 3 (febrero 1980), pp. 18-21. En el discurso de Arzalluz el proceso de integración europea podía aparecer con diferentes significados y como justificación de ideas diversas, ocasionalmente opuestas entre sí. En 1977 diría en una entrevista que, como consecuencia de la adhesión a la Comunidad, la cultura y la lengua españolas serían objeto de una relativa relegación —un «proceso opresivo»— por parte de los modos culturales procedentes de Europa, lo que presumiblemente habría de llevar a una mejor comprensión en el resto del Estado de la defensa que el nacionalismo vasco hacía de sus tradiciones y modos de vida. En PASTOR, Robert, Euskadi ante el futuro, San Sebastián, Luis Haranburu, 1977, pp. 88-89. 311 PNV, Jokabidea... doc. cit., p. 11. 312 DSC, Comisión de Asuntos Exteriores, 1, II Legislatura (29-5-1979), p. 13; 11, II Legislatura (18-2- 1983), p. 15. 313 DSC, Plenos, 98, II Legislatura (29-2-1984), pp. 4620-4621. 119 del país, y señaló que, en todo caso, tal hito debía celebrarse como un paso más hacia la consecución de la «Europa de los pueblos»314. Para Jon Gangoiti, los resultados de las negociaciones eran «globalmente aceptables», si bien juzgaba negativamente las limitaciones a la producción de leche en España, pese a ser país deficitario en este producto y necesitar de su importación315. También el gobierno autonómico vasco, presidido por José Antonio Ardanza, valoró positivamente la firma del Tratado, en la idea de que las consecuencias a medio y largo plazo terminaría compensando los desequilibrios puntuales que se pudieran dar en los primeros años en la CEE316. Menos satisfecho se mostraría Arzalluz, para quien la adhesión a la Comunidad había revestido un excesivo carácter oportunista por parte de un Gobierno deseoso de «aprovechar políticamente, sobre todo en el campo electoral, las rentas de un optimismo exagerado, bien orquestado y de fácil venta». Desde su punto de vista, las negociaciones habrían arrojado un resultado discutible debido a las prisas del Gobierno, pero, de cara a la opinión pública, los flecos de la negociación habían pasado desapercibidos ante «el voltear frenético de las campanas». Con todo, y aun cuando para Arzalluz todas las consideraciones recurrentes sobre la europeidad de España, los lazos históricos y culturales, etc. no eran más que pura retórica, el político nacionalista reconocía la inexistencia de alternativas a la integración en la CEE, porque, pese a la débil posición de la economía española para la competición con los socios comunitarios, todo hacía pensar que retardar la operación no haría sino empeorar sus condiciones317. Como en el caso vasco, también en el nacionalismo moderado catalán los referentes europeos habían jugado un papel importante en la configuración de los objetivos y la ideología durante la dictadura franquista318. Interesa destacar en este 314 Deia, 30-3-1985. 315 Deia, 12 de junio de 1985. 316 «Una visión vasca de Europa», conferencia pronunciada por José Antonio Ardanza en el Club Siglo XXI de Madrid el 19 de mayo de 1986, en España en Europa: el reto… op. cit., pp. 664-682. Aunque en 1985 Euzkadiko Ezkerra también se sumó a la mayoría que valoraba la adhesión como un hecho positivo, cuando se realizó la solicitud en 1977 su actitud fue más bien escéptica, hasta el extremo de que un portavoz del partido respondió a una encuesta de la agencia Cifra que «la entrada en el Mercado Común no es seguro que vaya a mejorar la situación de los pescadores y agricultores, más bien todo lo contrario» (El Diario Vasco, 20- 7-1977). En cuanto a Herri Batasuna, Jon Idígoras calificó el acuerdo de adhesión como «deficitario» y lo atribuyó a «un deseo político del Gobierno de Felipe González para homologarse con Europa, tanto a nivel económico como en el bloque estratégico de la OTAN» (Deia, 30-3-1985). 317 ARZALLUZ, Xabier, «Doblan las campanas», Deia, 31-3-1985. Apéndice documental, doc. nº 2. 318 PORTA, Jordi, «Catalanisme, europeisme i societat civil a Catalunya durant el franquisme i la transició democràtica», en CAMINAL, Miquel; VILANOVA, Francesc (eds.), Federalisme, catalanisme, europeisme: ocrrents de pensament i pràctica política, Barcelona, Fundació Castro Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 2003, pp. 37-55. Sobre el nacionalismo catalán moderado en la transición, vid. BARRIO LÓPEZ, Astrid, 120 sentido las actividades europeístas de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que, pese a ser una fuerza relativamente minoritaria en el espectro político catalán de la transición, marcaría, como parte de la coalición gobernante en Cataluña desde 1980 junto con Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), la línea dominante del discurso catalanista ante las Comunidades Europeas. Dentro de Convergècia i Unió (CiU), quedaría en manos de Unió, por ejemplo, la portavocía en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en la persona de Llibert Cuatrecases, quien también sería el portavoz de la coalición en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Partido nacido en la Segunda República, UDC había tomado parte con el resto de la oposición democrática en actividades de carácter europeísta entre el exilio y la clandestinidad durante el franquismo. En 1963 aprobó una declaración de principios en que expresaba su identificación con el proceso de integración europea319. La representación del catalanismo político en las organizaciones europeístas democráticas descansó entonces en gran medida en hombres vinculados a UDC, como Antón Cañellas, Jordi Prat i Ballester y Miquel Coll i Alentorn (quien sería presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo)320. Desde 1965 UDC había estado integrada en la Unión Europea Demócrata Cristiana, junto con el PNV y la Izquierda Demócrata Cristiana de Manuel Giménez Fernández, en el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español321, estructura que reivindicaría, durante el tardo franquismo y la transición, la participación de una España democrática en una Europa unida federalmente322. Tras la llegada de la democracia, tanto UDC como otras fuerzas catalanistas se posicionaron a favor de la adhesión a la CEE. En el manifiesto electoral de UDC de «Organización y papel político del nacionalismo moderado catalán durante la Transición», en QUIROSA- CHEYROUZE MUÑOZ, Rafael (coord.), Los partidos en la Transición: las organizaciones políticas en la construcción de la democracia española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013, pp. 307-322. 319 «Declaració de principis», abril de 1963, Arxiu Históric Ferran Camps (AHFC), UDC 1961-1975/1963. 320 Discurso de Miquel Coll i Alentorn en el V Congreso de UDC, 1975. AHFC, UDC 1975 Vè Congrés / Intervenciones. Sobre la trayectoria europeísta de Miquel Coll, ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, Fernando, «Miquel Coll i Alentorn europeísta», La Veu d’Unió, nº 208 (febrero 1991), p. 7. 321 Posteriormente se sumarían también la Democracia Social Cristiana de José María Gil-Robles y la Unió Democràtica del País Valenciá. BARBA, Donato, La oposición durante el franquismo / 1. La Democracia Cristiana, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, pp. 214-240. CULLA I CLARÀ, Joan B., Unió Democràtica de Catalunya: el llarg camí (1931-2001), Barcelona, Unió Democràtica de Catalunya, 2002, pp. 24-25. Sobre la inserción de UDC en la democracia cristiana europea, CULLA I CLARÀ, Joan B., «Unió Democràtica de Catalunya: le parti démocrate-chrétien catalán (1931-1989), en Christian Democracy in Europe, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 1992, pp. 83-110. 322 «Terceras jornadas demócrata cristianas. Conclusiones de las ponencias y declaración final», Madrid, enero de 1976, AHFC, UDC 1976 / Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. 121 1977 se decía que la integración del Estado español en Europa era «consecuencia lógica de nuestro entorno geográfico, histórico, cultural y de realidad económica»323. En su manifiesto electoral de 1979, la plataforma CiU se comprometía a «luchar por la integración europea del Estado español, en condiciones respetuosas para las diversas personalidades nacionales españolas y que no agraven la actual crisis económica y social»324. Tales posiciones se mantendrían a todo lo largo de las negociaciones de adhesión a la CEE, prestando especial atención a los efectos de la adhesión sobre la economía catalana. En este sentido, 1982 el gobierno de la Generalitat crearía, junto con varias entidades privadas, el Patronat Català Pro Europa como consorcio para el debate y la divulgación en torno a la integración europea325, y el mismo año publicó un prolijo libro blanco sobre las consecuencias para Cataluña de la adhesión de España a la CEE326. Los avatares de las relaciones hispano-comunitarias después de 1977 no alterarían la perspectiva esencialmente política de este europeísmo, y la aspiración a una Europa unida políticamente y capaz de desempeñar un papel significativo en el escenario bipolar de las relaciones internacionales se impuso, por lo general, sobre la reclamación de concesiones económicas puntuales ya fuera para la región o para el Estado, en el discurso del nacionalismo catalán. Fue así especialmente en el caso de UDC, en cuyo discurso europeísta prevalecían los valores culturales sobre los económicos. Concepció Ferrer, diputada del Parlament que más tarde sería miembro del Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Unión Europea Demócrata Cristiana, defendía la visión democristiana de una «Europa con rostro humano» en la que —sin descuidar tampoco los intereses económicos— se construyera una unión supranacional basada en el común respeto de los derechos ciudadanos327. Europa debía ser algo más que «un mercado donde cada cual tratara de comprar la mejor tela al mejor precio», como parecía que los Estados miembros pretendían hacer con la economía española, o ciertos sectores económicos españoles con su integración en la CEE328. Por el contrario, Europa tenía que ser para el mundo un faro de esperanza, un ejemplo de superación de querellas y 323 «Manifest al servei del poble de Catalunya. Bases del programa electoral comú», p. 10, AHFC, S-UDC 1977 / Programas electorales. 324 Convergencia i Uniò, nº 1 (febrero de 1979). 325 Se hablará de él con más detalle en el capítulo segundo de esta Tesis Doctoral. 326 Catalunya i la Comunitat Econòmica Europea: llibre blanc sobre la repercusió a Catalunya de l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1982. 327 FERRER, Concepció, «Una Europa con rostro humano», La Vanguardia, 31-5-1985. «Concepció Ferrer proposa una Europa dels pobles», Avui, 9-6-1985. 328 MARTÍ, Francesc P. de, «Mercat o Comunitat?», Nova Veu, nº 144 (5-5-1985). 122 rivalidades donde se respetaran todas las culturas e identidades, y un núcleo difusor de justicia social para todos los pueblos oprimidos329. La integración europea, desde el punto de vista de Uniò, «…perquè sigui viable i estable, no ha de permetre posicions hegemòniques, ni ha de confondre la unitat amb la uniformitat, ans ha de respectar i estimular la varietat, especialment la cultural, que constitueix la millor riquesa d’Europa. Totes les cultures i tots els pobles han d’ésser col.locats en un pla d’absoluta igualtat, de mutu respecte i de recíproca assistència en una Europa supranacional i comunitària, conscient, per altra banda, de les seves obligacions i la seva missió d’ajut espiritual i material als pobles subdesenvolupats. »La integració europea no ha de tenir de cap manera a fer del nostre continent un compartiment aillat de la resta del món i oposat a ella. Ha d’ésser un primer esglaó per a una integració mundial on estiguin organitzades les relacions del diferents països amb les adequades gradacions. La nostra visió humanista és incompatible amb la divisió del món en grans blocs oposats, amb cap dels quals no ens considerem compromesos, i lluitarem perquè l’evolució del món occidental vers fórmules de major justícia social i d’enfocament comunitari dels problemes, i la del món oriental vers un major respecte a la llibertat de la persona humana, permetin, per a un temps no massa llunyà, una reconciliació i una mútua confiança que facin legítimes les millors esperances en el futur de la humanitat»330. La coalición nacionalista no fiscalizaría con tanta dureza como Alianza Popular las estrategia de los Gobiernos en las negociaciones, ya fuera para denunciar su torpeza en sacarlas adelante o sus concesiones con fines electoralistas. Más bien su actitud sería la de aceptar que las condiciones de entrada serían irremediablemente duras, pero que aun así no habría otro remedio que aceptarlas, porque, como escribió Ferran Camps, diputado del Parlament, vocal de UDC en el Consejo Catalán del Movimiento Europeo y uno de los impulsores de la línea europeísta del partido (en 1970 había publicado el libro L’hora del mercat comú331), cuanto más se retrasara la adhesión, mayores serían las exigencias económicas de la CEE, y mayor la necesidad de terminar aceptándolas332. CiU insistiría, además, en hacer de este asunto una política de Estado, no ya en el sentido recurrente de la expresión de asentar la acción del Gobierno sobre un consenso político amplio, sino en el de señalar la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, 329 Concepció Ferrer desarrollaría por extenso su visión del europeísmo en sus libros La utopía d’Europa, Barcelona, Mediterrània, 1994; Reflexions europees, Barcelona, Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo, 1994; Una veu a Europa, Barcelona, Mediterrània, 1999; Una veu a Europa, 2, Barcelona, Mediterrània, 2004. 330 UNIÒ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, Compilació Doctrinal d’Uniò Democràtica de Catalunya, 1980. 331 CAMPS Y VALLEJO, Fernando, L’hora del mercat comú, Barcelona, Bruguera, 1970. 332 Declaraciones a Nova Veu, nº 131 (17-2-1984). Sobre la trayectoria europeísta de Ferran Camps, vid. el artículo «Els avenços europeistes es deuen a la democracia cristiana», Butlletí Barcelona Ciutat, nº 3 (noviembre 1985), p. 6. 123 incluyendo las de la oposición, en favorecer la causa de la adhesión en sus contactos con sus equivalentes ideológicos de otros países333. Con todo, y como no podía ser de otra manera, el principal rasgo de la implicación de CiU en los temas comunitarios fue el interés por el papel de las regiones en la CEE, aunque, a diferencia del PNV, tal preocupación se derivó en general más hacia la región como entidad política que a la definición de la «nacionalidad» étnica como elemento constituyente de la construcción europea. El nacionalismo catalán se situaría, de hecho, en la vanguardia de la reivindicación de la Europa de los pueblos, entendida en este caso como tendencia a la regionalización en la transferencia de soberanía, un pensamiento que se sostenía, por un lado, en criterios de identidad cultural334, pero también de efectividad económica335. CiU defendería estos postulados en sus contactos con distintas instituciones europeas. En marzo de 1979 Ignasi Farreres acudió en representación de CiU a la conferencia celebrada en Roma por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, donde colaboró en la redacción de un comunicado que pedía la participación de las autoridades locales y regionales en la aplicación de los fondos FEDER336. En 1980, escasas semanas después de su nombramiento como president de la Generalitat, Jordi Pujol viajó, acompañado del diputado Llibert Cuatrecasas, a Bruselas, donde se entrevistó con el vicepresidente de la Comisión Europea, Lorenzo Natali, y con la presidenta del Parlamento comunitario, Simone Veil, ante quienes insistió en la necesidad de que Cataluña, novena región económica de la Comunidad ampliada, hiciera escuchar su voz en las instituciones comunitarias337. En 1985 Cuatrecasas presentó en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un informe sobre el refuerzo de la presencia regional en la Conferencia permanente de los poderes locales y regionales de Europa338. Según declaró Cuatrecasas ante la Asamblea de Estrasburgo, las regiones estaban en el origen de Europa, de su riqueza y de su cultura, y constituían «un valor irremplazable e incomparable de la cultura europea»339. Por ello, otro aspecto en el que insistió el nacionalismo catalán —también lo hizo el 333 Así lo sugería, por ejemplo, CAMPS, Ferran, «Dificultades para nuestro ingreso en la CEE», El Correo Catalán, 18-12-1979. 334 ROCA I JUNYENT, Miquel, «Europeïsme al servei de les diferents Comunitats Nacionals», Informe Dossier Premsa, nº 33 (1982), p. 23. 335 «Europa, endavant amb la regionalització», conferencia pronunciada por Jordi Pujol en Kellarney (Irlanda) el 20-6-1975, en PUJOL, Jordi, Una política per Catalunya, Barcelona, Nova Terra, 1976, pp. 67-76. 336 Nova Veu, nº 33 (15 al 31 de mayo de 1979). 337 Nova Veu, nº 51 (1 al 15 de marzo de 1980). 338 Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Doc. 5464. Finalmente aprobado como Recomendación 1021 (1985). 339 APCE, Compte rendu des débats, 37e session ordinaire, 25 septembre-3 octobre 1985, p. 662. 124 vasco— fue la reivindicación de circunscripciones electorales propias de cara a la elección de los diputados en el Parlamento Europeo después de la adhesión340. De hecho, para CiU el modelo a conseguir sería una circunscripción electoral que agrupara el conjunto de los Països Catalans, esto es, incluyendo el País Valenciano y las Islas Baleares. Al valorar en su conjunto las posiciones de los nacionalistas ante las negociaciones y, posteriormente, ante el Tratado de adhesión, y sobre todo al compararlas con las del resto de partidos, se aprecia un relativo rasgo de desapasionamiento hacia las cuestiones europeas. Del mismo modo que, en los episodios de dificultades en las negociaciones, los dirigentes de CiU no figuraron entre los que expresaron resentimiento contra una Comunidad avariciosa y reticente a reconocer la democratización española, ni tampoco entre quienes atribuyeron los retrasos a la impericia negociadora del Gobierno de turno, en el momento de la ratificación parlamentaria sería el representante de Minoría Catalana, Miquel Roca, quien, desde los bancos de la oposición, se mostraría menos crítico con el acuerdo final, juzgando aceptables para España las condiciones contenidas en el mismo341 (lo que acaso no fuera ajeno a que los intereses agrarios finalmente más perjudicados fueran los de la cornisa cantábrica, quedando la agricultura catalana en mejor situación), aunque sin dejarse contagiar tampoco por las exclamaciones triunfales del Gobierno y de parte de la prensa342. Sin duda, esta ausencia de entusiasmo —que no de interés— por la cuestión europea (que en el caso del PNV se habría dado más bien como desviación del entusiasmo, de las cuestiones que más interesaban a los partidos de ámbito estatal, a otras derivadas de su particular enfoque etnicista) respondía a una diferente visión de la integración europea, pero a su vez ésta era consecuencia de las divergencias ideológicas en relación con la política interior —esto es, de la articulación del Estado—. Jordi Pujol atribuiría la peculiar percepción catalana de Europa, desprovista tanto de frustraciones como de arrebatos de triunfalismo, al hecho de que Cataluña era, a diferencia del resto de España, un pueblo europeo desde su nacimiento, nacido en la cultura carolingia y no 340 Al respecto, Ferran Camps se preguntaba en 1979 quién se acordaría de los pagesos catalanes en la fijación de los precios agrarios, «si allà només ens representen els de Madrid»; CAMPS, Ferran, «Catalunya i Europa», Nova Veu, nº 34 (1 al 15 de junio de 1979). 341 En palabras de Concepció Ferrer, «se ha logrado definir un compromiso de conjunto equilibrado que, aun cuando ha permitido salvaguardar los intereses fundamentales de cada país, ha repartido con equidad entre todos los miembros de la Comunidad ampliada los sacrificios inevitables en una negociación de tales características». FERRER, Concepció, «La Europa de los doce», La Vanguardia, 20-6-1985. 342 DSC, Plenos, 221, II Legislatura (25-6-1985), p. 10215. 125 como reacción visigótica frente a la invasión musulmana343. Por eso, según Pujol, Cataluña mantuvo siempre su vocación europea, incluso durante los siglos en que España le dio la espalda al continente, y por eso también había arraigado con tanta fuerza el europeísmo moderno en Cataluña. Mientras que para el conjunto del Estado la integración en la CEE sería positiva, para Cataluña sería, además, «como volver a casa»344 Desde este punto de vista, la adhesión a la CEE no significaba para los nacionalistas la superación de un complejo atávico, como sucedía a los partidos estatales. Para los catalanes, de hecho, tampoco suponía un eslabón realmente determinante hacia la consecución de sus fines últimos, en esa utópica Europa de los pueblos a la que con mayor frecuencia se hacía mención desde el nacionalismo vasco. Antes bien, Jordi Pujol señaló que a corto plazo la integración europea no resolvería el problema catalán, y auguraba que quien hubiera concebido los futuros Estados Unidos de Europa como la senda definitiva para el reconocimiento de la identidad cultural, lingüística y política catalana, iba a llevarse una decepción en este sentido. La Europa de los pueblos era un horizonte a alcanzar, pero todavía lejano345. Los nacionalismos periféricos mantuvieron, en conclusión, un discurso relativamente coherente en relación con la política europea. Si el PNV se desentendió de muchos de los asuntos concernidos en las negociaciones y concentró su interés a las consecuencias de la entrada en la CEE en el País Vasco, se debe entender que lo hacía en función de las preocupaciones de su electorado tanto real como potencial. En el caso de CiU, aun cuando las intervenciones parlamentarias revelan una mayor identificación con la CEE como proyecto político del Estado, el espíritu con que fueron abordados los temas europeos difirió sensiblemente del de los grandes partidos de ámbito estatal. Los asuntos de la CEE no generaron en los nacionalismos periféricos las reacciones primarias que produjeron en el resto de partidos, y varios factores nos ayudan a entenderlo. 343 Conferencia pronunciada por Jordi Pujol en la Universidad de la Sorbona (París) en enero de 1986, cit. en QUINTANILLA NAVARRO, M. Á., La integración... op. cit., pp. 133-134. 344 «Venir a Aquisgrà no é sanar a l’estranger», conferencia pronunciada por Jordi Pujol en el Ayuntamiento de Aquisgrán el 11 de marzo de 1985, recogida en FAULÍ, Josep (ed.), El pensament polític de Jordi Pujol (1980-1987), Planeta, Barcelona, 1988, pp. 189-193. 345 «Europa: reto y proyecto», conferencia pronunciada por Jordi Pujol en el Club Siglo XXI de Madrid el 17 de febrero de 1986, en España en Europa: el reto… op. cit., pp. 383-400. Prueba de ello sería la controversia que se abriría sólo un año después, en 1987, con motivo de la decisión del Gobierno central de que las elecciones al Parlamento Europeo se celebraran con distrito electoral único. 126 Por un lado, las negociaciones para la adhesión coincidieron cronológicamente con la creación y desarrollo del sistema autonómico, que condujo a las formaciones nacionalistas al gobierno de sus respectivas Comunidades y a concentrar prioritariamente su actividad al menos durante esta etapa inicial, en el desarrollo de sus recién adquiridas competencias, que no incluían la política exterior. Como veremos en el siguiente capítulo, la participación del nacionalismo periférico en las organizaciones europeístas fue en estos años prácticamente nula en el caso vasco, y muy escasa en el catalán hasta el año 1982, lo que demostraría una menor efervescencia por lo europeo en un momento en que la adhesión a la CEE era considerada el gran desafío histórico del Estado español. Por otra parte, si la implicación de los partidos nacionalistas en la política estatal en la etapa constitucional ha estado generalmente condicionada por su capacidad de influencia a través de la presión política y la participación en la formación de mayorías parlamentarias, sus posibilidades reales de incidir sobre el desarrollo de las negociaciones fueron muy reducidas, dado que su gestión era competencia exclusiva del Gobierno central. No podemos concluir, sin embargo, que los partidos nacionalistas no manifestaran interés por la integración europea y por la adhesión de España a las Comunidades; antes al contrario, como hemos visto fueron abundantes las muestras de su implicación en organizaciones europeas y el esfuerzo por llevar sus ideas sobre Europa a foros como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El rasgo distintivo estuvo, quizás, en que los nacionalismos periféricos no juzgaron oportuno hacer de la cuestión europea un motivo o escenario de enfrentamiento dialéctico con el Gobierno central o con los otros partidos. Como decía Pujol, la realización del verdadero proyecto europeo de los nacionalistas aún quedaba lejos, y Xabier Arzalluz estaba de acuerdo: «Nosotros queremos mañana una Europa federal, y pasado mañana una Europa de los pueblos. Será o no una utopía; en todo caso es un problema de mañana, y hoy tenemos problemas angustiosos. Vamos a terminar con los problemas de hoy»346. 346 DSC, Plenos, 21, I Legislatura (27-6-1979), p. 1058. 127 CAPÍTULO 2 EL MOVIMIENTO EUROPEO, DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA 128 129 En este segundo capítulo nos referiremos al papel que las principales organizaciones europeístas españolas, las integradas en el Movimiento Europeo Internacional, ejercieron en relación con el debate europeo durante la Transición democrática y el proceso de adhesión de España a la CEE. Si bien, como tendremos ocasión de ver más adelante, otras organizaciones y asociaciones europeístas menores, surgidas en su mayor parte durante la Transición, estuvieron vinculadas también de un modo u otro al Movimiento Europeo, las que abordaremos ahora —esencialmente, el Consejo Federal Español, el Consejo Vasco y el Consejo Catalán del Movimiento Europeo, además de la Asociación Española de Cooperación Europea— fueron las entidades en torno a las que se articuló el europeísmo militante español desde el franquismo y las que tuvieron un mayor protagonismo en la articulación de la línea de actuación europeísta de la oposición democrática. Por ello, dedicaremos un primer epígrafe a la fundación y trayectoria de estas organizaciones —en primer lugar, las de ámbito estatal— durante la dictadura, en el contexto de las diferentes respuestas del Gobierno español a la activación del proceso de construcción europeo y la articulación de un europeísmo oficial del régimen; trataremos a continuación del proceso de adaptación de estas organizaciones al nuevo escenario democrático y de la posición del Movimiento Europeo ante la adhesión de España a la CEE, y dedicaremos el último apartado a trazar la historia de los consejos regionales del Movimiento Europeo en España. 2.1. El europeísmo durante la dictadura. La Asociación Española de Cooperación Europea y el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el exilio 2.1.1. El europeísmo en el exilio. Los primeros años del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo Como es sabido, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y en el curso de los diversos acuerdos y acontecimientos que definieron el escenario de la posguerra y la Guerra Fría, la situación de la España franquista fue objeto de discusión entre las grandes potencias. A su exclusión de la Organización de las Naciones Unidas, decidida ya en la Conferencia de Yalta, se sumaron en 1946 las Resoluciones 32 (I) y 39 (I) 130 aprobadas por la Asamblea General de aquélla, en que se condenaba explícitamente el régimen franquista y recomendaba la retirada de Embajadores del país y su no admisión en Organizaciones Internacionales. Por ello, España no iba a participar en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) ni en el Consejo de Europa, ni se iba a encontrar entre los firmantes de los Tratados de París y Roma que instituirían las Comunidades Europeas. La marginación de España por su entorno europeo favoreció que desde un primer momento elementos de la oposición antifranquista en el exilio buscaran posicionarse ante las instituciones y movimientos asociativos que impulsaban los diversos proyectos de integración política del continente. Esta estrategia propiciaría, por un lado, la creación de vínculos entre el exilio republicano español y las nacientes instituciones de la Europa comunitaria; en segundo lugar, alimentaría los posicionamientos antifranquistas del europeísmo militante en el resto del continente; portaría, en tercer lugar, la voz de los derrotados en la guerra civil ante interlocutores internacionales en relación con la situación de España, particularmente en lo referente a la represión política; y, por último, evidenciaría la incapacidad del régimen franquista de participar en la construcción europea debido a su carácter antidemocrático, llamando la atención sobre el perjuicio que de ello se derivaría para el desarrollo económico y la normalización política del país. Todo ello sería posible mediante la imbricación de grupos españoles en las diversas iniciativas que, sobre todo a partir de 1946, se propusieron movilizar a la sociedad civil y concienciar a los dirigentes públicos de la necesidad de avanzar en la integración política de Europa occidental para hacer frente a los retos de la posguerra, y especialmente a la amenaza soviética. Si bien el europeísmo militante adoptaba ya en esos años diversas formas en función de las corrientes ideológicas, las tradiciones nacionales o los intereses a los que se concediera prioridad en uno u otro caso, la gestación del Movimiento Europeo Internacional (MEI) permitió la confluencia de la mayoría de ellos en una entidad amplia y fácilmente reconocible, con participación de unidades nacionales procedentes de distintos países y encuadradas en partidos políticos y otras instancias representativas de la sociedad civil, y con capacidad para ejercer como interlocutor ante gobiernos y organismos internacionales347. 347 Entre la bibliografía sobre los orígenes del Movimiento Europeo cabe citar BRUGMANS, Henri, L’idée européenne 1918-1965, Brujas, Colegio de Europa, 1965; LEVI, Lucio, L’unificazione europea. Trent’anni di storia, Turín, Sei, 1979; LIPGENS, Walter, A History of European Integration 1945-1947, Oxford, Clarendon Press, 131 En septiembre de 1946, Winston Churchill se pronunció en Zúrich a favor de la creación de «alguna suerte de Estados Unidos de Europa». Su yerno Duncan Sandys, parlamentario y creador en 1947 del francobritánico Movimiento Europa Unida (MEU), y el político y diplomático polaco Józef Retinger, uno de los fundadores de la Liga Europea de Cooperación Económica (LECE)348, dieron forma a este propósito al reunir a otras organizaciones europeístas ya existentes, como la Unión Europea de Federalistas (UEF) o la Unión Parlamentaria Europea (UPE) para crear en París, en noviembre de 1947, un Comité de Coordinación Europea. El propósito de éste era convocar al año siguiente un gran congreso que integrara definitivamente a todas las sensibilidades europeístas y, contando con el apoyo de personalidades destacadas, proclamara públicamente la causa de la unidad europea. Tal sería el objetivo del llamado Congreso de Europa, celebrado en La Haya entre el 7 y el 10 de mayo de 1948 con la participación de ochocientos delegados procedentes de todo el continente. En él se reivindicó la federación de los Estados europeos, la creación de un mercado común europeo, una convención europea para los Derechos Humanos y la elección de una asamblea europea con funciones jurídicas y constitucionales349. Para dar continuidad a estas demandas, en octubre de 1948 el Comité de Coordinación se reconstituyó como Movimiento Europeo Internacional. Sandys fue elegido presidente ejecutivo, mientras que Léon Blum, Churchill, Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak fueron nombrados presidentes honoríficos. Se estableció una secretaría general, que se asignó a Retinger, y se dio progresivamente entrada a otras organizaciones europeístas, como los Nuevos Equipos Internacionales (NEI), de ideología democristiana, o el Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa 1982; ZURCHER, Arnold J., The Struggle to Unite Europe 1940-1958, New York, New York University Press, 1958. 348 Sobre la figura de Retinger y su participación en las entidades europeístas, vid. GROSBOIS, Thierry, «L’action de Jozef Retinger en faveur de l’idée européenne (1940-1946)», Revue européenne d’histoire, vol. 6 (1999), nº 1, pp. 59-82; LAPTOS, Józef, «Jozef Retinger, “le père de l’ombre” de l’Europe. Le rôle de Jósef Retinger et de ses réseaux personnels dans les débuts de la construction européenne», en BOSSUAT, Gérard (ed.), Inventer l’Europe. Histoire nouvelle des groupes d’influence et des acteurs de l’unité européenne, Bruselas, Peter Lang, 2003, pp. 179-195; RETINGER, Joseph, Memoirs of an «Éminence grise», Londres, Sussex University Press, 1972; PIECZEWSKI, Andrzej, «Joseph Retinger’s conception of and contribution to the early process of European integration», European Revue of History, vol. 17, nº 4 (2010). 349 VARSORI, Antonio, «Il Congresso dell’Europa dell’Aja (7-10 maggio 1948)», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1954. Atti del Convegno internazionale, Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, Milán, Jaca, 1992, pp. 311-341. 132 (MSEUE). Por lo demás, cada país participante en el MEI aseguraría su presencia en el mismo a través de un Consejo Federal nacional350. Si bien varias de las reivindicaciones del Congreso de La Haya se vieron satisfechas en 1949 con la firma del Estatuto de Londres, por el que se constituyó el Consejo de Europa, el MEI se consolidaría a partir de estos años como gran núcleo activador del europeísmo en todo el continente, y su presencia como grupo de presión ha acompañado ya todo el proceso de construcción europea hasta nuestros días. Siendo el lugar en el que confluían corrientes europeístas diversas y en ocasiones enfrentadas entre sí —en particular en torno a la preferencia por la vía funcionalista o la apuesta por el federalismo como vía para integrar Europa—, el MEI ha sido también un espacio privilegiado para el debate y la promoción de ideas para la acción política, si bien en ocasiones la desunión interna ha lastrado su potencialidad como grupo capaz de ejercer una influencia real en el desarrollo de los acontecimientos. Así sucedería ya desde la firma de los Tratados de París y Roma, cuando los grupos europeístas se dividieron entre los que aceptaban las instituciones comunitarias creadas como base para la futura unión política de Europa, y los que entendían que abandonar la construcción europea en las decisiones de los Estados menoscababa sus ideales fundadores. En todo caso, ya desde los años cincuenta el MEI se empeñó en campañas y manifestaciones públicas, por ejemplo a favor de la ratificación de la Comunidad Europea de Defensa en 1953, o, en los sesenta, a favor de la ampliación de las Comunidades tras la solicitud de adhesión de Reino Unido. A una fase inicial más activa, en la que el MEI estuvo sostenido económicamente por el American Committee on United Europe (dependencia del gobierno estadounidense que, interesada por promover la unidad europea en la fase inicial de la Guerra Fría, aportó más del 60 % del presupuesto de la organización entre 1951 y 1958) sucedió, después de la firma de los Tratados de Roma, una etapa de estancamiento económico e ideológico, que llevó al MEI a solicitar apoyo financiero de la propia Comisión Europea a partir de 1963, con la consiguiente pérdida de autonomía. Progresivamente el MEI iría abandonando posiciones radicales para convertirse en un sostén propagandístico de las Comunidades 350 HICK, Alan, «Il Movimiento Europeo», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1954. Atti del Convegno internazionale, Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, Milán, Jaca, 1992, pp. 171-181. 133 existentes, aunque siempre en un sentido favorable a la expansión de sus competencias351. La celebración del Congreso de La Haya coincidió, como se ha dicho, con el aislamiento internacional del régimen franquista tras la Segunda Guerra Mundial, y las tentativas del Gobierno de Madrid de obtener alguna representación oficial en La Haya fueron en vano352. Sin embargo, sí estuvieron presentes figuras prominentes del exilio republicano, como Salvador de Madariaga, profesor en la Universidad de Oxford y personalidad reconocida por el europeísmo internacional por su talla intelectual y su labor diplomática durante la Segunda República, y a quien se encomendó la presidencia de la comisión cultural del congreso; el violonchelista Pau Casals o el médico Josep Trueta. También acudieron miembros de diversas formaciones políticas antifranquistas, aunque a instancias de Madariaga las invitaciones se cursaron a título personal y no en representación de los partidos. Así, asistieron el socialista catalán Enric Adroher Gironella, militante del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM); Indalecio Priet,o del PSOE; Joan Sauret, miembro del Consejo Ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya; Julio Just, de Izquierda Republicana; Fernando Valera, de Unión Republicana; y los miembros del Partido Nacionalista Vasco José Antonio Aguirre, lehendakari en el exilio, Francisco Javier de Landaburu, Juan Carlos Basterra y Lezo de Urreztieta353. Cuatro delegados enviados por el Gobierno de Madrid no fueron admitidos a las sesiones, al igual que sucedió al ex-jefe de Gobierno de la República Juan Negrín. José María Gil-Robles, que había sido invitado a petición de Madariaga, no acudió debido al temor de que el Gobierno de Portugal, donde se había instalado tras la guerra, no permitiera posteriormente su regreso354. El congreso aprobó una propuesta de condena del régimen franquista presentada por Indalecio Prieto, en la que se reivindicaba el restablecimiento de la democracia del país, en consonancia con los valores que inspiraban la integración europea355. Esta actitud sería reafirmada en los meses sucesivos: en una de las primeras sesiones de la 351 PALAYRET, Jean-Marie, «Il Movimento europeo», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1954-1969, Pavía, Università di Pavia, 1996, pp. 151-178. 352 TUSELL, Javier, La oposición democrática al franquismo, Barcelona, Planeta, 1977, pp. 383-384. 353 SAURET, Joan, L’exili polític català, Barcelona, Proa, Aymà, 1979, p. 213. 354 MADARIAGA, Salvador de, Memorias de un federalista, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1967, p. 111. UGALDE ZUBIRI, Alexander, El Consejo Vasco del Movimiento Europeo (1951-2001). La aportación vasca al federalismo europeo, [s. l.], Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2001, pp. 82-89. 355 VARGAS, Bruno, «El movimiento socialista español en el exilio y la construcción de Europa (1946- 1972)», en PUERTA, Alonso et al., El socialismo español en el exilio y la construcción europea, Madrid, Fundación Indalecio Prieto, 2003, pp. 41-62. 134 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el presidente del Consejo Internacional del MEI, Paul-Henry Spaak, señaló que la exclusión de España de la construcción europea obedecía exclusivamente a su régimen político, y que las instituciones europeas debían trabajar para alcanzar la restauración de la democracia en España y su reincorporación a la sociedad internacional; varias de las entidades fundadoras del MEI —NEI, UEF, MSEUE— aprobaron a lo largo de 1949 diversas resoluciones en el mismo sentido356. En el momento de su constitución formal, MEI dispuso la admisión de comités nacionales provisionales integrados por personalidades democráticas emigradas de países bajo regímenes totalitarios. Así, el MEI instó a Madariaga —que en La Haya había sido designado miembro del Comité Ejecutivo— y al lehendakari Aguirre —como cabeza del grupo vasco, el más numeroso y mejor organizado de los europeístas españoles, que ya participaba en la UEF— concitar los acuerdos y voluntades necesarias para la creación de un Consejo Federal Español357. Según cuenta Madariaga en sus memorias, él ya había buscado la colaboración de Indalecio Prieto en ese sentido, pero recelaba de la actitud del exilio vasco y catalán, a los que suponía remisos a insertarse en un consejo que llevara el nombre de español358. Las gestiones, sin embargo, condujeron al proyecto a buen puerto. Tanto el PNV como los partidos catalanistas comprendieron que no podrían disponer de una representación propia ante el MEI si no era a través de su participación, aunque fuera nominal, en una sección española. A principios de febrero de 1949 se reunieron en el número 11 de la Avenue Marceau de París, sede del Gobierno Vasco359, Madariaga y varios delegados del Gobierno Vasco y de la Generalitat catalana en el exilio y redactaron las «Bases de Constitución del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME)», que preveía, para satisfacción de los grupos nacionalistas, la creación de secciones autónomas en su seno360. 356 «Declaraciones referentes al régimen franquista», Archivo Histórico de la Unión Europea (AHUE), ME-910. 357 VALLE, José María del, Las instituciones de la República española en exilio, París, Ruedo Ibérico, 1976, p. 346. 358 MADARIAGA, S. de, Memorias… op. cit., p. 112. 359 Trasladado a la rue Singer en 1951, cuando el Gobierno español recuperó el inmueble de la Avenue Marceau. Actualmente éste alberga una sede del Instituto Cervantes. Vid. ALBERDI ARRIETA, Leyre, «El simbolismo poliédrico del número 11 de la avenue Marceau de París», en MEES, Ludger (ed.), La celebración de la nación. Símbolos, mitos y lugares de memoria, Granada, Comares, 2012, pp. 117-134. 360 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., pp. 91-93. 135 El CFEME se estructuró inicialmente en cuatro grupos o corrientes, en función de la institución de procedencia de sus miembros: liberal, socialista, catalana y vasca (si bien algunos de los miembros del grupo vasco figuraban como representantes de los Nuevos Equipos Internacionales, a los que pertenecía el PNV). Fue designado presidente Salvador de Madariaga, juzgando que su prestigio internacional (presidía también la Unión Liberal Internacional) sería una baza a favor de la visibilidad del nuevo consejo361. Fueron nombrados vicepresidentes Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE y miembro del MSEUE; el ex-ministro republicano Julio Just (liberal); Carlos Pi i Sunyer, también ex-ministro y miembro de ERC; y Manuel de Irujo, que también había estado en los gobiernos de la República y presidía a la sazón el Movimiento Federalista Vasco362. Fue elegido secretario general José María Lasarte, consejero de gobernación del Gobierno Vasco, como miembro de los NEI. Presidente, secretario y vicepresidentes conformarían el comité ejecutivo, junto con los secretarios de las distintas secciones. Además, se creó un consejo general en el que participarían dos representantes de cada entidad adherida, y se preveía la creación de comisiones técnicas para el estudio de los problemas de la integración europea y de la relación de España con la misma. El CFEME, se financiaría con las cotizaciones de sus miembros y tendría su sede en París363. Tras comunicar oficialmente su constitución al MEI364, el listado completo de los 26 miembros fundadores del CFEME fue remitido por Lasarte a Georges Rebattet, adjunto de Retinger en la secretaría general del MEI, el 5 de mayo de 1949. En su respuesta, Retinger comunicaba la aceptación por el Comité Ejecutivo Internacional del MEI del CFEME como «comité provisional español del Movimiento Europeo», pero anunciaba que tal aceptación estaba sujeta a la extensión del CFEME a otras fuerzas 361 Sobre la figura de Madariaga, vid. GIL OCTAVIO, Victoria, Vida y obra de Salvador de Madariaga, Madrid, Fundación Ramón Areces, 1990; VV. AA., Salvador de Madariaga (1886-1986), La Coruña, Ayuntamiento de La Coruña, 1987; LÓPEZ PRADO, Antonio, Síntesis biográfica de Don Salvador de Madariaga, Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, 1993; PARRILLA, José Antonio, Madariaga: padre de Europa, La Coruña, Ayuntamiento de La Coruña, 1991; DERUNGS, Adrian, «¿Un europeo olvidado? Salvador de Madariaga y la integración europea», Revista de investigaciones políticas y sociológicas, vol. 8, nº 1 (2009), pp. 127-143 El archivo personal de Salvador de Madariaga se encuentra en el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. 362 Sobre la figura de Irujo, referente fundamental del europeísmo español y vasco, vid. UGALDE, Martín de, Manuel de Irujo: un hombre leal a su tiempo, San Sebastián, Txertoa, 1992, y AMEGAZA IRIBARREN, Arantzazu, Manuel Irujo: un hombre vasco, Bilbao, Fundación Sabino Arana, 1999. 363 «Bases de la constitution du “Conseil Fédéral Espagnol du Mouvement Européen”», AHUE, ME- 2195. Apéndice documental, doc. nº 3. ARRIETA ALBERDI, Leyre, Estación Europa. La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), Madrid, Tecnos, 2007, pp. 158-159. 364 Lasarte a Duncan Sandys, 22-2-1949, AHUE, ME-2195. 136 democráticas365. En consecuencia, el CFEME se amplió también al sector monárquico, con la asignación de una vicepresidencia a Juan Antonio Ansaldo366. Así, en palabras de Madariaga, el CFEME pudo ser «lo que el Gobierno de la república en la emigración no había llegado a ser: el único organismo en el que se hallaban representados todos los colores del arcoíris político español menos los totalitarios, comunistas y fascistas»367. Por lo demás, junto con Madariaga la otra figura prominente en los primeros años sería Enric Adroher, apodado Gironella por su origen gerundense. Veterano militante del POUM, se había exiliado en México y Estados Unidos tras el fin de la guerra civil, ejerciendo el periodismo y otras actividades para subsistir pero sin desvincularse de la acción política. En 1946 regresó a Europa y en 1947 participó en las conferencias celebradas en Londres (en febrero) y en París (en junio) en que se fundó el MSEUE, organización que reivindicaba el liderazgo de los partidos de izquierda en el diseño ideológico de la integración europea, desde una óptica antisoviética368. En el congreso de París Gironella llamó la atención sobre la cuestión española, obteniendo la aprobación de una resolución que condenaba la inacción de la comunidad internacional ante el régimen franquista369. Su entusiasmo por la causa europeísta y por el papel que los partidos socialistas habían de jugar en ella propiciaron su nombramiento como secretario general del MSEUE, cargo que retendría hasta 1964370. En 1952 se hizo cargo también de la secretaría general del CFEME tras la marcha de Lasarte a Venezuela, convirtiéndose así en uno de los principales dinamizadores del europeísmo español. Como secretario del MSEUE era el principal responsable de la revista mensual Gauche Européenne, en la que eran frecuentes las referencias a España. También se haría cargo de la secretaría del Consell Català del Moviment Europeu, creado en el seno del CFEME en 1949, y, desde 1964, de la secretaría del Centro Europeo de la Empresa Pública, grupo de presión creado para la representación ante la Comisión Europea de las empresas de titularidad estatal371. 365 Lasarte a Rebattet, 5-5-1949; Retinger a Lasarte, 9-5-1949, Archivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (ACFEME), Fondo Movimiento Europeo. Anexo documental, doc. nº 4. 366 Lasarte a Retinger, 14-12-1950, AHUE, ME-2195. 367 MADARIAGA, S. de, Memorias… op. cit., pp. 112-113. 368 «Report of an International Conference held in London, February 22-23 in support of a campaign for the United Socialist States of Europe», Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI), Fondo Documents Exili, caja 35, carpeta 1. «El movimiento por los Estados Unidos Socialistas de Europa y la posición del POUM», CEHI, Fondo Documents Exili, caja 35, carpeta 2. 369 «Résolution sur le problème espagnol», CEHI, Fondo Documents Exili, caja 35, carpeta 2». 370 En 1961 el MSEUE cambiaría su denominación por Movimiento Izquierda Europea. 371 Para la biografía de Gironella, vid. PUIG, Lluís María de, Gironella, la izquierda europeísta, Madrid, Fundación españoles en el mundo, 1999. 137 Su precoz identificación entre europeísmo y democracia y el particular significado de la integración europea para la lucha antifranquista como elemento de cohesión y de superación de la división heredada de la guerra civil quedaron reflejados en muchos de los textos que, ya fuera con su firma o sin ella, publicaba en Gauche Européenne. Así, en 1953 escribía que la lucha por la democracia en España no debía ya buscar sus referencias en el pasado republicano sino en el futuro federal europeo: «Ningún pueblo espera con más ansiedad que el español la integración europea. Para Francia, para Alemania, para Italia, para todos los demás países del continente, Europa representa mayores posibilidades económicas, de bienestar y de justicia social, y aparece como factor determinante de una independencia en común. Para España, Europa representa, además de todas estas promesas, la reconquista de las libertades fundamentales, la superación de la guerra civil y del franquismo y el medio, para el pueblo español, de volver a tomar las riendas de una suerte y un destino que sistemáticamente le han sido arrebatados […]. »El pueblo español, la oposición al franquismo, esperan para comprometerse que sientan a su lado el aliento dinámico de la nueva Europa. Hemos de rendirnos ante la evidencia. Las ideas, los problemas y los hombres de la república y de la guerra civil ya no tienen audiencia entre las nuevas generaciones. Sólo las realizaciones europeas en curso despiertan la curiosidad y el interés de los medios universitarios, de la juventud, de las élites obreras o técnicas […]. »Se está desarrollando una nueva oposición a Franco: la de todos los que ven en Europa la solución a unos problemas hoy por hoy insolubles. Pronto se la oirá y se sentirá su presencia.»372 Una de las primeras y más sonadas actividades puestas en marcha por el CFEME sería la organización de unas jornadas de estudio sobre los problemas referentes a la integración de España en Europa, celebradas en París del 28 al 30 de abril de 1953. Participaron en ellas, además de los miembros del CFEME, figuras como el ex-ministro francés André Philip; Henri Brugmans, ex-ministro neerlandés y presidente de la UEF; Robert Bichet, ex-ministro francés y secretario general de los NEI; o Józef Retinger. Si bien la organización resultó controvertida —la sección vasca del CFEME quedó disconforme con la excesiva imagen de uniformidad que se había proyectado del europeísmo español, a pesar de que los actos habían sido sufragadas por el Gobierno vasco, y procuraría a partir de ese momento desarrollar de forma más autónoma su propio movimiento federalista373—, las jornadas mostraron la vitalidad del CFEME y permitieron alcanzar posiciones comunes en torno a la relación España-Europa y obtener una vez más el apoyo del europeísmo internacional en la denuncia del régimen 372 ADROHER GIRONELLA, Enric, «Unas elecciones libres deben permitir a España su integración en Europa», cit. en PUIG, L. M. de, Gironella… op. cit., p. 54. 373 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., pp. 98-102. 138 franquista. La resolución aprobada en la comisión política recordaba el carácter anómalo del régimen español entre las democracias europeas, equiparándolo a los regímenes socialistas del este del continente, y señalaba la falta de democracia en España como un problema europeo. Reivindicaba como condiciones para la admisión de España en el mundo occidental la libre organización de partidos políticos, el respeto de la oposición, el reconocimiento de libertades esenciales a los ciudadanos y a los pueblos de España, la libertad religiosa, la libertad de prensa, la libertad económica y la institución de un Gobierno emanado del voto popular. Como medio para alcanzar estos fines, el CFEME rechazaba las acciones extremas que pudieran perpetuar o recrudecer las divisiones en el país, e instaba a promover un movimiento de opinión nacional, alentado por las democracias europeas, encaminado a la celebración de una consulta electoral para el restablecimiento de los derechos y libertades, y conseguir que los países miembros del Consejo de Europa ejercieran las presiones necesarias para evitar que ningún país occidental prestara apoyo al régimen de Franco374. Fueron aprobadas, además, otras resoluciones sobre cuestiones jurídicas, culturales y económicas, y el CFEME se comprometió a participar junto con sus socios del MEI en la llamada campaña popular por el pacto federal europeo, que se proponía dar un espaldarazo al proyecto de una unión política europea. El CFEME también acordó crear una comisión especial para estudiar la aportación estratégica de España a la defensa de la paz y la seguridad de Europa375. En los años siguientes continuaría el CFEME con la celebración de eventos similares, en los que reiteró sus posiciones en relación con estas cuestiones, así como emitió comunicados relativos tanto a la situación en España como al proceso de construcción europea. En 1951 aprobó una declaración sobre las huelgas desarrolladas en Barcelona en el mes de marzo, resaltando «la amplitud y la importancia de la reacción popular espontánea manifestada en la capital catalana» y denunciando la versión arrojada por el Régimen, según la cual tras las protestas se situaría la agitación comunista internacional376. Ese mismo año el CFEME emitió un comunicado a favor del plan Schuman de integración del carbón y del acero, subrayando la imposibilidad de que la España franquista participara en el mismo, y señalando a la vez la importancia de 374 Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Jornadas de Estudio, 28,29 y 30 Abril 1950. Comisión Política, AHUE, ME-910. 375 Jornadas de Estudio, París, 28-30 de abril de 1950, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 376 Declaración del CFEME sobre los acontecimientos de Barcelona, 18-3-1951, AHUE, ME-2195. 139 España como futuro mercado consumidor para una economía europea integrada377. A fin de obtener mayor repercusión, el CFEME invitó a participar en sus actividades a intelectuales del exilio, como el poeta Josep Carner, que tomó parte en las jornadas celebradas en París en marzo de 1953378. La mayor parte del trabajo organizativo en estas reuniones recaía sobre Gironella, quien también se encargaba de redactar los textos para los informes y declaraciones del CFEME379. En relación con el proyecto de creación de una Comunidad Europea de Defensa, el CFEME se posicionó con el resto de grupos europeístas del continente, favorables a la integración militar pero dejando siempre al margen la excepcionalidad española. En 1951 el CFEME se pronunció en contra de la admisión de España en la CED por razones morales (el rechazo del régimen franquista y del empleo que éste haría del pueblo español, como «carne de cañón» en caso de verse arrastrado a la Guerra Fría), militares (sería contraproducente para una alianza contar con un aliado cuyo régimen político no cuenta con el apoyo de su pueblo) y económicas (el apoyo financiero necesario para el refuerzo militar del país no haría sino fortalecer el régimen y sus elites dirigentes)380. En parecidos términos se expresaría el Consejo en 1957 en relación con una posible entrada de España en la OTAN381. En 1951 el CFEME sería designado informador sobre las cuestiones relativas a España para la Comisión de Países no Representados de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. Ello le permitirá extender su visibilidad como órgano de oposición antifranquista y obtener una tribuna desde la que reclamar el apoyo de las democracias europeas en la lucha contra la dictadura. A tal efecto, en 1953 elaboró un extenso informe de 58 páginas sobre la situación de España, debido fundamentalmente a la pluma de Gironella. Su principal propósito era probar la inadmisibilidad del régimen español desde los estándares europeos, y para ello analizaba la realidad de España cubriendo múltiples aspectos. Así, desde el punto de vista estratégico señalaba que la inclusión de España en la CED implicaría un debilitamiento moral de occidente frente a la Unión Soviética, sin que se compensara con un incremento de la fuerza militar real. 377 «Déclaration sur le Plan Schuman», mai 1951, AHUE, ME-2195. 378 Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Jornadas de Estudios Europeos, París 1953, CEHI, Documents Exili, caja 35, carpeta 7. 379 Por ejemplo, en las Jornadas Europeas celebradas por el CFEME en Toulouse en 1954 fueron debatidos un estudio histórico, otro económico y otro político sobre la relación España-Europa, siendo Gironella el autor de los dos primeros. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Jornadas Europeas, Toulouse, 1954, CEHI, Fondo Documents Exili, caja 35, carpeta 8. 380 Madariaga y Lasarte a Paul-Henri Spaak, 9-2-1951, AHUE, ME-2195. 381 TUSELL, J., La oposición… op. cit., p. 386. 140 Sin embargo, desde el punto de vista español un alineamiento con occidente sí era deseable, lo que hacía necesario remover los obstáculos políticos que lo impedían. En el plano político, el informe repasaba el proceso por el que se había creado el Estado franquista, con la descripción de sus instituciones y la situación en que habían quedado los derechos humanos y las libertades sindicales. Abarcaba también la organización de la justicia, refiriéndose en particular a los efectos de la Ley de responsabilidades políticas sobre los perdedores de la guerra civil entre 1939 y 1945 y a otras formas de represión, como el Decreto-Ley de 18 de abril de 1947 contra el bandidaje y el terrorismo. Se refería a continuación a la anulación de los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco y a la imposición por ley del castellano en el comercio, la enseñanza, la publicidad y el registro civil, con los desastrosos resultados para la cultura de las regiones periféricas. Varias páginas eran dedicadas a la estructura totalitaria de la cultura y la educación franquistas, con ejemplos de programas de estudios desde la enseñanza primaria a la universidad; a la censura, a la situación de la prensa, en especial la designación gubernamental de los directores de periódicos y el registro oficial de los periodistas, la edición literaria, la radiodifusión o el cine. El último apartado se dedicaba a la situación económica del país, denunciando la ineficacia de la política autárquica para recuperar los índices de producción previos a la guerra civil382. La relación entre el CFEME y el Consejo de Europa tendría su continuación en los años siguientes, en las diversas ocasiones en que la Asamblea de Estrasburgo debatiría sobre la situación de España y contara con los testimonios de miembros de la oposición para la elaboración de informes y resoluciones. 2.1.2. El europeísmo en el interior y sus relaciones con el Movimiento Europeo Paralelamente al desarrollo del europeísmo internacional y de la participación de los exiliados españoles en el mismo, también en el interior de España fueron apareciendo asociaciones y organizaciones interesadas por el proceso de integración europea. Entre ellas encontramos, en primer lugar iniciativas representativas de un europeísmo que podríamos llamar oficial, promovido por el régimen franquista, cuyo ideal del proyecto europeo difería sensiblemente del trazado en el Congreso de La Haya, y cuya máxima 382 «L’Espagne et l’Europe. Rapport envoyé à l’Assemblée Consultive du Conseil de l’Europe», 17 février 1953, AHUE, ME-910. 141 expresión será el Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI). En segundo lugar, se darían propuestas de ámbito cultural y económico surgidas desde las universidades, asociaciones culturales e institutos de estudios varios. Y surgieron, en tercer lugar, asociaciones europeístas de carácter político, cuyos planteamientos se identificaban en mayor o menor medida con los del CFEME, y que con el tiempo llegarían a actuar como organismos de oposición semitolerada en el interior, especialmente en el caso de la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE)383. La constitución de un europeísmo oficial se debe entender en el marco de las acciones emprendidas por el Gobierno franquista en los años de mayor aislamiento internacional —segunda mitad de los años cuarenta— para modificar su imagen exterior, como la aprobación del Fuero de los Españoles o las Leyes de Referéndum o de Sucesión, tratando de desligarla de sus orígenes fascistas y poniendo el acento en los rasgos católicos y anticomunistas del régimen, rasgos a través de los cuales se pretendería lograr una aproximación a la vertiente conservadora del europeísmo de los países democráticos384. En un principio el régimen contó para este objetivo con las estructuras y relaciones exteriores de organizaciones católicas como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y Pax Católica, y la actuación del Instituto de Cultura Hispánica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)385. Desde estas instancias se promovieron conferencias y seminarios sobre la necesidad de defender la identidad europea —radicada en sus valores cristianos— frente a la acuciante amenaza del bolchevismo. El objetivo a alcanzar no era en ningún caso una federación democrática de los pueblos europeos, sino más bien los órganos de cooperación que permitieran garantizar la defensa del continente frente a la Unión Soviética, no ya desde el punto de vista militar —aspecto en el que las aportaciones de España no podían a la sazón ser de gran valor— sino en el ideológico, señalando al comunismo internacional como el gran enemigo común de la civilización europea. Más tarde, la progresiva desafección de militantes católicos hacia el régimen impulsó a éste a crear una institución destinada específicamente a proyectar esta 383 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «El europeísmo en España. La sociedad civil ante el proceso de construcción europea», Circunstancia, nº 25 (mayo 2011). 384 MORENO JUSTE, Antonio, Actitud y reacción de España ante Europa (1945-1962): franquismo y construcción europea, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 291-438. 385 MORENO JUSTE, Antonio, «La Europa de posguerra y el régimen de Franco: las reacciones del nacional-catolicismo», Sociedad y utopía. Revista de ciencias sociales, nº 13 (1999), pp. 15-48. 142 ideología europeísta alternativa. Así, el Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI) fue creado en 1952 a iniciativa del director del Instituto de Cultura Hispánica, Alfredo Sánchez Bella, y del diplomático Gonzalo Fernández de la Mora, y bajo la cobertura del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como señala Maria Elena Cavallaro, «los objetivos centrales del CEDI eran renovar la validez y actualidad del cristianismo como fundamento de la cultura occidental y reconstruir una plataforma común, capaz de integrar bajo una única guía a todos los defensores de los valores espirituales de la civilización cristiana»386. En el curso de unas jornadas celebradas en Santander por el Instituto de Cultura Hispánica, surgió el proyecto de coordinar en un movimiento bajo liderazgo español las organizaciones europeístas cristianas y anticomunistas. Pronto el organismo español entró en contacto con delegaciones de Italia, Francia, la RFA, Bélgica, Países Bajos, Austria y Grecia con parámetros ideológicos similares. El CEDI se convirtió así en una estructura internacional, cuya secretaría general fue fijada en Madrid. Bajo la presidencia del heredero del trono de Austria-Hungría, Otto de Habsburgo, se celebraron encuentros internacionales anuales en El Escorial. Además, el CEDI organizaba seminarios y durante algún tiempo publicó un boletín periódico. Aunque su influencia sobre las instituciones europeas sería más bien escasa, el CEDI sí se mostró eficaz como medio de aproximación de la administración franquista a las elites conservadoras de otros Estados europeos, como por ejemplo Francia y la RFA —con efectos beneficiosos sobre las relaciones bilaterales con los mismos en los años cincuenta y sesenta—, a través de los contactos con delegados del Mouvement Républicain Populaire francés (MPR) o la Christlig Soziale-Union bávara (CSU)387. En el europeísmo del régimen habría que enmarcar también las acciones del Movimiento Nacional de cara a difundir la visión falangista de la construcción europea, que se remontaba a la influencia de los fascismos europeos durante la Guerra Mundial y 386 CAVALLARO, Maria Elena, Los orígenes de la integración de España en Europa. Desde el franquismo hasta los años de la transición, Madrid, Sílex, 2009, p. 69. 387 Sobre la historia del CEDI, vid. CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 65-75, 108-120 y 143- 147; VON GAUPP-BERGHAUSEN, Georg, 20 años CEDI, Madrid, Editora Nacional, 1971; WEBER, Petra-Maria, «El CEDI, promotor del occidente cristiano y de las relaciones hispano-alemanas en los años cincuenta», Hispania, vol. LIV/3, nº 188 (1994), pp. 1077-1103; MORENO JUSTE, Antonio, «El Centro Europeo de Documentación e Información. Un intento fallido de aproximación a Europa», en TUSELL, Javier, SUEIRO, Susana, MARÍN, José María, CASANOVA, María (eds.), El régimen de Franco (1936-1975), Madrid, UNED, 1993, t. II, pp. 459-474; GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos, «Neoconservatismo e identidad europea (una aproximación histórica)», Spagna Contemporanea nº 13 (1998), pp. 41-60. Sobre la figura de Otto de Habsburgo, vid. PÉREZ MAURA, Ramón, Del Imperio a la Unión Europea. La huella de Otto de Habsburgo en el siglo XX, Madrid, Rialp, 1997. 143 propugnaba ahora (representado por ejemplo en el pensamiento de Francisco Javier Conde, procurador en Cortes y profesor de Derecho en la Universidad de Madrid) el rechazo del materialismo y la restauración de los valores cristianos388. En 1950 el Sindicato Español Universitario (SEU) creó un Centro de Intercambios Culturales Europeos; el Instituto de Estudios Políticos, dirigido Conde, inauguró en 1949 un seminario de estudios europeos, y la Revista de Estudios Políticos, editada por el instituto, realizó también varias publicaciones sobre temas de integración europea389. En cuanto al europeísmo de carácter cultural, académico y económico, cabría comenzar por destacar la figura del escritor bilbaíno José Miguel de Azaola (1917- 2007), creador en el curso 1947-48 del Seminario de Estudios Europeos del Ateneo de Madrid. Ensayista católico liberal, doctorado en Friburgo y bien relacionado con la intelectualidad vasca, se esforzaría por desarrollar contactos con MEI, y en particular con George Rebattet, buscando el reconocimiento formal del europeísmo del interior390. Otra figura relevante sería José Larraz (1904-1973). Militante católico, ministro de Hacienda entre 1939 y 1941 y procurador en Cortes entre 1943 y 1946, tras distanciarse ideológicamente del régimen fundó en 1950 la Sociedad de Estudios Económicos Españoles y Europeos (SEEEE), contando con la financiación de los bancos Hispanoamericano, Central, Español de Crédito y de Bilbao. Entre sus actividades sobresalió la publicación en nueve volúmenes, entre 1951 y 1961, de la serie Estudios sobre la unidad europea, en la que se presentaba un panorama general del proceso de construcción europeo desde un punto de vista económico y jurídico y se defendía la asociación de España al mismo por razones de carácter económico, cultural y estratégico, aunque dejando convenientemente al margen los aspectos políticos391. Dentro del europeísmo académico habría que citar también las actividades de instituciones como la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde José María 388 GARCÍA PÉREZ, Rafael, «La idea de la “nueva Europa” en el pensamiento nacionalista español de la inmediata posguerra, 1939-1944», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 5 (enero-marzo 1990), pp. 203-240. 389 PEREIRA, Juan Carlos, «L’europeismo spagnolo (1945-1970): obiettivi e iniziative di una Spagna divisa», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1954-1969, Pavia, Università di Pavia, 1996, pp. 125-149. Sobre el Instituto de Estudios Políticos, SESMA LANDRÍN, Nicolás, «La construcción del discurso europeísta del franquismo desde el instituto de Estudios Políticos (1948-1956)», Historia Contemporánea, nº 30 (2005), pp. 159-177. 390 Azaola a Rebattet, 1-6-1950, AHUE, ME-2195. Azaola a Robert Van Schendel, 8-5-1955, AHUE, ME- 910. Sobre la figura de Azaola, vid. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, Juan José, «El pensamiento político de José Miguel de Azaola», Cuadernos de Alzate. Revista vasca de la cultura y las ideas, nº 43 (2010), pp. 39-56. 391 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 104-107. SESMA LANDRÍN, Nicolás, En busca del bien común. Biografía política de José Larraz López, Zaragoza, Ibercaja, 2007. 144 Trias de Bes y el ex ministro José Yanguas Messía inauguraron un ciclo de conferencias sobre Europa; la Asociación Cultural Iberoamericana, que organizó un ciclo de conferencias sobre La juventud española frente a Europa; los Equipos Europeos de Madrid, creados por el profesor Manuel Ortuño; y, en Barcelona, el Instituto de Estudios Históricos, el Instituto de Estudios Europeos y el Círculo de Estudios Europeos. Existieron, además, el Centro de Estudios Europeos del Círculo Cultural de Guipúzcoa (presidido por Azaola), el Instituto de Estudios Europeos de Zaragoza, el grupo federalista europeo de Sevilla, liderado por Mariano Aguilar Navarro, y las cátedras europeas surgidas en varias universidades, como las de Barcelona, Murcia, Granada, Cádiz, Sevilla u Oviedo392. Todos estos centros y grupos mantenían un bajo perfil político en sus actividades con el fin de soslayar el por otra parte evidente choque entre el carácter democrático de las instituciones europeas y el régimen español. Sin embargo, andando el tiempo, y a medida que se fortalecieron sus vínculos entre sí y con otras organizaciones más implicadas en la lucha política, algunos de ellos fueron aproximándose a las posiciones del europeísmo democrático y trataron de entrar en contacto con el MEI393. Del tercer grupo, las entidades europeístas del interior más desligadas del régimen y que eventualmente llegarían a convertirse en grupos de oposición, hay que destacar el papel de la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE). Fundada en Madrid en 1954 por el impulso de una serie de políticos democristianos procedentes de la ACNP, como Ricardo Fernández Mazas, Francisco de Luis (sus primeros presidentes), Fernando Álvarez de Miranda y Juan Luis de Simón Tobalina, la AECE se orientó en principio a la organización de conferencias y encuentros con altos funcionarios del Consejo de Europa y de las Comunidades Europeas. Con el tiempo fue extendiendo sus actividades y ampliando el número de socios; abrió delegaciones en Valencia, Mallorca, Córdoba, Gijón, Alicante, Valladolid y Santiago de Compostela, así como una Sección Universitaria Europeísta394. 392 «El tema europeo en España», febrero de 1952. «Espagne. Groupes déclarant travailler en faveur de l’idée européenne», AHUE, ME-910. 393 Entrevista de Fernando Álvarez de Miranda con el GHistRI, 27-5-2008. 394 Dado que el propósito fundamental de este trabajo es estudiar los debates políticos y sociales en torno a la adhesión de España a las Comunidades Europeas, no es oportuno extenderse aquí en desarrollar la peripecia histórica de la AECE en los años cincuenta y sesenta. Son de interés, al respecto, los trabajos de CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 161-244 y BARBA, Donato, La oposición durante el franquismo. La Democracia Cristiana, Madrid, Ediciones Encuentro, 2001, pp. 64-65, 82-95 y 161-163, y los libros de memorias de ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando, Del «contubernio» al consenso, Barcelona, Planeta, 1985, pp. 23-38, 56-61 y 76-77, y La España que soñé. Recuerdos de un hombre de consenso, Madrid, La esfera de los libros, 145 Desde el punto de vista ideológico, las tesis sobre las que se fundó la AECE en principio no diferían sensiblemente de las de otras entidades europeístas del interior. En su manifiesto fundacional, suscrito en 1955 por un variado elenco de políticos e intelectuales de corte predominantemente conservador, no se hallaban referencias a la construcción de una Europa liberal, ni democrática, sino que la construcción europea era presentada en términos de «renovación espiritual» para la recuperación de valores cristianos frente a las agresiones del imperialismo soviético395. Sin embargo, este lenguaje evolucionaría rápidamente a medida que nuevas sensibilidades, sobre todo de izquierda, se incorporaran a la AECE y se fueran desarrollando contactos con el europeísmo internacional y con el europeísmo español en el exilio. Así, tras la adhesión de España a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que el régimen trató de explotar a efectos propagandísticos en el sentido de mostrar una supuesta normalización de las relaciones de España con sus vecinos europeos, la AECE publicó una declaración en la que, pese a congratularse de la entrada en la OECE, reivindicaba una unión política europea a partir de la ampliación de las Comunidades creadas en los Tratados de París y Roma, en la convicción de que «la futura Unión Europea sólo podrá cumplir su cometido si se halla integrada por miembros política, económica y socialmente homogéneos», lo que equivalía a reclamar una transformación en sentido democrático del Estado español, y señalaba el Convenio Europeo de los Derechos Humanos como un elemento fundamental de esa unión. Además, elaboró un informe confidencial —para ser transmitido sólo a partidos y organizaciones de oposición— en que advertía de los peligros de que las tentativas del Gobierno franquista de aproximarse a las instituciones europeas alcanzaran algún éxito: «Este optimismo ante el comienzo oficial de la integración española en Europa está teñido de cierto matiz de inquietud, ya que no se tiene seguridad plena en que la posición del Gobierno es de un europeísmo sincero puesto que por ejemplo se ha presentado nuestro ingreso en la OECE no como la aceptación española de unos principios y criterios europeos, sino más bien como que Europa ha vuelto de sus 2013, pp. 49-53 y 103-128, y VIDAL-BENEYTO, José, Memoria democrática, Madrid, Foca, 2007, pp. 27-47. La mayor parte de la documentación histórica de la AECE se encuentra en Fondo AECE del Archivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (ACFEME) en Madrid, inventariado en 2009 por el autor de esta Tesis Doctoral comisionado por el CFEME. Vid. LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «El Archivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», en BARRIO ALONSO, Ángeles, DE HOYOS PUENTE, Jorge, SAAVEDRA ARIAS, Rebeca (eds.), Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, PubliCan, 2011 [edición en CD] y MORENO JUSTE, Antonio, «El Archivo Histórico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», Éxils et Migrations Ibériques au XXe siècle, nº 3/4 (1997), pp. 205-207. 395 «Asociación Española de Cooperación Europea. Manifiesto», mayo de 1955, ACFEME, Fondo AECE, caja I. 146 errores y reconoce expresamente la razón del gobierno español y de su táctica para combatir al comunismo. »Esta interpretación gubernamental despierta evidentemente inquietud y disgusto entre los elementos democráticos españoles, al comprobar que la evolución política del régimen es algo irrealizable, si el régimen español no está dispuesto a reconocer los supuestos democráticos necesarios para la integración europea. Debe considerarse como exigencia inexcusable, para la incorporación de España a la tarea de unificación europea, la aceptación automática de [los principios democráticos de] Europa, y el régimen español en la actualidad no sólo los desconoce sino que frente al interior del país los niega y persigue. »[…] El apoyo de los grupos políticos democráticos europeos a las pretensiones gubernamentales españolas produciría un verdadero escándalo entre los demócratas españoles, que no comprenderían cómo pueden aplicarse criterios distintos a la política europea cuando se trata de España»396. En esta misma línea hay que mencionar, aunque su existencia fuera mucho más breve, la Asociación por la Unidad Funcional de Europa, creada en Salamanca en 1955 por el profesor Enrique Tierno Galván. Su origen estuvo en la publicación del artículo de Tierno «XII tesis sobre funcionalismo europeo», en torno a cuyas ideas se articuló un grupo de jóvenes profesores de universidad con convicciones democráticas. En 1956 comenzó la publicación de la revista Europa a la vista como apéndice mensual del Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Universidad de Salamanca. Se trataba de un folleto de proselitismo europeísta democrático, en el que Europa era tomada a la vez como objetivo y como pretexto para la democratización. La revista permitió a Tierno tomar contacto con instituciones y personalidades políticas europeas, pero fue clausurada por el Gobierno después de sólo tres ediciones y la asociación se desvaneció con el ingreso en prisión de Tierno y sus colaboradores en 1957397. Pronto algunos de estos grupos, tanto los de carácter político como los de ámbito académico, cultural o económico, comenzaron a dirigirse al MEI al objeto de obtener su apoyo y ser reconocidos de algún modo por el europeísmo internacional. La SEEEE de Larraz envió al MEI un informe de sus actividades en el que mostraba que, gracias a los importantes bancos y a las personalidades destacadas que secundaban su actividad, gozaba de una gran capacidad de influencia para difundir los ideales europeístas en la sociedad española398. En el mismo sentido, en 1952 el joven profesor Manuel Ortuño, 396 «Memoria de actividades y posibles actuaciones de la Asociación Española de Cooperación Europea», AHUE, ME-910. 397 TIERNO GALVÁN, Enrique, Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera, 1981, pp. 202-211. MORODO, Raúl, Atando cabos. Memorias de un conspirador moderado, Madrid, Taurus, 2001, pp. 154-169 398 «Fondation et but de la Société “Estudios Económicos Españoles y Europeos. S.A.”», AHUE, ME- 910. 147 que había creado el pequeño grupo europeísta Equipos Europeos en la Universidad de Madrid, escribió a la secretaría general del MEI en Bruselas para llamar la atención sobre el olvido en que éste tenía al europeísmo español del interior en favor de las organizaciones de los exiliados, a su juicio menos representativas: «Vds. creyeron conveniente recoger a un grupo de españoles radicados fuera del país, dándoles la representación española. Pero de esta manera lo único que han hecho hasta hoy ha sido retrasar y dificultar la aportación de los españoles al Movimiento Europeo. »Cuando en España, en este momento, existen ya varias organizaciones que estudian y buscan la integración europea, resulta francamente ridículo el mantenimiento de una rama española exiliada, lo que por otra parte no quiere decir que deban dejarse de lado las actividades de persona tan eminente como el Sr. Madariaga, cuyas campañas europeístas me parecen del mayor interés. La dificultad está en que el Sr. Madariaga no representa ni puede representar a estas organizaciones españolas, que son las que verdaderamente pueden titularse así»399. José Miguel de Azaola asumiría hasta cierto punto el papel de intermediario entre los grupos del interior y el MEI. En un encuentro con Georges Rebattet en París en 1950 compartieron impresiones sobre el desarrollo del europeísmo en España y logró convencer al secretario adjunto del MEI de la necesidad de no limitar sus relaciones con España a los exiliados. Azaola mantenía informado a Rebattet de los trabajos del europeísmo del interior y les pedía en su nombre cualesquiera folletos o materiales que pudieran resultar útiles para su labor400. En 1954 Azaola trató de convencer al MEI para establecer una oficina de información en España. Elaboró un plan en el que enumeraba las actividades que podría realizar la oficina (edición de libros y folletos, publicación de un boletín, organización de conferencias, viajes por Europa para estudiantes, creación de una biblioteca…) con un presupuesto de 192.000 pesetas anuales. El aspecto más difícil de salvar era cómo hacer la oficina aceptable para la ley y para las autoridades españolas. Una posibilidad era utilizar alguna asociación ya existente, como el Instituto de Estudios Europeos. También se podría instituir como una sociedad anónima, por ejemplo como una empresa editorial, pero en ese caso la participación del MEI no podría exceder el 25% del capital, por lo que sería necesario contar, al menos formalmente, con socios capitalistas en el interior401. 399 AHUE, ME-910, Ortuño a la Secretaría General del MEI, 14-2-1952. Vid. ORTUÑO MARTÍNEZ, Manuel, Europa: una utopía realizable en los años cincuenta, Madrid, ViveLibro, 2015. 400 Azaola a Rebattet, 1-6-1950 y 17-6-1950. AHUE, ME-2195. 401 «Rapport adressé au Secrétariat du Mouvement Européen pour la foundation d’un bureau d’information en Espagne», AHUE, ME-910. 148 Frente a estas iniciativas, el CFEME, cuyos integrantes se consideraban los únicos portavoces legítimos del europeísmo español, no dejaron de movilizarse para proteger su condición de interlocutores privilegiados del MEI y advertir a éste del error y la injusticia que cometería de conceder reconocimiento a los grupos del interior, sospechosos de connivencia con el régimen. Así, en 1950 Lasarte escribía a Rebattet que la SEEEE de Larraz era una asociación de banqueros y empresarios que no representaba ninguna corriente de opinión y cuyos objetivos nada tenían que ver con el europeísmo, que muchos de sus dirigentes eran conocidos por su adhesión al franquismo y que toda relación del MEI con ellos no haría sino perjudicar su prestigio402. Cuando llegó a conocimiento del CFEME el proyecto de Azaola de establecer una oficina del MEI en Madrid y de invitar a dar conferencias en el Ateneo a personalidades de la Europa democrática, Gironella escribió a Rebattet indignado porque éste aparentemente se prestara a favorecer la carrera política de Azaola en España a costa de la imagen del Movimiento Europeo ante la opinión democrática española403. Tras un encuentro personal entre Gironella y Azaola en París en noviembre de 1954, las relaciones entre los europeístas del interior y los del exilio conocieron un primer cauce de entendimiento. Gironella le concedió el beneficio de la duda a las inclinaciones políticas de Azaola. Sin embargo, Gironella reivindicaba para el CFEME el liderazgo y la responsabilidad moral de toda acción europeísta en España404, pero precisamente ese liderazgo se iba a poner en cuestión en los años siguientes. A partir de 1955, a medida que los principales grupos europeístas del interior fueron definiendo más nítidamente sus posiciones democráticas, comenzaron a establecer mecanismos de coordinación y a recibir mayor atención por parte del MEI. En 1955 se creó una secretaría técnica de coordinación de los grupos europeístas, que se dejó en manos de Azaola. Los principales objetivos eran la elaboración de posiciones comunes entre los grupos y optimizar sus recursos a la hora de realizar actividades, por ejemplo contribuyendo entre varios de ellos a sufragar los gastos de desplazamiento de ponentes extranjeros a los que se invitara a impartir conferencias405. Su existencia fue, sin 402 Lasarte a Rebattet, 13-7-1950, AHUE, ME-2195. 403 Gironella a Rebattet, 4-11-1954, AHUE, ME-910. 404 Gironella a Rebattet, 18-11-1954, AHUE, ME-910. 405 «Acuerdos adoptados por la 2ª asamblea de entidades y grupos de cooperación y estudios europeos, celebrada en Madrid los días 31 de octubre y 1º de noviembre de 1955», Archivo General de la Universidad de Navarra (AGUN), Fondo Francisco de Luis, caja 9, doc. 112. 149 embargo, efímera, y pronto fue la AECE la que trató de asumir un papel protagónico entre el europeísmo español. En 1958 tres delegados de la AECE —José Luis Ruiz Navarro, Íñigo Cavero y Fernando Álvarez de Miranda, su secretario general— viajaron a Bruselas y París y se entrevistaron con el nuevo secretario general del MEI, Robert van Schendel —con el que iniciarían una larga y fructífera relación— y con Gironella, llegando con ambos a acuerdos para la coordinación de sus actividades406. Ese mismo año la AECE recibió la visita de Retinger, primero, y de Van Schendel, después, en Madrid, que buscaban animar a los grupos españoles a cooperar407. También en 1958 la AECE emprendió la creación de una asamblea de grupos europeístas españoles contando únicamente con los del interior408. Frente a todos estos movimientos, la actitud del CFEME era de desconfianza, pero ya no de enfrentamiento. A finales de la década los miembros del CFEME comenzaron a apreciar el diferente carácter de las organizaciones europeístas del interior y a reconocer que no todas ellas eran instrumentos propagandísticos del régimen409. Con ello se sentaban las bases para la futura colaboración entre las dos partes. 2.1.3. El «contubernio de Múnich» y sus consecuencias La concertación entre el CFEME y el europeísmo del interior, especialmente la AECE, ofrecía la oportunidad de multiplicar la repercusión internacional de las actividades europeístas y mostrar al mundo la unidad de la oposición democrática al franquismo. Pero alcanzar estos objetivos no resultaría sencillo. En 1959 la AECE comenzó a trabajar en la preparación de una Semana Europeísta que se debería celebrar en Santander con el patrocinio del MEI y la participación del CFEME. En ella se deberían 406 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., p. 165. 407 Retinger a Francisco de Luis, 3-4-1958; Francisco de Luis a Retinger, 11-4-1958; Tierno Galván a Francisco de Luis, 18-4-1958, AGUN, Fondo Francisco de Luis, caja 2, docs. 44, 45 y 47. La visita de Van Schendel motivó una queja al MEI por parte del Consejo Catalán del Movimiento Europeo. Carta de las organizaciones miembro del Consejo Catalán del Movimiento Europeo a Van Schendel, julio de 1958. AHUE, ME-910. 408 Inicialmente formaron parte de esta asamblea la AECE, el Instituto de Estudios Europeos de Barcelona, el Seminario Europeo de la Universidad de Barcelona, el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Oviedo, la Asociación para la Unidad Funcional de Europa, el Seminario de Estudios Europeos de la Universidad de Sevilla, el Seminario de Estudios Europeos del Ateneo de Madrid, el Grupo europeísta clandestino de la social-democracia y el Seminario Europeísta del Centro Cultural Guipuzcoano. «Bases para intensificar la cooperación entre los grupos europeístas de España, aprobadas por unanimidad con fecha veinticinco de octubre 1958», AHUE, ME-910. 409 «Actitud del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en relación con la organización del trabajo europeísta en España», París, junio 1958, AHUE, ME-910. 150 reunir representantes de todas las organizaciones europeístas democráticas más una veintena de personalidades políticas de los países de la CEE410. El CFEME dio su visto bueno con reticencias, pues a Gironella no le inspiraban plena confianza la capacidad organizativa de la AECE ni sus criterios para la invitación de delegados411. Posteriormente trasladada a Palma de Mallorca y prevista para los días 13 a 18 de septiembre de 1960, la Semana Europeísta había de contar con la presencia, entre otras personalidades de relevancia política internacional, del vicepresidente del Bundestag de la RFA, Carl Schmidt; del presidente del partido social-cristiano de Bélgica, Théo Lefèvre; y de los ex primeros ministros franceses Pierre Pflimlin, Antoine Pinay y Robert Schuman412. Se obtuvieron los correspondientes permisos gubernamentales413 e incluso el apoyo económico de la Banca March414. Sin embargo, escasas semanas antes de su celebración —cuando muchos de los ponentes ya tenían reservados sus billetes de avión y plazas de hotel—, el Gobierno comunicó la suspensión de la autorización después de que la prensa hubiera hecho públicos los nombres de algunos de los participantes415. Las protestas por parte de la AECE y el MEI no arrojaron ningún resultado. Álvarez de Miranda dirigió una larga nota al Ministerio de Gobernación en que exponía la historia y fundamentos de la AECE y la altura de sus contactos internacionales416. La AECE hizo pública una nota insistiendo en el carácter inocuo de las jornadas417 y Robert Van Schendel envió sendas cartas a los ministros de Comercio, Alberto Ullastres, y Política Exterior, Fernando María Castiella, llamando su atención sobre la contradicción en que incurría el Gobierno franquista al prohibir un acto sobre Europa y europeísmo mientras empezaba a dar sus primeros pasos para aproximarse a la CEE 410 Álvarez de Miranda a Van Schendel, 28-11-1959 y 24-5-1960; «Proyecto de organización de la semana europeísta de Santander», marzo de 1960, AHUE, ME-910. 411 Gironella a Van Schendel, 8-9-1960, AHUE, ME-910. 412 «Programa previsto para la 1ª Semana Europeísta Española que ha de celebrarse en Palma de Mallorca del 13 al 18 de septiembre de 1960, ACFEME, Fondo AECE, caja V, carpeta 6.8. 413 Tras los informes favorables de la Dirección General de Seguridad y del Ministerio de Asuntos Exteriores, la autorización fue comunicada por la Dirección General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación al Gobierno Civil de Palma de Mallorca el 25 de agosto. Álvarez de Miranda a Van Schendel, 8- 9-1960, AHUE, ME-910. 414 DE PEDRO, Pilar; SOLÉ, Queralt, 30 anys d’història d’europeisme català, 1948-1978. El «contuberni» de Munic, Barcelona, Mediterrània, 1999, pp. 78-82. 415 Por ejemplo, «La primera semana europeísta española tendrá por sede Palma de Mallorca», La Vanguardia Española, 31-8-1960. La comunicación de la suspensión, emitida por el Gobierno Civil de Baleares, se dirigió a quien había tramitado la solicitud de autorización, Jaime Casanovas, delegado de la AECE en Palma de Mallorca y cónsul honorario de Bélgica. ACFEME, Fondo AECE, caja V, carpeta 6.8. 416 Nota de Fernando Álvarez de Miranda al Ministerio de la Gobernación, 27-9-1960, AHUE, ME-910. 417 Declaración de la AECE tras la suspensión de la Semana Europeísta, 27-9-1960, ACFEME, Fondo AECE, caja V, carpeta 6.8. 151 (ese mismo año España había abierto su representación permanente ante las Comunidades)418. Por otra parte, para los europeístas del exilio el fracaso de la semana de Mallorca había mostrado la inutilidad de plantear actos de ese tipo en suelo español, que sólo podrían ser autorizados y alcanzar alguna repercusión mientras el Gobierno previera obtener de ellos algún rédito propagandístico, cuando lo que se pretendía era todo lo contrario419. De hecho, el CFEME nunca había confiado realmente en los resultados de un encuentro celebrado en España. Por ello, en abril de 1960 Madariaga concibió el proyecto de organizar una especie de asamblea de personalidades notables españolas, del interior y del exilio a partes iguales, pertenecientes a todas las fuerzas políticas excepto los comunistas y los que apoyaran al régimen de Franco, que contara con el apoyo de importantes organismos internacionales y que tuviera lugar en la sede de alguno de ellos. De la reunión debería salir una declaración conjunta de tono moderado que mostrara la existencia de una alternativa real, fuerte y representativa a la dictadura, y a la que ésta no pudiera acusar en ningún caso de estar bajo la influencia de elementos extremistas. Contactados por el CFEME, los Nuevos Equipos Internacionales, el Movimiento Liberal por la Europa Unida y el Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa —representantes del europeísmo desde las tres grandes corrientes ideológicas del continente— aceptaron su participación. Gracias a las gestiones de Gironella la Fundación Ford comprometió diez millones de francos para sufragar la iniciativa. El Consejo de Europa, con la aprobación de su Comité de Ministros, cedió la sede de su Asamblea Parlamentaria en Estrasburgo para la reunión. Robert Schuman, presidente honorario del MEI, se ofreció para formar un comité patrocinador bajo su presidencia que asumiera la responsabilidad moral del encuentro. Sin embargo, también en esta ocasión la intervención del Gobierno español frustró el proyecto. Realizó, por un lado, presiones ante el Consejo de Europa, al que España estaba vinculada formalmente desde la firma de la Convención Cultural Europea. La diplomacia franquista intervino también ante los Gobiernos de varios Estados miembros para quebrar la unanimidad preexistente. No faltaron tampoco las presiones y amenazas a las personalidades del europeísmo del interior susceptibles de participar. 418 Van Schendel a Ullastres, 28-9-1960; Van Schendel a Castiella, 28-9-1960; ACFEME, Fondo AECE, caja V, carpeta 6.8. 419 Gironella a Van Schendel, 8-9-1960, y carta del Consejo Catalán del Movimiento Europeo a Van Schendel, 1-9-1960, AHUE, ME-910. Carta del CCME a Van Schendel, 10-9-1960, cit. en DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit., p. 81. 152 Ante estos hechos cundió la desunión entre los propios organizadores. El PSOE temía que el miedo a las represalias desvirtuara la reunión arrebatándole su carácter político para convertirse en un acto de expresión de europeísmo cultural o académico. Habían existido, además, mutuos y fuertes recelos entre su secretario general, Rodolfo Llopis, y José María Gil-Robles, nombrado presidente de la AECE en 1960, respecto de la posibilidad de encontrarse en Estrasburgo. Finalmente, el comité presidido por Schuman se fue descomponiendo y el proyecto quedó abandonado420. La frustración de esta segunda tentativa a manos de la diplomacia franquista evidenciaba que la reunión definitiva del europeísmo español sólo sería posible en un ámbito que a aquélla le fuera más difícilmente accesible, es decir, más cerca de las organizaciones políticas e instituciones parlamentarias que de las cancillerías o los organismos intergubernamentales. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se resarció en cierto sentido de la cancelación del encuentro de Estrasburgo invitando a representantes de la oposición —Madariaga, Llopis, Gironella, Pascual Tomás, Álvarez de Miranda— a hablar ante su Comisión de Naciones No Representadas, en el curso de la discusión sobre el informe sobre la situación de España presentado por la diputada socialdemócrata alemana Anne Marie Renger (también fueron invitados, en representación del Gobierno, Alberto Martín Artajo y Manuel Fraga)421. El informe Renger, muy duro con el régimen español, cuya falta de libertades individuales, ineficiencia económica e injusticia social presentaba sin paliativos, no sería finalmente aprobado por la Asamblea, y, de hecho, tras un nuevo informe presentado en 1962 por el diputado conservador británico MacMillan, la Asamblea Parlamentaria terminaría aprobando una moción sobre España instando a las Comunidades Europeas a alcanzar algún tipo de acuerdo económico con el país, toda vez que éste abordara las «modificaciones constitucionales necesarias» para ello422. Esta actitud más o menos condescendiente hacia el franquismo exigía una rápida y contundente reacción para la oposición democrática, sobre todo después de que el 9 de 420 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 174-183. DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit., pp. 83-89. 421 «París, 19 de diciembre de 1960. Declaraciones a la Comisión de Naciones No Representadas de la Asamblea del Consejo de Europa de Salvador de Madariaga, Rodolfo Llopis, Pascual Tomás y Enrique Gironella» y «Estrasburgo, 5 de septiembre de 1961. Declaración a la Comisión de Naciones No Representadas de Fernando Álvarez de Miranda», ambos documentos recogidos por Antonio Moreno Juste en el apéndice documental del libro SATRÚSTEGUI, Joaquín et al. (eds.), Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio de Múnich», Madrid, Tecnos, 1993, pp. 117-121 y 134-139 respectivamente. 422 MORENO JUSTE, Antonio, Franquismo y construcción europea (1951-1962). Anhelo, necesidad y realidad de la aproximación a Europa, Madrid, Tecnos, 1998, pp. 252-254. 153 febrero de 1962 el gobierno español dirigiera a la CEE la solicitud de abrir negociaciones para la asociación del país, susceptible de devenir en el futuro una plena integración, en la famosa carta dirigida por el ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, al presidente de turno del Consejo de la CEE, Maurice Couve de Murville. Pese a que el Parlamento Europeo había aprobado en los meses previos el informe Birkelbach, que explicitaba la disposición de un sistema político democrático como requisito para la admisión en las Comunidades Europeas, y pese a que algunas importantes cancillerías de la CEE —la italiana, la belga o la neerlandesa— no parecían dispuestas a discutir siquiera la cuestión de una adhesión española, el acercamiento de Madrid en los últimos años a los gobiernos de París y Bonn no permitía descartar por completo que la carta Castiella obtuviera algún éxito. En su análisis de la situación, entendía el CFEME que el Gobierno franquista había dado ese paso empujado por la necesidad económica de aproximarse a Europa —sobre todo tras la puesta en marcha de la Política Agrícola Común, y en el marco de la apertura comercial de España al exterior en virtud del Plan de Normalización Económica de 1959—, pero esa aproximación sólo podría ser admisible si se producía también en el terreno del reconocimiento de las libertades y la organización política423. Madariaga y Gironella escribieron decenas de cartas a los dirigentes de los principales partidos de los países de la CEE y a las organizaciones europeístas para llamar su atención sobre la gravedad del error que supondría permitir que, en consideración de intereses económicos puntuales y espurios, se admitiera a la España franquista en las Comunidades424. La carta Castiella supondría también el acicate para volver a intentar reunir al europeísmo del interior y del exilio. Así lo plantearon Madariaga, Gil-Robles y Julián Gorkin (miembro del comité ejecutivo del CFEME) en una reunión en París, y Robert Van Schendel se comprometió a organizar y financiar la reunión. Para ello se aprovecharía la celebración del IV Congreso internacional del MEI, que había de tener lugar en Múnich en junio de 1962425. En los prolegómenos del congreso, los días 5 y 6 423 «Reacción del CFEME a la carta Castiella», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 424 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 189-191. 425 El llamado contubernio de Múnich ha sido juzgado por la historiografía como uno de los hitos más significativos en la historia de la oposición antifranquista y de la relación de España con el proceso de construcción europea. Son numerosos los relatos históricos, los documentos y los relatos personales publicados al respecto, por lo que en estas páginas, cuyo propósito es presentar las líneas fundamentales de la historia del europeísmo español en los años anteriores a la transición, nos limitaremos a glosar los principales aspectos del contubernio, insistiendo en aquellos que habrán de guardar mayor relación con el desarrollo de la actividad europeísta en los años anteriores. Para un relato más pormenorizado de los acontecimientos puede acudirse a TUSELL, J., La oposición… op. cit., pp. 388-432, primer historiador en ensalzar la importancia 154 de junio, se reunirían en el hotel Regina Palast de Múnich, con el patrocinio del MEI, 118 delegados españoles, 80 de ellos procedentes del interior y 38 del exilio, para participar en un coloquio sobre Los problemas de la integración de España en Europa. Más allá del CFEME y la AECE, principales promotores, estuvieron representadas casi todas las organizaciones europeístas y antifranquistas de diferente signo político: la Unión Española de Joaquín Satrústegui, la Democracia Social Cristiana de Gil-Robles, la Izquierda Demócrata Cristiana, el Partido Democrático de Acción Social de Dionisio Ridruejo, la Hermandad Obrera de Acción Católica o el Frente de Liberación Popular, varios de los institutos y academias de estudios europeos del país, y, por parte del exilio, representantes del Gobierno republicano, de la Generalitat y del Gobierno vasco, así como de los principales partidos políticos426. Incluso los comunistas, única formación antifranquista relevante que había sido deliberadamente excluida, enviaron dos delegados oficiosos427. Divididos en dos comisiones, del interior y del exilio, los delegados trabajaron en un proyecto de resolución común a partir de los borradores ya elaborados por la AECE y el CFEME428. Formóse después una comisión mixta, con cinco representantes del interior y otros tantos del exilio, que redactaron el documento final, respaldado por el congreso por unanimidad. Su texto era el siguiente: «El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Múnich los días 7 y 8 de junio de 1962 estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación, de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa, en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente: histórica del acontecimiento. Otros trabajos historiográficos que le han prestado atención han sido DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit. y CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 200-232. Con ocasión del 25º aniversario, en 1987 se celebró un acto conmemorativo en el Congreso de los Diputados, con ponencias de historiadores y politólogos (Charles Powell, Antonio Truyol, Javier Tusell y Paul Preston) y testimonios de una treintena de participantes. Los textos fueron publicados, junto con una extensa e interesante compilación documental a cargo de Antonio Moreno Juste, en SATRÚSTEGUI, J. et al. (eds.), Cuando la transición… op. cit. En 2012, coincidiendo con el 50º aniversario se exhibió en la Casa de América de Madrid la exposición Múnich 1962. El «contubernio» de la concordia, cuyo comisario fue Charles Powell, en la que se mostró una selección de documentos procedentes del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya consulta es posible en la dirección http://www.casamerica.es/exposiciones/el-contubernio-documentado [consultada el 4 de julio de 2015]. El relato del contubernio y del posterior confinamiento en Fuerteventura se encuentra en las memorias de ÁLVAREZ DE MIRANDA, F., Del «contubernio»… op. cit., pp. 31-44 y ÁLVAREZ DE MIRANDA, F., La España que soñé… op. cit., pp. 69-10. También se han publicado varios ensayos, informes y otros documentos en el volumen RIDRUEJO, Dionisio, Ecos de Múnich. Papeles políticos escritos en el exilio, Barcelona, RBA, 2012. 426 El listado completo de asistentes puede consultarse en SATRÚSTEGUI, J. et al. (eds.), Cuando la transición… op. cit., pp. 179-180. 427 Joan Berenguer, pseudónimo de Francesc Vivens, del PSUC, y Juan Gómez, pseudónimo de Tomás García, del PCE. 428 Ambos documentos en SATRÚSTEGUI, J. et al. (eds.), Cuando la transición… op. cit., pp. 175-177. 155 »1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas, que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. »2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gobernativa. »3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. »4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre las bases democráticas y de las defensa de los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de la huelga. »5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los derechos de la oposición. »El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial; y toma nota de que todos los delegados españoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo»429. El Gobierno de Madrid había conocido el proyecto de la reunión ya en mayo, cuando llegó a manos de la Embajada en México una carta dirigida por el Gobierno de la República en el exilio al historiador Claudio Sánchez Albornoz, uno de los convocados430. Además, varios de los asistentes comunicaron a las autoridades su intención de desplazarse a Múnich y los motivos de la misma: Jaime Miralles, Vicente Piniés y Joaquín Satrústegui, del grupo monárquico Unión Española, escribieron al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, que acudían a Múnich para dar a conocer el punto de vista de los europeístas del interior, no para pactar con los exiliados. En parecidos términos escribió José María Gil-Robles al subsecretario de la presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco431. Por otra parte, durante la celebración del congreso, el marqués de Valdeiglesias, presidente del CEDI, estuvo en Múnich con otros funcionarios comisionado por el Gobierno para intentar sabotear el apoyo internacional a la reunión de la oposición. Los propósitos de los funcionarios españoles fueron recibidos favorablemente por el ministro alemán de Asuntos Federales, Hans-Joachim von Merkatz y por el barón 429 «Resolución sometida por unanimidad al Congreso por los 118 delegados españoles», AHUE, ME- 2157. 430 «IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich», Madrid, 8 de junio de 1962. Nota informativa número 7. Dirección General de Política Exterior. Dirección de Europa, cit. en SATRÚSTEGUI, J. et al. (eds.), Cuando la transición… op. cit., pp. 195-196. 431 DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit., pp. 110-112. 156 Nothomb, delegado belga del Movimiento Europeo, pero el Comité Directivo del MEI rechazó las presiones y no obstaculizó el desarrollo de la reunión432. Tras la aprobación de la resolución final, el Consejo de Ministros, reunido de urgencia, decidió suspender el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que regulaba la libertad de residencia. Una importante proporción de los delegados presentes en Múnich hubieron de decidir entre marchar al exilio o aceptar el confinamiento forzoso en alguna de las islas Canarias433. Las organizaciones europeístas del interior quedaron sometidas desde entonces sometidas a un clima de hostilidad y a una férrea vigilancia. Orquestada por el Ministerio de Información y Turismo, la prensa, aún bajo el estricto control del régimen, puso en marcha una campaña difamatoria contra lo que fue presentado como una traición a los intereses de España, y quedó para la posteridad bautizado como contubernio por un despacho de la agencia Efe de publicación obligada en todos los diarios434. Los editoriales se despacharon con escarnio. Según Arriba, los congregados en Múnich eran «beocios del fracaso y el resentimiento, de la cobardía y las medias tintas, santones del liberalismo […], tristísimos democristianos, aguerridos consejeros áulicos, jóvenes palidísimos, escurridizos y progresistas…; gentes, en suma, del paleolítico inferior de la política»435. Para ABC eran «residuos del exilio, que han hecho de su enemiga a España un profesión lucrativa»; para ellos, «estragados, habituados al contubernio, insensibles al pudor o a la dignidad, que han perdido la altivez personal y el respeto a sí mismos, lo de Múnich habrá sido un recreo proporcionado a su holganza de vagabundos»436. A través de diversos actos públicos, promovidos por ayuntamientos o consejos provinciales del Movimiento, se procuró la movilización de las masas contra el contubernio, no faltando los panfletos y hojas volanderas. El más significativo y catártico acto de afirmación franquista frente a Múnich tendría lugar el 16 de junio en Valencia, adonde Franco había acudido para inaugurar varias realizaciones sociales. El dictador mencionó en su discurso la 432 «Informe sobre el Congreso del Movimiento Europeo en Múnich», Madrid, 11 de junio de 1962. Marqués de Valdeiglesias, presidente del Centro Europeo de Documentación e Información (CEDI), cit. en SATRÚSTEGUI, J. et al. (eds.), Cuando la transición… op. cit., pp. 199-202. 433 Fueron confinados en la isla de El Hierro Íñigo Cavero y José Luis Ruiz-Navarro, en la Gomera Alfonso Prieto, en Lanzarote Félix Pons y Juan Casals, y en Fuerteventura Joaquín Satrústegui, Jaime Miralles, Jesús Barros de Lis y Fernando Álvarez de Miranda. Por el exilio temporal optaron José María Gil-Robles, Dionisio Ridruejo, Jesús Prados Arrarte, Fernando Baeza, José Suárez Carreño, Isidro Infante, Enrique Ruiz García, Carmelo Cembrero, Pablo Martín Zaro, Vicente Ventura y José Vidal-Beneyto. ÁLVAREZ DE MIRANDA, F., Del «contubernio»… op. cit., p. 39. 434 «La traición y la estupidez, aliadas en sucio contubernio contra España», Arriba, 9-6-1962. 435 «Múnich: pelillos a la mar», Arriba, 10-6-1962. 436 «Poco o nada nuevo», ABC, 13-6-1962. 157 «infiltración comunista en Europa» y desde el enardecido auditorio se escucharon expresiones como «los de Múnich, a la horca»437. Algunos de los represaliados —Satrústegui, Miralles, Álvarez de Miranda, Gil- Robles— solicitaron del Gobierno la rectificación pública de estas invectivas, dando su propia versión de lo sucedido en Múnich y recordando que, lejos de tener la intención de actuar contra los intereses exteriores del país ni de participar en ninguna confabulación, ya habían puesto previamente en conocimiento de las autoridades sus motivaciones para acudir a la reunión438. También el MEI trató de suavizar la dura respuesta del Gobierno, y en julio de 1962 envió con ese propósito a Madrid una delegación, integrada por Pierre Wigny, ex-ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Étienne Hirsch, ex-presidente de la Comisión del Euratom, John Hynd, ex-ministro de Pensiones del Reino Unido, y Robert Van Schendel. Aunque este último no fue admitido a la audiencia que mantuvieron con Franco, bajo la acusación de ser uno de los instigadores de la injerencia del MEI sobre los asuntos de España, el caudillo se mostró en la misma relativamente conciliador y comprensivo y, aunque no derogó las medidas represivas impuestas (las órdenes de confinamiento serían revertidas al cabo de un año), manifestó su respeto por el Movimiento Europeo y por la libre participación de los ciudadanos en sus actividades, pero adujo que en Múnich éstas se habían visto manipuladas por los grupos del exilio439. Mucho se ha escrito sobre el valor y el significado simbólico de lo sucedido en Múnich440. Por un lado, el encuentro entre la oposición del interior y la del exilio —los que, al término de la guerra, escogieron la libertad perdiendo la tierra y los que escogieron la tierra perdiendo la libertad, en las palabras del discurso pronunciado por 437 TUSELL, J., La oposición… op. cit., pp. 407-410. 438 «La verdad sobre el congreso de Múnich», 29-6-1962; Gil-Robles a Francisco Franco, 15-6-1962; Gil- Robles a Pedro Gómez Aparicio, director de la agencia Efe, 9-7-1962; Gil-Robles a Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación, 18-7-1962; «Informe sobre el congreso de Múnich», ACFEME, Fondo AECE, caja VII, carpeta 7.3. 439 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 213-215. 440 Por ejemplo, LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Europe as a Symbol: The Struggle for Democracy and the Meaning of European Integration in Post-Franco Spain», Journal of Contemporary European Research, vol. 10, nº 1 (2014), pp. 74-89; CRESPO MACLENNAN, Julio, «El europeísmo español en la época de Franco y su influencia en el proceso de democratización política», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Hª Contemporánea, t. 10 (1997), pp. 349-367; ZARATIEGUI, Jesús M., «El europeísmo como arma de oposición al franquismo (1956- 1962)», Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, nº 3 (2014), pp. 217-239; CAVALLARO, Maria Elena, «El europeísmo y la oposición desde el franquismo hasta la Transición democrática», en QUIROSA- CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (coord.), Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 381-394; ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando, «El europeísmo en España», Centristas, nº 7 (febrero 1975), pp. 22-24. 158 Madariaga441— permitió el cierre de una etapa histórica de enfrentamiento y la constitución de un frente común contra el mantenimiento de la dictadura. La confluencia entre ideologías enfrentadas, y hasta poco tiempo antes antagónicas, representada en el abrazo entre Gil-Robles y Rodolfo Llopis, sentaba las bases para el trabajo en común por el establecimiento de un nuevo régimen en el país. El propio Llopis comunicó a Joaquín Satrústegui que, pese al republicanismo del PSOE, no descartaba apoyar en el futuro una restauración monárquica si ello iba en beneficio de la democratización del país. En segundo lugar, ese encuentro se produjo en el marco de un congreso del Movimiento Europeo Internacional, entre personalidades relevantes de la política europea, y sus conclusiones se habían referido a las condiciones para la admisión de España en la CEE, que había sido solicitada escasos meses antes. Europa y el europeísmo cobraban así un valor «casi metapolítico», en palabras de Charles Powell442, al converger como objetivos exteriores tanto de la dictadura como de la oposición, y se evidenciaba una vez más que era el carácter antidemocrático del régimen franquista lo que alejaba a España de una Europa de la que estaba cada vez más necesitada, ya fuera en términos económicos, políticos o estratégicos. Además, la desmedida reacción del régimen frente a un acontecimiento que, en condiciones normales, hubiera pasado más bien desapercibido para la opinión pública española —el alcance social de las actividades de los grupos europeístas era por el momento muy reducido—, permitió dar a conocer a la población, aunque fuera a través del distorsionado lenguaje de la propaganda, los términos de las relaciones entre las Comunidades y España y los motivos del rechazo de ésta por aquéllas. La asociación entre democracia liberal e integración europea sería ya insoslayable para el régimen franquista y constituiría uno de los fundamentos del consenso político durante la transición. Así era percibido igualmente por el MEI, que no dejó de lado a los europeístas españoles ante las dificultades que siguieron al congreso de Múnich443. Con Gil-Robles en el exilio y Álvarez de Miranda recluido en Fuerteventura, la AECE se reorganizó nombrando presidente a Mariano Aguilar Navarro presidente y a Carlos María Bru Purón secretario general. Gradualmente fue retomando sus actividades, con el apoyo 441 «Discurso de Salvador de Madariaga en el IV Congreso del Movimiento Europeo», Múnich, 8 de junio de 1962, ACFEME, Fondo Gironella, caja I, carpeta 4. 442 En su ponencia contenida en SATRÚSTEGUI, J. et al. (eds.), Cuando la transición…, p. 28. 443 Informe de Robert van Schendel, «Les resonnances en Espagne de l’unité européenne», AHUE, ME- 1538. 159 económico del MEI y del Congreso por la Libertad de la Cultura, aunque dotándolas de momento de un perfil más bajo444. Por su parte, el CFEME se propuso reeditar en 1964 la reunión de los europeístas al objeto de aunar voluntades contra la nueva tentativa del Gobierno de Madrid de iniciar negociaciones con las Comunidades Europeas, esta vez para la firma de un Tratado comercial preferencial. La conferencia tuvo, sin embargo, un cariz más técnico y económico que la reunión de Múnich y se centró en el análisis por parte de especialistas europeos de la situación económica de España en relación con el Mercado Común445. La AECE y el CFEME prosiguieron su tendencia a la confluencia, aun cuando en sus relaciones alternaran la cooperación y la rivalidad. En 1964, a iniciativa de Madariaga y de acuerdo con Gil-Robles, el CFEME decidió su ampliación para incorporar una representación de los grupos europeístas democráticos del interior. Sin perder su identidad unitaria —seguía habiendo un único presidente y un único secretario general—, quedó funcionalmente dividido en dos cámaras, radicadas una en París y otra en Madrid446. Por otra parte, en 1965 la AECE ingresó apresuradamente en el MEI antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Asociaciones, que dificultaba la afiliación de asociaciones españolas a organismos internacionales. El MEI aceptó esta situación anómala en la que el ingreso no se realizó a través del CFEME, para descontento de Gironella, que reivindicaba el papel del CFEME como representante de todo el europeísmo español, no sólo el del exilio447. A fines de 1967 la AECE se incorporaría también, junto con el Instituto de Estudios Europeos de Barcelona, a la estructura interna del CFEME448. Otro motivo de tensión vino provocado por la decisión de Madariaga de abandonar la presidencia del CFEME en 1965. Los miembros del Consejo residentes en París elaboraron una nota de protesta contra los seis países miembros de la CEE por el inicio de negociaciones para la firma del acuerdo con España. Madariaga juzgó la nota defectuosa y poco afortunada, y presentó su dimisión alegando que su trabajo en 444 BRU PURÓN, Carlos Mª, El congreso por la libertad de la cultura y la oposición democrática al franquismo, ACFEME, Fondo AECE. CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 223-224. 445 «Project d’une conférence du Mouvement Européen sur l’association de l’Espagne au marché commun», AHUE, ME-2158. 446 ARRIETA ALBERDI, L., Estación Europa… op. cit., p. 313. 447 Gil-Robles a Van Schendel, 4-3-1965, ACFEME, Fondo AECE, caja VII, carpeta 7.1. Van Schendel a Álvarez de Miranda, 27-4-1965, ACFEME, Fondo AECE, caja VII, carpeta 7.2. Gironella a los miembros del CFEME, 18-3-1965, AHUE, ME-1538. 448 Acta de la Asamblea General del CFEME, 10-12-1967, Archivo Histórico del Nacionalismo Vasco (AHNV), EBB, K. 129, C. 10. 160 Oxford le impedía atender el trabajo cotidiano del CFEME en París con la suficiente atención. Con todo, la dimisión quedó finalmente en suspenso, pero se acordó que las funciones de coordinación en el CFEME y la responsabilidad de acudir a las reuniones del comité ejecutivo del MEI fueran asumidas por Rodolfo Llopis449. Desde la AECE se interpretó esta elección como una concesión excesiva al protagonismo de los partidos políticos —en este caso del PSOE—, con el consiguiente riesgo de instrumentalización del europeísmo por parte de éstos, en contradicción con la tradicional representación de corrientes más o menos amplias450. Sin embargo, por lo que se refiere a las posiciones adoptadas frente a la política del Gobierno español ante a las instituciones europeas, AECE y CFEME mantuvieron por lo general una línea coherente, si bien la AECE debía siempre adaptar el lenguaje de sus declaraciones a las condiciones del interior. Así, cuando en 1970 se firmó el Acuerdo comercial entre España y la CEE, la AECE emitió un comunicado en que se congratulaba por la firma del Acuerdo, reconociendo las ventajas económicas que se derivarían del mismo y el paso que suponía en la aproximación de España hacia Europa, pero señalando asimismo que el aspecto más importante de esta aproximación, el político, aún estaba por realizarse, y que no sería posible mientras no fueran removidos los obstáculos que lo impedían451. El CFEME, por su parte, envió una carta al propio Franco, de la que hizo llegar copias al MEI y a otros medios europeístas, en que desmontaba los argumentos con que la propaganda del régimen había presentado el Acuerdo como un éxito de la diplomacia española en sus relaciones con Europa, poniendo de manifiesto el cariz exclusivamente técnico de lo firmado, el hecho de que no comportara realmente ninguna forma de reconocimiento europeo al régimen —pues la CEE tenía acuerdos comerciales con otros países del Mediterráneo, en algunos casos con condiciones más ventajosas que las que le eran concedidas a España—, e incluso las dificultades que se derivarían para algunos sectores de la economía española, por su falta de preparación para afrontar la competencia exterior452. 449 ARRIETA ALBERDI, L., Estación Europa... op. cit., p. 314. 450 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 230-231. 451 «Declaración de la AECE sobre el acuerdo España-CEE», 9 de marzo de 1970, ACFEME, Fondo AECE, caja III, carpeta 3.4 452 «El Tratado Comercial no abre las puertas de Europa a España», diciembre de 1969, AHNV, EBB, K. 376, C3. Apéndice documental, doc. nº 5. 161 2.2. La legalización del Movimiento Europeo en la transición y la adhesión de España a la CEE Los años de la transición democrática estuvieron llenos de significado para el Movimiento Europeo español. Por un lado, el europeísmo cobró relevancia como interlocutor ante unas instituciones comunitarias que ejercerían un papel vigilante sobre el proceso político español. En segundo lugar, el cambio político permitió la legalización en España del Movimiento Europeo, la restructuración de las organizaciones europeístas existentes y la creación de otras nuevas. Y, en tercer lugar, los años de la transición y de los inicios del régimen democrático coincidieron con la solicitud española y posterior negociación para la adhesión a la CEE, en relación con la cual el europeísmo español trató de ejercer alguna influencia ante sus interlocutores europeos en la defensa de los intereses nacionales. Debe reconocerse, sin embargo, que en la agenda del Movimiento Europeo Internacional de los años setenta y ochenta las cuestiones referentes a España no figuraron por lo general en el primer orden de prioridades. De hecho, la crisis económica de los años setenta significó también una profunda crisis en el proceso de integración europea, y ante este escenario el MEI redefinió su papel de impulsor del europeísmo con nuevas propuestas —algunas de ellas de carácter radical—, que en algunos casos sentarían los precedentes para la reforma de los Tratados comunitarios a partir de los años ochenta. Así, por ejemplo, desde el congreso de Bonn de 1972 el MEI lanzó una llamada para recuperar el ideal de una unión política europea, con profundas reformas de las Comunidades en los planos institucional y económico- monetario y con la asunción de nuevas políticas, incluyendo una política exterior común. Las reuniones de jefes de Estado y de gobierno, celebradas con regularidad desde 1974, serían aprovechadas para la concertación de cumbres paralelas y manifestaciones populares de los grupos europeístas. Bajo la presidencia de Jean Rey, el MEI se empeñó en la reivindicación de la elección directa del Parlamento Europeo, alcanzada en 1979, el retorno del voto mayoritario como procedimiento decisorio ordinario al Consejo o la institución de una política regional de la CEE, cuestiones todas ellas objeto de debate entre los gobiernos del momento. La tensión entre realistas y federalistas volvió a sacudir la organización cuando se vio abocada a emitir un dictamen sobre el proyecto de una unión política a petición del primer ministro 162 luxemburgués, Léo Tindemans, quien elaboraba entonces su informe sobre la reforma de las Comunidades. En los años ochenta, bajo la presidencia de Giuseppe Petrilli, el MEI adoptaría una línea más claramente federalista. El proyecto de Tratado de la Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo en 1984 siguiendo la iniciativa de un grupo de eurodiputados bajo el liderazgo del veterano federalista Altiero Spinelli, sería un nuevo y poderoso catalizador de la acción europeísta; en junio de 1985, el MEI lograría reunir en Roma a más de cien mil personas en una gran manifestación popular en apoyo del Tratado, que preveía la creación de una Unión Europea con un gobierno propio elegido por el Parlamento Europeo453. Si bien la capacidad real del MEI para influir en las decisiones políticas en el marco intergubernamental seguía siendo escasa, todos estos hechos nos hablan de una intensificación de la actividad europeísta y de la voluntad de implicar a la opinión pública en el debate sobre el futuro de las Comunidades. Como veremos, la cuestión de la ampliación de éstas, y en particular la adhesión de España, fueron un asunto en relación con el cual se produjeron en el seno del MEI debates, se adoptaron posiciones y se llevaron a cabo actividades, pero conviene no dejar de lado cómo desde el punto de vista del europeísmo internacional la cuestión española se imbricaba en el asunto, mucho más amplio y complejo, de la creación de una nueva unión política. 2.2.1. El Movimiento Europeo en la transición. El traslado del CFEME a Madrid La crisis final del régimen franquista, la extensión de las actividades de la oposición tanto en el interior como en el extranjero y el recrudecimiento de la represión, con casos como el proceso de Burgos, la ejecución de Salvador Puig Antich, el secuestro de publicaciones, las sanciones a periódicos y revistas, el proceso 1001 o los fusilamientos de septiembre de 1975, definen un escenario en el que los grupos europeístas del interior, y en particular la AECE, se vieron más constreñidos por la presión gubernamental para el desarrollo de sus funciones, mientras que en el exterior el CFEME elevó el tono en su denuncia de la situación de España y en la petición de decisiones contundentes contra el régimen español por parte de diversos actores internacionales. 453 PALAYRET, Jean-Marie, «Il Movimento Europeo Internazionale e la battaglia per l’unione europea», en LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 743-781. 163 Del mismo modo, las instituciones internacionales reforzaron su atención sobre la situación de España454. Mientras las Comunidades Europeas negociaban la adaptación del acuerdo con España de 1970 a la ampliación a tres nuevos miembros tras el ingreso de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en 1973, y preparaban el terreno para un nuevo acuerdo en el que se incrementaran las rebajas arancelarias por ambas partes, tanto el Parlamento Europeo como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se mantenían vigilantes sobre los acontecimientos de España. En marzo de 1974 el Parlamento Europeo aprobó una moción con el apoyo de todos los grupos en que manifestaba su preocupación por el incremento de la represión en España y condenaba la violación de los derechos humanos en el país, aludiendo a que estas prácticas lo alejaban de la posibilidad de ingresar en la CEE455. En agosto del mismo año era el Consejo de Europa el que, tras el examen del informe presentado por el diputado democristiano italiano Giuseppe Reale, aprobó una resolución en que constataba la imposibilidad de que España se adhiriera a la organización456. Ahora bien, el cariz de las declaraciones emitidas por estas instituciones, de vocación representativa y de marcado carácter democrático, no prejuzga necesariamente la actitud de la CEE en su conjunto en relación con la cuestión española. De hecho, los años finales de la dictadura se dio un notable incremento de los intercambios comerciales entre España y la Comunidad, merced a la eliminación de barreras en el acuerdo de 1970, y así, la presión política conviviría en estos años con la aproximación económica. Como ha señalado Antonio Moreno, la voluntad de las instituciones europeas de impulsar la democracia en el país ibérico no siempre sería expresada de forma coherente y contundente, e intereses políticos y económicos de distinto signo se interpondrían con frecuencia en el papel de la Comunidad como promotora de la democracia457. 454 CONTRERAS, Delia, «Las relaciones de España y la CEE (1962-1979)», en POWELL, Charles T. y JIMÉNEZ, Juan Carlos (eds.), Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española, Madrid, Sílex, 2007, pp. 119-142. 455 Official Journal of the European Communities, Debates of the European Parliament, doc. 4/74, 14-3-1974. 456 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Report on Spain, doc. 3466, 25-8-1974. 457 Sobre este particular inciden los trabajos de MORENO JUSTE, Antonio, «La crisis de 1975 en las relaciones España-CEE: el papel de la cooperación política europea», Historia del Presente, nº 6 (2005/2), pp. 85-107; «Por fin Europa: La transición y el camino hacia la adhesión a la CEE», en FORNER, Salvador (ed.), Coyuntura internacional y política española (1898-2004), Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, pp. 177-199; «Interés europeo versus intereses nacionales: la compleja definición de una posición común de la CEE ante la España posfranquista», en NICOLÁS, Encarna; GONZÁLEZ, Carmen (eds.), Ayeres en discusión. Temas clave de historia contemporánea hoy, Murcia, Editum, 2008; GUIRAO, Fernando, «The European Community’s role in promoting democracy in Franco’s Spain, 1970-75», en VAN DER HARST, Jan (ed.), Beyond the Customs Union: The European Community’s Quest for Deepening, Widening and Completion, 1969-1975, Baden-Baden, Nomos Verlag, 164 En este sentido, los organismos que, como el MEI, se arrogaban la representación de importantes sectores de la opinión pública europea —junto con las internacionales de partidos y sindicatos y otros movimientos asociativos— tratarían de presionar a la CEE para que endureciera su política hacia España. En enero de 1975 la organización europeísta Réalités Européennes du Présent organizó un coloquio de dos días en Bruselas sobre L’Espagne nouvelle face à l’Europe, en la que, junto con unos sesenta representantes de diversos sectores de la sociedad civil europea, participaron treinta y un invitados españoles para debatir sobre las expectativas en las relaciones entre España y la Comunidad tras la muerte de Franco, y el mensaje dominante del encuentro fue que sin instituciones democráticas España no podría acceder a la CEE458. Por su parte, el CFEME trataría repetidamente de llamar la atención del MEI sobre la situación de España y de pedirle declaraciones públicas al respecto. Así, en el Congreso del MEI celebrado en Londres en 1973, donde en principio no estaba previsto tratar de cuestiones ajenas a las Comunidades, el CFEME logró que en la declaración final se incluyera una mención a que las puertas de la CEE debían seguir cerradas a los países dictatoriales, con expresa mención de España459. En algunos casos, desde el MEI se trató de hacer valer la capacidad de influencia de algunos de sus dirigentes en beneficio de las víctimas de la represión en España. En 1970 el ex ministro germano occidental de Asuntos Exteriores Walter Hallstein, a la sazón presidente del MEI, se dirigió por telegrama al Embajador español ante la CEE, Alberto Ullastres, para solicitarle en nombre del MEI la intercesión ante Franco en relación con los acusados en el proceso de Burgos460. En 1972, cuando el abogado Jaime Miralles, miembro del partido Unión Española y uno de los principales activistas de la AECE, fue detenido bajo la acusación 2007, pp. 163-193; y LEMUS LÓPEZ, Encarnación, «Entre la intervención y la supervisión. Las potencias occidentales ante el cambio político peninsular», en QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (coord.), Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 369- 380. 458 Los invitados españoles fueron Pedro Altares (periodista), Fernando Álvarez de Miranda, Rafael Arias- Salgado, José Manuel Arija (periodista), José Mario Armero, Fernando Baeza, Miguel Boyer, Manuel Broseta (profesor de Derecho de la Universidad Complutense), M. Camps (economista), Ignacio Camuñas, Antón Cañellas, Víctor Carrascal (abogado), Íñigo Cavero, Francisco Fernández Ordóñez, Antonio Fontán, Joaquín Garrigues Walker, Gironella, Luis González Seara, José Ramón Lasuen (economista), Miguel Martínez Cuadrado, Juan Millet (empresario), Raúl Morodo, Enrique Múgica, Joaquín Muñoz Peirat, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, Alejandro Rojas-Marcos, Miquel Roca, Santiago Roldán (economista), Mariano Rubio, Josep Sans, Luis Solana, Ramón Trias Fargas, Juan Tomás de Salas, Vincent Ventura, José Vidal Beneyto y Javiere Vidal Sario (empresario). «Réalités europoéennes du présent, colloque “L’Espagne nouvelle face à l’Europe”, vendredi 10 et samedi 11 janvier 1975», Archivo del Consell Català del Moviment Europeu (ACCME). 459 «Rapport des activités du Conseil Fédéral Espagnol au cours de la dernière année (mai 73 / juin 74)», p. 1, AHUE, ME-1539. 460 Telegrama de Hallstein a Ullastres, 17-12-1970, AHUE, ME-1539. 165 de propaganda ilegal y ofensa a un cuerpo del Estado461, el MEI realizó actividades de protesta a petición de Fernando Álvarez de Miranda462. El MEI participó asimismo en la oleada de protestas internacionales por los fusilamientos de septiembre de 1975: su secretario general, Robert Van Schendel, expresó a Alberto Ullastres la condena del europeísmo internacional por las condiciones en que habían tenido lugar los procesos contra los acusados, sin que se respetara su derecho a la defensa463. En la etapa final de la dictadura también la AECE se alineó más claramente con la oposición antifranquista, incrementándose con ello su exposición a sanciones gubernativas. En 1972, coincidiendo con el décimo aniversario del contubernio, emitió un comunicado reivindicando las conclusiones de la reunión de Múnich, que consideraba plenamente vigentes. Replicando a la triunfalista retórica oficial sobre el acuerdo de 1970, la AECE citaba declaraciones de diversos dirigentes europeos en el sentido de que España no sería admitida en la CEE sin que mediara una evolución democrática, y señalaba los perniciosos efectos que para la economía del país se desprenderían de no integrarse en las Comunidades: «Queremos llamar la atención de quienes se oponen en principio a esa evolución —que importa el reconocimiento de la pluralidad de opiniones ideológicas y programáticas, la total autonomía sindical y la previa libertad informativa—, sobre la extrema gravedad de su actitud para el futuro de España en los próximos años; pues, excluida nuestra patria de una Europa que constituye un proyecto de carácter supranacional, hoy ante una etapa decisiva, nos veremos afectados no sólo en el comercio exterior, balanza de pagos y estabilidad monetaria, sino, igualmente en la seguridad de empleo de nuestros trabajadores dentro del ámbito comunitario y protección jurídico-laboral de éstos. Y no se detendrán ahí las consecuencias negativas que habremos de padecer: ¿cómo planificar adecuadamente nuestro desarrollo —en particular el de aquellos sectores hoy más desasistidos o conflictivos, llámense agropecuario, minero, sanitario o educacional— sin poder contar con los recursos, técnicos y financieros, de la Comunidad? Piénsese, también en el desamparo en que quedaría nuestra investigación, a todos los niveles, marginada de los organismos que operan ya en la CEE o de aquellos cuya funcionalidad está prevista»464. En 1973 se renovaron los cargos directivos del CFEME. Tras la dimisión de Salvador de Madariaga de la presidencia en el mes de abril fue nombrado para la misma el nacionalista vasco Manuel de Irujo, uno de los más destacados activistas del PNV en 461 Debido a una nota enviada a varias autoridades con motivo de la muerte de un obrero en el momento de ser detenido por la Guardia Civil. 462 Álvarez de Miranda a Van Schendel, 20-4-1972; Van Schendel a Miralles, 28-4-1972; Miralles a Van Schendel, 3-5-1972, AHUE, ME-1539. 463 Van Schendel a Ullastres, 24-9-1975, AHUE, ME-1539. 464 «Declaración de la Asociación Española de Cooperación Europea ante la situación de España ante la CEE», Madrid, junio de 1972, AHUE, ME-1539. 166 el exilio465. También Gironella presentó su dimisión de la secretaría general, que había ejercido durante más de veinte años, y fueron designados en su lugar el socialista Pablo Castellanos, para el interior, y el militante de Acción Republicana Democrática Española (ARDE) Macrino Suárez, ministro de Economía en el gobierno republicano en el exilio, para el exterior. Se establecieron tres vicepresidencias en el exterior; para el socialista Carlos Martínez Parera466, el catalán Joan Sauret, entonces secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, y José María del Valle; y otras tres en el interior, de las que por el momento sólo fue designada la de Enrique Múgica por la corriente socialista. La admisión de la AECE al MEI, decidida en la década anterior, y la progresiva superación de los recelos ideológicos entre el europeísmo del interior y el del exilio (recelos que, con todo, aún habrían de manifestarse, sobre todo en relación con los aspectos operativos de la acción europeísta), permitieron que en los últimos años de la dictadura AECE y CFEME colaboraran más estrechamente. De hecho, algunos de los europeístas del interior fueron aceptados como sección del CFEME en el interior, y desde 1973 el Consejo vivió un debate similar al que en los mismos años conociera el PSOE, en torno a si el liderazgo debía mantenerse en el exilio o pasar a los activistas del interior, más familiarizados con la realidad cotidiana del país. En octubre de 1973 Gil-Robles propuso una profunda reorganización por la que el CFEME pasara a residir formalmente en el interior, y contara con dos presidencias paralelas, una en España y otra en París. La idea no era nueva: Gil-Robles y Gironella ya la habían presentado en 1965 y, ante la oposición de todos los grupos integrantes del CFEME, Gironella había presentado su dimisión, que no le fue aceptada467. También esta vez la propuesta fue rechazada tanto por el sector democristiano como por el liberal y el socialista. En su lugar la asamblea del CFEME aprobó una declaración de principios resaltando el carácter colectivo del CFEME, sin distinción jerárquica entre los miembros residentes en el interior y el exterior, y la importancia de promover acciones políticas conjuntas con otras fuerzas políticas y sindicales468. 465 Irujo a Van Schendel, 14-4-1973, AHUE, ME-1539. 466 Irujo a Madariaga, 9-10-1973, AHNV, EBB, K. 129, C. 10. Sobre la biografía de Martínez Parera, vid. el libro de recuerdos de su hijo, MARTÍNEZ COBO, José, Recuerdos fraternales: España desde el exilio, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009. 467 ARRIETA ALBERDI, L., Estación Europa… op. cit., pp. 314-315. 468 «Acta de la Asamblea General del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo celebrada el 6 de octubre de 1973», AHNV, EBB, K. 129, C10. 167 La breve presidencia de Irujo, entre 1973 y 1976, fue densa en acontecimientos tanto para la situación política española como para el europeísmo internacional y el español. En diciembre de 1974 la AECE quedó temporalmente suspendida por el Gobierno con la oportuna excusa de que sus estatutos no estaban adaptados a la Ley de Asociaciones de 1964469. Ello reforzó el papel del CFEME como aglutinador del europeísmo español, aunque la AECE continuaría existiendo formalmente, y una comisión integrada por Álvarez de Miranda, Joaquín Satrústegui, Vicente Ventura470 y Tierno Galván (quien tras su regreso de Estados Unidos se había incorporado a la AECE y trataba de constituir una asociación de federalistas europeos en España) se aseguraría de mantener los contactos con el resto de grupos471. La atención del MEI hacia España se intensificó en estos años, como lo hizo recíprocamente el interés de los europeístas españoles por participar en actividades internacionales. Irujo insistió ante Jean Rey, presidente del MEI desde 1972, en la necesidad de que éste se pronunciara con claridad contra el régimen franquista472. En paralelo, nuevas iniciativas se sumaban al trabajo europeísta de la oposición, como el boletín Europa, creado en 1973 por Manuel Riera Clavillé, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Europeos de Barcelona y que a la sazón impartía docencia en la Universidad de Perpiñán473. La posición de Irujo resultaría delicada por la dificultad de mantener posiciones equilibradas entre las diferentes corrientes integradas en el CFEME, cuyo espectro se había ampliado considerablemente en los últimos años, y entre las que se reflejaban algunas de las tensiones y rivalidades que se habían dado ya entre las fuerzas de la oposición democrática en otros escenarios. Por otra parte, Irujo había desarrollado su labor europeísta en el seno del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, controlado políticamente por el PNV, y en el que el europeísmo se concebía esencialmente como una estrategia al servicio del nacionalismo. Con todo, como presidente del CFEME trató de representar al europeísmo del conjunto del Estado en su asistencia a las 469 Nota informativa sobre la suspensión de actividades de la AECE, diciembre de 1974, AHUE, ME- 1539. 470 Periodista y fundador del Partido Socialista del País Valenciano en 1962, había estado en el congreso de Múnich y posteriormente exiliado en París. 471 CAVALLARO, M. E., Los orígenes… op. cit., pp. 240-241. 472 Irujo a Jean Rey [s. f.] (julio de 1974), telegrama de Irujo a Rey, 16-9-1974, AHNV, EBB, K. 129, C. 10. 473 Riera Clavillé a Van Schendel, 12-2-1973, AHUE, ME-1539. 168 reuniones internacionales de los diversos organismos del MEI474, algo que en la etapa anterior no siempre había sucedido con regularidad. El CFEME también se implicó ahora en mayor medida en los debates del MEI en torno a la unidad europea. En 1975 el primer ministro belga, Léo Tindemans, solicitó un dictamen del Movimiento Europeo en torno al proyecto de creación de una unión política europea, sobre el que Tindemans debía presentar un informe a petición de la cumbre de París de 1974. A su vez, el MEI pidió las reflexiones de los Consejos Nacionales. La aportación del CFEME subrayaría como rasgos fundamentales de una futura Unión Europea la consagración de las libertades individuales y de los pueblos, su papel protagónico en el mantenimiento de la paz o la institución de un tribunal de garantías constitucionales y de un senado federal europeo en el que estuvieran representadas las regiones475. Después de la muerte de Franco en noviembre de 1975, el CFEME atravesaría una etapa caracterizada por el surgimiento de controversias internas y dificultades para la adopción de líneas comunes de actuación en el plano europeísta, producto de las divergencias entre los proyectos políticos de las corrientes y partidos que lo componían. Sin embargo, seguía siendo una valiosa herramienta para la exigencia de reformas democráticas y para la realización de contactos internacionales, y, al mismo tiempo, sería visto por algunos dirigentes políticos europeos como un recurso para extender su influencia sobre parte de las que estaban llamadas a ser nuevas elites políticas en España en el futuro. Así, Robert Van Schendel se propuso aprovechar la celebración del congreso internacional del MEI en Bruselas en febrero de 1976 para realizar un pequeño Múnich, es decir, para reeditar la reunión de la oposición democrática de todas las tendencias y enviar un mensaje unitario a la Monarquía de Juan Carlos I y al Gobierno de Arias Navarro que tuviera gran resonancia internacional. Por ello el MEI autorizó una presencia de delegados españoles en el congreso superior a la que estatutariamente les correspondía, dejando que fuera el CFEME quien seleccionara a los participantes con el criterio de que estuvieran representadas no sólo las formaciones europeístas sino 474 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo… op. cit., p. 146. 475 Carta del CFEME a Jean Rey, 17-3-1975, AHUE, ME-1539. 169 también otras fuerzas políticas y sindicales, así como sectores económicos como la industria y la banca476. Acudió, por tanto, una nutrida delegación española, de más de cuarenta miembros, en la que figuraban personalidades vinculadas al europeísmo desde años atrás, representantes de diversas formaciones políticas y también algunos alumnos del Colegio de Europa de Brujas477. El congreso no tuvo, desde luego, la repercusión que en su día alcanzara la reunión de Múnich. Aunque el tema central del mismo era el proyecto de unión política europea y la reivindicación de un mayor peso para el Parlamento Europeo, las consideraciones sobre España no faltaron en los discursos de los delegados, y varios de ellos, como François Mitterrand o Willy Brandt, aludieron a la responsabilidad que incumbía a Europa en la democratización de España478. Por lo que se refiere a la delegación española, la idea de Van Schendel era que, como en Múnich, presentara una declaración conjunta que fuera aprobada por aclamación por el congreso. Sin embargo, esta vez no resultaría nada fácil poner de acuerdo a los congresistas. La reunión de los españoles se celebró en el local de la UGT en Bruselas, lo que hizo que algunos de los delegados con posiciones más conservadoras, como Joaquín Satrústegui, se negaran a asistir. El texto finalmente alcanzado decía: «Le Congrès de l’Europe déclare que seule une Espagne pleinement et effectivement démocratique pourra faire partie de l’ensemble des nations qui composent l’Europe communautaire. 476 «Nota sobre la entrevista del secretario general del Movimiento Europeo, señor van Schendel, con el secretario del Consejo Federal Español, que tuvo lugar el pasado día 10 de diciembre en París», AHNV, EBB K. 128, C. 5. 477 En representación del CFEME: Manuel de Irujo, José María Gil Robles, Xavier Alvajar, Heribert Barrera, Fernando Chueca Goitia, José Antonio García-Diego, Antonio García Duarte, Carmen García Robledo (tesorera del CFEME), Julián Gorkin, Carlos Martínez Parera, Gonzalo Nardiz (presidente del Consejo Vasco del Movimiento Europeo); Josep Pallach (miembro del Consejo Catalán y presidente de la Agrupación Socialista Democrática Catalana, Joan Sauret, Macrino Suárez, Luis Yáñez-Barnuevo. De la AECE: Íñigo Cavero, Jesús Prados Arrarte (vicepresidente del Partido Socialista Democrático), Joaquín Satrústegui. Del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica: Carlos Güell de Sentmenat (su presidente), Carlos Ferrer Salat, Martín González del Valle. De un grupo federalista recientemente constituido en Asturias: Mariano Abad, profesor de universidad; Ramón Díaz de Laspra, abogado, Adolfo Linero. Además, estuvieron en Bruselas Jordi Pujol; la princesa María Teresa de Borbón Parma, portavoz del Partido Carlista; Ignacio Camuñas, del Partido Demócrata Popular; Jaume Casanovas, secretario general de Esquerra Democràtica de Catalunya; Joaquín Maldonado, abogado; Andrés Márquez, técnico de Comercio exterior; Manuel Meana, vicepresidente de la Unión Europea de Federalistas; Rafael Spotorno, primer secretario de la Embajada de España en Bruselas; Ramón Trías Fargas, presidente de Esquerra Democràtica de Catalunya; Xavier Vela, presidente de la Cámara Joven de Barcelona, y los alumnos del Colegio de Europa Román Adrados Gautier, María Dolores Antón Gonzalo, Eduardo Calvete Álvarez de Estrada, César López Díaz, José María García-Albertos Pérez, Santiago Gómez-Reino, Álvaro Gómez-Tenor Aguilar, Fernando González Cantero, José Meseguer Reverte y Francisco Martí Torrents y su señora. «Lista definitiva de participantes», AHUE, ME-1685. 478 «El Movimiento Europeo, puerta de la oposición para la integración en Europa», Pueblo, 7-2-1976. 170 »Dans ce sens, le Congrès appelle de tous ses voeux la liberté immediate de tous les prisonniers et déténus politiques, le libre retour de tous les exilés, le rétablilssement des libertés d’expression, de réunion et d’association, la reconnaissance de tous les partis politiques et toutes les organisations syndicales sans aucune discrimination et le respect de la personalité, des droits et des libertés des différentes nationalités et communautés de l’État espagnol, afin que des élections libres puissent avoir lieu dans les plus brefs délais et qu’un gouvernement démocratiquement élu dirige les destinées de l’Espagne»479. La propuesta fue leída por Manuel de Irujo en el congreso e incorporada a las conclusiones del mismo, junto con una «declaración de simpatía» del presidente del MEI, Jean Rey, que insistía en la reivindicación de la restauración de las libertades públicas en España, añadiendo que, alcanzado ese objetivo, España podría incorporarse de pleno derecho a la comunidad de naciones democráticas de Europa480. Sin embargo, ni la resolución ni el congreso en sí sirvieron para proyectar una imagen de unidad en la oposición española. Afloraron por un lado las tensiones entre los adscritos a la Plataforma de Convergencia Democrática —entre los que figuraban la mayoría de los miembros del CFEME— y los que lo estaban a la Junta Democrática, como era el caso de varios de los españoles que acudieron al congreso a título individual481. A la vuelta del congreso, Martín González del Valle, barón de Grado y vicepresidente del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (CELECE), protestó ante Van Schendel porque entendía que deliberadamente se había tratado de proyectar la imagen de que el europeísmo español estaba bajo el liderazgo de los partidos de izquierda. Según su punto de vista, gran parte de los grupos españoles allí presentes formaban parte de la Junta Democrática y pretendían aprovechar el congreso para hacer una plataforma con fines de su propaganda política en el interior del país. Además, la prensa española había magnificado el efecto del discurso de Irujo en el congreso, cuando en realidad varios de los grupos asistentes, como el propio CELECE o el Partido Socialdemócrata Español, no se habían adherido a la declaración conjunta por rechazo personal hacia la figura de Irujo, ministro de Justicia en la República en 1936482. Por otra parte, desde la muerte de Franco Van Schendel venía insistiendo ante los responsables del CFEME en la conveniencia de trasladar el Consejo al interior, donde 479 «Projet de proposition de la délégation espagnole», AHUE, ME-1610. Apéndice documental, doc. nº 6. 480 «Déclaration de sympathie du Président», AHUE, ME-1610. 481 «Congreso de Europa: discusión a la española», Blanco y Negro, 14-2-1976. 482 González del Valle a Van Schendel, 2-3-1976. 171 la propaganda europeísta tendría más posibilidades de influir sobre la opinión pública483. El CFEME aprobó la idea en la reunión plenaria que celebró coincidiendo con el congreso de Bruselas, pero su aplicación quedó en suspenso. Pese a que el Euskazi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco veía en principio con buenos ojos el traslado, Irujo se resistió484. Tal como él lo interpretaba, el traslado supondría la pérdida de influencia de los políticos del exilio, permitiendo que la dirección del CFEME recayera en alguna organización supuestamente apolítica del interior, e indirectamente acabara bajo el control del Gobierno. Durante la primera mitad de 1976 —mientras duró el Gobierno de Arias Navarro—, Irujo se atuvo a la vieja tesis de Salvador de Madariaga de que el CFEME, aun teniendo presencia en el interior, debía mantener su dirección en el exilio, «igual que los mosquitos que viven en la charca pero siempre mantienen la cabeza fuera»485. Sin embargo, con el nuevo clima político creado tras la llegada al Gobierno de Adolfo Suárez y el comienzo del desmantelamiento real del régimen franquista, las familias políticas del CFEME acordaron que —ahora sí— había llegado el momento de ir a Madrid. En septiembre de 1976 visitaron a Irujo en París Joaquín Ruiz-Giménez, José María Gil-Robles, Juan Ajuriaguerra (del PNV) y Miquel Coll y Alentorn (de Uniò Democràtica de Catalunya) y lo convencieron para convocar una reunión del CFEME que decidiera el definitivo traslado486. Esa reunión tendría lugar el 27 de octubre, sin la participación de Irujo, que decidió por su parte abandonar el CFEME y mantenerse de momento en el exilio, ni la presencia de la corriente liberal. Los asistentes, de las familias democristiana y socialista, más representantes vascos487, decidieron que la siguiente reunión del CFEME tendría lugar en Madrid (en una sede del PSOE en el número 165 de la calle García Morato), donde se renovarían los cargos de la junta directiva y se daría inicio a una nueva etapa488. En efecto, el 10 de noviembre de 1976 se reunieron en la sede acordada diecisiete representantes de las corrientes democristiana, liberal y socialista, y de las secciones 483 Réunion du Conseil Fédéral du Mouvement Européen, Paris 25-26 juin 1976, Rapport du Secrétaire Général, AHUE, ME-2531. 484 ARRIETA ALBERDI, L., Estación Europa… op. cit., p. 316. 485 Irujo al Euskadi Buru Batzar, 25-6-1976, AHNV, EBB K. 128, C. 5. 486 Irujo a Antón Parera y Macrino Suárez, 27-9-1976, AHNV, EBB K. 128, C. 5. 487 José María Gil-Robles y Joaquín Ruiz-Giménez por la democracia cristiana, Luis Yáñez-Barnuevo, Carlos Martínez Parera, Carmen García y Manuel Simón (secretario de relaciones internacionales de la UGT) por parte socialista, Ajuriaguerra en representación vasca y Antón Cañellas en representación de los catalanes. 488 Acta de la reunión celebrada el 27 de octubre de 1976 por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, AHNV, EBB, K. 128, C. 5. Apéndice documental, doc. nº 7. 172 catalana y vasca. En primer lugar fueron designados los nuevos delegados de cada familia en el CFEME, a razón de cuatro delegados por cada tendencia489. Se aprobó por unanimidad que en lo sucesivo el comité ejecutivo del CFEME debería residir en el interior. Estaría formado por Miquel Coll i Alentorn, como presidente, Gil-Robles, Enrique Múgica (PSOE) y Paulino García Partida (Izquierda Republicana). Quedaban en manos del PSOE la secretaría general, con Luis Yáñez-Barnuevo, y la tesorería, con Carmen García. Se decidió asimismo la incorporación al comité ejecutivo de un representante de las organizaciones sindicales en la persona de Manuel Simón, secretario de relaciones internacionales de la UGT. Por último, se fijó una cuota de 10.000 pesetas por familia, consejo regional u organización sindical para hacer frente a los gastos de la organización490. Así pues, en esencia el CFEME mantenía la estructura en familias que lo había caracterizado desde sus inicios, y que originalmente reflejaba el equilibrio de fuerzas en el exilio antifranquista después de la guerra civil. Sin embargo, se apreciaba también cómo a la altura de 1976 el PSOE había adquirido en el consejo ejecutivo un peso mayor que el de otros grupos, en consonancia con la implantación que el partido estaba adquiriendo en la sociedad, y que el papel de los representantes liberales y democristianos tendía cada vez más a lo residual, en la medida en que estas ideologías no se estaban concretando en partidos fuertes en el mapa político de la transición. Por lo demás, en la reunión de noviembre se dejó en suspenso la cuestión de la admisión de nuevas entidades. Según una nota de la agencia Cifra, habrían sido los miembros del PSOE quienes habrían preferido postergar la ampliación del CFEME en función de la estrategia de acuerdos del partido491. En cualquier caso, tras ser informado de la reestructuración del CFEME, Van Schendel escribió a Yáñez-Barnuevo para manifestarle la urgencia de ampliar el consejo a nuevos miembros, refiriéndose en concreto a la AECE, entonces presidida por Fernando Álvarez de Miranda (y que, aunque teóricamente se había incorporado al CFEME en los años sesenta, no tomó 489 Fueron designados: por la familia democristiana, Joaquín Ruiz-Giménez, Ruiz Bonavall, Jaime Cortezo y José María Gil-Robles Gil Delgado; por la familia liberal Andrés Márquez, Juan de la Fuente Usero e Ignacio Camuñas, quedando otro nombramiento pendiente de designar por el Partido Demócrata Popular; por la tendencia socialista Fernando Baeza, Carlos Zayas, José María Triginer y Andrés Eguíbar; por el comité catalán Heribert Barrera, Antón Cañellas, Josep Pujol y Josep Pallach; los delegados vascos quedaron pendientes de designación. 490 «Acta de la reunión celebrada por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo el 10 de noviembre de 1976», AHNV, EBB, K. 128, C. 5. 491 Teletipo de la agencia Cifra, «Reconstituido consejo federal movimiento europeo», 171, Madrid, 10, AHNV, EBB, K. 128, C.5. 173 parte en la refundación en Madrid), al Comité Español de la LECE y al grupo federalista creado por Tierno Galván y Raúl Morodo, que en aquellos momentos trataba de ser reconocido oficialmente como sección española de la Unión Europea de Federalistas492. Comentando el contenido de esta carta, que el propio Yáñez-Barnuevo le hizo llegar, Martínez Parera interpretaría que el propósito de Van Schendel al animar al CFEME a trasladarse a Madrid era que éste «se hubiese “suicidado” y se hubiese convocado una reunión-asamblea de constitución de una nueva organización, en la que hubieran podido sus amigos situarse en los cargos de dirección», maniobra que habría fracasado gracias a la pericia del PSOE493. De todas formas, la admisión de nuevas entidades en el CFEME no se iba a demorar, si bien los principales partidos —en principio el PSOE, más tarde también la UCD— se asegurarían el control de los órganos directivos. En enero de 1977 eran admitidos formalmente el CELECE y la AECE. El CFEME aprobó entonces un primer plan de acción con el objetivo de darse a conocer en todo el país: celebrar un acto público de presentación, distribuir un folleto explicativo, tratar de intervenir en los medios de comunicación y realizar una visita al Consejo de Europa. El presupuesto con el que contaba era, sin embargo, escaso (de momento, sólo 70.000 pesetas procedentes de las aportaciones de las organizaciones miembros). Además, durante la primera mitad de 1977 la situación preelectoral haría que en la práctica la actividad del Consejo fuera escasa494. Después de las elecciones, configurado el nuevo mapa político del país, el CFEME iría progresivamente retomando su actividad, integrando cada vez más formaciones políticas y sociales y redefiniendo sus objetivos en el nuevo contexto democrático. Si a la hora de su fundación en Paris en 1949 su principal razón de ser era la reunión de fuerzas democráticas en el exilio y obtener el favor de partidos, organismos, gobiernos e instituciones europeas para la lucha contra la dictadura, en la nueva situación los objetivos fundamentales eran extender la conciencia europeísta entre la población, animar y participar en el debate sobre la integración europea y tratar de favorecer, en la medida de sus posibilidades, el proceso de adhesión de España a la CEE495. 492 Van Schendel a Yáñez-Barnuevo, 14-12-1976, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 493 Martínez Parera a Yáñez-Barnuevo, 5-1-1977, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 494 «Acta de la reunión celebrada por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo el 17 de enero de 1977», AHNV, EBB, K. 128, C.5. 495 Entrevista de Carlos Mª Bru Purón, presidente del CFEME entre 1982 y 1996 y entre 2004 y 2012, con el autor, 23-10-2009. 174 Para ello, a lo largo de 1977 y 1978 el CFEME se fue ampliando a nuevas entidades y miembros individuales. Fue admitida la Liga Española de los Derechos del Hombre, la autodenominada Unión Europea de Federalistas creada por José Vidal-Beneyto y, algunas incorporaciones a título individual496. Cuando el CFEME recibió la solicitud de adhesión de la UCD —en la que se habían integrado varios de los partidos que ya pertenecían al CFEME a través de las corrientes democristiana y liberal— y del Partido Carlista, se hizo evidente que la apertura a nuevas fuerzas políticas exigiría la elaboración de nuevos estatutos, en los que se superara la tradicional división en familias políticas497. El CFEME abordó la reforma de los estatutos desde el verano de 1978, pero el modo en que lo hizo de nuevo suscitó controversias entre los miembros. El 22 de junio fueron convocados a una reunión del CFEME miembros de partidos que todavía no habían sido formalmente admitidos en el mismo, como el Partido Liberal Progresista y el Partido Comunista de España. Aprobóse entonces una modificación estatutaria parcial que permitiera la admisión de estos partidos y, acto seguido, se celebró una reunión extraordinaria en la que esa admisión se hizo efectiva498. José María Gil-Robles, que desde 1976 sólo figuraba como vicepresidente suplente del CFEME y había reducido su colaboración con el mismo, dimitió de su cargo por su desacuerdo con la admisión del PCE499. Así justificaría su decisión en una carta de despedida a Robert Van Schendel: «Desde el momento en que el Consejo Federal Español ha admitido en su seno a partidos totalitarios como el comunista, absolutistas como el carlista, e híbridos como el de la UCD, nutrido de los restos del franquismo y de unos cuantos tránsfugas de la Democracia Cristiana, estimo que, como demócrata, debo apartarme de esa falsificación del verdadero europeísmo»500. Esta actitud sería, sin embargo, minoritaria, y en lo sucesivo la política del CFEME de ampliarse a organizaciones de ideologías diversas contaría con un respaldo amplio, garantizado por el hecho de que los principales partidos mantuvieran el liderazgo de la institución. Así, en julio de 1978 cesó en sus funciones Miquel Coll y fue nombrado 496 Carlos de Montoliú (miembro del CELECE, más tarde nombrado tesorero y posteriormente secretario general del CFEME), el empresario Eduardo Calvete Álvarez-Estrada y el científico Rafael Yun Cabrera. 497 Actas de las reuniones del CFEME, 18-1-1978 y 4-4-1978, Fundación Largo Caballero (FLC), Fondo de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI) 2197/1. 498 Actas de la reunión ordinaria del CFEME y de la reunión extraordinaria del CFEME, ambas celebradas el 22-6-1978 (a las 17 horas la primera, a las 19 horas la segunda), ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. Fueron admitidos el Partido Carlista, el Partido Liberal Progresista, la UCD y el PCE. 499 Gil-Robles a Coll i Alentorn, 17-7-1978, AHUE, ME-2505. 500 Gil-Robles a Van Schendel, 17-7-1978, AHUE, ME-2505. 175 presidente del CFEME Fernando Álvarez de Miranda, entonces diputado por UCD y presidente del Congreso de los Diputados. Como vicepresidentes quedaron Jaime Miralles, de la AECE, y José Vidal-Beneyto, y se asignó otra vicepresidencia a la UGT. La secretaría general pasó de Yáñez-Barnuevo al joven militante del PSOE Santiago Gómez-Reino, y para la tesorería se nombró a Carlos de Montoliú, del CELECE501. Otro cambio importante afectó al emplazamiento físico del CFEME. Desde su llegada a Madrid se había situado provisionalmente en una oficina del PSOE. Durante un tiempo se decidió que las reuniones tuvieran lugar en el domicilio del secretario general, pero finalmente, y como muestra de la confluencia que se había producido entre el CFEME y la AECE, ésta cedió a aquélla su domicilio social en el número 43 de la Gran Vía de Madrid. A partir de 1978 la política de ampliación del CFEME ya no conocería prácticamente restricciones. El masivo apoyo de la sociedad civil española y de sus instituciones representativas a la integración europea favoreció la entrada en masa de las organizaciones más dispares en el CFEME. Sólo se les pedía carácter democrático y vocación europeísta. Como decía un memorándum aprobado en 1978: «El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo constituye, en virtud de la heterogeneidad de las fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas que lo conforman, el único foro verdaderamente representativo en el que pueda tener lugar un debate amplio, profundo e imparcial sobre toda la problemática de la integración de España en la CEE. »[…] El CFE está formado por todas las fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas de carácter democrático y europeísta, integrando un espectro ideológico que abarca desde el centro-derecha hasta la extrema izquierda democrática. »La credibilidad de los planteamientos del CFE viene dada no sólo por ser un elemento integrador de todas las fuerzas democráticas y europeístas de nuestro país, sino también en tanto en cuanto sepa reflejar lo que existe de común en todas esas fuerzas, sin dar preeminencia a los intereses o puntos de vista de nadie, en cuanto a la construcción de una Europa unida y, como fase de esa construcción, a la integración de España en las Comunidades Europeas»502. Otro capítulo a abordar era el de la constitución legal del CFEME en España. Ésta se logró, merced a las gestiones de Jaime Miralles, en diciembre de 1978, a través de un acuerdo del Consejo de Ministros y una resolución del Ministerio del Interior de 501 «Acta de la reunión celebrada por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 17-7-1978, FLC, SRI 2197/1. 502 «Memorándum sobre los objetivos, actividades y medios de acción del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 6-11-1979, p. 1. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 176 acuerdo con la Ley de Asociaciones de 1964503. En su redacción final, los Estatutos aprobados señalaban que podrían formar parte del CFEME «aquellos partidos políticos representativos de las diversas corrientes políticas democráticas, los Comités de los pueblos, nacionalidades y regiones […], así como aquellas organizaciones económicas, sociales o culturales cuyos fines respondan a los objetivos del Movimiento Europeo y tengan un carácter netamente europeísta» (artículo 5º). También se podría cooptar a miembros individuales (art. 16º). La Asamblea General estaría compuesta por todos los partidos y organizaciones miembros, más los comités de pueblos, nacionalidades y regiones504 y un representante de los miembros individuales cooptados (art. 12º). A la Asamblea General le correspondería elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y a los representantes del CFEME en los órganos del MEI (arts. 14º y 15º). El Comité Ejecutivo, por su parte, sería el responsable de la gestión del CFEME, y estaría integrado por un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general, un tesorero y once vocales505. Seguidamente se aprobó un Reglamento de Régimen Interior que fijaba el modo de representación de los miembros en la Asamblea General: los partidos políticos no parlamentarios sólo contarían con un representante, mientras que los parlamentarios tendrían una presencia proporcional al número de sus escaños en el Congreso de los Diputados. Cada organización de carácter económico, social o cultural tendría un delegado, al igual que los miembros individuales, siempre que su número superara la cincuentena506. Resuelto este asunto, se abrió desde entonces la puerta a partidos políticos, sindicatos y organizaciones diversas cuyas solicitudes de admisión eran recibidas y aprobadas, provisionalmente primero por el Comité Ejecutivo, y de forma definitiva después por la Asamblea General. Dejando de lado por el momento algunas organizaciones europeístas menores que surgieron en estos mismos años dentro del CFEME y de las que nos ocupamos en el capítulo tercero de esta Tesis Doctoral, el CFEME aprobó el ingreso de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) 503 Resolución del Ministerio del Interior, Dirección General de Política Interior, Servicio de Asociaciones, dirigida a Fernando Álvarez de Miranda, 11-12-1978, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 504 En 1981 una reforma estatutaria sustituiría esta expresión por «Comunidades Autónomas». «Acta de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 22-12-1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 505 Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, «Estatutos», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 506 Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, «Reglamento de Régimen Interior», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 177 en agosto de 1958507; del Instituto de Estudios Europeos de Barcelona en octubre de 1978508; del Partido Socialista de Andalucía (PSA)509, de Alianza Popular510 y de la Unión Sindical Obrera (USO) en diciembre de 1979511; de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en 1981512; de la Asociación Europea de Ferroviarios en noviembre de 1982513; y del Partido Demócrata Liberal en marzo de 1984514. Más tarde se incorporaron también Comisiones Obreras y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Los partidos nacionalistas catalanes y vasco, por su parte, figuraban en los respectivos Consejos de esas regiones. Así, para cuando España entró en la CEE en 1986 la militancia en el Movimiento Europeo se había convertido en algo transversal a prácticamente todo el espectro político y las principales organizaciones de la sociedad civil. Un aspecto que resultó problemático en la legalización y normalización del CFEME fue el de su funcionamiento económico. En el momento de establecerse en Madrid, el Consejo no contaba más que con las exiguas aportaciones económicas de las organizaciones miembros —que sumaban en principio un total de 70.000 pesetas anuales— para hacer frente a un ambicioso programa que incluía viajes, publicaciones y organización de actos públicos. El CFEME encargó a su vicepresidente, Jaime Miralles, averiguar diferentes vías de financiación oficial a través de los ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores, pero con el compromiso de que el Consejo mantuviera su independencia respecto de cualquier organismo político que contribuyera a su financiación515. Álvarez de Miranda introdujo por su parte la cuestión ante los parlamentarios de UCD y PSOE de la Comisión de Presupuestos al objeto de obtener una subvención de cinco millones de pesetas, que sería concedida516. 507 «Acta de la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 8-8- 1978, FLC, SRI 2197/1. 508 «Acta de la reunión celebrada por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 13-10-1978, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 509 Bru a Ángel Benito, 21-12-1978, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 510 Álvarez de Miranda a Manuel Fraga, 21-12-1979, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 511 Álvarez de Miranda a Manuel Zaguirre, secretario general de la USO, 21-12-1979, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 512 Bru a Miguel Manaute, 4-6-1981, miembro de la Comisión Permanente de COAG, ACFEME, Movimiento Europeo. 513 Bru a L. Estévez Suárez, 30-11-1982, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 514 Bru a Antonio Garrigues Walker, 28-3-1984, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 515 «Acta de la reunión celebrada por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 13-10-1978, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 516 «Acta de la reunión celebrada por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 11-11-1978, FLC, SRI 2197/1. 178 El CFEME tuvo serios problemas para hacer frente a las cotizaciones que le correspondía realizar como entidad miembro del MEI. Cuando el CFEME estaba en el exilio las cotizaciones eran simbólicas517, pero a partir de 1979 fueron fijadas en 250.000 francos belgas anuales (equivalentes a unas 650.000 pesetas)518. A causa de sus repetidas dificultades para hacer los pagos en tiempo, a partir de 1981 la cuota del CFEME se redujo a la mitad, pero no por ello terminaron los problemas (en 1981 el CFEME sólo abonó 60.000 de los 125.000 FB que le correspondían)519. La correspondencia entre el CFEME y la tesorería del ME está plagada de reclamaciones por un lado y peticiones de rebajas y aplazamientos por otro520, hasta que en 1984 el comité ejecutivo del MEI accedió a condonar la deuda del CFEME, a la espera de que pudiera cumplir al menos con sus cotizaciones futuras521, cosa que, al menos a corto plazo, no consiguió (en 1985 el CFEME volvería a solicitar la condonación de una deuda de 250.000 FB)522. Por su parte, el CFEME solicitó repetidas veces del Ministerio de Asuntos Exteriores la elevación de la subvención anual, pero en vano523. Sí se obtuvieron subvenciones complementarias de diversa procedencia para fines concretos, como del Ministerio de Cultura, que aportó un millón de pesetas en 1983524, la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, que financió algunos de los actos públicos del CFEME525, o la Asamblea de Madrid, que puso 600.000 pesetas en 1985526. Pero, más allá de esto, durante toda la etapa posterior a su establecimiento en España la gestión económica del CFEME fue errática e incluso caótica. A fines de 1983 un informe interno detallaba las irregularidades en las que venía incurriendo: no tener libros- 517 En 1976, por ejemplo, la cotización fue de 500 francos belgas. Certificado de Robert Van Schendel, 26-6-1976, AHUE, ME-2260 518 «Cotisations des organisations membres», 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, AHUE, ME-2532. 519 «Cotisations des organisations adhérentes, situation au 31 décembre 1981», AHUE, ME-2532. 520 Van Schendel a Montoliú, 15-12-1980; Montoliu a J. H. C. Molenaar, tesorero del MEI, 1-9-1981; Caterina Chizzola, directora del MEI, a Álvarez de Miranda, 29-6-1982, AHUE, ME-2260. 521 Molenaar a Montoliú, 13-1-1984, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 522 Montoliú a J. H. C. Molenaar, 25-11-1985, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 523 Carta del CFEME a Raimundo Bassols, secretario de Estado para las Comunidades Europeas, 22-6- 1982; Bru y Álvarez de Miranda a Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores, 3-2-1983; Bru y Álvarez de Miranda a Miguel Boyer, ministro de Economía, Comercio y Hacienda, 9-2-1983, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 524 Presupuesto estimado de gastos, 1984, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. El CFEME y el Ministerio de Cultura firmaron un convenio de colaboración en abril de 1981 y crearon una comisión mixta cuyo objetivo central era «dar a conocer en España los valores que constituyen y conforman la cultura y la vida europea». «Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Consejo Federal del M. E.», Boletín informativo. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, nº 1 (julio de 1981), p. 10. 525 Por ejemplo, en 1982 le otorgó 300.000 pesetas para la organización de un acto sobre el 25º aniversario de los Tratados de Roma. Gian Paolo Papa, director de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, a Bru, 2-6-1982, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 526 Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, ingresos 1985, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 179 registros legalizados de actas, caja y socios; no haber modificado el límite de presupuesto anual fijado en sus Estatutos (500.000 pesetas) y no practicar retención alguna en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas en las retribuciones a sus colaboradores527. Definitivamente, el cambio de función asumido por el Consejo a raíz de la transición democrática había alterado por completo sus dinámicas de funcionamiento: disponía ahora de más recursos económicos, tenía más miembros, realizaba más actos públicos y contaba con el apoyo de las instituciones, pero esta situación más acomodada no había de redundar necesariamente en una gestión más eficiente que la que había tenido en el exilio, cuando sus objetivos se ceñían a la lucha antifranquista. 2.2.2. El Movimiento Europeo ante la adhesión de España a la CEE Como se ha dicho, uno de los objetivos fundamentales del CFEME a partir de su traslado y legalización en España fue el de favorecer la expansión de la conciencia europeísta en España y prestar su apoyo en las negociaciones para la adhesión a la CEE. El ya citado memorándum de noviembre de 1978 especificaba que «Por el hecho de que actualmente nuestro país no forme parte de la CEE, el CFE debe asumir como su principal objetivo, a corto y medio plazo al menos, el contribuir de forma fundamental al proceso de integración de España en la CEE. »En la consecución de tal objetivo, el CFE se encuentra en una situación privilegiada ante la opinión pública y ante el partido o partidos políticos que, por encontrarse en el poder, lleven a cabo las negociaciones de adhesión. »Independientemente de las acciones que realicen individualmente cada uno de los miembros del CFE, en las que se reflejen sus particulares puntos de vista, la acción del CFE debe tener un doble aspecto: »a) Una labor de difusión ante la opinión pública de la idea europeísta, del estado de la construcción europea y de la problemática de la integración de España en la CEE. »b) Constitución de un foro privilegiado en el que, a través de la organización de conferencias, congresos, exposiciones, publicación de obras y artículos periodísticos, los miembros del CFE debatan los aspectos políticos, económicos, regionales, sociales, etc. de la integración»528. Para activar este plan, el 29 de septiembre de 1978 una delegación del comité ejecutivo del CFEME, integrada por Álvarez de Miranda, Jaime Miralles, Gironella y Santiago Gómez-Reino, se entrevistó con el Ministro para las relaciones con las Comunidades 527 «Informe sobre la situación fiscal», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 528 «Memorándum sobre los objetivos, actividades y medios de acción del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 6-11-1979, p. 2, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 180 Europeas, Leopoldo Calvo-Sotelo, quien prometió al Consejo ayuda económica y también logística para la preparación de actos europeístas529. En sus primeras rondas de contactos tras su nombramiento, Calvo-Sotelo se entrevistó también con Van Schendel y con Georges Berthoin, elegido presidente del MEI en 1978. Para el Ministerio era importante garantizar el apoyo de instituciones como el MEI ante la apertura de las negociaciones para la adhesión a la CEE, y en este sentido la posición del Movimiento Europeo era inequívoca. Del mismo modo que había rechazado, de acuerdo con los europeístas españoles, toda aproximación de la España franquista a las Comunidades, después de 1977 defendería que, superado el obstáculo político con la desaparición de la dictadura, las puertas de las Comunidades se abrieran a España. Las contradicciones que pudieran existir en relación con determinados intereses económicos de países miembros no afectarían al discurso del MEI, aun cuando sí pudieran ser puntualmente introducidas por algunas secciones nacionales en los debates sobre la ampliación. En realidad, la ampliación de la CEE ocuparía un lugar relativamente menor en los debates del MEI de estos años, respecto de otras cuestiones de actualidad en las Comunidades como los diferentes proyectos de unión política (del informe Tindemans al proyecto de Tratado elaborado por el Parlamento Europeo), la elección por sufragio universal de la Asamblea de Bruselas o la implementación de nuevas políticas. Por otra parte, un aspecto de la ampliación susceptible de crear controversia era la previsible dificultad para profundizar en la integración política que se derivaría de implicar a un número mayor de miembros en el club europeo. En pleno debate sobre la eliminación de la unanimidad en el voto en el Consejo de Ministros y la aplicación del método comunitario y el juego de mayorías, la ampliación de las Comunidades a diez o doce miembros las haría más difícilmente gobernables. Pero tales argumentos apenas si tendrían alguna acogida: en 1976, Jean Rey, presidente entonces del MEI y ex-presidente de la Comisión Europea, ya había dicho, refiriéndose a varias propuestas de enmiendas a la declaración final del Congreso de Bruselas que pretendían cuestionar la posición del MEI sobre la ampliación de la CEE, que ampliación y refuerzo de las instituciones no debían entenderse como proposiciones opuestas sino recíprocamente favorables: 529 «Actas de las reuniones y actividades llevadas a cabo por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo entre el 29 de septiembre de 1978 y el 5 de octubre de 1978», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 181 «Qu’est-ce que nous avons pensé? Tout d’abord, que nous devions confirmer cette sympathie constant que nous avons eue pour les pays européens qui n’étant pas dans la Communauté désirent la rejoindre [...]. »En second lieu, nous avons eu un certain nombre d’amendements. Il y en a plusieurs dont le sens était celui-ci: prenez garde à ce que le renforcement des institutions de la Communauté ne rende pas l’élargissement plus difficile. C’est très curieusement un renversement de la situation que nous avons connue depuis bien longtemps, car depuis bien longtemps nous avons affirmé et la Commission notamment don’t j’étais membre et ultérieurement president, nous n’avons cessé d’affirmer que c’est précisément en renforçant les institutions de la Communauté que nous rendons son élargissement plus facile. »Il est inconcevable que notre Communauté devienne une communauté à dix, douze ou quinze et qu’en même temps nous conservions des institutions faibles, des mécanismes de décisions à l’unanimité et l’impossibilité de véritablement gouverner de façon efficace cette Communauté élargie. »On m’a chargé, en conséquence, de rassurer tous ceux qui avaient quelque inquiétude, le renforcement des institutions de la Communauté est une chose nécessaire en soi mais ce renforcement en lui même facilite et facilitera les décisions politiques d’élargissement de la Communauté […]. Je crois que dans ces conditions le problème n’est pas pour nous de voter sur des amendements, mais d’exprimer spécialement en ce qui concerne la Grèce, mais nous pensons de même avec les nuances que cela comporte, en ce qui concerne l’Espagne ou le Portugal, la volonté de ce Mouvement Européen est que l’élargissement de la Communauté se produise, se produise rapidement, avec des étapes, pourvu qu’il soit démocratique et qu’en même temps nous renforcions les institutions de la Communauté»530. Esta actitud se confirmaría a partir de 1977, cuando tras la celebración de las primeras elecciones democráticas el Gobierno español presentara oficialmente la solicitud de adhesión a la CEE y diera comienzo la fase de preparación de las negociaciones. En abril de 1978, después de que el Consejo de Ministros de las Comunidades aceptara la solicitud española, y mientras la Comisión Europea trabajaba en la recopilación de estadísticas sobre la economía española para la puesta en marcha de las negociaciones, el Consejo Federal del CFEME declaraba su satisfacción por las solicitudes de adhesión y su apoyo a las mismas, recordando que la ampliación de la CEE no debía retrasar la progresión hacia la unión política y que la entrada de nuevos miembros debía conducir a una aplicación genérica del sistema de voto mayoritario en el Consejo531. Siendo Francia el país cuyos estamentos políticos y grupos de presión manifestaran mayor inquietud respecto de los efectos sobre ciertos sectores de su economía, en esencia el agrícola, de la adhesión española, la postura de la Organisation Française du 530 «Déclaration de M. Rey sur l’élargissement de la Communauté», AHUE, ME-1611. 531 «Réunion du Conseil Fédéral, Paris 28-29 avril 1978, procès verbal», AHUE, ME-2532. 182 Mouvement Européen (OFME), presidida por el científico y ensayista Louis Leprince- Ringuet, era un importante elemento a tener en cuenta en los debates del MEI. Conscientes de ello, los hombres del CFEME tratarían de tender puentes con el Movimiento Europeo francés. En octubre de 1978, los franceses Philippe Heymann y Jacques van Helmont presentaron en la reunión del Consejo Federal del MEI un documento político invitando al MEI a reflexionar profundamente sobre los «importantes problemas» que planteaba la ampliación: por un lado, en relación con el funcionamiento de la Comunidad ampliada (en contradicción con el planteamiento citado de Jean Rey); por otro, en el plano económico, agrícola y social. El diferente grado de desarrollo de Grecia, Portugal y España respecto a la CEE haría indispensable, según los ponentes, una política regional ambiciosa de la CEE en ayuda de las regiones más desfavorecidas. También llamaban la atención sobre la importancia de fijar unos períodos transitorios prudentes para la rebaja de las barreras arancelarias en los nuevos miembros532. Si bien los diversos intereses nacionales no comprometieron en ningún momento la posición del MEI sobre la adhesión española, la preocupación por el equilibrio regional sí se incorporaría a su discurso, pues tanto el CFEME como otros consejos nacionales, en particular el italiano, lo incorporarían a la agenda de sus actos, conferencias y declaraciones sobre la ampliación de la CEE. En cualquier caso, el MEI continuó pronunciándose claramente a favor de la solicitud española. En octubre de 1979 expresó de forma simbólica este apoyo al celebrar la reunión de su Consejo Federal en Madrid, coincidiendo con unas jornadas internacionales organizadas por el CFEME sobre el tema533. En mayo de 1980 se incluiría una mención a favor de la ampliación en la declaración final del congreso internacional del MEI, celebrado en París534. Cuando las negociaciones atravesaron una fase de estancamiento, especialmente a partir de junio de 1980 como consecuencia de las declaraciones del 532 «Réunion du Conseil Fédéral, Paris 20-21 octobre 1978, procès verbal», AHUE, ME2532. 533 En esta ocasión el Consejo Federal del Movimiento Europeo adoptó la siguiente resolución: «Le Conseil Fédéral du Mouvement Européen, réuni à Madrid les 27 et 28 octobre 1979, »souligne l’mportance que revêt pour l’avenir de l’Europe l’élargissement de la Communauté Européenne; »considère que l’élargissement ne doit pas affaiblir la procédure de decisión prévue dans les Traités mais au contraire la renforcer; »demande aux parlements des pays membres de ratifier le plus tôt posible le traité d’adhésion de la Grèce à la Communauté suivant en cela l’exemple du Parlement grec; »et demande aussi aux gouvernements nationaux et aux institutions euroopéennes de la Communauté de montrer le maximum de bonne volonté pour que les négociations concernant l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aboutissent dans le plus proche avenir à une conclusión positive». «Reúnion du Conseil Fédéral, Madrid, les 27-28 octobre 1979, procès verbal», AHUE, ME-2030. 534 «Congrès du Mouvement Européen, Paris 9 mai 1980, Déclaration finale», AHUE, ME-1596. 183 presidente francés, Valéry Giscard d’Estaing en que condicionaba la aceptación de la adhesión española a la garantía de los intereses agrícolas franceses, el MEI se alineó con el CFEME en la denuncia de la situación. Como no podía ser de otra forma, el CFEME protestó enérgicamente contra las declaraciones del presidente francés, que consideraba «un grave atentado al proceso de construcción europea y a las relaciones amistosas entre los pueblos español y francés», y acusó a Giscard de divismo, nacionalismo egoísta y falta de voluntad europea535. El Consejo Federal del MEI, por su parte, deploraría el retraso de las negociaciones en sucesivas declaraciones, llamando la atención sobre la responsabilidad de la Comisión y del Consejo de Ministros en facilitar la consolidación democrática de España y Portugal a través de su admisión en la CEE536. La responsabilidad de Europa en la preservación de las jóvenes democracias ibéricas sería un argumento recurrente en la participación de los delegados del CFEME en las reuniones internacionales del MEI. La tentativa golpista del 23 de febrero de 1981 supuso un acicate en este sentido. Del mismo modo que el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando el golpe e instando a la Comisión y al Consejo a acelerar las negociaciones con España537, también el MEI, a través de su presidente Giuseppe Petrilli —designado en 1981— se apresuró a manifestar su compromiso con el régimen constitucional español (de hecho, el secuestro del Congreso de los Diputados por el teniente coronel Tejero afectó directamente a varios miembros del CFEME, incluido su presidente, Fernando Álvarez de Miranda, que también lo era del Congreso, pero a también Joaquín Satrústegui, Ignacio Camuñas y Nicolás Sartorius)538. Dentro de las estructuras del MEI, Robert Van Schendel fue un permanente aliado de los intereses de España. Tras abandonar la secretaría general y asumir la vicepresidencia del MEI en 1980, se mantuvo en estrecho contacto con el CFEME y con las otras organizaciones europeístas españolas con las que venía colaborando desde los años cincuenta. Pintor aficionado, en 1981 el CFEME gestionó con el Ministerio de Cultura la organización de una exposición de sus obras en el Círculo de Bellas Artes de 535 Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, junio de 1980, AHUE, ME-2505. 536 «Réunion du Conseil Fédéral, Strasbourg les 30-31 octobre 1981, procès verbal»; «Réunion du Conseil Fédéral, Bruxelles les 15-16 avril 1983, procès verbal»; «Réunión du Conseil Fédéral Bruxelles le 30 septembre 1983», AHUE, ME-2532. 537 Official Journal of the European Communities, Debates of the European Parliament, doc. 1-8/81, sesión del 13-3-1981. 538 «Informe de D. Carlos María Bru, secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, en la reunión de secretarios generales de los Consejos del Movimiento Europeo», Bonn 9 de abril 1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 184 Madrid. A todo lo largo de la transición y de los inicios del régimen democrático había visitado repetidas veces el país, entrevistándose con dirigentes de partidos y organizaciones sociales. En 1981 volcó el acervo acumulado en estos contactos en un profuso informe de una treintena de páginas sobre Las actitudes de los medios políticos y socio-económicos españoles ante las perspectivas de adhesión de España a la Comunidad Europea539, en el que interpretaba las motivaciones de los diversos sectores políticos y socioeconómicos en relación con la cuestión europea. El informe comenzaba por recordar la trayectoria histórica del europeísmo español desde el comienzo del régimen franquista y el papel que cumplió en la proyección exterior de la oposición democrática, destacando en ese sentido los acontecimientos de 1962 como punto de inflexión. Describía, a continuación, la actitud prácticamente unánime de partidos, organizaciones sindicales, patronales, medios de negocios, universidades etc. a favor de la adhesión a la CEE durante la transición, señalando cómo en algunos casos esta postura respondía a una tradición heredada del exilio (PSOE, PNV, UGT, izquierda catalana, fuerzas republicanas), en otros procedía de la experiencia de la oposición desde el interior (democristianos, liberales, socialdemócratas y algunos autonomistas regionales), y en otros casos era producto de una conversión reciente (PCE y Comisiones Obreras). En cuanto a la UCD y Alianza Popular, fuerzas que consideraba «emanadas del franquismo», y cuyos representantes podían haber tenido recelos frente a la CEE en la etapa anterior, entendía que la transición había hecho desaparecer esos recelos en la medida en que las Comunidades ya no cuestionaban el régimen político español540. En cualquier caso, llamaba la atención de Van Schendel que los motivos invocados públicamente por estas fuerzas a favor de la adhesión fueran en su mayor parte de orden político y ético, en relación con la pertenencia histórica y cultural de España a Europa y la afirmación, repetida durante la dictadura, de que eran los obstáculos políticos los que impedían a España acceder a la CEE. Los aspectos económicos quedaban en segundo plano para los partidos políticos, mientras que los sectores económicos menos competitivos se mostraban más recelosos de los efectos de la adhesión. Apreciaba Van Schendel que desde el final de la legislatura constituyente en 539 VAN SCHENDEL, Robert, «Étude sur les attitudes des milieux politiques et socio-économiques espagnols à l’égard des perspectives d’adhésion de l’Espagne à la Communauté Européenne», 1981, AHUE, ME-1826. 540 Ibíd., pp. 12-13. 185 1979, y con ella del ciclo de consenso político de la transición, las negociaciones con la CEE se habían introducido en la agenda de controversias entre el Gobierno y los partidos de la oposición. Las dificultades técnicas y económicas de las negociaciones habían favorecido que éstas se convirtieran en objeto de debate, y empezaba a cundir cierta desconfianza en la actitud con que la CEE acogía a la España democrática. Van Schendel alertaba asimismo del incremento de actitudes antifrancesas. Con todo, consideraba que seguían vigentes seis razones profundas en la voluntad de adhesión española, a saber: la conciencia de tener el derecho moral a ser reconocidos como parte integrante de Europa, tras haber sido rechazados por razones políticas; la visión de la adhesión como una oportunidad para el definitivo anclaje de España en el mundo democrático y occidental; la concepción de la CEE como una comunidad política de destino, más allá de la mera integración económica; la voluntad de integración política, sin que ningún partido importante se manifestara en contra de la comunitarización de políticas y la cesión de soberanía, para hacer de Europa una potencia mundial; la aportación española a una concepción mundial de la política europea, favoreciendo, gracias a su historia y a su situación estratégica, una mayor proyección hacia América Latina y los países árabes. Pero Van Schendel señalaba igualmente la aparición de una serie de problemas en relación con la adhesión, tal como los percibía la opinión española. Por un lado, la estrategia negociadora del Gobierno cada vez suscitaba más críticas, discusiones y divisiones. Cundían las acusaciones de cinismo hacia la CEE por sus posturas negociadoras con España, agravados por los diversos problemas bilaterales entre España y Francia (sobre todo los relativos a la actitud del Gobierno francés ante la actividad de la ETA). A ello se sumaba el debate sobre la adhesión a la OTAN, que iba adquiriendo tonos cada vez más acerbos. En cuanto a los problemas económicos, Van Schendel detectaba una insuficiente atención hacia ellos por parte de la opinión pública, que tendía a caer en la simplificación que presentaba a la Comunidad como egoísta e insolidaria con las justas aspiraciones españolas. La patronal sí se había movilizado en la defensa de intereses concretos, como evitar períodos de transición demasiado breves en los sectores en que las empresas españolas eran menos competitivas, o retrasar lo máximo posible la aplicación del IVA. En cualquier caso, todos los medios estaban de acuerdo en lamentar la lentitud de las negociaciones y el hecho de que no se contara todavía con una fecha fijada para la adhesión. 186 De este perspicaz análisis de la opinión española frente a la CEE, era la posible quiebra del consenso europeísta como consecuencia del retraso en la adhesión el aspecto que más preocupaba a Van Schendel. Consciente igualmente de la existencia de ese peligro, el CFEME trató de conjugar la defensa y reivindicación de los intereses nacionales de España —al fin y al cabo, sus máximos dirigentes pertenecían a los partidos que ejercieron en estos años el gobierno de la nación— con la promoción del espíritu europeísta y con la formación para un mejor conocimiento popular de la realidad de la CEE. En relación con el debate partidista sobre el modo en que se estaban llevando a cabo las negociaciones, el CFEME adoptó, como no podía ser de otra manera, una actitud neutral e incluso conciliadora. En sus declaraciones evitó sumarse a las críticas de la oposición, sin incurrir por ello en discursos triunfalistas. Ante los obstáculos y los retrasos en la negociación, el discurso del CFEME apelaría a la unidad y al esfuerzo colectivo541. Cuando en 1984 se agudizaron las invectivas de los partidos y de algunas organizaciones —en especial la CEOE— por las concesiones que, en su opinión, estaría realizando el Gobierno de Felipe González frente a la CEE al objeto de concluir la adhesión antes del final de la legislatura, como era su compromiso electoral, emitió el CFEME un comunicado en que afirmaba: «No nos inquietan algunas voces que se empiezan a escuchar acusando al Gobierno de utilizar nuestra adhesión a la CEE como una operación partidista y denunciando a los negociadores españoles como servidores de intereses ajenos. No se tiene esa impresión desde el Movimiento Europeo; y en Bruselas se piensa que España negocia duro y, a veces, hasta muy duro. »En todo caso, debemos estar atentos a que nadie enturbie lo que afecta al interés nacional, porque tan inadmisible sería que el Gobierno pusiera por encima de todo sus designios electorales, como que la oposición enturbiara nuestro ingreso en Europa por peleas de campanario»542. En lo que sí se implicó el CFEME fue en tratar de interceder a favor de la causa española ante diversos interlocutores europeos, especialmente aquellos relacionados con el europeísmo internacional543, y en promover actividades que permitieran el encuentro y el diálogo entre sectores socioeconómicos concernidos por la adhesión a la 541 ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando, «Unidos por Europa», El País, 17-2-1984. 542 «Comunicado del CFEME ante el resultado de la cumbre de Fontainebleau», 1984, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 543 Véase, por ejemplo, el telegrama de Álvarez de Miranda a Van Schendel de 30-8-1978, AHUE, ME- 2505 en que le ruega transmita a la Comisión Europea la protesta del CFEME por la expulsión de los pescadores españoles del Mar del Norte como consecuencia de la aplicación por la CEE del principio de zona económica exclusiva a las 500 primeras millas de sus literales costeros. 187 CEE y cuyos intereses al respecto pudieran ser contrapuestos. De hecho, uno de los primeros objetivos del CFEME tras su establecimiento en España fue celebrar una gran conferencia internacional, con presencia de representantes de sectores socioeconómicos de diversos países, para discutir sobre todos los problemas relacionados con la adhesión. Así, después de varias tentativas frustradas por la prioridad de los asuntos de política interna en 1977 y 1978, los días 26 y 27 de octubre de 1979 se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid la conferencia España en Europa544. Más de 350 delegados representaron a organizaciones europeístas (MEI, Consejo de Municipalidades de Europa, Asociación Europea de Enseñantes, Liga Europea de Cooperación Económica, Juventud Europea Federalista, Unión Europea de Federalistas, Movimiento Liberal por la Europa Unida, Gauche Européenne), secciones nacionales del Movimiento Europeo (británica, italiana, francesa, alemana, maltesa, belga, griega, gibraltareña, luxemburguesa, sueca), Embajadas (británica, irlandesa, austríaca), instituciones de la CEE, Comunidades Autónomas, partidos políticos, sindicatos españoles y extranjeros, fundaciones (como la Ebert), empresas y universidades. Con ocasión de la conferencia, el Comité Ejecutivo Internacional del MEI sería recibido en audiencia por el Rey Juan Carlos545. Por sus dimensiones y sus características, la conferencia no era el escenario para la discusión de problemas técnicos específicos en las relaciones entre España y la CEE, sino más bien para mostrar un amplio respaldo del europeísmo internacional a la candidatura española, y a ese objetivo apuntaron los discursos tanto de los ponentes españoles (Daniel de Busturia habló sobre los aspectos económicos de la adhesión; Miguel Martínez Cuadrado, de la junta directiva de la AECE, sobre los políticos; José Vidal-Beneyto sobre los culturales; y Carlos María Bru pronunció la ponencia Europa, lugar de humanidad) como de los extranjeros. Las conclusiones del encuentro, recogidas por la prensa, valoraban el impacto positivo que la adhesión de España tendría para la CEE, al reforzar la identidad política europea y su prestigio interior como ente promotor de la democracia, pero también al darle la oportunidad de reequilibrarse en términos de norte-sur, de reformar sus instituciones para hacer frente a los nuevos desafíos y de convertirse en un factor de estabilidad en las relaciones internacionales. 544 Van Schendel a Marcelino Oreja, Ministro de Asuntos Exteriores, 28-11-1977; Oreja a Van Schendel, 6-12-1977; Van Schendel a Coll i Alentorn, 13-3-197; Coll i Alentorn a Van Schendel, 29-3-1978, AHUE, ME-2505. 545 Movimiento Europeo. Conferencia en Madrid «España en Europa», 26-27 octubre 1979, Madrid, 1980. 188 Los asistentes manifestaron su apoyo a la candidatura española y expresaron su confianza en que ésta fuera acogida con solidaridad y no se viera frustrada por intereses cortoplacistas. También se habló de la necesidad de adoptar medidas en favor de los trabajadores españoles emigrados a países de la CEE546. El CFEME celebró también varios encuentros bilaterales con otras secciones nacionales del Movimiento Europeo al objeto de asentar posiciones comunes respecto de los problemas planteados por la adhesión española. Lógicamente, estos encuentros eran particularmente convenientes con aquellos países que acogieran con mayores reticencias la solicitud española o que se vieran enfrentados con problemáticas similares a las españolas. Así, en junio de 1980 se celebró en Roma un encuentro entre el CFEME y el Consejo Italiano del Movimiento Europeo547. Con el giscardazo aún reciente (las incendiarias declaraciones de Giscard d’Estaing sobre España habían tenido lugar sólo dos semanas antes), el presidente del Consejo Italiano, Giuseppe Petrilli, acusó al presidente francés de descuidar el empeño moral que correspondía a las Comunidades ante las jóvenes democracias española y portuguesa, y de tener una concepción meramente mercantil de la integración europea. Al final del encuentro las dos delegaciones aprobaron un comunicado en que expresaban su preocupación por la posición del gobierno francés, recordaban que la dilación de las negociaciones con España y Portugal podía poner en peligro la estabilidad institucional de ambos países, e invitaban a los órganos internacionales del MEI a abordar la cuestión de la ampliación con la perspectiva amplia e integradora que le era propia y a no dejarse confundir por argumentos de corte nacionalista que presentaban la entrada de nuevos países en la CEE como una amenaza para la profundización en la integración europea548. Mas sin duda era el Movimiento Europeo francés, en el que estaban representadas la mayoría de las fuerzas políticas del país, ante el que más conveniente se presentaba la realización de acciones que permitieran mostrar una convergencia de posiciones en apoyo de la ampliación de la CEE. En 1979 la OFME anunció su intención de celebrar en París un congreso sobre la ampliación de la CEE. Posteriormente la idea se recondujo hacia un coloquio franco-español sobre el mismo tema, en el que se contara 546 «España reforzará la identidad política de Europa», ABC, 28-10-1979. 547 Por parte española participaron el presidente, Álvarez de Miranda; el secretario general, Bru; todos los vicepresidentes (José María Zufiaur, José Vidal-Beneyto y Jaime Miralles), más Gironella, José Luis Alonso (senador), Ernest Lluch, Antonio López Agudín, Miguel Satrústegui, Julen Guimón y Xavier Aguirre, diputado de UCD. 548 Encuentro entre las delegaciones de los Consejos Italiano y Español del Movimiento Europeo, Roma, 20 de junio de 1980, AHUE, ME-1798. 189 con la presencia de dirigentes políticos de primer nivel por ambos lados549. En septiembre de 1980 las dos asociaciones mantuvieron una reunión en París con el objeto de establecer con claridad la finalidad del evento y qué resultados se esperaban del mismo, en un momento especialmente delicado para las relaciones hispano- francesas550. En un memorando elaborado para la ocasión, el CFEME planteaba que ambas organizaciones compartían una misma visión de la integración europea, cuyo objetivo final había de ser la constitución de una federación, respaldada por un parlamento y con un poder judicial europeo. Ese ideal federalista debía ser también, por tanto, la vía para la solución de los contenciosos que se habían planteado entre España y Francia en los últimos tiempos, y en particular en relación con los efectos de la adhesión española a la CEE para la agricultura francesa. Según el documento del CFEME, ciertos problemas del sur de Francia, como la dependencia de la producción agrícola y la obsolescencia de la industria, eran compartidos también por regiones españolas, lo que debía llevar a ambas partes no a competir sino a buscar soluciones comunes en el seno de la CEE. El problema debía abordarse desde una perspectiva técnica, y no como una cuestión nacional. OFME y CFEME debían combatir las tendencias nacionalistas de sus respectivos países (que se estaban dando también en otros Estados miembros de la CEE en el contexto de crisis económica), reconociendo que, en este sentido, las circunstancias en España eran más complicadas, por la juventud de su democracia y por las esperanzas puestas por la población durante tanto tiempo en la Comunidad Europea, que no debían ser frustradas ahora551. En la reunión se decidió que el coloquio tendría lugar en Madrid en enero de 1981. El tema sería España y Francia ante la ampliación de la CEE, y estaría dividido en tres áreas: aspectos políticos, aspectos económicos y aspectos sociales, siendo cada uno de ellos abordado por un informador español y otro francés, cuyos textos habrían sido distribuidos previamente, para que se produjera después un debate y se alcanzaran unas conclusiones. Participarían, además, unos veinte delegados franceses, procedentes de las instituciones del país, de las organizaciones europeístas y de las instituciones europeas, y 549 Philippe Bertrand, secretario general de la OFME, a Bru, 26-6-1980; Bru a Bertrand, 2-7-1980, AHUE, OFME-77. 550 Bru a Bertrand, 24-7-1980; Leprince-Ringuet a Bru, 6-8-1980; Bertrand a Bru, 1-9-1980; Bru a Bertrand, 11-9-1980, AHUE, OFME-77. 551 Memorando del CFEME para la reunión con la OFME, septiembre de 1980, AHUE, OFME-77. 190 una cuarentena de españoles552. La OFME designó como ponentes a Pascal Fontaine, maître de conférences del Institut d’Études Politiques y de la École Polytechnique, para el aspecto político; a Joseph Lajugie, vicealcalde de Burdeos, para el aspecto económico; y a Charles Cortot, miembro del Comité Económico y Social de la CEE y secretario general de la Fédération de Force Ouvrière des Mineurs, para el social553. El CFEME designó, por su parte, a Miguel Martínez Cuadrado, miembro de la Junta Directiva de la AECE y profesor de Derecho Político de la Universidad Complutense, para el tema político; a Carlos Díaz Eimil, vocal asesor para asuntos agrarios del Ministerio para las relaciones con la CEE, para el tema económico; y al sociólogo Víctor Pérez Díaz, profesor en varias universidades, para el social554. Más allá del contenido de las diversas ponencias, es interesante comprobar la voluntad conciliadora de las conclusiones aprobadas para cada una de las sesiones, producto de las ponencias y de los debates mantenidos por los asistentes, entre los que se contó el Ministro español para la CEE, Eduardo Punset. En relación con la cuestión económica, por ejemplo, la organización francesa reconoció que la adhesión española a la CEE habría de resultar beneficiosa para ambas partes. Sin embargo, el CFEME admitió asimismo que el acuerdo comercial hispano-comunitario de 1970, todavía en vigor, desequilibraba las relaciones comerciales en beneficio de España. Ambas partes acordaron que serían necesarios períodos transitorios, cláusulas de salvaguardia y medidas de reconversión económica para evitar un shock demasiado brusco en ciertos sectores de la economía española. En el aspecto social, España debería modernizar su legislación laboral y los países de la CEE mejorar los acuerdos bilaterales con España en relación con los trabajadores migrantes. La OFME asumía que la adhesión de España conllevaría la libre circulación de sus trabajadores, pero reivindicaba en contrapartida medidas de desarrollo regional que permitieran paliar las dificultades de aquellas regiones con mayor nivel de desempleo y más propensas a la salida de emigrantes. En cuanto al aspecto político, acaso el más importante en una coyuntura marcada por la práctica detención de las negociaciones por la actitud del gobierno francés, las dos delegaciones se comprometieron para trabajar por el entendimiento entre los dos países, tanto en el ámbito gubernamental como en el de las organizaciones 552 Correspondencia entre Bru, Bertrand, Álvarez de Miranda y Leprince-Ringuet, septiembre-octubre de 1980, AHUE, OFME-77. 553 Bertrand a Bru, 28-10-1980, AHUE, OFME-77. 554 Bru a Bertrand, 18-11-1980, AHUE, OFME-77. 191 sociales555. También confluyeron en la necesidad de que la Comunidad reforzara sus recursos para desarrollar políticas basadas en la solidaridad entre los miembros, y expresaron su fe en la integración política de Europa, en la creación de una política común de defensa y en el fortalecimiento del papel de Europa en la comunidad internacional. Las reticencias burocráticas que hasta el momento presidían las negociaciones con España y las susceptibilidades nacionalistas que venían caracterizando las relaciones hispanofrancesas no tenían cabida en la optimista visión que sendas secciones nacionales del Movimiento Europeo expresaban para el futuro de Europa556. Aparte de las mencionadas, fueron numerosas las actividades llevadas a cabo por el CFEME para discutir con diversos interlocutores europeos los aspectos más controvertidos de la adhesión de España a la CEE, en algunos casos como instrumento al servicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se valía de las organizaciones europeístas como vía alternativa para la búsqueda de acuerdos o apoyos en relación con cuestiones delicadas. Por citar algunos ejemplos, en mayo 1981 el CFEME celebró un nuevo encuentro con el Consejo Italiano del Movimiento Europeo, esta vez para debatir sobre la política mediterránea de la CEE557. En diciembre de 1984 el CFEME organizó una cena con los diez Embajadores de los Estados miembros de la CEE y representantes de partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales españolas558. En febrero de 1985 Carlos Bru presentó en el congreso Europa ante los desafíos del futuro, celebrado en Roma, una ponencia en la que reivindicaba el poder constituyente del Parlamento Europeo en el contexto de la reforma de los Tratados pero, sobre todo, reclamaba el derecho de los países candidatos a la adhesión a asociarse al proceso a través de la presencia de delegados en el Comité Dooge y en la Comisión Institucional del Parlamento Europeo559. En noviembre de 1985 se reunieron en Lisboa los Consejos Español y Portugués del Movimiento Europeo para tratar en un 555 De hecho, en los años siguientes se celebrarían más encuentros de este tipo, enfocados a abordar problemas sectoriales por parte de los grupos más directamente afectados. Así, en marzo de 1984 tuvo lugar en la sede del CFEME en Madrid un encuentro en la sección de Toulouse de la OFME y representantes de organizaciones agrarias y del gobierno español para discutir sobre el factor agrícola en la adhesión de España. 556 España y Francia ante la ampliación de la Comunidad Europea. Jornadas Hispano-Francesas del Movimiento Europeo, Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, 1981. Apéndice documental, doc. nº 8. «España debe estar asociada a la reforma, actualmente en curso, de las Comunidades Europeas», El País,, 23-1-1981. «Eduardo Punset tiende la mano a Raymond Barre», Diario 16, 23-1-1981. 557 Circular del CFEME, 27-4-81, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 558 Informe sobre la reunión con los Embajadores de la CEE, 20-12-1984, FLC, SRI 1923/8. 559 BRU, Carlos Mª y ALDECOA, Francisco, «La reforma institucional de la Comunidad Europea y los países candidatos», Arxiu Històric Ferran Camps (AHFC). 192 seminario las consecuencias sobre las relaciones hispano-lusas de la incorporación de ambos países a la CEE560. Como ya había sucedido durante los años del exilio, el CFEME desempeñó un papel relativamente menor en los debates teóricos del MEI en torno a los problemas contemporáneos de la integración europea. A pesar de que en 1981 Álvarez de Miranda fue nombrado vicepresidente el Comité Ejecutivo del MEI561, al menos hasta 1986 las prioridades de acción del CFEME estuvieron en todo lo relacionado con la adhesión española a la CEE, y no tuvo un papel protagonista en los debates en torno a la reforma de las instituciones comunitarias. Sí hubo, con todo, iniciativas relevantes en relación con algunos temas, como las dimensiones cultural y defensiva de la integración europea. En julio de 1983 el CFEME organizó en Toledo unas jornadas sobre el papel de la cultura en la integración europea, en la que, junto con el presidente del MEI, participaron, entre otros, Bernd Janssen, presidente de la Federación Internacional de Casas de Europa, Raymond Georis, secretario general de la Fundación Europea de la Cultura, o Jean-Pierre Gouzy, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos562. Una de las cuestiones discutidas fue la creación de una Comisión de la Comunicación y la Acción Cultural en el MEI, que sería llevada a efecto poco después, siendo nombrado presidente de la misma José Vidal-Beneyto563. En relación con el tema de la defensa el CFEME organizó también varios coloquios: en 1983 reunió en Toledo a especialistas españoles, europeos y norteamericanos para discutir sobre las alternativas de la defensa europea564, y en 1984 organizó en Segovia el seminario Euromisiles y pacifismo, que reunió a académicos, políticos y militares de ambos lados del Telón de Acero565. Siendo el proyecto de Tratado de la Unión Europea elaborado por el Parlamento Europeo en 1984 uno de los más populares caballos de batalla del europeísmo internacional en estos años, el europeísmo español se encontró hasta cierto punto ante un dilema a la hora de pronunciarse sobre el mismo, como se evidenció en la cumbre 560 Seminario hispano-luso, Lisboa, 9 y 19 de noviembre de 1985, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 561 «Réunion du Conseil Féderal du Mouvement Européen, Bruxelles le 24 janvier 1981, procès verbal», AHUE, ME-2248. 562 «Jornadas culturales europeas en Toledo», Movimiento Europeo, nº 7 (octubre-diciembre 1983), pp. 52-54. 563 «Réunion du Conseil Fédéral du Mouvement Européen, Bruxelles le 30 septembre 1983, procès verbal», AHUE, ME-2532. 564 «Coloquio sobre las alternativas de la defensa en Europa», Movimiento Europeo, nº 6 (mayo-julio 1983), pp. 8-9. 565 Programa del seminario Euromisiles y pacifismo, Segovia, 1 y 2 de junio de 1984, AHUE, ME-2505. 193 del MEI celebrada en Milán en febrero de 1985 y dedicada en su mayor parte a esta cuestión. Por un lado, el CFEME, como el resto de secciones nacionales del Movimento Europeo, aprobaba y aplaudía el espíritu federalista del proyecto, con todo lo que conllevaba en cuanto a la creación de una estructura federal europea y la ampliación de las competencias de las instituciones. Sin embargo, el plazo abierto para la ratificación del proyecto por los Estados nacionales (ratificación que, como es sabido, no llegaría a realizarse) coincidía con la que había de ser la fase final de las negociaciones de España con la CEE y la firma del Tratado de adhesión. Dado que tales negociaciones se habían desarrollado sobre la base de los Tratados de Roma, la reforma de las Comunidades, de producirse antes de hacerse efectiva la adhesión de España, implicaría un notable embrollo jurídico para la posición española. Por ello tanto el CFEME como el propio Gobierno español nunca fueron más allá de expresar una vaga y tibia simpatía por los principios y objetivos del proyecto de Tratado, sin considerarlo una realidad factible a corto plazo566. La mayor parte de las actividades del CFEME se orientó, en cualquier caso, a la promoción del europeísmo en el interior. Actividades diseñadas en ocasiones con cierto exceso de voluntarismo, como el proyecto presentado en 1980 de realizar una serie de materiales educativos sobre las Comunidades Europeas para alumnos de 5º y 6º cursos de EGB, más tarde abandonado por falta de apoyos oficiales567, o la idea, en ese mismo año, de crear una Biblioteca del Movimiento Europeo que colaborara en la formación de empresarios y trabajadores sobre temas relacionados con las Comunidades, también descartada568. Otras iniciativas tuvieron más éxito y llegaron a revestirse de cierto valor simbólico, como el izado de la bandera europea en los Jardines del Descubrimiento de Madrid en el día de Europa (el 9 de mayo), tradición comenzada en 1981 después de que el CFEME así lo propusiera a Enrique Tierno Galván, entonces alcalde de la capital, y que ha llegado hasta nuestros días569. Uno de los proyectos más ambiciosos —y económicamente costosos, al punto de abarcar una cuarta parte de su presupuesto anual— del CFEME fue el lanzamiento de su propia revista, subvencionada por la Presidencia del Gobierno. El objeto de la misma debía ser poner en circulación artículos sobre actividades del Movimiento 566 «Reunió a Roma d’un gran congrés europeu», ACCME. 567 CFEME, Propuestas de actividades para 1980, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 568 «Memoria actividad cultural biblioteca Movimiento Europeo», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 569 Álvarez de Miranda y Bru a Tierno Galván, 5-3-1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 194 Europeo, tanto en España como en el ámbito internacional, artículos de opinión sobre europeísmo y sobre las relaciones España-CEE, información sobre problemas políticos y sociales de las Comunidades, etc. con vistas a lograr la suscripción de parlamentarios, Embajadas, entes de la administración, universidades, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, o bancos, entre otros destinatarios570. La publicación se inició en julio de 1981 con el título de Boletín Informativo. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, con unas diez páginas en copias a dos colores hechas con ciclostil. A partir del tercer número adoptaría el título Movimiento Europeo y mejorarían sensiblemente la calidad del papel, de la impresión y de la maquetación, a la par que se ampliaban los contenidos, llegando a alcanzar las noventa páginas, y se introducía publicidad. Como director de la revista fue nombrado el politólogo Manuel Guedán, representante en el CFEME de la Organización Revolucionaria de Trabajadores. En sus cinco años de existencia, entre 1981 y 1986, fueron publicados catorce números con periodicidad irregular, en función de los ingresos obtenidos por publicidad y de las subvenciones recibidas. La revista sería un importante medio de expresión no sólo para el CFEME sino también para las numerosas asociaciones europeístas menores que surgieron en esos años, e igualmente para el debate sobre temas europeos entre representantes de partidos políticos, sindicatos, patronal y organizaciones varias. Además, informaría regularmente de evolución de las negociaciones de España con la CEE, a través de artículos del vocal asesor de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE Enrique González Sánchez y entrevistas con los Secretarios de Estado (primero Raimundo Bassols y más tarde Manuel Marín), y con otros expertos. Entre las firmas que colaboraron con la revista cabe citar a Guido Brunner (Embajador de la RFA en España), Philippe De Schoutheete de Tervarent (Embajador de Bélgica), Antonio Giolitti (Comisario europeo de Política Regional), Altiero Spinelli (eurodiputado y fundador del Movimiento Federalista Europeo) y Andrés Zaldívar (presidente de la Internacional Demócrata Cristiana y posteriormente presidente de Chile). Algunos de los números abordaron de forma monográfica aspectos concretos de la política comunitaria, como las relaciones entre la CEE y América Latina. Firmado el Tratado de adhesión de España, la revista presentó un amplio informe sobre sus consecuencias jurídicas, políticas e institucionales a cargo de diversos expertos, pero no 570 «Revista o boletín del ME», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 195 tomó parte en el debate sobre el mayor o menor grado de acierto del Gobierno en la negociación final de sus cláusulas ni en sus efectos económicos a corto plazo. Otra forma de estimular el espíritu europeísta sería la concesión de premios, especialmente en el ámbito de la prensa. En 1980 el CFEME decidió en sesión plenaria crear el premio Europa en los 80, dotado con 200.000 pesetas, al objeto de favorecer las actividades que contribuyan al desarrollo de la conciencia europeísta entre los pueblos de España. El 11 de marzo de 1981 le fue concedido el premio a Pablo Sebastián por su artículo «Europa, tema prioritario de la política exterior española», publicado en El País el 28 de diciembre de 1980. En 1982 se otorgó un premio especial de periodismo con ocasión del XX aniversario del contubernio de Múnich al programa de radio El contubernio de Múnich de Antonio Jiménez y J A. Obies, emitido por la Cadena SER el 13 de mayo de 1982, y al artículo de Josep Sans «Espanya i Europa: el contubernio de Munic», publicado en Avui el 22 de mayo de 1982. La proliferación de actos del CFEME a lo largo de estos años571, muchos de ellos en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la Oficina en España de las Comunidades Europeas, mostraría la radical transformación que el Consejo había experimentado desde los años de la dictadura. De ser un instrumento de lucha contra la dictadura, donde el europeísmo era la excusa que permitía aglutinar a fuerzas políticas de ideologías enfrentadas, había pasado a ser un ente menos politizado, en el sentido de que tenían cabida en el mismo las formaciones más diversas, pero que buscaba la implicación de la sociedad civil en el debate sobre los temas europeos y una mayor proximidad de la opinión pública con los mismos. Del mismo modo que el europeísmo —con las diferentes acepciones e interpretaciones del término— se había vuelto algo transversal a la práctica totalidad del espectro político en la transición, también el CFEME procuraba estar presente en diversos espacios políticos, económicos y sociales, aun cuando sus posicionamientos públicos no estuvieran ahora tan cargados de significado, ni sus motivaciones y objetivos fueran tan claramente identificables como lo habían sido en las décadas anteriores. 571 Aparte de los citados, entre 1979 y 1985 el CFEME organizó o secundó decenas de seminarios, cursos y coloquios sobre diferentes aspectos de la integración europea y dirigidos también a públicos diversos: desde cursos de introducción a las Comunidades Europeas en colaboración con la Asociación para la Integración Europea (de los que se hablará en el capítulo siguiente) a seminarios especializados sobre aspectos concretos de la adhesión de España, pasando por actos institucionales como el celebrado en 1982 con motivo del 25º aniversario de los Tratados de Roma. 196 De hecho, si observamos las referencias al CFEME que en la etapa constitucional han aparecido eventualmente en la prensa, en algún debate parlamentario o en el discurso de algún líder político, no es extraño que prevalezcan las consideraciones en torno a su papel histórico en el antifranquismo sobre su posterior función divulgadora y de lobby europeísta572. Así sucedió igualmente en los actos de conmemoración del vigésimo aniversario del contubernio de Múnich, celebrados en Barcelona en 1982573, en los del vigésimo quinto aniversario, celebrados en Madrid, y, más recientemente, en el quincuagésimo aniversario, en torno al cual se exhibió una exposición sobre el contubernio en la Casa de América, o en el sexagésimo aniversario de la creación del CFEME, que también dio motivo a una exposición sobre la historia de éste, que recorrió varias ciudades españolas en 2010574. La llegada de la democracia y la normalización de relación de España con la CEE supuso, en definitiva, la normalización asimismo de la función del Movimiento Europeo en España, en relación con otros países donde la organización había tenido cierto arraigo histórico. La transversalidad del europeísmo español y el escaso alcance social y mediático del debate en torno a la integración europea hicieron que el Movimiento Europeo no gozara en estos años de gran visibilidad pública, pese a que su actividad fuera relativamente intensa. En la medida de sus posibilidades, el CFEME trató de animar el debate europeo en España y lo logró en el ámbito de las organizaciones sociales y políticas más concernida por la adhesión a la CEE, gracias al apoyo de instituciones públicas y a la participación de figuras de primer orden del ámbito político, económico y académico, aunque desde el punto de vista de la repercusión social y mediática su alcance fuera reducido. 2.3. Los consejos regionales del Movimiento Europeo Como ya se ha dicho, en la estructura que el CFEME adoptó desde su fundación tenían cabida entidades de carácter regional, representativas de los europeístas en el exilio de 572 Véase, por ejemplo, FLORES, Xavier, «España y el Movimiento Europeo», El País, 26-10-1979; ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando, «Unidos por Europa», El País, 17-2-1984; o, en fechas más recientes, PRESTON, Paul, «Madariaga, los monárquicos y Múnich», ABC, 23-7-1995; ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando, «50 años de europeísmo», ABC, 28-4-2004; «Precursores de la transición», ABC, 29-5-2012; RUPÉREZ, Javier, «La paz se firmó en Múnich», ABC, 9-6-2012. 573 «Conmemoración del XX aniversario del congreso de Múnich», Movimiento Europeo, nº 4 (julio 1982), pp. 8-13. 574 Información al respecto en http://saladepr-cp65.wordpresstemporal.com/movimientoeuropeo/wp- content/uploads/2014/12/Exposicion-60-Aniversario-CFEME.pdf [consultado el 14-7-2015]. 197 Cataluña y el País Vasco. Ello respondió al hecho de que, paralelamente a la propia creación del CFEME, los grupos catalanes y vascos exiliados hubieran desarrollado sus propios círculos europeístas, con presencia en diversos órganos internacionales, y que a partir de 1949 hubieran de concertar su integración formal en el CFEME para una mejor participación de las actividades del europeísmo internacional, en concreto del MEI. Como veremos, desde esa fecha las organizaciones europeístas de Cataluña y el País Vasco participarían, por un lado, de las iniciativas y de las actividades del CFEME, y de manera especial en aquellas cuyo objetivo era proyectar una imagen de unidad en la oposición antifranquista y enfatizar la importancia del proyecto europeo para la misma, y, por otro, desarrollarían sus propias líneas de actuación enfocadas a llamar la atención de las instituciones europeas sobre la represión que el régimen franquista ejercía sobre la identidad cultural de sus respectivas regiones. Al igual que sucedió con el CFEME, la transición democrática permitió el establecimiento de estas organizaciones en España y la redefinición de sus actividades. Si bien en una primera fase ambos consejos quedaron reducidos a una mera sombra, en los años ochenta se iniciaría su reactivación, que en el caso del catalán lo llevaría a convertirse en un importante factor de divulgación y debate en relación con la adhesión de España a la Comunidad Europea y sus implicaciones para Cataluña. La reactivación del consejo vasco se retrasó, como veremos, hasta la década de los noventa. 2.3.1. El Movimiento Federalista Vasco y el Consejo Vasco por la Federación Europea En el caso vasco, la voluntad de integración en organismos europeístas supranacionales databa de principios de los años cuarenta. En junio de 1941 la delegación vasca en Londres presentó al gobierno británico un memorándum sobre una Federación Europea. En 1942 se fundó en Londres la Unión Cultural de los Países de la Europa Occidental, donde también participaba un grupo vasco. El lehendakari en el exilio, José Antonio Aguirre, sería uno de los miembros del Consejo de Europa en América, creado en Nueva York en 1943 por el conde Coudenhove-Kalergi575. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1946 Javier de Landaburu, del PNV, y Juan Carlos de Basterra, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), acudieron como observadores al 575 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., pp. 65-75. 198 congreso federalista que la Federal Union británica organizó en Luxemburgo576. Según el relato de Landaburu, en el momento de entrar al salón de sesiones les preguntaron a quién representaban, ante lo que improvisaron la respuesta «al movimiento federalista vasco», pese a que no existía todavía ninguna organización con ese nombre. Más tarde, cuando el presidente mencionó la presencia de federalistas vascos en la asamblea, fueron ovacionados por el resto de congresistas. A su regreso a París, donde tenía su sede el Gobierno vasco en el exilio, decidieron convertir la ficción en realidad y organizar de verdad el Movimiento Federalista Vasco (MFV)577. Éste se constituyó oficialmente en París en marzo de 1947, bajo la presidencia de honor de José Antonio Aguirre y la presidencia efectiva de Manuel de Irujo, y con Landaburu como secretario general, todos ellos del PNV. Además, miembros de otros partidos políticos ocuparían las vicepresidencias: Basterra por ANV, Laureano Lasa por el PSOE y Ramón María de Aldasoro por Izquierda Republicana. El MFV gestionaría la presencia de delegados vascos en el Congreso de La Haya de 1948 y ese mismo año sería admitido como miembro de la Unión Europea de Federalistas (UEF). Tras la creación del CFEME con participación vasca en 1949, se dio en el seno del PNV una polémica en torno a la conveniencia o no de implicarse en una organización representativa del conjunto del Estado español, sobre todo después de que en las jornadas del CFEME de marzo de 1950 el grupo vasco quedara en un segundo plano pese a que las jornadas fueran sufragadas por el Gobierno Vasco578. Dado que el MEI no admitía en su seno a consejos cuyo ámbito de representación no fuera estatal, se halló en 1951 la solución de constituir el Consejo Vasco por la Federación Europea (CVFE). En realidad se trataba de un cambio de denominación de la sección vasca del CFEME, que ya operaba desde 1949, y que ahora adquiría carácter oficial. Gonzalo Nardiz, de ANV, era designado presidente, y Landaburu, del PNV, secretario general. Ramón María de Aldasoro, de Izquierda Republicana, fue nombrado delegado oficial del CVFE en el CFEME. El CVFE contaría además con tres vicepresidentes: Jesús María Leizaola (PNV), Laureano Lasa (PSOE) y José María Lasarte (PNV), que fue igualmente el primer secretario del CFEME. Manuel de Irujo 576 Sobre la figura de Landaburu y su papel en la proyección europea del PNV, vid. ARRIETA ALBERDI, Leyre, «Landaburu, el alavés europeísta», Sancho el Sabio. Revista de cultura e investigación vasca, nº 31 (2009), pp. 167-198. 577 LANDABURU, Francisco Javier de, «Itinerario federalista. De Luxemburgo a Estrasburgo», Alderdi, nº 32 (noviembre de 1949), p. 49, cit. en UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., p. 80. 578 ARRIETA ALBERDI, Leyre, «Años de esperanza ante la nueva Europa: la estrategia europeísta del PNV tras la Segunda Guerra Mundial», Ayer, nº 67/3 (2007), pp. 207-233. 199 fue nombrado en principio delegado para la propaganda, y en 1952, tras la muerte de Aldasoro, lo sustituyó en su puesto en el CFEME. Se designaron igualmente ponentes especializados para temas agrícolas y de transportes, sociales, políticos, militares, jurídicos y culturales579. Desde sus inicios el CVFE compatibilizó su presencia en el CFEME con su vocación de actuar de manera independiente a la hora de trasladar sus posiciones, denuncias y declaraciones a diversos organismos internacionales. Así se demostró en las diversas actividades que desarrolló ya en los años cincuenta, tomando parte en las reuniones del CFEME y siendo la delegación vasca un pilar fundamental en éste, pero también adoptando sus propias iniciativas. Al día siguiente de su constitución, el CVFE celebró una recepción en su sede de París en honor de dirigentes de diversos organismos federalistas europeos, con el objeto de darse a conocer y de dar visibilidad a la cuestión vasca580. En varias reuniones europeístas internacionales los delegados del CVFE se preocuparon de suscitar la cuestión de la situación del País Vasco, con particular énfasis en la represión cultural sufrida por la región bajo el régimen franquista. Tal fue, por ejemplo, el objeto del informe que Iñaki de Renteria presentó en la reunión de la Juventud Federalista Europea en París en mayo de 1951. En septiembre del mismo año el CVFE organizó unas jornadas en Bayona sobre los problemas económicos y sociales del País Vasco y los diversos escenarios para la integración de la economía vasca en la economía europea. En las jornadas de estudios europeos organizadas por el CFEME en París en 1953, el lehendakari Aguirre presentó la ponencia La tolerancia, base de toda federación, en que defendía la estructura federal no sólo para Europa sino también para los Estados, asegurando las libertades nacionales de los pueblos contenidos en ellos. En ese sentido abundaría la ponencia escrita por Javier de Landaburu para las jornadas organizadas por el CFEME en Toulouse en 1954. Precisamente Landaburu sería uno de los principales ideólogos del nacionalismo vasco en relación con la integración europea a lo largo de estos años, a través de sus 579 Oficialmente la nueva organización se estructuró en torno a nueve grupos preexistentes, aunque algunos de ellos apenas lo fueran más allá del plano formal: el Movimiento Federalista Vasco, los Nuevos Equipos Internacionales, el Movimiento Socialista Vasco por la Federación Europea, la Unión Europea de Federalistas, el Consejo Federal de Minorías y Regiones Europeas, la Unión Liberal Internacional, las Juventudes Federalistas, la Sección de Jóvenes de los NEI y los Trabajadores Cristianos por la Europa Unida. «Acta de constitución del Consejo Vasco por la Federación Europea», París, 1 de febrero de 1951, reproducida en Eurobask. Revista del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, nº 3 (1-2-2001), p. 20. 580 Asistieron Henri Frenay, ex ministro francés y presidente de la UEF; André Voisin, secretario general de la UEF; Henri Torres, senador francés; Raymond Vidal, dirigente socialista francés; además de representantes del CFEME y del gobierno republicano español. Vid. ARRIETA ALBERDI, L., Estación Europa… op. cit., p. 223. 200 frecuentes artículos sobre el tema en el boletín del PNV Alderdi581. En 1956 publicaría el libro La causa del pueblo vasco, ya citado en el capítulo anterior, en el que combatía la supuesta contradicción entre nacionalismo y europeísmo, abrazando la idea de la «Europa de los pueblos»582. La coexistencia de dos organizaciones, MFV y CVFE, de fines y estructuras muy similares, y cuyos miembros en la práctica eran sobre poco más o menos los mismos, se resolvió a favor de la segunda, sobre todo a partir de 1956, cuando, tras la crisis y ruptura de la Unión Europea de Federalistas, el MFV se desvinculó de la misma y no se integró en ninguna de las organizaciones en que se escindió583. Por lo demás, el PNV también estaba en relaciones con otra asociación federalista internacional: la Unión Federalista de Comunidades Étnicas Europeas (UFCE). Nacida en 1949 como uno más de los diversos proyectos europeístas de la época, en este caso para la representación de las autodenominadas comunidades étnicas en Europa sin Estado propio, para salvaguardar y desarrollar su personalidad, cultura y derechos vitales y lograr su reconocimiento jurídico internacional584, básicamente se dedicaba a gestionar ante los Gobiernos y otras autoridades denuncias y solicitudes por parte de sus entidades miembros y a informar a la opinión pública de la problemática de las comunidades étnicas a través de sus reuniones y congresos y mediante la revista Europa Ethnica585. En este caso, la representación vasca no estaba en manos de un consejo u organismo colectivo compartido con otras fuerzas políticas, sino únicamente del PNV, y, pese a que en un primer momento —entre 1949 y 1950— el partido se aseguró su presencia y una participación activa, normalmente en la persona de Landaburu, en los diversos Congresos de Comunidades y Regiones Europeas que se celebraron, la UFCE no se 581 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., pp. 111-118 y 126-129. 582 LANDABURU, Francisco Javier de, La causa del pueblo vasco, París, Société parisienne d’impressions, 1956. 583 Esta cuestión se abordará brevemente en el capítulo tercero, en el epígrafe dedicado a las tentativas de creación de una sección española en la UEF. 584 Sobre la historia de la UFCE, vid. KUHL, Jørgen, The Federal Union of the European Nationalities. An outline history, 1949-1999, Aabenraa, Institut for Grænseregionsforskning, 2000. 585 A la altura de 1971, nominalmente formaban parte de la UFCE representaciones de la minoría alemana y de la comunidad flamenca de Bélgica; de la minoría danesa, los frisones del norte y los polacos del Ruhr en la RFA; los alemanes de los Sudetes en Checoslovaquia; los húngaros exiliados de Rumanía, la minoría alemana de Dinamarca, los albanokosovares de Yugoslavia; los bretones en Francia; los galeses y córnicos en Reino Unido; los surtiroleses, franceses del valle de Aosta, sardos, friulianos y eslovenos de Italia; eslovenos de Carintia y croatas de Burgenland en Austria; lapones y suecos en Finlandia. Por parte española existían (nominalmente), además del vasco, un grupo gallego y otro catalán, todos ellos en el exilio. «Renseignements sur l’UFCE», 1971, AHNV, EBB, K. 186, C. 32. 201 consolidó como una vía prioritaria para la acción exterior vasca586. Por un lado, los objetivos políticos de la organización eran difusos y poco ambiciosos, pues no contemplaban en principio la declaración como Estados de las comunidades étnicas representadas, sino más bien una cierta protección sobre sus derechos culturales. Por otra, parte, desde el punto de vista del PNV la UFCE tenía una excesiva tendencia al verbalismo, que contrastaba con su escasa capacidad de influencia real. Por todo ello la participación del PNV en los congresos y reuniones de la UFCE fue escasa e irregular, como lo fue también el pago de las cuotas que le correspondían como miembro587. En abril de 1962 un delegado del PNV, Jon Bilbao (bajo el pseudónimo de Jon Zabala Goiri), acudió como invitado a un congreso organizado en Berna por la Unión Europea Suiza y patrocinado por el MEI. Si bien su presencia allí fue meramente testimonial, pues no pronunció discursos ni presentó documento alguno, en el informe posteriormente remitido al partido reclamaría una mayor atención hacia ese tipo de convocatorias, donde el europeísmo vasco podía hablar libremente en su propio nombre y no integrado en representaciones estatales588. Los archivos no reflejan, sin embargo, que a esta participación siguieran otras similares, lo cual probablemente no era ajeno a la escasez de los recursos con que tanto el partido como el Gobierno vasco contaban para su representación en organismos internacionales. Donde sí mostraron mayor implicación tanto el CVFE como el PNV fue en la articulación de una nutrida presencia vasca en el Congreso de Múnich de 1962, así como en que se recogiera la cuestión de la organización territorial del Estado español en las conclusiones del mismo589. El listado oficial arroja un total de veintisiete asistentes vascos al Congreso, sumando los del interior y los del exilio, si bien según fuentes del PNV lo extienden —incluyendo la presencia de delegados no invitados oficialmente— hasta treinta y cuatro, comprendiendo a representantes del PNV, ANV, EGI (organización juvenil del PNV), el sindicato ELA-STV y los sacerdotes Alberto Onaindia e Iñaki Aspiazu590. Los miembros del CVFE, bajo el liderazgo de Irujo, Nardiz y Landaburu, se fijaron como objetivo hacer ver a las autoridades políticas 586 UGALDE ZUBIRI, Alexander, «La participación vasca en el movimiento europeísta y federalista», en AMADO CASTRO, Víctor Manuel; DE PABLO, Santiago (coords.), Los vascos y Europa, Vitoria, Fundación Sancho el Sabio, 2001, pp. 313-346. 587 ARRIETA ALBERDI, L., Estación Europa... op. cit., pp. 302-304. 588 ZABALA GOIRI, Jon, «Informe sobre el Congreso de la Union Européenne celebrado en el Hotel Gurten-Kulm de Berna (Suiza) los días 26 al 29 de abril de 1962», AHNV, EBB, K. 67, C. 9. 589 LEIZAOLA, José María, «Vascos en el Movimiento Europeo», Muga, nº 3 (1980), pp. 74-77. 590 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco... op. cit., p. 134. 202 europeas la importancia del grupo vasco dentro del europeísmo español y abrir camino a las reivindicaciones nacionalistas en el documento unitario de los españoles591. Esta cuestión sería objeto de controversia en las discusiones del congreso, especialmente por la renuencia inicial de Gil-Robles a toda concesión frente a los nacionalismos periféricos, pero quedaría resuelta de forma que en la declaración final se incluyera la exigencia del «reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales» del Estado. Más tarde cundirían el desencanto y la actitud crítica por parte de varios de los asistentes vascos, sobre todo los jóvenes de EGI y ELA-STV, por considerar la resolución tibia e insuficiente, en la medida en que no incluía la autonomía inmediata para el País Vasco como condición indispensable para la recuperación de la democracia y la ruptura con el régimen franquista. De hecho, algunos dirigentes del PNV, como Jesús Solaun, interpretaron que lo acordado en Múnich no debía entenderse en ningún caso como un pacto vinculante para el PNV, sino más bien como un acto de proyección exterior al objeto de reivindicar ante la Europa comunitaria la legitimidad de la representación del País Vasco por los dirigentes nacionalistas en el exilio592. En definitiva, para el nacionalismo vasco el contubernio de Múnich no alcanzaría una significación histórica tan profunda como para el resto de la oposición antifranquista, aunque no por ello dejaría de constituir un paso importante en la búsqueda de visibilidad exterior y en la confluencia con otras fuerzas democráticas593. Después de 1962, a la par que el PNV se esforzaba por mantener su presencia en otros foros internacionales, como los NEI, la actividad del CVFE fue decayendo progresivamente. Los delegados vascos siguieron siendo una parte importante del CFEME y Manuel de Irujo continuó acudiendo a actos del MEI, pero el consejo vasco como entidad autónoma apenas si esbozó alguna iniciativa. En 1964 y 1965 el CVFE figuró como una de las organizaciones que convocaron o se adhirieron al Aberri Eguna (día de la patria vasca) en la clandestinidad594. En 1966 se constituyó en Biarritz un grupo federalista vasco, compuestos por juristas y políticos de perfil bajo del País Vasco francés, adherido al Movimiento Federalista Europeo y con voluntad de integrar y representar a los vascos de ambos lados de la frontera interestatal. Preguntado al 591 «El IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich», 15-6-1962, AHNV, EBB, K. 80, C. 5. 592 SAN SEBASTIÁN, Koldo, «Vascos en el contubernio de Múnich», Muga, nº 26 (1983), pp. 56-69. 593 SAN SEBASTIÁN, Koldo, «1962: el llamado Contubernio de Múnich», en Vascos en la construcción europea, Bilbao, EAJ/PNV, 1989, pp. 29-38. 594 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., pp. 140-141. 203 respecto por Gironella, Irujo manifestaría que el CVFE no mantenía relaciones formales con ese grupo, aun cuando lo contemplara con simpatía595. La inactividad del CVFE se prolongó durante los años de la transición democrática, pese a que paradójicamente Manuel de Irujo adquiriera en esos momentos un mayor protagonismo en el CFEME, especialmente en los años en que ejerció la presidencia del mismo, entre 1973 y 1976. El nombramiento de Irujo, una solución de compromiso tras la dimisión de Madariaga, llegó a convertirse en un problema por los recelos que inspiraba en algunas de las organizaciones del interior por su pasado en el Gobierno de la República, y por su reticencia a acometer el traslado del CFEME a Madrid. En cuanto al CVFE, todavía presidido por Gonzalo Nardiz, su existencia era ya poco más que simbólica. Pese a que Nardiz acudió al congreso del MEI de Bruselas de 1976, Irujo informaba al Euskadi Buru Batzar que en la práctica la representación nacionalista vasca en el CFEME se reducía a él mismo596. Cuando el CFEME se reconstituyó en Madrid en noviembre de 1976 bajo la presidencia de Coll i Alentorn, quedaron provisionalmente pendientes de nombramiento los cuatro vocales que le correspondían al comité vasco. Relevado de la presidencia, Irujo fue nombrado entonces «presidente suplente», y más tarde «presidente adjunto en el exterior». El CFEME le envió un telegrama con sus «fraternos y más cordiales abrazos» en reconocimiento por su labor597. Después de hacerse de rogar por el partido durante meses, Irujo, ya con 85 años de edad, volvería finalmente a España —a Pamplona— en noviembre de 1977, y retomaría desde entonces tanto su labor en el CFEME como su voluntad por revitalizar el consejo vasco598. A su requerimiento, el PNV designó finalmente a los cuatro delegados que lo representarían en el CFEME, en las personas de Felipe Martínez Apezechea, Iñaki Zubimendi Darrás, José Antonio Aguirre Eizagirre y José María Losa Ciganda, todos ellos residentes en Madrid599. Cuando el CFEME se reorganizó de nuevo en 1978, asumiendo Álvarez de Miranda la presidencia, dejando en poder del PSOE la secretaría general e introduciendo a la UGT en el Comité Ejecutivo, Irujo lo interpretó como un «golpe de 595 Ibíd., pp. 142-143. 596 Irujo al EBB, 25-6-1976, AHNV, EBB, K. 128, C.5. 597 Telegrama de Coll i Alentorn a Irujo, noviembre de 1976, AHNV, EBB, K. 128, C.5. 598 PABLO CONTRERAS, Santiago de, «Manuel Irujo: un nacionalista vasco en la Transición democrática (1975-1981)», Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, nº 32 (2002), pp. 169-184. 599 Carta de la Junta Extraterritorial de Madrid del PNV a Irujo, 29-3-1978, Euskomedia Fundazioa (EF), Fondo Irujo (FI), caja 45, exp. 6. 204 mano» que desplazaba a los grupos ahora minoritarios que, como el vasco, habían sido los pilares del CFEME en su historia pasada600. En contrapartida, propuso revitalizar el consejo vasco, que en los últimos tiempos había quedado reducido en la práctica a él mismo más los cuatro delegados del PNV recientemente nombrados. En opinión de Irujo, era necesario refundar y legalizar el consejo vasco a semejanza de como en esas mismas fechas se estaba haciendo en el consejo catalán (aunque, como veremos después, éste no terminó de reactivarse hasta entrada la década de los ochenta): buscando el apoyo de las instituciones y la colaboración con amplios sectores de la sociedad civil, y redefiniendo sus funciones para constituirse en foro de debate y centro divulgador en relación con las Comunidades Europeas601. Gironella, que en 1978 fue nombrado presidente del consejo catalán tras su traslado a Barcelona, expuso en una carta a Irujo cómo lo estaban haciendo en Cataluña y se ofreció para ayudarlo en lo que fuera posible602. Mas las llamadas de Irujo —secundadas por Iñaki Zubimendi, quien quedó como vocal vasco en el Comité Ejecutivo del CFEME, y que también se dirigió en varias ocasiones al Euskadi Buru Batzar encomiando la conveniencia de reconstituir el consejo vasco y de poner al frente del mismo a alguna figura de prestigio603— no fueron escuchadas. La puesta en marcha del régimen constitucional y de las Comunidades Autónomas, con la asunción por el PNV del Gobierno de Vitoria, y las distintas cuestiones acuciantes del momento, como la ola de atentados de la banda ETA, situaron la cuestión del europeísmo muy por debajo de otras prioridades. Irujo falleció a principios de 1981, quedando en la práctica Zubimendi como único valedor ante el CFEME del inoperante consejo vasco. Zubimendi seguiría acudiendo a la mayoría de las reuniones, tanto del Comité Ejecutivo como de la Asamblea General del CFEME, e incluso en sus primeros años en Madrid el CFEME recibió 250.000 pesetas del consejo vasco en calidad de cuota604. Pero su existencia era meramente virtual, en vista de la falta de interés del PNV por cambiar la situación. En 1986, cuando el CFEME estaba emprendiendo la creación de secciones regionales en otros lugares de España — comenzando por Andalucía, donde un grupo creado en 1985 había comenzado a trabajar en la organización de actividades—, el portavoz parlamentario del PNV en 600 Irujo a Juan José Pujana, miembro del EBB del PNV, 4-8-1978, EF, FI, caja 45, exp. 6. 601 Irujo a Iñaki Anasagasti, 19-1-1979; 8-9-1979; EF, FI, caja 45, exp. 6. 602 Gironella a Irujo, 30-11-1978, EF, FI, caja 45, exp. 6. 603 Zubimendi al EBB, 1-9-1978; 6-11-1978; 8-11-1978; 16-1-1979; EF, FI, caja 45, exp. 6. 604 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit., p. 162. 205 Madrid, Iñaki Anasagasti, hizo un conato de aproximación al tema, y mantuvo alguna conversación con Carlos de Montoliú, recientemente nombrado secretario general del CFEME, sobre la constitución formal del grupo vasco, pero de nuevo sin resultados605. Para mayor dificultad, ese mismo año se produjo la escisión entre el PNV y Eusko Alkartasuna (EA), e Iñaki Zubimendi, que aún siguió acudiendo a las reuniones del CFEME algunos años más, optó por el segundo partido. El consejo vasco no jugó, por lo tanto, ningún papel como estimulador del debate sobre la política europea en los años de la transición y la adhesión de España a la CEE, y aun sería cuestionable afirmar que existiera realmente a todo lo largo de los años ochenta. El relanzamiento del CVFE, rebautizado como Consejo Vasco del Movimiento Europeo606, no se produciría hasta 1994, como resultado de un acuerdo entre el PNV, el Partido Socialista de Euskadi, EA, el Partido Popular, Esquerra Unida y Unidad Alavesa607. 2.3.2. El Consell Català del Moviment Europeu y el Patronat Català Pro-Europa El Consell Català del Moviment Europeu (CCME) fue fundado en París en 1949 por los exiliados catalanes que habían acudido al Congreso de La Haya y habían participado en la creación del CFEME. La Junta Directiva estaría inicialmente integrada por Carles Pi i Sunyer, que había presidido el Consell Nacional de Catalunya de Londres entre 1941 y 1945, como presidente; Enric Adroher Gironella como secretario general; y, como vocales: Josep Rovira i Canals, antiguo miembro del POUM y uno de los fundadores del Moviment Socialista de Catalunya en la posguerra; Joan Sauret i García, miembro de ERC y director general de sanidad de la República durante la guerra civil; Josep Sans i Arrufat, escritor y miembro también de ERC. Al poco de su creación, se integraron en el CCME diversas entidades catalanistas antifranquistas, como la efímera Unió de Federalistes Catalans, el Moviment Socialista de Catalunya o el Moviment Demòcrata Cristià de Catalunya608. Como en el caso del consejo vasco, desde sus inicios los miembros del CCME tomarían parte en las actividades del CFEME como medio de vincularse al europeísmo 605 Ibíd., pp. 163-164. 606 Desde 2006 llamado Eurobask. 607 UGALDE ZUBIRI, A., El Consejo Vasco… op. cit, pp. 164-170. 608 DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit., pp. 34-35. 206 internacional, pero mantendrían asimismo una línea de actuación autónoma enfocada a denunciar ante instancias internacionales la situación en España, y en particular en lo referente a la represión política y cultural en Cataluña, y a entrar en contacto con diversas agrupaciones políticas de Cataluña para la difusión del europeísmo en el interior. Por lo que se refiere al primer aspecto, una constante en la presencia catalana en el CFEME fue la inserción de datos referentes a la situación de Cataluña en los informes que el consejo presentaba ante instancias internacionales. Así, en el informe que el CFEME elaboró sobre el régimen español para el Consejo de Europa en 1953 se dedicaba un apartado a la represión cultural en Cataluña y el País Vasco, mencionando la ley de abrogación del estatuto de autonomía de Cataluña y la anulación de todas las leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña durante la República, la obligación de traducir al castellano todos los nombres en el registro civil y la eliminación por ley de la nomenclatura catalana y vasca de las relaciones comerciales, la publicidad, las marcas de fábrica, etc.609 Con ese mismo objetivo lanzaría el CCME una serie de publicaciones propias en los años cincuenta, comenzando por el boletín Aperçu sur la Catalogne, que se enviaba a diversos medios de prensa extranjera y se distribuía en congresos internacionales en que participaban delegados catalanes. En 1951 Gironella puso en marcha una revista con el título Europa, en su mayor parte escrito por él mismo y cuya existencia sería breve610, y entre 1953 y 1956 circuló el boletín Cartes d’Europa, dirigido por Josep Rovira y Joan Sauret, que alcanzó la cifra de veinte ediciones611. En cuanto a la difusión del europeísmo en el interior, ya desde los años cuarenta aparecieron en Cataluña grupos europeístas clandestinos o semitolerados, como el Consell Nacional de la Democràcia Cristiana, fundado por Josep Pous i Pagés. En 1948 una cincuentena de intelectuales catalanes, incluyendo a Ferran Soldevilla, Maurici Serrahima, Anton Canyellas y Miquel Coll i Alentorn, firmaron un manifiesto en apoyo de una federación europea, que fue enviado a la conferencia de La Haya. En 1949 se creó el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Barcelona, dirigido por Manuel Riera i Clavillé y presidido por Jordi Prat i Ballester —quien en 1952 lanzaría un 609 «L’Espagne et l’Europe. Rapport envoyé à l’Assemblée Consultive du Conseil de l’Europe», 17 février 1953, AHUE, ME-910. 610 PUIG, L. M. de, Gironella… op. cit., p. 62. 611 DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit., pp. 40-41. 207 alegato europeísta en su libro La lucha por Europa612—, y la Joventut Federalista de Catalunya, liderada por Josep Maria Ainaud i de Lasarte y en la que participaba un joven Jordi Pujol. La Asociación Cultural Iberoamericana de Barcelona estableció otro Seminario de Europa, presidido por José Manuel Fuentes Alborz. El Instituto Francés de Barcelona creó un Círculo de Estudios Europeos, al que el Ministerio de Gobernación prohibió en 1955 la organización de una exposición sobre el Movimiento Europeo Internacional613. Tras la creación del CCME en París, se activaron los contactos para el establecimiento de una sección del mismo en el interior de Cataluña, con representantes de ERC, el Moviment Socialista de Catalunya y grupos democristianos y liberales. Anton Canyellas haría las funciones de secretario en el interior. Su función sería dar apoyo al Consejo de París para difundir sus actividades, facilitar contactos con personalidades o grupos del interior, apoyar la formación de grupos de jóvenes europeístas y tratar de enviar a jóvenes del interior a participar en campañas europeas de juventud614. La colaboración entre CFEME, CCME y grupos europeístas del interior se plasmaría en iniciativas como la creación de un fondo de ayuda a los estudiantes españoles tras las revueltas y manifestaciones de la Universidad de Barcelona en 1956, con el apoyo propagandístico del MEI615. La acción de estos grupos permitió que hubiera una nutrida representación catalana en la reunión de Múnich de 1962. Además del omnipresente Gironella, entre los catalanes del exilio que acudieron a Múnich estuvieron Josep Rovira, Josep Sans (quien entonces trabajaba en la secretaría del MEI como adjunto a Robert Van Schendel), Víctor Hurtado (de ERC) y el escritor Jodi Arquer (del POUM). La representación del interior incluía a Màrius Estartús (del Moviment Socialista de Catalunya); Jaume Serra Gasullà (de ERC); los monárquicos Antoni de Senillosa, que se había destacado como abogado en la defensa de los estudiantes de Barcelona tras los sucesos de 1956 y 1957, Francesc Sitjà, colaborador de la revista El Ciervo, y Josep Lluís Urruela, escritor que se había vinculado al Movimiento Europeo tras una estancia como estudiante en Brujas; el democristiano Felip Lagarriga; Jordi Prat i Ballester y Manuel Riera, en representación 612 PRAT BALLESTER, Jorge, La lucha por Europa, Barcelona, Luis Miracle, 1952. 613 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Nationalism and Europeanism. Political Catalanism and the Spain-Europe Relationship, 1949-1986», en VARSORI, Antonio et al. (eds.), European Political Cultures and Parties and the European Integration Process, 1945-1992, Bruselas, Peter Lang, 2015 [en prensa]. 614 DE PEDRO, P.; SOLÉ, Q., 30 anys… op. cit., pp. 55-56. 615 Ibíd., pp. 71-73. 208 del Instituto de Estudios Europeos de Barcelona; el poeta Marià Manent, el escritor Rafael Tasis y el sacerdote Josep Sanabres. Con todo, la cuestión de la ordenación territorial del Estado apenas si estuvo presente en los debates de los delegados españoles, más allá de la mención en la resolución final al «reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales». El papel de los congresistas catalanes en las reuniones no fue especialmente relevante, y de hecho pasó en su mayor parte desapercibido para el propio Gobierno franquista, que orientó la represión tras el congreso hacia los miembros más prominentes de la AECE616. En un caso similar al del consejo vasco, a lo largo de los años sesenta y setenta la personalidad del CCME se fue diluyendo progresivamente dentro del CFEME como consecuencia de varios factores. Por un lado, las escasas dimensiones del consejo catalán dificultaban la adopción y financiación de iniciativas propias —recordemos que el consejo vasco constaba con la infraestructura del Partido Nacionalista Vasco en apoyo de sus actividades—. Por otra parte, el papel del CFEME como interlocutor del europeísmo español ante el MEI y ante las instituciones europeas favorecía la concentración en torno a sí de las iniciativas europeístas. Además, desde 1965 el CFEME asumió un papel más ambicioso en la representación de la oposición democrática al abrirse a grupos del interior. Por último, la existencia del CCME fue producto en buena medida de la iniciativa personal de Gironella, quien era a la vez secretario del CFEME, y cuya labor se vio condicionada por sus responsabilidades ante otras organizaciones (primero el Movimiento Socialista para los Estados Unidos de Europa y más tarde el Centro Europeo de la Empresa Pública). Así, en los últimos años de la dictadura y durante la transición se mantuvo, conforme a los Estatutos del CFEME, la presencia de delegados catalanes en las reuniones de éste (destacando la figura de Miquel Coll, que presidió el CFEME entre 1976 y 1978), pero el consejo catalán como tal quedó reducido a una existencia meramente virtual. Tras el traslado del CFEME a Madrid, Gironella, que llevaba algún tiempo ya apartado de la secretaría general, tomó la iniciativa para refundar el consejo catalán en Barcelona. Para ello contaría con el apoyo de uno de los foros catalanes más decididamente implicados en promover el debate público sobre la integración europea: el Círculo de Economía de Barcelona617. Así, el 2 de octubre de 1978 tuvo lugar en la 616 Ibíd., pp. 104-107 y 203-205. 617 Del papel del Círculo de Economía como espacio de debate público sobre la adhesión de España a la CEE nos ocupamos en el capítulo cuarto de esta Tesis. 209 sede del Círculo un acto en el que se proclamó la reconstitución del CCME, con presencia del presidente del CFEME, Álvarez de Miranda, y de varios miembros de su Junta Directiva, así como de representantes de varias fuerzas políticas, sociales y culturales de Cataluña. Gironella quedó designado nuevo presidente del CCME, con el encargo de convocar a entidades de la sociedad civil catalana a integrarse en éste para designar otros cargos y poner en marcha un programa de actividades618. El contexto político catalán, con la celebración de las elecciones municipales, la puesta en marcha del régimen autonómico y la convocatoria, después, de las primeras elecciones al Parlament, relegó por el momento la cuestión del europeísmo a un segundo plano en la agenda de las principales formaciones políticas. Así, no sería hasta diciembre de 1981 cuando se lograra el acuerdo para la constitución formal del CCME, con la elección de un comité ejecutivo integrado por los principales partidos políticos, el Círculo de Economía y otras organizaciones. Gironella fue confirmado en el cargo de presidente. Fueron nombrados vicepresidentes Albert Alay i Serret (ERC), Llibert Cuatrecasas i Membrado (Uniò Democràtica de Catalunya, UDC), Gregori López i Raimundo (PSUC), Joaquim Molins i Amat (Convergència Democrática de Catalunya), Joan Prats i Català (Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC) y Carles Sentís i Anfruns (Centristas de Cataluña, CC). Como secretario fue nombrado Ignasi Camí i Casellas (del Círculo de Economía), como tesorero Pere Puig i Bastard (profesor de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE), y como vocales Ferran Camps (UDC), Jordi Garcia-Petit (PSC), Joan Mas i Cantí (Círculo de Economía),Victor Pou i Serradell (CDC), Eduard Punset (CC), Joaquim Reguart i Aldà (ERC), Jseús Mª Rodés (PSUC), Josep Sans i Arrufat (Instituto de Estudios Europeos) y Agustí Ulied i Martínez (de la asociación de antiguos stagiaires de la CEE). Además, fueron nombrados otros vocales asesores para las relaciones con los organismos de las Comunidades Europeas, documentación y estudios y relaciones con los medios de comunicación619. Se aprobó un acuerdo de funcionamiento provisional para ser aplicado en tanto el consejo no dispusiera de unos estatutos, en el que la asociación se definía como «comité catalán del Consejo Federal Español del Movimiento 618 «Actas de las reuniones y actividades llevadas a cabo por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo entre el 29 de septiembre de 1978 y el 5 de octubre de 1978», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 619 «Acta de la reunió de la comissió executiva del Consell Català del Moviment Europeu, celebrada a Barcelona el 19 de desembre de 1981», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 210 Europeo»620, y se decidió establecer su sede en las oficinas del Círculo de Economía, en el número 520 de la avenida Diagonal de Barcelona. En esta primera reunión se diseñó un ambicioso plan de actividades que incluía la celebración de congresos y encuentros con representantes de entidades regionales italianas y francesas, series de conferencias especializadas sobre la adhesión de España a la CEE y actos para la difusión de la existencia del CCME entre los partidos y otras organizaciones. En enero de 1982 el comité ejecutivo aprobó una declaración de principios y el 1 de febrero fue recibido oficialmente por el president de la Generalitat, Jordi Pujol. Ese mismo año el CCME comenzaría a percibir una subvención anual de la Generalitat de tres millones de pesetas621. En abril el CCME organizó su primer acto público de carácter internacional: un encuentro entre dirigentes regionales de Cataluña, Baviera y Lombardía, y en junio se celebraron, en colaboración con el CFEME, los actos conmemorativos del vigésimo aniversario del contubernio de Múnich en Barcelona622. Sin embargo, este impulso inicial no tardó en perder fuerza, y muchos de los proyectos planteados terminaron siendo desestimados por problemas de agenda, descoordinación entre las instituciones o incluso falta de interés por parte del público al que pudieran ir dirigidos. Así, un concurso convocado sobre Europa en la campaña electoral de octubre de 1982 en Cataluña, que debía ser premiado con 150.000 pesetas, quedó desierto al no presentarse ningún trabajo623. En varias ocasiones se planteó la posibilidad de invitar a Altiero Spinelli a pronunciar una conferencia en Barcelona para hablar del nuevo papel del Parlamento Europeo, sin que nunca llegara a realizarse. Un nuevo encuentro regional con Baviera fue también descartado tras emprender los contactos preliminares. En ocasiones fue la coordinación entre el CCME y el CFEME la que resultó problemática. Así, en 1982 el CCME se propuso la organización de una trobada parlamenaria consistente en la reunión en Barcelona de 35 diputados del Parlamento Europeo, de todos los Estados y de todos los grupos políticos, con diputados de los parlamentos portugués y español, con el objetivo de dar un impulso político a la ampliación de la CEE. Sin embargo, la actitud tanto de la UCD como del PSOE, recelosos de permitir que las negociaciones hispano-comunitarias salieran del 620 «Comité Català del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu», diciembre de 1981, ACCME. 621 «Acta reunió Consell Català Moviment Europeu dia 16/9/82», p. 4, ACCME. 622 Ibíd., p. 6, ACCME. 623 «Acta de la reunió del Consell Català del Moviment Europeu, del dia 3 de desembre de 1982», ACCME. 211 ámbito estrictamente intergubernamental, hicieron que en una votación el comité ejecutivo del CFEME decidiera oponerse al acto, forzando la suspensión final del mismo624. En julio de 1983 se dio otro pequeño conflicto con ocasión del coloquio cultural organizado por el CFEME en Toledo, en el que inicialmente estaba prevista la participación de algún miembro del CCME con una ponencia sobre Las culturas autóctonas como contribución a la cultura europea, pero ésta no fue finalmente recogida en el programa625. Jordi Garcia-Petit intervendría en el coloquio para criticar el concepto de cultura nacional representado por los Estados y reivindicar el respeto a las minorías culturales en la construcción europea626. En enero de 1983 Gironella abandonó la presidencia del CCME al ser nombrado asesor del secretario de Estado para las relaciones con la CEE. En su lugar quedó una presidencia colegiada provisional a cargo de Jordi Garcia-Petit, Joan Mas Cantí y Joaquim Molins, con el objeto de llevar a cabo las actividades previstas para ese año y aprobar unos estatutos y un reglamento de régimen interior627. Gironella, nombrado presidente de honor, recibiría en los años sucesivos, los últimos de su vida (fallecería en 1987 a los 79 años), varios reconocimientos públicos por su labor europeísta: en febrero de 1985, coincidiendo con el congreso del MEI en Roma, le fue impuesta por Enrique Barón, entonces ministro de Transportes, Comunicaciones y Turismo, la encomienda de número de la orden de Isabel la Católica, y en 1986 la Generalitat lo condecoraría con la Cruz de Sant Jordi por su acción por la construcción de una Europa federal628. Bajo la presidencia colegiada, en junio de 1983 el CCME aprobó por fin sus Estatutos, en los que se reconocía como «el comité de Cataluña del CFEME», con personalidad jurídica y patrimonio propios, y continuador del consejo fundado en el exilio de París en 1949629. Como objetivos definía «realizar y desarrolla en Cataluña los objetivos del Movimiento Europeo, asociación internacional no lucrativa, así como fomentar y profundizar en las relaciones entre los diferentes pueblos, nacionalidades y regiones de Europa con vistas a la unidad europea». El CCME se declaraba abierto a 624 «Resolució del Consell Català del Moviment Europeu sobre la Trobada de Barcelona del 12 i 13 de Març», ACCME. 625 «Acta de la reunió del Consell Català del dia 19 de setembre de 1983», ACCME 626 «Nota informativa sobre la participación del president del Consell Català en el col.loqui cultural celebrat a Toledo els diez 1 i 2 de juliol, organitzat pel Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», ACCME. 627« Acta Assemblea Consell Català del Moviment Europey del dia 14/1/83», ACCME. 628 PUIG, L. M. de, Gironella… op. cit., pp. 69-70. 629 Por error en el texto se decía 1948. 212 miembros colectivos (partidos políticos, corporaciones locales y organizaciones económicas, sociales, culturales y asociaciones profesionales de Cataluña) y personas físicas. Siguiendo el modelo del CFEME, el órgano principal sería la Asamblea General, que se habría de reunir anualmente y a la que competía designar a los miembros de la Junta Directiva y a los representantes del CCME en el CFEME. En la Junta Directiva se establecieron, junto con los cargos de presidente, secretario general, tesorero y secretario técnico, siete vicepresidencias a repartir entre los partidos políticos, las corporaciones municipales y las organizaciones económicas, sociales, culturales y profesionales. Se estableció asimismo la cotización correspondiente a cada entidad miembro: 3.000 pesetas para las personas físicas; al menos 5.000 para las asociaciones y partidos, susceptible de ampliarse en éstos en función de sus resultados electorales, y entre 5.000 y 100.000 pesetas a las corporaciones municipales en función del número de habitantes630. A partir de 1984, a medida que se aproximaba la conclusión de las negociaciones para la adhesión de España a la CEE, el CCME intensificó su programa de actividades. El consejo catalán no llegó a actuar como un grupo de presión en relación con las negociaciones, más allá de alguna intervención puntual en ese sentido, como una carta dirigida a François Mitterrand a principio de 1985 para solicitarle un esfuerzo que permitiera desbloquear los temas pendientes631. Los esfuerzos del CCME se concentraron, en cambio, en divulgar conocimientos sobre las implicaciones de la adhesión y en animar el debate de la sociedad civil catalana sobre el tema. Para ello comenzó una expansión controlada del CCME a diversas organizaciones, como las cámaras de comercio, los sindicatos mayoritarios —UGT y CCOO—, y sobre todo a los ayuntamientos catalanes, cuya participación sería fundamental para el sostenimiento económico de la organización632. Se puso en marcha un programa sobre La joventut catalana i Europa en colaboración con el Consejo de Europa, consistente en la elaboración de materiales divulgativos sobre las instituciones europeas para colegios y universidades633. En abril de 1985 CCME y CFEME organizaron conjuntamente un 630 «Estatut del Consell Català del Moviment Europeu», junio de 1983, ACCME. 631 «Reunió de la comissió d’actividat del dia 25 de març de 1985», ACCME. 632 «Acta de la reunió del Consell Català del Moviment Europeu del dia 21 de desembre de 1984», ACCME. 633 «Nota de la reunió de treball del dia 22 de febrero de 1985, ACCME». Por su parte la Generalitat ya había celebrado por primera vez el Día de Europa el 5 de mayo de 1982 y había iniciado la publicación anual de los discursos y documentos elaborados para los actos conmemorativos. Vid. Maig-82. Primera Conmemoració Oficial del Dia d’Europa a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1982. 213 seminario sobre España y la Cooperación Política Europea. En mayo de 1984 se conmemoró el Día de Europa en un acto en la Seu d’Urgell, que al año siguiente se extendió ya a otros municipios, como Figueres, Sant Boi, Tárrega, Manresa, Gerona o Matadepera, que izaron la bandera del Consejo de Europa, y donde se leyó públicamente una declaración europeísta elaborada por el CCME634. El CCME preparó asimismo una edición del proyecto de Tratado de la Unión Europea elaborado por el Parlamento Europeo, para el que encargó un prólogo a la profesora de derecho internacional privado de la Universitat Autónoma de Barcelona Blanca Vila635. A ello se sumaría una creciente presencia de sus miembros en medios de comunicación catalanes, sobre todo en las fechas de la firma del Tratado de adhesión de España y la progresiva ratificación de los miembros de la CEE636. Por último, a fines de 1985 se diseñó un curso sobre las Comunidades Europeas para ser impartido a partir de enero de 1986 en diversos ayuntamientos en colaboración con las universidades públicas de Barcelona y la ESADE, a cargo de diversos especialistas, en su mayoría integrantes del CCME637. Desde un punto de vista ideológico, las diversas declaraciones y posiciones públicas expresadas por el CCME a lo largo de estos años se orientaron, dentro de una serie de ideales compartidos con otras organizaciones europeístas españolas, a la defensa de una idea de Europa en la que los Estados debían ceder protagonismo a las «comunidades naturales», tal como se decía en la declaración de principios aprobada en enero de 1982. Ocasionalmente este aspecto sería motivo de controversia —aunque más en el plano organizativo que en el ideológico— con el CFEME, en la medida en que no terminó de definirse con precisión el modo en que el CCME quedaba circunscrito dentro de aquél. Sin embargo, el CCME también reivindicaba otros valores, como la solidaridad frente a la concepción mercantilista de la integración europea y la reivindicación de una concepción global de Europa superando la división propia de la Guerra Fría. Así lo decía la declaración de principios de 1982: «El Consell Català del Moviment Europeu afirma el seu europeisme polivalent d’una Europa total, per damunt de divisions cojunturals com la consegrada a Yalta i Potsdam en Est i Oiest, per damunt de criteris belicistes com a forma de relació entre 634 «Acta de la reunió de la Junta Directiva del dia 6 de maig de 1985», ACCME. 635 «Acta de la reunió de la Junta Directiva del dia 22 d’abril de 1985», ACCME. 636 «Acta de la reunió de la Junta Dierctiva del dia 30/10/85», ACCME. 637 Por ejemplo, Jordi Garcia-Petit, entonces vicepresidente del CCME, era profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona; Lluís Riera y Agustí Ulied, ambos vocales del CCME, eran profesores de ESADE, y el tesorero, Pere Puig, era director general de Programación Económica de la Generalitat. 214 els seus pobles. D’una Europa amb la riqueza de les seves cultures diverses, conformades i influenciades intimament alk llarg dels segles de l¡història comuna. D’una Europa, eix fonamental de l’economia mundial fins els inicis de 1900, progressiva economicament i solidaria en el desenvolupament armònic de les forces productives del mon; ni imperialista ni sotmesa. D’una Europa en equilibri entre els seus estats i les nacions, comunes i pobles que hi habiten, en un marc de solidaritat: reconeixent la multiplicitat i l’individualitat d’aquestes. D’una Europa on les idees y les mercaderies es puguin bescanviar en un mar ce llibertat i d’humanisme, com ho ferent, per exemple, los Waldstätten suissos al segle XII, la Hansa al XII, Florencia al XIV… »Assolim una Europa preocupada per les crisis economiques, però exigint a les seves institucions que siguin capaçes de superar el nivel mercantiliste per cercar la confluencia de tots els estats i nacions»638. Andando el tiempo, las posiciones del CCME se fueron concretando en relación con distintos aspectos de la integración europea. Por ejemplo, con ocasión del izado de la bandera europea en la Seu d’Urgell en mayo de 1984 se leyó un manifiesto que abogaba por la intensificación de la cooperación transfronteriza, reivindicando la firma por España del convenio marco europeo sobre cooperación transfronteriza de 1980. Como es natural, el CCME reclamaba la participación de las autoridades regionales en ese proceso de cooperación, así como una mayor implicación de Andorra en el proceso de construcción europea, pero lo hacía en términos moderados, de modo que su posición no pudiera ser interpretada como un desafío al papel central del Estado en la acción exterior, sino más bien como un complemento de la misma: «Avui la cooperación transfronterera s’imposa tant perquè constitueix la millor prevenció del conflicte, com perquè és l’única solución posible als greus problemas —que no respecten fronteres— causats per la contaminació, la degradació del patrimoni arquitectònic o l’espoliació dels recursos compartits en les zones frontereres. I només la participació de les autoritas locals i regionals en la solució d’aquests problemas, per la seva capacitat d’immediates en l’actuació i el coneixement profound i directe de les situacions, pot evitar conseqüències irreversibles. Al mateix temps que constitueix, tal participació, una aportació específica d’aquestes parcel.les de l’organització de l’Estat a la cooperación internacional. »És hora que declinin ja els recels dels governs centrals del Estats davant una posible actuació internacional del seus propis òrgans territorials en matèries de llur competencia segons cada legislació nacional; sense que això hagi d’ésser interpretat com una erosió de la unitat d’acció exterior de l’Estat»639. Más allá de la cuestión regional, el discurso del CCME no difería sensiblemente del de otras organizaciones europeístas a la hora de demandar un mayor compromiso por 638 «Declaració de principis, CCME, gener de 1982», ACCME. 639 «Dia d’Europa, dia dels Pirineus i dia de l’amistat alpino-pirenaica. Declaració de la Seu d’Ugell», 6-5- 1984, ACCME. 215 parte de los gobiernos comunitarios para encarar los desafíos del momento —reforma del presupuesto de las Comunidades, papel de Europa en el contexto del recrudecimiento de la Guerra Fría—, siempre con la cuestión de la adhesión española como telón de fondo. Así, el CCME participaría del discurso del europeísmo internacional que reclamaba un mayor peso para Europa en la política mundial, con capacidad defensiva propia (con abstracción de las diferentes posiciones que los partidos políticos adoptaran paralelamente en relación con la OTAN), y la recuperación de los valores de los «padres fundadores» frente al regateo en que a su entender había devenido la Europa comunitaria, un leitmotiv que resultaba asimismo frecuente en las declaraciones de otras organizaciones europeístas640. En la conmemoración del Día de Europa de 1985, en vísperas de la firma del Tratado de adhesión de España, la declaración del CCME leída en los actos de varios ayuntamientos ensalzaba el papel histórico del Movimiento Europeo como impulsor de la integración política del continente señalaba la importancia de las libertades individuales y las de los pueblos en la propia identidad europea, saludaba la adhesión española y demandaba la puesta en marcha efectiva de la reforma de las Comunidades en un sentido federalista. A todos estos lugares más o menos comunes en el discurso europeísta, el CCME aportaba un toque regionalista reivindicando, una vez más, la intensificación de la cooperación transfronteriza y el papel de las autoridades locales y regionales, la incorporación a la legislación española de la Carta Europea de la Autonomía de los Poderes Locales y la creación de un distrito electoral propio para Cataluña en las elecciones al Parlamento Europeo641. El carácter plural del CCME, comprendiendo no sólo partidos políticos de diferentes ideologías sino también otros estamentos de la sociedad civil, y en concreto la representación del mundo universitario, lo dotó también de cierto carácter como espacio de debate en torno a aspectos más técnicos de la integración europea, especialmente en relación con los efectos de la adhesión para la economía española y catalana. Si bien estas cuestiones no figuraban habitualmente en la agenda del CCME —sí lo estarían en otros ámbitos de la sociedad civil catalana, como el Círculo de 640 Véase, por ejemplo, la «Declaració del Consell Català del Moviment Europeu», 23-3-1984, ACCME. 641 «Declaració europeísta 1985», ACCME. La reclamación de distritos electorales regionales para las elecciones europeas, compartida por los partidos nacionalistas, y reclamada por el Parlament de Catalunya en una resolución de 1984, se basaba en este caso en un estudio llevado a cabo por Joaquim Molins, presidente del CCME, en el que contraponía diversos modelos electorales y la proyección sobre los mismos de unas hipotéticas elecciones europeas en España. Vid. «La incorporació d’Espanya al Parlament Europeu i les conseqüencies electorals per a Catalunya», ACCME. 216 Economía o el Patronat Català Pro Europa—, eventualmente se presentaron y discutieron en actos del CCME documentos de carácter técnico. Pere Puig, tesorero del CCME y uno de sus principales animadores, había publicado varios estudios sobre la repercusión de la adhesión a la CEE para la industria catalana, y fue asimismo el autor de una ponencia sobre la situación de los países mediterráneos en la CEE, en la que señalaba la necesidad de introducir reformas en la Política Agrícola Común de la CEE en beneficio de la agricultura mediterránea —cuestión recurrente de las negociaciones de adhesión y del debate sobre la ampliación en otros países—, pero también los riesgos que la ampliación implicaba para los sectores industriales más débiles de los nuevos miembros642. Sin embargo, en el escenario catalán la vertiente más técnica del europeísmo no sería asumida por el Movimiento Europeo sino por una institución pública creada por la Generalitat, con la que el CCME colaboraría desde su creación y con la que desarrollaría una creciente complementariedad: el Patronat Català Pro Europa, establecido en 1982 e integrado por la propia Generalitat, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Escuela Superio rde Administración de Empresas, el Instituto de Estudios Superiores de Empresa, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y las cajas de ahorros de Barcelona, Cataluña y Sabadell (posteriormente se sumarían más cajas de ahorros y otras entidades)643. Dirigido por el economista Víctor Pou y con el diputado de CiU en el Parlament Carles Gasòliba como secretario general, su consejo consultivo comprendía figuras relevantes de la universidad, la empresa y las instituciones europeas644. Sus tres ámbitos de actuación serían potenciar la formación de la sociedad en relación con los temas europeos, informar y sensibilizar a la opinión pública catalana de los efectos de la 642 «La nostra posició davant els problemas que es plantegen amb motiu de la segona ampliació de la CEE i els problemas, fins ara no resolts, de les relacions amb els països de la conca mediterrània», Barcelona, 19 de noviembre de 1981, ACCME. Como funcionario de la Generalitat, Pere Puig sería también uno de los responsables de la elaboración del volumen Catalunya i la Comunitat Econòmica Europea: llibre blanc sobre la repercusió a Catalunya de l’adhesió d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1982. 643 1982-2002, 20 anys d’integració europea a Catalunya, Barcelona, Patronat Català Pro Europa, 2002. 644 En el momento de su constitución, en diciembre de 1984, lo integraban Gaston Thorn, ex presidente de la Comisión Europea; Alegria Borrás, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona; Joan de Deu Dexeus, cónsul honorario de Luxemburgo en Barcelona; August Farré, vicepresidente de la Confederación Europea de Relaciones Públicas, Lorenzo Gascón, presidente del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica; Pedro Nueno, profesor del IESE; Jordi Porta, presidente de la Fundación Jaume Bofill; Lluís Riera, profesor de la ESADE; Joaquim Muns, catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad de Barcelona y el abogado Juan Antonio Rivière. 217 adhesión a la CEE y potenciar la presencia de Cataluña en el ámbito europeo, y para ello desarrolló desde su fundación un elenco de conferencias, cursos, seminarios y otras actividades: cursos trimestrales sobre las Comunidades Europeas en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, un curso semestral sobre derecho comunitario junto con el Colegio de Abogados de Barcelona, becas para la realización de estudios europeos en países de la CEE, conferencias y jornadas sobre la incidencia del Mercado Común sobre diferentes sectores de la industria…645 Según su memoria de actividades, sólo en 1985 —año especialmente señalado por coincidir con el final de las negociaciones de adhesión— el Patronat realizó 83 cursos, jornadas y seminarios, patrocinó 32 visitas a instituciones comunitarias, concedió 53 becas y otras 22 ayudas, facilitó información a 17 sectores económicos y desarrolló actividades en 23 municipios, en las que participaron 11.786 personas646. En los estudios y publicaciones del Patronat sobre las consecuencias para Cataluña de la adhesión de España a la CEE se insistiría en el valor político y simbólico de la adhesión, particularmente relevante para Cataluña en la medida en que —según se decía— la identidad europea era sentida allí de forma más natural y menos traumática que en el resto del Estado. En cuanto a los efectos económicos, el Patronat preveía consecuencias positivas en general para el sector agrario, por la exportación de productos mediterráneos, y para el de servicios, por la facilitación de los intercambios y las inversiones, sobre todo para el turismo, y asumía la necesidad de introducir reformas en el sector industrial, por cuanto la liberalización comercial incrementaría la competitividad de los productos comunitarios647. Todas estas actividades serían posibles gracias al sostenimiento económico y político por parte de la Generalitat. Si bien el Patronat cumplió inicialmente un papel como difusor de información y potenciador del debate público sobre Europa — función equiparable a la de los consejos del Movimiento Europeo, aunque desempeñada con muchos más medios— con el paso del tiempo fue evolucionando hacia un instrumento de la todavía incipiente acción exterior de la Generalitat. Del 645 «Editorial», Butlletí d’Informació del Patronat Català Pro Europa, nº 1 (mayo 1985), pp. 1-3. PATRONAT CATALÀ PRO EUROPA, Memòria. Any 1984, Barcelona, Edicions Sirocco, 1985. 646 PATRONAT CATALÀ PRO EUROPA, Memòria. Any 1985, Barcelona, Patronat Català Pro Europa, 1986, p. 9. 647 RIVIÈRE, Juan Antonio, Catalunya i la Comunitat Europea. Algunes consideracions sobre els efectes de la integració, Patronat Català Pro Europa, Documents de Treball, nº 1. GASÒLIBA, Carles A., «Catalunya davant l’entrada a les Comunitats Europees», Butlletí d’Informació del Patronat Català Pro Europa, nº 4 (noviembre- diciembre 1985), pp. 1-2. 218 mismo modo, la interpretación del Patronat del proceso de integración europea se situaba en la línea propia del catalanismo moderado de aspirar a la construcción de una Europa de las regiones, por lo que dedicó parte de sus trabajos a dar a conocer la existencia de los diversos órganos europeos de representación regional (Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, Comité de Regiones Alpinas, Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de la Comunidad Europea, Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Asociación de Regiones Europeas de Tradición Industrial…)648. En noviembre de 1986 el Patronat abrió su oficina en Bruselas, siendo la primera delegación exterior del Gobierno catalán, y asumiendo las nuevas funciones de información, negociación y presión que, ya dentro de la CEE, realizaría al servicio de la Generalitat649. En fechas posteriores el Patronat ha evolucionado para convertirse en un órgano de representación exterior de Cataluña trascendiendo el marco europeo: en 2007 sería refundado como Patronat Catalunya-Món650 y en 2012 como Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT)651. 648 «Editorial: cap a l’Europa de les regions», Butlletí d’Informació del Patronat Català Pro Europa, nº 3 (septiembre-octubre 1985), pp. 1-4. 649 «Las Comunidades Autónomas insisten en tener una presencia propia ante la CEE», ABC, 23-11-1986. 650 Decreto 273/2007 de 11 de diciembre, de modificación parcial del decreto 154/2005 de 12 de julio y de aprobación de los Estatutos del Patronato Cataluña Mundo, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 17-12- 2007. 651 Decreto 149/2012 de 20 de noviembre de modificación de los Estatutos y de la denominación del Patronato Catalunya Món, que se convierte en Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 22-11-2012. 219 CAPÍTULO 3 VIEJAS Y NUEVAS ORGANIZACIONES EUROPEÍSTAS 220 221 Si los consejos nacional y regionales del Movimiento Europeo fueron, junto con la AECE, los principales núcleos aglutinadores del europeísmo antifranquista durante la dictadura, y ejes de organización de actividades europeístas con un nuevo significado a partir de la Transición, existieron también —sobre todo durante los años setenta y ochenta, al calor de la democratización y del proceso de adhesión de España a la CEE— otras entidades europeístas con vocación de representar intereses diversos. En algunos casos estos grupos estaban afiliados ya desde tiempo atrás a organizaciones internacionales que formaban parte del Movimiento Europeo Internacional, como el Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica, asentado en Barcelona desde 1956. Otros surgieron durante la Transición, como parte de la normalización de las relaciones del europeísmo internacional con España, como sucedió con las secciones españolas del Consejo de Municipalidades de Europa y de la Asociación de Periodistas Europeos. En ocasiones estos grupos tuvieron existencias efímeras o intermitentes, como las secciones de la Asociación Europea de Enseñantes y la Unión Europea de Federalistas, o estuvieron marcados por las disensiones internas, como la Juventud Europea de Federalistas y la Unión de Mujeres por Europa. En cualquier caso, todos los grupos europeístas menores de cuya historia nos ocupamos en este capítulo tuvieron en común el tratar de animar el debate político y social en torno a la integración europea, especialmente en los años de la adhesión española. En función de sus objetivos, participaron en ellos entidades públicas, miembros de partidos políticos o profesionales de distintas ramas. El auge de sus actividades y de su presencia pública coincidiría, en muchos casos, con los años de negociaciones para la adhesión de España a la CEE, para declinar o incluso llegar a desaparecer en la etapa posterior. 3.1. Europeísmo económico: la Liga Europea de Cooperación Económica A comienzos de 1946, el Comité de Acción Económica y Aduanera establecido por los aliados en Europa organizó una serie de conferencias para el diagnóstico de las economías europeas al término de la Segunda Guerra Mundial. En ellas, políticos, economistas y empresarios pusieron de manifiesto la necesidad de liberalizar los intercambios comerciales entre los países europeos para facilitar la recuperación y la reconstrucción tras la guerra. Pero fueron, sobre todo, el punto de partida para que el 222 senador democristiano belga Paul Van Zeeland —primer ministro de su país entre 1935 y 1937— y el infatigable europeísta Józef Retinger iniciaran los contactos y las gestiones para crear una asociación civil, representativa de los grandes intereses empresariales de los principales países europeos, para la promoción de la integración económica del continente. Ante la constatación de que la fragmentación de Europa operaba en contra de su reconstrucción y magnificaba la amenaza comunista, Van Zeeland y Retinger diseñaron un organismo internacional que se encargara de la defensa de los intereses económicos continentales, tanto del este como del oeste, con vistas a preparar la futura organización económica de Europa. Así, en marzo de 1947 se anunciaba el nacimiento de la Liga Independiente de Cooperación Económica, pronto rebautizada Liga Europea de Cooperación Económica (LECE), con el propio Van Zeeland como presidente, compuesta por comités nacionales —los primeros fueron establecidos en Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido— y una sede central en Bruselas. En sus Estatutos, aprobados en 1948, la LECE se declaraba una organización sin carácter político, cuyo objetivo era «constituir un lazo de unión entre los dirigentes de los principales grupos financieros de los países incorporados a la organización, para el estudio de soluciones que permitan el desarrollo del libre espíritu de empresa, al mismo tiempo que la defensa de intereses comunes». La LECE pretendía así ser un grupo transnacional de personalidades destacadas del ámbito económico —economistas, financieros y directores de empresas, pero también representantes sindicales— convencidas de los beneficios que se derivarían de la integración económica de Europa, y dispuestas a hacer presión en ese sentido frente a los gobiernos nacionales. En 1948 la LECE sería una de las seis entidades que pondrían en marcha el Movimiento Europeo Internacional en el Congreso de La Haya, y ejerció a partir de ese momento el papel de brazo económico del europeísmo internacional652. En este sentido, a partir de 1949 la LECE comenzó la publicación de estudios especializados sobre diversos aspectos de la integración europea desde un punto de vista económico. El primero de ellos, dedicado a la convertibilidad de las monedas 652 Sobre la historia de la LECE la obra de referencia es DUMOULIN, Michel, y DUTRIEUE, Anne- Myriam, La Ligue Européenne de Coopération Économique (1946-1981). Un groupe d’étude et de pression dans la construction européenne, Bruxelles, Peter Lang, 1993. En relación con los orígenes de la organización, vid. DUMOULIN, Michel, «La Lega Europea di Cooperazione Economica», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1964. Atti del convegno internazionale, Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, Milano, Jaca, 1992, pp. 265-269 y DUMOULIN, Michel, «Les débuts de la Ligue européenne de Coopération économique», Res Publica, nº 1 (1987), pp. 99-118. 223 europeas, influyó en el diseño de la Unión Europea de Pagos en 1950. Otros estudios se ocuparon de cuestiones como la movilidad de los trabajadores en Europa occidental o la necesidad de algún sistema de solidaridad con las regiones menos desarrolladas del sur del continente. A partir del acceso a la presidencia de la LECE del barón René Boël en 1951 —banquero y químico belga, administrador de la compañía Solvay y al mismo tiempo tesorero del Movimiento Europeo Internacional—, que habría de mantenerse en el cargo hasta 1980, y coincidiendo con la firma del Tratado de París, los trabajos de la LECE se orientaron a la propuesta de medidas en el seno de la Europa de los Seis, pero sin descuidar por ello la aspiración de alcanzar la integración económica del continente más allá de sus divisiones políticas. Prueba de ello fueron las propuestas presentadas después de 1960 para la liberalización de los intercambios comerciales entre la CEE y la EFTA, o la propuesta a favor de asociar la economía española al Mercado Común, enunciada en 1965. En cualquier caso, y a diferencia de otras entidades europeístas, la LECE se caracterizó desde sus inicios por ser un espacio y un movimiento de reflexión destinado a las instancias dirigentes —desde el punto de vista político y económico— y no por pretender la movilización de las masas, como podían hacer el Movimiento Europeo o la Unión Europea de Federalistas. Con un espíritu eminentemente práctico, las propuestas de la LECE correrían paralelas al proceso de integración europea, defendiendo los intereses empresariales pero desde una óptica más amplia —orientada a la consagración de unos principios elementales de libertad económica y no tanto la mera maximización de beneficios de los miembros— que la que simultáneamente ofrecía la patronal europea, organizada en la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE)653. La primera iniciativa para constituir una sección española de la LECE procedió del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, en la persona del profesor de Derecho Francisco Javier Conde, quien se dirigió en ese sentido a Louis Camu, secretario general de la LECE en Bruselas, en enero de 1950. Aunque esta primera tentativa no tuviera continuidad, dio pie al menos a una discusión de la LECE en relación con la cuestión de la eventual creación de una sección española, y en julio de 1950 el Consejo Central se posicionó a favor de la misma, aun cuando España no hubiera sido admitida en el Consejo de Europa. La LECE se alejaba así de las 653 DUTRIEUE, Anne-Myriam, «La Lega Europea di Cooperazione Economica. Un grupo di studio e di pressione nella costruzione europea (1954-1986)», en LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 975-989. 224 posiciones de condena vehemente y rechazo al régimen de Franco expresadas por otros organismos europeístas654. En 1951 se dirigieron a la LECE el Instituto de Estudios Europeos de Barcelona, presidido por Jordi Prat i Ballester, la Sociedad de Estudios Económicos Españoles y Europeos de José Larraz y una organización falangista llamada Equipos Europeos, encuadrada en el Sindicato Español Universitario. Aunque la primera decisión de la LECE fue aceptar el grupo de Larraz como base de una futura sección española, el proyecto no cuajó por la indecisión de los representantes de los bancos presentes en la sociedad, que no consideraron prudente implicarse decididamente en un proyecto europeísta en el contexto político y económico de la España de la autarquía655. Así, sería el Instituto de Estudios Europeos de Barcelona el punto de partida de la sección española, y desde 1953 sus miembros, con Prat i Ballester a la cabeza, participaron en diferentes reuniones de las instancias de la LECE. Sin embargo, el proceso se demoró más de lo previsto por la dificultad para comprometer en el mismo a figuras representativas de la banca o el mundo empresarial español, más allá de los integrantes del Instituto barcelonés, en su mayoría profesores e intelectuales considerados algo bisoños desde Bruselas. En 1955 se postuló para la presidencia de la sección española Pablo de Garnica, presidente del Banco Español de Crédito y de Minas del Rif. También pugnó por el control de la sección española el abogado y profesor de Derecho José Antonio Linati Bosch, secundado por el financiero José Gari. A la postre, las rivalidades personales (Prat Ballester fue denunciado ante el barón Boël como un «ardiente franquista»; Garnica retiró su candidatura ante la admisión en el grupo de Félix Millet, presidente del Consejo de administración del Banco Popular, y de José María Sagués, director del Banco Central, con quienes lo enfrentaba una enemistad personal), se buscó una alternativa de consenso que gozara además del plácet del régimen, de modo que se asegurara no topar con demasiados problemas administrativos o jurídicos en el trabajo de la organización656. Fue designado, así, Miguel Mateu i Pla, amigo personal de Franco y financiero barcelonés que había sido alcalde de Barcelona entre 1939 y 1945 y 654 DUMOULIN, M., y DUTRIEUE, A.-M., La Ligue… op. cit., pp. 80-81. 655 Ibíd., p. 84. 656 Entrevista del autor con D. Carlos de Montoliú, socio fundador del Comité Español de la LECE, 27- 10-2009. 225 Embajador en París entre 1945 y 1947, y a la sazón era procurador en Cortes y presidía la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional657. Finalmente, el Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (CELECE) quedó oficialmente constituido en Barcelona en junio de 1956, con Mateu como presidente, Prat Ballester y el empresario asturiano Arturo Fierro Viña como vicepresidentes, y Juan de Arteaga, Marqués de la Vega Inclán, como secretario general658. El CELECE se constituyó formalmente como asociación, de acuerdo con los requerimientos legales del momento, y como tal fue reconocido por el Gobierno español, que, pese a su aceptación, no dejó de observar al nuevo grupo europeísta con cierto recelo659. En una memoria aprobada poco antes de la inauguración oficial del grupo, se declaraba que sus principales actividades serían la difusión de los trabajos de la LECE en España mediante la traducción y difusión de sus ponencias, artículos, estudios económicos y otros documentos, junto con la preparación de los grupos industriales y financieros españoles para su adaptación al espacio europeo660. A tales actividades se consagró, pues, el CELECE, desde sus inicios, que dieron además en coincidir con la puesta en marcha de la Comunidad Económica Europea tras la firma del Tratado de Roma en 1957. Así, entre las primeras tomas de posición del CELECE figuró la adoptada en relación con la creación del Mercado Común y sus repercusiones para España, advirtiendo ya desde esos instantes de la necesidad de una aproximación realista al proceso de integración europea, ya fuera mediante una participación plena o a través de un acuerdo preferencial. El CELECE diseñó incluso un Plan para la integración de España en el Mercado Común, en el que, obviando los obstáculos políticos, definía las fases y medidas a adoptar para una transición de la economía nacional al nuevo entorno europeo. Desarrolló, además, estudios sectoriales sobre precios agrícolas e industriales en España y en Europa, sobre los productos que deberían ser objeto de atención especial en los intercambios comerciales entre España y la CEE, sobre los diferentes regímenes fiscales y la situación de los salarios y la 657 DUMOULIN, M., y DUTRIEUE, A.-M., La Ligue… op. cit., pp. 87-89. 658 El resto de miembros de la primera Junta Directiva del CELECE se componía principalmente de empresarios, como el citado José María Sagues, Carlos Godó, Francisco March Ques (sobrino de Juan March y miembro de varios consejos de administración) o Carlos Ferrer Salat, futuro presidente de la CEOE, pero también personalidades de trayectoria política como Francisco de Luis, primer presidente de la AECE, el ex ministro José Yanguas Messía, e intelectuales vinculados al europeísmo como Jesús Prados Arrarte o Manuel Riera Clavillé, uno de los animadores del Instituto de Estudios Europeos de Barcelona. El listado completo de integrantes se encuentra en FAGES RAMIÓ, Roc y LÓPEZ MOMPÓ, Fernando, 1956-2006: de la autarquía a la Constitución europea. 50 años del Comité Español de la LECE, Barcelona, Vicens Vives, 2006, p. 41. 659 DUMOULIN, M., y DUTRIEUE, A.-M., La Ligue… op. cit., p. 93. 660 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., p. 41. 226 seguridad social en diferentes países europeos, e incluso sobre las posibilidades de una unión económica entre España y Portugal. Aunque la difusión de estos trabajos no excedía por lo general los medios internos del CELECE, la difusión de sus estudios y posiciones fue poco a poco asegurándose a través de cursos y ciclos de conferencias organizados en colaboración con el Ateneo de Barcelona661. La situación del CELECE como entidad formalmente vinculada al Movimiento Europeo Internacional en un país cuyo régimen político era condenado por aquél no podía dejar de resultar controvertida. Sin embargo, las relaciones con el MEI — mantenidas sobre todo a través del barón Boël— nunca fueron muy intensas, por temor a las represalias que pudieran derivarse. En cualquier caso, tanto Miguel Mateu como sus sucesores en la presidencia del CELECE, Ignacio Villalonga Villalba en 1963 y Juan de Arteaga a partir de 1967, eran figuras bien consideradas en el régimen. Prat i Ballester sería el único miembro del CELECE presente en el contubernio de Múnich de 1962, y fue a título personal662. De hecho, tras el fracaso de la solicitud española de adhesión a la CEE de febrero de 1962 el CELECE ofrecería sus esfuerzos para, en la medida de sus posibilidades y a través de sus contactos con instituciones y gobiernos europeos, facilitar el acercamiento diplomático entre España y la CEE. Fue valiosa, en este sentido, la contribución del barón Boël, quien, pese a la acritud con que la solicitud española había sido recibida por varios gobiernos de la CEE en 1962, se pronunció en una visita a Barcelona en 1964 a favor de la apertura de negociaciones entre ambas partes663. Un año después, cuando España y la CEE habían iniciado ya los contactos que conducirían al Acuerdo comercial de 1970, el Consejo Central de la LECE aprobó por unanimidad una declaración titulada Negociaciones con España en la que, evitando cualquier referencia al carácter autoritario del régimen español, señalaba el éxito de la expansión económica española de los últimos años, apoyada en la liberalización comercial y en la intensificación de los contactos con el exterior, adelantaba los beneficios que para los países europeos se derivarían de una mejor integración económica de España en su entorno y, por todo ello, instaba a los responsables de la CEE y del gobierno español a llevar a buen fin las negociaciones en curso664. 661 Ibíd., pp. 53-60. 662 Entrevista del autor con D. Carlos de Montoliú, 27-10-2009. 663 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., p. 67. 664 DUTRIEUE, A.-M., «La Lega Europea…» cap. cit., pp. 981-982. 227 También con el nuevo Embajador español ante la CEE, Alberto Ullastres, designado en 1965, se estableció una relación cordial y cooperativa: sería frecuente que Ullastres invitara y se hiciera asesorar en Bruselas por representantes del empresariado español miembros del CELECE, y también que éste invitara al Embajador a participar en sus actividades665. No por ello dejaría el CELECE de manifestar cierto espíritu crítico en relación con las negociaciones con la CEE, reivindicando una mayor información y participación del empresariado en las mismas. Andando el tiempo, y sobre todo a raíz de los sucesos de mayo de 1968 en París, los medios internos del CELECE empezarían a contemplar tímidamente la variable política como un elemento a manejar en las relaciones con la CEE666. Sin embargo, cuando el Acuerdo preferencial resultó concluido en 1970, la valoración que el CELECE ofreció del mismo fue bastante positiva. En una resolución presentada pocos días después de la firma del Acuerdo, el CELECE afirmaba que sería beneficioso para los intereses de los españoles, pero proponía asimismo que el Acuerdo fuera sólo un primer paso y que «se acelere el proceso en virtud del cual nuestro país pueda integrarse en breve en los esquemas político, económico y social que han de configurar el porvenir de España para su plena incorporación a Europa»667. Un cierto cambio de actitud se dio, por tanto, en el CELECE con la entrada de la década de los setenta, al empezar a reivindicar con mayor claridad la adopción por España de decisiones y estrategias claramente abocadas a la adhesión a la CEE, prescindiendo cada vez más de los giros y eufemismos con que se eludían las dificultades políticas. Ése sería el sentido de la declaración pública aprobada en marzo de 1972 en relación con los problemas que había de suscitar para España la ampliación de la CEE a nuevos miembros a partir del año siguiente, en la que se decía: «1. La incorporación de España, en calidad de miembro de pleno derecho, a la Comunidad Económica Europea, constituye una exigencia histórica a la que urgentemente hay que adaptarse con carácter prioritario. »2. La incorporación de España a la Comunidad —a diferencia de cualquier acuerdo preferencial o de la inclusión de nuestro país en una zona de libre cambio— nos permitiría intervenir activamente en la elaboración de la política económica conjunta, en la distribución de recursos comunitarios y en la toma de decisiones que afectan al futuro de nuestro país. »3. La negociación del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea no sólo no implicaría una supresión brusca de nuestra actual 665 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., pp. 73-74. Entrevista del autor con D. Carlos de Montoliú, 27-10-2009. 666 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., p. 81. 667 Ibíd., pp. 85-86. 228 protección arancelaria, sino que permitiría a nuestro país la obtención de los plazos y condiciones necesarios. »4. La reciente ampliación de la Comunidad significaría el reconocimiento que los nuevos imperativos económicos, sociales y tecnológicos exigen la formación de grandes áreas geográficas donde los hombre vivan y creen riquezas juntos, is pretenden que sus países participen en la construcción de un futuro mejor. »5. El aplazamiento del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea crea gran incertidumbre en la toma de decisiones empresariales y entraña dos riesgos evidentes estrechamente vinculados entre sí: el riesgo de un ahondamiento del foso económico que nos separa de los países de la Comunidad y el riesgo de una acentuación de las dificultades inherentes a la negociación »668. Pese a que estos planteamientos tenían pocos visos de hacerse realidad mientras se mantuviera vigente el régimen franquista, fueron acogidos con mucho interés en el seno de la LECE internacional y el barón Boël los aplaudió en una posterior visita a Barcelona. Esta línea de mayor reivindicación política por parte del CELECE se acentuó en 1974 con la publicación de un comunicado elaborado conjuntamente con la AECE y el Instituto de Estudios Europeos de Barcelona con ocasión del vigésimo quinto aniversario del Consejo de Europa, donde se alababa la labor de la esta organización en la construcción europea y se afirmaba que «sólo el reconocimiento de la interdependencia de los Estados europeos, plasmada en una federación política, puede asegurar a los pueblos de Europa y de España la prosperidad y las libertades que constituyen nuestra meta histórica común»669. A partir de la muerte de Franco, el CELECE haría una prioridad de la proyección hacia el resto de la LECE de la convicción de que España había entrado en una vía irrevocable hacia la democracia, y con ello hacia la integración en la CEE. En este sentido se expresaron los representantes españoles en la reunión del Comité Central de la LECE en diciembre de 1975, instando con ello a sus colegas europeos a presionar a favor de la reconducción de las relaciones entre España y la CEE, congeladas tras los fusilamientos de septiembre. La respuesta obtenida sería positiva, y de hecho la LECE constituiría, a través de sus resoluciones y de las declaraciones de sus dirigentes, un apoyo para la política europea del Gobierno español en el período en que, previamente a las elecciones de junio de 1977 y la subsecuente solicitud española de adhesión a la CEE, las relaciones entre ambas partes estuvieron teñidas de cierta ambigüedad670. En octubre de 1976 la LECE celebró en Barcelona la reunión de su Consejo Central 668 Ibíd., pp. 89-90. 669 Ibíd., pp. 91-92. 670 DUMOULIN, M., y DUTRIEUE, A.-M., La Ligue… op. cit., pp. 178-179. 229 ampliado, reconociendo con ello la actividad europeísta del CELECE y tratando de impulsar el acercamiento de España a la CEE. En la declaración aprobada en la reunión el Consejo Central constataba la evolución de la política española «claramente hacia un sistema democrático» y expresaba su deseo de una pronta integración de España en la CEE671. A todo esto, los años de la transición serían también de renovación y de profundización en el alcance de las actividades del CELECE en España — especialmente en Cataluña672—, ante la desaparición de los obstáculos políticos de la época anterior. En 1976 fueron invitados a impartir conferencias en el CELECE políticos de variadas tendencias, como el socialista Josep Pallach, el democristiano Antón Cañellas o el nacionalista Jordi Pujol. Ello coincidió con una renovación en las estructuras directivas del CELECE, al sustituir en 1975 Carlos Güell de Sentmenat al Marqués de la Vega Inclán en la presidencia, y con el sucesivo paso por la secretaría general de Jorge Trias Sagnier, Josep María Pujada y Joan Jordi Bergós. También con el resto de las entidades europeístas españolas se normalizaron las relaciones, con la incorporación oficial del CELECE al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en 1978 y la designación como tesorero de éste de Carlos de Montoliú, vocal del CELECE673. El proceso abierto a partir de la solicitud de adhesión española a la CEE permitiría al CELECE participar como un grupo de presión más sobre las negociaciones entre España y la CEE, con la doble dimensión de grupo representante de los intereses empresariales y de entidad europeísta miembro del Movimiento Europeo Internacional. Así, en el primer sentido elaboró posiciones en defensa de determinados intereses nacionales, pero en el segundo trabajó para lograr una mejor comprensión de las tesis españolas en el seno del europeísmo internacional y, a través de ello, en las instituciones 671 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., pp. 100-101. «La LECE, interesada en la evolución española», Tele-Exprés, 16-10-1976; «Se reunió el consejo de la “LECE”», El noticiero universal, 16-10-1976; «La LECE valora positivamente la evolución política de España», El correo catalán, 16-10-1976. El Consejo Central ampliado de la LECE ya se había reunido otras dos veces en España: la primera en 1958, tras el establecimiento del CELECE y al objeto de dar a éste impulso, y la segunda en 1966, tras la aceptación por la Comisión Europea de la apertura de negociaciones con España para la firma de un Acuerdo comercial. 672 El carácter mayoritariamente catalán del CELECE queda reflejado en el siguiente dato: a la altura de 1983 el CELECE estaba integrado por 202 miembros. De éstos, 131 eran socios individuales de Barcelona, 17 empresas de Barcelona, 52 socios individuales de Madrid y 2 empresas de Madrid. Cfr. LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. COMITÉ ESPAÑOL, Memoria 1981-1997, Barcelona, CELECE, 1999, pp. 13-14. 673 «Acta de la reunión celebrada por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo», 17-7-1978, FLC, SRI 2197/1. 230 de la CEE y en los gobiernos de los Estados miembros674. Ya en noviembre de 1977 Güell de Sentmenat planteaba que la actitud del CELECE ante sus interlocutores, y muy especialmente ante el resto de secciones nacionales de la LECE, debía ser la reivindicación de una adhesión plena para España a la CEE, es decir, no aceptar ninguna forma de aproximación que no comportara o que retrasara la condición de miembro de pleno derecho. Por otra parte, se debía exigir al Gobierno firmeza en la negociación, así como un esfuerzo en la reestructuración económica del país que permitiera hacer frente a los desafíos de la adhesión, y en este sentido Güell de Sentmenat valoraba de forma positiva en términos generales los Pactos de la Moncloa, si bien lamentaba la ausencia en los mismos de estímulos a la exportación y de referencias a las negociaciones con la CEE.675 Aunque la LECE internacional no llegó a pronunciarse en detalle en relación con los aspectos técnicos de las negociaciones de adhesión, sus tomas de posición en relación con la cuestión española se correspondieron en general con las demandas del CELECE, sin que ello suscitara grandes controversias internas. A explicar esto concurren, por un lado, la compatibilidad entre los intereses del empresariado español y el de los países miembros de la CEE en relación con la adhesión española, y por otro el peso relativamente menor de las cuestiones agrarias —donde realmente hubiera sido posible un disenso más grave— en las discusiones de la LECE. Así, en julio de 1978 el Consejo Central de la LECE aprobó a propuesta del CELECE una declaración netamente favorable a la ampliación de la CEE, donde, pese a no esconder la existencia de dificultades técnicas y económicas, afirmaba que éstas debían ser superadas como «un deber de solidaridad con vistas a construir una Europa unida y democrática». Precisamente para abordar esos problemas la LECE organizó en noviembre de 1978 una conferencia en Madrid sobre los efectos de la adhesión, presidida por el ministro Calvo-Sotelo676. Esta iniciativa fue seguida por una mesa redonda internacional, en 674 Así lo exponía Carlos Güell de Sentmenat en una entrevista concedida a El noticiero universal, 15-11- 1978. 675 Alocución de Carlos Güell de Sentmenat en la Junta General Anual estatutaria del Comité Español de la LECE, Barcelona, 28-11-1977, «Noticias de la Liga Europea de Cooperación Económica», Doc. nº 153, p. 38, AHUE, DOC/ME-26. 676 LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. COMITÉ ESPAÑOL, Memoria 1978, p. 37, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. En la conferencia se discutieron las ponencias de Francisco Granell, director del Centro de Estudios de Economía Internacional de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, sobre «Las circunstancias económicas de la segunda ampliación de la Comunidad Europea»; Adrián Piera, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Madrid, sobre «Los problemas sociales y la ampliación de la Comunidad Económica Europea»; Carlos Montoliú, vocal del 231 diciembre de 1979, que a su vez dio lugar a una resolución del Comité Ejecutivo de la LECE, más tarde aceptada por el Consejo Central, consistente en tres puntos: la adhesión de España a la CEE tenía un significado esencialmente político, en el sentido de consolidar la democracia en Europa; España aportaría a la Comunidad una nueva dimensión geopolítica, reforzándola hacia el sur y favoreciendo la modernización de sus regiones periféricas; y el acervo comunitario tendría que ser asumido en su totalidad por los nuevos miembros, en especial en lo referente a las preferencias comunitarias677. Los obstáculos surgidos en las negociaciones, y muy especialmente las declaraciones del presidente francés Valéry Giscard d’Estaing en junio de 1980, estarían presentes en las discusiones de la LECE, que en general adoptó posiciones conciliadoras o en apoyo de las tesis españolas. En la reunión del Comité Central de Berlín de junio de 1980, apenas dos semanas después de la sacudida producida por el discurso de Giscard, el apoyo a España fue ampliamente mayoritario y la delegación francesa, liderada precisamente por el hermano del presidente de la República, Olivier Giscard d’Estaing, quedó en minoría al manifestarse a favor de congelar la ampliación de la CEE678. Así, el Comité Central afirmó en la resolución aprobada que «…ayant pris connaissance de déclarations récentes, [il] considère que la décision favorable prise par les Neuf quant à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté ne peut être remise en question et que les négociations doivent se poursuivre en vue de faire entrer comme prévu les deux pays dans la Communauté»679. Estando la cuestión agraria en el núcleo de los recelos franceses respecto de la adhesión española, el CELECE orientó parte de su trabajo a la elaboración de argumentos con que defender la complementariedad de la agricultura española con la del resto de países europeos, así como la reforma de la Política Agraria Común de la CEE en un sentido más favorable a los países mediterráneos. De hecho, estas tesis ya gozaban, con la excepción de los franceses, de aceptación en la LECE, que en 1977 había aprobado una resolución sobre problemas agrícolas en que señalaba que la CELECE, sobre «Problemática agrícola de la ampliación de la CEE», y Alberto Oliart, sobre «Los aspectos financieros de la ampliación de la Comunidad Económica Europea». 677 DUMOULIN, M., y DUTRIEUE, A.-M., La Ligue… op. cit., pp. 179-180. 678 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., p. 119. 679 «Résolution sur l’élargissement des Communautés européennes», 20 juin 1980, en LECE, Rapport du secrétaire général sur l’activité de la LECE en 1980, Bruxelles, 1981, p. 21, cit. en DUMOULIN, M., y DUTRIEUE, A.-M., La Ligue… op. cit., p. 180. 232 entrada de los nuevos miembros en la CEE sería beneficiosa, dado que obligaría a éstos a someter su producción a una disciplina común680. Por parte del CELECE, en 1977 Carlos de Montoliú elaboró un informe sobre La agricultura española ante la segunda ampliación de la CEE, en que resumía la situación general de la agricultura española respecto de la comunitaria, los efectos que se derivarían para ambas partes de la adhesión española, y las acciones recomendables al respecto. El estudio resaltaba el carácter complementario de la agricultura española respecto de la agricultura continental europea, tradicionalmente privilegiada en la PAC; señalaba sus aspectos fuertes, en los que España exportaba a la CEE (sectores hortofrutícola y vitivinícola, aceite de oliva) y aquellos en los que España era deficitaria (cereales, carnes de bovino, porcino y aves; huevos, leche y productos lácteos; algodón, azúcar y semillas oleaginosas). La baja productividad y el escaso esfuerzo del Estado en el sostenimiento del sector agrario —por oposición a la situación en la CEE— hacían particularmente necesaria para España la percepción de ayudas a través de los fondos comunitarios, que permitieran revitalizar su agricultura (a la altura de 1976 la agricultura ocupaba aún al 20% de la población activa española y generaba un 11% del PIB, pero sólo participaba del 6,7% de los presupuestos del Estado, con unos costes de intervención en torno a un 20% de la media de la CEE). Para hacer la adhesión española más digerible para aquellos Estados temerosos de la competencia intramediterránea en la CEE (Francia e Italia), Montoliú proponía que se realizaran esfuerzos en un doble sentido: por un lado, una reforma de la PAC en un sentido más favorable para los países de agricultura mediterránea; por otro, un esfuerzo por parte de estos países, y en particular de España, de reordenación de producciones y mercados, disminuyendo las producciones excedentarias y fomentando otras —algodón, tabaco, plantas oleaginosas y forrajeras— con menor grado de autoabastecimiento en la CEE. Pero esta adaptación requeriría, a su vez, de un mayor apoyo de los fondos europeos, y en concreto del FEOGA, hacia las regiones mediterráneas, la aprobación de nuevos reglamentos para los productos típicos mediterráneos y la aplicación de políticas que permitieran la absorción de mano de obra sobrante del sector agrario en la industria y el turismo681. Tales argumentos fueron expuestos en las reuniones de la Comisión Agrícola de la LECE, como la que tuvo lugar en Barcelona en mayo de 1981 y que trató 680 «Noticias de la Liga…» doc. cit., p. 33. AHUE, DOC/ME-26. 681 Apuntes presentados por D. Carlos de Montoliú, La agricultura española ante la segunda ampliación de la CEE, Barcelona, 16 de noviembre de 1977, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 233 específicamente de las implicaciones de la adhesión española682, y, según el testimonio del propio Montoliú, las otras secciones nacionales se mostraron en general bastante receptivas a los mismos, con la excepción de la francesa —aunque no de la italiana—, pero sin que ello tuviera tampoco gran valor a la hora de condicionar las posiciones de sus respectivos gobiernos en las negociaciones683. En cualquier caso, el CELECE compaginó en estos años su función como grupo de presión interno, representante de los intereses empresariales, con la de grupo europeísta con cierta capacidad de influencia exterior. Y así, ante la congelación sufrida por las negociaciones a partir del verano de 1980 el CELECE manifestó por un lado sus críticas hacia las decisiones gubernamentales y elaboró propuestas propias al respecto, y por otro trató de movilizar a la LECE y con ella al europeísmo internacional a favor del relanzamiento de las negociaciones. En el primer sentido, en 1981 el CELECE elaboró un informe con numerosos rasgos en común con el Libro blanco publicado en las mismas fechas por la CEOE. La principal preocupación del CELECE en ese momento era el compromiso aceptado por el gobierno español de implantar en España el IVA desde el momento de la adhesión a la CEE, que el CELECE estimaba repercutiría en pérdida de competitividad y en un aumento suplementario de la inflación en cinco puntos684. En cuanto a la actitud de la LECE internacional, la movilización del empresariado europeísta a favor de la ampliación de la CEE quedó patente en la reunión del Consejo Central ampliado de la LECE en mayo de 1982 en la sede del Banco Urquijo en Madrid. Tanto Carlos Güell como Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE a la par que vocal del CELECE) expusieron el riesgo de desencanto de la opinión pública española ante la demora de las negociaciones y la preocupación de los empresarios españoles ante determinadas exigencias de los negociadores comunitarios. La reunión se cerraría con la aprobación de una resolución de la LECE claramente favorable a los intereses españoles, demandando un calendario estricto para las negociaciones y un mejor equilibrio entre el norte y el sur de la Comunidad685. Ante los sucesivos retrasos y frustraciones, la LECE seguiría respondiendo posicionándose junto a los intereses españoles: así lo hizo después de la reunión del Consejo Europeo en Copenhague en 682 LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. COMITÉ ESPAÑOL, Memoria 1981- 1997… op. cit., p. 9. 683 Entrevista del autor con D. Carlos de Montoliú, 27-10-2009. 684 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., pp. 120-121. 685 Ibíd., pp. 125-126. 234 diciembre de 1982686 y tras el sonado fracaso de la cumbre de Atenas de diciembre de 1983, cuando manifestó «su profunda inquietud y su indignación ante la incapacidad de los mandatarios de los gobiernos europeos para solventar los problemas que se acumulan y cuya solución es fundamental para el futuro de Europa», incluyendo entre los mismos la adhesión de España y Portugal687. En 1984, y coincidiendo con la publicación por la CEOE de los que consideraba «objetivos mínimos» a alcanzar en la negociación, el CELECE adoptó la que sería su posición más dura a todo lo largo del proceso en relación con los plazos propuestos por Bruselas para el desarme arancelario industrial español, que los empresarios españoles —tanto en la CEOE como en el CELECE— juzgaban apresurado e inadmisible, y en relación con el cual el CELECE anunciaba que secundaría la ruptura de las negociaciones por parte del Gobierno español, si ésta se producía: «[…] 3. El Comité Español de la LECE considera oportuno hacer notar […] su inquietud ante la disparidad existente entre las posiciones negociadoras de las delegaciones española y comunitaria en el momento en que, al parecer, se está entrando en la fase final de la negociación. »4. Esa disparidad es tan sustancial que ha dado lugar a que, tanto el Presidente del Gobierno como el Ministro de Asuntos Exteriores de España, hayan realizado solemnes advertencias en el sentido de que no resultaría aceptable un tratado de adhesión que supusiera un grave desequilibrio entre la industria y la agricultura, que exigiera un rápido desarme de la industria española o que estableciera un sistema de etapas para los productos agrícolas tradicionalmente exportados por España […] »5. […] El Comité Español de la LECE cree preciso llamar la atención de las instituciones comunitarias acerca de la posibilidad de que reexaminaran sus posiciones negociadoras, actualmente muy alejadas, e incluso diametralmente opuestas a las que propugna el Gobierno español. »6. El Comité Español de la LECE desea formular la más solemne advertencia de que podría conducir a situaciones complicadas el que, del lado comunitario, se siguieran pidiendo a España condiciones para el futuro tratado de adhesión que no cabría aceptar sin gravar la economía española con cargas insoportables y que, en caso de que se materializaran, ocasionarían en aquélla un impacto de consecuencias difícilmente mensurables. Semejante planteamiento conduciría previsiblemente a que el Gobierno español, para ser coherente con las posiciones que hasta ahora ha hecho públicas, hubiera de renunciar a la adhesión, lo cual originaría un sentimiento de frustración que, sin duda, implicaría un grave retroceso en el trabajoso caminar de la España democrática hacia las Comunidades Europeas»688. El enderezamiento de las negociaciones a partir de 1984, con el progresivo cierre de capítulos y el aborde final de la cuestión agraria, sería valorado positivamente tanto 686 «Résolution de la LECE sur l’adhésion de l’Espagne à la CEE», 10-12-1982, Archivo del Comité Económico y Social Europeo (ACESE), caja 4376, carpeta5. 687 FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit., p. 129. 688 LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. COMITÉ ESPAÑOL, Memoria 1981- 1997… op. cit., pp. 18-19. 235 por el CELECE como por la LECE internacional, pero no daría lugar a tomas de posición públicas y mucho menos tan contundentes como la que acabamos de citar689. Cabe suponer que, al igual que sucedió con la CEOE y con otras organizaciones, la frustración por la no consecución de determinados objetivos en la fase final de las negociaciones condujo no tanto al rechazo del Tratado finalmente acordado cuanto a una valoración realista del mismo en que se ponderaba el logro que suponía acceder por fin a la CEE, a la vez que instaba a la sociedad en general, a los empresarios en concreto y muy especialmente a los responsables públicos a acometer las reformas económicas necesarias para que las empresas españolas pudieran ser competitivas en el nuevo marco comunitario. Así, a lo largo de 1985 el CELECE intensificó su actividad divulgadora con la celebración de nuevos ciclos de conferencias sobre los efectos de la adhesión, y comenzó a redefinir su papel como lobby empresarial y europeísta ya desde dentro de la Comunidad690. 3.2. Europeísmo radical: la Unión Europea de Federalistas y las tentativas de constituir una sección en España Dentro de las diversas corrientes del europeísmo extendidas y desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial, el federalismo fue una de las pioneras y de las más avanzadas en su ideario a favor de la cesión de soberanía por parte de los Estados691. En su gestación se destacaron antifascistas italianos en presidio o clandestinidad durante la Segunda Guerra Mundial, y en particular Altiero Spinelli, autor junto con Ernesto Rossi del Manifiesto por una Europa libre y unida en la isla de Ventotene en 1941, y creador del Movimiento Federalista Italiano en 1943692. El federalismo de Spinelli era deudor del pensamiento de Alexander Hamilton en su concepción de la limitación progresiva de la soberanía de los Estados como vía para alcanzar un gobierno mundial, 689 A fines de 1984 la LECE volvía a pronunciarse públicamente a favor de la causa española y portuguesa, expresando su confianza en que la gestión del nuevo presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, evitara que la ampliación se demorara más allá de 1986. FAGES RAMIÓ, R. y LÓPEZ MOMPÓ, F., 1956-2006… op. cit.,., pp. 131-132. 690 LIGA EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. COMITÉ ESPAÑOL, Memoria 1981- 1997… op. cit., pp. 23-26. Entrevista del autor con D. Carlos de Montoliú, 27-10-2009. 691 La obra de referencia sobre la historia de la UEF es PISTONE, Sergio, The Union of European Federalists. From the Foundation to the Decision on Direct Election of the European Parliament (1946-1974), Milano, Giuffré Editore, 2008. 692 PISTONE, Sergio, «La lotta del movimento federalista europeo dalla resistenza alla caduta della Comunità Europea di difesa nel 1954», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1954. Atti el convegno internazionale, Pavia 19-20-21 ottobre 1989, Milano, Jaca, 1992, pp. 17-61. 236 comenzando en este caso por los Estados europeos693. Frente a estas ideas, otros políticos y pensadores, como el neerlandés Henri Brugmans, el ucraniano nacionalizado francés Alexandre Marc, o el suizo Denis de Rougemont, apostaron también por el federalismo como la vía para la integración de Europa, si bien desde una concepción integral que no aspiraba a la erradicación de los Estados, sino más bien a su integración en un sistema de soberanías graduales en el que participaran entidades supra y subestatales694. En la efervescencia del europeísmo que sobrevino al término de la guerra, grupos federalistas procedentes de diversos países europeos comenzaron a mantener encuentros y a esbozar un programa político. Ya en 1944 se había producido una reunión de federalistas en Ginebra en que se había aprobado una declaración fuertemente influida por las tesis italianas. En marzo de 1945 se creó en París un comité internacional por la federación europea, en una reunión a la que asistieron escritores e intelectuales como Albert Camus y George Orwell. En septiembre de 1945 se celebró una conferencia en Hertenstein (Suiza) en que participaron grupos federalistas procedentes de Alemania, Bélgica, Suiza, Países Bajos e Italia, con representación de otras nacionalidades a título individual. El programa de Hertenstein, preparado por Henri Brugmans, planteaba como principios esenciales la cesión por los Estados de parte de su soberanía económica, política y militar a una autoridad federal, y la resolución pacífica, a través de la unión federal, de las controversias entre los Estados, así como la definición conjunta de sus programas de reconstrucción y cooperación económica. Un paso más se dio al año siguiente en Luxemburgo con la creación del Consejo de Federalistas Europeos, y al fin, en diciembre de 1946, se instituyó la Unión Europea de Federalistas (UEF) con sede en París, con Brugmans como presidente y Marc como secretario general695. El propósito de la UEF no era tanto constituirse en fuerza política como ser una organización transversal capaz de influir y movilizar tanto a la opinión pública como a partidos, parlamentos y gobiernos a favor de la federación europea. Con este propósito 693 Sobre Spinelli, vid. SPINELLI, Altiero, Come ho tentato di diventarie saggio, Bolonia, Il Mulino, 2006; PAOLINI, Edmondo, Altiero Spinelli. Appunti per una biografia, Bolonia, Il Mulino, 1988; CHITI BATELLI, Andrea, L’idea europea nel pensiero di Altiero SpinellI, Manduria, Lacaita Editore, 1989; GRALIA, Piero S., Altiero Spinelli, Bolonia, Il Mulino, 2008. 694 Sobre el federalismo integral, vid. Le fédéralisme et A. Marc, Centre de Recherches Européennes, 1974; ACKERMANN, Denis de Rougemont. De la personne à l’Europe, Lausanne, L’Age d’Homme, 2000. 695 Las entidades fundadoras de la UEF fueron Europeesche Actie (Países Bajos), Federal Union (Reino Unido), Unión Fédérale (Bëlgica), Movimento Federalista Europeo (Italia), Union Fédérale (Luxemburgo), Europa-Union (Suiza) y varios movimientos procedentes de Francia. 237 la UEF tomó parte en la creación del Movimiento Europeo en 1948 y se convirtió en la vanguardia de éste en la demanda de pasos firmes en el proceso de integración. Entre sus actividades figuraron publicaciones como la revista Lettre Fédéraliste o el Bulletin d’Information editado a partir de 1953, actos propagandísticos y tentativas de movilización popular para la aprobación de una constitución europea, como sucedió en 1950 coincidiendo con el inicio de los trabajos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sin embargo, la firma de los Tratados de París y Roma, con la puesta en marcha de las Comunidades Europeas, supuso un desafío para la cohesión de la UEF, donde coexistían una perspectiva constitucionalista, más o menos conformista o moderada, que veía en estos Tratados un éxito relativo y aplaudía todo avance en el proceso de integración aun cuando fuera desde una óptica funcionalista; y la perspectiva maximalista del federalismo integral, encabezada por Spinelli, que daba prioridad a la creación de una unión europea federal en que las soberanías estatales quedaran definitivamente arrumbadas696. A la postre, el enfrentamiento entre ambas tendencias llevó a la escisión de la UEF en 1956 y al surgimiento de dos nuevas entidades: el moderado Centro de Acción Europea Federalista (AEF), con presencia de los grupos de la RFA, Países Bajos y la mayoría de los franceses; y el Movimiento Federalista Europeo (MFE) —nombre adoptado a partir de 1959— de carácter maximalista y liderado por los federalistas italianos697. Así, en la década de los sesenta las actividades de la AEF, liderada por Brugmans y el alemán Ernst Friedländer, presidente de la Europa Union alemana, se aproximaron cada vez más a las que realizaba el Movimiento Europeo Internacional, del que por lo demás las dos entidades federalistas seguían siendo parte: acciones y propuestas de carácter moderado con vistas a animar a partidos políticos y gobiernos a avanzar en el proceso de integración europea a partir de las estructuras creadas en los Tratados de París y Roma. Por su parte, el MFE, fiel a su postura más radical en contra de los Estados, se convirtió en un movimiento político de carácter supranacional, en el que las unidades de base eran organizaciones ya no nacionales sino regionales. Sin embargo, la desunión del federalismo y la orientación del pensamiento europeísta en torno a las 696 POSSELT, Martin, «L’Unione Europea dei Federalisti e il Congresso di Montreux del 1947», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1954. Atti el convegno internazionale, Pavia 19-20-21 ottobre 1989, Milano, Jaca, 1992, pp. 301-310. 697 ROGNONI VERCELLI, Cinzia, «L’Unione Europea dei Federalisti», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1954. Atti el convegno internazionale, Pavia 19-20-21 ottobre 1989, Milano, Jaca, 1992, pp. 183-204. 238 Comunidades Europeas realmente existentes propició que el federalismo perdiera adeptos y durante estos años sus debates se concentraran crecientemente en cuestiones teóricas, como sucedió con la aprobación de la Carta Federalista del MFE en 1964, al mismo tiempo que las organizaciones de base perdían masivamente afiliados. La toma de conciencia de esta realidad permitió que tanto la AEF como el MFE adoptaran desde fines de los sesenta una actitud más práctica, volcada hacia la consecución de objetivos concretos, entre los que destacaría la reivindicación de la elección directa del Parlamento Europeo. Puesta en marcha inicialmente por el MFE en 1967 con la recogida de 50.000 firmas para la presentación de un proyecto de ley de iniciativa popular en el Parlamento italiano, la campaña por las elecciones europeas propiciaría el reencuentro de las dos organizaciones y la refundación de la UEF con nuevos estatutos y con Étienne Hirsch como presidente en 1973698. Esta nueva etapa estaría marcada por la voluntad de potenciar las movilizaciones populares para hacer presión sobre los gobiernos y las instituciones comunitarias con vistas a la reforma de éstas; así, desde 1969 se pusieron en práctica las llamadas contra- cumbres, concentraciones europeístas celebradas paralelamente a las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno de la CEE699. Bajo el liderazgo de la nueva secretaria general, Caterina Chizzola, la UEF trató también de extenderse a países no miembros de las Comunidades, como veremos en el caso de España. Para la UEF, presidida desde 1975 por Mario Albertini, la elección directa del Parlamento Europeo significaba recuperar el viejo ideal de reunir una asamblea constituyente para Europa; y así, después de 1979 los federalistas impulsaron a la asamblea de Bruselas a la redacción de un Tratado que superara las viejas estructuras comunitarias y creara una unión política. Además de este asunto, las declaraciones de la UEF en estos años demandarían la ampliación de la CEE (siempre que no implicara una disolución de ésta en sentido intergubernamental), la institución de la moneda única, la ampliación de los recursos propios de la Comunidad hasta el 2,5% del PIB de los Estados miembros, la asunción de poderes reales en 698 MORELLI, Umberto, «L’Unione europea dei federalisti e il Movimento federalista europeo sovranazionale», en PISTONE, S. (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1954-1969, Pavía, Università di Pavia, 1996, pp. 179-227. 699 Además de la de La Haya (1969), destacaron las contracumbres de París (1972), Roma (1975), Estrasburgo (1979) y especialmente Milán (1985). 239 materia de política exterior, de defensa y de energía, o la participación del Parlamento Europeo en la designación y el control de la Comisión700. La iniciativa de un grupo de europarlamentarios, liderados por el propio Altiero Spinelli (que había accedido al Parlamento Europeo como independiente en las listas del Partido Comunista Italiano) y conocidos como el club del Cocodrilo (por el nombre del restaurante bruselense donde solían reunirse) hizo posible que en 1984 el Parlamento Europeo presentara su propuesta de Tratado de la Unión Europea, un texto que redefinía el papel de las instituciones comunitarias otorgando mayor peso al Parlamento en detrimento del Consejo y fortaleciendo el papel de la Comisión. Junto con ello, proponía medidas para avanzar hacia el mercado único, la unión monetaria y la profundización en las políticas sociales y clasificaba las competencias de la Unión en exclusivas y compartidas, consagrando el principio de la subsidiariedad (cuestiones, en fin, retomadas más tarde en el Acta Única Europea y en los diversos Tratados de la Unión). Además, en junio de 1983 el Consejo Europeo de Stuttgart aprobó una «Declaración solemne sobre la Unión Europea», en que los Estados manifestaron su voluntad de abandonar el método intergubernamental y adoptar nuevas políticas comunes. La UEF, pese a entender que el proyecto diseñaba una unión todavía lejos de las aspiraciones federalistas, juzgó positivamente el proyecto por dotar a Europa de los instrumentos a partir de los cuales esa federación podría ser alcanzable en el futuro, en especial en lo relativo a la supranacionalidad y al papel de las instituciones; por ello puso su empeño en dar a conocer el texto del Tratado e influir sobre gobiernos y parlamentos nacionales en favor de su aprobación. Sin embargo, pese a la acogida favorable que le dispensaron en principio figuras como Mitterrand y pese a que varios parlamentos nacionales emitieron resoluciones laudatorias del mismo (en Italia, Bélgica y la RFA), el proyecto resultó demasiado ambicioso para su momento y sería finalmente desestimado en favor de las reformas propuestas en 1985 por los comités Doodge y Adonino, que confluirían en el Acta Única Europea701. Por lo que se refiere a las relaciones entre las organizaciones europeas federalistas y las entidades europeístas españolas, en los primeros años de existencia de la UEF ya se habían producido algunos contactos, principalmente con grupos asentados fuera de 700 MORELLI, U., «Il Movimento Federalista Europeo socranazionale e l’Unione Europea dei Federalisti», en LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (a cura di), I movimnti per l’unità europea, 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 665-741. 701 Sobre el llamado «proyecto Spinelli», vid. OLIVI, Bino, L’Europa difficile. Storia e politica dell’integrazione europea, 1948-2000, Bolonia, Il Mulino, 2001, pp. 238-252. 240 España, pero la canalización del europeísmo del exilio a través del CFEME orientó a la mayoría de los europeístas españoles prioritariamente hacia el Movimiento Europeo Internacional antes que hacia los grupos federalistas. De hecho, dado que lo que los grupos españoles buscaban principalmente en las entidades europeístas era un medio para denunciar la falta de democracia en España y la contradicción entre el mantenimiento de la dictadura y las aspiraciones europeístas del pueblo español, las disquisiciones en torno al federalismo quedaban en principio lejos de sus intereses. Sin embargo, hay que señalar la participación de varios miembros del Movimiento Federalista Vasco, pertenecientes a varios partidos, en algunos de los primeros congresos de la UEF, como el celebrado en Roma en noviembre de 1948, y al que acudieron Ramón María Aldasoro, Juan Carlos Basterra, Francisco Javier Landaburu y Teodoro Aguirre. En ese congreso el MFV fue públicamente admitido en la UEF, y poco después Landaburu fue designado miembro de su Comité Central. En junio de 1949 Enric Adroher Gironella fue invitado a exponer su visión del régimen de Franco en una reunión de la Comisión para la integridad de Europa de la UEF dedicada íntegramente a la situación de España, en la que se discutió un extenso informe presentado por Landaburu702. Sin embargo, la participación vasca —y española— en la UEF se limitó a la presencia de Landaburu en algunas reuniones y a la asistencia de dos delegados al V Congreso, en 1955, poco antes de que las dos corrientes federalistas europeas se escindieran y la sección vasca desapareciera703. Aunque en 1965 se emprendieron algunos contactos con vías a retomar el puesto del federalismo vasco en el MFE, finalmente se desestimó la idea al comprobar que el ideal nacionalista se compenetraba difícilmente con los objetivos de esta organización704. 702 UEF, «Commission pour l’intégrité de l’Europe, Compte rendu provisoire de la 4e reunión à Paris le 10 juin 1949. Exposé de M. Landaburu, 10 Juin 1949», AHUE, UEF-168. Resulta interesante reproducir algunas de las consideraciones que en fecha tan temprana hacía Gironella sobre la importancia del europeísmo en la lucha contra la dictadura: «Il n’y a qu’une solution: amener la démocratie en Espagne par l’Europe. Elle est longue mais elle est sûrement positive. Elle est de nature à polariser toutes les forces nécessaries à l’édification d’une Espagne démocratique. Même les capitalistes laisseraient tomber Franco s’ils sentaient qu’ils ont l’Europe derrière eux. De même, la liaison entre socialistes, libéraux et démo-chrétiens sont plus faciles [sic] sur le plan européen. Pour la rélisation de ce double but: la démocratisation de l’Espagne et son intégration simultanée à l’Europe, il faudrait commencer par faire une propagande unique dans ce sens et faire entrer toutes les foces politiques démocratiques espagnoles —même les monarchistes— dans le Conseil espagnol du M. E. […] Il faut réorganiser une Résistance à base fédéraliste, qui rassemble toutes les oppositions franquistes, et cela n’est posible que sur le plan européen, l’unique point permettant d’envisager une conciliation des diverses forces qui s’opposent en Espagne.» 703 ARRIETA ALBERDI, Leyre, «Red de relaciones europeas del PNV (1945-1977)», Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 30 (2008), pp. 313-331. 704 ARRIETA ALBERDI, Leyre, Estación Europa. La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), Madrid, Tecnos, 2007, pp. 147-151, 229-232 y 301-302. 241 Sin embargo, no por ello dejó el MFE de prestar atención a las noticias de España, sobre las que recibía información a través del CFEME, y de emitir declaraciones de condena al régimen franquista. Así lo hizo, por ejemplo, en 1962, tras la solicitud de adhesión de España a la CEE705; en 1964, con ocasión del arresto de Dionisio Ridruejo706; o en 1970, pidiendo el estatuto de refugiado político en Francia para diez miembros de ETA evadidos de la prisión de Bilbao707. Por su parte, también la AEF mantuvo contactos con grupos españoles e incluso se planteó la creación de una sección oficial en el país. Los primeros contactos se establecieron con el Comité de Entidades Europeístas Españolas que había sido creado por iniciativa de José Miguel de Azaola en 1962708. Azaola se dirigió al secretario general de la AEF, Karlheinz Koppe, solicitando la adhesión del Comité al Movimiento Europeo Internacional a través de la AEF, aunque en este caso Koppe remitió a Azaola directamente a las autoridades del MEI709. También propuso su adhesión a la AEF en 1964 el Consell Nacional Català710, organización del exilio radicada en Londres y que, al igual que el Movimiento Federalista Vasco, ya era miembro de la Unión Federalista de Comunidades Étnicas Europeas (UFCE). Su secretario general, Josep Maria Batista i Roca, presentó a tal efecto un memorándum sobre el genocidio [sic] de las culturas catalana vasca y gallega en España, que había sido remitido al Consejo de Europa. El Comité Ejecutivo de la AEF estudió la cuestión y, pese a concluir que el Consell era una organización moderada, europeísta y democrática, desestimó la solicitud al no contemplar la admisión de grupos nacionales sub-estatales, a diferencia del MFE (la única excepción era el movimiento federalista ucraniano, que era marcadamente independentista y anti-soviético)711. La única sección española que llegó a constituirse efectivamente en la AEF se creó en 1966, y no dejó de generar cierta polémica en el seno de la organización federalista 705 «Le Mouvement Fédéraliste Européen face à la situation politique en Espagne» [s. f., 1962], AHUE, UEF-168. 706 Mouvement Fédéraliste Européen, nota de prensa, 4-5-1964, AHUE, UEF-168. 707 Mouvement Fédéraliste Européen, nota de prensa, 12-1-1970, AHUE, UEF-168. 708 En el momento de su fundación, integraba los Institutos de Estudios Europeos de Zaragoza, de la Universidad de Oviedo y de Barcelona, el Comité Español de la LECE, el Seminario de Estudios Europeos del Ateneo de Madrid y el grupo Joven Europa del Ateneo de Gijón. 709 Azaola a Koppe [s. f.]; Koppe a Azaola, 29-6-1962; Azaola a Koppe, 29-3-1963; Koppe a Azaola, 4-4- 1963, 13-5-1963, AHUE, UEF-693. 710 No debe confundirse con el Consell Nacional de Catalunya, que había agrupado al exilio catalán desde su creación por Carles Pi i Sunyer en 1940. El Consell Nacional Català se fundó en 1953, con una orientación más independentista, tras la desaparición de aquél. 711 Batista i Roca a Koppe, 11-8-1964; AEF, document BE 3015, «Note concernant le Comité National Catalan», 1-12-1964; Koppe a Batista i Roca, 11-1-1965, AHUE, UEF-695. 242 por su relación con el régimen franquista. Ese año el diplomático Manuel Thomas de Carranza712, a la sazón destinado en la oficina comercial de la Embajada española en París, se dirigió a Karlheinz Koppe para comunicarle que había creado un Movimiento Federalista Español cuyos principios y objetivos se correspondían con los de la AEF. Koppe realizó algunas indagaciones con ocasión de una visita a Madrid en junio de 1966 en la que se entrevistó con varias personalidades políticas, como el secretario general del Movimiento Nacional, José Solís. Thomas de Carranza había asegurado el carácter plural en lo político de su movimiento; sin embargo, la AEF fue advertida por sus contactos en la AECE del carácter franquista del grupo, y en sus informes tras su visita Koppe constató la pertenencia al mismo de figuras como José Luis Taboada García, gobernador civil de Salamanca en los años cincuenta y figura prominente de la represión política en la provincia. Por ello en principio Koppe recomendó prudencia en las relaciones de la AEF con el grupo español y, si bien era partidario de mantener el contacto, no recomendaba reconocerlo oficialmente por el momento713. En todo caso, en un encuentro mantenido en julio en París Thomas de Carranza insistió ante Koppe y Jean-Maurice Martin, presidente del movimiento federalista francés, en el carácter liberal del Movimiento Federalista Español que él presidía, y ambos quedaron esta vez satisfechos del encuentro. El presidente de Europa Union Deutschland, sección alemana de la AEF, el barón Friedrich Carl von Oppenheim, también escribió a Thomas de Carranza para apoyarlo en su esfuerzo por defender ante el pueblo español el ideal de una Europa unida sobre la base del federalismo. En septiembre se celebró en Peñíscola un seminario europeo organizado por la Asociación de Estudios Municipales de Peñíscola y el Movimiento Federalista Español, al que acudieron representantes de varias entidades miembro de la AEF, y en su saludo 712 Manuel Thomas de Carranza y Luque-Moreno (1914-1991), marqués de la Sala de Partinico. Entre sus destinos diplomáticos figuró el de Embajador en Irak en los años setenta. También fue vicepresidente de la Confederación Europea de Veteranos de Guerra, presidente de la Asociación Española de Economías Regionales y prior de la Militia Christi en España. En 1978 sería uno de los fundadores del partido conservador monárquico Renovación Española. Personaje de inquietudes variadas y de ideología más bien confusa, en sus escritos combina las reivindicaciones democráticas con la defensa del franquismo y el regionalismo federalista con el nacionalismo español conservador. Vid. THOMAS DE CARRANZA Y DE LUQUE-ROMERO, Enrique, Restaurar la nación, Madrid, Alce, 1978; Discurso sobre las regiones en la unidad europea, Madrid, G. Almeda, 1983; Testimonio de fidelidades, Madrid, Vassallo de Mumbert, 1986. 713 Koppe a Jean-Maurice Martin, 23-6-1966. Koppe a Carlo Ferrero, 24-6-1966, AHUE, UEF-692. 243 enviado a los participantes Oppenheim señaló la importancia de la contribución que España podía hacer al federalismo europeo714. Fortalecido por estos éxitos, en octubre de 1966 Thomas de Carranza —que en esas fechas fue destinado a Madrid como director del Servicio Exterior del Movimiento Nacional— escribió al presidente de la AEF, André Voisin, para solicitar formalmente la adhesión del Movimiento Federalista Español. La admisión se hizo efectiva en la reunión de la Asamblea General de la AEF celebrada en Saarbrücken el 10 de diciembre715. En los años sucesivos la sección española participó con cierta regularidad en las reuniones y actividades de la AEF, aun cuando no terminaran de extinguirse en el seno de ésta las susceptibilidades hacia sus credenciales democráticas. En el congreso de la AEF celebrado en Bruselas en noviembre de 1967, Thomas de Carranza pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, reivindicó la admisión de España en las Comunidades Europeas sobre la idea de que la democratización de España, reclamada desde Europa, sólo sería posible cuando se alcanzara un desarrollo económico y social que la pertenencia a la CEE aceleraría. Thomas de Carranza también estrechó sus lazos con Karlheinz Koppe, quien se valió de su colega para establecer contactos con el Ministerio de Comercio español e incluso para realizar algún negocio inmobiliario en la costa levantina716. Con todo, la existencia del Movimiento Federalista Español, después renombrado Acción Europea Federal, sería efímera. En 1970 fue elegido presidente de la AEF J. H. C. Molenaar en sustitución de André Voisin, y Koppe fue sustituido en la secretaría general por Karen Fogg. Estos cambios coincidieron con el nombramiento de Thomas de Carranza como Embajador en Irak. Además, en estos momentos la AEF ya estaba trabajando junto con el Movimiento Federalista Europeo con vistas a la reunificación de las dos organizaciones, y el MFE no veía con buenos ojos la pertenencia al mismo de un grupo de tintes franquistas. Por todo esto, si el grupo de Thomas de Carranza declinó por sí mismo en estos años (la asistencia a las reuniones fue decayendo, así como el pago de las cuotas que le correspondían como organización miembro), sin que 714 Martin a Koppe, 15-7-1966; Koppe a Martin, 19-7-1966; Thomas de Carranza a Oppenheim, 16-7- 1966; Oppenheim a Thomas de Carranza, 5-8-1966. Friedrich Carl Freiherr von Oppenheim, «Aux participantes su Séminaire européen à Peniscola», Bonn, 14-9-1966, AHUE, UEF-692. 715 Thomas de Carranza a Voisin, 15-10-1966; Koppe a Thomas de Carranza, 9-11-1966; Thomas de Carranza a Koppe, 6-2-1967, AHUE, UEF-692. 716 «Discours du président du Mouvement Fédéraliste Espagnol, M. Manuel Thomas de Carranza», Congrès AEF, Bruxelles, 19-11-1967. Carranza a Koppe, 4-1-1968, AHUE, UEF-692. 244 la AEF hiciera nada por revitalizarlo, y los intentos de la UEF, tras su refundación en 1973, por constituir una sección española buscarían sembrar su semilla en la oposición antifranquista. De hecho, en los últimos años el MFE, que tras su abandono por los federalistas vascos a mediados de los cincuenta había carecido de sección española, ya había entrado en contacto con personalidades de la oposición, en particular con Enrique Tierno Galván, que en 1955 había creado la efímera Asociación por la Unidad Funcional de Europa, a la que nos hemos referido anteriormente717. Después de su expulsión de la universidad y de su paso por Princeton y Puerto Rico, en 1968 Tierno había regresado a España y fundado el Partido Socialista del Interior (PSI). Su distanciamiento del PSOE y de otros grupos europeístas del interior creó ciertas dificultades en sus relaciones con el Movimiento Europeo Internacional, por lo que en estos años trató de aproximarse al europeísmo federalista y en particular al MFE, con algunas de cuyas figuras ya había entrado en contacto en el ámbito académico718. Tierno se convirtió así en un contacto privilegiado del MFE en España, y participó en varios actos europeos de denuncia política contra el Régimen franquista, como el encuentro que en octubre de 1971 mantuvieron representantes de las oposiciones democráticas de España, Portugal y Grecia con el MFE en Milán en apoyo de la elección directa del Parlamento Europeo719. Así, en 1971 Étienne Hirsch, presidente del MFE, propuso a Tierno la constitución de una sección española, que Tierno improvisó en el curso de algunas semanas y fue reconocida formalmente por el MFE sin demasiados miramientos como Comisión Nacional Española del Movimiento Federalista Europeo720. El comité ejecutivo lo integraban Tierno como presidente, Pablo Benavides como secretario, Carlos Zayas como tesorero, y los vocales Manuel Medina, José Andreu Abelló, Manuel Peyro, José Alonso Pérez, José Luis Daneo y Joaquín Satrústegui; personajes en definitiva de diversas tendencias de la oposición antifranquista, pero en su mayoría relacionadas con la AECE 717 Curiosamente, entre los directivos de la asociación figuraba el diplomático Enrique Thomas de Carranza, hermano de Manuel Thomas de Carranza. Cfr. MORODO, Raúl, Tierno Galván y otros precursores políticos, Madrid, El País, 1987, pp. 196-199 y 202-206. 718 TIERNO GALVÁN, Enrique, Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera, 1981, p. 408. 719 MFE, Communiqué de presse nº 349, 29-10-1971, AHUE, UEF-523. 720 Hirsch a Tierno, 7-5-1971. Caterina Chizzola, secretaria general del MFE, a Tierno, 12-11-1971; Tierno a Chizzola, 23-11-1971; Chizzola a Tierno, 8-2-1972; Tierno a Chizzola, 5-4-1972, AHUE, UEF-523. 245 u otras organizaciones europeístas, y algunos colaboradores de Tierno en el PSI721. Desde Madrid se emprenderían intentos infructuosos por legalizar la asociación, mientras en abril de 1972 Tierno era nombrado miembro de honor del Comité Conjunto del MFE722. Desde luego, la participación de Tierno y sus colaboradores en el MFE obedeció más a la posibilidad de explotar contactos con partidos políticos e instituciones en el exterior en el contexto de los últimos años de la dictadura franquista, en que los apoyos exteriores resultaron tan valiosos para la oposición democrática, que a un interés muy definido por el federalismo europeísta. De hecho, en su correspondencia con el MFE Tierno reclamó repetidas veces una confirmación formal por escrito de su nombramiento para el Comité Conjunto, con vistas a justificar más fácilmente ante el Régimen sus salidas de España723. El propio Tierno reconocería en sus memorias que la asociación federalista europea en España tenía «muchos tintes de fantasma», y añadía: «[…] Nos sirvió también para protegernos y hacer acto de presencia a menudo en una u otra ciudad de Europa. Los federalistas europeos estaban vinculados a nosotros por el hilo invisible, aunque fuerte, que une quimeras. Todos estábamos izados en la altísima cima del idealismo y teníamos la pertinacia que nace de mirar lejos por encima de cualquier obstáculo presente. El ideal europeo, al que estuve y estoy vinculado sentimental e intelectualmente, pensando en la Europa más amplia posible, me pareció copiosísimo de un contenido democrático que le cualificaba en cuanto proyecto político: neutral en lo que atañe a ideologías de partido, pero con grandeza en lo que se refiere a la idea global democrática como base para unir y entremezclar los pueblos de Europa en un proceso al que la palabra federación no explica de modo suficiente»724. De hecho, el europeísmo y la aspiración a la adhesión de España en la CEE formarían parte del ideario del Partido Socialista del Interior, después renombrado Partido Socialista Popular, aunque en este aspecto no se apreciaron en los programas ni documentos del partido rasgos distintivos específicos en sentido federalista que lo alejaran de las ideas que sobre la misma cuestión mostraba el PSOE725. 721 Otros miembros eran Antonio Pérez Voiturier, Alfonso García Ramos, Jesús Rodríguez Conde, José Doldán, Francisco Pérez Mayo, José Mª Vázquez, Guillermo Pabón Pado, José Triviño Parada, Francisco Puche, Manuel Peláez, Bartolomé Bareló, Carlos Moya, José Souto, Raúl Morodo, Miguel Martínez Cuadrado, Antonio Truyol y Serra y Rafael Gómez Naval. 722 Tierno a Chizzola, 15-4-1972, AHUE, UEF-523. 723 Tierno a Chizzola, 3-6-1972, AHUE, UEF-523. 724 TIERNO GALVÁN, E., Cabos sueltos, op. cit., p. 409. 725 Por ejemplo, el 20 de abril de 1972 el Comité Nacional Provisional del PSOE y el Comité Permanente del PSI aprobaron una declaración conjunta a favor de la integración de España en la CEE sobre el supuesto de una transformación política pacífica de España que permitiera alcanzar: separación e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; elecciones parlamentarias con sufragio universal directo, igual y 246 Por lo demás, la sección española del MFE no destacó por la frecuencia ni el alcance de sus actividades, dado que sus integrantes daban prioridad a la agenda política de sus partidos o a otras actividades. En junio de 1972 hizo circular entre los medios de oposición una declaración censurando la especie que desde la prensa franquista se había publicado sobre la supuesta disposición de la CEE a admitir a España (coincidiendo con unas equívocas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de la RFA, Walter Scheel, en una reciente visita a España)726. Desde un punto de vista ideológico, definió sus posiciones en relación con la integración europea en un documento de conclusiones enviado al MFE en septiembre de 1972, coincidiendo con la contracumbre que ésta organizaba en París, de forma paralela a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la CEE. Su principal reivindicación era la democratización del proceso de construcción europea y que ésta se orientara en un sentido progresista de acuerdo con los verdaderos intereses de los pueblos y no de los Estados. En este sentido, el grupo de Tierno reclamaba lo siguiente: «a) Los pueblos de Europa deben tener, cuanto antes, una participación directa en las instituciones políticas de la Europa unida a través de cauces realmente representativos. »b) Que las estructuras de carácter económico y los supuestos pragmáticos que necesariamente las rigen no deben predominar ni entorpecer el camino de la integración popular en Europa, obstaculizando el desarrollo de las ideologías que deben orientar este camino. »c) Que es necesario evitar criterios hegemónicos que puedan destruir el espíritu que anima al Movimiento Federalista Europeo, incluyendo tanto la hegemonía mercantil, como la hegemonía política. En este sentido […] la política exterior del Gobierno americano es hoy por hoy un peligro para el proceso de integración europea, tal y como los pueblos de Europa la desean, y conviene denunciar y criticar este hecho para evitar que su peligrosidad llegue realmente a ser un obstáculo insuperable. »d) Que conviene, siempre que sea posible, que los problemas que se planteen en el seno del Movimiento Federalista Europeo, eludan las cuestiones meramente terminológicas, para no perderse en discusiones verbales o meramente académicas, ya que lo que importa son los hechos y los conceptos vinculados prácticamente a los hechos, y no a las especulaciones de carácter escolástico»727. secreto; sindicalismo obrero apoyado en una estructura y actividad libres del control político del Estado; pluralidad institucionalizada de partidos políticos; y autonomía regional. Según el documento, la integración en Europa era «uno de los caminos más despejados de que disponemos para hacer real la alternativa que el pueblo español desea y por la cual los socialistas, en unión del resto de las fuerzas democráticas, trabajamos con tanto empeño y riesgo: la alternativa democrática». Tierno a Chizzola, 19-5-1972, AHUE, UEF-523. Apéndice documental, doc. nº 3. 726 Sección española del Movimiento Federalista Europeo, Madrid, 25 de junio de 1972, AHUE, UEF- 523. 727 Conclusiones de la sesión del día 5 de septiembre de la sección española del «Movimiento Federalista Europeo», con relación a los problemas urgentes del MFE, AHUE, UEF-523. 247 La participación de una delegación española en el congreso de reunificación del MFE y la AEF en abril de 1973, en el que la organización refundada retomó el nombre de Unión Europea de Federalistas (UEF), dio ocasión para un desencuentro entre los federalistas españoles y los europeos. A pesar de que en la resolución política adoptada en el congreso se incluía una mención a las dictaduras del sur y oeste de Europa728, la actitud de los federalistas europeos en relación con el régimen franquista resultó bastante más tibia de lo que hubieran deseado los delegados españoles (un delegado alemán llegó al extremo de ensalzar las virtudes del franquismo frente a los regímenes del bloque soviético), y a su regreso a Madrid algunos incluso se plantearon si merecía la pena continuar en la UEF729. Entre tanto, otros grupos federalistas habían ido surgiendo en distintas regiones de España y se habían puesto en contacto con la UEF al objeto de establecer secciones regionales. Desde Bruselas se instó a la colaboración entre los grupos españoles para que hubiera una única sección nacional. Así, en noviembre de 1973 el grupo de Tierno se reunió con los constituidos en Asturias (bajo el liderazgo de Alfredo Liñero Rivero, empresario y miembro de la organización Democracia Socialista Asturiana, más tarde fusionada con el Partido Socialista Popular, y Mariano Abad Fernández, profesor adjunto de derecho financiero y tributario en la Universidad de Oviedo), Galicia (instituido en febrero de 1973 por los abogados Carlos Etcheverría Vázquez y Jesús Rodríguez Conde, el profesor de Derecho mercantil Manuel García Martínez y el arquitecto Celestino Cacheiro, todos ellos militantes de distintas organizaciones de izquierda730) y Cataluña (creado por Salvador Millet i Bel, presidente del Instituto de Estudios Europeos de Barcelona, y Josep Sans, uno de los fundadores del Consell Català del Moviment Europeu731). Se decidió que, además de Tierno, habría un miembro del grupo gallego (Carlos Etcheverría) en la representación española común el comité federal de la UEF, y que se asignaría la condición de miembro suplente a algún miembro del grupo catalán732. Con todo, cada uno de estos grupos continuó su 728 «Résolution politique adoptée par le Congrès des Fédéralistes Européens à Bruxelles les 13, 14 et 15 avril 1973», AHUE, UEF-341. 729 Acta de la reunión celebrada el 23 de abril de 1973 por la sección española del Movimiento Federalista Europeo, AHUE, UEF-523. 730 Etcheverría a Chizzola, 1-2-1973, AHUE, UEF-523. 731 Entre los dirigentes del grupo se contaban también el empresario Jaume Carner Suñol, el escritor Maurici Serrahima, el conservador Ramón Trias Fargas o el socialista Heribert Barrera, de modo que, al igual que el CCME, abarcaba diversas corrientes del catalanismo político. Millet i Bel a Chizzola, 3-4-1973, AHUE, UEF-523. 732 Tierno a Chizzola, 14-11-1973, AHUE, UEF-523. 248 existencia de forma independiente y no se creó una sección española propiamente dicha. Por su parte, el Movimiento Federalista Vasco, que se había dirigido a la UEF en marzo de 1973 con el objeto de ser reconocido como sección autónoma, rehusó participar en la reunión con el resto de grupos españoles733. Sin ser muy numerosa, la captación de afiliados para estos grupos sí alcanzó unas cifras considerables, teniendo en cuenta el cariz intelectual y un tanto elitista del movimiento federalista en el conjunto del europeísmo, y por supuesto la situación de clandestinidad. En 1975 el grupo asturiano, que había adoptado ya unos estatutos, pagaba sus propias cuotas a la UEF y afirmaba contar con treinta miembros, que aportaban una contribución total de 2.000 francos belgas anuales734. El grupo de Tierno, por su parte, tenía inscritos en 1974 un centenar de socios, que contribuían a razón de 50 pesetas cada uno735. Poco a poco, y aprovechando el clima de apertura favorecido por el ascenso de Arias Navarro a la presidencia del Gobierno en 1974, los federalistas fueron participando en actividades públicas como la conmemoración en Barcelona del vigésimo quinto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y colaborando con la AECE y otras organizaciones europeístas736. Sin embargo, el recrudecimiento de la represión en 1975 puso en dificultades a los federalistas, impidiendo por ejemplo la presencia de Tierno Galván en el congreso de la UEF celebrado en abril, debido a la retirada de su pasaporte737. Los federalistas españoles trataron de utilizar en este contexto a la UEF como portavoz de sus protestas por la situación en España. Así, en el congreso de 1975 se aprobó una resolución que condenaba al régimen franquista como única dictadura fascista existente en Europa y expresaba su solidaridad con la lucha de los antifranquistas españoles, «en el que los federalistas ejercen un papel fundamental»738. Los españoles también pidieron a la UEF que ejerciera presión ante el gobierno español en relación con las detenciones políticas, 733 Mikel de Isasi a Chizzola, 16-3-1973. Tierno a Chizzola, 10-7-1974, AHUE, UEF-523. 734 Abad a Chizzola, 26-4-1975. Estatutos de la Unión Europea de Federalistas de Asturias, enero de 1974, AHUE, UEF-300. 735 Tierno a Chizzola, 12-11-1974, AHUE, UEF-523. 736 Tierno a Chizzola, 25-5-1974, AHUE, UEF-523. 737 Tierno a Chizzola, 11-6-1975, AHUE, UEF-300. 738 UEF, «Congrès de Bruxelles, 18-20 avril 1975, Résolution concernant la situation espagnole (avril 1975)», AHUE, UEF-228. 249 así como que no aceptara los intentos de éste de lavar su imagen a través de medidas como la Ley de Asociaciones739. El nuevo clima político instaurado a la muerte de Franco y el progresivo retorno al país de algunos exiliados propició que en 1976 la UEF retomara su interés de instituir una sección española unificada y legalizada, con sede en el interior. En ello pusieron su empeño Caterina Chizzola y el nuevo presidente de la UEF, Mario Albertini. Según un memorando enviado por Albertini a los distintos grupos españoles, era el momento de dar a conocer el pensamiento federalista a un público más amplio y poner en evidencia la conexión entre la renovación política, moral y social de España y el giro federalista que necesitaba el proceso de integración europea. Para ello llamaba a los grupos españoles a celebrar una reunión o congreso constituyente, que recibiera la atención de la prensa y en que se adoptaran unos estatutos consecuentes con los de la UEF740. El proyecto de Chizzola era celebrar ese congreso en mayo de 1976 y elegir en él a un presidente y una junta directiva de la sección española de la UEF. Sin embargo, la actividad política de los miembros de los núcleos federalistas, inmersos en la creación o reorganización de distintos partidos políticos, relegó la cuestión del federalismo europeo a un segundo plano, y la reunión hubo de ser postergada. Además, el grupo catalán manifestó su disconformidad con la idea de crear una única sección de la UEF para todo el Estado y se decantaba por el mantenimiento de las estructuras regionales, toda vez que la centralización iría en contra de los propios principios federalistas741. Finalmente la reunión se celebró en Madrid el 25 de septiembre, con la presencia de Chizzola como secretaria general de la UEF, Thomas Jansen, vicesecretario general de Europa-Union Deutschland y veintiséis representantes de grupos federalistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Madrid, Cataluña, Galicia y País Valenciano. Según la nota remitida a la prensa —de escaso eco—, en la reunión se pusieron en común reivindicaciones democráticas elementales y la adhesión de España a la CEE, y se decidió convocar una asamblea constituyente antes del fin de año742. Sin embargo, la aprobación de la Ley de Reforma Política y la preparación de las elecciones de 1977 de nuevo dejaron en un segundo plano las cuestiones del 739 Martínez Cuadrado a Chizzola, 12-2-1975, AHUE, UEF-300. 740 «Pro-memoria di Mario Albertini agli amici spagnoli» (febrero de 1976), AHUE, UEF-300. 741 Sans a Chizzola, 18-3-1976, AHUE, UEF-300. 742 «Réunion du Comité Fédéral, Lucerna-Hertenstein. 1-2 octobre 1976, Procès verbal», AHUE, UEF- 239. UEF del Estado Español, Nota remitida a la prensa en fecha 27 de septiembre. Chizzola a José Vidal- Beneyto, 6-10-1976, AHUE, UEF-300. 250 federalismo europeo. Los distintos grupos españoles ni siquiera alcanzaron a ponerse de acuerdo para enviar delegados al congreso de la UEF que se celebró en Bruselas en septiembre de 1977. Absorbido por la actividad política en el interior, Tierno Galván dejó la dirección del grupo de Madrid en manos de José Vidal-Beneyto como secretario general. Vidal-Beneyto mantenía sólidos vínculos con las organizaciones europeístas desde tiempo atrás; había participado en la reunión de Múnich de 1962 y en 1975 había sido uno de los promotores de la Junta Democrática743. En el congreso de la UEF celebrado en Bruselas en septiembre de 1977, al que sólo acudió como representante español Mariano Abad744, Chizzola reconocía las dificultades para retener la atención de sus interlocutores españoles y establecer de una vez la sección nacional en la efervescente situación política del país745. Una nueva visita de Chizzola a España en diciembre de 1977 tampoco arrojó, pese a las expectativas, los resultados deseados y, pese al compromiso de Vidal-Beneyto de acordar definitivamente con el resto de grupos la constitución oficial de la sección española, los avances fueron escasos. En abril de 1978 el CFEME —entonces en fase de expansión— admitía la incorporación como entidad miembro del mismo de la «Unión Europea de Federalistas del Estado Español»746, pero la UEF no llegó nunca a hacer lo mismo. Las cotizaciones de miembros españoles a la UEF también cesaron a partir de 1977747. Pese a presentarse públicamente en ocasiones como secretario general de la UEF del Estado Español748, Vidal- Beneyto perdió contacto con el grupo de federalistas de Madrid, al extremo de que, en su correspondencia con Chizzola, Tierno afirmara haberlo perdido de vista y que había sido sustituido en el cargo749. En los años siguientes no cejarían los esfuerzos de la UEF, y en particular de Caterina Chizzola, por animar a los grupos españoles a constituirse en sección oficial, 743 Vid. la retrospectiva de su labor europeísta en VIDAL BENEYTO, José, «Ambiciones de un europeísta», El País, 2-10-2004 y en su libro Memoria democrática, Madrid, Foca, 2007, pp. 27-47. 744 «Congrès de l’UEF, Bruxelles, 4-6 novembre 1977, liste de délegués», AHUE, UEF-122. 745 «Congrès de l’UEF, Bruxelles, 4-6 novembre 1977, Rapport du Secrétaire Général», AHUE, UEF-123. 746 Vidal-Beneyto a Santiago Gómez Reino, 28-1-1978; Gómez Reino a Vidal-Beneyto, 13-4-1978, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. Según Vidal-Beneyto, la UEF del Estado Español estaba integrada por las UEF de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Extremadura, Cataluña, La Mancha, Galicia, Madrid-Región, Murcia, País Valenciano y País Vasco. A la vista de la documentación y de las relaciones entre algunos de estos grupos —en los casos en que efectivamente existían— era un tanto exagerado hablar de una «sección española» de semejante grado de implantación. 747 Chizzola a Vidal-Beneyto, 12-1-1978 y 1-3-1978. Chizzola a C. Boldu, 19-5-1978, AHUE, UEF-300. 748 Como tal impartió, por ejemplo, una conferencia en Eindhoven el 28 de octubre de 1978, organizada por el John F. Kennedy Institut de Tilburg, sobre el apoyo popular a la adhesión de España a la CEE. Vid. VILARÓ GIRALT, Ramón, «En España se apoya unánimemente el ingreso en la CEE», El País, 29-10-1978. 749 Tierno a Chizzola, 12-10-1978, AHUE, UEF-300. 251 pero el interés despertado por el federalismo europeísta entre una parte de la oposición antifranquista al final de la dictadura parecía haberse desvanecido con el advenimiento de la democracia. Si bien el grupo asturiano aún mantuvo alguna actividad —en 1980 recibió una visita de Mario Albertini y aportó 2.109 francos belgas a la UEF en concepto de cotizaciones, lo que le permitió enviar dos delegados al congreso de la UEF en Estrasburgo—, a principios de los ochenta las llamadas de Chizzola a los españoles caían cada vez más en el vacío750. En las reuniones del comité federal de la UEF Chizzola reconocía el fracaso de todas las tentativas de establecer una sección oficial en España751, y en marzo de 1982 le comunicaba a Carlos Bru, secretario general del CFEME, que había perdido el contacto con la sección asturiana752. La última tentativa de obtener el reconocimiento por la UEF de una sección española antes de la adhesión de España a la CEE sería a cargo de la Asociación para la Integración Europea (AIE), cuya creación, integrantes y actividades se estudian en páginas posteriores. Chizzola, que no había abandonado el proyecto de una UEF española, supo por Carlos Bru de la creación de la AIE en 1980, y tomó la iniciativa de proponer su incorporación a la UEF, enviando a su secretario general, el profesor de la UNED Luis de la Rasilla, los estatutos de la UEF y las resoluciones de su último congreso753. Tras una fase de titubeos —la AIE se había constituido en principio con una función más bien docente y de divulgación, y no tanto con el objetivo de la presión política—, al fin en 1983 la AIE decidió su participación en la UEF como sección oficial: De la Rasilla sería secretario general, Vidal-Beneyto —también implicado en las 750 «Congrès de la UEF, Strasbourg, 14-16 mars 1980, Rapport du Secrétaire Géneral», AHUE, UEF-125. Chizzola a Abad, 30-6-1980, 31-1-1981 y 25-3-1981, AHUE, UEF-300. Valgan como muestra de la desesperanza de Chizzola las palabras que dirige a Vidal-Beneyto en 1981: «Depuis longtemps déjà, nous manquons de nouvelles des amis fédéralistes espagnols. »Entre-temps, beaucoup d’évènements se passent en Espagne, en Europe, dans le monde, qui montrent l’urgence d’avancer dans la construction européenne et de préparer les citoyens espagnols à jouer un rôle important dans la Communauté Européenne. »Où sont les fédéralistes espagnols? Ne sentent-ils pas la nécessité de s’organiser pour mener une action en profondeur en Espagne? Voilà les questions que je me pose et que je vous pose. »Je suis bien consciente que le problème majeur est de trouver le temps pour cela. Mais est-il vraiment impossible de trouver une personne qui, ayant un mínimum de temps et de qualités d’organisateur, pourrait se charger des questions administratives et d’organisation, de manière a permettre, à vous et aux autres amis de l’UEF, d’avoir seulement la responsabilité de la direction intellectuelle et politique du mouvement?». Chizzola a Vidal-Beneyto, 30-3-1981, AHUE, UEF-300. 751 «Réunion du Comité Fédéral, Bruxelles, 19-20 décembre 1981, Procès verbal», AHUE, UEF-351. 752 Chizzola a Carlos Bru, 25-3-1982, AHUE, UEF-300. 753 Chizzola a Bru, 15-4-1981. De la Rasilla a Chizzola, 2-6-1981, AHUE, UEF-300.. 252 actividades de la AIE— presidente, y Tierno Galván —a la sazón alcalde de Madrid— presidente de honor754. Sin embargo, tampoco en este caso el compromiso federalista iba a resultar verdaderamente sólido. Si en julio de 1983 Chizzola se congratulaba de la creación de UEF-España y enviaba a De la Rasilla instrucciones para el pago de las cuotas anuales, en diciembre todavía no había recibido respuesta y no se había producido el nombramiento de ningún representante español para el Comité Federal ni para otras comisiones de la UEF755. Finalmente, en abril de 1984 De la Rasilla retomó el contacto con Chizzola, prometiéndole encargarse los aspectos organizativos de UEF-España. Chizzola le instó a regularizar la situación de la sección mediante el pago de las cotizaciones correspondientes a los años 1982 y 1983 (60 francos belgas por asociado), sin lo cual no podría admitirse a representantes españoles en el Congreso de la UEF que se celebraría en Colonia en diciembre756. Tales cotizaciones no fueron satisfechas; el congreso de la UEF se desarrolló sin participación de españoles, y no fue cooptado en el mismo ningún español para el Comité Federal757. En su informe como secretaria general, Chizzola reconocía que «actualmente no tenemos aún una sección en España a pesar de los numerosos contactos y excelentes relaciones que hemos tenido y que conservamos con varias personalidades del mundo cultural y político»758. La opción de la AIE también había fracasado. Toda esta sucesión de tentativas nos habla de la existencia de interés en la España de los años setenta y ochenta por el federalismo europeísta, pero de falta de capacidad organizativa y, sobre todo, de continuidad en los esfuerzos por mantener unas estructuras con un mínimo de permanencia, para exasperación de los cuadros de la UEF. De hecho, los intentos de crear la sección española continuaron más allá de 1985 —y Vidal-Beneyto volvió a tomar parte en ellos—, aunque una vez más sin la necesaria solidez, y en fechas recientes (año 2014) se ha creado una Unión Europea de Federalistas de 754 DE LA RASILLA, Luis, En la senda de la ecociudadanía. En torno al modelo asociativo-decisional de participación fraccionada en el horizonte de una ciudadanía mundial, Informe-balance de la Iniciativa Inter/sur para la ecociudadanía 1996-2007. Propuesta de estrategia 2008-2016, 2008, p. 57. http://www.world- governance.org/IMG/pdf_En_la_senda_de_la_ecociudadania.pdf [consultado el 20-8-2014]. 755 Chizzola a De la Rasilla, 11-7-1983 y 6-12-1983, AHUE, UEF-300. 756 De la Rasilla a Chizzola, 2-4-1984; Chizzola a De la Rasilla, 21-5-1984, AHUE, UEF-300. 757 Congrès de l’UEF, Cologne, 7-9 décembre 1984, Liste de délegués, AHUE, UEF-343. 758 Congrès de l’UEF, Cologne, 7-9 décembre 1984, Rapport du secrétaire général, p. 57, AHUE, UEF- 344. 253 Madrid759. También demuestra que los matices intelectuales del federalismo en el seno de las corrientes europeístas estaban en esos momentos alejados de las preocupaciones directas de la mayor parte de la clase política; de hecho las figuras que mantuvieron contacto con la UEF fueron en su mayor parte profesores en quienes el perfil intelectual se sobreponía a la militancia política. Sin embargo, en alguna ocasión las actividades de la UEF resultaron de interés para un sector más amplio del espectro político español: tal sucedió con ocasión de la manifestación europeísta organizada en Milán el 29 de junio de 1985, llamada a coincidir con la reunión del Consejo Europeo en la misma ciudad, y a la que asistieron unos quinientos españoles (de unos cien mil participantes), en su mayoría jóvenes militantes de los principales partidos políticos, que organizaron el traslado760. Por último, merece la pena señalar que, pese a la inexistencia de una sección española oficial, la Unión Europea de Federalistas apoyó retóricamente —al igual que otras organizaciones europeístas— la adhesión de España a las Comunidades Europeas después de la muerte de Franco, si bien no puede decirse que ésta fuera una cuestión en la que sus órganos dirigentes insistieran de forma especial, ni que ejercieran verdadera presión en ningún sentido. En cualquier caso, dentro el apoyo moral que desde sus orígenes la UEF había dado a la lucha antifranquista y al significado del europeísmo en el seno de la misma, varios miembros del Comité Federal emitieron una declaración con ocasión de la presencia de parlamentarios españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 12 de octubre de 1977, en la sesión preparatoria de la adhesión oficial de España al Consejo de Europa, que tendría lugar un mes después761. Con parecidos términos acogió el Comité Federal de la UEF la solicitud de adhesión de España a la CEE, que, junto con las de Grecia y Portugal, testimoniaba «el retorno a la vía democrática de esta parte de Europa»762. Sin embargo, la UEF se guardaba de hacer consideraciones relativas a las condiciones de la adhesión, los modos 759 «El Ateneo acoge el nacimiento de la Unión Europea de Federalistas», El Imparcial, 18-6-2014. http://www.elimparcial.es/noticia/122646/nacional/El-Ateneo-acoge-el-nacimiento-de-la-Union-Europea- de-Federalistas.html [consultado el 21-8-2014] 760 «Por la unidad de Europa», ABC, 30-6-1985, p. 11. Según Caterina Chizzola, los españoles eran casi un millar. Cfr. «Rapport du secrétaire général, Caterina Chizzola, au Comité Fédéral de Hof, les 22 et 23 novembre 1985», p. 3, AHUE, UEF-386. El CFEME, la Asociación para la Integración Europea y la Unión de Mujeres por Europa fletaron conjuntamente cuatro autobuses de Madrid a Milán. Asociación para la Integración Europea, Dossier Actividades 1984-1985, ACFME, Fondo Movimiento Europeo. 761 Los firmantes eran el veterano antifascista italiano Luciano Bolis, el secretario del Movimiento Europeo Internacional Robert Van Schendel, y Raúl Morodo. Bolis a Chizzola, 12-10-1977, AHUE, UEF- 300. 762 «Réunion du Comité Fédéral, Paris, 18-19 fevrier 1978, Procès verbal», AHUE, UEF-350. 254 de negociación o los plazos transitorios, cuestiones todas ellas que, dada la naturaleza transnacional de la UEF, eran susceptibles de ser percibidas de muy diferente modo por sus miembros. De hecho, la atención prestada en las reuniones de los órganos dirigentes a la cuestión de la ampliación de la CEE fue muy escasa: no hubo, por ejemplo, ningún tipo de declaración oficial después del giscardazo y sólo en marzo de 1981, en la primera reunión celebrada tras el intento de golpe de Estado del 23-F, pidió públicamente el Comité Federal la aceleración de las negociaciones con España y recordó la responsabilidad de la CEE en la consolidación democrática del país763. Ni la firma del Tratado de adhesión en 1985 ni su entrada en vigor en 1986 dieron lugar a declaraciones oficiales por parte de la UEF. 3.3. Europeísmo juvenil: la Juventud Europea Federalista en España En febrero de 1948, al poco tiempo de la creación de la UEF, el Comité Central de ésta invitó a sus movimientos asociados a designar responsables para las cuestiones juveniles. En mayo del mismo año, los jóvenes de la sección alemana organizaron un encuentro internacional de la juventud federalista, en el que, con participación principalmente de alemanes y franceses, fue creado un organismo llamado Juventus, que fijó su secretaría en París. La insuficiente definición de sus objetivos precipitó, empero, su rápida disolución, y en febrero de 1950 la UEF intentó de nuevo la constitución de una rama juvenil mediante la celebración de un congreso en París. A él acudieron jóvenes federalistas procedentes tanto de Europa occidental como del otro lado del Telón de Acero, y en él quedó constituida oficialmente la Jeunesse Européenne Fédéraliste (JEF) como sección juvenil de la UEF, aunque con autonomía administrativa y de gestión. Su finalidad era difundir los ideales europeístas entre la juventud y en particular en el ámbito universitario por medio de manifestaciones, propaganda, celebración de debates y conferencias, publicaciones, etc. Entre los grupos que inicialmente la compusieron figuraban los jóvenes del movimiento federalista vasco en el exilio764. Desde entonces, la Juventud Europea Federalista existió como estructura paralela a la Unión Europea de Federalistas, conociendo al igual que ésta tensiones y eventuales escisiones derivadas de las distintas vías de pensamiento federalista y también por los 763 «Réunion du Comité Fédéral, Strasbourg, 14-15 mars 1981, Procès verbal», AHUE, UEF-351. 764 «Constitution du Département Jeune de l’UEF», AHUE, UEF-6. 255 sucesivos debates en torno a la autonomía que las organizaciones juveniles debían tener respecto de las senior, a las que nutrían de miembros a posteriori (mientras duró la división en el movimiento federalista entre la AEF y el MFE, cada una de éstas mantuvo su propio grupo juvenil, hasta su reunificación en la UEF y la JEF). A ello se sumó el constante relevo generacional propio de una organización cuyos integrantes generalmente la abandonaban a la edad de treinta o treinta y cinco años765. En todo caso, mientras pervivió la dictadura franquista la JEF no contempló la posibilidad de que se constituyera una sección nacional en España —dejando aparte la efímera participación del movimiento federalista vasco en la fundación de la JEF en 1950766—. A diferencia de la UEF, que promovió numerosas tentativas para la creación de una sección en España en la década de los setenta, la JEF no se esforzó por difundir su programa y actividades entre la juventud española, dada la inexistencia de organizaciones juveniles de oposición equiparables a los partidos políticos que participaban en actividades europeístas en el exilio. En cuanto a las secciones juveniles de éstos, sólo las Juventudes Socialistas tenían en estos años una estructura relativamente sólida, pero su radical discurso anti-capitalista las alejaba, por el momento, del federalismo europeísta de la JEF767. Por otra parte, en otros países las secciones de la JEF habían surgido con la connivencia de la UEF, cuya existencia en España era insegura, intermitente y no oficial. Así, lo que finalmente sucedió fue que, a raíz de las elecciones de 1977 y la instauración de la democracia en España, varios grupos de jóvenes de diversa condición se dirigieron al secretariado de la JEF en Bruselas al objeto de recabar información sobre los fines y características de la organización y sobre los pasos a seguir para el establecimiento de una sección española, todo ello al albur de la identificación, asumida por la opinión pública desde que se inició el proceso de integración en la CEE, entre democracia y europeísmo. Al mismo tiempo, la propia JEF proyectaba sobre España su aspiración, común a cualquier asociación de carácter ideológico con fines propagandísticos, a expandir su 765 PREDA, Daniela, «Les Jeunesses fédéralistes européennes (1948-1969)», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità uropea, 1954-1969, Pavia, Università di Pavia, 1996, pp. 229-259. LEVI, Guido, «Il ruolo della Jeunesse Fédéraliste Européenne nella lotta per l’unità europea. Dalla rifondazione all’atto unico», en LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 797-855. 766 Iñaki Rentería fue elegido miembro del comité central de la JEF en representación del movimiento federalista vasco, pero su participación en el mismo apenas si duró unos meses. ARRIETA ALBERDI, Leyre, Estación Europa. La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), Madrid, Tecnos, 2007, pp. 151-152 y 232- 233. 767 GILLESPIE, Richard, Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza, 1991, p. 403. 256 presencia y difundir su mensaje, toda vez que el franquismo había quedado definitivamente arrumbado y que sobre las credenciales democráticas del país no había ya sombra de duda. En la segunda mitad de 1977, John Fordham, miembro de Comité Ejecutivo de la JEF, trabó conocimiento con alumnos españoles del Colegio de Europa de Brujas al objeto de «iniciarlos en el pensamiento federalista»768. El Comité Ejecutivo decidió entonces desarrollar contactos en España a través del Movimiento Europeo y de la UEF, y a tal efecto Fordham se dirigió a José Vidal-Beneyto y a Mayte Gallego Méndez, secretaria de Enrique Tierno Galván. En previsión del encuentro internacional que el Movimiento Europeo se proponía organizar en Madrid en febrero de 1978 (y que finalmente no tendría lugar hasta 1979), la JEF decidió enviar al mismo a su presidente, Jean-Jacques Anglade, con el fin de arreglar un encuentro con todos los jóvenes interesados en crear una sección de la JEF en España769. Los contactos a través de la UEF continuarían en 1978, pero sin resultados concretos. En 1978 Richard Corbett, tesorero de la JEF, se reunió con Tierno Galván para tratar de la creación de una JEF-España, pero, por su debilidad numérica y su falta de asentamiento en la sociedad, el grupo de Tierno no parecía ser el cauce adecuado para la expansión de la JEF. Tampoco dio fruto, en este sentido, el contacto con las juventudes del PSOE en el País Vasco a través del miembro de éstas Federico Manero770. Sin embargo, de forma paralela se iban a concretar las gestiones para la constitución de una sección específicamente catalana de la JEF. Fue la propia JEF-Europa la que estimuló el interés de varias asociaciones juveniles catalanas por sus actividades mediante la celebración en Barcelona de un seminario sobre minorías culturales en Europa a fines de septiembre de 1979, en el que participaron escritores como Oriol Vergès y Maria Aurélia Campmany, el historiador Lluis Argemi y el político socialista Isidre Molas. En las semanas previas los dirigentes de JEF-Europa escribieron a sus contactos en Cataluña, como Xavier Pérez, de las Juventudes Socialistas Catalanas, o Joan Francesc Pont i Clemente, animándoles a aprovechar la ocasión para reunir a los europeístas que conocieran771. Así, el 29 de septiembre de 1978 tuvo lugar la reunión 768 «Executive Bureau, Brussels, 5-6 November 1977», p. 4. AHUE, JEF-2. 769 «Executive Bureau, Berlin, 2 January 1978», p. 2, AHUE, JEF-2. 770 «Executive Bureau, Brussels», 7-8 October 1978, AHUE, JEF-2. «Report of meeting with Tierno Galván», AHUE, JEF-24. Corbett a Tierno Galván, 18-9-1978. Corbett a Manero, 8 de agosto de 1978. 771 JEF-Info, febrero 1979. AHUE, JEF-53, Corbett a Pont i Clemente, 31-71978. Corbett a Pérez, 19-9- 1978, AHUE, JEF-22. 257 constituyente de la Joventut Europea Federalista de Catalunya (JEF-Catalunya), en los locales de la asociación Crítica radical, convocante del acto, en la plaza Germans Badia de Barcelona. Al acto fueron invitados varios representantes de partidos y asociaciones varias, como las Juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)772. En nombre de JEF-Europa asistieron Richard Corbett, socialista belga, y el secretario general, el liberal británico David Grace, que hablaron de la historia de la organización y de su funcionamiento. Grace se refirió al problema que podía plantear el carácter regional y no estatal de JEF-Catalunya, señalando que su deseo sería que ésta se integrara en una JEF-España, pero que aceptaría que no fuera así si el movimiento federalista no cuajaba en el resto del Estado. Se designó una Comisión Gestora para la naciente JEF-Catalunya, integrada por trece de los veintisiete asistentes a la reunión y presidida por Joan-Francesc Pons i Clemente773 y se aprobó un manifiesto fundacional, quedando para más adelante la redacción de los Estatutos. El manifiesto se adhería a los documentos fundamentales de la JEF-Europa, y en especial al manifiesto aprobado en el último congreso de ésta, celebrado en Berlín en octubre de 1977. Propugnaba la federación europea como un paso hacia la federación mundial y la descentralización en general, rechazando el concepto de soberanía y la dominación de los Estados-nación modernos, y defendiendo la «recuperación nacional de las comunidades oprimidas». Pedía que las decisiones políticas fueran tomadas al nivel más bajo posible, pero se oponía al particularismo extremo. Incluía, asimismo, un artículo sobre el respeto a los Derechos Humanos, y concluía identificando el federalismo como «la vía más adecuada de reencuentro de los países catalanes y del Principado con la Cataluña Norte, injustamente segregada por la artificial frontera franco-española»774. Pocas semanas después eran plasmados por escrito los Estatutos de JEF-Catalunya, que mantenían en esencia estos principios y desarrollaban las instituciones de que se dotaría la asociación: un congreso anual en el que podrían participar todos los miembros, y designada por éste, una comisión ejecutiva integrada por un secretario, un 772 Entre los invitados figuraban Raúl Adroher, Eugeni J. Pérez-Moreno, Salvador Juncà, Ferràn Casas, y Joan Oliveras i Bagués, todos ellos pertenecientes a organizaciones políticas juveniles catalanas, y miembros de la Confederació Nacional del Treball, la UGT, la Unión Sindical Obrera y las asociaciones culturales Ajoblanco y Alfalfa. 773 Ferrán Daroca, Josep Lluís Hernández, Jordi Izquierdo, Joana Molina, Xavier Molins, Joan Oliveras, Joan Francesc Pont, Josep Mª Raulet,, Josep Soler, Francesc Xavier Trallero, Francesc Vendrell, Joan Ramón Villalbe y Susana Rosón. Los dos últimos eran miembros de la European Federation for Intercultural Learning (EFIL), una de las convocantes del seminario de Barcelona. 774 «Acta de la reunió constituent de la Joventut Europea Federalista de Catalunya», AHUE, JEF-22. 258 tesorero y seis vocales775. En sus primeros días de existencia, la comisión gestora mantuvo varias reuniones para la creación de una infraestructura para la organización. Se creó una comisión jurídica, una de acción pública y una de documentación. Ferrán Daroca, miembro de la gestora perteneciente a las Juventudes Socialistas en Catalunya, estableció contactos con el Consejo Catalán del Movimiento Europeo. Proyectos más ambiciosos, como dotarse de alguna publicación propia o crear una sección transfronteriza con la Cataluña transpirenaica, fueron pospuestos debido a la falta de fondos y al contexto preelectoral en España776. En septiembre de 1978 el Comité Federal de la JEF concedía a JEF-Catalunya el estatus de observador en la organización777. Poco después, el órgano de expresión en inglés de la JEF dedicó su portada y parte de sus contenidos a la nueva sección catalana, bajo el título en catalán Llibertat d’expressió778. Sin embargo, el grupo catalán no iba a ser el único que iba a tratar de crear una sección de la JEF en España. A medida que los temas comunitarios fueron apareciendo, cada vez con mayor profusión, en los medios de comunicación, y que se fue consolidando la perspectiva de la adhesión de España a la CEE, varias células se fueron creando en diversos puntos de España, que, alentadas por una percepción federalista — de mayor o menor calado intelectual— de la construcción europea, expresaron su deseo de integrarse en la JEF. En algunos casos, la iniciativa respondió más al empeño personal de un individuo sin filiación política que a la existencia de grupos europeístas propiamente dichos. Así sería interpretada la creación de una JEF-España, no reconocida por JEF-Europa, por parte del joven estudiante sevillano Fernando Bonet Madurga. Éste había entrado en contacto con la JEF en 1977. Él mismo creó un grupo en Andalucía y se puso en relaciones con otros de Aragón, Extremadura, Madrid y La Rioja. En de febrero de 1978 sus representantes se reunieron en Sevilla y crearon una organización denominada JEF-España, con Bonet de presidente, con el objetivo de «coordinar las distintas actividades llevadas a cabo por las secciones locales y regionales con el fin de concienciar a la opinión pública, a los medios de difusión y a aquellos partidos políticos con representación parlamentaria de las ideas federalistas, sus ventajas, inconvenientes y 775 JEF-Catalunya. Estatutos, AHUE, JEF-110. 776 Actas de la Comisión gestora de JEF-Catalunya, 5, 19 y 30 de octubre, y 6 y 13 de noviembre de 1978. Susana Rosón, JEF-Catalunya report, March 8 1979, AHUE, JEF-22 777 «Federal Committee, Ozenhausen, 21-22 October 1978», p. 6, AHUE, JEF-28. 778 JEF-Info, octubre 1978. 259 repercusiones [...], así como la concienciación de la vocación europeísta de España y la posible [...] estructuración de una Europa unida respetando las estructuras regionales»779. Los cargos se repartieron entre las distintas secciones regionales: Bonet se reservó la presidencia, los logroñeses Jaime Bengoa y Carlos Moreno fueron nombrados tesorero y secretario general, el madrileño Francisco Vives secretario de relaciones internas, la extremeña Pilar Estivil secretaria para la integración de nuevos grupos, etc. La mayoría eran jóvenes estudiantes o recién licenciados con inquietudes políticas, como Pedro Alfaro, estudiante de Derecho de la Universidad de Badajoz y militante del Partido Demócrata Popular, que presidiría la sección extremeña tras la dimisión de Estivil. Pronto se crearon nuevas secciones en Cáceres, Cádiz, Huelva y las Islas Baleares780. Hecho esto, Bonet buscó el reconocimiento oficial por JEF-Europa. Acudió a un seminario de ésta en los Países Bajos en agosto de 1978, al de Barcelona un mes más tarde, y a otro en Lisboa a principios de diciembre. Se dirigió a Nicoline Kinch, miembro del Comité Ejecutivo de la JEF, y a las secciones de Italia, Bélgica y Alemania También mantuvo una frecuente correspondencia con David Grace, a quien enviaba regularmente las actas de las reuniones a la vez que le solicitaba ayuda económica781. Grace y JEF-Europa recibieron con recelo las noticias del grupo de Bonet. Grace escribió a Bonet que era prematuro denominar a su grupo JEF-España sin haber tomado contacto con el catalán. Tanto en las reuniones del Comité Ejecutivo como en las del Comité Federal de JEF-Europa, el propio Grace describió como sospechosa la actitud de Bonet en el seminario de Barcelona. Por lo visto, Bonet presumía de haber difundido su organización entre las Juventudes Socialistas de Sevilla, mientras que éstas declaraban desconocerlo por completo. Jean-Jacques Anglade se sorprendió de que existiera un grupo de la JEF en España sin contacto con el de Cataluña y sin el conocimiento del CFEME. En relación con éste, Grace le escribió a Carlos Montoliú que el grupo de Bonet no había sido reconocido por JEF-Europa, y que sospechaban que su creación respondía a los intereses de alguna organización derechista782. Según 779 Acta de la constitución de JEF-España, 22-2-1978, AHUE, JEF-22. 780 Acta de la reunión del Comité Ejecutivo Federal de las Juventudes Europeas Federalistas de España, 17-9-1978, AHUE, JEF-22. 781 Bonet a Grace, 25-8-1978; Bonet a John Fordham, 7-9-1978; Bonet a Grace, 7-10-1978; Bonet a Grace, 23-10-1978; Bonet a Grace, 9-11-1978; Bonet a Grace, 15-1-1979; Bonet a Grace, 22-1-1979, AHUE, JEF-22. Executive Committee, Ozgenhausen, 21-22 October 1978, AHUE, JEF-28. 782 «Executive Bureau, Brussels, 7-8 Octobre 1978». «Executive Bureau, Brussels, 16 Octobre 1978», p. 6, AHUE, JEF-2. Grace a Bonet, 5-12-1978. Grace a Montoliú, 16-1-1979, AHUE, JEF-22. 260 Grace, había otros aspectos turbios en la conducta de Bonet. Su grupo había suscrito en una de sus reuniones las resoluciones del congreso de la JEF de 1977 en Berlín, según decía, porque Nicoline Kinch le había dicho que ello era preceptivo para ser admitidos por la JEF, pero Kinch negaba haber dado esa información783. También le inspiraba recelo el retraso de Bonet en ponerse en contacto con él tras crear su grupo (desde febrero hasta agosto de 1977), que Bonet atribuía a «no tener la dirección». Bonet también había dicho no tener contacto con grupos políticos juveniles en España, pese a haber afirmado previamente lo contrario en relación con los socialistas. También negaba haber dicho a Grace que su grupo se compusiera principalmente de liberales. La conclusión de Grace era que debía desconfiarse de Bonet, y que no había certeza siquiera de que las supuestas entidades regionales de su grupo realmente existieran (de todas ellas, sólo una respondió a Grace cuando intentó entrar en contacto con ellas) ni de que las reuniones de su comité ejecutivo federal, cuyas actas Bonet le había enviado, realmente hubieran tenido lugar784. Finalmente, el Comité Ejecutivo de JEF-Europa se inclinaría por enfriar sus relaciones con el grupo de Bonet, dejando claro en sus comunicaciones internas que, aunque éste se hubiera arrogado la condición de representante de la JEF en España, no existía tal sección oficial785. Además del catalán y del de Bonet, otros grupos de jóvenes europeístas fueron surgiendo de forma más o menos espontánea por distintos lugares de España al mismo tiempo, y, si bien su existencia fue en la mayoría de los casos extremadamente efímera, de algunos ha quedado evidencia documental en el archivo histórico de la JEF. Así, David Grace entró en contacto con elementos juveniles del Partido Nacionalista Vasco con motivo de la organización de la conferencia del MEI sobre España y la CEE en Madrid en 1979. También se relacionó con un grupo valenciano creado por el joven militante socialista (y futuro diputado) Joan Calabuig i Rull, y no faltaron entusiastas europeístas —algunos de ellos estudiantes de derecho con inquietudes más o menos 783 En el Congreso de la JEF celebrado en Berlín en octubre de 1977 se aprobó un manifiesto, propuesto por el británico Richard Corbett, que denunciaba el déficit democrático de las instituciones comunitarias existentes, la necesidad de construir una federación europea en respuesta a los problemas económicos, políticos y financieros que no podían ser resueltos por los Estados y la inadecuación de las medidas de la CEE en relación con el medio ambiente y el desarrollo de las regiones menos favorecidas. El manifiesto fijaba como prioridades de la Comunidad la justicia social (subrayando las diferencias de desarrollo entre áreas de la CEE), el pleno empleo, la integración de los trabajadores inmigrantes y la lucha contra la evasión fiscal, junto con un papel político más relevante de Europa en el mundo y la lucha contra la pobreza. Vid. LEVI, G., «Il ruolo...» art. cit., pp. 817-818. 784 «Executive Bureau, Paris, 14 January 1979. Annex 2: Secretary General’s report on Spain», AHUE, JEF-2. 785 Grace a Corbett, 4-3-1979, AHUE, JEF-22. 261 profesionales y alguna publicación a sus espaldas, como el granadino José Francisco López; en otros casos chicos por debajo de los dieciocho años que a duras penas capaces de escribir inteligiblemente en inglés— en Granada, Asturias o Aragón786. Para evitar que una excesiva disgregación abortara este impulso inicial del europeísmo juvenil —y también para evitar que Fernando Bonet siguiera autoproclamándose líder de JEF-España—, a principios de 1979 la JEF animó a los diversos grupos españoles, con los catalanes a la cabeza, a celebrar una reunión en que con la aportación de todos pudiera constituirse oficialmente una sección española. Aunque el grupo de Bonet propuso una reunión en Madrid a mediados de marzo, la JEF finalmente se decantó por la propuesta de los catalanes de celebrar el encuentro en Barcelona los días 20 y 21 de abril, coincidiendo con un seminario organizado por JEF- Cataluña sobre Las elecciones directas al Parlamento Europeo y la ampliación al sur de la Comunidades Europeas. El grupo de Bonet declinó participar, rompió a partir de entonces todo contacto con la JEF y no tardó mucho en extinguirse. Al final, la reunión de Barcelona no contó con más de siete asistentes, incluidos Richard Corbett y David Grace en nombre de JEF-Europa, los representantes de JEF-Cataluña y algunos militantes socialistas venidos de otras partes de España, como el futuro alcalde de San Sebastián Odón Elorza. Aunque se acordó proceder a la constitución formal de un Comité Federal Español de la JEF invitando a integrarse en él a los grupos surgidos a lo ancho del país y se decidió un calendario de trabajo de cara a la legalización, obtención de subvenciones, establecimiento de sedes regionales, etc., al cabo de pocos meses nada de esto se había hecho, y las autoridades de la JEF en Bruselas constataban que el único grupo que seguía activo en España era el catalán787. A diferencia de las organizaciones menores que habían surgido en el resto de España, JEF-Catalunya sí prosiguió sus actividades después de 1979 y fue progresivamente extendiendo su campo de actuación y definiendo sus objetivos. Se establecieron dos sedes locales en Barcelona: una en Sarrià (zona de clase media-alta, y predominantemente nacionalista y conservadora) y otra en Verneda (de clase 786 «Executive Bureau, Brussels, 1-4 November 1979», p. 4; «Executive Bureau, Brussels, 19-20 July 1980», p. 2, AHUE, JEF-2. Rafael Molina del Pozo a la JEF, 21-10-1978; J. M. Cañal-Ferreira Naves a la JEF, 15-2- 1979; Grace a José F. López Márquez, 3-5-1979; Calabuig i Rull a la JEF, 20-5-1980; José Alfonso Ortiz a Moya Campbell, 14-6-1982, AHUE, JEF-22. 787 Grace «to All Groups in Spain in contact with the JEF» [sin fecha]; Manuel Pichardo («secretario de integración de nuevos grupos de JEF-España») a Grace, 25-1-1979; Rosón a Grace, 8-3-1979; Grace «to all JEF contacts in Spain», 3-4-1979; Acta de la reunión de los grupos españoles en contacto con JEF-Europa. convocada por el secretariado europeo de JEF y celebrada bajo los auspicios de JEF-Catalunya, AHUE, JEF- 22. «La Juventud Europea Federalista inaugura filial en Catalunya», Diario de Barcelona, 24-4-1979. 262 trabajadora y tendencia de voto socialista), así como otras sedes en Badalona, San Cugat del Vallés y en Valls (Tarragona). Aunque en principio no existía formalmente la figura del presidente, se erigió en coordinador de JEF-Catalunya el estudiante Joan-Francesc Pont i Clemente, mientras que Susana Rosón era el enlace con JEF-Europa788. En el Congreso de JEF-Europa celebrado en Sundvollen (Noruega) entre el 12 y el 14 de octubre de 1979 se debatió la situación de JEF-Catalunya en JEF-Europa. Primeramente, y tras observar los estatutos de la organización así como un informe de sus primeros meses de existencia, presentado por Susana Rosón, se decidió por aclamación reconocer a JEF-Catalunya como sección de la JEF. Más tarde se discutió el estatus que debía tener, y finalmente se decidió (con 33 votos a favor y 23 en contra) que sería reconocida como «sección nacional»789. Entre tanto, JEF-Catalunya trató de potenciar los contactos con instituciones públicas como la Generalitat a la búsqueda de financiación, pero no se obtuvieron más fondos que los aportados por las cuotas de los afiliados, lo que le impidió pagar a JEF- Europa su cuota correspondiente como organización miembro hasta 1983, en que, con la ayuda del Consejo Catalán del Movimiento Europeo, la organización cobró nuevo impulso790. Del mismo modo, el número de miembros de JEF-Catalunya fue creciendo de los 59 que contaba en 1983 (cifra escasa si se considera que en esa época la sección de Malta tenía 92 miembros, y la de Austria 1.878) a aproximadamente doscientos en 1985791. Paralelamente se fue incrementando el alcance de las actividades, que abarcaban la celebración de debates sobre federalismo y relaciones internacionales, difusión de los manifiestos y actividades de JEF-Europa, asistencia a seminarios internacionales y participación en manifestaciones públicas en relación con temas como el desarme o la entrada de España en la OTAN, a la que JEF-Catalunya se opuso792. Hasta marzo de 1985 JEF-Catalunya compartió la sede del movimiento Crítica Radical, y posteriormente se trasladó junto con este, a la sede de Joventut i Societat, en la Via Laietana de Barcelona. 788 Report of the JEF-Catalonia, AHUE, JEF-110. 789 «JEF Congress, Sundvollen, 12-14 de octubre de 1979, minutes», pp. 9-10. En el mismo congreso se aprobó una moción favorable a la ampliación de la CEE a España y Portugal, AHUE, JEF-110. 790 «Executive Bureau, Brussels, 12-13 February 1983», anexo 2, AHUE, JEF-179. En 1983 JEF-Catalunya cotizó a JEF-Europa 2.750 francos belgas por 110 miembros, y en 1984 5.225 FB por 209 miembros. Congreso de la JEF en Berlín, 3-6 de octubre de 1985, «Membership fees», AHUE, JEF-117. 791 Cuando la JEF celebró su congreso en Berlín en 1985, JEF-Catalunya remitió a JEF-Europa un listado en el que figuraban los nombres de 199 miembros de la organización. Quico Rafols a Susana Rosón, 4-5- 1985, AHUE-JEF-123. 792 Informe de actividades de JEF-Catalunya, octubre de 1982, AHUE, JEF-22. 263 De la participación de los jóvenes federalistas catalanes en la organización europea en esos años cabe destacar la figura de Susana Rosón. Miembro fundadora de JEF- Catalunya, se interesó desde un principio por los debates teóricos en torno al federalismo. En el congreso de Milán de septiembre de 1981 —en el que presentó una propuesta de debate en nombre de JEF-Catalunya sobre federalismo integral793— fue designada miembro del Comité Ejecutivo y del Comité Federal de JEF-Europe794. Dentro del Comité Ejecutivo se le asignó la responsabilidad de las relaciones con los movimientos juveniles alternativos y no organizados. En este sentido, desarrolló varias propuestas sobre el significado social del federalismo instando a los miembros de la JEF a definir el modelo de sociedad que defendía la organización, más allá de la retórica en torno a la integración europea, y a atender a los problemas reales de los jóvenes, en especial los más desfavorecidos795. Según Rosón, la JEF tenía una actitud demasiado conservadora y poco activa en relación con estos temas, y así lo reflejó en varios artículos publicados en la revista JEF-Info a lo largo de 1982796. Mantuvo, además, su interés por la reflexión teórica en torno al federalismo, y en 1983 presentó al Comité Federal un informe sobre la autogestión como aplicación práctica del federalismo a la vida económica797. En agosto de 1984 Susana Rosón sería nombrada secretaria general de la JEF en sustitución de Tore Nedrebo. Su breve gestión (hasta septiembre de 1985) estaría marcada por los desencuentros con el presidente Franco Spoltore (nombrado en 1983), quien ya en los años setenta había estado en el origen de algunas tensiones con la JEF como presidente de la sección italiana. En 1985 Spoltore decidió unilateralmente la admisión en la JEF de una organización bávara, la Junge Europäer Bavaria, sin consultar al Comité Federal ni a la sección nacional alemana. Más tarde dirigió a los miembros del Comité Federal y del Comité Ejecutivo una circular muy crítica con el —según él— escaso éxito que las actividades de la JEF estaban alcanzando, lo cual atribuía a la falta de independencia económica, y proponiendo refundar la organización estrechando los lazos con la UEF y aprobando nuevos estatutos y un nuevo manifiesto798. Aunque la 793 Congreso de la JEF, Milán, 25-27 de septiembre de 1981, propuesta de Susana Rosón, AHUE, JEF- 120. 794 En ese mismo congreso David Grace accedió a la presidencia de la JEF. 795 Federal Committee Meeting, Brussels, 4-6 December 1981, «Recommendations to the F. C. concerning working group reports II, IV and V of the Congress of Milano», 1981, AHUE, JEF-29. 796 Susana Rosón, «Report to Federal Committee», julio de 1982, AHUE, JEF-29. 797 «For a new political programme - self management», AHUE, JEF-173. 798 LEVI, G., «Il ruolo...» cap. cit., p. 845. 264 mayoría de las secciones nacionales apoyaron el público rechazo de Rosón de las tesis de Spoltore, a la postre Rosón dimitiría como secretaria general en septiembre de 1985799. En su haber quedó la buena gestión desarrollada para la participación de la JEF en la manifestación europeísta celebrada coincidiendo con la Cumbre europea de Milán de junio de 1985, a la que acudieron delegaciones juveniles procedentes de Francia, Alemania, Bélgica, España, Grecia y Noruega800. Entre tanto, nuevamente surgieron en distintos puntos de España grupos de jóvenes interesados por el federalismo que se pusieron en contacto con la JEF. El más destacado de ellos fue el creado en Madrid en 1983 por el pintor y estudiante de Derecho Ígor Issacovitch Benegas, que había asistido a un seminario de la JEF en Estrasburgo en enero de 1983. El 24 de junio el grupo se constituyó oficialmente con el nombre de JEF-España, con Issacovitch como secretario general y el estudiante mallorquín de Derecho (y futuro juez) Antonio Oliver Reus como presidente, junto a una veintena de amigos801. Según sus estatutos, la organización sería designada con las siglas JEF-E, y sus objetivos fundamentales serían «trabajar desde la independencia política para la creación de una federación europea, primer paso hacia la paz, y para una más libre, democrática y justa sociedad federal»802. Además, los estatutos definían la existencia de una asamblea federal, un comité ejecutivo y un congreso federal de JEF- España, y señalaba que ésta podía «organizarse libremente por sí misma en las Comunidades Autónomas del territorio español», pero no se incluía ningún propósito de fusión con JEF-Catalunya. JEF-España aprobó igualmente un Programa político provisional en el que, declarándose ajena a la lucha partidista, proponía el federalismo «como la conjugación perfecta de los principios de autonomía y cooperación en base a una concepción integral de la sociedad y de los individuos». En este contexto, JEF- España interpretaba la unidad europea como un elemento neutralizador de las tendencias opuestas en la Guerra Fría y un paso hacia la organización federalista del mundo. Además, JEF-España se mostraba crítica con el Estado de las Autonomías en España, que consideraba insuficiente en cuanto al reconocimiento de las realidades históricas y lingüísticas de país, con el creciente poder de las empresas transnacionales, 799 Circular de la Secretaria General Susana Rosón a todos los miembros del Comité Federal, Buró Ejecutivo y secciones nacionales y regionales de la JEF, 21-41985, AHUE, JEF-173. Al ser desaprobada su gestión por la mayoría de las secciones nacionales, Spoltore abandonaría la presidencia a partir del congreso de octubre de 1985. 800 LEVI, G., «Il ruolo...» cap. cit., p. 847. 801 «Acta de nombramiento del Comité Ejecutivo provisional», AHUE, JEF-22. 802 «Estatutos de la JEF (sección española)», art. 3, AHUE, JEF-22. 265 la política de bloques y la adhesión de España a la OTAN. En cuanto a la entrada de España en la CEE, ésta era vista como una gran oportunidad para ambas partes, pero las autoridades responsables debían estar preparadas para explicar convenientemente a la opinión pública los efectos desfavorables que, sobre todo en una primera fase, pudieran producirse en ciertos sectores, y, en todo caso, la adhesión española debía interpretarse no tanto en función de los beneficios económicos como por ser la ocasión de participar en un proceso de reforma de la Comunidad (a través del proyecto de Tratado que entonces debatía el Parlamento Europeo) que diera lugar a la institución de un auténtico gobierno europeo803. A principios de julio Issacovitch se puso en contacto con Tore Nedrebo con ocasión de una visita de éste a España para asistir al coloquio cultural celebrado por el Movimiento Europeo en Toledo. Nedrebo animó al nuevo grupo a entrar en contacto con JEF-Catalunya para ver las posibilidades de constituir una sección oficial española en la JEF804. A lo largo de los meses siguientes el nuevo grupo desarrolló un amplio abanico de actividades de promoción del federalismo entre la juventud universitaria madrileña, y animó igualmente el surgimiento de grupos similares en distintos puntos de España, como Asturias, Valencia, Aragón o las Islas Baleares. En colaboración con la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma y el Ateneo de Madrid se organizaron debates y coloquios sobre el movimiento federalista; JEF-España entró igualmente en contacto con la Asociación para la Integración Europea a través de su secretario general, César Enrique Díaz López, y con algunas de las personalidades que por entonces estaban tratando de crear en España una sección de la UEF, como el profesor Luis de la Rasilla. En algunas de las conferencias organizadas por JEF-España en el Ateneo de Madrid a fines de 1983 tomaron parte Enrique Tierno Galván, Fernando Álvarez de Miranda, José Vidal-Beneyto, Javier Rupérez, Carlos Bru o Guillermo Kirkpatrick, entre otros. El CFEME admitió a JEF-España como miembro en marzo de 1984, y le cedería su sede para la organización de actos diversos, como varias conferencias sobre federalismo pronunciadas por Díaz López, profesor de Teoría del Estado en la Universidad Complutense, a lo largo de 1984805. Otras figuras invitadas 803 «Anteproyecto de manifiesto fundacional de JEF-España»; Programa político provisional de la Juventud Federalista Española, AHUE, JEF-22. 804 «Report of visit to JEF Spain and Portugal, July 1-8», AHUE, JEF-22. 805 Bru a Issacovitch, 28-3-1984, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 266 a participar en actos coordinados por este grupo fueron José Luis Aranguren, Ángel Viñas o Ramón Tamames. Entre los temas tratados figuraron cuestiones como la defensa en Europa (en el contexto de la crisis de los euromisiles) o la iniciativa del Club del Cocodrilo de aprobar un Tratado para la Unión Europea (en cierta ocasión se invitó a dar una conferencia al federalista italiano Pier Virgilio Dastoli, uno de los animadores del grupo del Cocodrilo en Italia). En junio de 1984 JEF-España organizó una conferencia con Marcelino Oreja, entonces secretario general del Consejo de Europa, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Issacovitch participaría igualmente en el acto de izado de la bandera europea el Día de Europa en el paraninfo de la Complutense. En algunas ocasiones las acciones de JEF-España aparecerían reflejadas en medios de comunicación; así sucedería con ocasión de algunos actos celebrados en colaboración con el Centro Universitario Europeísta de Granada en la primavera de 1984806 o con la aparición de los jóvenes federalistas en el programa de Radio 3 de Radio Nacional de España Tiempo de Universidad807. La colaboración del CFEME con JEF-España fue estrecha a partir de su reconocimiento oficial. Además de los seminarios y tertulias sobre temas federalistas, el CFEME le facilitó contactos con la Dirección de la Juventud de la Comunidad de Madrid (a través de Manuel Guedán, director de la revista Movimiento Europeo808), que permitieron a la organización juvenil el uso gratuito de un despacho en las oficinas del gobierno regional durante varios meses. Ígor Issacovitch y César Villanueva fueron invitados a diversos actos del Movimiento Europeo Internacional y del Consejo de Europa en Estrasburgo, Bruselas y Colonia Además, el CFEME concedió o canalizó ayudas a JEF-España para la organización de un seminario internacional sobre el paro juvenil en Europa, celebrado en octubre de 1984, por un total cercano al millón de pesetas809. En él participaron como ponentes Fernando Álvarez de Miranda; Roger Louet, secretario general del Comité Económico y Social de las Comunidades 806 «Granada por la unión europea», El Defensor de Granada, 24-3-1984. «Varios acto darán realce hoy a la celebración en Granada del Día de Europa», El Ideal de Granada, 5-5-1984. 807 Sobre las actividades desarrolladas por JEF-España entre 1983 y 1984, «JEF España, report to the Federal Committee, 17 to 19 Feb. 1984»; «Algo de Federalismo en relación con la JEF-España»; «Report of JEF-Spain», AHUE, JEF-22, entre otros documentos. 808 La revista publicó asimismo el artículo de Igor Issacovitch «El paro juvenil en Europa», Movimiento Europeo, nº 9 (invierno 1984/85), p.47. 809 «Memoria de la colaboración prestada por el Movimiento Europeo a la Juventud Europea Federalista (JEF)», AHUE, JEF-22. 267 Europeas; Joaquín Almunia, ministro de Trabajo; y Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, entre otros810. La percepción de JEF-España acerca del proyecto de integración europea coincidía en sus líneas generales con las del CFEME, si bien la menor intensidad de sus filiaciones políticas y la juventud de sus integrantes le permitían elaborar discursos más ambiciosos. Así, en 1984, coincidiendo con la aprobación por el Parlamento Europeo del proyecto de Tratado sobre la Unión Europea, JEF-España aprobó un manifiesto en que aplaudía la iniciativa del Tratado e instaba a los Estados a su rápida ratificación, viendo en esta oportunidad la ocasión para abolir definitivamente las fronteras en Europa811. Las tentativas para el reconocimiento formal de JEF-España por parte de JEF- Europa, y sobre todo para el entendimiento en el marco de ésta con la sección catalana, que ya había sido reconocida oficialmente, se iniciaron en 1983, pero terminarían resultando infructuosas. En el congreso celebrado por JEF-Europa en La Haya en septiembre de 1983, al que acudieron dos representantes de JEF-España, Susana Rosón expuso durante una sesión plenaria el proceso de creación y actividades desarrolladas por el grupo de Issacovitch, que recibieron el aplauso de los asistentes. Sin embargo, tanto Richard Corbett como David Grace optaron por aplazar el reconocimiento formal por parte de JEF-Europa hasta el momento en que el Comité Federal tuviera ocasión de examinar los estatutos, actividades, miembros y objetivos políticos de JEF- España812. Si tal reconocimiento se retrasaba, ello se debía a la imposibilidad de llegar a un entendimiento entre JEF-España y JEF-Catalunya, que veía con desagrado la perspectiva de que su papel ante JEF-Europa quedara devaluado al integrarse en una organización que representara al conjunto del Estado, y donde ciertas pulsiones catalanistas dificultaban además la aceptación de participar en una entidad española. Así, en febrero de 1984 el Comité Ejecutivo de la JEF volvió a demorar tomar una resolución definitiva en relación con la cuestión de la sección española, si bien se 810 La documentación al respecto se encuentra en AHUE, JEF-70. 811 «Llamada a todas las fuerzas democráticas europeas» [sin fecha], ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 812 «IX Congress, The Hague, 23-25 September 1983, Minutes», p. 5, AHUE, JEF-116. 268 concedió al grupo de Issacovitch la categoría de miembro provisional con capacidad de voto en el Comité Federal813. Aprovechando el mencionado seminario de octubre de 1984, en esos mismos días se desarrollaron en Madrid reuniones entre JEF-España y JEF-Catalunya con Franco Spoltore y Susana Rosón. En estos encuentros se hicieron evidentes las discrepancias entre el grupo de Issacovitch, que insistía en ser reconocido como sección nacional española, y el catalán, que aducía que no había sido invitado a participar en la fundación de JEF-España a pesar de existir con anterioridad. Frente a las quejas de Issacovitch, Susana Rosón explicó que el reconocimiento que JEF-Europa había otorgado a JEF- España no había sido definitivo, y le recriminó no haber contado con JEF-Catalunya para la constitución de la sección española. Issacovitch, por su parte, atribuyó a la sección catalana falta de interés en participar en una entidad representativa del conjunto del Estado, e incluso la acusó de afinidades con la organización terrorista Terra Lliure814. En cualquier caso, a los pocos días el Comité Ejecutivo de JEF-Europa aprobó una resolución en que recordaba que JEF-Catalunya era parte de JEF-Europa, pero no así JEF-España, e instaba a todos los grupo del Estado español (existían en ese momento en Cataluña, Sevilla, Madrid, Valencia y Asturias) a celebrar un congreso en el que se adoptaran órganos y estatutos comunes para la constitución oficial de la sección española815. Al fin el proceso de unificación se aceleró toda vez que el grupo catalán decidió tomar las riendas del mismo y que Igor Issacovitch se desvinculó del grupo madrileño, quedando así los diversos grupos de España faltos de un referente claro fuera de Cataluña. El congreso de unificación de la sección española se celebró en Sant Cugat del Vallès en febrero de 1985; los nuevos estatutos, cuyo borrador había sido preparado desde JEF-Catalunya, reservaban para ésta la presidencia de JEF-España durante los dos primeros años, en atención al trabajo que venía desarrollando desde 1978816; Francesc Quico Rafols —tesorero de JEF-Catalunya entre 1982 y 1984 y presidente desde diciembre de 1984— resultó elegido en consecuencia presidente de la nueva JEF 813 «Federal Committee, Strasbourg, 17-19 February 1984», p. 5, AHUE, JEF-173. 814 Acta de la reunión de miembros de JEF en España, celebrada en el Ateneo de Madrid el 19 de octubre de 1984, AHUE, JEF-22. 815 «Executive Bureau, Madrid, 20-21 October 1984, annex 2, EB resolution concerning JEF Spain congress», AHUE, JEF-179. 816 Proyecto de Estatutos del Consejo Federal Español de la Juventud Europea Federalista, disposición transitoria, AHUE, JEF-22. 269 española817. En febrero de 1985 el Comité Federal de JEF-Europa reconoció —por fin— a JEF-España como miembro de pleno derecho.818 Sin embargo, esta nueva sección tendría una vida breve y poco intensa. La defección de Issacovitch, desilusionado al ver cómo el proyecto había escapado a su control, junto con el carácter efímero que habían tenido muchos de los grupos que habían surgido en distintos lugares de España, haría que de nuevo la mayoría de las actividades europeístas se concentraran en Cataluña. A lo largo de 1985 la sección de Madrid prácticamente desapareció, y el Comité Federal de la JEF incluso animó a los miembros catalanes a hacer esfuerzos por reactivar el federalismo juvenil en el resto del Estado819. De hecho, al Congreso de JEF-Europa de Berlín de octubre de 1985 sólo acudieron dos delegados catalanes, Rafols y Paloma Rosón, y lo hicieron en calidad de miembros de JEF-Catalunya. La sección española, que ni siquiera llegó a enviar a Bruselas un listado completo de sus miembros820, ni abonó sus cuotas correspondientes a 1984 y 1985, se desvaneció rápidamente. En los años siguientes, cuando, alcanzada por España la adhesión a la CEE, el entusiasmo por las actividades europeístas comenzó a decaer, la sección catalana recuperó su estatuto de única sección oficial española en el seno de la JEF, aun cuando esporádicamente surgieran grupos de jóvenes federalistas en otros territorios (a fines de los ochenta, y coincidiendo con el declive de la sección catalana, en Palma de Mallorca)821. En cualquier caso, y más allá de la peripecia concreta de cada uno de los grupos que fueron surgiendo y desapareciendo en estos años, resulta interesante observar cómo desde fines de los setenta hasta mediados de los ochenta se produjo una eclosión de grupos juveniles, con mayores o menores vinculaciones políticas, interesados en adherirse a la JEF, y cómo se entablaron entre ellos pugnas por la obtención del reconocimiento oficial por parte de las instancias europeas, de manera no muy diferente a como sucedió con otras asociaciones europeístas. Del mismo modo, la 817 El resto de la Junta Ejecutiva quedó integrado por Jesús Barquin (miembro de la sección sevillana y anterior vicepresidente de la JEF-España de Issacovitch) como vicepresidente; César Villanueva (de la sección madrileña) como secretario general; Fernando Laviña (tesorero del grupo de Issacovitch) como tesorero; y Salvador Aumedes como vocal. Rafols a Susana Rosón, 16-10-1985, AHUE, JEF-22. RAFOLS SAGRES, Francisco y VILLANUEVA LÓPEZ, César, «La JEF, un proyecto de futuro», Movimiento Europeo nº 10 (primavera 1985), p. 73. 818 «Federal Committee, Brussels, 2-3 February 1985», p. 2, AHUE, JEF-173. 819 «Federal Committee, Brussels, 9-12 January 1986», p. 3, AHUE- JEF-173. 820 Susana Rosón a la Juventud Europea Federalista, 18-9-1985, AHUE, JEF-117. 821 En 2010 se ha reconstituido oficialmente JEF-España como sección de JEF-Europa, integrada por secciones regionales en Cataluña (que es la que ha tenido mayor continuidad desde 1978), Andalucía, Galicia y Madrid. 270 falta de consistencia y de continuidad en estos grupos fue muy acusada por su carácter de asociaciones juveniles, pero también por lo vago y efímero del sentimiento europeísta-federalista que los animaba, y que perdió buena parte de su capacidad movilizadora después de la adhesión de España a la CEE en 1986. 3.4. Europeísmo y feminismo: la Unión de Mujeres por Europa Durante la dictadura franquista, la mujer en tanto que categoría socio-política se había visto relegada ante un sistema cuyos estrechos y restringidos cauces de participación primaban la masculinidad. El feminismo como movimiento reivindicativo, asociado a la oposición democrática, fue desarrollándose en los márgenes del régimen al menos desde los años sesenta. En 1965 nació en Barcelona el Movimiento Democrático de Mujeres, que planteaba la asunción de la problemática específica de la mujer en la lucha por la democracia en España, y en los años siguientes fueron surgiendo organizaciones feministas con distintas ideologías (Colectivo Feminista de Madrid, Organización Feminista Revolucionaria, Frente de Liberación de la Mujer, Associació Catalana de la Dona, etc.), de las que a la altura de 1979 se contaban unas ciento treinta822. Especial repercusión tuvo la celebración en Madrid, en diciembre de 1975, de las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer, con participación de más de quinientas mujeres, a las que siguieron la manifestación (no autorizada) en Madrid en enero de 1976 bajo el lema Mujer, lucha por tu liberación y las Jornades Catalanes de la Dona de mayo de 1976, entre otros eventos823. Dada la multiplicidad de colectivos y sus diferentes inclinaciones políticas, sus reivindicaciones fueron también variadas, pero en esencia buscaban la eliminación de las leyes discriminatorias, la supresión de los delitos de adulterio y amancebamiento (alcanzada en 1978), derechos laborales para las mujeres, la socialización del trabajo doméstico mediante servicios públicos como guarderías, que facilitaran la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, el reconocimiento de derechos para las madres solteras, etc. Las cuestiones relacionadas con la educación, el aborto o la libertad sexual, objeto de reivindicación para los grupos de izquierda, serían fuente de debate para el feminismo a medida que se fue consolidando la libertad para plantearlas en la palestra 822 GONZÁLEZ, Anabel, El feminismo en España, hoy, Madrid, Zero, 1979, pp. 303-310 recoge la relación de todas ellas. Véase también POMBO DE LA LOSA, Jesús A., «Democracia y mujeres en la política española, 1975-2000», en CUESTA BUSTILLO, Josefina (dir.), Historia de las Mujeres en España. Siglo XX, Madrid, Instituto de la Mujer, 2003, Tomo III, pp. 245-326. 823 COMABELLA, Mercedes, «Movimiento Democrático de Mujeres», , pp. 247-273. 271 política, y llevarían, ya a fines de los setenta, a enfrentamientos y rupturas entre sectores conservadores y progresistas, así como entre las partidarias de escindir la lucha feminista de toda otra filiación política frente a quienes preferían abordar la cuestión de la mujer desde la óptica de los partidos824. Precisamente los partidos irían dando cabida a las inquietudes feministas dentro de sus estructuras durante la Transición; así, el PSOE creó en 1976 la corriente «Mujer y feminismo», liderada por Carmen Mestre y Carlota Bustelo; el PCE contaba desde la clandestinidad con una Comisión de la Mujer (y en Comisiones Obreras una Secretaría de la Mujer); y en los años ochenta UCD y AP también crearon secretarías o asociaciones con este fin, como la asociación Mujeres Conservadoras825. Sin embargo, la participación femenina en los grupos europeístas de oposición, durante la dictadura y los inicios de la Transición, había sido prácticamente nula. Tanto el CFEME como los otros grupos y asociaciones en contacto con el europeísmo internacional eran de composición íntegramente masculina, reflejo del retraso de la mujer en su incorporación a la actividad política en España, que se proyectaba en la oposición antifranquista casi en la misma proporción que en el Régimen826. Del mismo modo, la problemática específica de la mujer no figuraba entre las prioridades de los europeístas españoles. Dentro del europeísmo internacional, en cambio, sí estaba consolidada un área de actuación reservada a la mujer, básicamente en lo relativo a la reivindicación de determinadas aspiraciones feministas en el ámbito de la Comunidad Europea, así como a difundir el ideal europeísta entre las mujeres: tal era la función y el propósito de la Comisión Internacional Femenina del Movimiento Europeo (CIFME), presidida por la socialista italiana (y vicepresidenta del Consiglio Italiano del Movimento Europeo) Margherita Bernabei. Tras la legalización y traslado a Madrid del CFEME en 1978, Bernabei se dirigió a Álvarez de Miranda para animarlo a la creación de una sección femenina en el seno de aquél. Igualmente, se puso en contacto con Mabel Pérez Serrano, subdirectora general 824 MONTERO COROMINAS, Justa, «Las aspiraciones del movimiento feminista y la transición política», en MARTÍNEZ TEN, Carmen; GUTIÉRREZ LÓPEZ, Purificación; GONZÁLEZ RUIZ, Pilar (eds.), El movimiento feminista en España en los años 70, Madrid, Cátedra, 2009, pp. 275-303. Sobre los debates entre las organizaciones feministas durante la Transición, véase LARUMBE, Mª Ángeles, Una inmensa minoría. Influencia y feminismo en la Transición, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2002, pp. 159-183 y Las que dijeron no. Palabra y acción del feminismo en la Transición, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 197-234, y FOLGUERA, Pilar, «El feminismo en la era del cambio», Historia 16, nº 145 (1988), pp. 91-99. 825 FOLGUERA, Pilar, «De la transición política a la paridad», en FOLGUERA, Pilar (ed.), El feminismo en España. Dos siglos de historia, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2007, pp. 157-199. 826 Por ejemplo, entre los 118 asistentes españoles al Congreso del Movimiento Europeo de Múnich de 1962 sólo se contaba una mujer, Mercedes Arribas Cortejarena. 272 de la Mujer en el gobierno de UCD, quien se encargó de distribuir en España documentación programática y propagandística del CIFME y otros documentos de interés para el feminismo europeísta, como la intervención del comisario Lorenzo Natali ante el Parlamento Europeo sobre la situación de la mujer en los países candidatos a la adhesión827. Pérez Serrano se entrevistó con Álvarez de Miranda y con Carlos Bru para asegurarse su apoyo, y el 5 de marzo de 1981 tuvo lugar en la sede del CFEME una reunión con mujeres relevantes del movimiento feminista y de la Administración828 y con la propia Barnabei, que ilustró a las presentes en el ideario europeísta feminista a partir del documento Le donne d’Europa per una società piú umana e più giusta, que había sido aprobado por una serie de organizaciones feministas italianas en 1979. En la reunión se acordó: 1) crear una nueva entidad con el nombre de Asociación de Mujeres por Europa (AME), desestimando la idea de llamarla «Comisión Nacional Femenina» del Movimiento Europeo, por las connotaciones que de tal nombre pudieran derivarse en relación con el Movimiento Nacional; 2) aceptar la libre inscripción en la misma de cuantas mujeres desearan participar a título personal, sin necesidad de estar afiliadas a ningún grupo ni partido político; y 3) convocar una nueva reunión para la elección de una comisión gestora de la AME y la redacción de sus estatutos, previamente a su constitución oficial y registro como asociación829. En los meses siguientes se puso en marcha la maquinaria para el funcionamiento efectivo de la asociación. En mayo Mabel Pérez Serrano y Flora Isgleas-Gironella — esposa de Gironella y miembro de la Comissió de la Dona del Partit dels Socialistes de Catalunya— fueron invitadas a la reunión en Roma de la CIFME, en la que ambas tomaron la palabra para hablar de los progresos de la situación de la mujer en España y del referente que la Europa democrática significaba para la misma830. En una nueva reunión, el 25 de junio, se eligió una Comisión Gestora de la AME, integrada por Blanca de la Cierva, Justa Corominas, María Dolores Díez, María Díez Jiménez, María del Carmen Echave, Magdalena Manresa, Isabel Marco (Secretaria General), Piluka 827 Margherita Barnabei a Mabel Pérez Serrano, 5-11-1979. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. «Les femmes dans une communauté élargie», Femmes d’Europe, nº 17 (noviembre-diciembre 1980) 828 No consta un registro exhaustivo de las participantes, pero fueron invitadas, entre otras, Cristina Almeida (concejala del PCE en el Ayuntamiento de Madrid), Hernard Corbí (de la asociación Mujer y Socialismo), Delia de Ribera (de la Asociación para la Promoción y la Evolución Cultural) y Ascensión de Gregorio Sedeño (presidenta nacional de la Federación Española de Asociaciones de Amas de Casa y del Consumo Familiar). 829 Circular del CFEME, 5-3-1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 830 Españolas en la Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982), Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, pp. 79- 80. 273 Martínez-Izquierdo, Asunción Moreno y Mercedes María Trevijano831. Siendo algunas procedentes de los principales partidos políticos del momento y otras independientes pero con inquietud por las cuestiones políticas y el feminismo en general, la idea era crear un ámbito de cooperación donde, más allá de las diferencias ideológicas y de las filiaciones personales, las integrantes pudieran trabajar en favor de la causa común de la defensa de los derechos e intereses de la mujer y de la promoción de la integración europea832. El 17 de septiembre eran aprobados el acta fundacional y los Estatutos de la AME. Los fines de la asociación quedaban expresados de esta manera: «Contribuir a la difusión de la idea europea en las asociaciones femeninas; asegurar la información, la formación y la acción de las mujeres en lo referente a la integración europea; [...] realizar estudios para el Movimiento Europeo y presentarle propuestas relativas a aquellos aspectos que más interesen a las mujeres [e] inducir más a las mujeres a participar en la acción del Movimiento Europeo y de sus organizaciones afiliadas»833. Los Estatutos fijaban el papel de la Junta Directiva, cuyas miembros serían elegidas por dos años y que incluiría una presidenta, varias vicepresidentas y una secretaria, y de la Asamblea General, que se debería reunir dos veces al año y a quien competería la aprobación de las cuentas y la elección de la Junta Directiva834. El 5 de octubre — siempre en la sede del CFEME en Madrid— la Junta Gestora convocó a un grupo de mujeres para darles a conocer el acta y los Estatutos e invitarlas a adherirse a la AME. A fines de mes se empezaría a discutir las primeras actividades y cuestiones de orden práctico, como las cuotas de asociación —en principio son de carácter voluntario, entre 100 y 500 pesetas—, o la sede social, que oficialmente sería la misma del CFEME, aunque buena parte de los actos públicos tendrán lugar en el número 8 de la calle Miguel Ángel de Madrid, donde tenía su sede la Asociación Española de Mujeres Universitarias. Con vistas a darse a conocer al público, se decidió redactar de una suerte de programa o manifiesto básico, para lo cual se nombró una comisión integrada por Tina Alarcón, Agustina de Andrés, Delia de Ribera, Pilar Folguera, Isabel Marco, Piluca 831 Blanca de la Cierva era presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), y más tarde llegaría a ser Directora General de Familia de la Conserjería de Empleo y Mujer de Madrid. Justa Corominas, empresaria, también había participado en la fundación de ASEME. María Echave era la médico del Congreso de los Diputados, que sería condecorada por su labor en la noche del 23-F. Magdalena Manresa era secretaria general de la Federación de Enseñanza de Cataluña de la Unión Sindical Obrera (USO). Asunción Moreno era miembro de Alianza Popular. 832 Entrevista de Francisca Tarazaga con el autor, 28-2-2008. 833 Acta fundacional de la Asociación de Mujeres por Europa, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 834 Estatutos de la Asociación de Mujeres por Europa, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 274 Martín Izquierdo, Ángeles Sallée y Mercedes Trevijano835. Aprobado provisionalmente como Proyecto de programa en la Asamblea del 26 de noviembre —con la idea de discutirlo y matizarlo más adelante—, y redactado finalmente por Pilar Folguera, Ángeles Sallée e Isabel Marco, el documento apuntaba a una serie de lugares comunes en cuanto a la promoción de la integración europea y la defensa de los derechos de la mujer, incluyendo el cumplimiento en España de los Acuerdos del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Mujer836. Fijaba, además, una serie de metas a alcanzar en cuanto a trabajo, salud y educación: promoción del empleo de la mujer, ampliación de su espectro de actividad laboral, igualdad de salarios con el hombre, programa estatal de guarderías subvencionadas, flexibilización de horarios para trabajadoras con responsabilidades familiares, control del trabajo no declarado, extensión de la Seguridad Social a las trabajadoras marginales, mayor participación de la mujer en la enseñanza superior y creación de una Comisión de Igualdad de Derechos837. El espíritu de cooperación que estuvo más o menos presente en estas primeras sesiones quebraría claramente ya hacia 1982, al aumentar el interés de los partidos por este nuevo espacio de proyección europeísta según se aproximaba el momento de elegir una Junta Directiva que se hiciera cargo de la Asociación ya oficialmente constituida. Así, más y más mujeres fueron registrándose como miembros de AME (en marzo de 1982 ya se habían registrado más de trescientas838) y asistiendo a sus reuniones (de las sesenta que participaban en las reuniones en otoño de 1981 hasta cuatrocientas ochenta en mayo de 1982), y las divergencias políticas no tardaron en hacer mella en la unidad de la Asociación. En estos momentos Europa y lo europeo —como una sinécdoque de los comunitario— operaban en el imaginario como un significante de modernidad económica pero también social y cultural, lo cual comportaba unas connotaciones que podían ser sentidas como positivas o negativas en función de la inclinación ideológica de cada uno. Dicho en otras palabras, pese a que las mujeres de la AME compartían el interés por revitalizar la posición de la mujer y por la entrada de España en la CEE, algunas empezaron a recelar de las consecuencias que traería que el país se homologara 835 AME, Acta de la Asamblea General del 29 de octubre de 1981. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. Florentina Alarcón era miembro del PSOE, y más tarde sería nombrada presidenta de la asociación de víctimas de abusos sexuales; Agustina de Andrés era una profesora anarquista especializada en Clara Campoamor; Pilar Folguera era profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y próxima al PSOE, y Ángeles Sallée era miembro de Comisiones Obreras. 836 Resolución 3520 (XXX) de la Asamblea General de la ONU en 1975, que proclamaba el período 1976- 1985 como «Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz» 837 AME, «Primer manifiesto y avance de programa», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 838 «Asociación de Mujeres por Europa», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), p. 8. 275 con la Comunidad en determinadas cuestiones que afectaban a la moral y a la doctrina religiosa, como el divorcio o el aborto839. De hecho, entre las cuestiones más polémicas que habían dificultado la aceptación oficial del Proyecto de Programa estaban las alusiones que sus autoras habían incluido al derecho de la mujer a «una libre opción de maternidad», el fomento de la educación sexual y de una enseñanza que desterrara definitivamente el «concepto estereotipado y diferenciador entre hombre-mujer»840. A esto se sumarían los recelos entre mujeres sin filiación política y las que pertenecían a algún partido, y todo ello propiciaría que en los meses sucesivos se gestara una pugna por el control y la orientación de la AME que estallaría definitivamente en mayo de 1982. El 19 de enero de 1982 la Asamblea General decidió la ampliación de la Junta Gestora en una siguiente reunión, que tendría lugar el 9 de febrero. La nueva Junta adoptaría un giro más izquierdista: permanecían en ella seis de las integrantes de la Junta anterior —Justa Corominas, Blanca de la Cierva, María Dolores Díez, Magdalena Manresa (después sustituida por Piluca Martínez Izquierdo), Isabel Marco y Mercedes Trevijano—, y se procedió a una votación para incorporar a otras siete: Pilar Folguera (que obtuvo 63 votos), Carmela García Moreno (60), Kika Muñoz (60), Florentina Alarcón (58), Carmen Roney (51), Ángeles Sallée (51) y Pilar García Doñoro (47)841. Quedaron fuera Ana Águeda (con 40), María Mayol (28), Sonia Bachiller (24) y Pilar Bécquer (24). También quedaron excluidas Mabel Pérez-Serrano y Carmen Echave, ambas fundadoras de AME, que no pudieron acudir a estas reuniones (más tarde alegarían no haber sido informadas). En las semanas siguientes se procedió a crear grupos de trabajo específicos sobre temas europeístas, empleo, cultura, educación y paz, y se fijó la cuota de las asociadas en cien pesetas al mes842. El 26 de febrero varias miembros de la Junta, de tendencia progresista, inscribieron la AME en el Registro de Asociaciones, con el objeto de acabar definitivamente con las 839 La discusión sobre el aborto sería, según Francisca Tarazaga, futura presidenta de la Unión Democrática de Mujeres por Europa, el principal motivo de la escisión de la AME en 1982. Entrevista con el autor, 28-2-2008. 840 AME, acta de la reunión celebrada el 19 de enero de 1982. ACFEME-Fondo Movimiento Europeo. 841 Carmela García Moreno, diputada por UCD, formaría parte del bloque del Partido de Acción Democrática (PAD) que en 1982 abandonaría UCD por el PSOE. También Kika Muñoz era miembro del PSOE. Carmen Roney sería elegida diputada de la Asamblea de Madrid por el PCE. Pilar García Doñoro era una funcionaria especializada en temas comunitarios, autora del libro España - Mercado Común: una integración problemática, Planeta, Barcelona, 1976. Ejerció también varios cargos en la Representación Permanente de España ante la CEE. 842 AME, Actas de las reuniones de la Comisión Gestora del 12 de febrero de 1982 y del 15 de marzo de 1982. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 276 impugnaciones de ilegalidad que venían surgiendo en las asambleas ante muchas de las iniciativas de la Junta843. Esta constitución «oficial» de la AME, promovida por Tina Alarcón, Isabel Marco, María Pilar García Doñoro, Ángeles Sallée y Pilar Folguera, no contó con el apoyo de parte de la Junta Gestora ni de quienes habían quedado marginadas de la misma. En el seno de ésta, y en el conjunto de la AME, se fue abriendo una brecha entre las asociadas de tendencia más progresista, algunas de ellas afiliadas al PCE o al PSOE, como Francisca Tarazaga, Isabel Marco o Ángeles Sallée, y las conservadoras, algunas pertenecientes o vinculadas a UCD o AP, como Pérez- Serrano o Justa Corominas, y ambas tendencias reivindicaban su legitimidad ante el CFEME, cuyos dirigentes debían asumir un embarazoso papel de mediadores844. En la Asamblea del 15 de abril surgieron disputas varias acerca de cuestiones como la admisión de nuevas socias, la falta de recursos económicos (tras la presentación a la prensa y la celebración de un acto conjunto con la Asociación para la Integración Europea los días 24 y 25 de marzo la AME se había quedado en números rojos), la participación de los partidos políticos o incluso la capacidad de trabajo de algunas de las socias845. También levantó ampollas que en el documento elaborado para la prensa se asumiera como oficial el polémico Proyecto de programa. El 23 de mayo, quince de las asociadas conservadoras —Pérez-Serrano, Justa Corominas, Mª Ángeles Úbeda, Magdalena Manresa o Carmen Echave entre ellas846— escribieron a Álvarez de Miranda, denunciando irregularidades por parte de la Junta Gestora en la preparación de la Asamblea General que el 27 de mayo debía elegir la nueva Junta Directiva, tras la legalización de la Asociación, en el sentido de someter a votación listas cerradas controladas por los partidos políticos. Un motivo de discordia era la aceptación en la Asamblea del voto delegado, que según las conservadoras permitiría que los partidos y organizaciones mayoritarias, que contaban con mejores infraestructuras, movilizaran más votos847. 843 Escritura de constitución de una Asociación bajo la denominación «Asociación de Mujeres por Europa», 26 de febrero de 1982, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 844 Isabel Marco a Fernando Álvarez de Miranda, 3-3-1982. 845 AME, A«cta de la Asamblea General del 15 de abril de 1982», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. La propia acta describe el clima de la reunión como de «intensa agresividad». 846 Tales disputas ideológicas en el seno de asociaciones femeninas, llegando al extremo de provocar escisiones, no fueron algo exclusivo de la AME. Por ejemplo, en 1978 las citadas Mª Ángeles Úbeda y Mabel Pérez-Serrano abandonaron la Asociación Española de Mujeres Separadas —cuya creación había instigado la propia Pérez-Serrano— precisamente a causa de las disputas internas en torno al aborto. Españolas en la transición... op. cit., p. 60. 847 Así lo expuso Carmela García Moreno, del Partido de Acción Democrática, en la reunión preparatoria de la Junta Gestora del 27 de abril de 1982. 277 Con todo, el sistema de listas abiertas, finalmente adoptado para la elección de la Junta, debía obligar al entendimiento entre las diferentes posturas existentes en la AME, pero el clima de tensiones generado en los últimos meses impidió que llegara a elegirse una Junta de carácter plural. Inaugurada la asamblea del 27 de mayo, inmediatamente después de constituirse la mesa que había de gestionarla, un grupo de diecinueve candidatas, principalmente progresistas, decidió retirarse ante el «clima de confrontación y la falta de tolerancia personal» extendidas en la asociación848. Entre ellas figuraban varios miembros de la mesa, que abandonaron el local llevándose consigo urnas, listas y papeletas. Al cabo de unos instantes de confusión y barullo, en que otras sesenta mujeres abandonaron la reunión, Mabel Pérez-Serrano tomó la palabra para tratar de encauzar el acto con la constitución de una nueva Mesa. Tras obtener nuevas urnas y fotocopias de las papeletas, se procedió a la votación. Como resultado de la misma fue elegida una nueva Junta Directiva en la que no estaban presentes ya la mayoría de las izquierdistas del período anterior. Justa Corominas fue elegida presidenta; Carmen Echave e Isabel Quijada, vicepresidentas; Lina Ortas, secretaria general; Rosa Cárdenas, vicesecretaria de organización; Isabel Marco, vicesecretaria de documentación; Titina Casanueva, tesorera; Magda Manresa, vicetesoresera,; y como vocales Mabel Pérez-Serrano, Manuela Martínez Gutiérrez, Paloma Saavedra, Marisa Vies y Asunción Moreno849. La orientación de la nueva Junta le valdría el apoyo de las fuerzas conservadoras de cara a la participación en actos públicos y la consecución de sus objetivos (así, Guillermo Kirkpatrick, secretario de Asuntos Exteriores de AP, era amigo personal de Isabel Quijada y de Carmen Echave.). El 22 de noviembre de 1982 la AME era declarada oficialmente entidad miembro del CFEME850. Sin embargo, las mujeres que abandonaron la Asamblea de mayo no renunciaron a participar en el movimiento europeísta femenino, y así, en septiembre constituyeron una asociación paralela, la Unión Democrática de Mujeres por Europa (UDME), de ideología más a la izquierda que la AME, bajo el liderazgo de Tina Alarcón y la militante 848 Se trata de Rosa Posada, Blanca de la Cierva, Teresa Rubio Tió, Ana Rodríguez Ayuso, Julia Olmo (estas dos de UCD), Tina Alarcón, Carmen García Matrán (del PSOE), Julia Vigre (UGT), Angeles Sallée, Carmen Roney (del PCE), Carmela García Moreno, Pilar Folguera, Flor Gómez, María Teresa Cunca, Virginia Gómez Acebo, Carmen Galindo, Sara Díez, María Dolores Díaz y Sonia Bachiller. 849 Lina Ortas era responsable nacional de Política Familiar de UCD. 850 AME, «Acta de la Asamblea General del 27 de mayo de 1982». Guillermo Kirkpatrick a Álvarez de Miranda, 1-6-1982. Justa Corominas a Álvarez de Miranda, 9-6-1982. Corominas a Carlos Bru, 22-11-1982. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. «Elegida la junta directiva de Mujeres por Europa», El País, 1-6- 1982.. 278 socialista Francisca Tarazaga, y con sede en el número 94 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid851. De sus estatutos, aprobados en el Registro de Asociaciones el 28 de septiembre de 1982, destacaba un sistema organizativo más politizado que el de la AME, pues reconocía a partidos políticos y sindicatos la potestad de designar a miembros de la Junta Directiva852. El manifiesto fundacional de la UDME, elaborado por Tarazaga, recogía los aspectos que habían resultado polémicos en el seno de la AME, esto es, lo relacionado con la educación sexual, el aborto o el fomento de los métodos anticonceptivos, y se refería igualmente a cuestiones como las diferencias salariales entre mujeres y hombres y la necesidad de incorporar a la mujer a las instituciones de gobierno tanto en España como en el ámbito comunitario853. En los dos años siguientes la AME y la UDME coexistieron en paralelo en el seno del CFEME, en el que la UDME fue admitida como entidad miembro a principios de 1983854, y cada una de ellas realizó sus propias actividades de contenido feminista y europeísta. Así, la AME trató de promover, junto con otras organizaciones femeninas, un Congreso Nacional de Mujeres Españolas, que finalmente no tendría lugar. La AME participó en la organización de seminarios y encuentros como el de abril de 1983 sobre Legislación española sobre adopción frente a los Documentos del Consejo de Europa, junto con la Asociación de Mujeres Juristas, y constituyó también una sección catalana, presidida por Isabel Morante (que había sido candidata de UCD al Congreso de los Diputados por Barcelona) y en cuya Junta Directiva figuraban Concepció Ferrer (de Unió Democràtica de Catalunya), Anna Balletbó (diputada socialista) y Joaquima Alemany855. La AME también proyectó actividades diversas de cara a la obtención de subvenciones de la Dirección General de la Juventud, como cursillos, distribución de folletos y boletines por centros escolares e incluso seminarios y otras actividades destinadas a la tercera edad856. La UDME, por su parte, se interesó por las implicaciones para la mujer española de la adhesión a la CEE, cuya negociación alcanzaba en esos años sus momentos 851 Otras socias fundadoras de la UDME procedentes de la AME eran Teresa Rubio, Pilar García- Doñoro, Blanca de la Cierva, Ángeles Sallée y Carmen García Matrán. 852 Unión Democrática de Mujeres por Europa, Estatutos, art. 18. Documento proporcionado por Francisca Tarazaga. Tras la legalización, tuvo lugar una primera asamblea constitutiva el 6 de diciembre. 853 «Manifiesto de la Unión Democrática de Mujeres por Europa», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 854 Kika Muñoz a Carlos Bru, 30-3-1983, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 855 Unió Democràtica de Catalunya, Comité de Govern, Full Informatiu, nº 3 (9 de febrero de 1983), pp. 1- 2. Arxiu Històric Ferran Camps, HM -4-, CP4/CR19. 856 Isabel Morante a Álvarez de Miranda, 9-2-1983; Justa Corominas a Álvarez de Miranda, 5-4-1983. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 279 decisivos. Una delegación de la Junta Directiva, encabezada por Francisca Tarazaga, visitó las instituciones comunitarias en Bruselas y se entrevistó con algunos de sus dirigentes857. Pilar Folguera y Ángeles Sallée participaron en el seminario promovido por el Instituto de la Mujer en noviembre de 1983 sobre La Comunidad Europea y las Mujeres Españolas, donde presentaron una ponencia y discutieron el atraso de España respecto a la Europa comunitaria en cuanto a los derechos reales de la mujer junto con representantes de las instituciones comunitarias, el Gobierno español (incluido el secretario de Estado de relaciones con la CEE, Manuel Marín) y diversas organizaciones de la sociedad civil858. A la postre, la división entre las organizaciones europeístas femeninas no duraría mucho. Dejada atrás la eclosión de movimientos femeninos de años atrás, así como el acuciante interés por los temas europeos, a la altura de 1984 el número de miembros reales de ambas asociaciones había decrecido muy considerablemente. La escasez de fondos había producido que la mayor parte de los propósitos —en cuanto a organización de cursos, actividades, etc.— con que habían nacido AME y UDME hubieran quedado en meras declaraciones de intenciones. Cada vez eran menos las asociadas que acudían a las reuniones, y menos excitantes —desde el punto de vista de la retórica feminista— los asuntos a debatir. Así, las dirigentes de ambos grupos, Justa Corominas y Francisca Tarazaga, se plantearon una reunificación cordial, y ésta tuvo efecto en una asamblea conjunta, celebrada el 27 de mayo de 1984 con asistencia de no más de sesenta mujeres en total. Se decidió que la Junta directiva de la nueva asociación se compondría de forma paritaria de mujeres procedentes de AME y UDME. La elección de la presidenta se dejó en manos del azar, lanzando una moneda al aire. Correspondió a Titina Casanueva, de AME, la presidencia, y a Francisca Tarazaga, de UDME, la secretaría general (alcanzaría a la presidencia poco después). La nueva creación llevaría el nombre de Unión de Mujeres por Europa (UME), y sería registrada oficialmente en abril de 1985859. A falta de otra sede, se situaba su domicilio en el del CFEME. En sus nuevos estatutos —más escuetos y menos ideologizados que los anteriores— quedaban consagrados sus fines: 857 SALLÉE, María Ángeles, «Mujeres españolas visitan la CEE», Movimiento Europeo, nº6 (mayo-junio-julio 1983), p. 16. 858 La Comunidad Europea y las Mujeres Españolas, Madrid, 10, 11 y 12 de noviembre de 1983, Instituto de la Mujer, Serie Documentos, nº 1. 859 Entrevista de Francisca Tarazaga con el autor, 28-2-2008. «Acta de la Asamblea General extraordinaria conjunta de Unión Democrática de Mujeres por Europa y Mujeres por Europa», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 280 «A) Difundir y propiciar la idea de una Europa unida, proyecto del que queremos ser coprotagonistas y no simples espectadoras, canalizando al mismo tiempo los intereses específicos de la mujer en la elaboración de la Política Comunitaria. B) Velar por el cumplimiento en España de los acuerdos del decenio de las Naciones Unidas sobre la mujer, y apoyar la resolución del Parlamento Europeo destinada a mejorar su situación en los países de Europa Occidental. C) Propiciar el profundo cambio cultual necesario para que los actuales papeles masculino y femenino desaparezcan, y en su lugar los roles sociales se configuren en función de los intereses y capacidades del ser humano, con independencia de cuál sea el sexo al que éste pertenezca. D) Vigilar la aplicación de la política no discriminatoria, expresada en nuestra Constitución muy especialmente en su artículo 14. E) [...] Profundizar las relaciones entre Latinoamérica y Europa, sirviendo de puente entre los dos continentes, para que aunando esfuerzos e intercambiando experiencias consigamos para todas las mujeres los derechos por los que luchamos.»860 La UME ha continuado su existencia hasta la actualidad —bajo la presidencia de Francisca Tarazaga— y ha ido entrando en contacto cada vez más estrecho con otras organizaciones femeninas del Movimiento Europeo a escala internacional. Entre sus hitos figura la institución en 1987 del premio Mujer Europea, otorgado bianualmente en reconocimiento de la labor política, social, cultural, etc. en beneficio de Europa (entre las galardonadas se cuentan Nuria Espert o la periodista de El País Soledad Gallego- Díaz, antigua corresponsal en Bruselas), y su participación, en 1990, en la creación del Lobby Europeo de Mujeres, que reúne a más de 4.000 asociaciones femeninas de Europa y actúa como grupo de presión ante las instituciones comunitarias en los temas relacionados con la igualdad de sexos. 3.5. Europeísmo y municipalismo: el Consejo de Municipalidades y Regiones de Europa El 1 de octubre de 1950 tuvo lugar en la localidad suiza de Seelisberg —famosa porque en 1291 se había creado allí la primera confederación de cantones que más tarde habría de conducir a la Confederación Helvética— una reunión en la que participaron varios alcaldes suizos, alemanes e italianos, junto con teóricos del autonomismo, como el suizo Adolf Gasser o el economista francés Edgard Milhaud, y federalistas como el también francés Jean Bareth, miembro del grupo La Fédération, o el comunista italiano Adriano Olivetti, autor de un ensayo sobre El orden político de las Comunidades. El objeto de la reunión era sentar las bases, en el momento en que surgían diversas 860 Ministerio del Interior, Servicio de Asociaciones, 24 de abril de 185, salida nº 1458/4. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 281 organizaciones representativas de la sociedad civil interesadas en impulsar el proceso de integración europea, de una asociación que a los principios del europeísmo federalista —en la línea de Altiero Spinelli, bajo cuya influencia se situaban los participantes— aunara los de la descentralización administrativa y la potenciación de la autonomía local. De esta reunión surgió la iniciativa de convocar una asamblea mayor, en cuya organización se implicó el concejal de Ginebra y presidente de la Unión de Ciudades Suizas, Fernand Cottier. Así, en enero de 1951 se reunieron en Ginebra cincuenta y seis alcaldes y administradores locales, junto con académicos europeístas procedentes de nueve países europeos, y establecieron oficialmente el Consejo de Municipalidades de Europa (Conseil des Communes de l’Europe, CCE en francés861). Tal como quedaron definidos en sus estatutos, los fines del CCE eran «Obtener y defender la autonomía municipal; facilitar la gestión de los Municipios, asegurar su libertad y contribuir a su prosperidad en particular para el desarrollo de las relaciones y de los organismos intermunicipales; »Desarrollar el espíritu europeo en los Municipios y colectividades locales para promover una Federación de Estados europeos basada en la autonomía de estas colectividades; »Asegurar la participación y la representación de los Municipios y de las colectividades locales en los organismos europeos e internacionales; »Integrar las futuras instituciones europeas con una Asamblea representativa de los Municipios y las colectividades locales»862. Tales fueron, pues, los comienzos de la andadura del CCE, que a lo largo de los años siguientes se consolidaría, junto con el Movimiento Europeo y la Unión Europea de Federalistas, en uno de los principales impulsores de la integración europea desde la sociedad civil, sobre todo gracias al empuje y la fortaleza de su sección italiana, la Associazione Italiana per il Consiglio di Comune d’Europa (AICCE). Como sucede con otras organizaciones europeístas, la historia del CCE corrió parejas con la de la propia construcción europea, elaborando posiciones más o menos críticas con las decisiones gubernamentales que fueron dando forma al proceso, desarrollando debates teóricos en torno al futuro de Europa y tratando de hacer presión por la cesión de la soberanía estatal en favor de una unión federal supranacional. Como hitos o momentos destacados en la historia del CCE podríamos destacar la aprobación de la Carta Europea de las libertades locales en la reunión de los Estados Generales del CCE (máximo 861 Para evitar confusiones, a todo lo largo del texto usaremos el acrónimo francés para referirnos a la organización. 862 PAOLINI, Edmondo, «Il Consiglio dei Comuni d’Europa» en PISTONE, S. (a cura di), I movimenti per l’unità europea dal 1945 al 1954. Atti el convegno internazionale, Pavia 19-20-21 ottobre 1989, Milano, Jaca, 1992, pp. 105-225. 282 organismo decisorio de la organización) celebrada en Versalles en 1953, en pleno debate sobre la creación de la Comunidad Europea de la Defensa; la puesta en marcha de los hermanamientos de ciudades como vía para la reconciliación y la promoción del espíritu europeísta desde los años cincuenta; el apoyo a las iniciativas de la Unión Europea de Federalistas —y, a partir de 1956, del Movimiento Federalista Europeo— para impulsar la supranacionalidad; una valoración realista y posibilista de la creación de las Comunidades Europeas en los Tratados de Roma, que el CCE siempre contempló como un medio para alcanzar la unión política europea a largo plazo; la aprobación de la Carta Federalista de los Poderes Locales en 1962; la elaboración de propuestas en relación con aquellas políticas de la CEE con repercusiones más directas sobre las administraciones locales y regionales, como la política agrícola o la industrial; o, ya en los años setenta, la acción a favor de la elección directa del Parlamento Europeo y, después de alcanzada ésta, el respaldo del proyecto de Tratado de la Unión Europea. De hecho, el CCE —denominado CCRE a partir de 1984 al incluir también las regiones en su denominación oficial— logró incluir en este último el reconocimiento de la necesidad de que entes locales y regionales participaran en la construcción europea de la forma adecuada, idea que ocho años más tarde el Tratado de Maastricht convertiría en realidad mediante la creación del Comité de las Regiones. Por otra parte, en 1976 se creó el Comité Consultivo de las Instituciones Locales y Regionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea, como instrumento consultivo de la CEE en el que el CCE participaba conjuntamente con la Unión Internacional de las Ciudades, y desde 1980 el CCE también estaría asociado a los trabajos de la Asociación de las Regiones Interfronterizas de Europa y a la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas. El CCE estaba asimismo representado oficialmente ante el Intergrupo de los Elegidos Locales y Regionales del Parlamento Europeo y ante la Conferencia de los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa863. 863 Sobre la historia del CCE, Vid. PAOLINI, Edmondo, «Il Consiglio dei comuni d’Europa (CCE)», en PISTONE, S. (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1954-1969, Pavia, Università di Pavia, 1996, pp. 261- 287; ZUCCA, Fabio, «Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa», en LANDUYT, Ariane y PREDA, Daniela (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 857-894; SERAFINI, Umberto, «Storia del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (1974-1986)», en LANDUYT, Ariane y PREDA, Daniela (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp., pp. 1059- 1083; ZUCCA, Fabio, «Il Consiglio dei Communi e delle regioni d’Europa e gli allargamenti della CEE», en LANDUYT, Ariane y PASQUINUCCI, Daniele (a cura di), Gli allargamenti della CEE, 1961-2004, Bolonia, Il Mulino, 2005, pp. 1075-1098; ZUCCA, Fabio, Autonomie locali e federazione sovranazionale. La battaglia del Conseil des Communes et Régions d’Europe per l’unità europea, Bolonia, Il Mulino, 2001; AICCRE, Breve Storia del Consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa nel quadro di due secoli di lotta federalista, Roma, AICCRE, 1995; Le Conseil des Communes et des Régions de l’Europe. Historique, structure, activités, París, CCE, 1993; BERGERET-CASSAGNE, 283 Al igual que la mayoría de las organizaciones europeístas, el CCE no se planteó la constitución en España de una sección oficial dependiente de las instituciones franquistas. A diferencia del Movimiento Europeo, no era posible la creación de una sección nacional basada en la participación de los partidos de la oposición democrática, pues la esencia del CCE reposaba en la representación de las entidades locales. Por otra parte, en los años finales de la dictadura el régimen trató de aproximarse al CCE y planteó la posible adhesión de España al mismo a través de las gestiones de Manuel Thomas de Carranza, pero topó con la negativa firme y displicente del secretario general del CCE, Thomas Philippovich864. Así pues, la entrada de los municipios españoles en el CCE se demoró hasta la etapa democrática. Todavía en el transcurso de la transición, de hecho muy poco después de las elecciones de 1977, las primeras iniciativas para la creación de una sección española del CCE tuvieron lugar en un rincón de la Costa Brava donde el veterano federalista suizo Ernest Thévoz, presidente de honor del CCE, tenía costumbre de veranear desde 1961. Acaso como consecuencia de cierta labor proselitista que Thévoz realizara de las actividades del CCE, en el verano de 1977 varios personajes notables de la zona — incluyendo el alcalde de Lloret de Mar, José Martínez, pero también el director de la oficina de turismo local, el director del hotel S’Agoita de Playa de Aro y otros particulares— se dirigieron por escrito a Thomas Philippovich865 a efectos de informarse sobre el CCE y las posibilidades de ingresar en él. Philippovich aclararía a estas personas la inexistencia por el momento de una sección española del CCE y la necesidad de que los gobiernos municipales fueran elegidos democráticamente para que ésta pudiera constituirse866. En 1979, después de las primeras elecciones municipales Axelle, Pour une Europe fédérale des collectivités locales. Un démi-siècle de militantisme au Conseil des Communes et des Régions d’Europea, París, L’Harmatan, 2009; PALAYRET, Jean-Marie, «De la CECA au Comité des Régions: le Conseil des Communes et des Régions de l’Europe, un démi-siècle de lobbying en faveur de l’Europe des régions», en BITSCH, Marie-Thérèse (ed.), Le fait regional et la construction européenne, Bruxelles, Etablissement Émile Bruylant, 2003, pp. 85-113; ZUCCA, Fabio, «La contribution du Conseil des Communes d’Europe à la première élection du Parlement Européen», Historiens de l’Europe contemporaine, vol. 11, nº 1-4 (1997), pp. 23-45. 864 Philippovich a Pedro Aparicio, alcalde de Málaga, 27-8-1981, AHUE, CCRE-183. 865 Thomas Philippovich (1927-2009) sería poco menos que el factótum del MME en los años que nos ocupan. Nacido en Budapest en 1927, Exiliado en París y nacionalizado francés tras la Segunda Guerra Mundial, militó en el Partido Socialista francés y en la sección francesa del Movimiento Europeo. Se incorporó a la secretaría del CCE en 1965 y ejerció el cargo de secretario general entre 1970 y 1990. Cfr. ZUCCA, F., Autonomie locali… op. cit., pp. 346-347. 866 Thévoz a Philippovich, 2-8-1977. Cartas de Philippovich a José Martínez, alcalde de Lloret de Mar, a Josep Gibert Casademont, a J. Comas, director de la oficina de Turismo de Playa de Aro, a Albert Batlle, director de la oficina de Turismo de Lloret de Mar y a otros individuos, 9-9-1977. AHUE, CCRE-187. 284 democráticas, se reiteraron los contactos, esta vez a iniciativa del empresario José Auladell, propietario del camping Vall d’Or en Playa de Aro (donde veraneaba Thévoz), quien manifestaba ser un convencido europeísta y deseaba que su ciudad fuera la primera localidad catalana en adherirse al CCE. Para ello convenció al alcalde, Ramir Pons, de celebrar unas «jornadas europeístas», desplegar la bandera europea en el municipio, y solicitar formalmente la admisión en el CCE867. Las jornadas tuvieron lugar los días 1 y 2 de septiembre de 1979 y, junto con el izado de la bandera y la participación de grupos folclóricos locales y de uno venido de suiza, el acto central fue el pleno del ayuntamiento de Playa de Aro en que se solicitó formalmente la adhesión al CCE, con asistencia de varios miembros destacados de éste868 y de diputados y otros alcaldes de la zona869. Una solicitud que, si bien no podía ser satisfecha a título individual, tenía para el CCE un valor simbólico, por un lado, pues expresaba el significado democrático de Europa para los municipios españoles, y permitía, por otro, avanzar en el establecimiento de contactos con las autoridades municipales del país con vistas a la creación de una sección española870. La constitución de la sección española del CCE habría de llevar, sin embargo, otro camino. Como se ha dicho, un requisito fundamental en el que los organismos del CCE insistieron repetidamente era la necesidad de que se celebraran en el país elecciones municipales libres871, lo cual no sucedió hasta abril de 1979. Sin embargo, en 1977 el secretariado general del CCE ya había establecido contactos con el Instituto de Administración Local español, a través del secretario para las relaciones internacionales de éste, José María del Corral Nogales, y con representantes de los principales partidos políticos872. En febrero de 1978 Philippovich se entrevistó en Madrid con Gonzalo Casado, secretario general de organizaciones cívicas de la UCD, y con Luis Yáñez- Barnuevo, secretario de relaciones internacionales del PSOE873. Varios delegados españoles acudieron como invitados a una reunión del CCE en Maguncia en septiembre 867 Thévoz a Philippovich, 27-4-1979; Thévoz a Bernard Dupont, presidente de la sección suiza del CCE, 29-5-1979. Ayuntamiento de Playa de Aro a la Secretaría General del CCE, 11-8-1979, AHUE, CCRE-185. 868 Acudieron y participaron en los discursos Luc Ernewein, concejal de Estrasburgo, François Zaragoza, concejal de Ingré (Francia), y Lucien-Henri Sergent, consejero general del departamento de Essone (Francia). Sergent era además el secretario y Zaragoza el secretario adjunto de la sección francesa del CCE. 869 «Castillo-Playa de Aro reafirmó su vocación Europea», Los sitios de Gerona, 2-9-1979. 870 Henry Cravatte, presidente del CCE, a Sergent, 28-8-1979; Sergent a Ramir Pons, 12-9-1979; Sergent al senador Josep Rahola de Espona, 12-9-1979, AHUE, CCRE-185. 871 Así lo señaló por ejemplo Philippovich en la asamblea de delegados del CCE celebrada en Maguncia en septiembre de 1978, Cfr. «Assemblé de délégués, Mainz, 30 septembre 1978, Rapport moral du secrétaire général», AHUE, CCRE-5. 872 «Réunion du Bureau Européen du CCE, 18-19 octobre 1977», AHUE, CCRE-20. 873 Philipopvich a Casado, 24-1-1978; Philippovich a Yáñez, 27-1-1978, AHUE, CCRE-183. 285 de 1978, y Philippovich visitó de nuevo Madrid en marzo de 1979, donde, gracias a las gestiones del CFEME, mantuvo encuentros con representantes del PCE (Manuel Azcárate y Francisco Pla), el PSOE (Santiago Gómez-Reino) y la UCD (Rosa Posada)874. El propósito de estos contactos era dar a conocer entre los partidos políticos y en especial entre las nuevas autoridades municipales la existencia del CCE y su importancia como impulsor del europeísmo en el momento en que España comenzaba a negociar su adhesión a la CEE. Gracias a estas gestiones, se logró asegurar la participación de un elenco amplio y variado de autoridades españolas, incluyendo una veintena de alcaldes875, en la reunión de los Estados Generales de la CEE en La Haya del 8 al 12 de mayo de 1979, donde el secretario general Thomas Philippovich dio cuenta del éxito de las elecciones municipales en España y de los primeros pasos emprendidos para la creación de una sección española del CCE876. Enrique Tierno Galván, recientemente elegido alcalde de Madrid y veterano ya en la relación con el europeísmo federalista, pronunció un discurso en el que, más allá de los lugares comunes en cuanto a la vocación europea de España, insistió en el proceso de descentralización que estaba acometiendo el país en virtud de la Constitución de 1978 y habló del municipio como eje fundamental de la integración europea en un momento en que las sociedades se sentían cada vez más alejadas de los Estados. Invitó, además, al CCE a celebrar la siguiente reunión de sus Estados Generales —prevista para 1981— en Madrid877. En la jornada en que se cerraban los Estados Generales, el 12 de mayo, la delegación española redactó un manifiesto para la constitución de una sección española del CCE: un breve texto de una sola página en cuatro sencillos apartados, en que se comprometían a crear la «Asociación de Entes Locales de España» como sección nacional del CCE, a la que invitarían a sumarse a todas las corporaciones locales del Estado. Sus fines serían fomentar y defender la autonomía municipal; facilitar la gestión de los entes locales, asegurar sus libertades y contribuir a su prosperidad; desarrollar el 874 Carlos Montoliú a Philippovich, 23-3-1979, AHUE, CCRE-183. 875 Estuvieron presentes Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid; Ramón Tamames, adjunto al mismo; Luis Fajardo Spínola, diputado canario y responsable municipal del PSOE; Santiago Gómez Reino, secretario general del CFEME; Jaime Miralles, vicepresidente del CFEME; Carlos Montoliu, tesorero del CFEME; Fernando Álvarez de Miranda, presidente del Congreso de los Diputados y del CFEME, además de otros alcaldes del PSOE, la UCD y Convergència Democrática de Catalunya que figurarán entre los firmantes del manifiesto fundacional de la sección española del CCE. 876 «XIII États Généraux du CCE, La Haye, 1979. Rapport du secrétaire général Thomas Philippovich», p. 22. AHUE, CCRE-250. 877 Intervention de M. Tierno Galván, Maire de Madrid, AHUE, CCRE-251. 286 espíritu europeo entre los pueblos, además de colaborar con el CCE. De este primer documento fundacional fueron firmantes Enrique Tierno; Armando Abadía Urita, alcalde de Jaca (UCD), Francisco Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz (PSOE); Luis Fajardo Spinola, diputado del PSOE; Matías González García, alcalde de Puerto del Rosario (UCD); José A. Llanas Almudébar, alcalde de Huesca (UCD); Pasqual Maragall, teniente alcalde de Barcelona (PSC); Joan Vidal Gayola, presidente de la Diputación de Gerona (Convergència Democrática de Catalunya) y Fernando Álvarez de Miranda878. En los meses siguientes fue Enrique Tierno quien ejerció el liderazgo para la constitución de la sección española. Por delegación suya, Jaime Miralles, vicepresidente del CFEME, comenzó a elaborar junto con Fajardo Spínola un borrador de estatutos, tomando como referencia los propios estatutos del CCE y los de las secciones italiana y francesa879. La actitud del CCE fue generalmente la de animar a los españoles a constituir la sección y dejar que se rigiera por sus propias normas, siempre que sus estatutos recogieran los objetivos y la razón de ser del CCE. La única intervención de carácter dogmático la realizó el presidente de la sección italiana, Umberto Serafini, quien indicó que se debería exigir a la sección española que se sustituyera el compromiso por «desarrollar el espíritu europeo entre los pueblos», contenido en el manifiesto fundacional, por el más preciso y acorde a los fines del CCE de «desarrollar el espíritu europeo en los municipios, regiones, colectividades locales y regionales para promover una federación de Estados europeos, basada en la autonomía de esas colectividades»880. A fines de octubre de 1979, coincidiendo con las jornadas del CFEME sobre España y la CEE, tuvo lugar en Madrid una comida de trabajo en la que participaron una veintena de miembros del CCE, incluyendo el secretario general Philippovich y el presidente Henry Cravatte, y alcaldes y delegados de varias ciudades españolas, para 878 Conseil des Communes d’Europe, Constitución de la sección española. AHUE, CCRE-184. Apéndice documental, doc. nº 10. 879 Miralles a Philippovich, 8-8-1979, AHUE, CCRE-183. 880 Serafini a Philippovich, 26-6-1979, AHUE, CCRE-183. Una inquietud típica de la sección italiana —y de Serafini en particular— era el temor a que se crearan secciones nacionales en el CCE para la mera promoción de la imagen de determinados políticos, sin que hubiera un sincero pensamiento federalista ni una verdadera voluntad de construcción de una Europa de los municipios. Por eso, en relación con la creación de la sección española Serafini era partidario de apoyarse en «pioneros», en alcaldes con una cierta trayectoria ya de pensamiento federalista europeo —como era el caso de Tierno Galván— y no en «coleccionistas de etiquetas sin valor». «Réunion du Comité de Présidence du CCE, 9-10 Juin 1979», AHUE, CCRE-21. 287 tratar acerca de la creación de la sección española881. También estuvieron presentes varios representantes del PSOE y del CFEME. En cuanto a la UCD, de los cuatro alcaldes pertenecientes a esta formación que fueron invitados —los de Toledo, Badajoz, Jaca y Huesca—, sólo el último tomó parte en la reunión882. Mayor equilibrio en cuanto a la orientación política hubo en la siguiente reunión convocada por Tierno —aunque esta vez sin su presencia personal, debido a una operación ocular que se le realizó esos días—, el 12 de enero de 1980. A ella fueron convocados los alcaldes de todas las capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes de España. Se presentaron los trabajos de Miralles y Fajardo Spínola y se estableció una Comisión Gestora, presidida por el alcalde de Málaga, Pedro Aparicio Sánchez, del PSOE, para la redacción definitiva de los Estatutos de la sección española. La Comisión se dirigió formalmente al CCE para solicitar su admisión como miembro y ratificó el ofrecimiento de celebrar los XIV Estados Generales del CCE en Madrid883. Apenas diez días después se reunía el Comité Ejecutivo Internacional del CCE, en una sesión en que era invitado Pedro Aparicio y en la que la sección española era admitida por aclamación como miembro del CCE a título provisional, así como se decidía la designación de Madrid para los Estados Generales884. A lo largo del año y medio siguiente, la Comisión Gestora trabajaría en la redacción de los Estatutos y en la captación de nuevos municipios para la organización, pero en el seno de ésta se comenzarán a producir ciertos debates y rivalidades políticas que lastrarán su institución formal y que sembrarían la inquietud en los órganos del CCE. En una reunión celebrada el 22 de abril, la Comisión Gestora decidió superar el objetivo inicial de crear una sección española del CCE para instituir en su lugar una Federación Española de Municipios (FEM) «para la defensa y promoción de las autonomías locales y de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en los 881 Las ciudades representadas, ya fuera a nivel de alcaldes o inferior, fueron Madrid, Valencia, Bilbao, Huesca, Figueras, Murcia, Zaragoza, Guadalajara, Palma de Mallorca, Sevilla y Salamanca. Cfr. «Participants repas CCE/Galván», Madrid, le 27 octobre, AHUE, CCRE-184. 882 Gianfranco Martini, secretario general adjunto de la sección italiana del CCE, a María del Pino, secretaria de relaciones internacionales de UCD, 30-10-1979, AHUE, CCRE-183. 883 Tierno a Philippovich, 18-1-1980, AHUE, CCRE-183. Además del presidente, los otros miembros de la Comisión Gestora eran Ramón Sainz de Varanda, alcalde de Zaragoza (PSOE); Manuel Soto, alcalde de Vigo (PSOE); Luis González Cascos, alcalde de Cáceres (UCD); Juan Hornaechea, alcalde de Santander (UCD); Juan Ignacio de Mesa, alcalde de Toledo (UCD); Julio Anguita, alcalde de Córdoba (PCE), Joaquim Nadal, alcalde de Gerona (PSC); Mario Díaz, alcalde de Badalona (PSUC); José Castañares, alcalde de Bilbao (PNV), Luis Uruñuela, alcalde de Sevilkla (Partido Socialista de Andalucía), Ramón Montanyà, alcalde de Vic (CDC) y Domingo Merino, alcalde de La Coruña (Unidade Galega). Cfr. «Rapport sur la constitution de la section espagnole du CCE», AHUE, CCRE-184. 884 «Réunion du Bureau Exécutif International du CCE, Paris 21-22 Janvier 1980», AHUE, CCRE-9. 288 Estatutos de Autonomía»885. Se trataba, por lo tanto, de articular todo un movimiento de integración de los municipios del Estado para canalizar sus reivindicaciones, aunque asumiera también entre sus funciones la representación exterior en el CCE y las actividades de éste. Esta perspectiva, alentada fundamentalmente por el PSOE, resultaba un tanto perturbadora para la UCD, entonces en el Gobierno. Se debe recordar que las elecciones municipales de abril de 1979, pese a que arrojaron un resultado favorable en número de votos para la UCD (30.63%) frente al PSOE (28,17%), habían supuesto el triunfo de la izquierda en la mayoría de las ciudades más pobladas, y en numerosos casos la formación de gobiernos municipales de izquierda como consecuencia de los pactos entre el PSOE y el PCE (el PSOE obtuvo la alcaldía de 23 capitales de provincia, incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Valencia o Sevilla, por 20 de la UCD). Por lo tanto, una organización de municipios con vocación de impulsar la autonomía municipal era vista en estos momentos con cierto recelo por parte de la UCD, que desde el Gobierno contaba en ese momento con el control del Instituto de Administración Local como órgano representativo de los municipios. Según un informe confidencial del CCE elaborado en noviembre de 1980, ésta sería la explicación de la actitud que a todo lo largo de este año la UCD mantuvo de tratar de entorpecer la puesta en marcha de la FEM886. Ya a principios de año Philippovich había detectado el riesgo de una ruptura del consenso entre las principales formaciones políticas españolas en relación con el CCE, o la posibilidad de que la creación de la sección española fuera instrumentada políticamente por unos contra otros, y en febrero de 1980 se desplazó a Madrid para conocer de primera mano los recelos de los representantes de UCD y el PCE respecto del trabajo de la Comisión Gestora, presidida por un alcalde del PSOE. En su correspondencia, Philippovich prevenía a Tierno contra la tentación de intentar que el CCE privilegiara a una u otra familia política887. En abril otra delegación del CCE, esta vez integrada por Elisabeth Gateau y François Zaragoza, de la secretaría general, se entrevistó con miembros de UCD, el PSOE, el PCE y Convergència Democrática de Catalunya. El principal elemento de discordancia entre el PSOE y la UCD era el referente a la forma de voto y 885 Comisión Gestora de la Federación Española de Municipios, Memoria de Gestión, p. 4, AHUE, CCRE-186. 886 «Difficultés subsistant à propos de la création de la Section Espagnole du CCE», 18-11-1980, AHUE, CCRE-184. 887 Philippovich a Tierno, 31-1-1980, AHUE, CCRE-183. 289 representación en la FEM; mientras que la UCD (vencedora en 1979 sobre todo en localidades de escasa población) era partidaria del principio un municipio, un voto, que aceptaba corregir ligeramente para favorecer en algo a los municipios más poblados, el PSOE proponía una representación directamente proporcional a la población. Javier Soto, concejal de Madrid y secretario adjunto de política territorial de la UCD, dejó entrever que la falta de acuerdo en este tema podía conducir a cuestionar la propia creación de la FEM, y con ella la celebración de los Estados Generales del CCE en Madrid. Ante esta tesitura, el CCE presionó para que la cuestión fuera negociada directamente entre el PSOE y la UCD a través de sus secretarios de política municipal (Fajardo Spínola en el PSOE) y territorial (Juan Manuel Reol de Tejada en UCD)888. La falta de voluntad política, especialmente por parte de UCD, por las razones ya señaladas, impidió que se concertara una solución común al problema de la representación en el seno de la FEM. Finalmente, y pese a no contar con la conformidad de la UCD, el presidente de la Comisión Gestora, Pedro Aparicio, decidió convocar para junio de 1980 la que había de ser la reunión constituyente de la FEM, invitando a la misma a los alcaldes de todas las ciudades españolas de más de cien mil habitantes889. En ella se aprobaron los Estatutos elaborados por la Comisión Gestora, que definían la FEM como «una asociación constituida por los municipios que voluntariamente lo decidan, para la defensa y promoción de las autonomías locales y de acuerdo con lo previsto en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía» (art. 1), así como señalaban su condición de sección nacional del CCE y su voluntad de colaborar con otras Asociaciones similares de carácter nacional e internacional (arts. 3-5 y disposición adicional 2ª). Los Estatutos establecían como órganos de la FEM la Asamblea General, con presencia de todos los municipios adheridos, y de la que emanaban el Consejo General y la Comisión Ejecutiva. En cuanto a la forma de voto en la Asamblea, se estableció un sistema de proporcionalidad corregida con la población, más favorable a los intereses del PSOE que a los de la UCD890. 888 «Compte rendu voyage E. Gateau / F. Zaragooza Madrid / Barcelone 23 et 24 avril», 25-4-1980. AHUE, CCRE-184. 889 Además de los ya presentes en la Comisión Gestora, acudieron representantes de los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Getafe, Móstoles, Puerto de la Cruz, Albacete, Palma de Mallorca, Guadalajara, Huelva, Jaén, Madrid, Murcia, Valladolid, Alicante, Castellón, Valencia, Barcelona, Salamanca, Majadahonda, La Laguna, Almería, Gijón y Leganés. Cfr. «Acta de la reunión constituyente de la Federación Española de Municipios, celebrada en Madrid el día 23 de junio de 1980, en la que fueron aprobados los Estatutos de esta Federación», AHUE, CCRE-184. 890 El art. 19 de los Estatutos establecía el siguiente sistema de asignación de votos en la Asamblea: los municipios de hasta 5.000 habitantes tendrían un voto; los de 5.001-20.000, dos votos; los de 20.001-50.000, 290 La actitud de UCD respecto al establecimiento de la FEM continuó siendo ambigua. Los alcaldes de la formación no acudieron al encuentro de Madrid, lo que el partido justificó en un comunicado de prensa aludiendo al desacuerdo respecto de la fórmula de representación de los municipios891. Sin embargo, en los meses siguientes, en que la Comisión Gestora remitió los Estatutos a todos los Ayuntamientos de España y abrió la posibilidad de incorporación de nuevos miembros (previamente a su inscripción legal, de modo que más municipios pudieran tener la condición honorífica de miembros fundadores) fueron adhiriéndose localidades de todos los signos políticos, incluido UCD892. Quedó pendiente, sin embargo, la designación de los órganos directivos de la FEM, incluyendo sus representantes ante el CCE, y siguió ejerciendo la dirección provisoriamente la Comisión Gestora a la espera de una Asamblea General que cerrara las cuestiones pendientes. Entre tanto, el CCE continuó haciendo esfuerzos para poner de acuerdo a PSOE y UCD y normalizar la situación de la sección española, ya fuera a través de la correspondencia de Philippovich, de las gestiones del Movimiento Europeo en España o de visitas personales, como la que hizo en noviembre de 1981 a Madrid Louis Le Pensec, presidente de la sección francesa893. Los gestos de solidaridad recibidos de parte del CCE tras la intentona golpista de febrero de 1981894 y la necesidad de ofrecer una imagen de unidad por parte de los partidos españoles ante los socios de la Comunidad Europea, junto con el entendimiento de que UCD no tenía nada que ganar si se mantenía al margen de las estructuras de la FEM, propiciaron que a lo largo de 1981 se instaurara un cierto consenso de cara a la Asamblea General, que la Comisión Gestora convocó para los días 13 y 14 de junio en Torremolinos (Málaga). En la Asamblea de Delegados del CCE celebrada en Roma el 18 y 19 de marzo de 1981, Pedro Aparicio 10 votos; los de 50.001-100.000, 70 votos; los de 100.001-500.00, 120 votos; los de 500.001-1.000.000, 160 votos; y los de más de 1.000.000 de habitantes, 200 votos. Cfr. «Estatutos de la Federación Española de Municipios», AHUE, CCRE-184. 891 «Ayer se constituyó la Federación Española de Municipios», ABC, 24-6-1980; «Aprobados los Estatutos de la Federación de Municipios Españoles», Sur, 24-6-1980. 892 Circular de Pedro Aparicio a los alcaldes de todos los municipios españoles, 1-9-1980, AHUE, CCRE- 183. En el momento de la inscripción legal de la FEM, contaba con 208 municipios miembros, que sumaban unos 15 millones de habitantes. 893 Philippovich a Reol de Tejada, Fajardo Spínola y Javier García Fernández, secretario de Política Municipal del PCE, 23-12-1980. AHUE, CCRE-183. «Memorandum à l’attention de Monsieur Lous Le Pensec», 12-11-1980, AHUE, CCRE-186. Philippovich a Bru, 18-11-1980. ACFEME, Movimientos europeístas. 894 Entre las numerosas autoridades que se dirigieron por escrito al Rey de España para felicitarlo por su actuación tras los acontecimientos del 23-F estuvieron el presidente y el secretario general del CCE. Cravatte y Philippovich al Rey Juan Carlos I, 27-1-1981, AHUE, CCRE-183. 291 dio cuenta de la superación de las «pequeñas diferencias de criterio» existentes hasta entonces, con la introducción de algunos cambios en el sistema de voto propuesto en los Estatutos, en sentido favorable para los municipios de menor población895. En el momento de celebrarse la Asamblea General, la FEM contaba ya con 1.422 entidades asociadas, que reunían a 25 millones de habitantes896. En la asamblea, que contó con la representación de 318 municipios españoles y la presencia de numerosas autoridades extranjeras así como la del ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, se confirmaron los Estatutos aprobados el año anterior, modificando el sistema de voto897, se establecieron grupos de trabajo y se trataron cuestiones de orden interno, como las cuotas a pagar por los municipios. También se decidió ampliar el objeto de representación de la organización también a las provincias, de modo que pasó a denominarse Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Pero la decisión más importante era la que se refería a la designación de los órganos de gobierno de la FEMP, especialmente la Comisión Ejecutiva. El acuerdo entre UCD y PSOE se tradujo en un reparto de cargos entre los dos partidos. Pedro Aparicio continuaría como presidente, con dos vicepresidentes de UCD y otro del PSOE, más cinco vocales de UCD, cuatro del PSOE y otro del PCE. En el Consejo Federal, órgano inferior a la Comisión Ejecutiva, los cargos quedaron repartidos entre UCD, PSOE y PSUC. Luis Uruñuela, alcalde de Sevilla por el Partido Socialista de Andalucía, abandonó la asamblea como muestra de indignación por la marginación de las minorías. También los alcaldes y delegados representantes de Convergència Democrática de Catalunya abandonaron la asamblea antes de su conclusión898. Precisamente la participación catalana había sido una de las cuestiones controvertidas en la creación de la sección española del CCE. Recordemos que los primeros contactos del CCE en España se habían tomado con municipios catalanes; 895 «Texto del discurso de D. Pedro Aparicio Sánchez, presidente de la Comisión Gestora de la Federación Española de Municipios, como portavoz de la delegación española», AHUE, CCRE-186. 896 Comisión Gestora de la FEM, Memoria de Gestión, p. 10. AHUE, CCRE-186. 897 El nuevo sistema era como sigue: los municipios de 5.001 a 2.000 habitantes tendrían 5 votos; de 20.001 a 50.000, 20 votos; de 50.001 a 100.000, 70 votos; de 100.001 a 500.000, 120 votos; de 500.001 a un millón, 160 votos; más de un millón, 200 votos. Los municipios de menos de 5.000 habitantes que pertenecieran a la federación sumarían en conjunto tantos votos como ayuntamientos de ese tamaño hubiera en España (con independencia del número de municipios de ese tamaño realmente adscritos a la federación), de modo que los votos de esos ayuntamientos menores de 5.000 habitantes resultarían de dividir el número total de ese tipo de municipios entre el total de los adscritos. Además, cada provincia y cada una de las islas tendría 30 votos respectivamente. «Asamblea constituyente de los municipios españoles», Hoja del Lunes de Las Palmas, 15-6-1981. 898 «Las minorías nacionalistas, excluidas de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios», ABC, 16-6-1981. «Acuerdo total UCD-PSOE sobre la federación de municipios», Pueblo, 15-6-1981. 292 tras la celebración de la jornada europea en Playa de Aro en 1979, siguiendo el ejemplo de este municipio una veintena de municipios, más las diputaciones provinciales de Tarragona y Gerona, firmaron la Carta Europea de las Libertades Locales y solicitaron su afiliación individual al CCE. En octubre de 1979 constituyeron en Barcelona (pero sin participación de su Ayuntamiento) la Associació Catalana de Corporacions Locals como sección catalana del CCE899. Sin embargo, el CCE ni reconoció tal sección ni admitió a los municipios solicitantes a título individual, sino que los remitió a la naciente sección española y a su Comisión Gestora para que trataran su adhesión a la misma900. Joan Vidal i Gayolà, presidente de la Diputación de Gerona y conseller de Governació de la Generalitat catalana a partir de 1980, y uno de los españoles presentes en los Estados Generales del CCE de La Haya de 1979, fue el principal instigador de la organización de los municipios catalanes en una asociación propia. En febrero de 1980 la Generalitat propuso un borrador de estatutos para una «Federación de Municipios de Cataluña», independiente de la española, pero «abierta a mantener relaciones de cooperación con otras organizaciones similares que se constituyan en el Estado español»901. Interlocutor de Philippovich, Vidal fue quien transmitió al CCE la voluntad de adhesión de cada municipio catalán que firmó la Carta Europea de las Libertades Locales. Durante el proceso de gestación de la FEM su propósito inicial fue que la federación catalana pudiera ser miembro del CCE directamente, sin integrarse en la federación española. Desestimada esta posibilidad por el propio CCE, que sólo admitía secciones nacionales, trató de lograr entonces que, aun integrándose en la FEM, los municipios catalanes dispusieran de su representación propia en los órganos de la FEM, 899 Manifiesto de constitución de la Associació Catalana de Corporacions Locals – Secció catalana del Conseil des Communes d’Europe, Barcelona, 26-10-1979, AHUE, CCRE-185. Las localidades cuyos representantes firmaron el manifiesto fueron Palafrugell, Llagostera, Playa de Aro, St. Hilari Sacalm, Sta. Coloma Farners, Port de la Selva, Cassa de la Selva, Lloret de Mar, La Junquera, Palamós, Mollerusa, Tárrega, Montblanc, Riudms, Les Borges del Camp, Cervera, Alcover, Torredembarra, Vilaplana del Camp, Tortola, Berga, Castellar del Vallés, Figaró, Vic, Igualada y Figueras, junto con las diputaciones de Tarragona y Gerona. 900 Philippovich a Antonio Siuriana Zaragoza, concejal de Lérida, 18-12-1979; Philippovich al Ayuntamiento de Igualda, 18-12-1979; Philippovich al Ayuntamiento de Tárrega, 18-12-1979; Philippovich al Ayuntamiento de Playa de Aro, 9-12-1979; Philippovich a Joan Vidal i Gayolà, 18-12-1979; Philippovich a los Ayuntamientos de Vic, La Joinquera y Borges del Camp, 8-2-1980; Philippovich a la Diputación Provincial de Tarragona, 6-2-1980; Philippovich a los Ayuntamientos de Castellar del Vallés y Figuras, 10-3-1980. AHUE, CCRE-185. 901 «Proposta d’esborrany del Departament de governació de la Generalitat de Catalunya per tal de facilitar la discussió d’uns posibles estatuts per a una federació de municipis de Catalunya», febrer 1980, art. 1.3, AHUE, CCRE-185. 293 lo que también el CCE rechazó por entender que tal demanda obedecía únicamente a los criterios de Convergència y no del conjunto del espectro político catalán902. La división en el asociacionismo municipal catalán condujo a que finalmente surgieran dos asociaciones de municipios distintas: por un lado la Federación de Municipios de Cataluña, que celebró su asamblea constituyente en Manresa en 1981, integrada por los municipios más poblados de la región, con la iniciativa política de la UCD, el PSC y el PSUC, y como sección catalana de la FEM; y, por otro, una Asociación Catalana de Municipios, creada en octubre del mismo año por instigación de la Generalitat, con una presencia significativamente menor de municipios gobernados en su mayoría por Convergència i Unió o por Esquerra Republicana de Catalunya903. Tras la creación oficial de la FEMP como sección española del CCE, el primer desafío al que hubo de hacer frente fue la organización de los XIV Estados Generales del CCE, que, cumpliendo con el ofrecimiento hecho por el alcalde Tierno Galván, se habían de celebrar en Madrid en septiembre de 1981. Por la importancia del acto — máximo órgano de la CCE— y por la singularidad del momento —coincidiendo con la creación de la sección española y con las negociaciones para la adhesión de España a la CEE—, los preparativos fueron minuciosos, implicando al propio CCE, al Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno central español. Con cuatro días de duración, los Estados Generales acogieron a más de tres mil delegados, y contaron con la presencia y los discursos del Rey Juan Carlos, del presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y de varios ministros. Resulta significativo, en cuanto a la participación de los munícipes y demás autoridades españolas tanto en los actos centrales como en las distintas sesiones de trabajo, que el contenido de sus discursos guardara más relación con las negociaciones de adhesión de España a la CEE —en aquellos momentos poco menos que congeladas como consecuencia del giscardazo— que sobre el hecho municipal en la integración europea. Así, en un debate que debía tratar sobre los poderes y recursos del Parlamento 902 Tal fue la conclusión de Elisabeth Gateau y François Zaragoza tras su encuentro con Vidal en abril de 1980. «Compte rendu voyage E. Gateau…» doc. cit., AHUE, CCRE-183. 903 Algunos artículos de prensa explicando la creación de la Federación Catalana de Municipios y su razón de ser distinta de la asociación: COMAS, Joan, «La Federació de Municipis de Catalunya, per fer què?», El Noticiero Universal, 26-10-1981; CORNET I PRAT, Joan, «Federació de Municipis de Catalunya», El Correo Catalán, 29-10-1981; BORJA, Jordi, «La unitat dels municipis catalans», Avui, 30-10-1981; VALÓN CUNILLERA, Julián Mª., «Federació de Municipis de Catalunya», Hoja del Lunes de Barcelona, 9-11-1981; VENDRELL BAYONA, Francesc, «Creación de la Federación de Municipios de Cataluña», La Vanguardia, 11-11-1981. 294 Europeo, el alcalde de Vigo, Manuel Soto Ferreiro, presentó una ponencia sobre «La ampliación de la CEE desde la perspectiva del sur de Europa: el caso de España», en la que glosó las transformaciones positivas que experimentarían las Comunidades como consecuencia de la adhesión española, incluyendo su reorientación hacia el sur y su mayor presencia en el Mediterráneo y América Latina. Tras la ponencia se produjo un debate en el que el alcalde de Córdoba, Julio Anguita, se refirió por extenso a la cuestión de la adhesión de España a la OTAN —la cual, dijo, no contaba, a diferencia de la adhesión a la CEE, con el apoyo del conjunto de la población—, llegando a exasperar a algunos de los congresistas, que pedían que el debate se ciñera al tema previsto904. En cualquier caso, en sus resoluciones finales los Estados Generales expresaron una contundente declaración a favor de la ampliación de la CEE a España y Portugal: «Les représentants des Communes, Départements, Provinces et Régions, réunis à Madrid du 23 au 26 septembre 1981 dans le cadre des XIVe États-Généraux des Communes d’Europe […] »RÉAFFIRMENT la position constante du CCE en faveur du second élargissement, sans conditions autres que celles découlant de l’adhésion aux Traités. L’importance politique générale de cet élargissement étant prioritaire par rapport à toute autre considération. En raison de leurs liens historiques avec beaucoup d’autres parties du monde, l’Espagne et le Portugal pourront apporter une contribution précieuse à l’extension des relations politiques et économiques de la Communauté avec d’autres continents. »ILS DEMANDENT l’entrée rapide de l’Espagne et du Portugal dans la Communauté, notamment pour confirmer l’ancrage de ces pays dans l’Europe démocratique: la Communauté doit fournir rapidement une réponse adéquate aux réels problèmes économiques et sociaux posés par ces nouvelles adhésions. »C’est le devoir des comunes et des régions de contribuir activement au succès de cette entreprise et de lancer un appel pressant à leurs Gouvernements pour qu’elle soit menée à bien dans les plus brefs délais. La Communauté démontrera ainsi au Tiers Monde, en réussissant le rééquilibrage de l’Europe par le Sud, sa capacité de bâtir avec les pays moins développés de la planète, un nouvel ordre économique international à la fois équitable et efficace, qui place le développement au premier rang des priorités de tous»905. Esta actitud no era nueva en el CCE. Ya en los primeros contactos con los interlocutores españoles, poco después de la solicitud de adhesión de España a la CEE, el CCE había manifestado su posición favorable a la misma y, en la escasa medida de sus posibilidades, había intervenido en favor de la causa española ante las instituciones 904 XIV Estados Generales del CCE, Madrid, 23-26 de septiembre de 1981. Comisión El Parlamento Europeo: poderes y recursos comunitarios, AHUE, CCRE-252. 905 «Les résolutions finales des XIVe États-Généraux de Madrid – Septembre 1981», Communes d’Europe, enero/febrero 1982, p. 16 295 comunitarias906. En 1978 el Congreso de Ciudades Europeas Hermanadas, celebrado en Maguncia y auspiciado por el CCE, había afirmado en una declaración formal que «sólo el éxito de la ampliación podrá mostrar la capacidad de Europa para resolver en su propio seno las cuestiones a las que está confrontada en el ámbito mundial en el diálogo Norte-Sur entre los países pudientes y los demás, y aportar su contribución a la paz en el mundo»907. La sección italiana fue especialmente activa en este sentido, y en 1979 organizó un encuentro internacional sobre la ampliación de la CEE, en el que participó Lorenzo Natali, comisario europeo encargado de la ampliación908. El apoyo del CCE a España se hizo más vivo aún, si cabe, tras el parón de las negociaciones en 1980 y, sobre todo, tras el intento de golpe de Estado del 23-F. En la asamblea de delegados del CCE celebrada en Roma en marzo de 1981, Philippovich afirmó que un eventual triunfo del golpe habría hecho necesario romper todo contacto del CCE con España. En su resolución política, la asamblea rechazaba el golpe y decía ver en los recientes acontecimientos «una razón más para reafirmar la posición constante del CCE a favor de la adhesión de España a la Comunidad Europea y pronunciarse por la aceleración del proceso»909. No nos corresponde glosar aquí la historia ni la actividad de la FEMP fuera de su condición de asociación europeísta en la época abarcada por nuestro trabajo. Sí merece la pena mencionar, por cerrar este epígrafe, que en 1983, tras la II Asamblea General, accedió a la presidencia de la misma el alcalde de Zaragoza, el socialista Ramón Sainz de Varanda910, y que poco después, coincidiendo con la marcha de Henry Cravatte y el nombramiento como presidente del CCE de Josef Hofmann, burgomaestre de Maguncia, el alcalde de Valencia, Ricardo Pérez Casado, fue nombrado vicepresidente del CCE911. La FEMP fue progresivamente convirtiéndose en una sección participativa dentro del CCE, en igualdad de condiciones con las demás, aunque con la 906 Philippovich a Luis Yáñez, 27-1-1978, AHUE, CCRE-183. 907 «Congrès des Communes Européennes Jumélées, Mainz, 28-29 septembre 1978, Résolutions», AHUE, CCRE-20. 908 ZUCCA, Fabio, «Il Consiglio dei Communi e delle regioni d’Europa e gli allargamenti…» cap. cit., p. 1096. 909 Assemblé de délégués, Rome, 19-20 mars 1981, Résolution politique, AHUE, CCRE-5. 910 Philippovich a Sainz de Varanda, 13-10-1983, AHUE, CCRE-183. Sainz de Varanda había sido uno de los asistentes al contubernio de Múnich en 1962, en calidad de fundador del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Zaragoza. Él fue, junto con sus compañeros, Antonio García Mateo y José Nieto Sola, uno de los tres delegados españoles que abandonaron el congreso antes de la aprobación de la resolución final y que se apresuró a regresar a España para relatar a la policía lo ocurrido en Múnich. Vid. ÁLVAREZ DE MIRANDA, Fernando, La España que soñé. Recuerdos de un hombre de consenso, Madrid, La esfera de los libros, 2013, pp. 82-83. 911 Réunion du Comité Directeur du CCE, Turin, 9 décembre 1983, AHUE, CCRE-10. 296 particularidad de que las negociaciones entre España y la CEE siguieron siendo un eje de esa participación hasta 1985. Así, en los Estados Generales de Turín de 1984, los delegados españoles no tuvieron una presencia significativa más allá de solicitar que las resoluciones de las diferentes comisiones de trabajo incluyeran referencias a la adhesión de España y Portugal912. De cara al interior, la FEMP también asumiría un papel como foro de reflexión y de difusión de información sobre las consecuencias de la entrada en la CEE para los municipios: el primer gran seminario celebrado en España sobre ese tema tuvo lugar bajo los auspicios de la FEMP en Valencia, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, en octubre de 1985913. 3.6. Europeísmo en la prensa: la Asociación de Periodistas Europeos Entre los sectores de la sociedad civil que se han organizado de diversos modos para la difusión del europeísmo, la profesión periodística reviste una importancia que no debe ser menospreciada, dado su papel de interlocutor entre los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias, por un lado, y la opinión pública, por otro, a la que informan, influyen y en cierta medida condicionan. No en vano, entre los promotores del ideal europeísta ya en la primera mitad del siglo XX, la prensa ejerció un papel protagónico, como demuestra la influencia del editor italiano Luigi Einaudi sobre el manifiesto de Ventotene, o el alcance de revistas como Die Neue Zeit, Ordre Nouveau o Libérer et Fédéreer, donde expusieron sus idearios federalistas pensadores como Karl Kautsky, Alexandre Marc o Silvio Trentin. Tras los Tratados de París y Roma, diversas iniciativas se pusieron en marcha para reunir en una asociación a los periodistas de distintos países de la CEE más tocados por el espíritu europeísta. Por un lado, el Centre International de la Formation Européenne de Niza convocó un seminario en Ostende en julio de 1961, animado por los periodistas Jean-Pierre Gouzy914 y Arnaud Marc-Lipiansky, con el apoyo del director del servicio de 912 Pese a que los temas de esas comisiones eran, respectivamente, «El papel de las colectividades locales y regionales europeas en la mutación económica de Europa: sus medios financieros y sus posibilidades de acción» y «La Europa que queremos: las razones políticas, económicas, sociales y de seguridad que incitan a las colectividades locales y regionales a pedir un estatuto para la Unión Europea». XV États Généraux du CCE, Turin, 11-14 avril 1984, AHUE, CCRE-254. 913 Programa de las jornadas Las corporaciones locales ante la Comunidad Europea, 24-26 de octubre de 1985, AHUE, CCRE-183. 914 En la biografía de Jean-Pierre Gouzy, nacido en Madagascar en 1925, la profesión periodística y el federalismo europeísta están estrechamente entrelazados. Activo desde los años cuarenta, fue desde 1946 miembro del Comité Ejecutivo del Movimiento Francés para los Estados Unidos de Europa, y más tarde del 297 prensa e información de las Comunidades Europeas, Jean Rabier. Por otro lado, ese mismo año un comité de periodistas italianos, en el que participaban Marcello Palumbo, Luigi Bellotti y Eugenio Marinello, había decidió convocar una asamblea al objeto de crear una asociación de periodistas europeos. Ambas iniciativas convergieron en un congreso constituyente celebrado en San Remo en mayo de 1962 y, como resultado del mismo, en octubre de 1963 nacía oficialmente en Bruselas la Asociación de Periodistas Europeos (APE)915. Desde sus inicios, la APE se propuso actuar no como una organización sindical o meramente profesional, en la defensa de los intereses gremiales de los periodistas, sino como organización política —aunque apartidista— orientada a participar en la creación de una conciencia europea, informar a la opinión pública sobre los problemas de Europa y la actividad de las instituciones comunitarias y favorecer la comprensión recíproca de los problemas de los países europeos. A tal efecto desarrolló desde sus inicios relaciones estrechas con las instituciones de la CEE, y en particular con la Comisión, y con las otras organizaciones europeístas, siendo parte del Movimiento Europeo Internacional. Del mismo modo, en su seno, y sobre todo en la sección italiana —la mayor desde el punto de vista numérico— se experimentaron las mismas contradicciones entre los partidarios de distintas vías de integración europea que paralelamente conocieron otras organizaciones como la UEF (y que motivarían por ejemplo una importante escisión en la sección italiana en 1982). Estando la participación en la APE abierta a secciones nacionales tanto de países miembros de la CEE como de países candidatos a admisión en la misma, ya a fines de los años setenta varios periodistas españoles con experiencia en Bruselas y en publicaciones como las revistas Agenor y Forum y los boletines Infoeuropa y España Exterior, vinculados en algunos casos con organizaciones europeístas, se interesaron por la posibilidad de crear una sección española916. Las primeras gestiones oficiales se canalizaron en 1980 a través de Antonio López Agudín, del Consejo Federal Español movimiento federalista francés, del que sería nombrado secretario general. Acudió al Congreso de La Haya de 1948 y fue vicepresidente de la UEF. También fue profesor del Institut Européen des Hautes Études Internationales y vicepresidente del Centre International de la Formation Européenne. Desde 1963 dirigió el periódico L’Europe en formation. Vid. «Short biography of Jean-Pierre Gouzy», en http://www.cvce.eu/content/publication/2008/4/15/bee41174-c945-46a2-ac4b- cda8500884a6/publishable_en.pdf [consultado el 24-8-2014]. 915 PAOLINI, Edmondo, «Le associazioni di giornalisti europei», en LANDUYT, A.; PREDA, D. (a cura di), I movimenti per l’unità europea 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 951-973. 916 SEBASTIÁN, Pablo, y AGUILAR, Miguel Ángel, «De Bruselas a Madrid», en Europa: salir de la crisis. XX Congreso internacional de la Asociación de Periodistas Europeos. Madrid-Oviedo: 29 de septiembre – 3 de octubre de 1982, Madrid, APE, 1983, p. 13. 298 del Movimiento Europeo, que buscó el asesoramiento de la sección italiana para conocer mejor el funcionamiento de la APE y redactar los estatutos de la sección española.917 Poco después, Jean-Pierre Gouzy, a la sazón presidente de la APE, se desplazó a Madrid para asistir a la constitución de la comisión gestora de la sección española. El periodista Miguel Ángel Aguilar sería admitido como representante de esa comisión ante el XVII Congreso Internacional de la APE, celebrado en Roma en octubre de 1980, que admitió formalmente a la sección española como miembro y le encomendó además la organización del siguiente Congreso Internacional de la APE, previsto para 1982918. El acta de constitución formal de la sección se firmó en Madrid el 2 de octubre de 1981, y se eligió un Consejo Director integrado por Carlos Luis Álvarez (Presidente), Lorenzo Contreras (Vicepresidente), Miguel Ángel Aguilar (Secretario General), Manuel Soriano (Tesorero), César Alonso de los Ríos, José Virgilio Colchero, Jorge del Corral, Julián Lago, José Antonio Novais, Félix Santos, Pablo Sebastián (que sería elegido vicepresidente internacional de la APE) y Eduardo Sotillos (Vocales)919. El domicilio social se situó de momento en la sede del CFEME, al que la asociación se adhirió formalmente en 1982920. En el momento de su constitución, la sección española se adhería a los principios y fines de la APE internacional, pero en un artículo publicado en la revista-boletín del CFEME Carlos Luis Álvarez definía con más precisión cuál debía ser la función de la APE en España: «La sección española deberá trabajar en un campo muy específico, como es el de la preparación de los periodistas que, tarde o temprano, tendrán que moverse “de facto” dentro de las claves, de los modos y de la mentalidad comunitaria. No olvidemos que en la sociedad española existe un peso residual de Contrarreforma, por decirlo así, de bastante envergadura, que si no obtura cuando menos amortigua el sentido europeísta. Lógicamente ese peso residual opera también sobre el periodismo, parte del cual identifica con una especie de retórica internacionalista la necesidad absoluta que tenemos de adquirir el sentido de la historia de Europa en la que España dejó prácticamente de participar desde que dejó de dominarla […]. Pero, además, durante el régimen de Franco, que abarca varias generaciones de periodistas, el antieuropeísmo fue una doctrina predicada de mil diversos modos y nadie puede pensar sensatamente que esa labor de cuarenta años, nada soterrada, sino abierta y 917 López Agudín a Angelo Lotti, secretario general del Consejo Italiano del Movimiento Europeo, 31-7- 1980. Gouzy a López Agudín, 31-7-1980, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 918 Memoria de la Sección Española de la Asociación de periodistas Europeos (1981-2001). 20 Años por las libertades y por la Unión Europea, Madrid, APE, 2002, p. 19. 919 «Constitución de la Asociación de Periodistas Europeos», ABC, 17-10-1981. 920 Miguel Ángel Aguilar a Álvarez de Miranda [s. f., 1982]; Álvarez de Miranda a Carlos Luis Álvarez, 5- 10-1982, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 299 directamente expuesta, se ha esfumado de golpe con el advenimiento de la democracia»921. En 1984 una nueva sede sería abierta en la calle Cedaceros de Madrid, cedida por el Banco Popular Español e inaugurada por el Príncipe de Asturias, Presidente de Honor de la sección922. La vinculación de APE-España con la Familia Real había comenzado ya en marzo de 1982, cuando los representantes de la asociación fueron recibidos en audiencia por el Rey923, que unos meses después comunicó el visto bueno para la Presidencia de Honor del Príncipe Felipe924. Precisamente la primera audiencia oficial de éste fue concedida el 12 de julio de 1983 al Consejo Director de la APE. En septiembre de 1985 APE-España sería declarada asociación de utilidad pública por el Consejo de Ministros925. Como estaba previsto, la sección española organizó el XVIII Congreso Internacional de la APE en Madrid entre fines de septiembre y principios de octubre de 1982, con el lema Europa, salir de la crisis.. Participaron en él unos 210 representantes de las doce secciones nacionales de la APE (de los diez países miembros de la CEE más los dos países candidatos), además de representantes de Embajadas, de la administración española, de las instituciones comunitarias y entidades y asociaciones públicas y privadas. Intervinieron o participaron en el mismo el Rey Juan Carlos; el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo; el ministro italiano de relaciones con la CEE, Gustavo Abis; el ministro portugués de Plan y Desarrollo, Alberto Regueira; José María de Areilza, entonces presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa; el comisario europeo encargado de los temas relativos a la ampliación, Lorenzo Natali; y el Embajador español ante la CEE, Raimundo Bassols. Además del que daba título al congreso, los principales temas tratados fueron la adhesión de los países ibéricos a la CEE y la repercusión de ésta en las relaciones entre Europa y Latinoamérica926. Por lo demás, el británico Paul Hodgson fue elegido nuevo presidente de la APE y el congreso fue el escenario del inicio de la ruptura entre las tendencias más federalistas y las más conservadoras en la sección italiana927. 921 ÁLVAREZ, Carlos Luis, «Hacia Europa», Movimiento Europeo, nº 2 (diciembre 1981), p. 7. 922 Miguel Ángel Aguilar a Álvarez de Miranda, 31-1-1984, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 923 «El Rey Don Juan Carlos recibió a la Asociación de Periodistas Europeos», ABC, 5-3-1982. 924 AGUILAR, María Dolores, «Periodistas Europeos», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), p. 21. 925 Memoria de la Sección… op. cit., pp. 5 y 19-20. 926 Europa, salir de la crisis… op. cit, pp. 21-30. SEBASTIÁN, Pablo, «Congreso de los periodistas europeos», Movimiento Europeo, nº5 (diciembre 1982 / enero-febrero 1983), p. 18. 927 PAOLINI, Edmondo, «Le associazioni…» cap. cit., p. 965. 300 En relación con la ampliación de la CEE, la segunda resolución política del congreso apoyaba explícitamente las candidaturas española y portuguesa y pedía una adhesión rápida y un calendario estricto928. También en los posteriores congresos de la APE (Estrasburgo, 1983; Berlín, 1984), la cuestión de la adhesión española a la CEE sería uno de los leitmotivs de la sección española, que obtendría de la APE resoluciones favorables a sus posiciones929. Sin que fuera éste un aspecto central de la actuación de la sección española, sí adoptó alguna resolución puntual al respecto. Así, una de las primeras decisiones de su asamblea general en 1982 fue enviar un telegrama al presidente de la Comisión Europea, Gaston Thorn, al presidente del Parlamento Europeo, Piet Dankert, y al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, Leo Tindemans, expresando su preocupación «por el riesgo de que el proceso de adhesión de España a la CEE sufra un nuevo retraso ante los problemas de difícil solución que actualmente afectan a la Comunidad en sus políticas agrícola y financiera»930. De entre las organizaciones europeístas surgidas en España en los años de la transición y en los inicios del régimen democrático, la sección española de la APE resultaría ser una de las más prolíficas en organización de actividades europeístas. Gracias al patrocinio de entidades públicas y privadas —incluyendo los principales bancos y cajas de ahorros, ayuntamientos, Comunidades Autónomas, organismos internacionales y empresas destacadas en los sectores de las comunicaciones, la energía o el turismo931—, APE-España desarrolló rápidamente en sus primeros años una gran capacidad para la organización de eventos, equiparable o superior a la del propio CFEME932, al que superaba igualmente en presupuesto933. 928 Europa, salir de la crisis… op. cit., p. 137. 929 «El Congreso de Periodistas Europeos apoya el ingreso de España en la CEE», ABC, 16-10-1983. 930 «El III Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos, en octubre», ABC, 26-1-1982. 931 Más de cien entidades públicas y privadas han contribuido económicamente al sostenimiento de la APE, y resulta inútil citarlas todas. La financiación de la asociación se ha realizado principalmente a través de aportaciones económicas para la realización de actividades concretas. A título de muestra, el I Seminario de la Defensa, celebrado en Toledo en 1983 sobre el tema Alternativas de la defensa en Europa, fue patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, la Dirección General de Medios de Comunicación, Social, la Fundación del Banco Exterior de España, Fundesco, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, la Caja de Ahorros de Toledo, el Instituto Nacional de Industria y las compañías de fabricación de armamento y aeronáutica Construcciones Aeronáuticas, Bazán y Santa Bárbara. 932 La APE española organizó siete actividades en 1982, once en 1983, quince en 1984, veinte en 1985 y treinta y dos en 1986, por ceñirnos al período cubierto por este trabajo. En época posterior ha mantenido una media de más de veinticinco actividades anuales. 933 Sus ingresos en 1982 fueron de 18 millones de pesetas, para pasar a 9,9 en 1983, 13 en 1984 y ascender significativamente, coincidiendo con la adhesión de España a la CEE, a 39,6 en 1985 y 22,2 en 1986, aproximadamente la mitad de ellos procedentes de instituciones públicas 301 Entre las actividades de APE-España934 hay que destacar, en primer lugar, los Seminarios de Defensa, habitualmente de tres días de duración, y que reunían a representantes de los ámbitos académico, político, periodístico, empresarial y de Organizaciones Internacionales para tratar diversos temas relacionados con la defensa española y europea. El primero tuvo lugar en Toledo en 1983, con el tema Alternativas de la defensa en Europa. El siguiente se celebró en Segovia en 1984, sobre Euromisiles y pacifismo, destacando la participación de Narcís Serra, ministro de Defensa, y de Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores. La siguiente edición tuvo lugar de nuevo en Toledo en 1986, sobre La formulación de la política de defensa en Europa y España, y en ella participaron, entre otros, el ex ministro de Defensa Manuel Gutiérrez Mellado y el secretario general de la Unión Europea Occidental Alfred Cahen. Desde entonces y hasta la fecha actual los seminarios se han seguido celebrando con una periodicidad de cada año o cada dos años. En 1984 comenzó la celebración de los seminarios sobre Europa y Latinoamérica, cuyo objetivo era reunir a políticos, diplomáticos y periodistas de ambos lados del Atlántico para reflexionar sobre las relaciones entre ambas áreas regionales, y especialmente sobre el papel que España estaba llamada a ejercer en las mismas a partir de su integración en la CEE. El primer seminario se celebró en Madrid en 1984 con el título Europa ante los cambios en el cono sur de América Latina y en él tomaron parte, entre otros, el ministro Fernando Morán y Eduardo Volpi, director de la CEE para América Latina. El siguiente seminario tuvo lugar en San José en 1985 con el título La paz en Centroamérica. ¿Una utopía?, y estuvo presidido por Luis Alberto Monge, presidente de Costa Rica. Después de 1986 los seminarios sobre Europa y Latinoamérica continuaron, ocupándose prioritariamente del desarrollo democrático y económico de Latinoamérica. Otra serie de seminarios, iniciada en 1985, ha tomado como objetivo la relación de Europa con el área mediterránea. El primero de esta serie tuvo lugar en Toledo en 1985, sobre España-Israel: perspectivas y problemas, y estudiaba las perspectivas de ambos países respecto del reconocimiento por España del Estado de Israel, que se produciría en 1986. 934 La relación más completa de las actividades de la sección española de la APE a lo largo de su historia se encuentra en Por Europa y las libertades. 25 años de la Asociación de Periodistas Europeos, Madrid, APE, 2007. 302 También en 1985 se iniciaron los seminarios sobre Periodismo y libertades, con el ciclo de conferencias Grandes periodistas olvidados y el encuentro Los jóvenes y los medios de comunicación. Por lo demás, en 1989, coincidiendo con el comienzo del desmembramiento del bloque soviético, comenzaría otra serie de seminarios sobre la evolución política y económica de Europa Central. Bajo el título genérico de Otras perspectivas europeas, en 1985 dio comienzo la celebración de encuentros sobre temas políticos e institucionales relacionados con el proceso de integración europea. En este espacio se inscribieron las conferencias sobre el futuro de las Comunidades Europeas, iniciadas en 1985 con la conferencia internacional El futuro de la Unión Europea, en la que participaron Felipe González, Michel Jobert (ex ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Francia), Roy Jenkins (ex presidente de la Comisión Europea), George McGovern (ex candidato a la presidencia de Estados Unidos), Guido Brunner (Embajador de la República Federal Alemana en Madrid), Oskar Lafontaine (presidente del Sarre), el eurodiputado Altiero Spinelli y Sicco Mansholt (ex presidente de la Comisión Europea). Dentro de las «Otras perspectivas europeas» se incluyeron igualmente los Encuentros de Periodistas Europeos, iniciados en 1984 con el I Encuentro Hispano-Francés-Alemán de Periodistas, del que se desarrollarían otras ediciones posteriores, y los Encuentros Hispano-Portugueses de Periodistas, comenzados en 1988. Con posterioridad a la adhesión de España en la CEE se iniciaron las series de seminarios sobre Europa, España y las regiones (desde 1987), Europa y Asia (desde 1998) y Europa y el empleo (desde 1999). Entre 1983 y 1988 la sección española de la APE organizó, junto con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, las llamadas lecciones Pascual Madoz, consistentes en conferencias impartidas por intelectuales de prestigio sobre temas de actualidad política. La de 1983 la impartió Rafael Sánchez Ferlosio, sobre El Ejército Nacional, la de 1984 Julio Cerón con el título España le sienta bien a Europa. ¿Le sienta bien Europa a España?, y la de 1985 Augusto Roa Bastos sobre Los dilemas de la integración iberoamericana. Cada una de las lecciones impartidas hasta 1988 serían editadas y publicadas. Además de todos estos ciclos, desde 1983 la sección española de la APE adquirió la práctica de celebrar coloquios o encuentros con importantes personalidades del ámbito político y económico, con frecuencia relacionadas con la política europea, a los que los socios de la APE podían plantear directamente cuestiones diversas. En 1983 303 participaron en estos coloquios Pierre Guidoni, Embajador de Francia en España; Manuel Marín, secretario de Estado de relaciones con la CEE; Inocencio Arias, vicepresidente del Instituto de Cooperación Internacional; Guido Brunner, Embajador de la República Federal Alemana en España; y Georges Mazarakis, Embajador de Grecia en España. En 1984 lo hicieron el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón; Felipe González, presidente del Gobierno; Luis Valls, presidente del Banco Popular; Joaquín Almunia, ministro de Trabajo; Alfonso Escámez, presidente del Banco Central; Alejandro Albert, presidente del Banco Hispano Americano; Enrique de la Mata Gorostizaga, presidente del Comité Español de la Cruz Roja; y Pedro Toledo, consejero delegado del Banco de Vizcaya. En 1985, Lorenzo Natali, vicepresidente de la Comisión Europea; Philippe de Schouette, Embajador de Bélgica en España; Howard Simmons, profesor de la Universidad de Harvard y miembro de la Nieman Foundation for Journalism; Gerardo Iglesias, secretario general del PCE; Javier Arzalluz, diputado del PNV; José Rodríguez de la Barbolla, presidente de la Junta de Andalucía; Claudio Boada, presidente del Banco Hispano Americano; y Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea. Otra actividad que dio presencia a la APE española en los medios desde su creación fue la institución del premio Francisco Cerecedo de Periodismo935, que en sus primeros años fue entregado a Rafael Sánchez Ferlosio (1983), Javier Pradera (1984) y José Antonio Novais (1985). Hasta 1987 el premio fue entregado en un ceremonia por el presidente del Gobierno, y desde 1988 por el Príncipe de Asturias. 3.7. Europeísmo académico: la Asociación para la Integración Europea y la Sociedad Iberoamericana de Estudios Europeos A principios de 1980 un grupo de jóvenes profesionales, relacionados principalmente con la administración y con el mundo universitario, decidieron la creación de una nueva organización europeísta, atendiendo sobre todo a la necesidad de informar a la opinión pública española sobre el funcionamiento de la dinámica comunitaria y las implicaciones de la adhesión a la CEE. La idea había surgido en el seno de los Cursos sobre Integración Europea organizados en la Escuela Diplomática desde 1977 por el ex Embajador Alberto Ullastres (los conocidos como cursos Ullastres), dirigidos a la 935 «Creado el premio Francisco Cerecedo por la Asociación de Periodistas Europeos», El País, 27-4-1983. 304 especialización en asuntos comunitarios de profesionales de la prensa, la universidad, la administración u otros ámbitos. Fue el propio Ullastres quien propuso crear, junto con los alumnos de los cursos, una fundación que actuara a favor de la adhesión de España a la CEE. La idea sería más tarde desarrollada por el joven profesor de Derecho Internacional de la UNED Luis de la Rasilla, quien, junto con una cincuentena de antiguos alumnos de los cursos y otras personas interesadas, constituyeron el 11 de abril de 1980 la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Europeos Sociedad Anónima (SIAESA). Entre los fundadores figuraron profesores universitarios de relaciones internacionales y estudios europeos, como Santiago Petschen, Francisco Aldecoa o Rafael Calduch —todos ellos de la Universidad Complutense de Madrid—, y como presidente fue designado el conde de Cabra936. Nacida como una sociedad anónima con un capital social de casi tres millones de pesetas, los servicios profesionales de la SIAESA consistían en el asesoramiento a clientes acerca los efectos previsibles del mercado común sobre sus actividades empresariales o profesionales, informándolos de todas las decisiones y políticas comunitarias y aspectos de las negociaciones entre España y la CEE susceptibles de afectarles, facilitándoles documentación traducida. La SIAESA también se proponía organizar actividades formativas e informativas sobre cualquier aspecto relacionado con las Comunidades Europeas que pudiera interesar a sus clientes: cursos introductorios intensivos sobre el Mercado Común, encuentros restringidos con expertos españoles y comunitarios sobre temas relacionados con la adhesión, etc.937 Casi paralelamente, los miembros de la SIAESA decidieron la creación de una asociación sin ánimo de lucro y políticamente independiente al objeto de incentivar la concienciación de la opinión pública española en relación con la adhesión a la CEE. Así, el 22 de mayo se constituyó oficialmente la Asociación para la Integración Europea (AIE), con el diplomático Dámaso De Lario como secretario general (quedando en principio vacante la presidencia), con unos cincuenta asociados y compartiendo con la SIAESA un despacho en la Torre de Madrid, en la plaza de España de la capital, como sede provisional938. 936 De la Rasilla a Álvarez de Miranda, 23-12-1980, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 937 SIASESA, Información Socios, nº IV (diciembre 1981-enero 1982), pp. 3 y 6, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 938 DE LA RASILLA, Luis, En la senda de la ecociudadanía. En torno al modelo asociativo-decisional de participación fraccionada en el horizonte de una ciudadanía mundial, Informe-balance de la Iniciativa Inter/sur para la ecociudadanía 1996-2007. Propuesta de estrategia 2008-2016, 2008, p. 57. http://www.world- 305 Según sus estatutos, los fines de la AIE eran «la colaboración en todos los órdenes con organismos públicos o privados y la sociedad española en general, en el proceso de integración de España en Europa, así como el fomento de las relaciones entre los países iberoamericanos, Guinea Ecuatorial y aquellos otros que tengan una particular vinculación con España, con Europa a través de la intensificación de sus lazos con España». Para ello, se proponían realizar actividades como: estudios de las repercusiones de la adhesión de España a la CEE, procurando potenciar la preocupación social por esas cuestiones; formación acerca del funcionamiento de las instituciones comunitarias y de las posibilidades del ciudadano para interactuar con ellas; constitución de un fondo documental y facilitar el acceso a la bibliografía sobre temas comunitarios y la integración europea en general; mantenimiento de contactos con las instituciones de la CEE, el Consejo de Europa y otros organismos concernidos por la integración europea; información y asesoramiento en el plano docente universitario; colaboración con organismos públicos y privados realizando estudios e informes que eventualmente fueran solicitados; organización de conferencias, congresos, mesas redondas, exposiciones, cursos, etc. sobre temas europeos; información a la opinión pública a través de los medios de comunicación social y edición de revistas, boletines y publicaciones en general destinadas a los miembros de la AIE y a otros públicos939. La primera asamblea general de la AIE se reunió en marzo de 1981, y en ella fue nombrada secretaria general Pilar García Doñoro, funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y militante de Comisiones Obreras a quien hemos mencionado ya por su implicación en la Unión de Mujeres por Europa940. Fueron nombrados socios de honor los siete conferenciantes del ciclo España en Europa, con el que la AIE había dado inicio a sus actividades en 1980: Fernando Álvarez de Miranda, Ignacio Camuñas, Gabriel Ferrán, Juan Tomás de Salas, Javier Rupérez, Ramón Tamames y Fernando Morán. En esas mismas fechas la AIE era admitida, junto con la SIAESA, como miembro del CFEME941. Precisamente en relación con el CFEME, desde la AIE se governance.org/IMG/pdf_En_la_senda_de_la_ecociudadania.pdf [consultado el 28-8-2014]. Posteriormente la AIE se trasladaría al Centro de Estudios Internacionales en el número 8 de la calle Miguel Ángel de Madrid. 939 Estatutos de la AIE [sin fecha]. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 940 Como veremos más adelante, sería uno de los miembros del comité de especialistas en el Mercado Común de CCOO. 941 Asociación para la Integración Europea, Circular nº 1 (marzo 1981); Bru a De la Rasilla, 25-3-1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 306 dieron pasos para la creación de algún organismo de coordinación de las diversas entidades europeístas del país, aunque sin alcanzar éxitos concretos en ese sentido942. Aunque su existencia se prolongó hasta después de la adhesión de España a la CEE, fue entre 1980 y 1985 cuando la AIE se mostró más activa y desarrolló un mayor rango de iniciativas. Contando para ello sólo con los fondos derivados de las cuotas de los asociados (cuyo número superaba el centenar) y colaboraciones puntuales de diversas instituciones943, la actividad divulgadora se inició ya en 1980 con el mencionado ciclo España en Europa944 y con el Aula de Reciclaje, consistente en una serie de conferencias a cargo de expertos universitarios sobre aspectos concretos del funcionamiento de la CEE y de las repercusiones de la adhesión de España a la misma945. Entre 1980 y 1982 la AIE y la SIAESA desarrollaron conjuntamente una campaña nacional de difusión, también titulada España en Europa, que comprendía por un lado la celebración de «semanas provinciales de difusión» (cursos-coloquios de una semana de duración dirigidos a un público general, y a celebrarse en diversas capitales de provincias), difusión en centros educativos y publicación de folletos y otros materiales útiles para la concienciación de la opinión pública.946 En 1981 ambas entidades pusieron en marcha el programa Europa y democracia en la Escuela, dirigida a facilitar a los alumnos de EGB, BUP y COU los instrumentos precisos para comprender el proceso de integración 942 Con ese propósito se celebró una cena el 31 de marzo de 1981 en la que participaron representantes de la AIE, el CFEME, la Escuela Diplomática, la AECE, la LECE, la UEF, la oficina de prensa e información de la CEE en España, la secretaría de Estado para las relaciones con la CEE, la Sociedad Iberoamericana de Estudios Europeos, la asociación de ex stagiaires de las Comunidades Europeas y antiguos alumnos del Colegio de Europa de Brujas. García Doñoro a Bru, 13-3-1981. Asociación para la Integración Europea, Boletín-I (abril-mayo 1981), ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. DE LA RASILLA, Luis, «Una propuesta europeísta», El nuevo lunes, nº 15 (15-31 de mayo de 1981), p. 4. 943 Entrevista de José Ángel Sotillo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la AIE en los años ochenta, con el autor, 5-3-2008. 944 Dámaso de Lario esbozó un resumen de su contenido en «Europa: claroscuro de una integración», El País, 10-1-1981. 945 Las primeras conferencias versaron sobre «La redefinición de la política agrícola común en el marco de la ampliación de la CEE» (Pilar García Doñoro), «El impacto del ingreso de España en la CEE en los convenios de pesca españoles» (José María Meneses Castillo), «El Comité Económico y Social de la CEE: perspectivas para el Consejo Económico y Social español» (Pedro Cervilla Martínez), «Aproximación a la política social comunitaria» (Carlos Rubio García), «La mujer en las Comunidades Europeas» (Coro Hernando de Larramendi), «La política común de transportes en las Comunidades Europeas» (Mª Ángeles Guzmán Gómez), «Las relaciones CEE-América Latina» (Juan Jaenicke Cendoya), «La industria agroalimentaria ante la CEE» (Fermín Tudela), «Organización judicial de las Comunidades Europeas» (José Antonio Somalo Giménez), «Aspectos económicos de la futura política pesquera común» (Javier Conde de Oya), «El problema institucional de las Comunidades Europeas» (César Díaz López) y «Rasgos básicos de las relaciones CEE- Tercer Mundo» (Amalia Fernández Navarro). 946 «Campaña nacional de difusión “España en Europa”» (octubre de 1980), ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 307 europea y estimular actitudes europeístas y democráticas947. A ello se sumaron cursos y ciclos diversos, destacando entre ellos el dedicado en 1982 a Autonomías e integración europea, que consistió en una serie de mesas redondas donde monográficamente se analizaba la repercusión de la adhesión en la CEE para diversas Comunidades Autónomas948. La actividad de la AIE que alcanzó mayor impacto fueron los Cursos de Iniciación a las Comunidades Europeas. Aunque se habían iniciado en 1981, fueron extendidos y revitalizados en 1983 tras la llegada a la presidencia de la AIE del profesor de la Universidad Complutense Francisco Aldecoa, con José Ángel Sotillo de secretario general. Concebidos con una finalidad similar a la de los cursos de la Escuela Diplomática pero más breves (duraban normalmente dos semanas), dirigidos a público profesional y/o universitario no especializado, alcanzaron su mayor difusión entre 1984 y 1985, reunían aproximadamente a una cincuentena de estudiantes en cada edición, lo que reportaba más de medio millón de pesetas en ingresos (variables en función de las becas concedidas), que a su vez se correspondían aproximadamente con los gastos en publicidad, imprenta, alquiler del aula, material, secretaría y profesorado949. En la organización de los cursos colaboraron la secretaría de Estado para las relaciones con la CEE, la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, el Colegio de Economistas de Madrid, el Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, el Centro Europeo para la formación de directores y el Centro de Estudios Autonómicos y de Integración y el Banco Exterior de España, además del CFEME y algunas de sus entidades asociadas. Entre los profesores se contaron, además de algunos cargos directivos de la AIE, figuras como Daniel de Busturia, Araceli Mangas Martín (profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense), Pedro Luis Gomis (profesor de Política Social Europea en la Universidad Complutense), Alfonso Anaya Turrientes (cocal asesor de la secretaría de Estado para las relaciones con la CEE), Santiago Eguidazu Mayor (jefe del gabinete técnico del subsecretario de Industria) o Francisco 947 SIASESA, Información Socios, nº IV (diciembre 1981-enero 1982), pp. 3-4, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 948 DE LA RASILLA, Luis; DÍAZ LÓPEZ, César E., «Autonomías e integración europea», El País, 15-1- 1983 949 Entrevista de José Ángel Sotillo con el autor, 5-3-2008. Por ejemplo, los tres cursos celebrados en 1985 contaron con 47, 49 y 33 alumnos, y sus presupuestos fueron respectivamente de 609.483, 883.244 y 913.816 pesetas. Asociación para la Integración Europea, «Dossier Actividades 1984-1985», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 308 de la Riva (vicesecretario general técnico del Ministerio de Economía y Hacienda), entre otros. Por lo demás, la AIE no pretendió erigirse en grupo de presión en la defensa de intereses concretos en la negociación de España para la adhesión a la CEE, aun cuando desde un punto de vista ideológico compartía las aspiraciones del europeísmo federalista como objetivo a largo plazo. Pero el aspecto en el que más se insistía desde la asociación era la necesidad de que la ciudadanía se implicara en los debates sobre temas europeos. Así se expresaba al respecto Luis de la Rasilla: «Cuando se oye hablar de España en Europa uno se imagina que un país, el nuestro, acomplejado aún por su pasado reciente, se mueve como bloque compacto, tratando de hacerse un hueco en el ansiado solar comunitario que la falta de precisión hace aquí sinónimo de Europa. Y es que la frase sugiere un tácito consenso nacional que sospechosamente oculta una lamentable y peligrosa falta de información, una casi total ignorancia, no ya sólo de lo que implica ese paso hacia la Europea comunitaria sino, por supuesto, de la propia Europa como proyecto de integración política […]. »Panacea, mal menor, reaseguro de vida democrática, paraguas o chubasquero defensivo, golpe de regla en nuestra mano empresarial, derrota inevitable de la España de los años ochenta, Europa es hoy, cuando menos, un término confuso y contradictorio para los españoles […]. »Si son contados los compatriotas que conocen y comprenden el alcance y el significado del ingreso de España en las comunidades, muy pocos son los que, superando la simplista identificación Europa-Mercado Común, alcanzan a enmarcar correctamente todo el fenómeno europeo-comunitario en el contexto dinámico de un proceso de integración que proyecta una futura unión política europea superadora de esas viejas “cicatrices de la historia” que son las ya absurdas e innecesarias fronteras. »Europa es para España el tema clave, por lo tanto, de la década de los ochenta. Por eso hay que poner las cosas en su sitio dando paso al debate público que obligue a definir posturas, a matizar las distintas Europas, clarifique el futuro europeo de España y estimule la participación decidida y eficaz en el diseño del futuro europeo de Europa. Hay que informar. Hay que realizar un notable esfuerzo didáctico para explicar claramente a la opinión pública lo que ocultan, a veces intencionadamente, los tecnicismos de una negociación compleja pero no necesariamente incomprensible. Hay que ir haciéndose a la idea de que el asunto que nos traemos entre manos es lo suficientemente importante como para pasarlo por el tamiz de un referéndum y tratar de sacar provecho de la baza negociadora que ante la Comunidad supone la mencionada consulta […]»950. Por lo demás, y dado que los dirigentes de la AIE a lo largo de estos años figuraban entre los cuadros especializados del país en cuestiones comunitarias, su presencia en la prensa expresando opiniones sobre aspectos diversos de las Comunidades Europeas o 950 DE LA RASILLA, Luis, «Los españoles entre el Mercado Común y Europa», Odiel, 1-2-1981. En el mismo sentido, DE LA RASILLA, Luis, «Día de Europa: aniversario de una ausencia», El País, 5-5-1982. 309 de las negociaciones de España fue relativamente frecuente, sin que ello significara la toma de posiciones de la AIE como colectivo. Así, entre los temas abordados por Pilar García Doñoro, César E. Díaz López o Francisco Aldecoa en sus colaboraciones con el boletín del CFEME a lo largo de estos años nos encontramos cuestiones como la reforma de la PAC —en relación con la cual García Doñoro reivindicaba la toma en consideración de las inquietudes de los países candidatos a adhesión a la CEE951—, la relación de la CEE con América Latina —de las que Aldecoa criticaba que, paradójicamente, fueran a resultar perjudicadas de la adhesión española a la CEE, por orientarse España comercialmente hacia sus socios comunitarios en perjuicio de los latinoamericanos952— o la reforma de los Tratados de las Comunidades, glosando la figura de Altiero Spinelli y posicionándose a favor del proyecto de Tratado de la Unión Europea del Parlamento Europeo, así como reivindicando el poder constituyente del mismo frente al cariz intergubernamental del comité Dooge, primer instrumento creado para el diseño del Acta Única Europea953. Al igual que sucedió con otros grupos, la actividad de la AIE declinaría gradualmente después de 1986 hasta llegar a su completa extinción hacia el final de la década. La actividad de sus miembros continuaría en el ámbito especializado de los círculos académicos y profesionales, pero el propósito de impulsar el debate público en torno a la integración europea chocó una vez más con el distanciamiento de la opinión pública de las complejas políticas comunitarias. 3.8. Europeísmo docente: la Asociación Europea de Enseñantes Entre las iniciativas puestas en marcha en los años cuarenta y cincuenta para animar la conciencia europeísta, también el sector de la educación fue llamado a ocupar un papel. Así, los federalistas franceses, con Alexandre Marc a la cabeza, fueron los pioneros en la organización del europeísmo en el ámbito educativo al crear al crear el Regroupement des universitaires fédéralistes y el Centre International de Formation Européenne de Niza en 1954. Más tarde, en julio de 1956, en un congreso celebrado en La Brevière (Francia), se 951 GARCÍA DOÑORO, Pilar, «La reforma de la Política Agraria Común», Movimiento Europeo, nº 2 (diciembre 1981), pp. 8-9. 952 ALDECOA, Francisco, «España-CE-América Latina», Movimiento Europeo, nº 7 (octubre-diciembre 1983), pp. 33-34. 953 DÍAZ LÓPEZ, César E., «El proyecto Spinelli y la Unión Europea», Movimiento Europeo, nº 8 (1984), pp. 25-26. ALDECOA, Francisco; BRU PURÓN, Carlos, «España y la reforma institucional de la Comunidad Europea», Movimiento Europeo, nº 10 (primavera 1985), pp. 53-55. 310 constituyó oficialmente la Asociación Europea de Enseñantes (AEDE), contando con cuatro secciones en Francia, Italia, Bélgica y la República Federal Alemana. Con Alain Frechet, Elena Sonnino y Henri Brugmans (rector del Colegio de Europa de Brujas) como principales animadores, la AEDE nació como una organización profesional independiente con el objetivo de profundizar entre los docentes en el conocimiento de los problemas europeos, desarrollar esos conocimientos en los estudiantes, defender los caracteres comunes de la civilización europea y trabajar para la realización de una federación europea954. Para ello, la AEDE se proponía la creación círculos de estudios, la redacción de un boletín de información y la organización de encuentros entre educadores de enseñanza primaria y secundaria de diferentes países. Se pretendía la introducción del federalismo tanto en los contenidos de la enseñanza como, sobre todo, en el espíritu de la misma, así como la organización de manifestaciones pan-europeas de escolares, de hermanamientos entre centros de enseñanza o la puesta en marcha de actividades vacacionales comunes. La Jornada Europea de las Escuelas sería una de las actividades más significativas, contando con el apoyo del Consejo de Europa, de la CEE y del Consejo de Municipalidades de Europa. También alcanzó repercusión la Carta Europea de la Escuela, aprobada en 1968, que abogaba por los ideales federalistas europeos — concebidos en términos similares a los del Movimiento Federalista Europeo— y defendía la necesidad de incorporar los temas de la integración europea a los currícula de la educación básica a la vez que promovía un modelo educativo intrínsecamente europeo, distanciado del soviético y el norteamericano955. Las circunstancias políticas y sociales descartaron la existencia de una sección española de la AEDE mientras el régimen franquista se mantuvo en vigor. Sería después de la transición democrática cuando, por iniciativa del CFEME, y en concreto de Carlos María Bru, se darían los primeros pasos para introducir el europeísmo militante en las escuelas españolas, del mismo modo que ya había penetrado los partidos políticos, las universidades y los grupos de interés económico y social. Así, a comienzos de 1981 Bru intercambió correspondencia con el secretario general de la AEDE, Serge Moser, quien le remitió folletos y publicaciones diversas de la 954 VENERUSO, Danilo, «L’Association européene des enseignants», en PISTONE, Sergio (a cura di), I movimenti per l’unità europea, 1954-1969, Pavia, Università di Pavia, 1996, pp. 289-304. 955 VENERUSO, Danilo, «L’Association Européenne des Enseignants», en LANDUYT, Ariane; PREDA, Daniela (eds.), I movimenti per l’unità europea, 1970-1986, Bolonia, Il Mulino, 2000, pp. 895-950. 311 organización, incluyendo el manifiesto Européens par l’école, aprobado en 1978, a fin de que los hiciera llegar a públicos potencialmente interesados956. Estos primeros contactos permitieron que en abril de 1981 pudiera asistir un delegado español (Fernando Pérez López) a título individual al Congreso de la AEDE en Burgeland (Austria)957. La sección española de la AEDE se constituyó oficialmente a fines de 1982, cuando una reunión de veintisiete personas eligió una comisión gestora integrada esencialmente por profesores de Enseñanza General Básica de Madrid, y se fijó la sede del CFEME como domicilio provisional de la asociación —y que más tarde lo sería de forma permanente—. La comisión gestora estaba integrada por Ángel Sabín Sabín (profesor en Madrid, presidente), Antonio Gil Martos (profesor de EGB en Madrid, vicepresidente), Juan Antonio de Lorenzo Vicente (profesor de EGB en Madrid, secretario general), Josefina de la Hoz de Biscart (profesora de EGB en Madrid, con nacionalidad italiana, tesorera), y los vocales Rosario Tornel Puentes (profesora de EGB en Madrid), Venancio Tomeo Perucha (profesor en Madrid) y Mercedes López Zaballa (licenciada en Psicología y vecina de Madrid). Según el acta fundacional, sus objetivos —claramente tomados de los expresados por la AEDE en su fundación en 1956— eran: «a) Profundizar entre los enseñantes el conocimiento de los problemas europeos y de las vías y métodos adecuados que permitan la rápida realización de una federación europea. »b) Trabajar con todos los medios apropiados para un mejor conocimiento de los caracteres fundamentalmente comunes de la civilización europea y para asegurar la defensa de los mismos. »c) Desarrollar los mismos conocimientos con los alumnos y en todos los medios en que los enseñantes puedan ejercer su influencia. »d) Apoyar toda iniciativa acorde con los principios antes citados»958. Los miembros redactaron asimismo un complejo reglamento interno, que preveía la constitución de grupos locales, comités provinciales y comités de Comunidades Autónomas, así como un Comité Central, un Comité Ejecutivo y un Congreso Nacional a celebrarse cada tres años como órganos principales959. 956 Moser a Bru, 4-3-1981; Bru a Moser, 24-3-1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 957 Álvarez de Miranda a Moser, 9-4-1981, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 958 «Acta de constitución de la sección española de la Asociación Europea de Enseñantes», 16-11-1982. Primera copia de la escritura de constitución de asociación bajo la denominación de «Asociación Europea de Enseñantes» (AEDE). Notario: Ignacio Zabala Cabello, escritura nº 2911, de 29 de noviembre de 1982. ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 959 «Reglamento interno de la sección española de la Asociación Europea de Enseñantes (AEDE)», ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 312 En cualquier caso, tras su fundación, AEDE-España fue inmediatamente aceptada como entidad miembro del CFEME. Ángel Sabín, que ya en agosto de 1982 había sido invitado (junto con el secretario de Estado Manuel Marín) a un congreso de la sección italiana sobre España y la CEE en Levico-Terme (Trento), donde había impartido una ponencia sobre Las instituciones educativas en España: antecedentes, problemas y perspectivas960, fue elegido presidente y comenzó a desarrollar algunas de las actividades previstas, tanto en el interior como en relación con los socios europeos961. Pronto la AEDE española organizó seminarios y encuentros de cara a mejorar la formación de los docentes españoles en relación con el federalismo europeísta y el proceso de construcción europea962. En diciembre de 1982 la AEDE-España celebró un encuentro internacional en Madrid con el lema La educación, el camino para Europa en el que participaron el presidente del Movimiento Europeo Internacional, Giuseppe Petrilli; Fernando Álvarez de Miranda y Carlos Bru en representación del CFEME; el presidente internacional de la AEDE, Alwin Westerhof; y representantes de las secciones italiana, francesa y belga. El encuentro contó con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Madrid, la Oficina en Madrid de las Comunidades Europeas, el Instituto Alemán y la Fundación Hogar del Empleado. Además de tratar cuestiones estrictamente relativas a la enseñanza, reivindicando una verdadera dimensión europea de la misma, en las ponencias estuvo presente la cuestión de la adhesión de España a la CEE, que las instancias de la AEDE apoyaron expresamente963. En los años siguientes, y coincidiendo con la fase final de las negociaciones y la adhesión efectiva de España a la CEE, AEDE-España creció hasta alcanzar los doscientos afiliados en todo el país. Si bien su actividad nunca fue muy intensa, sí se desarrollaron materiales de apoyo para profesores sobre temas comunitarios, y los delegados españoles participaron en la toma de posiciones comunes de la AEDE, como la aprobación del Estatuto del Enseñante Europeo en 1985 o la reivindicación de la 960 SABÍN, Ángel, «La educación, una vía de integración de España en Europa», Movimiento Europeo, nº 5 (diciembre 1982-enero/febrero 1983), p. 27. 961 Sabín a Bru, 4-12-1982, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 962 La AEDE presupuestó 600.000 francos belgas para la acción de formación y toma de contacto con grupos de España y Portugal en 1983. «Association Européenne des Enseignants: Budget et programme d’activités 1983», p. 4, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 963 La educación, el camino para Europa. Encuentro internacional: Madrid, 22-23 de diciembre de 1982, Madrid, Asociación Europea de Enseñantes, Sección Española, 1983. RIVAS, Rosa, «Creada la sección española de la Asociación Europea de Enseñantes», El País, 27-12-1982. «La falta de operatividad del Parlamento Europeo impide un plan educativo común», Ya, 28-12-1982. 313 movilidad del profesorado, el reconocimiento europeo de títulos o de la mejora de la formación de los hijos de los emigrantes964. También la existencia de AEDE-España estaría llamada a ser efímera. En la segunda mitad de los años ochenta se pierde el rastro documental de sus actividades, tanto en los fondos del Movimiento Europeo como en la prensa, fruto de la pérdida de interés de sus asociados y del público en general, y la AEDE perdería su representación en España. Sólo en época relativamente reciente —ya iniciado el siglo XXI—, ha sido fundada una sección regional de la AEDE en las Islas Canarias965. 964 «Nuestro principal objetivo es alentar el espíritu federalista», Comunidad escolar, nº 79 (9-15 de diciembre de 1985), p. 13. 965 Cuya actividad puede seguirse en www.aedecanarias.eu [consultado el 3-9-2015]. 314 315 CAPÍTULO 4 LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 316 317 Tras el análisis de los partidos políticos y las organizaciones europeístas, el presente capítulo se centra en las posiciones adoptadas y los debates mantenidos por los grupos de presión de carácter socioeconómico en relación con la adhesión a la CEE. Dado que nuestro propósito es abordar de forma sintética el debate político y social en relación con esta cuestión, es necesario hacer una discriminación, dentro de los distintos sectores y organismos susceptibles de prestarse aquí a nuestro estudio, de aquéllos que por su incidencia ante la opinión pública, su trascendencia en términos socioeconómicos, o por su particular afectación por la adhesión a la CEE, resultan más relevantes y permiten alcanzar conclusiones válidas para el conjunto de nuestro trabajo. De acuerdo con este criterio nos referiremos, en primer lugar, a las actitudes de las principales centrales sindicales ante la adhesión a la CEE; en segundo lugar dedicaremos un apartado a un actor especialmente sensibilizado ante la integración en la CEE: las organizaciones profesionales agrarias (OPAs); y concluiremos refiriéndonos al papel del empresariado, a través de las posiciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de otras asociaciones empresariales. 4.1. La defensa de los trabajadores frente a Europa: los sindicatos mayoritarios ante la adhesión a la CEE Como es sabido, uno de los aspectos que acompañaron al cambio de régimen político durante la transición democrática española fue la reforma de la representación sindical, de un modelo corporativo y vertical a otro de libre asociación. Ya desde los años cincuenta, la lucha obrera, con mayor o menor incidencia sobre la misma de los sindicatos clandestinos, había supuesto un desafío para las estructuras del régimen franquista, situación que se agudizaría en los últimos años de la dictadura y produciría un notorio incremento de la conflictividad laboral y de las huelgas. La Ley de Convenios Colectivos de 1958 había favorecido la penetración del movimiento obrero, a través de las Comisiones Obreras (CCOO), en las limitadas estructuras de representación sindical entonces toleradas, favoreciendo un aumento de la conflictividad y llevando al Gobierno a una respuesta más dura contra toda forma de 318 movilización obrera, que tendría su máxima expresión en la ilegalización de CCOO y la posterior detención y juicio de su cúpula dirigente966. Tras la muerte de Franco, y después de la tímida y frustrada tentativa de reforma sindical de Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales durante el Gobierno de Arias Navarro, sería ya durante la presidencia de Adolfo Suárez y bajo la dirección del ministro Enrique de la Mata cuando se emprenderían los cambios legales que permitirían que los sindicatos, cuya presencia en las reivindicaciones sociales y en la discusión pública era ya una realidad, asumieran por ley los derechos y las funciones que les correspondían en un sistema sindical democrático. Así, el Gobierno se mantuvo en contacto oficiosamente con los sindicatos todavía no legalizados y procedió a desmantelar la Organización Sindical Española heredada del régimen franquista y a traspasar parte de sus funciones a la Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, creada en octubre de 1976. Seguidamente el Gobierno llevó a las Cortes y logró la aprobación de la Ley de Asociación Sindical, que reconocía la libertad de asociación sindical y establecía los cauces —simplificados— para la legalización de los sindicatos, y aprobó asimismo el Real Decreto-ley de 4 de marzo de 1977, en el que se regulaba el derecho a la huelga, se limitaba la facultad del Estado para regular las ramas de actividad y se suprimían obstáculos para la aprobación de convenios colectivos. Por último, entre abril y julio de 1977 España ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, junto con los principales convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de sindicación y negociación colectiva967. Se inauguraba, así, un nuevo escenario en el que rápidamente la representación sindical en España evolucionaría hacia el bisindicalismo imperfecto que la ha caracterizado hasta nuestros días. Las Comisiones Obreras (CCOO), ideológicamente cercanas al PCE y nacidas en los años cincuenta para la lucha sindical en el seno de las instituciones franquistas, y la Unión General de Trabajadores, asociada al PSOE y cuya incidencia en la lucha obrera durante la dictadura había sido menor, vieron aumentar aceleradamente el número de sus afiliados hasta superar los dos millones en cada caso. El resto de las centrales sindicales quedarían claramente por debajo en términos cuantitativos, ya fuera 966 REDERO SAN ROMÁN, Manuel y PÉREZ DELGADO, Tomás, «Sindicalismo y transición política en España», Ayer, nº 15 (1994), pp. 189-222. 967 SOTO CARMONA, Álvaro, «La conversión del reformismo sindical en ruptura», en QUIROSA- CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (ed.), La sociedad española en la Transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 123-137. 319 por su difícil ubicación ideológica (caso de la Unión Sindical Obrera, USO, una parte de la cual se integró en la UGT en 1977), por la escasa aceptación social de su ideario (como sucedió a la Confederación General de Trabajadores, CGT), o tendrían un alcance meramente regional (caso de la Sociedad de Trabajadores Vascos, ELA-STV). Los resultados de las elecciones sindicales a partir de 1978 confirmarían esta situación, al repartirse siempre UGT y CCOO más del 60% de los delegados obtenidos, sin que ninguna otra central alcanzara nunca el 10%968. El protagonismo, por lo tanto, de dos sindicatos concretos en la concertación laboral, su presencia significada en el debate público y su identificación ideológica con importantes fuerzas del arco parlamentario justifica que, al abordar ahora las actitudes del ámbito sindical español en relación con la adhesión a la CEE, nos hayamos concentrado precisamente en estas dos organizaciones. Por lo demás, será necesario referirse también a las relaciones de los sindicatos españoles con diversas organizaciones europeas, tanto en el plano intergubernamental —la propia CEE— como en el sindical. Tales organizaciones jugaron un papel en la lucha democrática de los sindicatos, primero; en la porfía por la homologación del modelo de relaciones laborales durante la transición, después; en las pugnas por la hegemonía en el escenario sindical post-franquista, más tarde; y, por supuesto, en las tentativas de hacer valer sus intereses en relación con la adhesión de España al Mercado Común969. Siendo así, no dejaremos de referirnos a los contactos entre UGT y CCOO, por un lado, y las instituciones de la CEE (especialmente el Comité Económico y Social), por otro, y a la contienda entre ambos sindicatos por su proyección exterior a través de la Confederación Europea de Sindicatos. 4.1.1. La Unión General de Trabajadores A semejanza de la mayoría de los partidos y organizaciones que ejercieron la oposición al régimen franquista, ya fuera desde la semitolerancia o desde la clandestinidad, en la UGT concurrieron durante la dictadura una postura favorable en términos generales al 968 KÖHLER, Holm-Detlev, El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo, modernización económica, Madrid, Fundamentos, 2001. 969 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, «Homologación internacional y europeización del modelo social y sindical en la transición a la democracia en España», en SOTO CARMONA, Álvaro y AROCA MOHEDANO, Manuela (dirs.). Combates por la democracia. Los sindicatos, de la dictadura a la democracia (1938- 1994), Madrid, UAM Ediciones / Fundación Largo Caballero, 2012, pp. 259-286. 320 proceso de integración europea, que se tradujo en unas relaciones fluidas con otros sindicatos europeos y en la participación en la Confederación Europea de Sindicatos (CES) prácticamente desde su fundación, y el rechazo de la admisión de la España franquista en las Comunidades Europeas mientras no evolucionara en un sentido democrático. Esta posición, compartida con el PSOE, heredera del espíritu del congreso de Múnich de 1962 y formalmente expresada en el XII Congreso de la UGT, celebrado en Toulouse en 1973, se vería acompañada de peticiones ante las instituciones europeas, además de la propia CES y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) —en cuya fundación había participado la UGT en 1949— , de intervenir a favor de los presos políticos detenidos en España y del reconocimiento de las libertades sindicales en el país970. A su vez, la relación con el sindicalismo de Europa occidental resultaría fundamental para el propio sostenimiento económico de la UGT a fines de la dictadura y durante la transición democrática, a través de las ayudas canalizadas por la CIOSL y otras prestadas directamente por sindicatos y fundaciones europeos, especialmente por parte de Alemania occidental (a través de la central sindical Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB, y la fundación Friedrich Ebert)971. Así pues, las relaciones con sindicatos extranjeros y con organizaciones sindicales internacionales tuvieron gran importancia en el diseño de la estrategia de la UGT para asentarse como una de las principales fuerzas sindicales del país durante la transición, 970 Entrevista de Manuel Simón, secretario de relaciones internacionales de la UGT entre 1976 y 1986, con Manuela Aroca, Madrid, 10 y 16 de noviembre y 2, 7, 9 y 10 de diciembre de 2010, Fundación Largo Caballero (FLC), UGT-AO 3643/1, pp. 58-60. Sobre las actividades de la CIOSL en favor de la democracia en España, vid. ORTUÑO ANAYA, Pilar, «Partidos socialistas europeos y sindicatos: la transición democrática española, 1959-1977», Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia Contemporánea, nº 15 (2002), pp. 495- 296 y ORTUÑO ANAYA, Pilar, «The Involvement of the ICFTU in Pre-democratic Spain, 1960-1977», International Journal of Iberian Studies, vol. 12, nº 2 (1999), pp. 93-106. 971 Según las estimaciones de AROCA MOHEDANO, Manuela, Internacionalismo en la historia reciente de la UGT, 1971-1986. Del tardofranquismo a la estabilización de la democracia, Madrid, Cinca, 2011, pp. 74-86, las ayudas recibidas por UGT procedentes de sindicatos europeos sumaron al menos 1.213.434,79 francos belgas en 1976 y 2.174.635 francos belgas en 1977. Sobre la política internacional de la UGT, vid. MATEOS, Abdón, Historia de la UGT. Vol. 5. Contra la dictadura franquista, 1939-1975, Madrid, Siglo XXI, 2008, pp. 103-153 y AROCA MOHEDANO, Manuela, «La dimensión internacional en la construcción del sindicalismo socialista (1971-1982)», en SOTO CARMONA, Álvaro y AROCA MOHEDANO, Manuela (dirs.), Combates por la democracia. Los sindicatos, de la dictadura a la democracia (1938-1994), Madrid, UAM Ediciones / Fundación Largo Caballero, pp. 235-257. Sobre las relaciones con el sindicalismo germano-occidental, MUÑOZ ALONSO, Antonio, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, Barcelona, RBA, 2012, pp. 370-372, y «Solidaridad alemana con la UGT», en AROCA MOHEDANO, Manuela y VEGA, Rubén (dirs.), Análisis históricos del sindicalismo en España. Del franquismo a la estabilidad económica (1970-1994), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2013, pp. 47-62; ORTUÑO ANAYA, Pilar, Los socialistas europeos y la transición española, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 67-93 y 165-180. Sobre el apoyo del laborismo británico al movimiento sindical español durante el tardofranquismo y la transición, ORTUÑO ANAYA, Pilar, «El movimiento laborista británico y España (1974-1977)», Espacio, tiempo y forma. Serie V. Historia Contemporánea, nº 9 (1996), pp. 279- 294. Entrevista de Walter Haubrich con el GHistRI, 4-10-2010. 321 un objetivo para el que partía, por cierto, con cierta desventaja frente a CCOO o la USO por haberse mantenido durante los años de la dictadura al margen de los cauces oficiales de representación sindical establecidos por el régimen972. La emigración y el exilio habían servido igualmente para estrechar lazos con el sindicalismo europeo, en la medida en que trabajadores españoles residentes en el extranjero se incorporaron a los sindicatos locales y favorecieron los enlaces con la UGT973. En el XXX congreso de la UGT, celebrado por primera vez en España después del exilio en abril de 1976, desafiando el peligro de que fuera suspendido por las autoridades o de que no se permitiera el retorno a los delegados procedentes del extranjero, el apoyo del sindicalismo internacional se mostró mediante la asistencia, entre otros, de los secretarios generales de la CIOSL y la CES y de representantes notables de las principales fuerzas sindicales de Bélgica, Suecia, Noruega, Países Bajos, Suiza, Francia, Italia y Alemania, entre otros países974, hecho que resultaría determinante para que el Gobierno se decidiera a respetar la celebración del congreso975. Por otra parte, la UGT estaba conectada con el europeísmo internacional a través de su vinculación con el CFEME y con el Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa en la persona de Rodolfo Llopis, representante del PSOE y de la UGT en ambas organizaciones. Más tarde, cuando el CFEME se trasladó a Madrid en 1976, Manuel Simón, secretario de relaciones internacionales del sindicato, fue nombrado miembro de su Junta Ejecutiva. En 1977 la UGT era admitida en el comité consultivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico976. La interpretación de la UGT del proceso de construcción europea se inscribía en la línea de los partidos y sindicatos socialdemócratas de otros países, es decir, en la reivindicación de una Europa más social. Desde la celebración de las elecciones de 1977 y la solicitud española de adhesión a la CEE, la UGT apoyaría ininterrumpidamente la adhesión española entendiendo, por un lado, que de la misma se derivarían beneficios objetivos para el país —y en concreto para los trabajadores— y, por otro, que la 972 REDERO SAN ROMÁN, Manuel, Estudios de historia de la UGT, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1992, pp. 123-202. Para la historia de la UGT durante la transición, vid. VEGA GARCÍA, Rubén, Historia de la UGT, vol. 6. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994, Madrid, Siglo XXI, 2011, pp. 1-71. 973 AROCA MOHEDANO, Manuela (dir.), Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2011. 974 El documento con el listado de los invitados extranjeros aparece en el libro 20 años avanzando en libertad, 1976-1996, [s. l.], UGT / Fundación Largo Caballero, 1996, pp. 33-34. 975 AROCA MOHEDANO, M., Internacionalismo… op. cit., pp. 67-69. MARTÍNEZ REVERTE, Jorge y REDONDO, Nicolás, Nicolás Redondo. Memoria política, Madrid, Temas de Hoy, 2008, p. 133. 976 AROCA MOHEDANO, M., Internacionalismo… op. cit., pp. 158-163. 322 ampliación hacia el sur debía ser la oportunidad para avanzar en la transformación de la Europa de los mercaderes en la Europa de los trabajadores. José María Zufiaur, secretario de relaciones sindicales, resumiría en estos términos el europeísmo de la UGT en la revista Movimiento Europeo: «La Unión General de Trabajadores ha considerado, desde el propio inicio de los movimientos federalistas, el proceso de integración económica, social y política de los países europeos como un proyecto en el que nuestro país debiera ineludiblemente participar por razones de historia, de su cultura, de sus relaciones internacionales y de la propia estructura económica y social de la población española. »Durante los largos años de la dictadura franquista hemos defendido dentro y fuera de nuestras fronteras la idea europeísta como el modelo de sociedad democrática, la configuración política supranacional a través de la que expresarnos en el concierto mundial de los pueblos, y el logro para los trabajadores de una democracia económica y social avanzada. »Hoy que hemos recuperado la soberanía del pueblo español y las libertades ciudadanas, deseamos reafirmar nuestra profunda convicción de que es en este marco donde debemos insertarnos y trabajar para hacer de los pueblos de Europa comunidades capaces de defender la paz, de defender la democracia, de ampliar la justicia social. »Lamentablemente aquellos ideales que dieron nacimiento a la Comunidad están todavía lejos de convertirse en realidad. Han prevalecido los egoísmos nacionalistas y los intereses de los grupos de presión económica. Lejos de aquella “Europa de los trabajadores” que propugnaba el sindicalismo, hemos asistido a la creación de “Europa, S. A.”, a la medida de las empresas multinacionales […]. »Respecto a los aspectos sociales y de seguridad social, la incapacidad demostrada por la Comunidad para plantear políticas comunes y realizar avances en estos campos ha sido notable. El más llamativo de todos es el que se refiere al desempleo, que afecta a más de 10 millones de trabajadores en el seno de la Comunidad […]. »En definitiva, la única solución al impasse en que se halla la Comunidad es avanzar decididamente hacia la plena unidad europea, comenzando por los organismos políticos. La entrada de España y Portugal debería ser un factor que impulsase dicho proceso»977. En virtud de estos ideales, la UGT suscribiría a lo largo de estos años numerosos acuerdos de la Confederación Europea de Sindicatos que reclamaban cambios como un mayor peso de lo supranacional en el funcionamiento de las instituciones de la CEE, en particular ampliando las competencias del Parlamento Europeo; la adopción de políticas comunes extensas para la lucha contra el desempleo; el aumento coordinado del gasto público de los Estados miembros de la CEE; la reducción simultánea de la jornada laboral en todos los países; la adopción de una política industrial europea que partiera de una estrategia reindustrializadora en común, y el refuerzo de la política 977 ZUFIAUR, José María, «La Comunidad europea y los trabajadores», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), p. 17. 323 regional a través del incremento de los fondos disponibles, especialmente el Fondo Social Europeo. Junto con esto, y al igual que sus correligionarios europeos, la UGT reivindicaba una mayor presencia y poder decisorio del mundo sindical en las instituciones a través de la participación del Comité Económico y Social de las Comunidades (CESE978) en la elaboración de medidas relacionadas con el ámbito del trabajo979. Se trataba, como diría Manuel Simón en un seminario sobre el espacio social europeo organizado por el Movimiento Europeo, de combatir el «predominio de lo económico, por no decir mercantil, sobre lo social», que desde siempre había caracterizado a las Comunidades Europeas, pero que se había agudizado desde el comienzo de la crisis económica a mediados de los años setenta. En este aspecto, como veremos, para la UGT sería prioritaria también la elaboración de medidas tendentes a equiparar las condiciones de trabajo en los distintos países, con especial atención a la situación de los trabajadores migrantes980. Más allá de estos posicionamientos ideológicos, durante la fase de negociación de la adhesión de España a la CEE a los sindicatos les correspondió una función de interlocutores tanto ante el Gobierno español como frente a las instituciones comunitarias, lo cual los obligó —en la medida en que no lo hicieran por su propia inercia— a definir con precisión sus puntos de vista en relación con cada uno de los capítulos de las negociaciones que más afectaban a sus intereses. En el caso de la UGT, fueron varias las iniciativas encaminadas a concienciar a las diferentes secretarías y a los afiliados en general de la importancia de la integración en la CEE y de emprender acciones para defender los intereses sindicales en juego. Así, la secretaría de relaciones internacionales puso en marcha varias jornadas de estudio sobre la integración española en la CEE, en las que difundió información sobre los efectos de la adhesión en políticas como la industrial, la social o la agraria; elaboró material didáctico y animó a cada una de las secretarías a someter las cuestiones comunitarias a discusión y elaborar posiciones propias981. Por su parte, el Gabinete Técnico de la UGT, dirigido por Pedro 978 Para evitar la confusión con el acrónimo de la Confederación Europea de Sindicatos, nos referiremos de forma abreviada al Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas como CESE, acrónimo de Comité Económico y Social Europeo, nombre por el que se ha conocido a la institución después del Tratado de Niza. 979 «Visión sindicalismo UGT cara a la CEE», 15-3-1984, FLC, Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI) 2196/2. 980 «Manuel Simón: “Predominio de lo económico sobre lo social”», Movimiento Europeo, nº 10 (primavera 1985), p. 65. 981 «Conclusiones de las jornadas de estudio sobre la integración española en la CEE», 15-17 de octubre de 1979, FLC, SRI 2099/2. 324 Guardeño, se encargó de reclutar en el sindicato asesores especializados para ayudar a definir sus posiciones sobre los diferentes temas982. Tras el nombramiento, en febrero de 1978, de Leopoldo Calvo-Sotelo como ministro para las relaciones con la CEE, él y su equipo iniciaron una dinámica de reuniones con diversos interlocutores sociales, los sindicatos entre ellos. Tras cada sesión negociadora con la CEE, el ministerio enviaba a los sindicatos dossiers con las declaraciones española y comunitaria en torno a los temas tratados. Cada cierto tiempo tenían lugar también reuniones de información —siempre después de las sesiones hispano-comunitarias— en las que, ya fuera el ministro Leopoldo Calvo-Sotelo o su secretario general adjunto, Luis Sánchez Merlo, informaban a los delegados de la UGT (habitualmente Nicolás Redondo, Manuel Simón y Pedro Guardeño) de los avances registrados983. Un motivo de queja permanente por parte de la UGT sería que estas reuniones fueran únicamente informativas, es decir, que el Gobierno se valiera de ellas para transmitir información a los sindicatos pero que nunca incluyera los puntos de vista de éstos en las posiciones negociadoras españolas, como probaba el hecho de que las reuniones tuvieran lugar siempre después y no antes de las sesiones de negociación984. El procedimiento habitual consistía en que, recibidos los dossiers del Gobierno, el Gabinete Técnico y la Secretaría de Relaciones Internacionales analizaban cada uno de los puntos tratados y elaboraban un informe que servía de aide-mémoire para la posterior reunión con el ministro. Posteriormente remitían un informe sobre la reunión, con la copia del dossier gubernamental, al resto de secretarías985. El sindicato, por otra parte, se aseguraba de hacer llegar al Gobierno documentos en los que manifestaba sus principales preocupaciones y los objetivos que a su juicio se deberían perseguir en cada 982 Entrevista de Manuel Simón con Manuela Aroca, doc. cit., p. 195. 983 Correspondencia del Ministerio para las relaciones con la CEE dirigida a la UGT entre 1978 y 1981, FLC, Secretaría de Acción Reivindicativa, Gabinete Técnico (UGT-REIV), 2283/2. 984 Sin embargo, en el recuerdo de Raimundo Bassols los sindicatos habrían tenido una actitud muy acomodaticia ante el Gobierno en relación con las negociaciones: «Esto estaba organizado. ¿Quién se ocupaba de los sindicatos? Pues se ocupaban los partidos políticos. Porque, aparte de algunos sindicatos libres, los sindicatos eran básicamente la UGT y CCOO, y esos miraban a sus jefes políticos, y los jefes políticos decían: “vosotros no preguntéis demasiado, eso nos conviene a los trabajadores, y a los sindicatos y a nosotros y al partido” […].De manera que los sindicatos inmediatamente entendieron». Entrevista de Raimundo Bassols con el autor, 14-6-2007. 985 Ante la insistencia sindical de tener una parte más activa en las negociaciones, sobre todo en relación con capítulos claves como la agricultura y la unión aduanera, el Gobierno de la UCD no aceptó el establecimiento de un sistema de consultas previas con carácter público, aunque en 1981 admitió la posibilidad de intercambiar información con el sindicato antes de las reuniones con la CEE siempre y cuando ello se mantuviera en secreto. «Informe de la reunión UGT – Ministerio de Asuntos Exteriores (Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas), 26/11/81», FLC, SRI 2099/4. 325 capítulo de la negociación. Así, en 1980 la UGT entregó al Ministro un informe en el que destacaba las cuestiones sociales como aspecto prioritario de la negociación y reclamaba, por encima de todo, la aplicación del principio de libre circulación desde el momento de la adhesión y la eliminación de las limitaciones de derechos a los trabajadores españoles ya residentes en los países de la CEE986. Tras la llegada al poder del PSOE en 1982, las relaciones entre la UGT y el Gobierno en relación con los temas comunitarios entraron en una fase de mejor entendimiento. En la primera reunión mantenida por Simón con el nuevo secretario de Estado para la CEE, Manuel Marín, y su jefe de gabinete, Santiago Gómez-Reino, se decidió que la UGT siempre sería citada por la secretaría de Estado con prioridad sobre Comisiones Obreras, que el sindicato daría su criterio previo a todas las sesiones negociadoras que tuvieran relación con cuestiones laborales y que las federaciones de industria serían asociadas más intensamente al proceso negociador987. A partir de 1984 se dispuso incluso la participación de representantes de la secretaría de Estado en reuniones de comités de distintas federaciones de la UGT para informar en ellas de primera mano de la marcha de las negociaciones988. Además de ante el Gobierno español, la UGT ejerció un papel como grupo de presión ante otros actores involucrados o a los que se suponía cierta capacidad de influencia sobre las relaciones hispano-comunitarias. Por un lado, las propias instituciones principales de las Comunidades Europeas, y en particular la Comisión, pero también el CESE, al que competía la representación de los sectores económicos y sociales de los países miembros y la emisión de dictámenes sobre el curso de las negociaciones; por otra parte, los sindicatos de los países miembros de la CEE, reunidos en la CES; y, por último, las centrales sindicales de los otros países candidatos a la adhesión —Portugal y, hasta 1981, Grecia—, con los que se fomentó la celebración de encuentros y la elaboración de posiciones comunes. En relación con la Comisión Europea, el comisario Lorenzo Natali, incluyó a los sindicatos entre las rondas de visitas y entrevistas que mantenía coincidiendo con sus visitas periódicas a Madrid989. Aunque el propósito de esas entrevistas, mantenidas en el hotel Ritz de Madrid, era también meramente informativo, los sindicatos podían 986 «Síntesis de la postura de UGT ante la negociación España-CEE» (1980), FLC, SRI 1917/5. 987 «Temas tratados en la reunión informal del 17 de enero 83 con Manuel Marín y Santiago Gómez Reino, Palacio de la Trinidad en Madrid», FLC, SRI 1918/1. 988 Simón a Gómez-Reino, 5-11-1984, FLC, SRI 2196/2. 989 Entrevista de Manuel Simón con Manuela Aroca, doc. cit., p. 195. 326 desempeñar a través de esos contactos un papel de apoyo a las posiciones gubernamentales en las negociaciones. De hecho, esta posibilidad ya se había planteado en las reuniones entre el Gobierno y la UGT, y la coincidencia entre la mayoría de las reivindicaciones sociales de la UGT y las posturas negociadoras del Gobierno español en relación con el capítulo social990 favorecieron que el sindicato accediera a prestar esta colaboración y a no desmentir en foros internacionales ciertas afirmaciones del Gobierno sobre políticas de empleo y de promoción de medidas a favor de los parados991. Además, también en varias ocasiones las instituciones europeas invitaron a Bruselas a delegaciones de UGT para conocer de primera mano sus impresiones y posiciones respecto del proceso negociador. En octubre de 1979 acudió a Bruselas una delegación integrada por Manuel Simón y Pedro Guardeño más nueve representantes de diferentes sectores992. De sus conversaciones con varios funcionarios de la Comisión y del CESE993 se obtuvo el compromiso de que éste se interesara formalmente a este último por las opiniones de los sindicatos y otros grupos de presión españoles y les diera cabida de algún modo en sus debates sobre la ampliación994. Junto con la Comisión, el principal interlocutor de los sindicatos dentro de las instituciones comunitarias sería el CESE. Instituido en los Tratados de Roma para la representación ante las Comunidades de los ámbitos social y empresarial, además de otros intereses diversos, de cada uno de los Estados miembros, el CESE no tenía otro papel que el de un órgano consultivo, ofreciendo a través de dictámenes y resoluciones 990 En diciembre de 1977 el Instituto Español de Emigración del Ministerio de Trabajo elaboró un memorándum sobre la cuestión, que fue transmitido a la UGT en diciembre de 1978, y cuyos aspectos principales el sindicato compartía. «Memorándum sobre las relaciones España-CEE en materia de mano de obra», diciembre de 1977, FLC, SRI 2021/7. 991 «Reunión del día 21/mayo/1980 con el Ministro de Relaciones con la Comunidad Económica Europea», FLC, SRI 1859/1. 992 Agustín Daza (metal), Celestino González (textil), Pedro Mompeán (agricultura), José Antonio Saavedra (minas), Fernando Montoro (química), Alberto Periago (transporte), César Brana (alimentación y tabaco), Víctor Martínez Conde (información y artes gráficas) y Juan Enríquez (construcción). 993 En concreto con Pierre Whatelet, consejero de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión; Thomas Barry Braunthalt, jefe del servicio de prensa, información y publicaciones del CESE; Inger Nielsen, directora de la delegación para la ampliación de la Dirección general de Relaciones Exteriores del CESE; Camille Becker, jefe del servicio de información de países candidatos del CESE; y Marco Santopinto, director general de información del CESE. 994 «Informe de la visita realizada a la Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, días 18 y 19 de octubre», 1979, FLC, SRI 2099/3. Mientras duraron las negociaciones se celebraron más encuentros entre representantes de la UGT y de la Comisión Europea, en ocasiones coincidiendo con visitas a Bruselas para participar en reuniones del Comité Ejecutivo de la CES. En septiembre de 1982 la Comisión volvió a invitar a una delegación amplia del sindicato, integrada esta vez por Manuel Simón, Reyes Villela (de la confederación de alimentación), Manolo Gómez (metal), Celedonio Martínez (química), Bernardo Veráldez (tierra) y Ramón Jáuregui (País Vasco) para ofrecerle una serie de conferencias sobre las instituciones y políticas de las Comunidades. «Notas resumidas de las conferencias celebradas en diferentes organismos de la CEE, en Bruselas, por una delegación de UGT a invitación de la Comisión de las Comunidades Europeas», 29-9-1982, FLC, SRI 2196/2. 327 sin valor vinculante su parecer sobre las distintas políticas y actos jurídicos de las Comunidades995. En septiembre de 1977 se constituyó en su seno un grupo específico para el estudio de las relaciones con España, que a lo largo de los años siguientes se dedicaría a recopilar datos y elaborar informes sobre los que el conjunto la institución pudiera adoptar dictámenes y resoluciones996. En marzo de 1978 el presidente del CESE, Basil de Ferranti, se entrevistó por primera vez en Madrid con Calvo-Sotelo997, y en abril un grupo especializado en cuestiones agrarias se reunió con funcionarios españoles998. En junio del mismo año una delegación del CES visitó España y se entrevistó con sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de consumidores y asociaciones agrarias999. Esa visita dio lugar a un primer proyecto de informe, presentado por Claude Evain1000, que sería debatido en sesión plenaria del CESE en julio de 19781001. Tras una nueva visita de estudio en noviembre de 19781002, una nueva versión del informe sería presentada en marzo de 19791003, y permitiría, cotejando estos trabajos con los realizados en relación con las solicitudes portuguesa y griega, la elaboración de un dictamen del CESE sobre la ampliación de la CEE en su conjunto, que sería presentado en septiembre de 19791004. En sus líneas generales, todos estos documentos coincidían con el Fresco elaborado por la Comisión Europea al señalar que la ampliación era necesaria para la estabilidad y el refuerzo de la democracia en el sur de Europa, pero que era igualmente necesario prever adaptaciones a las 995 Sobre la historia del CESE véanse VV. AA., Le Comité Économique et Social Européen. 50 ans de démocratie participative, Bruxelles, CESE, 2008. BERNARD, Nadine; LAVAL, Claude; NYS, André, Le Comité Économique et Social, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1972. GREENWOOD, Justin, Representing interests in the European Union, Basingstoke, Macmillan, 1997. SERRA CRISTÓBAL, Rosario, El Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, Madrid, McGraw-Hill, 1996. VARSORI, Antonio, Il Comitato Economico & Sociale nella costruzione europea, Venezia, Marsilio Editore, 2000. 996 «188 Réunión du Bureau du Comité Économique et Social tenue le 27 septembre 1977», Archivo del Comité Económico y Social Europeo (ACESE), caja 1141, carpeta 1. 997 Basil de Ferranti a Calvo-Sotelo, 30-3-1978, ACESE, 1141/2. 998 «Résumé des entretiens que MM. D’Ansembourg et Laval ont eus à Madrid le 13 avril 1978 en vue de préparer la visite des groupes d’etude des sections des relations extérieures et de l’agriculture», 14-4-1978, ACESE, 1141/2. 999 «Compte rendu de la visite de la Délégation du Comité économique et social en Espagne du 5 au 7 juin 1978», CD 50/78, 14-8-1978, ACESE, 1141/2. 1000 «Projet de première étude de la section des relations extérieures sur “Les relations de la Communauté avec l’Espagne”», CES 74/78, 23-6-1978, ACESE, 1141/3. 1001 Compte rendu des délibérations du Comté économique et social sur “Les relations entre la Communauté et l’Espagne”», CES 858/78, ACESE, 1142/4. 1002 «Les relations de la Communauté avec l’Espagne (poursuite de l’étude de la section des relations extérieures)», R/CES 1184/78 pe, 12-12-1978, ACESE, 1142/6. 1003 «Avant-projet d’étude révisé de la section des relations extérieures sur “Les relations de la Communauté avec l’Espagne”», R/CES 247/79 rév. pe, 28-3-1979, ACESE, 1143/8. 1004 COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Élargissement de la Communauté Européenne. Grèce – Espagne – Portugal. Avis, Bruxelles, CESE, 1979. 328 estructuras institucionales de la Comunidad y enfrentar los problemas que se planteaban en los sectores industrial y agrícola1005. En junio de 1979 el pleno del CESE aprobó la idea de celebrar una conferencia en Bruselas para reunir a representantes de las instituciones comunitarias con los principales interlocutores sociales de los países candidatos a la adhesión1006. Por parte española serían invitados representantes de UGT, CCOO, la USO, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, el Consejo General de Abogados, la Organización de Consumidores y Usuarios y las principales organizaciones profesionales agrarias1007. Por lo que nos interesa ahora, la participación de la UGT en la conferencia, que finalmente tuvo lugar en junio de 1980, se concretó en una ponencia a cargo de Manuel Simón, en la que sintetizó los fundamentos del europeísmo del sindicato en relación con la construcción de una Europa más social: «La UGT ha manifestado desde mucho tiempo atrás una posición favorable a la adhesión de España a las Comunidades Europeas y ha tratado de orientar su acción tanto política como sindical bajo la óptica que impone el proceso de integración. »La Unión General de Trabajadores está decidida a apoyar, pese a todas las dificultades de las que somos plenamente conscientes, la adhesión de nuestro país a las Comunidades Europeas. »Con ello entendemos que cumplimos con nuestra misión como sindicato de clase y en la línea del sentir internacionalista de los trabajadores, de colaboración con los otros pueblos progresistas de la Europa occidental […]. »La óptica de la Unión General de Trabajadores, al apoyar la entrada de España en el Mercado Común, es la de hacer de las Comunidades un centro de política económica y social progresista que modifique profundamente las relaciones de producción entre los distintos grupos sociales de cara a la transformación de la sociedad de los pueblos europeos. »Sabemos que, hasta la fecha, éste no ha sido el enfoque prioritario de las actividades comunitarias. Antes al contrario, el proceso de integración ha puesto de manifiesto que los grandes beneficiarios han resultado ser las multinacionales, los grupos de presión económica y en general los intereses alejados de la influencia de los trabajadores. »[…] La Unión General de Trabajadores tiene el firme propósito de hacer de la Europa del futuro una entidad dedicada a poner al servicio de los trabajadores los frutos del progreso económico y social en un marco de libertades públicas y privadas que caracterizan la evolución de nuestros pueblos europeos, a la vez que recalcamos nuestra convicción de que tal proceso debe llevarse a cabo por todos los países de Europa occidental de manera solidaria. 1005 TROUVÉ, Matthieu, L’Espagne et l’Europe. De la dictature de Franco à l’Union européenne, Bruxelles, Peter Lang, 2008, p. 256. 1006 Sjouke Jonker, presidente del sub-comité Ampliación, a Rafaele Vanni, presidente del CESE, 11-7- 1979, ACESE, 1274/11. 1007 «Plan de travail révisé. Préparation de la conférence avec les organisations des pays adhérents», 20-5- 1980, ACESE, 1275/12. 329 »[…] Desde una perspectiva sindical, no podemos menos que lamentar el hecho de que el proceso de integración europeo haya avanzado mucho más en los aspectos económicos que en los sociales. »Nos inquietan sobre todo los retrasos excesivos que han tenido todas las proposiciones de la Comisión en el campo de los asuntos sociales, la lentitud con la que el Consejo examina y aprueba las medidas legislativas y reglamentarias tendentes a hacer progresar los aspectos sociales de la integración y nos preocupa el hecho de que el Consejo Económico y Social sólo disponga de un carácter consultivo a la hora de hacer realidad las medidas sociales comunitarias. »Nosotros estamos dispuestos a trabajar para que estos órganos comunitarios ejerzan en todos los campos de su ámbito una acción progresista y antepongan a los intereses meramente económicos aquellos que afectan a las clases trabajadoras»1008. Entrando en los aspectos más concretos de la adhesión española, Simón reivindicó el derecho de libre circulación para los trabajadores españoles en la CEE, la normalización tras la adhesión de la situación laboral de los españoles residentes en el resto de países miembros, la creación de políticas de empleo comunes y un mayor peso de la política de desarrollo regional. Denunció, además, la actitud obstaculizadora del Gobierno francés (la conferencia tuvo lugar tres semanas después del giscardazo) y expresó la preocupación del sindicato por los efectos que la adhesión tendría en determinados sectores económicos españoles que la Comisión Europea consideraba sobredimensionados, como la siderurgia1009. Dejando atrás esta conferencia, en la que, como podremos ver más adelante, el resto de participantes españoles expresaron inquietudes similares1010, y que concluyó con una declaración del presidente del CESE, Rafaelle Vanni, de rotundo apoyo a la adhesión española1011, el CESE continuó interesándose por España y manteniendo contactos con los interlocutores españoles, la UGT entre ellos. En junio de 1981 la sección de agricultura del CESE invitó a Bruselas a una cuarentena de delegados españoles en representación de los sindicatos y organizaciones agrarias1012, en el curso de los trabajos que el comité desarrollaba sobre el capítulo agrícola de las negociaciones. A fines de 1983 el grupo de estudio sobre la ampliación inició la elaboración de un 1008 «La UGT ante la integración de España en las Comunidades Europeas», 28-6-1980, pp. 3-7, FLC, SRI 2099/4. 1009 Transcripción de la conferencia Élargissement, session extraordinaire du 27 juin 1980, pp. 1030/1- 1031/1, ACESE 1275/13. 1010 Según Manuel Medina, que redactó un informe de la conferencia para el sindicato, hubo unanimidad en la delegación española en relación con los aspectos fundamentales de las negociaciones, con independencia de que cada organización defendiera con mayor énfasis sus intereses particulares. «Asistencia de representantes de la UGT a la reunión convocada en Bruselas por el Comité Económico y Social de la Comunidad Europea durante los días 25 a 27 de junio de 1980», FLC, SRI 1922/1. 1011 «Completo apoyo a la ampliación comunitaria», Pueblo, 28-6-1980. 1012 Communiqué de presse: «Délégation espagnole participe à une reunión du Comité économique et social», 4-6-1981, ACESE, 2329/3. 330 nuevo informe, con las consiguientes visitas a las autoridades y a grupos de interés. En junio de 1984, un informe sobre una visita de una delegación del CESE a Madrid el mes anterior constataba que, pese a la fatiga producida por los años de retrasos, la voluntad de adherirse a la CEE continuaba intacta, cuando no más profunda aún, en los interlocutores sociales españoles1013. Finalmente, el 4 julio de 1984 el CESE aprobó un nuevo dictamen sobre la ampliación, en que señalaba que España y Portugal debían adherirse a la CEE en la misma fecha (el 1 de enero de 1986) y adoptaba posiciones más o menos moderadas en relación con las cuestiones más controvertidas: proponía un período de transición corto para la aplicación de la libre circulación de trabajadores, siete años para la supresión de los derechos de aduana en productos industriales y agrícolas (ocho para el aceite de oliva y el vino), la modificación del régimen fiscal español para la eliminación de subvenciones encubiertas y la aplicación del IVA desde la adhesión1014. Además del CESE y de la CES, de la que nos ocuparemos separadamente más adelante, la UGT también interactuó en el exterior con algunos de los sindicatos de Portugal y Grecia, y de forma especial con la União Geral de Trabalhadores de Portugal. En febrero de 1980 ambos sindicatos emitieron un comunicado conjunto en que, reiterando el mutuo apoyo a la adhesión de España y Portugal a la CEE, se comprometían a establecer contactos entre comisiones especializadas para el seguimiento del proceso de adhesión1015. Semanas después, las dos centrales celebraron una conferencia en Madrid con la Confederación General de Trabajadores Griegos con el objeto de establecer un frente común para la defensa de los intereses sociales en la ampliación de la CEE1016. Por lo que se refiere a las posiciones mantenidas por la UGT en relación con los principales capítulos de las negociaciones hispano-comunitarias, las cuestiones sociales, la unión aduanera y la industria fueron los aspectos a los que prestó mayor atención. Tanto el Gabinete Técnico como la Federación de Trabajadores de la Tierra dedicaron también varios estudios a la cuestión de la agricultura, otro de los capítulos esenciales, si 1013 «Rapport élaboré par le secrétariat à la suite de la visite d’information effectuée à Lisbonne et Madrid du 13 au 18 mai 1984», ACESE, 1667/5. 1014 «Compte rendu des déliberations du Comité économique et social sur “L’élargissement de la Communauté au Portugal et à l’Espagne”, 218ème sesión plénière tenue a Bruxelles, au Centre Borschette les 4 et 5 juillet 1984», CES 687/84, ACESE, 1668/8. 1015 «Comunicado conjunto UGT de Portugal – UGT de España el 10 de febrero de 1980, Lisboa», FLC, SRI 2099/3. 1016 «I Conferencia sindical sobre la ampliación de la CEE, Madrid, 17-18/3/80», FLC, SRI 2099/3. 331 bien la autonomía de las organizaciones agrícolas y el peso relativamente menor de éstas en el conjunto de la UGT, relegó las cuestiones agrarias a un segundo plano en las posiciones y manifestaciones del sindicato. Sin duda el capítulo que ocupó el primer lugar en el orden de prioridades de la UGT durante la negociación fue el de los asuntos sociales. Más allá de las cuestiones concretas contempladas en el mismo, como las políticas sobre condiciones de trabajo o la lucha contra el desempleo, las cuestiones sociales tenían carácter transversal, en la medida en que todos los cambios económicos derivados de otros aspectos de la integración repercutirían sobre los trabajadores tanto en el plano profesional como en el plano social1017. Por otra parte, la negociación hispano-comunitaria coincidió en el tiempo con un escenario de crisis económica, tanto en España como en la Comunidad, una de cuyas principales consecuencias fue un aumento acelerado del desempleo1018. La estructura ocupacional española, más anticuada que la media comunitaria, con un peso menor de la población activa respecto del conjunto de la población (un 34,54% a la altura de 1980, mientras que los Estados miembros de la CEE se situaban entre el 35% y el 50%), y con una presencia todavía amplia del sector primario en la ocupación (por encima del 15%)1019, era otro de los aspectos que habían sido recogidos ya por la Comisión Europea tanto en el Fresco como en el dictamen sobre la adhesión española. Ante estas circunstancias, la UGT identificaba una serie de riesgos y problemas en la adhesión a la CEE, que debían ser tenidos en cuenta en la negociación: por un lado, la despoblación de las regiones más pobres —por lo general, ya poco pobladas de por sí—, al facilitarse la movilidad geográfica de los trabajadores; en segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el agravamiento del subdesarrollo regional, acentuándose las diferencias de riqueza entre regiones; en tercer lugar, la crisis y posible desaparición de aquellos sectores económicos que no estuvieran en condiciones de competir en el mercado comunitario. A ello se sumaba, en un escenario de desempleo creciente, el incremento del paro y el subempleo juvenil1020. Una de las reivindicaciones que la UGT repetiría con mayor insistencia en sus reuniones con el Gobierno y con las instituciones comunitarias sería la de la aplicación 1017 «La Unión General de Trabajadores ante la adhesión de España a las Comunidades Europeas», 1980, FLC, SRI 2196/2. 1018 Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), entre 1975 y 1985 el desempleo en España evolucionó de un 3,74% a un 20,75% de la población activa. TAMAMES, Ramón, La economía española, 1975- 1995, Madrid, Temas de hoy, 1995, p. 546. 1019 «Los aspectos sociales de la integración», 1980, FLC, SRI 2099/3. 1020 «España ante la CEE. Aspectos sociales», 1980, FLC, SRI 1917/5 332 de la libre circulación para los trabajadores españoles desde el momento de la adhesión, aspiración que el Gobierno español compartía y que varios de los Estados miembros — especialmente la República Federal Alemana y Luxemburgo— no parecían dispuestos a conceder, siendo partidarios de una moratoria de al menos siete años. En sus informes sobre la cuestión, la UGT defendía que se esgrimiera, frente al discurso de esos países, que el grueso de la emigración española a Europa ya se había producido en los años sesenta y setenta, y que no era de temer que oleadas de españoles cruzaran de nuevo los Pirineos como años atrás. Además, era importante recordar que la libertad de circulación permitiría los flujos en todos los sentidos, es decir, también la absorción de trabajadores por el mercado laboral español. Por lo demás, la UGT era partidaria de que España participara en el sistema comunitario de difusión de ofertas y demandas de empleo desde antes incluso de la adhesión1021. Respecto de los trabajadores españoles ya instalados en los países de la CEE, la UGT juzgaba primordial eliminar desde el mismo momento de la adhesión todas las limitaciones a sus derechos, especialmente en lo referente al asentamiento familiar, escolarización de los hijos de los emigrantes, prestaciones sociales, derechos sindicales y relaciones laborales en general, aspectos en los que la Comisión Europea era partidaria de imponer plazos transitorios entre los tres y los cinco años1022. Según exponía un informe de Adolfo Llopis Brave —miembro del Consejo General de la UGT y fundador de la agrupación local de Dusseldorf—, el retraso en la aplicación de la libre circulación dejaría a los trabajadores españoles al albur de las legislaciones nacionales en materia de expulsión, pues la legislación comunitaria al respecto sólo tenía vigencia en aquellos casos en que la libertad de circulación era reconocida1023. A la postre, la mayor parte de estas reivindicaciones no serían alcanzadas en el Tratado de adhesión. A comienzos de 1984 la Comisión Europea presentó su propuesta para el capítulo social, que proponía largos períodos transitorios para la normalización de la situación de los trabajadores españoles en la Comunidad (especialmente para su establecimiento en Luxemburgo, donde el período transitorio se extendería a diez años), aunque ofreciendo una garantía de preservarlos de ulteriores restricciones (stand still). Las reuniones entre el Gobierno y la UGT mostraron el 1021 «Negociaciones España-CEE: libertad de circulación de trabajadores y política social», 1980, FLC, SRI 2099/3. 1022 SIMÓN, Manuel, «La libre circulación en la Europa comunitaria», Movimiento Europeo, nº 9 (invierno 1984/85), pp. 12-14. 1023 Adolfo Llopis, «Emigración y ampliación de las Comunidades Europeas», FLC, SRI 2196/2. 333 acuerdo de ambas partes para tratar de modificar las condiciones en el Tratado, lo que no sucedería1024. Respecto de otros aspectos contenidos en el capítulo social, la UGT se posicionó a favor de la aplicación de la normativa comunitaria sobre seguridad social desde el momento de la adhesión, lo que requeriría un esfuerzo por parte de la administración española de ampliación y mejora de los servicios existentes, teniendo en cuenta que los trabajadores comunitarios residentes en España (unos 200.000 a la altura de 1980) podrían acogerse a ellos. España tendría que esforzarse también por desarrollar una formación profesional homologable a la comunitaria y actualizar la legislación sobre higiene, seguridad y medio ambiente en el trabajo para poder adaptarse a las directivas comunitarias1025. En relación con la unión aduanera para productos industriales, la posición de la UGT partía de la constatación de la relativa debilidad de buena parte de la industria española para competir en el marco de las Comunidades, lo que explicaría el interés de éstas por una apertura rápida del mercado español a las empresas europeas, que permitiera a éstas, en virtud de sus ventajas financieras y tecnológicas, alcanzar posiciones de predominio. Frente a ello, la postura española debería consistir en la defensa de un período transitorio largo, de entre cinco y diez años, que permitiera la adaptación de su tejido productivo al mercado comunitario. La UGT proponía «…una adopción suave, flexible, y de acuerdo con las circunstancias de los distintos sectores industriales, a la plena competencia con las empresas comunitarias. En otras palabras, es preferible definir un período transitorio para la unión aduanera industrial largo que el tener que recurrir a medidas de apoyo a los sectores productivos españoles cuando éstos se encuentren en dificultades derivadas de una adaptación demasiado rápida exigida por el establecimiento de unos derechos de base reducidos1026. Dados los niveles de protección existentes actualmente en España, en particular los que se refieren a determinados sectores como el textil, metalurgia de base, siderurgia, transformados metálicos, vehículos industriales y comerciales, maquinaria eléctrica y mecánica y bienes de equipo, la lógica que permita mantener una actividad importante en estos sectores en los próximos años exigirá irlos abriendo progresivamente a la competencia comunitaria e irles permitiendo adaptaciones suaves y progresivas a partir del nivel inicial de la protección existente»1027. 1024 Gabinete Técnico Confederal, «Informe sobre la reunión expositiva de la postura española sobre el documento social e la CEE (Palacio de la Trinidad, 16-2-84), FLC, SRI 2196/2. «Nota de UGT sobre el documento social de la CEE», 3-2-1984, FLC, SRI 2196/2. 1025 «La Unión General de Trabajadores ante la adhesión…» doc. cit., pp. 4-6. 1026 Los derechos de base son los niveles de protección arancelaria que se establecen como punto de partida para su reducción durante el período transitorio. UGT proponía —y así se cumpliría en la práctica— que coincidieran con los marcos fijados por el acuerdo comercial hispano-comunitario de 1970. 1027 «La Unión General de Trabajadores ante la adhesión…» doc. cit., p. 12. 334 Era necesario, además, adoptar prevenciones específicas en los sectores más delicados. Por ejemplo, la debilidad tecnológica de España frente a la Comunidad requería establecer algún mecanismo para el apoyo a la creación de empresas productoras de bienes de equipo de alta tecnología y los sectores que fomentaran fuentes de energía alternativas. Sin embargo, buena parte de las intervenciones estatales en sectores claves de la industria dejarían de ser posibles tras la adhesión a la CEE, como la desgravación fiscal a la exportación o las ayudas a sectores de interés preferente, de las que se beneficiaban los sectores del automóvil, aeronáutica, electrónica e informática. A todo ello se sumaba la necesidad de adaptarse a las normativas medioambientales comunitarias, que exigiría fuertes inversiones a sectores como la siderurgia, el cemento, la petroquímica y el textil1028. Descendiendo al análisis de las consecuencias que la entrada en la CEE tendría para los distintos subsectores industriales, el Gabinete Técnico de la UGT preveía1029: —Para el caso de la minería, más consecuencias positivas que negativas, al ser la CEE el principal destino de las exportaciones españolas en el ramo, y origen de sólo un 5,5% de las importaciones. Con todo, algunos productos, como la pirita, serían previsiblemente liquidados por la libre importación de azufre, y otros, como el hierro y el flúor, serían perjudicados por la eliminación de las desgravaciones fiscales. —En la siderurgia, era fundamental para la UGT que la adhesión a la CEE permitiera mantener el ritmo de producción precedente, que permitía que un 40% de la misma fuera exportado a los países comunitarios, y que se pudiera continuar con la aplicación del plan de reconversión puesto en marcha por el Gobierno de la UCD, que preveía mantener la producción con escasas pérdidas de puestos de trabajo para el año 1985. —En metalurgias no férreas y transformados metálicos, algunos subsectores —el aluminio, el cobre, el zinc— deberían beneficiarse de la adhesión para penetrar más fácilmente en el mercado europeo, pero en otros, como el plomo, serían necesarias cuantiosas inversiones para adaptarse a las normativas comunitarias. 1028 Ibíd., pp. 16-23. 1029 PARAJÓN, Vicente, «La industria española ante las Comunidades Europeas», Información Comercial Española (junio-julio 1979), pp. 61-73. «La UGT ante la integración de España en las Comunidades Europeas. Simposio siderurgia Oviedo, 29 de junio 80», FLC, Fondo Secretaría General – Gabinete Técnico 3112/3. Luis Carlos Croissier, «La industria española ante la CEE», 1978, FLC, SRI 2099/3. Fernando Balcells, «La industria española ante la integración en la CEE. La industria textil», 1978 FLC, SRI 2021/4. Juan Manuel Kindelán, «La siderurgia española ante la integración de España en la CEE», FLC, SRI 2099/3. UGT-Metal, «Comunidad Económica Europea», 1984, FLC, SRI 2196/2. 335 —En maquinaria mecánica y eléctrica, pese al crecimiento acumulado desde los años sesenta eran previsibles dificultades por la escasa dimensión de las empresas, su debilidad financiera e insuficiente especialización y por la dependencia tecnológica de otros países. La incorporación a la CEE exigiría un proceso de concentración industrial que pudiera permitir a España especializarse en la exportación de tecnologías de tipo medio a países en desarrollo. —En la construcción naval, amenazada por la caída de la demanda y la fuerte competencia asiática, era fundamental que el Gobierno tratara de extender al máximo posible el calendario del desarme arancelario en tanto se activara algún plan de reestructuración con fondos de la Comunidad. —En el sector de la automoción, la adhesión a la CEE permitiría agilizar las dinámicas de asociación de capital en Europa para hacer frente a la competencia asiática. —Dentro de las industrias químicas, la petroquímica, el plástico, los fertilizantes, las fibras químicas y el cloro se enfrentarían a un futuro incierto, por la sobreproducción existente en la CEE y por las nuevas normas medioambientales. —Por último, en relación con la industria textil era importante que el Gobierno hiciera valer ante la CEE su alto valor en puestos de trabajo para el país, para evitar que se agudizara la crisis que venía sufriendo como consecuencia de la situación de ventaja, dentro del mercado comunitario, de los productos textiles procedentes del Tercer Mundo (en aplicación del acuerdo Multifibras del GATT de 1974). En conclusión, según las estimaciones del Gabinete Técnico de la UGT, aquellos subsectores más problemáticos, por tener mayores necesidades de adaptación y peores perspectivas de futuro (varias parcelas del sector químico, ciertas maquinarias, electrónica, auxiliar naval, piritas y otros) sumaban el 15% de la producción industrial española. Otros subsectores, aun gozando de buenas perspectivas de mercado, requerirían para mantenerse de importantes inversiones, para las que el Gobierno debería obtener el apoyo de la Comunidad. Tal sería el caso de petróleo, el papel, o la siderurgia. Por último, en torno a un 20% de la producción industrial debería verse directamente beneficiado por la adhesión por gozar de mejores condiciones competitivas —construcción de vehículos de turismo, muebles, manufacturas de caucho y plástico, parte del textil—, siempre y cuando esas condiciones no se vieran mermadas en el acta de adhesión. 336 En relación con la agricultura, la UGT también preveía consecuencias beneficiosas, pero con notables diferencias entre los productos y las regiones. En aquellos productos en los que España tenía capacidad exportadora, como el aceite, las frutas y las legumbres mediterráneas, la adhesión en teoría debía comportar ventajas por cuanto permitiría superar la situación precedente, en la que, pese a las ventajas obtenidas en el acuerdo de 1970 para la exportación de productos agrícolas a la CEE (con una rebaja arancelaria media del 21%), la adopción por ésta entre 1975 y 1977 de nuevos acuerdos con otros países mediterráneos1030, cuyos productos entraban en la Comunidad sin pagar aranceles, había dejado a España en desventaja1031. Por otra parte, la adhesión supondría una oportunidad para la modernización de las estructuras de la agricultura española (a la altura de 1975, la media en España era de un tractor por cada 55 hectáreas cultivadas, una quinta parte de la media de la CEE, y más del 30% de la población activa agrícola la constituían asalariados sin tierra), pero también implicaba la necesidad de reorientar parte de la producción y agilizar la comercialización hacia el exterior. Del mismo modo que era previsible que los salarios agrícolas españoles crecieran para aproximarse a los de la CEE, sería inevitable que ciertos productos típicos, sobre todo de la agricultura y la ganadería cantábricas (como el maíz y la leche), se vieran desplazados por la competencia comunitaria. Por todo ello era necesario negociar con la Comunidad períodos transitorios y condiciones especiales que permitieran la adaptación progresiva de los sectores más delicados, así como la obtención de ayudas económicas para su transformación. En cuanto a los productos más significativos y su tratamiento en las negociaciones, el vino español no debería ser percibido como una amenaza por los otros productores europeos (léase Francia e Italia), dada la alta demanda interna, que dejaba escaso margen para la exportación, mientras que España sí podría posicionarse junto con esos países, una vez dentro de la CEE, para lograr una reforma del reglamento comunitario más conforme a sus intereses. También en relación con las frutas y hortalizas era primordial la reforma de la protección comunitaria, juzgada insuficiente para los productos mediterráneos. La adhesión facilitaría la exportación sobre todo de agrios, en los que la CEE distaba mucho de ser autosuficiente, pero no tenían fundamento, según 1030 En esos años la CEE firmó acuerdos de libre cambio y cooperación con Israel, Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Siria, Jordania y Líbano, además de otros acuerdos mejorando las condiciones comerciales de Turquía, Yugoslavia, Chipre y Malta. 1031 Luis Velasco y Vicente Parajón, «El acuerdo preferencial de 1970 España-CEE», 18-4-1978, FLC, SRI 1917/5. 337 la UGT, los discursos catastrofistas que desde Francia o Italia anunciaban que la fruta española inundaría la CEE tras la ampliación. Por un lado, el comercio frutícola estaba necesariamente marcado por la estacionalidad, y las condiciones climáticas permitían que en varios casos (como las peras o los melocotones) los productos españoles llegaran a los mercados europeos con semanas de antelación respecto a los italianos o los franceses. Por otra parte, la estructura distribuidora española, compuesta por numerosas empresas de escasa dimensión, estaba escasamente preparada para competir con las grandes cadenas distribuidoras de Israel o Marruecos1032. En cualquier caso, los recelos de los otros países mediterráneos condicionaron, como es sabido, todo el proceso de las negociaciones, y el capítulo agrícola no se introdujo verdaderamente en las mismas hasta su etapa final. Pese a que, como se ha dicho, la agricultura no figuraba entre las prioridades de la UGT en la negociación, el sindicato se posicionó contra la postura del Consejo de Ministros de la CEE, decidida en febrero de 1984, de plantear un período transitorio general de diez años para la entrada de la agricultura española en la Comunidad, e instó al Gobierno español a rechazarla y a buscar el equilibrio con el resto de paquetes de la negociación, y en concreto el industrial1033. Respecto de otros aspectos de las relaciones entre España y la Comunidad, las posturas defendidas por la UGT se mantuvieron en términos generales bastante próximas a las del Gobierno español. En relación con la pesca, por ejemplo, la aplicación por parte de la CEE del principio de las doscientas millas de zona económica exclusiva a partir de 1977 dio lugar a un contencioso con España, cuya flota operaba hasta entonces con libertad en el mar del Norte, y se vio desde entonces sometida a un régimen de licencias anuales —siempre juzgadas insuficientes desde el sector pesquero español— por parte de la Comunidad1034. La UGT juzgaba que, con independencia de las motivaciones reales que pudieran existir para reducir la pesca de determinadas especies por criterios biológicos de conservación de las mismas, la actitud restrictiva de la CEE hacia España respondía más bien al designio de expulsar a los pescadores 1032 Enrique Ballesteros, «Problemática de la agricultura española ante la adhesión de España a la CEE», FLC, SRI 2099/3. Jesús Maroto de las Heras, «Precios agrarios en la CEE y España. Un acuerdo cada vez más difícil», FLC, SRI 2099/3. «Adhesión de la agricultura española a las Comunidades Europeas», FLC, SRI 2099/3. 1033 Nota sobre la declaración del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE, 21-2-1984, FLC, SRI 2196/2. 1034 Esta cuestión es analizada pormenorizadamente en GUIRAO, Fernando, «The establishment of the 200-mile EEC exclusive fishing zone and Spain: An oceanic dispute at the worst moment, 1976-77», working paper 30/2004, Universidad Pompeu Fabra. 338 españoles para situar al país en una posición desventajosa a la hora de negociar el capítulo pesquero de su adhesión1035. En relación con la fiscalidad, la UGT apoyó la pretensión, compartida también por la patronal, de retrasar la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, exigida por la Comunidad desde el momento de la adhesión1036. También en el ámbito regional la UGT realizó estudios sobre los efectos de la incorporación a la CEE. Por un lado, la dinámica de integración económica era percibida como un peligro por la posibilidad de incrementar los ya acusados desequilibrios regionales en España, ampliados en las últimas décadas como consecuencia de la política desarrollista del franquismo, pero, al mismo tiempo, la CEE contaba con los instrumentos —el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la actuación del Banco Europeo de Inversiones— para tratar de combatir y paliar esos desequilibrios, siempre que mediara al respecto la voluntad del Gobierno español1037. En algunas regiones sujetas a circunstancias específicas que afectaban a su relación con la CEE, como Canarias, la UGT siguió con atención en el ámbito regional el desarrollo de las negociaciones e insistió en la defensa de intereses concretos. Así, UGT de Canarias reivindicaría la no inclusión de la región en la unión aduanera ni en la política agrícola común, aunque manteniendo la exportación de plátanos sin aranceles a la Península y a Baleares, tal como finalmente recogería el Tratado de adhesión1038. Cuando, entre marzo y junio de 1985, se fueron cerrando los últimos flecos de la negociación y se dio a conocer el contenido del Tratado, la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT ofreció una valoración positiva del mismo1039. En la evaluación de los acuerdos finales cobró especial importancia, como no podía ser de otro modo, el capítulo social. Pese a que finalmente la CEE introdujo un período transitorio de siete años para la libre circulación por el territorio de los trabajadores españoles, el sindicato expresó su satisfacción por los éxitos alcanzados en otras parcelas del capítulo, en particular por la igualdad de trato obtenida por los trabajadores españoles ya residentes en la CEE respecto a los de otros países comunitarios, incluyendo el libre acceso al 1035 Miguel Oliver y Esteban Salas, «El sector pesquero y el ingreso de España en la CEE», 1978, FLC, SRI 2021/8. 1036 Julián Campo Sainz de Rozas, «El sistema fiscal español y su adaptación al sistema fiscal de la CEE», 1978, FLC, SRI 2021(8. 1037 Juan Manuel Eguiagaray, «Nota sobre los problemas regionales de la adhesión de España a la CEE», 1978, FLC, UGT-REIV 2283/2. 1038 «Posición de la UGT-Canarias ante la integración en la CEE, Las Palmas, 23 de noviembre de 1983», FLC, SRI 1918/1. 1039 Comunicado de prensa de la Comisión Ejecutiva Confederal: «La CEE, marco idóneo para la solidaridad», 29-3-1985, FLC, SRI 2196/2. 339 empleo de los familiares de los emigrantes, la totalización de los períodos de seguro y empleo y la posibilidad de transferir las prestaciones de un Estado a otro1040. Pese a las limitaciones reales impuestas sobre algunos de estos derechos (por ejemplo, los familiares de los emigrantes que no residieran aún en el país de destino tendrían que hacerlo durante tres años antes de tener libre acceso al empleo), y pese a que en algunos capítulos, en particular el agrícola y el industrial, el Tratado no satisfizo las demandas que el sindicato había planteado durante las negociaciones, en el momento de pronunciarse sobre la adhesión la UGT concedió prioridad a su significado histórico y a las posibilidades que se abrían para la lucha sindical en el nuevo marco europeo, alineándose así con el discurso mayoritario entre los partidos políticos y las organizaciones sociales. 4.1.2. Comisiones Obreras Desarrolladas a partir de la involucración de militantes comunistas y de Acción Católica en diversos conflictos laborales desde los años cincuenta, las Comisiones Obreras se habían articulado progresivamente a través de la táctica del entrismo, esto es, de la penetración en las estructuras del sindicato vertical franquista a través de la participación en las elecciones sindicales, y convirtiéndose en un actor relevante en las negociaciones colectivas1041. Las tentativas de asentarse como un movimiento sociopolítico chocaron con la actitud represora del régimen franquista, cuya máxima expresión fue la celebración en 1974 del llamado Proceso 1001, por el que diez dirigentes de CCOO fueron condenados a penas de cárcel por pertenencia a una organización ilegal1042. Tras la muerte de Franco, y al calor de la recuperación de las libertades sindicales, CCOO emprendió la tarea de su legalización y reconocimiento como sindicato. En julio de 1976 celebró una asamblea clandestina en Barcelona en la que se adoptó la decisión de reconvertir el movimiento en una central sindical1043. En esas mismas fechas CCOO 1040 «Repercusiones para los trabajadores españoles con el ingreso de España en la CEE», 18-4-1985, FLC, SRI 2196/2. 1041 Sobre la estrategia sindical de CCOO durante el franquismo, SARTORIUS, Nicolás, El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos sobre Comisiones Obreras, Barcelona, Laia, 1977. 1042 Sobre los orígenes de CCOO, vid. RUIZ, David (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid Siglo XXI, 1994. 1043 Asamblea General de CC.OO. Barcelona 1976, Barcelona, Laia, 1977. XXV Aniversario de la Asamblea de Barcelona, 1976-2001, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2001. 340 constituyó junto con la UGT y la Unión Sindical Obrera la Coordinadora de Organizaciones Sindicales como organismo sindical unitario, estructura que sería desmantelada en marzo de 19771044. La celebración de las elecciones de 1977, y sobre todo las elecciones municipales de 1979, reforzarían los vínculos entre el PCE y CCOO, al aportar éstas a aquél buena parte de sus cuadros y candidatos electorales, sobre todo en poblaciones menores. CCOO fue legalizada en abril de 1977 y en 1978 celebró su primer Congreso Confederal, ya como Confederación Sindical1045. Los singulares orígenes de CCOO como movimiento popular, sin estructuras dirigentes definidas ni líneas ideológicas precisas, habían impedido que se inscribieran, a diferencia de la UGT, en ninguna corriente de pensamiento europeísta durante los años de la dictadura franquista. Del mismo modo, CCOO no estaba integrada en la CIOSL ni en la CES —aunque desde fechas tempranas trataría de acceder a ésta—. Tampoco lo estaba en la Federación Sindical Mundial (FSM), que agrupaba a los sindicatos de los países socialistas, pese a que los contactos con ella eran mucho más fluidos. Con todo, en los últimos años de la dictadura CCOO también se había beneficiado de la solidaridad del sindicalismo internacional y en concreto del europeo. Para dar a conocer en el exterior la existencia y la lucha de CCOO se había creado en París la Delegación Exterior de Comisiones Obreras (DECO), que se mantenía en contacto con diversos sindicatos de Europa occidental1046. Por otra parte, en los años de la transición la asociación del movimiento al PCE dio pie a que se reprodujeran en su seno los debates en torno a la adopción de la línea eurocomunista y a la progresiva desvinculación del dictado de Moscú. Por lo que se refiere al proceso de integración europea, el sindicato comenzaría a definir sus posiciones en relación con los diferentes aspectos de la adhesión española en 1978, pero el trabajo sobre el tema se intensificaría a partir de 1980. Entre tanto, la idea de partida de que se apoyaba la adhesión —y el propio proyecto de integración europea— fue asumida como algo consustancial al proceso de transición democrática, paralelamente a otras organizaciones y partidos, y dentro de una línea de actuación que buscaba alejarse progresivamente de la influencia de la FSM y aproximarse a los grandes sindicatos de Europa occidental. 1044 El proyecto de unidad sindical de la COS, tal como era visto desde CCOO, es defendido en ARIZA, Julián, La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Barcelona, Avance, 1977, pp.77-89. 1045 SOTO CARMONA, Álvaro, «Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)», en RUIZ, David (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid Siglo XXI, 1994, pp. 451-523. 1046 CAMACHO, Marcelino, Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990, pp. 187-190. 341 Identificado, pues, como sindicato europeísta (ingresó en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en diciembre de 19781047), CCOO se alineó con otras fuerzas de izquierda en la crítica de las instituciones comunitarias y en la defensa de un modelo social de integración europea. Serafín Aliaga, secretario confederal de relaciones exteriores de CCOO, presentó en estos términos el europeísmo del sindicato en la revista del Movimiento Europeo: «En la opción europea que CCOO asume tiene especial relieve nuestra voluntad de contribuir a promover una Europa unida, con presencia autónoma en un nuevo sistema paritario de relaciones políticas y económicas, en oposición a la bipolarización del mundo en bloques antagonistas y zonas de influencia. Una Europa además, en la que los trabajadores, a través de sus sindicatos y órganos de representación, obtengan el derecho de participación y control para poder incidir en la política común y en la economía, en defensa de los intereses de los trabajadores […]. »Las cuestiones prioritarias en este orden son fundamentalmente la lucha por el pleno empleo, contra las desigualdades sociales y territoriales, por el mejoramiento de la organización del trabajador, por la ampliación de los derechos sindicales, por la democracia económica, y en consecuencia por la democratización de la CEE. »Los preceptos fundacionales de los tratados de Roma señalan como principal misión de la Comunidad la de “promover un desarrollo equilibrado de las actividades económicas, una estabilidad creciente, la elevación acelerada del nivel de vida y las relaciones más estrechas de los Estados que la componen”. »La práctica, el balance de estos años, muestran que tales propósitos están aún muy lejos de la realidad. »La política social de la CEE no está en primer plano en la actividad comunitaria, al contrario es una política restringía y casi residual. Pesan más los intereses de los monopolios que los intereses de los trabajadores, lo que domina es la concurrencia y confrontación en las relaciones económicas, que conduce a las guerras del vino, de los productos agrícolas, de la pesca, por ejemplo, no de la solidaridad y de la necesidad de “promover un desarrollo equilibrado de las actividades económicas”. »[…] Para nuestros trabajadores, la política social es bastante más que lo que hoy día forma parte del patrimonio comunitario en la materia. Defendemos hoy y defenderemos mañana, junto con nuestros compañeros de los sindicatos europeos, en el seno y fuera de las instituciones comunitarias, una política que se oriente a promover el desarrollo regional de las zonas con niveles de desarrollo insuficiente, incrementando la dotación de los fondos existentes, incluido el Banco Europeo de Inversiones; la elaboración de una política de empleo comunitaria con participación directa de los sindicatos; la eliminación de las situaciones discriminatorias (mujeres, emigrantes, trabajadores en edad madura, etc.) y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en Europa; el reparto equitativo de las cargas financieras, el fortalecimiento de la presencia de los trabajadores en los órganos comunitarios y el aumento del peso del Comité Económico y Social y del Parlamento Europeo. Una 1047 Carta de Santiago Gómez-Reino a Marcelino Camacho, secretario general de CCOO, 7-12-1978, Fundación 1º de Mayo, Archivo Historia del Trabajo (AHT), fondo Secretaría General (SG), expediente 52/1. 342 política, en definitiva, encaminada a lograr un progreso social continuo, apoyado en la voluntad y cooperación de los propios trabajadores»1048. Siendo así, CCOO no podía dejar de apoyar en principio la solicitud española de adhesión a la CEE, tanto por compartir el ideal europeísta como por entender que la adhesión tendría consecuencias beneficiosas para el país desde el punto de vista político y económico, y para los trabajadores en particular, y así lo comunicaría en sus contactos tanto con el Ministerio para las relaciones con la CEE como con las propias instituciones comunitarias1049. Aun cuando la prolongación de las negociaciones y la complicación de algunos capítulos, en especial el agrícola, llegaran a producir cierto nivel de debate interno, agravado en 1983 por la superposición del debate en torno a la permanencia en la OTAN, la postura favorable a la adhesión no se modificó a lo largo de todo este período, desde la asunción de que los previsibles efectos negativos de la misma para algunos sectores (por ejemplo, la pérdida de empleos como consecuencia de la reconversión industrial o del abandono de los sectores agrarios menos productivos) se habrían de dar de todas maneras, aun sin entrar en la CEE. Como decía Tomás García Azcárate, asesor del sindicato en cuestiones agrarias, en un artículo en Gaceta Sindical, más que generar problemas en sí, la adhesión revelaría problemas preexistentes en la economía española1050. Siendo la CEE el origen y el destino de casi la mitad de las importaciones y exportaciones españolas, España ya estaba dentro de la Comunidad por la vía de los hechos. «Lo que sucede —escribiría Marcelino Camacho, secretario general confederal— es que hemos entrado por la puerta falsa, es decir, no estamos allí con todos los derechos y nuestros intereses nacionales están subordinados a los intereses de otros países», por lo que la única alternativa razonable era convertirse en miembro de pleno derecho y tratar de modificar las políticas de la Comunidad desde dentro1051. Al igual que la UGT, CCOO participaría en las rondas de contactos con el Ministerio para las relaciones con la CEE y reivindicaría un papel central para los sindicatos en el asesoramiento de las posiciones del Estado español en el proceso. En la 1048 ALIAGA, Serafín, «En el 25 aniversario de los Tratados de Roma», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), p. 16. 1049 «Sur l’entrée de l’Espagne à la CEE», CC.OO. Informations Internationales, nº 2 (noviembre-diciembre 1980), pp. 11-12. 1050 GARCÍA AZCÁRATE, Tomás, «España ante el Mercado Común: apuntes a una polémica», Gaceta Sindical, nº 28 (1983), pp. 42-43. 1051 CAMACHO, Marcelino, «Ante el ingreso de España en la CEE», Unidad Obrera, abril 1985, p. 3. 343 primera reunión con Calvo-Sotelo, en julio de 1978, CCOO propuso la creación de un órgano de consulta permanente entre Gobierno y sindicatos1052. En junio de 1980 se constituyó en el seno de CCOO una Comisión del Mercado Común, presidida por Serafín Aliaga y Leónides Montero, secretarios de relaciones internacionales y emigración respectivamente, e integrada por una quincena de militantes, casi todos miembros del PCE y en su mayoría funcionarios de los ministerios de Trabajo, Comercio, Economía, Industria, Hacienda y Asuntos Exteriores1053. Al igual que la UGT, también CCOO protestaría por la escasa repercusión de la acción sindical sobre las negociaciones de adhesión y por el hecho de que el Gobierno afrontara las reuniones con los sindicatos sobre la CEE con propósitos meramente informativos. Tras la llegada al poder del PSOE, además, cundió la certidumbre de que el sindicato era postergado respecto a la UGT tanto en el flujo de información como en la acogida de sus propuestas, lo que dio lugar a quejas al Ministerio y a una actitud más crítica hacia la forma en que el Gobierno manejaba las negociaciones1054. También ante las instituciones comunitarias trató CCOO de asumir el papel de interlocutor, limitado en este caso a puntuales demandas de información o a invitaciones a reuniones y debates por parte de la Comisión Europea y del Comité Económico y Social. Desde 1978 Lorenzo Natali incluyó a CCOO entre los grupos con los que concertaba entrevistas durante sus visitas a Madrid1055, y en marzo de 1982 una delegación de CCOO fue invitadas a visitar las instituciones de la Comunidad en Bruselas1056. Por su parte, el CESE intercambió varios documentos con CCOO a lo largo de estos años y recabó las posiciones del sindicato en la elaboración de sus 1052 En esa primera reunión participaron en representación de CCOO Marcelino Camacho, Serafín Aliaga, Nicolás Sartorius y Javier Méndez, del Gabinete Técnico de la confederación. «CCOO, favorable al ingreso de España en la CEE», nota emitida por el secretariado confederal de CCOO, 27-7-1978, AHT, SG 52/2. 1053 Los miembros del comité y sus áreas de especialización serían Javier Casas (instituciones sociales); Carlos Blasco y Aniceto Moreno (negociación con la CEE); Pilar García Doñoro (política regional); José Ramón Lorente (empleo); José María Sumpsi (agricultura); José Luis Sauquillo, José Lillo, Miguel Mora y José Antonio Blanco (aspectos financieros); Gervasio Cordero y Jesús Copeiro (reconversiones sectoriales); Eugenio Verla (sector público) y Antonio Sánchez (agricultura y empleo). Nota de Antonio Soler, miembro del Gabinete Técnico, a Marcelino Camacho, AHT, SG 52/2. 1054 En las resoluciones del III Congreso de CCOO, celebrado en junio de 1983, se decía que el Gobierno estaba informando de forma «colapsada y poco clara» a los españoles de la marcha de las negociaciones con la CEE, y se le acusaba de anteponer «intereses políticos inmediatos a la consecución de las mejores condiciones posibles de integración, estando dispuestos a aceptar la integración a cualquier precio con tal de poder barajar algo de tal importancia como una baza electoral». Por su parte, Manuel Marín, secretario de Estado para las relaciones con la CEE, replicaría frente a estas invectivas y en una carta a Marcelino Camacho señalaría que, en el primer año y medio de gestión del Gobierno socialista, el Ministerio se había reunido en nueve ocasiones con CCOO para tratar sobre las negociaciones de adhesión. Marín a Camacho, 30-8-1984, FLC, SRI 1918/1. 1055 «Entrevista Natali-Camacho», nota de prensa, 1978, AHT, SG 52/2. 1056 Circular de Serafín Aliaga, 22-4-1982, AHT, SG 52/2. 344 dictámenes sobre la adhesión de España1057. En la conferencia sobre la ampliación de la CEE organizada por el CESE en junio de 1980 intervino en representación de CCOO Adolfo Pastor, secretario confederal (Serafín Aliaga se encontraba en ese momento en la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra). En su ponencia, Pastor reiteró el apoyo de la confederación al ingreso en la CEE, pero reprochó a la Comunidad su escaso compromiso con la consolidación de la democracia en España al permitir la dilación indefinida de las negociaciones. También criticó al Gobierno español por su opacidad informativa y por la escasa participación de los sectores económicos y sociales. En cuanto a los temas en discusión, señaló que las principales preocupaciones de CCOO se centraban en el creciente desempleo en España y en la necesidad de que la CEE aportara ayuda financiera para la elaboración de un plan para combatirlo; el desequilibrio regional español, susceptible de agravarse como consecuencia de la adhesión; la situación de aquellas regiones cuyas estructuras agrícolas estuvieran más atrasadas; y, entre los temas sociales, la libre circulación de los trabajadores españoles y la equiparación de sus derechos con los de los trabajadores comunitarios1058. La cuestión de la emigración sería uno de los aspectos nucleares en el seguimiento por CCOO de toda la cuestión europea. Por un lado, la confederación criticaba la política de la Comunidad en relación con los fenómenos migratorios, que en la práctica no se correspondía con el principio fundacional de la libre circulación, ni mucho menos había servido para garantizar el pleno empleo a los ciudadanos europeos (como consecuencia de la crisis económica de los años setenta, el número de parados en la CEE había superado los seis millones). Según denunciaba la secretaría de emigración, en los países miembros se mantenían las discriminaciones entre nativos e inmigrantes a pesar de las reglamentaciones comunitarias, a menudo contradichas por las legislaciones nacionales, y se acrecentaba, sobre todo, la discriminación de los trabajadores de otros países. Los migrantes sufrían siempre mayores cifras de desempleo, desempeñaban los trabajos más penosos y peor retribuidos y sufrían una mayor incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Frente a esta situación, CCOO reivindicaba una mayor y mejor inclusión de la cuestión migratoria en la actividad sindical y la 1057 Thomas Roseingrave, presidente de la sección de agricultura del CESE, a Marcelino Camacho, 12-10- 1981, AHT, SG 52/2. 1058 «Intervención de la C. S. de CCOO ante el Comité Económico y Social», AHT, SG 52/2. 345 organización de la lucha sindical a escala europea1059. En relación con la adhesión de España, CCOO solicitó al Gobierno que negociara un acuerdo transitorio con la CEE para equiparar las condiciones de los trabajadores españoles ya residentes en la CEE a las de los nacionales de esos países, o que, en su defecto, alcanzara acuerdos bilaterales con cada uno de los Estados concernidos1060. CCOO reivindicaba también el libre acceso de los españoles a cualquier actividad asalariada en la CEE, la igualdad de trato en términos de empleo y condiciones con los trabajadores de los demás países y el derecho a mantener la residencia en un Estado miembro tras haber desempeñado en él un empleo1061. Ante la forzada aceptación del plazo transitorio de siete años exigido por la CEE para la aplicación de la libre circulación a los trabajadores españoles, CCOO llegó a exigir que, en represalia, el Gobierno español denegara sistemáticamente los permisos de trabajo a los ciudadanos comunitarios, tanto cualificados como no cualificados1062. En cuanto a otros aspectos contenidos en el capítulo social, CCOO instó al Gobierno a defender la aplicación de las normas comunitarias sobre seguridad social a los trabajadores españoles desde la adhesión, lo que permitiría que pudieran seguir percibiendo las prestaciones sociales a que tuvieran derecho pese a trasladarse de un Estado miembro a otro (en el caso de los emigrantes que retornaran). Para ello España debía ratificar el Convenio Europeo sobre Seguridad Social y el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre regímenes cubiertos. También era importante que los españoles se beneficiaran de la preferencia comunitaria en el empleo, es decir, que, aun cuando se les impusiera un período transitorio, gozaran durante el mismo de una situación preeminente frente a los no comunitarios. CCOO urgía igualmente al Gobierno a presionar a la CEE para obtener la participación, desde antes de la adhesión, en el Fondo Social Europeo, el Fondeo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Por lo que se refiere a la legislación española, CCOO consideraba necesario introducir cambios legales para adaptarse a las normas comunitarias en cuestiones como la igualdad salarial y de trato 1059 MONTERO, Leónides, «La situación de los emigrantes en la Comunidad Económica Europea», Gaceta Sindical, nº 1 (abril 1980), pp. 49-50. 1060 Petición que sería desestimada por el Gobierno, dado que la negociación de un marco transitorio antes de la adhesión habría comportado la renuncia a algunos de los aspectos ventajosos del acuerdo de 1970 de los que España se beneficiaba todavía en su relación con la Comunidad 1061 «Actuación de CCOO ante la situación de los trabajadores españoles en los países de la CEE», AHT, SG 52/2. 1062 «El sector social en la negociación CEE-España», febrero de 1985, AHT, SG 23/3. 346 por la seguridad social entre hombres y mujeres, derechos de intervención de los trabajadores ante los despidos colectivos y establecimiento de la jornada laboral en cuarenta horas semanales1063. Tras la firma del Tratado, la valoración del mismo por parte de CCOO sería, a diferencia de la de la UGT, extremadamente crítica con el Gobierno de Felipe González, al que se acusó de haber sacrificado intereses esenciales, sobre todo relativos a sectores con menor capacidad de presión social, como el agrícola, con la finalidad electoralista de concluir la negociación en el marco de la legislatura. Ya durante el gobierno de la UCD CCOO había criticado la estrategia de avanzar en la negociación sólo en algunos capítulos, permitiendo que la CEE mantuviera otros bloqueados y desaprovechando así la oportunidad de jugar con la baza agrícola (ofrecer un desarme arancelario largo en ese campo a cambio de contrapartidas favorables en otros capítulos)1064. Cuando las negociaciones entraron en su etapa final, esos temores se confirmaron. En 1984, tras recibir las propuestas del Consejo de la CEE en relación con la agricultura, la pesca y la libre circulación, CCOO emitió un documento que enumeraba una serie de objetivos a alcanzar en el acuerdo final: «1. Un tratamiento equilibrado en el terreno industrial, agrícola y pesquero, ámbitos en quelas ventajas comparativas españolas y comunitarias son diferentes. »El plazo de adaptación debe garantizar el período necesario para poder llevar a cabo la reconversión industrial precisa. »2. La producción industrial española debe mantener, después del ingreso, el mismo volumen relativo en la economía que antes de él, lo que no excluye la posibilidad de redistribuciones intersectoriales. »No debe significar disminuciones del empleo industrial que no puedan ser compensadas con la creación de empleo estable en otras actividades. »3. El volumen y estructura de nuestro comercio con el conjunto de la CEE debe mantenerse cuando menos en términos generales después de la integración. »4. Igualdad de tratamiento entre los diversos productos del capítulo agrícola, sin que se mantenga en ningún momento situaciones peores que las concedidas a países terceros y asegurando un acercamiento progresivo. »5. Participación, en cuanto futuro país miembro, en el reparto de las cuotas pesqueras en igualdad de términos con los países comunitarios. »6. Aplicación desde la adhesión de la libertad de circulación de trabajadores, sin restricciones, que no deberá constituir en ningún caso una excepción al período fijado con carácter general si este fuese único, y debería estar incluido en el plazo mínimo en caso de contemplarse períodos transitorios distintos según los capítulos. 1063 Comisiones Obreras, «Los temas sociales de la integración de España en la Comunidad Económica Europea», febrero 1980, FLC, UGT-REIV 2283/2. 1064 PASTOR, Adolfo, «Negociaciones para la adhesión de España», Gaceta Sindical, nº 8 (diciembre 1980), p. 47. 347 »7. Aplicación desde la adhesión de todos los derechos comunitarios, garantizando el libre acceso al empleo y la igualdad de trato de los trabajadores emigrados y sus familias que trabajan ya en la Comunidad. »8. Mantenimiento de nuestras relaciones de igualdad con determinados países terceros, muy especialmente del área de Latinoamérica, sin limitaciones externas. »9. Acceso desde la adhesión a los fondos comunitarios (FEOGA, Fondo Social Europeo, FEDER, Fondo CECA), en coherencia con el proceso de adaptación y reconversión que exigirá a la economía española la integración. »10. Respeto de las peculiaridades del Régimen Económico y Fiscal que tienen reconocidas algunas comunidades autónomas (Canarias y Ceuta y Melilla), que estando fuera del cordón aduanero español deberán quedar fuera del cordón aduanero comunitario y la tarifa exterior común. »11. Aplicación de la normativa laboral y de Seguridad Social existente en la CEE»1065. Cuando se conocieron los términos finales del Tratado, en los que no se alcanzaban los objetivos marcados en cuanto a la libre circulación, y con un tratamiento para la exportación de productos agrarios peor que el demandado, los órganos de CCOO trataron de hacer compatibles la protesta por varias de las condiciones firmadas con la participación de la satisfacción que a una organización declarada europeísta se le debía suponer en esa ocasión. Para ello era necesario alcanzar un equilibrio entre el reconocimiento del logro que suponía acceder por fin a la CEE y el descontento por los términos de la adhesión. En abril de 1985 el Secretariado confederal declaró que «…estando de acuerdo con la integración de España en la CEE, como así consta en las resoluciones de los distintos congresos de la confederación sindical de CCOO, no podemos dejar de manifestar nuestro total desacuerdo con la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones por parte el Gobierno, ya que el resultado de los aspectos conocidos de las mismas dejan traslucir que su concreción ha supuesto la no defensa de los intereses de España en la medida que un Gobierno debe hacerlo, por cuanto el Tratado no supone nuestro ingreso en igualdad de condiciones con otros países de la Comunidad; en algunos capítulos —como el agrario en cítricos— incluso vamos a tener peores condiciones que terceros países no integrados en la CEE, como son Israel y Marruecos»1066. Este resultado era, según CCOO, consecuencia de las posiciones nacionalistas de algunos países de la CEE, como Francia, mediatizadas por sus circunstancias electorales, pero sobre todo eran debidas a la premura del Gobierno español en la fase final, por su intención de vincular la permanencia en la OTAN con la adhesión a la 1065 CCOO, Secretaría, «El ingreso de España en la CEE», junio de 1984, AHT, SG 52/3. 1066 «Acta de la reunión del Secretariado Confederal del día 16-4-85», AHT, fondo Secretariado Confederal (SC), 5/31. 348 CEE1067. Marcelino Camacho diría que en la negociación no habían predominado los intereses de los trabajadores españoles sino los del gran capital, y, sobre todo «las presiones de EEUU para servirse de que nuestra permanencia en la CEE nos ate a la OTAN»1068. Después de tantos años, al fin la adhesión se había alcanzado «sobre la base de posiciones de debilidad y precipitado por urgencias políticas a última hora»1069. El boletín Unidad Obrera aclararía en uno de sus editoriales que «CCOO no está en contra de la entrada de España en el Mercado Común, sino de la forma en que se ha hecho», con unos acuerdos que, según preveía, permitirían el crecimiento del paro y, sobre todo como consecuencia de la introducción inmediata del IVA, aumentarían bruscamente los precios y provocarían una bajada de tres puntos en el PIB1070. En la evaluación de los resultados en el capítulo social, pese a reconocer que se habían alcanzado los objetivos planteados en cuanto a la seguridad social y la igualdad de trato de los trabajadores españoles ya residentes en la CEE, CCOO insistió en señalar que la no concesión inmediata de la libre circulación hacía que la adhesión no se fuera a producir en condiciones de reciprocidad e igualdad de derechos entre españoles y comunitarios. El plazo impuesto para el acceso libre al trabajo de los familiares no residentes de los emigrantes (tres años) mostraba «la mezquindad por parte de la CEE y la debilidad del Gobierno español». Por ello CCOO reiteraba su propuesta de que el Gobierno español no concediera, durante los siete años siguientes, permisos de trabajo a los ciudadanos comunitarios1071. En diciembre de 1985 tuvo lugar una interesante reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO para discutir en torno a la posición oficial del sindicato sobre el Tratado de adhesión. Al igual que había sucedido casi paralelamente en el PCE, existía cierto grado de disenso interno respecto de hasta dónde debía llegar la actitud crítica del sindicato sobre el Tratado, y varios miembros de la ejecutiva defendían la opción de manifestarse abiertamente en contra del mismo. En la reunión Camacho y Montero defendieron la opción moderada: Camacho recordó que en sus congresos CCOO 1067 «Resolución del Secretariado Confederal de la C. S. de CCOO sobre la evolución de las negociaciones con la CEE: CCOO considera necesario abrir un debate con las fuerzas sociales y políticas sobre la negociación con la CEE», 22-3-1985, AHT, SG 52/3. 1068 CAMACHO, Marcelino, «Ante el ingreso…» art. cit. La misma idea le expresaría por carta al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, el 19 de febrero de 1985. Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), R25095, exp. 1. 1069 CAMACHO, Marcelino, «Los trabajadores españoles ante Europa», conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid el 31 de octubre de 1985, en España en Europa: el reto (la CEE en el Club Siglo XXI), Barcelona, Plaza & Janés, 1986, pp. 76-92. 1070 «Editorial», Unidad Obrera, nº 65 (enero 1986). 1071 «Los resultados finales del sector social en la adhesión de España a la CEE», 1985, AHT, SG 52/3. 349 siempre se había manifestado a favor de la adhesión y que, pese al rechazo del método empleado por los Gobiernos para la negociación, sin contar apenas con el asesoramiento de los sindicatos ni representar suficientemente los intereses sociales del país, la posición de CCOO no debía ser la de «dar gritos desde fuera», sino «intentar cambiar las cosas desde dentro de la CEE». Montero, por su parte, resaltó la modificación en la correlación de fuerzas internas en la CEE en favor del sur que suponía el ingreso de España y Portugal y señaló que gracias a la adhesión se abrían nuevos cauces para la acción sindical a través de la participación en el Consejo Económico y Social de la CEE. Por último, y tras un turno de intervenciones, Camacho recordó que el desarrollo de las fuerzas productivas se producía cada vez más en grandes espacios geográficos y económicos, no sólo en Europa sino en todo el mundo, y que no tenía sentido pretender quedarse al margen de ese proceso. El informe elaborado por el Gabinete Técnico Confederal, que daba el visto bueno a la adhesión aun señalando los aspectos negativos del Tratado1072, fue al fin aprobado con diecinueve votos a favor y quince en contra1073. Con todo, varios miembros de la comisión presentaron propuestas de resoluciones que rechazaban el Tratado: la propuesta por Juan Ignacio Marín enumeraba los resultados desfavorables de éste y acusaba al Gobierno de «un tratamiento político partidista, estrecho, electoralista, que no de Estado, marginando a los sindicatos», para concluir que CCOO rechazaba el acuerdo «como contrario a los intereses españoles y sobre todo de los trabajadores, denunciando la responsabilidad de nuestro Gobierno en las consecuencias que se van a derivar»1074. Más dura aún era la propuesta por Joaquín Nieto y Ángel Campos, que, además de considerar «muy negativo» el Tratado de adhesión, consideraba necesario «volver a reflexionar en profundidad sobre la naturaleza del Mercado Común europeo», identificado durante la dictadura con la libertad y la democracia, una identificación que, a juicio de estos militantes, ya no podía seguir vigente. Para ellos la CEE era «una alianza entre las naciones imperialistas europeas más poderosas», que empujaba al Estado español «a integrarse cada vez más en el agresivo dispositivo militar occidental, es decir en la OTAN»; denunciaban como falsa la consideración de que era posible transformar la «Europa de los mercaderes» en 1072 «Perspectivas de integración de España en la CEE», noviembre de 1985, AHT, fondo Comisión Ejecutiva Confederal (CEC), 2/1. 1073 «Acta de la Comisión Ejecutiva Confederal de 17 y 18 de diciembre de 1985», AHT, CEC, 2/1. 1074 «Propuesta de resolución presentada por J. I. Marín», 17-12-1985, AHT, SG 52/3. 350 la «Europa de los pueblos», por lo que rechazaban no ya el Tratado en sí, sino toda forma de adhesión de España a la CEE1075. Las dos propuestas fueron rechazadas tras recibir once y cinco votos respectivamente, y resultó aprobada con dieciocho votos la presentada por Leónides Montero, que, sin dejar de ser crítica con el Gobierno, mantenía los planteamientos europeístas que CCOO había defendido desde su constitución y a los que el sindicato se acogía en su propósito de ser admitido en la CES: «La CS de CCOO adoptó congresualmente una posición favorable al ingreso de España en la CEE, en la perspectiva de avanzar en la cooperación entre los estados para fortalecer la unidad e independencia política europea frente a la confrontación de los bloques militares, con el objetivo de que los trabajadores realicen un protagonismo fundamental en su desarrollo político, económico y social, por la paz y el cese de la carrera armamentista. »Afirmamos que la adhesión debía realizarse en términos de igualdad que permitieran una mayor eficacia y desarrollo productivo y tecnológico de nuestra economía. Concretamente en un tratamiento equitativo en los sectores industrial y agrícola, en la no existencia de períodos transitorios para la libre circulación de trabajadores, en la igualdad laboral y social para los trabajadores españoles emigrantes y sus familias, mantenimiento de nuestras relaciones preferenciales con los países de Latinoamérica, participación sindical en las instituciones comunitarias y equiparación de nuestra normativa laboral y de Seguridad Social a la existente en las comunidades, entre otras condiciones esenciales […]. »El acuerdo entre la CEE y España ha estado mediatizado por los intereses partidistas y electorales del gobierno español y por las presiones de los EEUU para fortalecer a los partidarios del mantenimiento de nuestro país en la OTAN, tratando de evitar el hacer el referéndum para nuestra salida de ésta. »En las negociaciones siempre ha habido el olvido por todos los gobiernos de hacer un debate en la sociedad española, que habría dado una dimensión nacional participativa y de apoyo popular a la adhesión de España, dotándola de mayores contenidos de igualdad y ventajas mutuas para las dos partes, hecho que hubiera evitado un tratado desequilibrado y desfavorable para nuestro país. »CCOO no está en contra de la entrada de España en el Mercado Común, sino de la forma en que se ha hecho y con muchos de sus contenidos, por lo que evidentemente no nos sentimos corresponsables con la adhesión acordada. Estos criterios se comprueban en la fijación de equiparaciones desde el ingreso y en períodos transitorios cortos para los sectores en los que España no es concurrente y etapas transitorias largas para la equiparación de los trabajadores españoles emigrantes y para los bloques donde somos competitivos. Es decir, hay más consecuencias negativas para nuestro país, que podrán superarse solamente con una política diferente a la que hasta ahora está realizando y tiene proyectada el gobierno español»1076. 1075 «Propuesta de resolución sobre la CEE», 17-12-1985, AHT, SG 52/3. 1076 «Resolución de la Comisión Ejecutiva de CCOO sobre la entrada de España en la CEE», 17-12-1985, AHT, SG 52/3. Apéndice documental, doc. nº 11. 351 Así pues, al igual que sucedió en el PCE, los planteamientos que optaban por abandonar la línea europeísta y por oponerse al ingreso en la CEE, amparados en las deficiencias de la negociación y en el desencanto de parte de la izquierda por el giro atlantista del Gobierno del PSOE, eventualmente asociado a la adhesión a la CEE, no se impusieron en CCOO, aun cuando llegaran a contar con el apoyo de un importante sector de la Comisión Ejecutiva. La línea estratégica enfocada a reforzar la lucha sindical a escala supranacional en el ámbito de la CEE, se mostraría exitosa en los años siguientes mediante la participación de CCOO en el CESE y en los comités consultivos de la Comisión Europea, y terminaría de normalizarse cuando, al deteriorarse las relaciones entre la UGT y el Gobierno socialista, los dos principales sindicatos del país alcanzaran la unidad de acción sindical y CCOO pudiera finalmente acceder a la Confederación Europea de Sindicatos. 4.1.3. Sindicalismo en Europa: los sindicatos españoles ante la Confederación Europea de Sindicatos Tras la escisión de la Federación Sindical Mundial (FSM) en 1949 como consecuencia de la aplicación del Plan Marshall, los sindicatos no comunistas crearon la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En el seno de ésta, y paralelamente al proceso de integración europea, surgieron mecanismos de coordinación de los sindicatos de los países de la Comunidad Europea: primero un comité que reunía a las organizaciones de los seis Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en 1951, y desde 1958 un secretariado sindical europeo que abarcaba a los países de la CEE y la EFTA. Este último se transformó en 1969 en una organización autónoma, la Confederación Europea de Sindicatos Libres (CESL) y, a partir de 1973, en la Confederación Europea de Sindicatos (CES), con el propósito de erigirse como interlocutor social a escala comunitaria frente a las instituciones de la CEE y a la representación europea del empresariado (la Unión de Industrias de la Unión Europea, creada en 1958). La CES, presente en el Comité Económico y Social de la CEE y en el comité permanente para el empleo, viene funcionando desde entonces como un órgano consultivo para la elaboración de la legislación europea1077. 1077 Sobre la historia de la CES, véase GOBIN, Corinne, L’Europe syndicale. Entre désir et réalité. Essai sur le syndicalisme et la construction européenne à l’aube du XXIe siècle, Bruxelles, Labor, 1997; BARNOUIN, Barbara, The European Labour Movement and European Integration, London, Frances Pinter, 1986; PORTELLI, Hugues, «La 352 En un principio los sindicatos europeos concibieron la CES para la representación exclusiva de los trabajadores de los países de la CEE, por lo que no se previó la participación de la UGT en su fundación. Sin embargo, antes de la celebración del congreso fundacional —en Bruselas en febrero de 1973— la UGT insistió ante la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB, responsable de la organización) y la CIOSL en la idea de que, si la España franquista estaba excluida de las instituciones europeas en razón de su régimen político, no tenía sentido excluir de los órganos europeos a las organizaciones españolas que luchaban por el restablecimiento de la democracia. La propuesta, expuesta en la asamblea constituyente el 8 de febrero, fue aprobada por unanimidad, lo que permitió a la UGT adquirir el rango de miembro fundador de la CES. La UGT designaría a Nicolás Redondo (en aquel momento en prisión) su delegado en el Comité Ejecutivo de la CES, instando a que, por razones de seguridad, no figurara su nombre en ningún documento público y empleando en su lugar el pseudónimo Juan Urbieta; Manuel Simón sería su suplente. Por otra parte, en el congreso extraordinario de Copenhague de 1974 se adheriría el sindicato vasco ELA- STV, en el contexto de la ampliación de la CES a las organizaciones pertenecientes a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), de orientación cristiana1078. En cuanto a CCOO, su carácter de movimiento —el hecho de no ser estrictamente una confederación sindical—, su inclinación comunista y su escasa experiencia internacional hasta el momento descartaban toda opción de intentar adherirse a la CES en estos momentos. De hecho, CCOO se encontraba un tanto aislada en el panorama internacional, al no pertenecer ni a la CIOSL ni tampoco a la FSM, que agrupaba a los sindicatos pro-soviéticos. Con todo, a través de su delegación exterior (DECO), radicada en París, hizo llegar ya en febrero de 1973 una carta a la CES en que saludaba su creación y que no obtuvo respuesta. Pero, dado el interés de la CES por la situación de los trabajadores en la España tardofranquista, el contacto entre ambas organizaciones era inevitable. Al igual que el resto de internacionales sindicales, la CES Conféderation Européenne des Syndicats (CES)», en DEVIN, Guillaume (dir.), Syndicalisme: dimensions internationales, La Garenne-Colombes, Éditions Européennes Erasme, 1990, pp. 143-156; DEBUNNE, Georges, Les syndicats et l'Europe. Passé et devenir, Bruxelles, Labor, 1987; CARRIL VÁZQUEZ, Xosé Manuel Asociaciones sindicales y empresariales de carácter internacional, Granada, Comares, 2003, pp. 74-80. 1078 MORENO PRECIADOS, Juan, Sindicatos sin fronteras. La Confederación Europea de Sindicatos (1973-1999) y la afiliación de CC.OO., Madrid, Ediciones GPS, 1999, pp. 148-151. GABAGLIO, Emilio, «El sindicalismo español y la Confederación Europea de Sindicatos», en VALDÉS DAL-RÉ, Fernando (dir.), 30 años de libertad sindical, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2007, pp. 258-265. Carta de Antonio García Duarte, secretario de organización de UGT, a Theo Rasschaert, secretario general de la CES, 20-3-1973, International Institute of Social History (IISH), fondo European Trade Union Confederation (ETUC), carp. 1306. Entrevista de Manuel Simón con Manuela Aroca, doc. cit. pp. 63-66. 353 siguió con interés y expresó su solidaridad en relación con el llamado Proceso 1001, en el que los dirigentes de CCOO fueron condenados a prisión en bloque, y así lo agradecieron éstos desde la cárcel1079. En mayo de 1975, la DECO se dirigió de nuevo a la CES en la figura de su presidente, el alemán Oskar Heinz Vetter, esta vez para plantear abiertamente la posibilidad de la adhesión de CCOO, sobre la base de que, siendo el ámbito de acción principal de la CES lo relacionado con la integración europea, que CCOO también apoyaba, las supuestas divergencias ideológicas no debían constituir un obstáculo1080. Aunque la CES abrió entonces una serie de contactos con CCOO para un mejor conocimiento mutuo, desde el principio se concedió gran relevancia a la opinión que al respecto pudiera manifestar la UGT. Así, el secretario general de la CES, Theo Rasschaert, se entrevistó con el delegado de UGT Antonio García Duarte, quien le comunicó sus reservas hacia CCOO por su filiación comunista (e incluso insinuó una deriva maoísta en sus dirigentes)1081. Por otra parte, el secretario ejecutivo de la CES, Jan Kułakowski, se entrevistó con una delegación de la DECO presidida por Carlos Elvira. Desde el punto de vista de la CES, las principales conclusiones de la reunión fueron: —CCOO defendía su actuación bajo la dictadura, sin constituirse oficialmente como confederación sindical y participando de las estructuras de representación laboral del Régimen, en la idea de que ello facilitaba la defensa contra la represión gubernamental y no impedía la colaboración puntual con el sindicalismo clandestino. —Del resto de organizaciones sindicales españolas, las relaciones de CCOO eran buenas con la Unión Sindical Obrera (USO) pero no así con UGT ni ELA-STV. —CCOO se planteaba como objetivo de futuro alcanzar la unidad sindical en España bajo su propio liderazgo. Además, simpatizaba con las reivindicaciones de autonomía para el País Vasco y Cataluña y apoyaba a la Junta Democrática. —En cuanto a sus vínculos con el PCE, CCOO afirmaba su pluralidad interna y su sistema democrático en la elección de sus órganos, y explicaba el apoyo recibido por el PCE por mera coincidencia en la lucha antifranquista. 1079 Carta de Juan Muñiz Zapico, Fernando Soto, Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius y Francisco García Salve, 18-2-1975; copia enviada por la DECO a Jan Kułakowski el 20-3-1975, IISH, ETUC-1313. 1080 DECO a O. H. Vetter, 30-5-1975, IISH, ETUC-1313. 1081 «Memo: Comisiones Obreras de España. Entretien téléphonique avec Duarte (20 juin 1975)», IISH, ETUC-1313. 354 —En cuanto a las internacionales sindicales (FSM, CIOSL y CMT), CCOO declaraba no pertenecer a ninguna para así respetar mejor la pluralidad interna de sus afiliados, pero reconocía recibir apoyo indirecto de la FSM. —Por último, CCOO expresaba oficialmente su deseo de integrarse en la CES debido a su vocación europeísta, y en este sentido comparaba su actitud a la de la Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (de tendencia igualmente comunista pero integrada en la CES) y en oposición con la Confédération Générale du Travail francesa1082. Ante estas conclusiones, la conferencia de presidente y vicepresidentes de la CES decidió encargar a Kułakowski un informe sobre la situación política y sindical en España1083. En él el secretario ejecutivo relativizó la influencia del PCE sobre CCOO, que era la principal fuente de recelos sobre la confederación1084. Kułakowski propuso la creación de un amplio comité ad hoc sobre la situación de España que se encargara de examinar la candidatura de CCOO, pero la conferencia de presidente y vicepresidentes se decantó por consultar primeramente a los sindicatos españoles ya presentes en la CES, UGT y ELA-STV, y a los secretarios generales de la CIOSL y la CMT. Aunque de hecho no existía en la CES el derecho de vetar a candidatos a la adhesión, la organización optó por dar valor preeminente a la posición de la UGT por su trayectoria histórica en el sindicalismo internacional y para evitar —de momento— el estallido de un conflicto interno a causa de CCOO. Así, a instancias de la UGT en 1975 la cuestión de Comisiones Obreras quedó en suspenso a la espera de que éstas celebraran un congreso fundacional y formalizaran su condición de central sindical1085. Por otra parte, en la etapa final de la dictadura y los inicios de la transición democrática la CES siguió con interés la evolución política de España con el objeto de asegurar la homologación política —y en este caso también sindical— del país con el resto de Europa occidental, que le permitiera incorporarse a la Comunidad Europea. Así, la CES operó como un elemento externo de presión sobre la transición, conectado con los sucesos internos del país a través de UGT y ELA-STV, que a su vez se valían de la CES para dar mayor repercusión a sus demandas en relación con la situación en 1082 «Note concernant l’entrevue avec une délégation des Commissions Ouvrières d’Espagne», IISH, ETUC-1312. 1083 «Réunion des Président et vicé-présidents, Genève, 25 septembre 1975, résumé des décisions prises», p. 3, IISH, ETUC-572. 1084 «L’opposition politique et syndicale en Espagne en regard du post-franquisme», p. 6, IISH, ETUC- 1313. 1085 «Réunion des Président et vice-présidents, Bruxelles 13 novembre 1975, résumé des décisions prises», p. 1, IISH, ETUC-573. 355 España. En este sentido, la CES se dirigió en varias ocasiones a las instituciones de la CEE para requerirles, en el contexto de las negociaciones que mantenían con España para la actualización del acuerdo de 1970, dureza en la exigencia de reformas democráticas y en particular en lo relacionado con las libertades sindicales1086. A través de las gestiones de la CES tuvo lugar, por ejemplo, un encuentro entre el comisario europeo Claude Cheysson y sendas delegaciones de UGT y ELA-STV en abril de 1975, en la que los sindicalistas españoles denunciaron ante la CEE la superchería del sindicalismo oficial en España1087. La CES también se dirigió varias veces a las instituciones franquistas para exigir la puesta en libertad de detenidos en manifestaciones obreras, como sucedió tras la represión de las protestas del primero de mayo de 19751088. Tras los fusilamientos de septiembre de 1975 la CES desarrolló una intensa actividad para promover la condena internacional del régimen franquista. Antes de las ejecuciones, envió telegramas al Consejo de Ministros de la CEE, a la Comisión Europea, a la EFTA, al Consejo de Europa y a la OCDE pidiendo su intervención ante el Jefe del Estado español para que ejerciera el derecho de gracia1089. Después, el Comité Ejecutivo de la CES aprobó una declaración titulada España: hay que aislar al régimen franquista, en la que anunciaba una serie de acciones sindicales de boicot económico, político y cultural contra España e instaba a la CEE a interrumpir toda negociación con el Gobierno de Madrid y a congelar cualquier disposición preferencial tomada en su favor1090. El 2 de octubre la CES puso en marcha una jornada de protesta a escala europea saboteando a medios de comunicación españoles, llamando a paradas simbólicas en el trabajo, manifestaciones en las calles, boicot del turismo en España o colectas improvisadas en favor de la oposición democrática. La CES secundó igualmente la detención del trabajo durante una hora en las oficinas de la Comisión Europea como forma de protesta, así como otras medidas tomadas por las centrales sindicales nacionales, como el retraso o cancelación de conexiones ferroviarias 1086 Carta de T. Rasschaert al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, 22-11-1974, Archivo del Consejo de Ministros de la UE (ACMUE), 19052/1. 1087 Kułakowski a García Duarte y Leunda, 18-3-1975; García Duarte a Kułakowski, 26-3-1975; Leunda a Kułakowski, 21-3-1974, IISH, ETUC-1314. «La Communauté Européenne et les Syndicats d’Espagne», comunicado de prensa de la CES, 25-4-1975, IISH, ETUC-1313. 1088 «La CISL, la CMT et la CES, inquiètes à la suite es incidents du Premier Mai en Espagne», comunicado de prensa conjunto de CMT, CISL y CES, 2-5-1975, IISH, ETUC-1313. 1089 Telegramas de Théo Rasschaert, 1-9-1975, IISH, ETUC-1312. 1090 T. Rasschaert a N. Hommel, secretario general del Consejo de Ministros de la CEE, 30-9-1975, ACMUE, 19052/1. T. Rasschaert a G. Kahn-Ackermann, secretario general del Consejo de Europa, 30-9- 1975, IISH, ETUC-1312. 356 francesas con España o la negativa de los estibadores de Rotterdam y Ámsterdam a descargar los buques españoles. En noviembre la CES diseñó un plan de acción para continuar con esta presión ante las instituciones de la CEE y los propios gobiernos, instándolos a la colaboración con las fuerzas democráticas españolas e incluso a la ruptura de relaciones diplomáticas con España1091. Siendo el Consejo de Europa la institución europea más concernida por las cuestiones tocantes a los Derechos Humanos, la CES coordinó medidas conjuntas con su secretario general, Georg Kahn- Ackermann (quien se había encargado personalmente de realizar una colecta en favor de las familias de los ejecutados). Con todo, la muerte de Franco el 20 de noviembre y la etapa de incertidumbre subsiguiente relativizaron muchas de estas propuestas e hicieron que las instituciones europeas abrieran un impasse en sus relaciones con España a la espera de acontecimientos. A partir de la coronación de Juan Carlos la CES mantuvo una actitud vigilante ante los distintos pasos que la monarquía española, primero bajo el gobierno de Carlos Arias Navarro y después bajo el de Adolfo Suárez, dio hacia el reconocimiento de las libertades políticas y sindicales, siempre dispuesta a denunciar los retrasos, retrocesos y pasos en falso durante el proceso, de manera no muy diferente a como paralelamente hicieron el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Con este fin, la CES celebró varias reuniones sobre España, generalmente contando con la participación y la opinión de UGT y ELA-STV. En diciembre de 1975 los secretarios de la CES, la CMT y la CIOSL se reunieron con los sindicatos españoles para conocer sus perspectivas de la nueva monarquía de Juan Carlos, que UGT interpretaba como mera continuación del franquismo, especialmente en el aspecto sindical1092. El Comité Ejecutivo de la CES hizo público el comunicado España, por un verdadero cambio, en el que afirmaba que «el cambio producido en la cabeza del Estado español representa la continuidad de un régimen impuesto al pueblo para impedir el establecimiento de la democracia». La CES denunciaba la continuidad en vigor de la ley anti-terrorista, la reclusión de los presos políticos y la represión de manifestaciones pacíficas, incluyendo la vejación a organizaciones democráticas procedentes del exterior, como había ocurrido recientemente con una delegación sindical neerlandesa. 1091 «Réunion du Comité Exécutif de la CES, Bruxelles 14 novembre 1975, Action de la CES contre la repression en Espagne», comunicado de prensa de la CES, 18-11-1975, IISH, ETUC-1312. 1092 «Compte rendu de la réunion du 1er décembre 1975 entre la CES, la CMT, la CISL et des camarades espagnols de STV et de l'UGT», IISH, ETUC-1314. 357 La CES exigía al Gobierno español la liberación de los detenidos políticos y la amnistía general, el retorno de los exiliados, la libertad de acción total para todos los partidos y organizaciones sindicales democráticas, elecciones libres con sufragio universal y directo y la garantía total de los Derechos Humanos. Por último, la CES denunciaba los intentos del nuevo Gobierno de presentarse ante el mundo con un aura democrática como una burda manipulación1093. En esa misma reunión se decidió la creación de un grupo de información sobre España, con participación de los principales sindicatos europeos, con el objeto de valorar la evolución española e informar al respecto al Comité Ejecutivo, decidir medidas comunes para desacreditar el cambio anunciado por el Gobierno de la monarquía y reforzar la solidaridad moral y económica con los sindicatos españoles1094. El grupo se reunió por primera vez el 12 de enero de 1976 y, como resultado de sus trabajos, el 27 de febrero el Comité Ejecutivo emitió una nueva declaración en la que reiteraba su apoyo a las organizaciones democráticas españolas y ponía «en guardia a las instituciones europeas, a los gobiernos y a la opinión pública contra una acción de propaganda encaminada a presentar a España como resueltamente iniciada en la vía de la democratización» (en alusión a la ronda de viajes que por esas fechas el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, emprendió por las capitales de los Estados miembros de la CEE). A las exigencias del comunicado del 12 de diciembre añadía la de la supresión de los tribunales ejecutores de la represión (en referencia al Tribunal de Orden Público), la intervención de organismos internacionales como Amnistía Internacional o la Cruz Roja como garantes del proceso de democratización, la supresión del sistema sindical vertical, la celebración de elecciones en el ámbito regional y local y la autonomía de las regiones del Estado. Por último, la CES afirmaba que la España democrática, con vocación europea, debía encontrar su lugar en una Europa unida y democrática1095. Tales premisas serían confirmadas en el Congreso de la CES celebrado en Londres en abril de 1976. Hasta la celebración de las elecciones de 1977 continuó esta actitud recelosa y crítica hacia el Gobierno de Madrid, que se expresó puntualmente con ocasión de hechos como la muerte de varios manifestantes en las protestas obreras de Vitoria en 1093 CES, «Espagne, pour un changement réel», comunicado de prensa, Bruselas, 15-12-1975, IISH, ETUC-1310. 1094 Circular de J. Kułakowski a las confederaciones afiliadas, la CISL y la CMT, Bruselas, 18-12-1975, IISH, ETUC-1310. 1095 «Déclaration de la CES sur la situation en Espagne», 27-2-1976, IISH, ETUC-1313. 358 marzo de 1976, la huelga general convocada conjuntamente por UGT, CCOO, USO y la Confederación Nacional del Trabajo el 12 de noviembre de ese mismo año, o, eventualmente, los contactos entre el Gobierno español y las instituciones europeas1096. Más significativo aún resultó el apoyo dado por la CES a la organización del XXX Congreso de UGT en Madrid en abril de 1976, al que tanto Vetter como Kułakowski acudieron como invitados y donde insistieron en la libertad sindical como requisito insalvable para una futura adhesión de España a la CEE1097. Cuando el Gobierno de Suárez prohibió la celebración del primero de mayo en 1977, la CES insistió de nuevo en este argumento ante el Gobierno español, recogiendo así las protestas del movimiento sindical en todo el país y llamando a la movilización de las confederaciones afiliadas para no aceptar una «democratización deficiente» en la que no se respetaran los derechos de los sindicatos1098. El exitoso desarrollo de las elecciones de 1977 terminó por vencer los recelos del CES en relación con la democratización de España. En la medida en que la Comunidad Europea y el Consejo de Europa dieron carta de validez al proceso democrático español, no cabía ya seguir poniéndolo en duda desde el ámbito sindical, máxime cuando las propias UGT y ELA-STV habían visto con satisfacción el cumplimiento de la mayoría de las exigencias que habían planteado en los meses precedentes. En cualquier caso, la rápida presentación por Marcelino Oreja de la solicitud de adhesión a la CEE desplazó el núcleo de la preocupación de la CES sobre España de la cuestión de la democracia a la de la integración en la Comunidad. Dado que durante el régimen franquista la exclusión de España de las instituciones comunitarias se había basado en su régimen autoritario, la desaparición de éste debía en buena lógica abrirle ahora las puertas1099. Sin embargo, al cobrar mayor trascendencia los intereses enfrentados de los 1096 «La CMT, la CISL et la CES, solidaires des travailleurs basques», IISH, ETUC-1313. CES, communiqué de presse (nº 54), 12-11-1976, IISH, ETUC-1316. CES, comunicado de prensa del 6-7-1976 tras el encuentro entre Socias Humbert, secretario general de la Organización Sindical Española y los vicepresidentes de la Comisión Europea Soames y Hillery, IISH, ETUC-1583. 1097 Entrevista de Manuel Simón con Manuela Aroca, doc. cit., pp. 79-85. «XXX Congreso de UGT, 15 al 18 de abril de 1976», IISH, ETUC-1306. DEBUNNE, Georges, J’ai eu mon mot à dire. Mémoires, Bruxelles, Labor, 1988, pp. 162-163. 1098 Telegrama de M. Hinterscheid al Gobierno español, 29-4-1977, y circular de M. Hinterscheid a las organizaciones afiliadas a la CES, 18-5-1977, IISH, ETUC-1310. 1099 En 1962 el Secretariado Sindical Europeo, precedente de la CES, se dirigió al Consejo de Ministros de la CEE para instarle a responder negativamente a la solicitud de adhesión enviada en esas fechas por España. En 1969 la Confederación Europea de Sindicatos Libres (CESL) también escribió a la CEE para protestar por las negociaciones emprendidas con España para la firma de un acuerdo comercial preferencial. H. G. Buiter al Consejo de Ministros de la CEE, 12-2-1962, IISH, ETUC-1583; telegrama de J. Kułakowski y T. Rasschaert al Consejo de Ministros de la CEE, 22-7-1969, IISH, ETUC-1584. 359 diferentes sectores económicos de los Estados miembros, la CES se convirtió en un oportuno foro de debate en torno a los efectos de la adhesión española, y también, desde el punto de vista de UGT, en un interesante canal para la defensa de la causa española ante sus socios europeos. Ante el proceso consultivo abierto por la Comisión Europea para la recopilación de datos de cara a la elaboración de un informe sobre la adhesión, la CES demoró la elaboración de una posición común sobre el tema por la pluralidad de intereses enfrentados. Al presidente Vetter lo inquietaba el efecto que la ampliación tendría sobre el mercado laboral alemán, y se declaraba partidario de restringir el derecho de libre circulación de los trabajadores de los países candidatos. Lo preocupaban asimismo las ayudas económicas que estos países necesitarían para hacer frente a sus debilidades estructurales, en un momento en el que incluso los países más ricos de la Comunidad pasaban por dificultades1100. En abril de 1978 la Comisión Europea instó a la CES a consultar a sus organizaciones miembros sus opiniones sobre la cuestión y elaborar una síntesis de sus diferentes puntos de vista1101. La UGT tomó entonces la iniciativa para que el Comité Ejecutivo de la CES aprobara en septiembre de 1978 una resolución a favor de la entrada de España en la CEE, sobre la base de que histórica, cultural, económica y políticamente su pertenencia a Europa era incuestionable, la entrada en la CEE reforzaría su proceso democratizador y las dificultades debidas a esta ampliación podrían ser superadas «gracias a una actitud común y solidaria de las centrales sindicales directamente interesadas»1102. A grandes rasgos, ésta sería la actitud que mantendría oficialmente la CES durante todo el período de las negociaciones, pese a que puntualmente aparecieran voces discordantes en relación con algunas cuestiones concretas, procedentes de los países potencialmente perjudicados por la adhesión de España. Por otra parte, la CES operó como conducto para la transmisión de información sobre el desarrollo de las leyes sindicales o la aplicación de los pactos de la Moncloa entre los sindicatos españoles y el 1100 Nota interna para M. Hinterscheid, 26-4-1978 IISH, ETUC-1590. 1101 «Objet: élargissement de la CEE - réunion du 14 juin 1978», circular de la CES, 24-4-1978, FLC, SRI 1921/6. 1102 «Procès verbal, Comité Exécutif de la CES, Bruxelles, les 20-21 septembre 1978», IISH, ETUC-1310. El documento había sido redactado por el secretario de Relaciones Internacionales de UGT, Manuel Simón, que se lo hizo llegar a Mathias Hinterscheid a través del militante Ignacio Planas. Telegrama de Simón a Planas, 11-9-1978, IISH, ETUC-1584. 360 CESE1103. El Instituto Sindical Europeo, creado en 1978 en Bruselas a instancias de la CES como centro de investigación sobre cuestiones sindicales, llevó a cabo varios trabajos sobre los efectos de la ampliación de la CEE. Entre ellos destacó el estudio realizado en 1979 por Martin Hutsebaut, investigador del instituto y diputado en el Parlamento belga, Los aspectos socioeconómicos de la ampliación de la Comunidad Europea por la adhesión de Grecia, Portugal y España. El estudio desarrollaba las principales preocupaciones de la CES en relación con la ampliación de la Comunidad al sur, que se sintetizaban en nueve: 1) las elevadas diferencias entre los niveles de desarrollo económico de los países candidatos con los miembros de la CEE en los distintos indicadores (educación, formación profesional, infraestructuras sociales, etc.); 2) la baja productividad de la agricultura y la debilidad de la industria en los candidatos, hasta entonces camufladas por las barreras arancelarias; 3) los desequilibrios regionales, susceptibles de ampliarse, siendo la situación de España particularmente delicada en este punto; 4) el desequilibrio en las balanzas de pagos y la inestabilidad monetaria; 5) el elevado desempleo de los países candidatos, susceptible de aumentar por su elevada población adolescente; 6) el subempleo existente sobre todo en el sector agrario; 7) las diferencias de salarios y condiciones de trabajo con los países de la CEE; 8) las desigualdades entre hombres y mujeres en relación con el acceso a la formación y al empleo; y 9) los nuevos problemas que se plantearían en materia de democracia económica y social. Según la CES, ante este desafío la CEE debía elaborar una estrategia global en colaboración con el movimiento sindical europeo y movilizar su potencial financiero para mejorar la situación de los países candidatos, pero al mismo tiempo avanzar en un nuevo modelo de desarrollo más coherente y democrático, potenciando definitivamente las políticas sociales en el seno de la CEE. Para ello, la ampliación se debía llevar a cabo en torno a un amplio programa de acción que abarcara políticas industriales, sectoriales, regionales, coyunturales y sociales activas. Se debía poner el acento en la política de empleo, incluyendo la reducción de la jornada laboral y el aumento de las inversiones creadoras de trabajo, sobre todo en los servicios y el sector público. Había que reformar la política agrícola común de la Comunidad teniendo en cuenta la naturaleza y estructura de la producción agrícola de los países 1103 Correspondencia entre Enrico Kirschen, miembro del grupo de trabajo «España» del Comité Económico y Social; Sven-Erik Sterner, secretario general adjunto de la CES, encargado especialmente de los asuntos españoles; Alex Aguirresábal, miembro de la Comisión Ejecutiva de ELA-STV; y Manuel Simón, enero-marzo de 1979, IISH, ETUC-1315. 361 adherentes. La libre circulación de los trabajadores debía seguir constituyendo un elemento esencial de la Comunidad, pero incluyendo la necesidad de crear empleo allí donde se encontraran los trabajadores, de manera que no se vieran forzados a emigrar1104. Durante los seis años de duración de las negociaciones, las instancias de la CES mantuvieron estas mismas líneas en su discurso sobre el tema, insistiendo puntualmente en el significado político de la adhesión, en la importancia de las políticas sociales y de empleo y en la necesidad de que las fuerzas sindicales fueran consultadas durante el proceso1105. Además, en el debate en torno a la necesidad de la CEE de reformular sus estructuras de cara a facilitar el funcionamiento de una Comunidad de doce miembros, la CES se posicionó junto con el Movimiento Europeo Internacional en la defensa de una Comunidad más integrada, donde la Comisión y el Parlamento Europeo ganaran autonomía y se prescindiera de la unanimidad como método decisorio1106. Por otra parte, cuando a partir de 1980 las negociaciones de España con la Comunidad comenzaron a sufrir retrasos por la indefinición de la CEE en el planteamiento de sus posiciones de partida sobre capítulos clave, la CES se sumó a otras agrupaciones europeístas en la exigencia de no demorar la ampliación. Así, tras la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 Mathias Hinterscheid, secretario general de la CES desde 1979, se dirigió al comisario Lorenzo Natali para llamar su atención sobre la responsabilidad de la CEE en la consolidación de la democracia en España y el riesgo que para la misma suponía la prolongación de las negociaciones sine die1107. Después de 1983, cuando las negociaciones encontraron nuevos obstáculos y retrasos que hicieron temer incluso que la adhesión pudiera postergarse para una fecha posterior a 1986, la CES actuó de nuevo como un medio de presión ante la Comisión y el Consejo, insistiendo en la necesidad de mostrarse solidarios en especial en el capítulo agrícola, del que se derivaban buena parte de los problemas, desligarse del «enfoque puramente 1104 Les aspects socio-economiques de l’élargissement de la Communauté Européenne par l’adhésion de la Grèce, du Portugal et d’Espagne, Bruxelles, abril de 1979, FLC, SRI 1921/6. 1105 «Discours de Wim Kok, président de la Conféderation Européenne des Syndicats (CES), à la conférence du Comité Économique et Social sur l’élargissement de la Communauté Européenne, Bruxelles, le 26 juin 1980», IISH, ETUC-1584. «Discours prononcé par Mathias Hinterscheid, secrétaire général de la Confédération Européenne des Syndicatas, sur l’élargissement des Communautés Européennes, réunion presse syndicale, septembre 1980, Lagonissi (Athènes)», FLC, SRI, 1921/6. 1106 «The social and economic effects of the enlargement of the EEC and the implications on trade and labour policy in western Europe», interim report for EFTA prepared by European Trade Union Institute, september 1980, FLC, SRI, 1921/6. 1107 Hinterscheid a Natali, 5-3-1981, IISH, ETUC-1309. Sobre esta cuestión la CES emitió también un comunicado de prensa: CES, Information presse, PS 5781, p. 7, FLC, SRI 2185/2. 362 contable» con que se encaraba la negociación y hacer así de la ampliación un factor dinamizador para la Comunidad en lo político, económico y social1108. Al fin, el acuerdo sobre la adhesión alcanzado en la primavera de 1985 sería saludado por la CES como correspondiente «a las aspiraciones y a los ideales de democracia de los trabajadores españoles y portugueses así como a las demandas y compromisos de solidaridad expresados durante años por los trabajadores europeos»1109 y, pese a que determinados aspectos del Tratado fueron objeto de contestación en España por varias fuerzas políticas y sociales, la CES se abstuvo de criticar aspectos concretos del mismo y se remitió a la valoración positiva que del Tratado hizo la UGT, aliada entonces del partido de gobierno. Quedaba por resolver, sin embargo, la cuestión de la admisión de CCOO a la CES. Si en 1975 la solicitud de adhesión de la confederación no había sido aceptada por su impreciso carácter de movimiento sociopolítico, la celebración en junio de 1978 del primer congreso de CCOO, en el que se definió como una confederación sindical unitaria, independiente, democrática e internacionalista, llevaría a retomar la cuestión de la cooperación con el sindicalismo europeo. Así, el 4 de julio de 1978, por medio de una carta firmada por Marcelino Camacho, secretario general, y Serafín Aliaga, secretario de relaciones internacionales, CCOO solicitó formalmente la adhesión a la CES1110. De nuevo en el seno de ésta se pusieron en marcha las consultas internas, de forma prioritaria con UGT y ELA-STV, para conocer su valoración de esta candidatura y de las que en las mismas fechas enviaron otros sindicatos españoles (la Unión Sindical Obrera, el Sindicato de Obreros del Campo y la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores). En mayo de 1979 tuvo lugar el III Congreso estatutario de la CES, donde el neerlandés Wim Kok reemplazó a H. O. Vetter como presidente de la organización y Mathias Hinterscheid fue nombrado secretario general. En este congreso se fijaron algunos preceptos para la admisión de nuevos miembros en la CES, como tratarse de sindicatos con estatutos democráticos, agrupar a diferentes ramas, no pertenecer a la Federación Sindical Mundial (aun cuando esto no se señalara explícitamente) y ser 1108 «Seminario CES y organizaciones sindicales afiliadas de España y Portugal sobre la III ampliación de la CEE», febrero de 1984. «Déclaration du Comité Exécutif de la CES sur l’élargissement de la Communauté à l’Espagne et au Portugal», Bruxelles, 6/7 décembre 1984, FLC, SRI 2185/2. 1109 Institut Syndical Européen, «VIe Congrès de la CES, Milan, 13 au 17 mai 1985, Résolution sur l’élargissement de la Communauté à l’Espagne et au Portugal». 1110 Camacho y Aliaga a la CES, 4-7-1978, AHT, SG 51/4. 363 organizaciones representativas, independientes, nacionales y europeístas1111. Sobre esta base, Camacho y Aliaga fueron invitados a participar en la reunión del Comité de Finanzas y Gestión General de la CES de marzo de 1980, donde defendieron el carácter democrático y la vocación europeísta de CCOO1112. Debido a las presiones de UGT, el Comité Ejecutivo decidió de momento postergar su decisión sobre CCOO hasta junio. En su reunión del 12 y 13 de junio, el Comité Ejecutivo optó por abrir un «plazo de reflexión suplementario», durante el cual se recogerían más informaciones sobre CCOO y la situación sindical en España1113. En una reunión posterior, ya en abril de 1981, la CES decidió enviar una delegación observadora al II Congreso de CCOO, que se celebraría en Barcelona en junio de 19811114. La delegación estuvo integrada por dos miembros del secretariado de la CES, un representante de la central FNV neerlandesa (favorable a CCOO) y otro de la DGB alemana (que le era hostil). Su informe, escasamente concluyente, glosaba algunos de los debates mantenidos en el congreso, con una mención específica de la resolución sobre cuestiones internacionales, en que CCOO reiteraba su voluntad de adhesión a la CES y su posición favorable a la entrada de España en la CEE, así como su exigencia de celebración de un referéndum en relación con la entrada de España en la OTAN1115. Entre tanto, desde 1979 la UGT venía desarrollando ante sus socios de la CES toda una campaña para desacreditar la candidatura de CCOO, sobre la base de la conexión entre el sindicato y el PCE y el peso de las posiciones más radicales de izquierda en el seno de éste. Así, por ejemplo, la UGT interpretaba el Congreso de CCOO, pese a la imagen de apertura que había ofrecido, como un triunfo de las corrientes pro-soviéticas y leninistas. Desde el punto de vista de la UGT, el ingreso en la CES otorgaría a CCOO un certificado de credibilidad democrática y europeísta que no se correspondía con la realidad y que tendría un gran coste para el sindicalismo democrático, además de significar la entrada en la confederación de un elemento díscolo que dificultaría la 1111 MORENO PRECIADOS, J., Sindicatos... op. cit., pp. 183-189. 1112 «Procès verbal de la réunion du comité de finances et de gestion génerale - Bruxelles, le 14 mars 1980, pp. 13-16», IISH, ETUC-620. 1113 «La CES y la solicitud de ingreso de CC.OO.», Gaceta sindical, nº 5 (septiembre de 1980). 1114 «Procès verbal, réunion du Comité Exécutif, Bruxelles, les 2/3 avril 1980», pp. 2-10, IISH, ETUC- 627. 1115 «Rapport de la délégation de la CES qui a assisté au IIème Congrès des CCOO (Barcelone, du 18 au 21 juin 1981)», IISH, ETUC-631. 364 adopción de consensos en el futuro1116. La UGT se quejó, igualmente, por el uso que, a su juicio, CCOO hizo de sus perspectivas de adherirse a la CES en la campaña de las elecciones sindicales de 19801117. La UGT interpretaba la candidatura de CCOO en el marco de la Guerra Fría, exponiendo el peligro de admitir en el seno de una confederación democrática y europeísta a una organización ligada al Partido Comunista1118. No fue por ello casual que encontrara su principal respaldo en la DGB, dado el anticomunismo prevalente en la socialdemocracia germano-occidental. Vetter, presidente de la DGB, contribuyó a difundir los argumentos contra CCOO, llegando al extremo de amenazar con el abandono de la CES por parte de la DGB si se producía la admisión de CCOO1119. Por su parte, CCOO veía el asunto como parte de la pugna por la supremacía sindical en España, denunciando que la actitud de la UGT respondía únicamente a la voluntad de apropiarse en exclusiva del marchamo europeísta y la credencial que tanto frente al interior como frente al exterior implicaba la presencia en la CES1120, y así lo expuso repetidamente en la prensa y en sus correspondencia con la CES y otros sindicatos europeos. El propio Camacho propuso en febrero a Vetter una entrevista personal para informarlo sobre la verdadera naturaleza de CCOO, sin éxito1121. Más tarde, Camacho escribiría a la DGB y al resto de centrales sindicales de la CES para rebatir los argumentos en su contra, reivindicando su amplia representatividad, su independencia de actuación, su carácter democrático y su respaldo de los criterios y objetivos europeístas de la CES1122. Según señalarían Camacho, Aliaga y otros representantes de la confederación, lo que UGT pretendía mediante su veto era combatir el acceso de CCOO a vías de influencia sobre el sindicalismo europeo que 1116 Circular de Manuel Simón a la CES y todas las organizaciones miembro, 1-10-1981, FLC, SRI 1860/1, Redondo a Hinterscheid, 8-3-1980, IISH, ETUC-1308. Circular de la UGT a las confederaciones sindicales europeas, 20-5-1980; Simón a la CES, 26-10-1981, IISH, ETUC-1309. 1117 Redondo y Simón a Hinterscheid, 12-5-1980, IISH, ETUC-1380. 1118 «La Guerra Fría condiciona el contencioso CC.OO.-UGT», FLC, SRI 1859/2. 1119 DGB-Nachrichtendienst, nº 160/81 (3 de agosto de 1981). «Vetter droht dem Europäischen Gewerkschaftsbund mit Austritt» y «Nicht mit Kommunisten», Frankfurter Algemaine Zeitung, 6-8-1981. «La Federación alemana declara la guerra a los sindicatos comunistas», Ya, 12-8-1981. Vetter a Hinterscheid, 4-8- 1981, IISH, ETUC-1318. Hinterscheid a Vetter, 2-9-1981, IISH, ETUC-1319. Carta remitida por Vetter en nombre del buró confederal de la DGB a todas las centrales afiliadas a la CES, 13-8-1981, AHT, SG 51/4. 1120 Con el tiempo, la veracidad de esta interpretación ha sido reconocida por el propio Manuel Simón. Entrevista de Manuel Simón con Manuela Aroca, doc. cit., p. 138. 1121 Camacho a Vetter, 23-2-1981, AHT, SG 54/1. 1122 Camacho a Vetter, 8-9-1981; Camacho y Aliaga a todas las centrales miembros de la CES, 9-9-1981; Aliaga a todas las centrales afiliadas a la CES, 29-9-1981, AHT, SG 54/1. 365 reforzaran su posición ya dominante en España, después de haberse impuesto en las elecciones sindicales de 1978 y 19801123. El momento culminante de la discusión tuvo lugar a fines de 1981. En octubre el comité de Finanzas y Gestión General de la CES celebró una dura reunión en torno a la ampliación de la confederación. Tanto el presidente Kok como el belga Georges Debunne, presidente de la FGTB, trataron infructuosamente de convencer a Vetter y a los demás renuentes sobre la idea de que la CES debía ser una organización pluralista1124. Se decidió dejar la decisión final sobre CCOO para una reunión del Comité Ejecutivo en diciembre, a la que estarían invitados Camacho y Aliaga1125. La UGT protestó vehementemente por no haber sido consultada en la preparación de la reunión de octubre y por la «irregularidad» que, a juicio de sus dirigentes, suponía invitar de nuevo a hablar ante la CES a los representantes de CCOO1126. Por su parte, CCOO redobló sus esfuerzos para tratar de lograr los bastantes votos favorables entre los sindicatos europeos1127. Al fin, en diciembre el Comité Ejecutivo votó sobre la adhesión de CCOO, con el resultado de 17 votos a favor, 13 en contra y una abstención. Los estatutos de la CES requerían una mayoría de dos tercios para la aceptación de nuevos miembros, por lo que la candidatura fue desestimada1128. Terminaba aquí una fase de las fatigas de CCOO por adherirse a la CES. Dado que la cuestión se había cerrado un tanto en falso, la UGT no dejó en los años siguientes de enviar a la CES informes sobre la evolución de CCOO, poniéndola siempre en relación con la crisis del Partido Comunista, sobre todo tras el fracaso del modelo 1123 De hecho, ya en 1978, al poco de presentar la solicitud de adhesión a la CES, el Secretariado de CCOO había identificado el veto de UGT como principal obstáculo a hacer frente y había discutido estrategias al respecto. Reunión del Secretariado, 21-11-1978, AHT, SC 1/12. Sobre la polémica entre CCOO y UGT en torno a la CES en 1980 y 1981, ALIAGA, Serafín, «El proceso de diálogo e información continúa», Gaceta sindical, nº 4 (julio 1980), p. 42, y «Comisiones Obreras, la CES y el II Congreso Confederal», Gaceta sindical, nº 12 (mayo 1981), pp. 47-48. «La CES y la solicitud de ingreso de CC.OO. Situación y análisis de los últimos acontecimientos», Gaceta sindical, nº 14 (septiembre-octubre 1981). «CC.OO. acusa a UGT de vetar su entrada en la CES», El País, 10-10-1981. MORENO PRECIADOS, Juan «En torno a la ampliación de la CES (I)», Mundo Obrero (27 de junio al 3 de julio de 1980), y «En torno a la ampliación de la CES (II). ¿Quién veta a CC.OO.?», Mundo Obrero (4 al 10 de julio de 1980). «La CES et les CC.OO.: quelques précisions nécessaires», CC.OO. Informations internationales, nº 6 (octobre-novembre 1981), pp. 1-4. 1124 «Procès verbal, comité de finances et gestion générale, 8 octobre 1981», pp. 3-10, IISH, ETUC-619. 1125 «La Confederación Europea de Sindicatos retrasa nuevamente el ingreso en su seno de Comisiones Obreras», El País, 10-10-1981. 1126 Redondo a Hinterscheid, 23-10-1981; Redondo a Hinterscheid, 13-11-1981, FLC, SRI 1860/1. 1127 Cartas de Camacho a todas las centrales de la CES que votaron a favor de la resolución del 9 de octubre, 21-10-1981; Camacho a Hinterscheid, 26-10-1981; Camacho a Kok, 26-10-1981, AHT, SG 51/4. 1128 Según los estatutos de la CES, al haber superado el 50% de votos favorables, la cuestión quedaba «remitida al secretariado para ulterior examen». «Procès verbal, réunion du Comité Exécutif, Bruxelles, les 17/18 décembre 81», FLC, SRI 1984/5. 366 eurocomunista en las elecciones de 19821129. Sin embargo, durante dos años la candidatura de CCOO desaparecería de la agenda de la CES, que ni siquiera informó oficialmente al sindicato español del resultado de la votación de diciembre de 19811130. En junio de 1983 Camacho y Aliaga fueron invitados a la reunión del Comité de Finanzas y Gestión General de la CES, sin que de ello saliera ningún compromiso ni cambio sustancial en la relación entre ambas partes1131. El Comité Ejecutivo de la CES volvió a ocuparse de CCOO tras la celebración de su III Congreso, en 1984, y otra vez en 1985, cuando Marcelino Camacho reiteró la solicitud de adhesión1132 y de nuevo una delegación de la CES, encabezada por Mathias Hinterscheid, visitó España para observar el funcionamiento de CCOO1133. Una vez más, la decisión final sobre la admisión de CCOO quedó suspendida. A la postre, sería la evolución interna de España bajo gobierno socialista, después de la entrada en la CEE en 1986, la que propiciaría un acercamiento entre la UGT y CCOO que a su vez posibilitaría el fin del veto de la UGT. Con todo, el proceso sería lento, y la pugna entre las dos principales centrales sindicales españolas por los espacios de poder derivados de la participación en instituciones europeas se extenderían a nuevos escenarios tras la entrada a la CEE. Después de la adhesión, le correspondía al Gobierno español designar a dos miembros como representantes de los sindicatos en los comités consultivos de la Comisión Europea sobre libre circulación de los trabajadores, seguridad social de los trabajadores emigrantes, formación profesional, seguridad e higiene y protección de la salud, y Fondo Social Europeo (diez en total). Ante la falta de acuerdo entre los sindicatos, en mayo de 1986 el Gobierno decidió, basándose en los resultados de las últimas elecciones sindicales, designar cinco representantes de la UGT (uno en cada comité), cuatro de CCOO y uno de ELA-STV (en el comité sobre el Fondo Social Europeo)1134. Juzgando esta decisión discriminatoria por dejarla en una posición de inferioridad respecto de la UGT, CCOO 1129 Simón a todas las confederaciones sindicales europeas, 6-8-1982; Simón a la CES, 20-7-1982, IISH, ETUC-1309. Simón a Hinterscheid, 5-12-1984, IISH, ETUC-1318. 1130 Serafín Aliaga, circular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CCOO, 1-3-1983, AHT, SG 51/4. 1131 «Reunión con el Comité de Finanzas y de Gestión General de la Confederación Europea de Sindicatos en Ginebra el día 9 de junio de 1983»; Camacho a Debunne, 8-7-1983, AHT, SG 51/4. 1132 «Procès verbal, réunion du Comité Exécutif, Bruxelles, les 11/12 octobre 1984»; Camacho a Debunne, 25-2-1985, IISH, ETUC-1323. Georges Debunne, que había sido nombrado presidente de la CES en 1982, intentó invitar a CCOO al Congreso estatutario de la CES de 1985, pero no lo consiguió. Vid. DEBUNNE, G. Les syndicats... op. cit., pp. 68-69. 1133 Hinterscheid a Camacho, 2-10-1985; Camacho a Hinterscheid, 25-10-1985, AHT, SG 51/4. 1134 Segismundo Crespo Valera, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, a Camacho, 26-5-1985, AHT, SG 52/3. 367 propuso a la Comisión Europea que el quinto delegado de la UGT fuera rotativo entre la UGT y CCOO1135. La Comisión se remitió al Ministerio de Trabajo español, que se negó a modificar el reparto1136. En consecuencia, durante todo el año 1986 CCOO bloqueó estas comisiones al no designar a sus representantes y acusó a Manuel Marín —entonces Comisario de Asuntos Sociales— de escamotearle su derecho a participar en otros comités consultivos de la Comisión (el Comité Permanente del Empleo, el Instituto para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y las comisiones paritarias sectoriales)1137. Así pues, Europa siguió siendo un escenario de confrontación entre los dos principales sindicatos españoles al menos hasta 1987. La llegada en ese año de Antonio Gutiérrez a la secretaría general de CCOO y, sobre todo, la nueva actitud de oposición de la UGT frente a la política laboral del Gobierno socialista, que desembocó en la huelga general de diciembre de 1988, darían lugar a un nuevo clima de relaciones entre los dos sindicatos que haría posible por fin la unidad de acción sindical. Por otra parte, el colapso del bloque soviético y el relanzamiento de la proyección exterior de CCOO, tras la asunción por Juan Moreno de la secretaría de relaciones internacionales, intensificando los lazos con los sindicatos de Europa occidental, dejarían obsoleto el viejo veto de la UGT a la entrada de CCOO en la CES. Su admisión se produciría finalmente en diciembre de 19901138. 4.2. Un actor especialmente sensible: las organizaciones profesionales agrarias Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el capítulo agrícola constituyó un aspecto crucial de la negociación de España a la CEE, como lo había sido ya en las relaciones hispano-comunitarias desde que se iniciaran las conversaciones para la firma del acuerdo de 19701139. En este sentido, resulta de especial interés conocer la participación y las posiciones defendidas por los grupos y asociaciones a los que 1135 Camacho a Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, 2-6-1986, AHT, SG 52/3. 1136 Camacho a Felipe González, 3-6-1986; Camacho a Joaquín Almunia, ministro de Trabajo, 3-6-1986; Almunia a Camacho, 9-6-1986, AHT, SG 52/3. 1137 «Sobre la participación sindical española en las comisiones tripartitas y bipartitas de la CEE», 1-6- 1987, AHC, SG 52/3. 1138 «Resolución del Secretariado Confederal sobre el ingreso en la CES», Madrid, 18-12-1990, AHT, SC, 12/8, 1139 Los aspectos fundamentales de la negociación del capítulo agrícola pueden seguirse a través de RUANO, Lorena, «The Consolidation of Democracy vs. The Price of Olive Oil: The Story of why the CAP Delayed Spain’s Entry to the EC», Journal of European Integration History, nº 2 (2005), pp. 97-117. 368 correspondía la representación de los intereses agrícolas. Para ello es necesaria una breve acotación en torno a la evolución del sindicalismo agrario en España y las características de éste en los años de la adhesión a la CEE. Si en los ámbitos de la representación laboral general y la organización del empresariado la transición democrática permitió la aparición y/o el reconocimiento de asociaciones libremente constituidas que ejercieron desde entonces su función como grupos de presión en los procesos de negociación colectiva, en el campo de la agricultura el abandono de las estructuras de representación propias del franquismo tuvo un carácter más gradual. Así, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, creadas por decreto en 1944 y en las que se integraban de forma obligatoria las diversas categorías sociales implicadas en la producción agrícola —empresarios, trabajadores y técnicos—, siguiendo la estructura sindical vertical del régimen, no fueron enteramente desmanteladas durante la transición, sino adaptadas a las nuevas circunstancias mediante su reconversión en Cámaras Agrarias por un decreto del 2 de junio de 1977. Estas nuevas cámaras, aun teniendo carácter democrático por cuanto la representación de los trabajadores en las mismas respondía a procesos electorales, mantuvieron la triple función, heredada de la dictadura, de la representación, de la acción reivindicativa y de servicios burocráticos y administrativos1140, y recibieron la contestación y el rechazo de nuevas organizaciones que, con diferentes planteamientos ideológicos, surgieron durante la transición con pretensiones de representación puramente sindical y que defendían un modelo de sindicalismo agrario plenamente libre, sin ningún tipo de injerencia gubernamental, tal como era la práctica habitual en Europa occidental1141. Entre las estructuras heredadas del sindicalismo agrario franquista hay que mencionar también las propias de las cooperativas agrarias. Durante el franquismo éstas estaban integradas obligatoriamente en las UTECOs (Uniones Territoriales de Cooperativas), agrupadas a escala nacional en la UNACO (Unión Nacional de Cooperativas). Pese a la derogación del corporativismo franquista, durante la transición siguieron funcionando en la práctica UTECOs y UNACO al no crearse ninguna estructura que las sustituyera. Sólo a partir de 1987 se crearían con carácter libre la 1140 MOYANO ESTRADA, Eduardo, «Ideologías y sindicalismo agrario en la transición democrática», Agricultura y Sociedad, nº 3 (abril 1984), pp. 33-57. 1141 Sobre el asociacionismo agrario en los países de la CEE, MOYANO ESTRADA, Eduardo, Las organizaciones profesionales agrarias en la CEE, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1994. 369 Unión de Cooperativas Agrarias de España (UCAE) y la Asociación Española de Cooperativas Agrarias (AECA), con vistas a participar —una vez que España entró en la CEE— en el COGECA (Comité General de Cooperativismo Agrario en la Comunidad Europea). En 1989 ambas entidades se fusionarían en la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, CCAE, conocida inicialmente como COPAGRO y en la actualidad como Cooperativas Agroalimentarias de España)1142. Ante este complejo panorama, durante el proceso de negociaciones para la adhesión a la CEE la representación de los intereses agrícolas estuvo, por lo tanto, en manos de instancias diversas y en ocasiones enfrentadas entre sí. Si bien los Gobiernos tenderían a privilegiar como interlocutoras a las Cámaras Agrarias, el escaso carácter reivindicativo de éstas hacía que no fueran las instituciones adecuadas para la defensa de intereses concretos. En cambio, las nuevas organizaciones profesionales agrarias (OPAs), de las que vamos a ocuparnos en este epígrafe, sí mantuvieron la aspiración de ejercer presión tanto sobre el Gobierno español como sobre las instituciones europeas, aun cuando dispusieran para ello de cauces muy reducidos. Además, por sus diferentes inclinaciones ideológicas y grados de extensión, asentamiento y aceptación entre los trabajadores agrícolas, cada una de ellas aportaría matices distintos en su interpretación de la adhesión a la CEE y de las actitudes a adoptar al respecto. Resultan, por lo tanto, de interés para el conocimiento de los estados de opinión de determinados grupos sociales, aun cuando por las peculiaridades del sistema de representación agrícola en España su capacidad de influencia fuera escasa1143. Entre las OPAs en España surgidas a raíz de la liberalización sindical de 1977 se aprecian en esencia tres grandes líneas ideológicas y de funcionamiento1144: —Un sindicalismo de clase, de tradición antifranquista y claramente orientado a la izquierda, que estaría representado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). La COAG, creada en 1977, de influencia comunista e implantada en el conjunto de 1142 MOYANO ESTRADA, Eduardo, Asociación colectiva y cooperativismo en la agricultura europea, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993, pp. 475-489. 1143 MOYANO ESTRADA, Eduardo, «Diez años de sindicalismo en la agricultura española (1977-1987)», Agricultura y Sociedad, nº 48 (julio-septiembre 1988), pp. 9-46. 1144 Seguimos aquí a DE LA FUENTE BLANCO, Gloria, Las organizaciones agrarias españolas, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1991, pp. 61-111 y a MOYANO ESTRADA, Eduardo, Corporatismo y Agricultura: Asociaciones profesionales y articulación de intereses en la agricultura española, [s. l.], Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984, pp. 169-263. Una presentación más esquemática de la OPAs españolas se encuentra en MARTÍN, Carlos, El sindicalismo agrario, La Acción Social, Cuadernos de formación nº 15, Madrid, Cáritas, 1990. 370 España, alcanzó la mayor extensión de su base social en los primeros años de la transición, y se componía sobre todo de explotaciones pequeñas y medianas de carácter familiar1145. Por su parte, la UPA se creó en 1980 dentro de las estructuras de la UGT, al decidirse la separación, dentro de la Federación de Trabajadores de la Tierra, entre la representación de los trabajadores y la de los pequeños propietarios. Así, la UPA aspiraría a representar a los pequeños propietarios de ideología socialista o socialdemócrata. Su principal área de extensión estaría en Galicia y Extremadura y, en menor medida, en Castilla-La Mancha, Murcia, País Valenciano, Castilla y León y Aragón1146. —Un sindicalismo empresarial, ideológicamente más conservador y defensor de la propiedad privada y de la economía de mercado, y que estaría representado por la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG). Nacida en 1977 fruto de la reconversión de parte de la Unión Nacional de Empresarios, se valió de la infraestructura de las Hermandades de Agricultores y Ganaderos para extender su base entre grandes propietarios de Andalucía Occidental, Extremadura y otras zonas donde predominaban las grandes explotaciones, como las provincias de Zaragoza y Valladolid. Orientada hacia los intereses patronales, la CNAG sería miembro fundador de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aunque mantendría un elevado grado de autonomía dentro de ésta, y la articulación de los intereses agrícolas en la CEOE —volcada prioritariamente sobre los otros sectores de la economía— no resultaría sencilla1147. —En tercer lugar, un sindicalismo reformista, orientado a la reivindicación de la mejora de las condiciones del trabajo agrario y de la vida rural con abstracción de distinciones de clase o del tamaño de las explotaciones, que abogaba por una corrección de los efectos negativos que el desarrollo económico e industrial ocasionaba sobre las actividades agrícolas. De esta línea participaban el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) y la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), ambas de tendencia moderada y próximas a la UCD. 1145 Sobre la COAG, «Entrevista a Andreu Peix Massip» [asesor técnico de la COAG], Agricultura y Sociedad, nº 31 (1984), pp. 223-247. 1146 Sobre el sindicalismo agrario de izquierdas, vid. HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, Antonio, La construcción de la democracia en el campo (1975-1988): el sindicalismo agrario socialista en la transición española, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007 y SABIO ALCUTÉN, Alberto, «Cultivadores de democracia. Politización campesina y sindicalismo agrario progresista en España, 1970-1980», Historia Agraria, nº 38 (abril 2006), pp. 75-102. 1147 Sobre los orígenes y estructuración de la CNAG, «Entrevista a Adolfo Sánchez Martín» [diputado de la UCD y miembro de la Junta Directiva de la CNAG], Agricultura y Sociedad, nº 31 (1984), pp. 199-221. 371 Como veremos, las OPAs mantuvieron en relación con la adhesión a la CEE determinadas reivindicaciones comunes, y también posiciones específicas en función de su ubicación ideológica. En este sentido, sus actitudes más o menos críticas hacia la acción de los Gobiernos, tal como las expresaron en sus revistas y boletines, no fueron ajenas al color político de los mismos, apreciándose diferencias entre los planteamientos de la COAG, más cercana al PCE y a CCOO, y los de la UPA, en la línea del PSOE y la UGT. Por otro lado, entre la CNAG, el CNJA y la UFADE se daría a lo largo de los años ochenta una progresiva convergencia que culminaría en 1988 con su fusión en la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA). En cualquier caso, desde un principio las OPAs españolas se posicionaron a favor de la adhesión de España a la CEE por razones políticas y económicas de carácter general, más allá de las meramente agrarias, pero expresaron igualmente sus reservas respecto de las transformaciones que sería necesario abordar en la agricultura española, de las prevenciones con que cabría abordar la negociación del capítulo agrícola, y de los cambios que de cara al futuro habría que impulsar en la política agrícola comunitaria. Así lo declaraba en abril de 1980 el boletín del CNJA: «La razón que con más peso incide en el deseo de Jóvenes Agricultores de incorporarse al esfuerzo comunitario (en el que geográfica y culturalmente estamos inmersos) es el de conseguir que nuestros agricultores tengan un nivel de calidad de vida similar al de los agricultores del norte de Europa […] »No exigimos privilegios, únicamente deseamos el apoyo necesario para hacer de Europa una potencia agraria. Para ello es necesario que el temor de excedentes se transforme por el contrario en la posibilidad de que Europa sea una potencia exportadora y más ante un futuro previsible de falta de alimentos en el mundo. Nuestro potencial agrario, que en principio puede ser temido por posiciones conservadoras y proteccionistas, debe verse como el complemento que Europa necesita para aumentar el marco estratégico de independencia respecto a terceros […]. »Jóvenes Agricultores tienen […] que decir No a un proceso de adhesión en el cual las directrices actuales del comercio no llevan a un desarrollo armónico de la comunidad. No es admisible para los agricultores españoles que en distintas etapas de adhesión se llegue a situaciones de empeoramiento respecto a etapas anteriores […]»1148. En otra publicación en el mismo medio definía el CNJA los que, a su entender, habían de ser los principios rectores de la adhesión de España a la CEE: no a una integración rápida y globalizada en la que no se atendiera a la situación específica de cada producto; mantenimiento en vigor del acuerdo de 1970 hasta la adhesión; 1148 «La adhesión a la Comunidad Europea», Jóvenes Agricultores, nº 16 (abril 1980), p. 5. 372 flexibilidad para la integración de la agricultura española en la CEE; participación de España como observadora, durante las negociaciones, en aquellos aspectos de la PAC que afectaran a la agricultura mediterránea; que en ningún caso la adhesión fuera un logro político alcanzado a costa de los agricultores; combatir el discurso francés sobre el peligro que supuestamente significaba la agricultura española; y, en definitiva, declarar la vocación europeísta pero «con los pies en el suelo»1149. Esto implicaba tomar conciencia de los problemas de partida de los países candidatos en relación con la agricultura comunitaria, a cuyo análisis dedicó el CNJA varios trabajos1150. En primer lugar, la tradicional orientación de la PAC a las producciones agrarias del norte de Europa (que obtenían más del 77% de los gastos para cultivos del FEOGA), en detrimento de las mediterráneas. Por otro lado, la reducida productividad, escasas comercialización y disposición de capital que caracterizaban a la agricultura en los países candidatos, países donde, además, el sector primario tenía una mayor participación en el PIB. La agricultura española debería volverse más competitiva, buscar la complementariedad con la europea y poner un mayor énfasis en la calidad. Sólo así se harían realidad las potencialidades de la adhesión, que podrían permitir a España fortalecer su posición de abastecedora alimentaria de la Comunidad, pero ello implicaría un esfuerzo de modernización también para otros sectores asociados al trabajo agrícola, como los fertilizantes, la maquinaria agrícola, los productos fitosanitarios y la distribución. Previsiblemente, la adhesión sería beneficiosa sobre todo para aquellos productos que en España gozaban de precios inferiores a los comunitarios, como el aceite de oliva, frutas y hortalizas y vino, pero el encarecimiento de los piensos pondría en dificultades a la producción ganadera, lo que afectaría sobre todo a las ventas de los sectores avícola, vacuno y lácteo. También la COAG, organización orientada ideológicamente mucho más hacia la izquierda, manifestaría desde su creación su actitud favorable a la adhesión a la CEE, e incluso sería admitida en 1981 como entidad miembro del Movimiento Europeo1151. La COAG reafirmaría esta posición en un documento entregado a los grupos 1149 «Postura de nuestro CNJA para el ingreso en la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 3 (enero 1979), p. 29. 1150 «Problemática agrícola de la ampliación de la Comunidad Económica Europea (1)», Jóvenes Agricultores, nº 7 (mayo 1979), pp. 30-31; «Problemática agrícola de la ampliación de la Comunidad Económica Europea (y 2)», Jóvenes Agricultores, nº 8 (junio-julio 1979), p. 9; «La adhesión a la Comunidad Europea», Jóvenes Agricultores, nº 16 (abril 1980), p. 5; PÉREZ ORTEGA, A. Luis, «Nuestra agricultura ante la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 19 (agosto-septiembre 1980), pp. 9-13. 1151 «La COAG, miembro del Movimiento Europeo», COAG informa, nº 68 (1-15 de junio 1981), p. 7. 373 parlamentarios del Congreso de los Diputados en junio de 1979, pero señalaría asimismo las deficiencias de la PAC que era necesario corregir: falta de una auténtica política de desarrollo regional, excedentes estructurales de productos lácteos, insuficiente política de estructuras y escasa atención a los desequilibrios regionales, lo que había ensanchado las diferencias entre los países del norte y los del sur1152. Al igual que otras OPAs, durante la primera fase de las negociaciones la COAG elaboró varios estudios sobre la incidencia de la adhesión sobre diversos productos y sectores1153 y realizó numerosas publicaciones al objeto de informar a sus afiliados sobre el funcionamiento de las instituciones de la CEE y en particular de la PAC, sobre todo en lo relacionado con el FEOGA y la política de precios1154. Si, tal como hemos visto, entre los sindicatos mayoritarios fue prácticamente una constante la reivindicación de un papel más activo como interlocutores del Gobierno durante la negociación con la CEE, en el caso de las OPAs fue también recurrente el descontento por la que consideraban escasa atención que el Gobierno prestaba a sus reivindicaciones, si bien las inclinaciones políticas de cada organización la situaron en una posición diferente. Así, el interlocutor prioritario para temas agrarios del Ministerio para las Relaciones con la CEE sería la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (CONCA), controlada por las OPAs mayoritarias, la CNAG y el CNJA. Este sería un aspecto criticado por las OPAs de izquierda, UPA y COAG, que consideraban ilegítimas a las cámaras agrarias como grupos de presión y reclamaban una participación directa en las negociaciones. Sería el Ministerio de Agricultura el que ejercería como interlocutor con las OPAs, transmitiéndoles las posiciones negociadoras del Gobierno y de la Comunidad, aun cuando en alguna ocasión los representantes de las OPAs fueran recibidos directamente por el presidente del Gobierno1155. Por otra parte, tras el triunfo electoral del PSOE la UPA gozaría, como entidad vinculada a la UGT, de un trato preferente con el ministro de Agricultura, Carlos Romero. 1152 «España en el Mercado Común», COAG informa, nº 24 (2ª quincena de junio 1979), pp. 10-11. 1153 Por ejemplo el artículo «El sector vitivinícola ante la entrada en el Mercado Común Europeo», COAG informa, nº 50 (1ª quincena de septiembre 1980), p. 11, muy optimista para el sector. 1154 «El funcionamiento del Mercado Común (I)», COAG informa, nº 51 (2ª quincena de septiembre 1980), pp. 8-11; «La CEE. Los problemas monetarios», COAG informa, nº 52 (1ª quincena de octubre 1980), p. 7; «El FEOGA-garantía: financiación de la política de precios», COAG informa, nº 53 (2ª quincena de octubre 1980), pp. 4-5; «La financiación de la política de estructuras: el FEOGA-orientación», COAG informa, nº 56 (1ª quincena de diciembre 1980), pp. 6-7; «La Comunidad Económica Europea en sus instituciones» y «Cambios en la política agraria comunitaria», COAG informa, nº 58 (1ª quincena de enero 1981), pp. 6-7 y 8-11 respectivamente. 1155 Como sucedió en abril de 1981. «Problemática del sector agrario presentada al Presidente del Gobierno», Jóvenes Agricultores, nº 26 (abril 1981), pp. 4-9. 374 En cuanto a la relación con las instituciones de la CEE, el comisario Natali incluyó en 1979 a las OPAs en una de sus rondas de contactos durante sus visitas a España1156. Pero la institución comunitaria con la que las OPAs mantendrían contactos más frecuentes sería el CESE. En junio de 1978 los delegados del CESE de visita en España se entrevistaron por primera vez con los representantes de las OPAs1157: fueron convocadas en esa ocasión el CNJA, la COAG y otras organizaciones sectoriales y provinciales menores, dejando en la delegación del CESE la impresión de que el sindicalismo agrario español se encontraba aún en fase de organización y era difícil conocer la representatividad real de cada asociación1158. CNAG, UFADE, CNJA, COAG y la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT serían invitadas a la conferencia del CESE sobre la ampliación de la CEE en junio de 19801159. Fernando Sanz-Pastor, presidente del CNJA —pero portavoz también en esa ocasión de CNAG y UFADE— reclamó una mayor protección para la agricultura mediterránea en la CEE. Por su parte, Antonio Ortiz de Landázuri, secretario confederal de COAG, aprovechó para reivindicar de nuevo que se considerara a las organizaciones agrarias del mismo modo que a los sindicatos o a la patronal1160. Tras la visita de una nueva delegación del CESE a Madrid en enero de 1981, y en virtud de la presión ejercida por la UGT, CCOO y las OPAs de izquierda, se acordó con el Ministerio de Agricultura la constitución de una comisión, con presencia de las OPAs y de otros actores para la representación del sector agrícola español ante el CESE, sustituyendo en este aspecto a las cuestionadas cámaras agrarias1161. La comisión entregó al CESE un documento en que expresaba su preocupación por la demora en la negociación del capítulo agrícola y planteaba una serie de exigencias para la misma: «1º. Tanto la agricultura de los países comunitarios como la española deberán tender a mantener aquellos niveles de producción indispensables para el equilibrio socio-económico de los sectores, no siendo, por consiguiente, admisible ningún tipo de retroceso susceptible de poner en riesgo las condiciones en que se desarrolla la actividad económica de los agricultores, y ganaderos, comunitarios y españoles. 1156 «El Mercado Común, al orden del día», COAG informa, nº 24 (2ª quincena de junio 1979), pp. 8-10. 1157 «Europa de los pueblos», COAG informa, nº 2 (julio 1978), p. 15. 1158 «Compte rendu de la visite de la Délégation du Comité économique et social en Espagne du 5 au 7 juin 1978», pp. 5-6, ACESE, 1141/2. 1159 «Liste des participants conférence “Élargissement” les 26 et 27 juin 1980», ACESE, 1275/12. 1160 Actas de la Conferencia del CESE sobre la ampliación de la CEE, 26 y 27 de junio de 1980, ACESE, 1275/13. 1161 La comisión estaría integrada por las cinco OPAs, un representante de las cooperativas, otro de las asociaciones profesionales agrarias, cinco de la Federación de Industrias Agrarias, otro de los consumidores, dos de los exportadores, uno por UGT, otro por CCOO y otro por ELA-STV, y contaría con el asesoramiento de dos funcionarios del Ministerio de Agricultura, uno de la Subdirección de Pesca, dos del Ministerio de Economía y dos del Ministerio para las Relaciones con la CEE. 375 »2º. Garantizar un desarrollo de los intercambios agrícolas con tasas simétricamente idénticas para el conjunto de las importaciones y exportaciones agroalimentarias, especialmente dado el supuesto de que se abrirá un mayor incremento del déficit comercial español en el sector industrial. »3º. Garantizar que ningún sector de la exportación agroalimentaria española se encontrará, desde el primer día de la adhesión, con peores condiciones de acceso a los mercados del resto de los países comunitarios, que ningún país tercero […]. »4º. Dada la inferior calidad de vida de España en relación con la Comunidad, se garantizará que en las transferencias de recursos financieros el saldo neto global debe ser positivo a favor de España. Entendiendo que para aquellos sectores y regiones que puedan resultar más desfavorecidos, se deberán arbitrar programas especiales de apoyo desde las instituciones y organismos de la CEE junto a un compromiso claro del Gobierno español, encaminados a introducir las mejoras estructurales necesarias dentro de las líneas directrices de la PAC»1162. Además, el CESE remitió a las OPAs un cuestionario con quince preguntas sobre diversos aspectos de la integración de la agricultura española en la CEE, tanto de carácter general como en relación con productos concretos, de cara a la elaboración de un informe y una nueva resolución por parte de la sección de agricultura1163. Las respuestas recibidas serían, junto con los resultados de las discusiones celebradas con las OPAs en Bruselas en abril de 1981 en el marco de una visita general de interlocutores sociales españoles1164, incorporadas al informe del CESE1165. Las relaciones de las OPAs con las organizaciones agrarias europeas resultaron durante estos años complicadas por los intereses que supuestamente enfrenaban a la agricultura española con las de varios miembros de la Comunidad. Las organizaciones agrícolas francesas presionaban sobre el Gobierno y la clase política del país en sentido perjudicial para los intereses españoles. En mayo de 1976 el Consejo Nacional de Jóvenes Agricultores Franceses había publicado un duro alegato contra la adhesión española a la CEE, considerando que supondría un duro trastorno para la agricultura francesa1166, y sería para tranquilizar precisamente a las cámaras agrarias francesas por lo que el presidente Giscard d’Estaing pronunciaría en junio de 1980 su famoso discurso contra la adhesión española. 1162 «Visita del comité económico y social de la CEE», COAG informa, nº 59 (2ª quincena de enero 1981), pp. 8-11. 1163 «Visita del Comité Económico y Social». Jóvenes Agricultores, nº 23 (enero 1981), pp. 47-50. 1164 Sobre la participación de las OPAs en la visita, RIERA, Pep, «Aspectos agrícolas de las negociaciones», COAG informa, nº 68 (1-15 junio 1981), pp. 8-11. 1165 Comité Económico y Social, «Informe de la sección de la agricultura sobre los “Aspectos agrícolas de la adhesión de España a la Comunidad”», Bruselas, 11-8-1981, pp. 38-41b, CES 529/81, ACESE, 2330/5. 1166 BASSOLS, Raimundo, España en Europa. Historia de la adhesión a la CE, 1957-85, Madrid, Estudios de Política Exterior, 1995, pp. 163-164. 376 Estando vedada a las OPAs españolas la participación en el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la Comunidad Europea (COPA), que sólo admitía a entidades de los países miembros de la CEE, los cauces para establecer contactos con organizaciones de otros países fueron escasos. El CNJA, sin embargo, sí mantendría a lo largo de estos años encuentros y entrevistas con grupos agrarios de ideología afín de otros países europeos, especialmente de Francia, donde se discutían los aspectos más controvertidos de la adhesión1167. En algunos casos se obtuvo cierto apoyo moral: así, en 1979 el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, del que era miembro el CNJA, celebró su congreso en Barcelona y se pronunció a favor de la ampliación de la CEE por la responsabilidad política y económica de ésta hacia los países candidatos, pero señalando igualmente la necesidad de reforzar la política regional y establecer unos períodos transitorios satisfactorios para todas las partes1168. Las relaciones del CNJA con sus homólogos franceses se deterioraron rápidamente, sin embargo, al agudizarse la crisis de ataques a los productos hortofrutícolas españoles en la frontera francesa en 1980. A partir de ese momento, el vecino galo se convirtió en objeto de las iras del CNJA, que exigía al Gobierno español «una postura más firme ante el continuo asalto a nuestra libertad comercial»1169. El sindicato cargaría especialmente contra Michel Fau, presidente de los Jóvenes Agricultores franceses, que en los años anteriores había mantenido unas relaciones cordiales con el CNJA y que declaraba ahora abiertamente su hostilidad a la adhesión española1170. El incremento de la tensión llevó al CNJA a actitudes beligerantes, proponiendo el mismo maltrato a los productos franceses que cruzaran las fronteras hacia el sur1171. En 1982 inició una campaña bajo el lema ¿Productos franceses? No, gracias, con carteles, pegatinas, notas de prensa, participación en programas de radio e incluso 1167 «Jóvenes agricultores franceses nos visitan», Jóvenes Agricultores, nº 3 (enero 1979), p. 26; «Asamblea general de la conferencia europea de agricultura», Jóvenes Agricultores, nº 3 (enero 1979), p. 27; «Entrevista del CNA español a Michel Fau, presidente del CNJA francés», Jóvenes Agricultores, nº 7 (mayo 1979), p. 38; «Las organizaciones agrarias alemanas se reúnen con las organizaciones españolas», Jóvenes Agricultores, nº 11 (noviembre 1979), p. 34; «Jóvenes Agricultores se entrevista con los dos sindicatos que mandan en el campo francés», Jóvenes Agricultores, nº 18 (junio-julio 1980), p. 43; «La agricultura en la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 19 (agosto-septiembre 1980), p. 4. 1168 «Organizaciones agrarias europeas reunidas con los Jóvenes Agricultores españoles», Jóvenes Agricultores, nº 12 (diciembre 1979), p. 41. «Congreso celebrado en Barcelona entre CEJA-CNJA», Jóvenes Agricultores, nº 13 (enero 1980), pp. 8-21. 1169 «Francia está desorbitando el proceso de integración de España en la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 17 (mayo 1980), p. 48. 1170 «La demagogia francesa», Jóvenes Agricultores, nº 36 (abril 1982), p. 4. 1171 «Francia, el mayor enemigo de la política agraria común» y «El diálogo como primera medida, después la guerra», Jóvenes Agricultores, nº 29 (agosto-septiembre 1981). 377 filmaciones de sketches para canales de televisión extranjeros1172. En abril de 1983, durante una manifestación de protesta ante la Embajada francesa en Madrid, serían detenidos por alterar el orden y provocar disturbios el secretario general del CNJA, Felipe González de Canales, y el presidente del CNJA en Granada, Miguel del Pino1173. Partiendo de las exigencias comunes consensuadas por la comisión formada en 1981, las OPAs plantearían actitudes críticas ante la negociación del capítulo agrícola en función de su proximidad ideológica al Gobierno, sobre todo tras la llegada a éste del Partido Socialista en 1982. Si en la fase inicial existía cierta frustración, por un lado, por el hecho de que el capítulo no se abordara seriamente y quedara postergado respecto de otros apartados de la negociación, existía también el temor a que el Gobierno accediera a firmar la adhesión sin preocuparse de las condiciones impuestas a la agricultura, confiando en poder renegociarlas más tarde1174. Ante el primer documento aprobado por el Consejo de Ministros de la CEE sobre la negociación agrícola, entregado al Gobierno español en diciembre de 19801175, que recordaba el compromiso español de asumir todo el acervo comunitario desde la adhesión y planteaba las reticencias comunitarias respecto de los excedentes españoles de frutas, verduras, vino y aceite de oliva, la COAG acusaba a la CEE de exagerar el supuesto peligro de los productos españoles y de evitar deliberadamente aspectos nucleares de la negociación, como los regímenes de ayudas o la reforma de los reglamentos de la PAC1176. En realidad la negociación del capítulo no daría comienzo hasta 1983, cuando la Comunidad presentó una dura propuesta de un período transitorio de diez años (extensible a doce) para las frutas y hortalizas españolas, dividido en dos etapas, sin rebajas arancelarias ni ayudas de la PAC en los cuatro primeros años, y con un régimen especial para el aceite de oliva español, dificultando su entrada en la Comunidad, 1172 «No a los productos franceses», Jóvenes Agricultores, nº 39 (agosto-septiembre 1982), pp. 47-50. Apéndice documental, doc. nº 12. 1173 «Los franceses atacan de nuevo», Jóvenes Agricultores, nº 47 (mayo 1983), p. 5. «A tomatazos contra Francia», Diario 16, 21-4-1983. «Huevos y tomates contra la Embajada francesa en Madrid», Ya, 21-4-1983. 1174 Así, lo declaraba en noviembre de 1981 José María Giralt, presidente del CNJA y de la CONCA. «Duras críticas al Gobierno por el desarrollo de las negociaciones agrarias con la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 31 (noviembre 1981), p. 19. 1175 Carta de Raimundo Bassols, Embajador ante la CEE, a José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores, 8-1-1981, AMAE, R17893, exp. 1. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Enrique, «Las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, septiembre 1980-diciembre 1981», Revista de Instituciones Europeas, vol. 9, nº 1 (enero-abril 1982), pp. 87-100. 1176 «Negociaciones con la CEE», COAG informa, nº 63 (2ª quincena marzo 1981), pp. 8-13. 378 durante todo el período transitorio1177. El CNJA juzgaría el documento «poco tranquilizador». Si bien la reforma del reglamento de la CEE para el sector de frutas y hortalizas, aprobada en octubre de 1983, abría la puerta al optimismo al salvaguardar la producción francesa del sector y facilitar así la negociación del delicado capítulo, el CNJA consideraba inaceptable la exclusión de parte de la agricultura española de la CEE durante una fase del período transitorio1178. La COAG, por su parte, instaba al Gobierno a no aceptar estas condiciones, recordando que el objetivo de la adhesión no debía ser incondicional1179. Precisamente en la valoración de la gestión gubernamental diferirían las posiciones de las OPAs en esta etapa final. El CNJA sería, en este sentido, el más beligerante. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados exigió al Gobierno una actitud firme, por ejemplo ligando su aceptación de las exigencias comunitarias en otros capítulos, como la aplicación del IVA, a la adopción de cláusulas de salvaguarda para los productos agrícolas españoles más sensibles1180. Ante el estancamiento del capítulo y la falta de compromisos firmes por parte de la CEE garantizando la adhesión española (especialmente tras el fracaso de la cumbre de Atenas de diciembre de 1983), y a medida que empezaron a circular previsiones cada vez más pesimistas para sectores como el vitivinícola o el oleícola, que se verían forzados a reducir sus producciones, el CNJA acusaría al Gobierno de no defender los intereses nacionales y de «amoldarse al gusto de los dirigentes comunitarios»1181. Según el CNJA, España sólo debía aceptar un período transitorio unificado, sin etapas, de entre siete y diez años, y con acceso a los fondos comunitarios desde el primer momento, y mantener entre tanto las ventajas del acuerdo de 1970. De no alcanzarse este objetivo, proponía renunciar a la firma del Tratado de adhesión y amenazaba con realizar una campaña entre los agricultores en ese sentido1182. 1177 «Comunidad Europea o jarro de agua fría», Jóvenes Agricultores, nº 48 (junio-julio 1983), p. 57. «España y la Comunidad: negociaciones agrarias (1ª parte)», Jóvenes Agricultores, nº 51 (noviembre 1983), pp. 47-50. «Por fin se discute nuestra adhesión», COAG informa, nº 109/110 (julio 1983), p. 25. 1178 GIRALT, José María, «La agricultura, clave ante la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 52 (diciembre 1983), pp. 2-4. 1179 Editorial, COAG informa, nº 124 (febrero 1984), p. 3. 1180 Cit. en TROUVÉ, M., L’Espagne… op. cit., p. 306. 1181 «Después de Atenas, seguimos igual» y «Comunidad Europea: el cuento de nunca acabar», Jóvenes Agricultores, nº 52 (diciembre 1983), pp. 50 y 52 respectivamente. 1182 «Negociaciones España-CEE», Jóvenes Agricultores, nº 55 (marzo 1984), p. 2. «Jóvenes Agricultores – FNSA rechaza el actual proceso de integración agrícola de España en la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 58 (junio 1984), p. 3. 379 A lo largo de 1984 España y la CEE acercaron posturas, al aceptar la delegación española condiciones especiales para productos que la CEE juzgaba sensibles, como hortalizas y frutas, en especial cítricos, demandándolas en contrapartida para los productos continentales (lácteos, azúcar, bovino y porcino), en que España era deficitaria, así como la participación de España en el FEOGA desde la adhesión. Sin embargo, la demora en abordar los sectores del vino y el aceite, cruciales para obtener un acuerdo final compensado, hacía pensar al CNJA que a última hora se impondrían a España condiciones gravosas que la obligarían a reducir la producción. José Juan Pérez- Tabernero, director del departamento para la CEE del CNJA, desconfiaba de la capacidad del Gobierno del PSOE —ansioso por «colocar a más de un millar de españoles con carnet como funcionarios europeos en Bruselas»1183— para hacer frente a las presiones de la Comunidad, y evocaba con nostalgia los tiempos en que las negociaciones hispano-comunitarias eran conducidas por Alberto Ullastres: «[…] Ni nuestro Secretario de Estado para las relaciones con la CEE, D. Manuel Marín, ni nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, D. Fernando Morán, tienen la talla necesaria que la ocasión requiere. »Es en estos momentos en los que uno recuerda aquellos años del Embajador Don Alberto Ullastres y su Acuerdo preferencial de 1970 claramente beneficioso para España; y es que el Embajador Ullastres representa aquella época en la que los negociadores españoles sabían algo que a nuestros negociadores actuales les parecerá increíble: sabían lo que debían negociar, dónde debían ceder y hasta qué punto y dónde debían presionar y exigir; tenían, en resumen, una gran capacidad negociadora»1184. Las OPAs de izquierda se mostraron, sin embargo, más contemporizadoras, cuando no francamente simpatizantes con el papel del Gobierno español. Así, la COAG juzgó aceptable el documento presentado por la delegación española a la CEE en febrero de 1984, en el que, rechazando la integración de la agricultura española por etapas, incidía en la defensa del sector ganadero mediante el mantenimiento transitorio del régimen de comercio de Estado, e insistía en que los productos españoles nunca fueran tratados peor que los extracomunitarios1185. La nueva propuesta de la CEE, entregada en junio de 1984, se acercaba algo a las tesis españolas al admitir la participación comunitaria en la financiación de las intervenciones sobre las 1183 PÉREZ-TABERNERO POBLACIÓN, José Juan, «La integración de España en la CEE», Jóvenes Agricultores, nº 65 (febrero 1985), p. 69. 1184 PÉREZ-TABERNERO POBLACIÓN, José Juan, «Negociaciones España-CEE: peligrosa recta final», Jóvenes Agricultores, nº 61 (octubre 1984), pp. 68-72.. 1185 «CEE: España entrega su documento», COAG informa, nº 128 (15-30 marzo 1984), p. 1. 380 organizaciones de productores (sobre todo los hortofrutícolas) desde la adhesión, aspecto que sería valorado favorablemente por la COAG, aun cuando la CEE mantuviera inamovibles sus propuestas sobre el descreste arancelario y siguiera sin pronunciarse todavía sobre el vino y las grasas vegetales1186. Era, en cualquier caso, la propia Comunidad la responsable del retraso de la negociación, por negarse a ofrecer propuestas claras en relación con estos temas claves1187, y a fines de 1984 la COAG aplaudía la prudencia del Gobierno español de no ofrecer una respuesta definitiva sobre otros subsectores mientras no dispusiera de una visión global de la posición negociadora comunitaria, incluyendo las grasas y el vino1188. En parecidos términos se expresaría la UPA: para el sindicato socialista la estrategia adoptada por el Gobierno, aceptando las medidas requeridas por la Comunidad en relación con los productos considerados sensibles por ésta, y obteniendo en contrapartida la protección de los juzgados sensibles por España, era la correcta1189, y se complementaba con el desincentivo de producción excedentaria y el fomento de aquélla en la que la competencia de la CEE sería más dura1190. Las dificultades en las negociaciones eran fruto de «la insolidaridad de los países comunitarios hacia España»1191. Así, la UPA juzgaba discriminatorias contra España las propuestas de la CEE en relación con los productos más sensibles, como la del aceite de oliva, presentada a fines de 1984, y que pretendía congelar los precios españoles, más bajos que los comunitarios, durante la fase transitoria1192. Cuando, tras la cumbre de Dublín de diciembre de 1984, la negociación se detuvo de nuevo como consecuencia de la pretensión del Gobierno griego de salvaguardar sus intereses vitivinícolas mediante la puesta en marcha de los Planes Mediterráneos Integrados, la UPA habló de un chantaje 1186 «La CEE entrega su segundo documento», COAG informa, nº 137 (julio 1984), p. 39. 1187 Haciendo un balance de la evolución del capítulo agrícola a lo largo de 1984, el boletín de la COAG constataba que «el incumplimiento del calendario negociador […] no puede ser achacado a la delegación española, ya que ésta ha ido contestando puntualmente a todas las declaraciones comunitarias e incluso, en ocasiones, ha presentado posturas que no han tenido respuesta por la parte comunitaria. El retraso, por tanto, hay que achacárselo por entero a la Comunidad». «Negociaciones España-CEE. 1984, un año decisivo y poco aprovechado», COAG informa, nº 150 (diciembre 1984), p. 12. 1188 «CEE: vino y aceite bloquean la negociación», COAG informa, nº 140 (agosto 1984), p. 3. 1189 «España-CEE: Agricultura, el capítulo de la concordia», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 5 (julio 1984), pp. 28-29. «España-CEE: la agricultura sale del túnel», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 11 (enero 1985), pp. 28-29. 1190 «Dos años de política agraria socialista», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 10 (diciembre 1984), p. 3. 1191 «El CES estuvo en Madrid», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 4 (junio 1984), p. 21. 1192 «Discriminación para los productos españoles», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 10 (diciembre 1984), p. 23. 381 contra España1193, y aplaudió la actitud del Gobierno, que, según su interpretación, defendía con firmeza los intereses españoles ante la CEE, anteponiendo el contenido de la negociación al calendario1194. Las posiciones de las OPAs serían igualmente divergentes a la hora de valorar los acuerdos finales contenidos en el Tratado de adhesión. Sobre la base de un período transitorio de siete años para el desarme arancelario y de diez para la alineación de España con el arancel aduanero común, el Tratado recogía condiciones especiales para los productos sensibles (los hortofrutícolas frescos, el vino y las patatas tempranas por parte de la Comunidad; la carne de vacuno, los productos lácteos, el trigo blando panificable y algunas frutas y hortalizas por parte de España). España lograba así ampliar su grado de protección en los productos en los que era deficitaria respecto de la propuesta inicial de la Comunidad, y accedería, además, a las ayudas del FEOGA desde la adhesión, pero en otros aspectos no había alcanzado sus objetivos: por ejemplo, en los productos juzgados sensibles por la Comunidad la aproximación de los precios españoles a los comunitarios se demoraría diez años, y durante la fase inicial los cítricos españoles gozarían de peores condiciones que los de otros países mediterráneos con acuerdos con la CEE1195. Las OPAs conservadoras, y en concreto el CNJA, serían muy contundentes en la crítica del Tratado. Tal actitud respondería, por un lado, a la aproximación ideológica entre estas organizaciones y la oposición política al Gobierno —también Alianza Popular presentó, como hemos visto, un panorama desolador para el campo español como consecuencia de los acuerdos con la CEE—, y, por otro, a una mayor implantación en aquellas regiones —especialmente en la cornisa cantábrica— llamadas a sufrir más directamente los efectos de la adhesión. Así, el CNJA acusó al Gobierno de haber «traicionado y vendido al campo español»1196. Para José María Giralt, más que una entrada de la agricultura española en la CEE, «es la agricultura y la ganadería de la CEE la que viene a invadirnos España»1197. En concreto, preocupaban al CNJA la libre importación de leche en polvo, la prevista importación de 20.000 toneladas anuales de 1193 «España-CEE: La estrategia del chantaje», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 11 (enero 1985), pp. 32- 33. 1194 «Actitud de firmeza frente a Europa», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 13 (febrero 1985), pp. 36-37. 1195 Sobre los aspectos agrícolas del Tratado de adhesión, vid. Las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, Madrid, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, 1985. 1196 «La CEE, ese gran desafío», Jóvenes Agricultores, nº 66 (marzo 1985), p. 3. 1197 GIRALT, José María, «El campo español y la CEE», ABC, 13-6-1985. 382 carne de vacuno, la imposibilidad de imponer restricciones a la importación de carne porcina (que la CEE sí podía imponer a España) o la contingentación de los vinos de mesa españoles1198. Según José Luis Mayayo Bello, presidente de la CNAG, el tratamiento tercermundista dado por la Comunidad a España ponía en cuestión la propia supervivencia de los sectores lácteo y forrajero1199. Las OPAs conservadoras llevaron su rechazo al Tratado a las calles. El 12 de junio de 1985 la UFADE y el CNJA convocaron una manifestación en la plaza de Colón de Madrid, en la que participaron según la prensa entre quinientas y ochocientas personas, con lemas como «Europa sí, pero no así», «España en la CEE y 500.000 agricultores al paro» o «Queremos ser europeos, pero no somos idiotas». Al mismo tiempo tuvo lugar otra protesta ante la sede del Ministerio de Agricultura, a cargo de la Cooperativa Agrícola Provincial de La Coruña, por la situación en que había quedado la producción de leche1200. Las manifestaciones fueron especialmente duras en el País Vasco, donde se produjeron cortes de calles y carreteras; José Antonio Iturbe, presidente de la Cámara Agraria de Guipúzcoa, pediría la dimisión de los ministros Morán y Romero por «reírse del sector lácteo»1201. En un punto intermedio se situaba la postura de la COAG, que consideraba que lo cedido por España en frutas y hortalizas no se correspondía con lo ganado en la leche, los productos lácteos y el porcino, pero señalaba que, aunque el acuerdo no se podía considerar bueno en sí mismo, o al menos no era el que los agricultores y los ganaderos deseaban, probablemente fuera el mejor posible. En todo caso, lo importante era mirar ahora hacia adelante y que el Gobierno pusiera en marcha las medidas que facilitaran la adaptación del campo español al nuevo marco comunitario1202. Éste sería precisamente uno de los temas centrales de la III Asamblea de la COAG, celebrada en abril de 19851203. Mucho más favorable resultaba la valoración de la UPA. Para el sindicato socialista, la penetración hortofrutícola española en Europa se equilibraba con la entrada de productos continentales europeos en España, por lo que en los acuerdos no había 1198 «Profunda preocupación en el campo español», Jóvenes Agricultores, nº 66 (marzo 1985), pp. 30-42. 1199 Mayayo Bello a Carlos Romero, ministro de Agricultura, 22-3-1985, AMAE, R25095, exp. 1. 1200 «Centenares de agricultores se manifestaron en Madrid contra el capítulo agrícola», ABC, 13-6-1985. «Contra las condiciones agrarias del Tratado», Jóvenes Agricultores, nº 69 (junio 1985), pp. 4-5. 1201 «Los agricultores vascos exigen la dimisión de Morán, Romero y Marín», Deia, 13-6-1985. 1202 «Un acuerdo no equilibrado», COAG informa, nº 154 (abril 1985), p. 6. 1203 «Ponencia a la III Asamblea. La organización de la agricultura española de cara a la CEE», COAG informa, nº 154 (abril 1985), pp. 30-31. 383 vencedores ni vencidos1204. Si bien la UPA reconocía que a priori no todos los sectores agrícolas iban a salir igualmente beneficiados por la adhesión, aquellos que en principio hubieran de afrontar mayores dificultades las superarían gracias a las políticas de modernización puestas en marcha ya por el Gobierno. La UPA minimizaba asimismo los efectos negativos sobre el sector lácteo, que perjudicaría, a su entender, sólo a las explotaciones más reducidas de algunas áreas de Asturias y Galicia; sobre el vacuno, en el que preveía una recuperación de la producción nacional gracias al aumento del consumo; o sobre el porcino, para el que confiaba en el instrumento de limitación de las importaciones aprobado en el Tratado1205. Según la UPA, las predicciones catastrofistas de otros sindicatos agrarios respondían «más a intereses políticos que a los propios de la defensa de los agricultores y ganaderos de nuestro país»1206. Los supuestos malos augurios para la agricultura española serían tan sólo, por tanto, una forma de pataleo por el hecho de que la adhesión a la CEE hubiera sido alcanzada por un Gobierno de izquierdas: «Los vivillos de turno, los enterados, no necesitan —por ejemplo— que la Administración les informe sobre las negociaciones con el Mercado Común. La adhesión no ha sido bendecida por ellos porque no ha sido realizada por un Gobierno controlado por los herederos del viejo sistema, y a partir de aquí, ya nada les interesa. En todo caso, organizar algunos escándalos sonados para que se note que siguen siendo fuerzas vivas»1207. Las discrepancias entre las OPAs no se ceñirían únicamente a la valoración del Tratado de adhesión. Entre 1985 y 1986 sucedería entre ellas, en relación con su admisión al COPA un episodio similar al que paralelamente se daba entre la UGT y CCOO en relación con la CES, en la medida en que tuvo lugar una disputa por la representación de los agricultores y ganaderos españoles ante las instituciones comunitarias. Fundado en 1958, el COPA engloba a las organizaciones agrarias de los países miembros de la CEE (en el momento de la adhesión española, un total de 22). Entre ellas, a comienzos de los años ochenta tenían especial preponderancia las organizaciones francesas, por ser las más numerosas en cuanto a miembros y por tratarse del país cuya producción agrícola tenía más peso en la CEE. En concreto 1204 «España-CEE: La agricultura, sin vencedores ni vencidos», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 14 (1985), pp. 36-37. 1205 «UPA: Un acuerdo claro y positivo», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 15 (mayo 1985), pp. 28-33. 1206 «Nuestro futuro está en Europa», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 17 (julio 1985), p. 3. 1207 «Los enterados», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 15 (mayo 1985), p. 3. 384 formaban parte del COPA la Asamblea Permanente de Cámaras Agrarias, la Confederación Nacional de Cooperación, Mutualidad y Crédito Agrícola, la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrarias y el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores de Francia. Por lo demás, desde 1962 la secretaría del COPA estaba fusionada con la del Comité General del Cooperativismo Agrario en la Comunidad Europea (COGECA), por lo que buena parte de las acciones de ambas organizaciones se emprendían ya en común1208. Una primera toma de posición del COPA sobre la ampliación de la CEE tuvo lugar en 1977, cuando organizó un encuentro para debatir sobre las repercusiones que la ampliación tendría sobre la Política Agraria Común, y en particular sobre las regiones del sur. Si bien entonces se decidió dar el apoyo de la organización a la ampliación, se señaló que tal apoyo estaba condicionado a que la CEE hiciera el correspondiente esfuerzo financiero para no perjudicar a los países ya miembros y para reorientar el conjunto de la PAC en un sentido más acorde con los intereses de las regiones mediterráneas1209. Un informe más extenso fue aprobado en febrero de 1980, fruto de una prolongada negociación entre sus organizaciones miembros. El documento, articulado en 103 puntos, mantenía las posiciones expresadas en 1977 y se adhería al principio según el cual «la Comunidad está abierta a todos los países democráticos que quieran adherirse a ella». Sin embargo, dejaba igualmente entrever las numerosas resistencias existentes entre los agricultores y ganaderos europeos a través de los múltiples problemas que, a juicio de la organización, planteaba la ampliación. En términos generales, la principal preocupación del COPA se derivaba del hecho de que la agricultura española tenía todavía rendimientos inferiores a los de la Comunidad (aproximadamente un 50% por hectárea), lo que hacía temer que su competitividad se volviera insoportable una vez que comenzara a beneficiarse de apoyos y subvenciones que la permitieran acometer proyectos de irrigación y modernización tecnológica. A ello se sumaban el bajo coste de la mano de obra en España y el escaso valor de su moneda. Por ello, los agricultores europeos se mostraban partidarios de medidas para reequilibrar la PAC con mayores compensaciones para las regiones mediterráneas y con 1208 «El COPA», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 12 (febrero 1985). p. 29. Sobre el COGECA, KELLNER, Herbert, «Las cooperativas agrícolas de la CEE. El COGECA, su portavoz y representante», Revista de Estudios Agrosociales, nº 135 (1986), pp. 9-37. 1209 «The agricultural organisations fear a vast free-trade zone and call for a considerable effort in favour of the southern regions», Europe: Bulletin Quotidiens, nº 2232 (8-6-1977), p. 10. 385 un aumento de los recursos financieros. Además, el COPA se pronunciaba a favor de reformar los acuerdos preferenciales de la CEE con terceros países de modo que tras la ampliación se pudiera mantener la preferencia comunitaria, y apostaba por un período de transición extraordinariamente largo —quince años— para la plena integración de la agricultura española en la CEE. A todo esto añadía consideraciones más específicas sobre políticas de mercado y precios en relación con varios productos (frutas y verduras, tabaco, leche, cereales, azúcar, tabaco...). Entre éstos se destacaban por resultar especialmente problemáticos el vino y el aceite de oliva. Del primero se señalaba la gran extensión de viñedo existente en España (la mayor del mundo a la sazón) y el hecho de que, pese a sus escasos rendimientos por hectárea, tras la adhesión se duplicaría el excedente de producción de la CEE. Al COPA le preocupaban también las normas de producción españolas, sobre todo en lo relativo a la elevada proporción del vino español considerada con denominación de origen —una calificación poco rigurosa para los estándares comunitarios—. En cuanto al aceite, el COPA preveía que el autoabastecimiento de la CEE alcanzaría el 123% tras la adhesión española, lo que hacía imprescindible la prohibición de toda plantación nueva en el país1210. A medida que las negociaciones avanzaron, COPA y COGECA fueron adoptando posiciones en relación con las cuestiones principales, tratando sobre todo de ejercer alguna presión sobre las posiciones negociadoras de la Comunidad, e incorporando ciertas variantes sobre las opiniones ya expresadas en febrero de 1980. La posición favorable a la adhesión no sufrió variaciones, si bien en algunos casos la disconformidad con el rumbo de la negociación creó fuertes tiranteces entre COPA- COGECA y los negociadores comunitarios. En la conferencia del CESE de junio de 1980, David Luteijn, vicepresidente del COPA, insistió en la necesidad de que la CEE incrementara sensiblemente el presupuesto de la PAC para hacer frente a los desafíos de la ampliación, sobre la base de que no debía sacrificarse la producción de los países ya miembros para dar cabida a otros nuevos1211. Nuevos informes emitidos a lo largo de 1980 y 1981 insistieron en los mismos aspectos: la CEE debía invertir más dinero en asegurar la producción agrícola de tipo mediterráneo y en compensar económicamente 1210 «Observations du COPA sur les problèmes relatifs à l’élargissement de la Communauté à l’Espagne et à ses conséquences pour la Politique Agricole Commune», Bruxelles le 8 février 1980, Archivo COPA- COGECA. El archivo de COPA no está abierto al público; agradezco al señor Simon Michel Berger haberme proporcionado copias de este y de otros documentos que se citan. 1211 Transcripción de la Conferencia del CES sobre la ampliación de la CEE, junio de 1980, 1031, pp. 29- 33, 1032, pp. 1-5, ACESE 1275/13. 386 a terceros países, y se debía buscar un equilibrio regional mediante el apoyo directo a las regiones que más directamente sufrieran las consecuencias de la ampliación a través de nuevas políticas comunitarias1212. Especialmente sensible se mostró el COPA en relación con el vino, toda vez que, a su juicio, la Comisión Europea subestimaba la sobreproducción española, que hacía necesario exigir a España medidas de eliminación de viñedos antes de la adhesión1213. Desde COPA-COGECA se vivió con incertidumbre y expectación el debate interno en la Comunidad en relación con las condiciones que se le ofrecerían a la agricultura española en la fase final de la negociación. Una preocupación mayor fue que la CEE se propusiera mantener los compromisos de su política mediterránea en cuanto a la entrada en la CEE de productos procedentes de países terceros, lo que para COPA- COGECA crearía un marco en el que la ampliación de la Comunidad sería inasumible1214. Por lo demás, y del mismo modo que los agricultores españoles temieron en todo momento ser moneda de cambio para el Gobierno y que sus intereses quedaran sacrificados en el camino hacia una adhesión lo más pronta posible, también los agricultores europeos se dirigieron a la CEE expresando cuitas similares. Así, los presidentes de COPA y COGECA, Jan Hinnekens y Henri Nouyrit, enviaron varias misivas en los últimos meses de las negociaciones al Consejo de la CEE instándolo a no tener prisa por alcanzar acuerdos, especialmente mientras no se decidieran medidas para el necesario aumento de recursos para la PAC y, sobre todo, a exigir medidas estrictas a España en el sector vitivinícola, como el arrancado de cepas o el abandono de la mezcla de vinos tintos y blancos (clarete), prohibida por las normas comunitarias1215. Tras la firma del Tratado de adhesión de España, el COPA inició los contactos con las OPAs españolas de cara a su admisión en el organismo europeo1216. Planteóse entonces una controversia, al recomendar el COPA una representación unificada de las 1212 «L’agriculture européenne et le nouvel élargissement de la Communauté», Bruxelles, le 16 juin 1980, Archivo COPA-COGECA. 1213 «Prise de position du COPA et du COGECA relative à la demande d’adhésion de l’Espagne à la Communauté», Bruxelles, le 20 novembre 1980, Pr (80) 22, pp. 8-9, Archivo COPA-COGECA. 1214 «Observations générales du COPA et du COGECA sur la communication de la Commission au Conseil relative à la mise en oeuvre d’une politique en Méditerranée de la Communauté élargie (Com (82) 353 final), Bruxelles le 16 mai 1983, Archivo COPA-COGECA. 1215 Cartas de Jan Hinnekens y Henri Nouyrit (presidentes de COPA y COGECA respectivamente) a Claude Cheysson (ministro de Asuntos Exteriores de Francia y presidente del Consejo de Ministros de la CEE en el primer semestre de 1984), 8-6-1984, y a Peter Barry (ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda y presidente del Consejo de Ministros de la CEE en el segundo semestre de 1984), 13-7-1984, Archivo COPA- COGECA. «Los agricultores de la CEE exigen que España deje de mezclar los vinos», ABC, 23-9-1984. 1216 «La UPA amplía sus fronteras», La tierra del agricultor y el ganadero, nº extraordinario (1985), p. 39. 387 OPAs españolas —según los estatutos, las cotizaciones al COPA debían ser abonadas por secciones nacionales—, y negarse la UPA y el COAG a integrarse en una estructura común, en la previsión de que ello permitiría a las OPAs conservadoras controlar la representación del campesinado español ante Europa. Así, en julio la UPA presentó individualmente su solicitud de adhesión1217, mientras que UFADE, CNAG y CNJA — cuya definitiva fusión en ASAJA se encontraba ya en proceso— se unieron en un Comité Interasociativo Agrario CIA), que fue admitido como observador en el COPA en septiembre. Tras varios meses de discusiones, motivadas en parte por las tribulaciones financieras de las OPAs españolas y su dificultad para hacer frente a la cuota correspondiente, el CIA se disolvió y las cuatro OPAs fueron aceptadas separadamente1218. En cuanto a la COAG, los problemas internos que atravesaba a fines de 1985, y que la forzaron por esas fechas a prescindir de parte de sus trabajadores, le impidieron estar presente en la reunión de Bruselas en que se decidió la integración de las OPAs en el COPA, a pesar de que había solicitado su adhesión ya en abril de 19851219. Pese al compromiso asumido en diciembre por éstas de facilitar el ingreso de la COAG en el futuro, durante los primeros meses de 1986 tanto UFADE como CNJA se opusieron en el Presidium del COPA a que se discutiera ese ingreso, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones ideológicas entre los sindicatos agrarios1220. La COAG atribuiría parte de la responsabilidad del veto al ministro de agricultura, Carlos Romero, después de que a principios de 1986 la COAG hubiera movilizado manifestaciones y tractoradas contra algunas de sus políticas1221. Este veto se mantendría durante la primera mitad de 1986, y sólo en el Presidium de junio UFADE y CNJA, que en las semanas precedentes habían renovado sus estructuras directivas, cambiaron su posición y —con el apoyo continuado de la UPA, interesada en incrementar la representación del 1217 «La UPA quiere ser europea», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 17 (julio 1985), p. 31. 1218 «El COPA europeo acepta como miembros a cuatro organizaciones agrarias españolas», ABC, 15-12- 1985. «Representación en Europa», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 24 (febrero 1986), p. 3. 1219 «La representación de la agricultura española en Europa», COAG informa, nº 156 (agosto-septiembre 1986), p. 3. 1220 LARA MOYA, Cayo [miembro de la Comisión Permanente de la COAG], «Quién defiende sindicalmente a los agricultores», El País, 14-3-1986. «Cien días en Bruselas», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 26 (abril 1986), p. 3. 1221 «El veto a COAG en el COPA», COAG informa, nº 162 (marzo 1986), p. 5. 388 sindicalismo agrario de izquierdas en el COPA— permitieron la admisión de la COAG1222. Por último, si el COPA y el COGECA representaban fundamentalmente a las organizaciones de empresarios y cooperativas, conviene decir alguna palabra sobre la Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas en la Comunidad (EFA), establecida en 1958 para la representación a escala europea de los trabajadores del campo. Aunque nunca privilegiada como un interlocutor prioritario para la Comunidad ni los gobiernos, también la EFA elaboró varios estudios y posiciones comunes sobre las negociaciones con España. Tratándose estrictamente de una agrupación sindical, y comprendiendo además, a diferencia de COPA-COGECA, organizaciones de los países candidatos (en el caso de España, las federaciones agrarias de UGT y ELA-STV), sus posiciones se mostraron más claramente favorables a la adhesión y sin exigencia de largos períodos transitorios para la agricultura (la EFA consideraba que cinco años eran suficientes), y más concentrada, en cambio, en las cuestiones sociales relativas a los derechos de los trabajadores1223. En mayo de 1980, con motivo de la admisión como miembro de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, el comité ejecutivo de la EFA aprobó una declaración en la que proponía un período transitorio de cinco años para la eliminación de las barreras al comercio agrícola entre España y el resto de la Comunidad (el mismo plazo que se había decidido para Grecia), a la vez que reclamaba una revisión general de la PAC1224. Según su secretario general, Umberto Lamagni, la ampliación debía tener una «dimensión ética», y al incorporar a países cuya población agraria era proporcionalmente mayor que en la CEE, debía otorgar la oportunidad para una reforma de las políticas agrarias que favoreciera a los trabajadores y no a los propietarios, como tradicionalmente había hecho la PAC1225. En cuanto a las medidas concretas que la CEE debería adoptar para hacer frente a los efectos de la ampliación, la EFA compartía algunas de las propuestas de COPA- COGECA, como la relativa a reformular la política mediterránea, superando la dinámica de meros intercambios de productos agrícolas por productos industriales; o la asignación de mayores fondos a la los productos mediterráneos de la CEE, hasta 1222 «Todos en el COPA», La tierra del agricultor y el ganadero, nº 30-31 (agosto-septiembre 1986), pp. 4-5. «La coordinadora ya pertenece al COPA», COAG informa, nº 166 (julio-agosto 1986), p. 5. 1223 Transcripción de la Conferencia del CESE sobre la ampliación de la CEE, junio de 1980, 1038, pp. 27-29, 1039, pp. 1-3, ACESE, 1275/13 1224 EFA, comunicado de prensa, 28-5-1980, FLC, SRI 2099/3. 1225 Carta de Umberto Lamagni al señor Cavazzutti, presidente del Grupo de Estudio «España» del CESE, 27-3-1981, ACESE, 2316/3. 389 entonces desfavorecidos frente a la agricultura continental. Junto con ello, propuso también medidas para la reducción de la competencia real y potencial entre viejos y nuevos miembros de la CEE, verdadero caballo de batalla del asunto, a través de la intervención sobre los calendarios de producción y utilización de variedades tempranas y tardías de los productos —algo que en la práctica ayudaría bastante a hacer digerible la ampliación después de 1986—1226. 4.3. «No a cualquier precio»: la patronal ante la adhesión a la CEE 4.3.1. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales Sin lugar a dudas, el empresariado fue uno de los sectores desde donde se atendió con mayor interés al proceso de adhesión de España en la CEE. Ya durante la dictadura, las diferentes instituciones asociativas creadas para su representación, como el Consejo Nacional de Empresarios, establecido en 1964, habían elaborado estudios e informes sobre la repercusión de las relaciones hispano-comunitarias en el desarrollo industrial español. Se había realizado, además, una considerable labor divulgativa sobre las políticas e instituciones del Mercado Común a través de publicaciones periódicas de contenido económico como Moneda y crédito o Información comercial española. Al igual que para los sindicatos, los años de la transición y los comienzos del régimen democrático coincidieron con la puesta en marcha de nuevas estructuras para la representación empresarial. Tanto los gobiernos de Arias Navarro, con Rodolfo Martín Villa como ministro de Relaciones Sindicales, como los de Suárez, con Enrique Fuentes Quintana como vicepresidente económico, trataron de promover la fusión de las distintas organizaciones que habían ido surgiendo desde la muerte de Franco: la Confederación Empresarial Española, la Confederación General de Empresarios y la Agrupación Empresarial Independiente. Finalmente, en junio de 1977 se produjo la fusión de las tres con la creación de la Confederación Española de Organizaciones 1226 «Prise de position de l’EFA sur l’agriculture méditerranéenne de la CEE dans le contexte du sécond élargissement de la CEE», Comité Exécutif, 14 novembre 1983, Archivo de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (ASEUE), 1016/1, III Esp 8d. 390 Empresariales (CEOE), que sería reconocida como el principal mediador social para la representación patronal1227. La actitud del empresariado español durante la dictadura en relación con la CEE ha sido descrita por Ángeles González como de «esperanza acongojada»1228: la Comunidad era entonces percibida en términos positivos por cuanto sus políticas podían favorecer una mayor liberalización económica, pero, por otra parte, era vista con escepticismo por aquellos sectores menos dinámicos y más dependientes de la intervención estatal, recelosos de los efectos de afrontar un escenario de competencia y desregulación de mercados1229. En cualquier caso, durante la dictadura la concepción empresarial de Europa fue eminentemente pragmática, en términos de costes y beneficios de la adhesión y —previamente— de la aproximación a la CEE, como sucedió con el acuerdo de 19701230. Ello no obstó, sin embargo, para que también entre los empresarios existiera la percepción de la necesidad de la aproximación política de España a Europa, sobre todo a partir de 1975, como forma de asegurar la modernización de las instituciones del país y su anclaje en occidente. Como se indicó en el capítulo anterior, una de las organizaciones europeístas que mayor arraigo alcanzaron en el país fue el Comité Español de la LECE, cuya razón de ser era la representación de los intereses económicos ante el europeísmo internacional. De acuerdo su propio testimonio, el que habría de ser más tarde el primer presidente de la CEOE en la transición, Carlos Ferrer 1227 GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, Secundino José, Aproximación histórica a las organizaciones empresariales en España. II. Las organizaciones empresariales en la transición: 1975-1978, Madrid, CEIM, 2001. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles, «La estrategia del pacto social. La CEOE ante la transición española a la democracia», en QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael (ed.), La sociedad española en la transición., Los movimientos sociales en el proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 193-204. AGUILAR, Salvador, «El asociacionismo empresarial en la transición posfranquista», Papers. Revista de Sociología, nº 24 (1985), pp. 53-84. GARCÍA FEMENÍA, Ana María, El asociacionismo empresarial en España. La conformación del sujeto empresarial de las relaciones laborales, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 2002, pp. 211-236. GUINDAL, Mariano, El declive de los dioses. Los secretos de la transición económica española desvelados por un testigo de excepción, Barcelona, Planeta, 2011, pp. 110-113. 1228 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles, «Una esperanza acongojada. Los empresarios españoles y portugueses ante el ingreso en la CEE, 1957-1977», Hispania, vol. XXXII, nº 242 (septiembre-diciembre 2012), pp. 699-722. 1229 Por ejemplo, en junio de 1973, en el contexto de las negociaciones entre España y la Comunidad para la adaptación del acuerdo preferencial a la ampliación de la CEE, la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica hizo llegar al presidente de la Comisión Europea, François-Xavier Ortoli, un comunicado en el que expresaba su rechazo al establecimiento de una zona de libre comercio industrial entre España y la CEE. Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica, «Prise de position», 27-6-1973, ACMUE, 19052/1. 1230 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles, «Non a quqlunque prezzo. Gli imprenditori e l’ingresso della Spagna nella Comunità Economica Europea», Memoria e Ricerca, nº 32 (septiembre-octubre 2009), pp. 137-158. Entrevista de Ramón Tamames con el GHistRI, 7-7-2010. 391 Salat, fue detenido por la policía en 1958 por actividades europeístas (según la ficha policial)1231. De hecho, el pragmatismo economicista y el europeísmo ideológico no sólo no entrarían en contradicción, sino que en el caso del empresariado se justificarían mutuamente1232. Si por razones históricas, políticas y sociales —y también económicas—, compartidas por la práctica totalidad del espectro político y a las que era imposible sustraerse, España debía procurar su adhesión a las Comunidades Europeas, los empresarios tenían más que temer de unas Comunidades reducidas a una mera zona de libre cambio, donde no existieran instituciones capacitadas para corregir los efectos de la liberalización comercial y donde los sectores productivos menos competitivos de cada nación tendieran a desaparecer, que de una unión fuertemente integrada, con voluntad normativa y capacidad subvencionadora, que asegurara la cohabitación de las empresas en un mercado unificado1233. Así lo explicaría Antonio Alonso, director de Asuntos Internacionales de la CEOE, en la revista del Movimiento Europeo: «[…] El ámbito comunitario se mueve entre los dos términos de una clara disyuntiva: o se avanza hacia lo que el Presidente Thorn ha llamado “la Europa de la Segunda Generación”, dotando a la comunidad de unas eficaces políticas económicas comunes, o se retrocede en el proceso de integración hacia algo que se parecería bastante a una simple zona de librecambio. »[…] A nosotros no nos puede convenir más que una Comunidad “avanzada”, con sólidas políticas económicas comunes, capaces de compensarnos, al apoyar una profunda modernización de nuestro aparato productivo, el sacrificio que supondrá el desarme en favor de los productos industriales comunitarios. »[…] En nuestro caso, los intereses económicos convierten en necesidad lo que para otros es virtud. Los españoles estamos, por así decirlo, “condenados” a ser europeístas»1234. En cualquier caso, a la altura de 1977 la tesis de la adhesión a la CEE era bien acogida en términos generales en los medios económicos1235. Una encuesta realizada en 1231 Entrevista de Carlos Ferrer Salat con Pilar Folguera, 3/4-8-1998, AHUE, INT-627. 1232 Así lo expuso Carlos Ferrer Salat en la conferencia pronunciada en noviembre de 1979 en el Círculo de Economía de Barcelona: «La economía española a medio plazo. Algunos aspectos básicos. La integración en el Mercado Común», en CÍRCULO DE ECONOMÍA, VII Reunión Costa brava. La economía española ante la crisis. Propuestas para superarla. Resumen de las conferencias, pp. 81-86. 1233 José María Cuevas, presidente de la CEOE desde 1984, sintetizaría este punto de vista en su conferencia «La empresa española y su futuro en Europa», pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid el 5 de mayo de 1986. España en Europa: el reto… op. cit., pp. 621-634. 1234 ALONSO, Antonio, «¿Adónde va la Comunidad con la que estamos negociando?», Movimiento Europeo, nº 3 (marzo 1982), p. 15. 1235 Según el testimonio de Antonio Garrigues Walker, director de uno de los despachos de abogados punteros en la representación de intereses empresariales en la época, «muchos de ellos [los empresarios] estaban perfectamente felices con la idea de venderse a los extranjeros; es decir, empezaron a venir aquí 392 febrero de 1977 por la comisión interministerial para las relaciones con la CEE mostraba que las principales preocupaciones de éstos eran la necesidad de una transición lenta hacia la adhesión y el peligro de que durante las negociaciones la Comunidad exigiera la modificación de las ventajas obtenidas en el acuerdo de 19701236. En el mes de julio, en vísperas de que fuera entregada la solicitud de adhesión, otra encuesta, realizada por la agencia Cifra, revelaba las inquietudes y el temor a la competencia de algunos empresarios, que reclamaban una mayor atención por los dirigentes políticos a la esencia económica de las Comunidades, más allá de los aspectos históricos y culturales que, como hemos visto, predominaban en el discurso de los partidos sobre Europa1237. Tras la aprobación del Dictamen de la Comisión en 1978 —que, recordemos, proponía una adhesión en los plazos más cortos posibles—, la CEOE publicó un documento de siete puntos en el que destacaba la necesidad de una integración equilibrada en el tiempo, es decir, con calendarios paralelos entre los aspectos industriales, agrícolas, de libre circulación de la mano de obra y fiscales1238. Un nuevo sondeo entre las organizaciones afiliadas demostró la preocupación de los empresarios ante los efectos de una integración brusca en la CEE. Sus resultados, anunciados en el boletín de la CEOE, eran los siguientes: «—La mayoría de las organizaciones consultadas apoyan la integración, si bien son conscientes del alto precio que tendrá que pagar nuestra economía, y piden a nuestros negociadores la máxima cautela, para evitar el pago de sobreprecios políticos. »—Casi todas las organizaciones condicionan los calendarios de integración propuestos a una corrección rápida de los graves problemas que aquejan a las empresas españolas. Si la situación actual de nuestra economía persiste, la entrada en la CEE sería ruinosa para España. »—La pérdida de competitividad de nuestros productos, ocasionada por la inflación y la revaluación de la peseta, es mencionada constantemente. Se impone continuar la lucha contra la inflación mediante acciones que moderen los costes de materias primas, salariales, de energía y financieros. »—Prácticamente todos los sectores se refieren a la necesidad de adecuar el marco de relaciones laborales a los modelos existentes en el Merado Común. inversiones extranjeras, y estaban encantados». Entrevista de Antonio Garrigues Walker con el GHistRI, 12- 6-2012. 1236 GARCÍA CRESPO, Guillermo, «”Sí, si nosotros fijamos el precio”. Los empresarios españoles y la integración en Europa (1976-1986)», en FOLGUERA, Pilar; PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos et al. (eds.), Pensar con la historia desde el siglo XXI. Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp. 521-538. 1237 «Los partidos políticos y los sectores industriales sopesan ventajas e inconvenientes», ABC, 20-7-1977. 1238 «Mercado Común», CEOE boletín informativo, nº3 (15-3-1979), p.2 393 »—Las empresas españolas soportan una fuerte carga en los costes de la Seguridad Social. Se pide, en consecuencia, una estabilización en dichos costes a nivel estatal y una disminución en las proporciones aportadas por las empresas. »—En lo que se refiere al desarme arancelario español, la gran mayoría de los encuestados se pronuncian por plazos que oscilan entre siete y diez años»1239. Con todo, estas reticencias y discrepancias en torno a los tiempos no modificaban una posición de fondo favorable a la adhesión, y fue relativamente inusual que personalidades relevantes del mundo empresarial y económico se expresaran abiertamente en sentido contrario1240. Más allá de la cuestión de los plazos, un rasgo de la estrategia de la CEOE en relación con la CEE sería el señalar la necesidad de transformar el tejido productivo español para hacerlo competitivo en el Mercado Común, para lo cual había que dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral y rebajar los costes productivos (reducción de salarios, de cuotas a la Seguridad Social y de la presión fiscal en general). Desde la CEOE se trataría de proyectar una identificación entre integración en la Comunidad Europea y todo un conjunto de reformas para el aumento de la productividad empresarial, consagrando el sistema capitalista y la economía de mercado y homologando así la economía española con otras de Europa occidental1241. Según la lógica defendida por la organización empresarial, era necesario abrirse al exterior para ser competitivos, pero mientras no se alcanzara cierto grado de competitividad previa, la apertura sería peligrosa1242. Sin embargo, y como señala Guillermo García Crespo, en ocasiones las declaraciones de los hombres de la CEOE distorsionaron deliberadamente el marco comunitario en función de sus propios objetivos de liberalización interna. Así, en la negociación del Acuerdo Económico y Social de 1984 la patronal reclamó una liberalización del despido en línea con las directrices de la CEE, cuando en realidad la directiva comunitaria vigente al respecto respetaba la facultad de los Estados para aplicar medidas reglamentarias o administrativas favorables a los trabajadores1243. La 1239 «Encuesta de la CEOE», CEOE boletín informativo, nº 6 (23-5-1979), p. 4. 1240 Esas voces discordantes serían raras, pero no inexistentes. En un número monográfico de la revista Información Comercial Española dedicado a España ante la CEE (nº 550-551, junio-julio 1979), Luis Alcaide de la Rosa, miembro del servicio de estudios del banco de España, afirmaba que la presentación de la solicitud de adhesión había sido un error y que habría sido más sensato esperar al fin de la crisis económica. 1241 Véanse, por ejemplo, «La empresa española ante la adhesión al Mercado Común», CEOE boletín informativo, nº 38 (19-1-1982), pp. 1-2; «Mercado Común», CEOE boletín informativo, nº 40 (3-3-1982); p. 2. «El difícil camino de la integración», Boletín CEOE, nº 54 (octubre 1983), pp. 8-9.. 1242 RODRÍGUEZ, José Isaías (adjunto al director de la oficina de la CEOE para las relaciones con la CEE), «Un enfoque dinámico», Movimiento Europeo, nº 5 (diciembre 1982-enero/febrero 1983), pp. 8-9. 1243 GARCÍA CRESPO, G., «”Sí, si nosotros…”» cap. cit., pp. 534-535. 394 integración en la CEE, asumida como un objetivo y una necesidad por el conjunto de la población, constituiría así la excusa universal para preservar determinadas posiciones de privilegio que podrían haberse visto amenazadas con el cambio de régimen político1244. Otro aspecto de la percepción de la CEOE de las relaciones con la CEE en relación con el cual tratarían de influir sobre los Gobiernos españoles, sería la voluntad de imbuir de realismo a la relación hispano-comunitaria. Aceptando que, al igual que la práctica totalidad de las fuerzas políticas y sociales representativas, la CEOE también secundaba el ingreso en la CEE, los representantes de los empresarios se mostrarían especialmente celosos de los intereses en juego ante una clase política que —según diría el vicepresidente de la CEOE, José Antonio Segurado, en un discurso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción—, «se cree en la obligación de decir sí a la integración en las Comunidades Europeas, sean cuales sean las circunstancias económicas en que se lleve a cabo»1245. La negociación —Ferrer Salat insistiría repetidamente en ello— se debía abordar con realismo y no en función de principios ideológicos o calendarios electorales. Siendo la integración en la CEE una cuestión más económica que política, el debate sobre la misma debía pasar del plano filosófico al aritmético1246. La CEOE puso en marcha mecanismos de seguimiento de las negociaciones hispano-comunitarias desde el mismo comienzo de éstas. A fines de 1979 abrió una delegación en Bruselas, que serviría de enlace ante las Comunidades y ante otras organizaciones patronales europeas, y estableció un comité del Mercado Común, encargado de elaborar las posiciones de conjunto de los diversos sectores empresariales, aglutinando los diversos estudios realizados y evitando las contradicciones. En el mismo se incluirían grupos de trabajo especializados sobre minería y metalurgia de base, energía, siderurgia, material de transportes y maquinaria agrícola, metal, textil, industria alimentaria, papel y pastas papeleras, madera y muebles, vidrio y cerámica, transporte terrestre y naval, agricultura-ganadería-pesca, calzado y química1247. A favor de la implicación de la CEOE en las negociaciones jugaría el contar en sus filas con dos 1244 Idea que Sergio Gálvez aplica al conjunto de la política económica de los años ochenta en GÁLVEZ BIESCA, Sergio, «Como “argumento” pero también como “pretexto”: la retórica europeísta en la época socialista (1982-1992)», Mientras tanto, nº 120 (2014), pp. 111-134. 1245 «La integración de España en las Comunidades Europeas», Informes y Estudios de CEOE, nº 10 (noviembre 1981), pp. 17-19. 1246 LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. El papel de los grupos de presión en el debate político y social», en CAVALLARO, Maria Elena, y LEVI, Guido (a cura di), Spagna e Italia nel proceso d’integrazione europea (1950-1992), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 249-269. 1247 «La CEOE ante el Mercado Común», CEOE boletín informativo, nº 12 (29-1-1980), p. 4. 395 antiguos miembros de la administración que habían participado en la negociación del acuerdo comercial de 1970: José Luis Cerón, presidente de la comisión de economía, y Antonio Alonso, jefe de la delegación de la CEOE en Bruselas. Los dos se encargarían de elaborar estudios técnicos, obtener información y tratar de ejercer presión sobre las autoridades comunitarias1248. A lo largo de 1980 los diversos grupos especializados fueron trabajando en la redacción de un documento —un libro blanco— que recogiera los aspectos fundamentales de la posición de la CEOE ante la adhesión. A partir de junio las negociaciones prácticamente se paralizaron como consecuencia del giscardazo, al que la patronal —precisamente por la desconfianza latente hacia los efectos inmediatos de la adhesión— no reaccionó con la airada indignación con que lo hicieron otros grupos de opinión, aun cuando no simpatizara con el fondo nacionalista del mensaje del presidente francés1249. En este ambiente de incertidumbre y descontento por los retrasos de la adhesión, Ferrer Salat presentó, el 26 de noviembre de 1980, en una rueda de prensa en Bruselas, un primer avance de los resultados de los trabajos del comité del Mercado Común. Señaló, una vez más, que la CEOE prefería un período de transición largo —diez años— y uniforme para todos los capítulos, y sintetizó la opinión del empresariado sobre toda la cuestión europea en una frase que habría de ser muy comentada en las semanas siguientes: «sí a la adhesión, pero no a cualquier precio»1250. Pese a que la frase estaba inspirada en algo muy similar que había dicho Calvo-Sotelo en la sesión de apertura de negociaciones el 5 de febrero de 1979, el nuevo ministro para las relaciones con la CEE, Eduardo Punset, reaccionó con dureza, acusando al empresariado, en otro acto celebrado en Bruselas a los pocos días, de proteccionismo y «mal razonamiento económico»1251. La CEOE emitiría entonces una nota alegando que su postura no era de proteccionismo sino de coherencia, pues les preocupaba que la aplicación de períodos transitorios diferenciados cuarteara la economía española en sectores de primera y de segunda categoría, y subrayó que la postura de los empresarios seguía siendo favorable a la adhesión a la CEE1252. En cualquier caso, el desencuentro entre el Gobierno y la CEOE se solventó con la creación de una comisión conjunta 1248 TROUVÉ, Mathieu, L’Espagne… op. cit., p. 299. 1249 «Sin prisa, pero sin pausa», CEOE boletín informativo, nº 18 (27-6-1980), p. 3. 1250 CEOE, Memoria 1980, Madrid, Rivadeneyra, 1981, pp. 46-48. «Ferrer Salat critica la forma en que se están llevando las negociaciones España-CEE», ABC, 28-11-1980. 1251 «Punset critica en Bruselas las aspiraciones proteccionistas de buena parte del empresariado español», El País, 12-12-1980. 1252 «Una firme prudencia», CEOE boletín informativo, nº 24 (13-1-1981), p. 1. 396 para el seguimiento de las negociaciones, que tuvo su primera reunión en diciembre de 1980, y con la intensificación del intercambio de información entre ambas partes1253. La CEOE presentó el primer volumen de su libro blanco en marzo de 1981, con el título La empresa española ante el Mercado Común. Como se dijo en su presentación pública, el objeto del libro era desarrollar y dotar de argumentos la tesis del «no a cualquier precio», de la que la CEOE no se había apeado1254. Este primer volumen contenía una primera parte sobre los planteamientos de base para la adhesión y una segunda sobre los grandes parámetros de la adhesión, y a fines de año se presentó un segundo volumen sobre aspectos sectoriales. La primera parte explicaba cómo debía afrontarse la adhesión desde la perspectiva española. La CEE, decía, creó en su día un mercado común bajo una situación económica favorable e integrando una serie de mercados nacionales que ya eran muy dinámicos de por sí. En esas circunstancias era factible y tenía sentido el planteamiento de las cuatro libertades comunitarias (circulación de mercancías, mano de obra, capitales y establecimiento y prestación de servicios), dando lugar a un tránsito fluido en todo el territorio y para beneficio de todos, según la teoría de la ventaja comparativa. Incluso siguió siendo así en la primera ampliación, que afectó a países con una clara economía aperturista. Pero todo esto no era aplicable al caso de España, que era una economía tradicionalmente introvertida y se encontraba, además, en un momento de especial fragilidad económica. El contexto y las peculiaridades de la economía española determinaban, pues, la necesidad de un acoplamiento dúctil y flexible en la economía comunitaria, tanto en interés de España como de la propia Comunidad. Si en los Tratados fundacionales y en las ampliaciones precedentes lo nuclear era formar y desarrollar un mercado común, en el caso español había de serlo la aprobación de medidas para contrarrestar el efecto negativo de la libertad de circulación con países más desarrollados y más habituados a un marco de competencia. Para ello era necesaria una honda reestructuración de todos los sectores de la economía española, con acciones del Estado español y de la Comunidad, la cual requeriría de plazos de tiempo extendidos para ser llevada a cabo. En este sentido, la CEOE recordaba que cuando se firmaron los Tratados de Roma, se previó un plazo de entre doce y quince años (aunque finalmente serían diez) para el desarme arancelario, en consideración del mayor 1253 ALONSO, Antonio, «La contribution du patronat à l’integration de l’Espagne dans la Communauté», Revue du Marché Commun, nº 291 (noviembre 1985), pp. 548-557. 1254 «”No” a la integración a cualquier precio», Sábado Gráfico, nº 1241 (25-3-1981), p. 4. 397 grado de proteccionismo y menor competitividad exterior de las economías francesa e italiana. La segunda parte del libro comparaba rasgos fundamentales de la economía de ambas partes, española y comunitaria, identificando los problemas más importantes: —El mayor impacto de la crisis de la energía en la economía española que en la comunitaria, por su dependencia energética y por su elevado consumo por unidad de producción (con la incidencia de todo esto sobre la inflación y la balanza de pagos). —El déficit tecnológico de España, que en 1980 había importado tecnología por valor de 44.393 millones de pesetas (casi el 0,3% del PIB, una de las tasas más elevadas del mundo, cuadruplicando la exportación por el mismo concepto). Además, el desequilibrio en ese sentido tendía a crecer, por la debilidad de los programas de investigación y desarrollo (España dedicaba a este concepto menos de un 0,3% de su PIB, muy por debajo de la media comunitaria). —El retraso de España en la elaboración de legislación para la protección del medio ambiente. —La debilidad del factor trabajo en España, tanto por el crecimiento del paro en los últimos años como por la menor productividad. —La menor dimensión en general de las empresas españolas. —La necesidad de adaptar las empresas públicas españolas a los criterios comunitarios. —Las dificultades de financiación del sector privado en España como consecuencia de la crisis, de la debilidad de la estructura bancaria y del crecimiento del déficit del sector público. —La mayor participación de las empresas españolas en la financiación de la seguridad social frente a la CEE (en España las cotizaciones de las empresas suponían un 78,4%, mientras que en la CEE variaban del 10,8% de Dinamarca al 60,7% de Francia), con la consiguiente pérdida de competitividad para las empresas españolas. En conclusión, el libro blanco invitaba a la prudencia en la negociación, a ser conscientes de los efectos nocivos que se producirían como consecuencia de la adhesión y a obtener y aplicar los medios para paliarlos, tanto en el contenido del Tratado como en las políticas a desarrollar por el Gobierno. El ensamblaje con la economía comunitaria se debía hacer de una forma cuidadosa y pausada, y para ello la CEOE defendía un período transitorio amplio y equilibrado, acompañando la supresión 398 de los obstáculos al comercio de una serie de acciones que neutralizaran los efectos negativos del librecambio sobre la economía española, valiéndose para ello de las políticas e instrumentos ya existentes en la CEE. Durante el período transitorio, cuya duración idónea se cifraba en diez años, se debería procurar que las empresas españolas comenzaran a moverse en un entorno similar al de las comunitarias, en concreto en lo relativo al coste de financiación, la legislación laboral y las cotizaciones a la seguridad social, reduciendo, en definitiva, las cargas impositivas de las empresas frente al Estado. La asunción por España de la política comercial común y la alineación con el arancel exterior común de la CEE debían correr paralelas, al igual que los desarmes arancelarios para los productos agrícolas y los industriales. Como los sindicatos, la CEOE quería que la libertad de circulación de los trabajadores fuera inmediata y que se concediera un período transitorio para la aplicación del IVA1255. Tras el libro blanco, la CEOE siguió difundiendo sus puntos de vista sobre la adhesión entre el empresariado y la opinión pública en general, a través de la organización de seminarios y mesas redondas, ya fuera en colaboración con sus organizaciones regionales y sectoriales, con otras entidades de representación de los empresarios, como la Asociación para el Progreso de la Dirección, o con fundaciones políticas más o menos afines, como la Fundación para el Progreso y la Democracia1256. Paralelamente continuaron las reuniones periódicas con la secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE así como con otras dependencias gubernamentales, especialmente el Ministerio de Industria, y las eventuales entrevistas con las instituciones comunitarias1257. En marzo de 1981 comenzó una serie de reuniones técnicas entre funcionarios españoles y comunitarios para el análisis de la situación de los distintos sectores de la economía española de cara a la adhesión, contando con la presencia de los expertos del comité del Mercado Común de la CEOE, y tomando el 1255 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, La empresa española ante la adhesión al Mercado Común. Volumen primero, Madrid, CEOE, 1981. Puede leerse un resumen en «La empresa española ante la adhesión al Mercado Común», Informes y Estudios de CEOE, nº 5 (abril 1981), pp. 5-11. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, La empresa española ante la adhesión al Mercado Común. Volumen segundo, parte tercera: aspectos sectoriales, Madrid, CEOE, 1981. 1256 «La empresa española ante el Mercado Común», CEOE boletín informativo, nº 28 (8-4-1981), p. 2. «Empresa español y Mercado Común», Boletín CEOE, nº 53 (septiembre 1983), p. 2. CEOE, Memoria 1982, Madrid, Rivadeneyra, 1983, pp. 67-69. «España y las Comunidades Europeas: ¿para cuándo la adhesión?», Informes y Estudios de CEOE, nº 12 (enero 1982), pp. 19-21. Apéndice documental, doc. nº 13. 1257 Todos estos contactos pueden seguirse a través de las distintas ediciones de las Memorias anuales de la CEOE. 399 libro blanco como referencia1258. En 1984, aproximándose ya la fecha de la adhesión, la CEOE iniciaría un plan de más de cien cursos y seminarios sobre la CEE para sus afiliados en distintas regiones de España en colaboración con el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, la Comisión Europea y la Universidad Católica de Lovaina1259. Además, la CEOE defendería sus intereses como interlocutor ante las instituciones comunitarias y ante otras organizaciones empresariales europeas, especialmente ante el Comité Económico y Social. Ya en los meses anteriores a la solicitud de adhesión, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España había organizado una serie de visitas de empresarios españoles en el extranjero, entre las que se había incluido un encuentro con el CESE en Bruselas1260. Al igual que sucedió con los sindicatos, en las visitas a España de delegaciones del CESE desde 1978 se desarrollaron entrevistas con miembros de la CEOE para incluir sus puntos de vista en los informes sobre la cuestión española1261. Desde sus primeros contactos, el CESE entendió que la CEOE sería un grupo de presión importante en las negociaciones, por el número de empresas afiliadas (más de 800.000 a mediados de 1978), su extensión por ramas muy diversas de la industria y los servicios y por su capacidad y voluntad de influencia política, muy superiores a las de otras organizaciones empresariales como el Círculo de Empresarios o la Asociación para el Progreso de la Dirección1262. Los informes del CESE destacarían asimismo el elevado grado de información de los empresarios españoles sobre las cuestiones europeas (muy por encima, en este sentido, de los portugueses)1263. Del mismo modo que los empresarios no escatimarían invectivas hacia el Gobierno español por la gestión de las negociaciones, también su discurso sería crecientemente crítico hacia el enfoque de la ampliación por parte de la Comunidad. En la conferencia 1258 «Posición del empresariado español acerca de la adhesión. Impacto en las relaciones hispanocomunitarias», en Informes y Estudios de la CEOE, nº 7 (junio-julio 1981), pp. 29-30. 1259 «Para una mejor integración», Boletín CEOE, nº 65 (octubre 1984), p. 16. CEOE, Memoria 1984, Madrid, Rivadeneyra, 1985, p. 55. 1260 «Note à l’attention de Mr. C. A. Graaf D’Anssembourg. Voyage à Bruxelles d’une délégation espagnole», ACESE, 2646/1. 1261 CESE, «Résumé des entretiens que MM. D’Ansembourg et Laval ont eus à Madrid le 13 avril 1978 en vue de préparer la visite des groupes d’étude des sections des relations extérieures et de l’agriculture», 14-4- 1978, ACESE, 1141/2. 1262 CESE, «Annexes à la première étude de la section des relations extérieures sur “Les relations de la Communauté avec l’Espagne”», 10-7-1978, «Annexe IV: Organisations patronales», pp. 34-38, ACESE, 1141/3. 1263 Así se afirmaba en el «Rapport élaboré par le secrétariat à la suite de la visite d’information effectuée à Lisbonne et Madrid du 13 au 18 mai 1984», 8-6-1984, p. 2, ACESE, 1667/5. 400 del CESE sobre la ampliación de junio de 1980, José Luis Cerón, representante de la CEOE, acusó a la Comunidad de perder el tiempo en debates estériles, dejando a España indefinidamente en la antesala de una adhesión que en un principio parecía asegurada por un compromiso político1264. La lenta evolución de las negociaciones no haría sino incrementar ese descontento; así, en un discurso pronunciado en Fontainebleau a principios de 1984, Ferrer Salat responsabilizaría a la Comunidad del desencanto y la desconfianza cada vez más apreciables entre los españoles —y sobre todo entre los empresarios— hacia la adhesión, toda vez que parecía cada vez más difícil que en el Tratado se pudieran obtener ventajas significativas en aquellos sectores, como la agricultura o la política regional, en los que se confiaba compensar los sacrificios a realizar en otros como la industria o la fiscalidad1265. En relación con las organizaciones patronales de los países de la CEE, la acción de la CEOE en la defensa de sus intereses se realizó principalmente en el marco de la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE). La historia de la UNICE se remontaba a 1949, cuando, al albur de la creación de las primeras organizaciones intergubernamentales para la integración europea, se estableció un Consejo de Federaciones Industriales de Europa (CIFE). En 1958, tras la firma de los Tratados de Roma, el CIFE adoptó el nombre de UNICE y se enfocó en la representación de los empresarios de los entonces seis Estados miembros de la CEE y la promoción de una política industrial europea basada en la competitividad1266. A diferencia del COPA y el COGECA, la UNICE sí admitía en su seno a organizaciones de países aún no incorporados a la CEE, y así, la CEOE se adhirió en mayo de 1978, escasos meses después de su creación1267. La primera toma de posición oficial de la UNICE en relación con la solicitud española de adhesión a la CEE fue adoptada en febrero de 1978, durante la fase de preparación de las negociaciones, a través de un documento en nueve puntos dado a conocer a la prensa en que fijaba su postura general sobre la ampliación de la CEE y enunciaba los principios que a juicio de la organización debían ser tomados en 1264 Transcripción de la conferencia Élargissement, session extraordinaire du 27 juin 1980, pp. 1029/26- 1029/32, ACESE 1275/13. 1265 «Le patronat espagnol face à l’intégration européenne. Discours pronounce par le président de la CEOE, M. Carlos Ferrer, à Fontainebleau, le 4 janvier 1984, à l’occasion de l’inauguration des cours de l’Institut Européen d’Administration des Affaires», 4-1-1984, ACESE, 1667/4. 1266 Desde 2007 la UNICE tiene por nombre Business Europe. Cuenta en la actualidad con 41 organizaciones afiliadas. 1267 CEOE, Memoria 78, p. 24 «Europa en la CEOE», CEOE, boletín informativo, nº 2 (5-2-1979), p. 4. 401 consideración a lo largo del proceso1268. De entrada, la UNICE se expresaba a favor de la ampliación y manifestaba su voluntad de contribuir constructivamente a la misma, pero señalaba igualmente que los intereses industriales de los países ya miembros no podían ser dejados de lado. Remarcaba, en este sentido, que la ampliación no debía significar un debilitamiento de la Comunidad ni la conversión de ésta en una mera unión aduanera. Los países candidatos debían asumir el acervo comunitario en su totalidad y la Comunidad debía respetar sus acuerdos comerciales con terceros países e incluso compensarlos en los casos en que se vieran perjudicados por la ampliación. Las principales preocupaciones de la UNICE se referían a las diferencias de desarrollo entre los tres países candidatos y los nueve miembros de la Comunidad; el contexto de recesión económica general; la necesidad de combatir los problemas internos de inflación, desempleo y déficit a la vez que se producía la ampliación; y la necesidad de mejorar el procedimiento de toma de decisiones en la CEE. Se debería exigir a los candidatos medidas de ajuste para adaptarse cuanto antes a los Tratados y demás normas de la CEE, como la aplicación del IVA y la rebaja o eliminación de aranceles y otras medidas proteccionistas, y la Comunidad debería asociar a los candidatos a sus esfuerzos de reestructuración económica, especialmente en lo relativo a la política industrial. Igualmente, la CEE debería valerse de los fondos existentes, y crear otros si fuera necesario, para ayudar a los países candidatos en sus esfuerzos de adaptación, sobre todo con vistas a favorecer en ellos el desarrollo de la iniciativa privada. En relación con la agricultura, la UNICE aceptaba que se adoptaran provisiones especiales relativas a los productos característicos de los países candidatos (vino, cítricos, aceite de oliva) siempre y cuando no comportaran la subvención artificial de excesos de producción. Por último, en lo relativo a los aspectos sociales la UNICE era partidaria de la utilización del Fondo Social Europeo en los países candidatos y de que se tuviera en cuenta la situación de los países ya miembros de la Comunidad a la hora de decidir sobre la aplicación del derecho de libre circulación para los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros1269. 1268 Una visión de las posiciones de la UNICE en relación con la adhesión de España a la CEE ya ha sido presentada en LÓPEZ GÓMEZ, Carlos, «Los grupos de presión comunitarios ante la ampliación de la CEE: la adhesión de España», Circunstancia, nº 34 (mayo 2014). Los archivos de Business Europe, situados en Bruselas, no están abiertos para la consulta por los investigadores. Agradezco al señor P. J. Kettlewell, responsable de comunicación de Business Europe, haberme proporcionado copias de los documentos que se citan. 1269 «Enlargement of the Community», UNICE position, 16-2-1978, Archivo UNICE. Estos argumentos serían repetidos en sus líneas fundamentales por los representantes de la UNICE en sus intervenciones públicas sobre la ampliación de la CEE, y en particular sobre la adhesión de España. Así, en la conferencia del 402 Según un informe de Guillermo de Rueda Escardó, delegado de la CEOE en Bruselas, esta postura de la UNICE se debía interpretar como resultado del compromiso entre sus organizaciones miembros, de modo que en su conjunto resultaba relativamente poco agresiva en aquellos asuntos en los que algunos sectores del empresariado europeo contemplaban con mayor preocupación la adhesión de España1270. Los mayores recelos procedían del Consejo Nacional del Patronato Francés (CNPF), que, pese a declararse en principio favorable a la adhesión por razones políticas y económicas (incluyendo entre ellas el poner fin a los desequilibrios favorables a España derivados del acuerdo de 1970), planteaba una serie de requisitos que se debía exigir a España en las negociaciones: un período transitorio muy rápido para la unión aduanera; la aplicación inmediata del IVA y el fin de toda ayuda a la exportación; la modificación de su legislación sobre patentes; que no se ampliara a América Latina la Convención de Lomé; un largo período transitorio para la libre entrada de productos hortofrutícolas y vitivinícolas españoles en la CEE y para la aplicación de la libertad de circulación de trabajadores... A ello se sumaban consideraciones sobre el peligro que la adhesión española suponía para la política mediterránea de la CEE, al dificultar sus relaciones comerciales con otros países de producciones agrícolas semejantes, y los problemas de orden institucional que se derivarían de la ampliación, incluyendo el relativo a la cantidad de idiomas oficiales en la CEE ampliada1271. El resto de patronales europeas expresaban preocupaciones similares, aunque generalmente en términos no tan duros. La Federación de Empresas Belgas, por ejemplo, se mostraba especialmente preocupada por el riesgo de que una Comunidad ampliada perdiera el impulso integrador1272. Por su parte, la Confederación de Industrias Británicas (CBI) consideraba prioritario que España firmara el Convenio Europeo de Patentes1273 y que pusiera fin a las restricciones a los bancos extranjeros CESE de 1980 Guido Carli, presidente de la UNICE, insistió en la necesidad de respetar los derechos de los países terceros que se pudieran ver afectados por la ampliación, y que la CEE ampliada debía rehuir toda tentación de proteccionismo comercial. «Conférence sur l’élargissement organisée par le Comité Économique et Social à Bruxelles les 26 et 27 juin 1980», comunicado de prensa, p. 4, ACESE, 1275/12. 1270 Guillermo de Rueda Escardó, «Punto de vista de la UNICE (Unión de Industrias de la CEE) sobre la entrada de España en el Mercado Común», noviembre de 1981, ASEUE, 1016/1.III Esp 8d. 1271 Guillermo de Rueda Escardó, «Punto de vista del CNPF (Confederación Nacional Patronal Francesa) sobre la entrada de España en la CEE», noviembre de 1981, ASEUE, 1016/1.III Esp 8d. 1272 Guillermo de Rueda Escardó, «Punto de vista de la Federación de Empresas Belgas (FEB) sobre la entrada de España en la CEE», noviembre de 1981, ASEUE, 1016/1.III Esp 8d. 1273 Varias organizaciones empresariales europeas, y en particular la CBI, consideraban que la legislación española no protegía suficientemente las patentes extranjeras, sobre todo en los sectores químico, farmacéutico y de la alimentación. El Convenio Europeo de Patentes, firmado en 1973 y en vigor desde 1977, 403 para establecerse en su territorio1274. En cuanto a la Confederación Italiana de Industria, Cofindustria, se expresaba en términos más favorables a la adhesión española, pues veía en la ampliación la oportunidad para lograr el equilibrio de la CEE hacia el sur y el refuerzo de su peso en el Mediterráneo, siempre y cuando España se comprometiera a asumir el conjunto del acervo comunitario y la CEE pusiera en marcha medidas para la reconversión industrial de las regiones más deprimidas1275. La CEOE trató de vigorizar la cuestión de la adhesión española en la agenda de la UNICE, especialmente en los momentos de mayor estancamiento de las negociaciones. Así, a fines de 1981, y a petición de la CEOE, la UNICE emprendió un nuevo estudio sobre el tema de la ampliación de la CEE, que dio lugar a una nueva toma de posición oficial publicada en abril de 19821276. En ella la UNICE recordaba y mantenía las posiciones expresadas en 1978, entre ellas su firme apoyo a la adhesión española; sin embargo, añadía varias consideraciones y demandas en relación con España que resultaban desacordes con los intereses de la CEOE. Por ejemplo, se pronunciaba a favor de un período de transición breve para el desarme arancelario industrial, de unos cinco años; abría la puerta a retrasar la adhesión de España en relación con la de Portugal si resultaba necesario; exigía de España rebajas arancelarias unilaterales para compensar el desequilibrio del acuerdo de 1970, y la eliminación de restricciones al funcionamiento de bancos europeos en España y a las inversiones extranjeras en general; y pedía a la CEE vigilancia para que en ningún caso los fondos comunitarios se destinaran a sectores ya sobredimensionados de la economía española. Aun así, la declaración también contenía elementos más favorables para las tesis españolas, como la propuesta de asociar al país por vía consultiva a la elaboración de legislación comunitaria antes de la adhesión, o que se incluyeran en el Tratado cláusulas de salvaguarda por ambas partes que facilitaran los necesarios cambios estructurales que la economía española habría de afrontar1277. establecía un procedimiento común para la validación de una patente en todos los países signatarios una vez que esa patente hubiera sido ya aceptada en uno de ellos. 1274 Guillermo de Rueda Escardó, «Punto de vista de la Confederación de Industrias Británicas sobre la entrada de España en la CEE», noviembre de 1981, ASEUE, 1016/1.III Esp 8d. 1275 Guillermo de Rueda Escardó, «Punto de vista de la Cofindustria (Confederación Italiana de industrias) sobre la entrada de España en la CEE», noviembre de 1981, ASEUE, 1016/1.III Esp 8d. 1276 UNICE Informations, 18-1-1982, Monthly Report, December 1981, p. 1. Según el responsable de comunicación de Business Europe, el documento del estudio no se conserva en el archivo. 1277 «Prise de position de l’UNICE sur certains aspects de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté Européenne», 26-4-1982, Archivo UNICE. 404 En cualquier caso, la UNICE coincidía con la CEOE en su deseo de que los obstáculos políticos presentes en las negociaciones fueran superados y que un acuerdo definitivo sobre la adhesión pudiera ser alcanzado en un plazo breve. El Consejo de Presidentes de la UNICE se expresó en ese sentido en una declaración institucional en diciembre de 19831278, una declaración que según Antonio Alonso fue lograda gracias a los esfuerzos de la CEOE y contra la resistencia del patronato francés1279. Volviendo al papel de la CEOE como grupo de presión ante las autoridades españolas, una de las cuestiones recurrentes en los debates con el Gobierno sería la exigencia de la CEE de que España comenzara la recaudación del IVA desde el momento de la adhesión. Para la patronal, la aplicación del IVA supondría un fuerte aumento de la presión fiscal, produciría una subida de la inflación en al menos cuatro puntos, reduciría la demanda interna como consecuencia del alza de los precios, y afectaría a la ya maltrecha competitividad exterior, con la consiguiente pérdida de empleos1280. Sin embargo, y pese a que el Gobierno de Calvo-Sotelo compartía en lo esencial estas inquietudes, la rígida actitud al respecto de la Comunidad, y en particular de Francia, lo obligaron a ceder y a asumir el requisito impuesto por Bruselas. La CEOE alcanzó entonces con el Gobierno el compromiso de aceptar la instauración del IVA, obteniendo a cambio de la Comunidad la ampliación del período transitorio general a diez años. Este acuerdo permitió el cierre de varios capítulos de la negociación en marzo de 1982 (movimiento de capitales, política regional, derecho de establecimiento, armonización de legislaciones y cuestiones económicas y financieras) en unas condiciones que la CEOE juzgó aceptables1281. Sin embargo, la demora en la negociación de los que se consideraban capítulos claves —unión aduanera, industria, agricultura—, y la llegada al poder del partido socialista a fines de 1982, con el compromiso de cerrar las negociaciones en el curso de la legislatura, aumentarían la inquietud entre el empresariado sobre los términos de la adhesión. En julio de 1983 Antonio Alonso escribiría al director general de Relaciones Económicas Internacionales para ponerlo en guardia sobre los peligros de una adhesión a corto plazo, sin una fase transitoria lo bastante prolongada como para evitar un 1278 UNICE Informations, 18-1-1984, Monthly Report, December 1983, p. 5. 1279 ALONSO, A., «La contribution…» art. cit., p. 554. 1280 «El IVA que viene», CEOE boletín informativo, nº 45 (16-7-1982), pp. 1-2. 1281 ALONSO, Antonio, España en el Mercado Común. Del acuerdo del 70 a la Comunidad de Doce, Madrid, Espasa-Calpe, 1985, p. 156. 405 brusco déficit comercial con el resto de la CEE1282. El temor a que el Gobierno de Felipe González aceptara unas condiciones onerosas con tal de lograr la adhesión antes del fin de la legislatura se acentuó en 1984, cuando la Comisión Europea planteó su primera propuesta para el desarme arancelario industrial de España, que planteaba la desaparición del 50% de los aranceles españoles en el primer año tras la adhesión1283. Esta actitud crecientemente crítica generaría incluso alguna controversia en el seno del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del que la CEOE era miembro1284. En los variados discursos que Ferrer Salat pronunció en 1983 y 1984 ante interlocutores europeos1285 insistió en la necesidad de que el acuerdo final fuera equilibrado, sin favorecer a unos sectores (la agricultura) a costa de otros (la industria) y, sobre todo, en que más que el cuándo de la adhesión había que prestar atención al cómo1286. En este sentido, a Ferrer Salat no lo asustaba especialmente evocar la posibilidad de que, ante el endurecimiento de las posiciones negociadoras de la Comunidad, el Gobierno español hubiera de plantearse la opción de renunciar finalmente a la adhesión1287. Tras la presentación por la Comunidad de sus posiciones negociadoras en relación con los capítulos industrial y agrícola y el comienzo del intercambio de documentos en torno a los mismos en 1984, la CEOE envió al Gobierno sus propias propuestas de objetivos mínimos, que en los aspectos agrícolas coincidían con las expresadas por las OPAs conservadoras (CNAG, CNJA y UFADE). Como ya vimos, Coalición Popular 1282 Antonio Alonso a Carlos Blasco Villa, director general de Relaciones Económicas Internacionales, 14- 7-1983, AMAE, R22436, exp. 2. 1283 «Pasar de la filosofía a la aritmética», Boletín CEOE, nº 59 (marzo 1984),p. 7. 1284 En 1983 Antonio Alonso justificaba ante Carlos Bru la posición discordante de la CEOE frente a otras organizaciones sedicentemente europeístas de esta manera: «Verás que ahora insistimos con particular énfasis en lo peligros que puede acarrearnos, a corto plazo, una adhesión que no se instrumentara sobre la base de un período de transición no sólo amplio, sino además equilibrado en cuanto al momento en que entraran en vigor los elementos positivos y negativos para cada una de las partes. »Seguiremos estando, como siempre, en favor de la integración, pero pensamos que los empresarios debemos manifestar nuestras inquietudes acerca de los riesgos que supondría una adhesión que en los primeros años del período transitorio provocara un fuerte déficit comercial con los Diez, agravando el ya considerable desequilibrio exterior de nuestra economía». Alonso a Bru, 14-7-1983, ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 1285 El 13 de julio de 1983 ante el Ad hoc Council, grupo de presión empresarial europeo creado en 1975; el ya citado del 4 de enero de 1984 en Fontainebleau ante la escuela de negocios INSEAD; el 10 de mayo de 1984 en el Real Instituto de Relaciones Internacionales de Bruselas. 1286 «Carlos Ferrer: la integración modernizará a España», Boletín CEOE, nº 61 (mayo 1984), pp. 1 y 10. 1287 «El empresariado español ante la integración europea», Informes y Estudios de CEOE, nº 28 (enero- febrero 1984), pp. 5-8. El duro discurso de Ferrer Salat en Fontainebleau en enero de 1984 sorprendió a la prensa española, que en sus crónicas puso el acento en que por primera vez un actor social relevante ponía en cuestión la propia adhesión a la CEE. «Ferrer Salat pide suspender la negociación con la CEE», Ya, 5-1-1984; «Carlos Ferrer estima inaceptable la negociación actual con la CEE», ABC, 5-1-1984; «”No es imaginable que ningún Gobierno firme la adhesión a la CEE”», Cinco Días, 5-1-1984; «Ferrer recomienda otra estrategia negociadora», La Vanguardia, 5-1-1984. En algún caso, como el periódico Ya, los editoriales se alinearon con la opinión del presidente de la CEOE: «Negociaciones con la CEE: la opinión empresarial», Ya, 9-1-1984. 406 presentaría en el Congreso y el Senado una moción con un listado de objetivos similares1288. En noviembre, cuando se aproximaba el momento de las decisiones definitivas, la CEOE decidió hacer públicos sus objetivos mínimos como forma de presionar al mismo tiempo al Gobierno y a la Comunidad. Según la confederación empresarial, no se debía aceptar unas condiciones que fueran más allá de: —Un calendario de desarme arancelario industrial de siete años, con ocho golpes de rebajas arancelarias uniformemente repartidas (al 12,5% anual). —Que sólo se aplicaran fórmulas especiales, en la forma de contingentes, a unos pocos productos industriales con derechos altos, considerados poco sensibles por parte española. —Que durante el período transitorio se protegiera con contingentes la producción nacional de leche, productos lácteos, carnes de bovino y cerdo, cereales panificables y azúcar. —Que la importación por los otros Estados miembros de las frutas y hortalizas españolas se hiciera, desde la firma del Tratado, en condiciones al menos tan favorables como las aplicadas a los países extracomunitarios más favorecidos, no siendo considerados los agrios entre los productos sensibles para la Comunidad. —Que las fórmulas aplicadas al vino, al aceite de oliva y a la pesca mejoraran su situación actual1289. De hecho, estos objetivos mínimos suponían una adaptación de las aspiraciones del empresariado a la dura realidad de las negociaciones, donde la antigua aspiración de un plazo transitorio general de diez años parecía definitivamente descartada, y convenía centrarse ahora en lograr un trato no demasiado desventajoso de la agricultura en comparación con la industria. En la práctica, ni siquiera eso se alcanzaría, pues, la producción agrícola continental española apenas si obtuvo alguna protección y las frutas y hortalizas tardarían años en equiparar su situación con la de algunos países extracomunitarios. Con todo, y a diferencia de Alianza Popular, que en los últimos meses se aferró con fuerza a la letra de sus objetivos mínimos para denunciar los aspectos más lesivos de los acuerdos finales —y de las OPAs conservadoras, de cuyas reacciones ya hemos hablado—, la actitud de la CEOE ante la fase definitiva de las negociaciones sería más contemporizadora y, de nuevo, realista. Pese a no alcanzar varios de los 1288 ALONSO, A., España… op. cit., pp. 185-187. 1289 CEOE, «Objetivos mínimos a obtener en las negociaciones de adhesión», FLC, SRI 2100/1. 407 objetivos considerados irrenunciables, el 30 de marzo de 1985 la CEOE aprobaba una declaración en la que se sumaba al discurso dominante sobre el carácter histórico y trascendental de la adhesión, que la CEOE —en el fondo— siempre había apoyado1290. Tras la publicación de los contenidos del Tratado de adhesión, la actitud de la CEOE podría ser calificada de ambigua. Fue crítica, por un lado, con determinados aspectos del Tratado en los que no se alcanzaron los objetivos que se habían defendido durante años, pero fue relativamente condescendiente con las dificultades encontradas por el Gobierno para alcanzar unas condiciones de entrada mejores, y puso el acento, más que en la forma en que se había negociado, en las tareas a afrontar en la nueva etapa que entonces se abría, llena de oportunidades pero también de peligros. En los tres primeros años de la adhesión la CEOE preveía que el desarme arancelario podría provocar una caída de hasta tres puntos en el PIB, a la que las empresas sólo podrían hacer frente mediante la rebaja de los salarios y la expansión de las inversiones. Al Gobierno competía, en el nuevo entorno político y jurídico comunitario, removeré los obstáculos a la actividad empresarial y fomentar un clima favorable a la asunción de riesgos para hacer posible la competencia1291. Frente a la complacencia de los políticos por el éxito que supuestamente significaba la adhesión, los empresarios entendían que ésta era sólo el primer paso en el camino de la modernización y liberalización de la economía española. En palabras de José María Cuevas, presidente de la CEOE desde 1984, «La Comunidad no es algo que sirve para hacerse una foto cuando se entra en ella, sino un mercado con el que se compite. Y si se compite con éxito, esto conduce a mayores cotas de progreso y a un mayor bienestar. Pero también puede ocurrir, por el contrario, que no se alcancen las cotas razonables de competitividad necesaria, y en tal supuesto la operación implicaría un claro retroceso»1292. Por sectores, la CEOE dio finalmente por bueno el calendario de desarme arancelario industrial en siete años, aun cuando se criticaran ciertos aspectos del mismo, como la limitación de la capacidad del Estado de mantener contingentaciones durante el proceso. También fue positiva la reacción del sector de la siderurgia, que podría seguir recibiendo ayudas del Estado durante tres años más. No sucedía lo mismo con la fiscalidad —la imposición del IVA nunca fue aceptada de buen grado—, el capítulo de patentes —por el que España quedaba obligada a firmar el Convenio Europeo de 1290 ALONSO, A., «La contribution…» art. cit., pp. 356-357. 1291 «La empresa española y el desafío europeo», Boletín CEOE, nº 74 (1985), p. 3. 1292 «José María Cuevas: la entrada en la CEE podría resultar insoportable», Boletín CEOE, nº 75 (septiembre 1975), p. 7. 408 Patentes en 1986— o la exclusión de Canarias del territorio aduanero comunitario. En cuanto a la agricultura, la CEOE compartía, aunque con tonos bastante menos acerbos, las críticas de las OPAs respecto de los resultados para las producciones de tipo continental, aunque destacaba positivamente que para algunas de éstas (leche, mantequilla, queso) se hubieran definido en el Tratado unas «cantidades objetivo» como límite de la importación anual1293. En cuanto a la UNICE, el progresivo cierre de los capítulos más relevantes para el empresariado europeo, como la fiscalidad, el derecho de establecimiento o la unión aduanera, permitió comprobar que la mayor parte de sus preocupaciones y demandas en relación con España quedaban satisfechas, por lo que la valoración del Tratado de adhesión también resultó finalmente positiva1294. A fines de 1985 la CEOE presentó una nueva publicación con el título España ante la CEE: un compromiso para la competitividad y el progreso, en la que, más que criticar los aspectos concretos del Tratado y señalar sus aciertos y sus deficiencias, proponía una serie de líneas de actuación en la política económica para hacer al país más competitivo en la nueva etapa que se abría; reformas que la CEOE reivindicaba en el sentido de reducir las cargas sociales a las empresas, conceder mayor flexibilidad a la contratación laboral y dar apoyos de carácter fiscal y financiero a la inversión. Descendiendo a cuestiones más concretas, el libro reclamaba acabar con el «mercado negro de las abusivas indemnizaciones por despido» y las discrecionalidades administrativas de los expedientes de regulación de empleo; establecer límites globales a la fiscalidad soportada por cada unidad contribuyente; reducir la fiscalidad sobre las ganancias de capital; eliminar el impuesto de patrimonio; facilitar la afluencia de capital a las empresas con incentivos fiscales para las inversiones; reducir las necesidades financiera públicas (y el gasto público en general) para ampliar el espacio financiero del sector privado, etc.1295 Con esto la CEOE retomaba, en definitiva, la estrategia ya mencionada de tomar la adhesión a la CEE como excusa o contexto para una radical reformulación de la política económica en beneficio de los intereses patronales. En lo que consistía la adhesión —afirmaba en el prólogo José María Cuevas, menos inclinado aún que su predecesor a las declaraciones de europeísmo político o cultural— lejos de los discursos 1293 «España en la Europa del futuro», Boletín CEOE, nº 72 (mayo 1985), pp. 8-9. Informes y Estudios de CEOE, nº 36 (mayo-junio 1985), Especial CEE. Los Términos de la Adhesión. 1294 UNICE Informations, Monthly Report nº 3, March 1985, p. 4. UNICE Informations, Monthly Report nº 4, April 1985, pp. 10-12, Archivo UNICE. 1295 España ante la CEE: un compromiso para la competitividad y el progreso, Madrid, CEOE, CEPYME, 1985. 409 triunfalistas de los partidos sobre el reconocimiento de la identidad europea de España, era en integrarse en un mercado, en competir, y ello sólo sería posible con empresas más solidas y más fuertes1296. 4.3.2. Otras asociaciones empresariales El estudio de las posiciones y acciones de cada una de las asociaciones y organizaciones empresariales sectoriales de España en relación con la adhesión a la CEE resultaría inabarcable para un trabajo como el nuestro. Se ha señalado, en todo caso, que la tendencia mayoritaria entre las organizaciones empresariales sectoriales —ya estuvieran o no integradas en la CEOE— fue la de percibir la adhesión a la CEE con miras más o menos optimistas en función de su grado de competitividad y de la mayor o menor apertura económica de sus sectores, si bien faltan aún estudios concluyentes y pormenorizados al respecto1297. En nuestro caso, y dado que nuestro propósito es ofrecer una visión global de los estados de opinión en el país en relación con la adhesión, merece la pena referirnos brevemente a las actividades desarrolladas por entidades como las cámaras de comercio y algunas asociaciones particulares de empresarios más allá de la CEOE, como el Círculo de Economía de Barcelona o el Círculo de Empresarios de Madrid. Comenzando por las cámaras de comercio, su interés por la CEE se remonta a los años cincuenta, cuando comenzaron a realizar estudios y publicaciones —sobre todo las Cámaras de Madrid y Barcelona — sobre la integración europea, en las que habitualmente se insistía en la necesidad para la economía española de la aproximación y, en último término, la adhesión a la Comunidad. Desde 1971 el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España (CSCCINE) desarrolló un programa de formación de especialistas en derecho y economía de la CEE, que incluía la realización de estancias en las instituciones comunitarias y en la delegación que el propio CSCCINE mantenía en Bruselas desde 19691298. 1296 Ibíd., pp. 9-12. 1297 GARCÍA, Carlos, «Les groupes d’intérêt espagnols et la CEE», en SIDJANSKI, Dusan, y AYBERK, Ural (dirs.), L’Europe du Sud dans la Communauté européenne. Analyse comparative des groupes d’intérêt et de leur insertion dans le réseau communautaire, París, Presses Universitaires de France, 1990, pp. 147-152. 1298 DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, María Eugenia, Actitudes y estrategias de las Cámaras de Comercio ante el MCE, 1957-1977, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1995. 410 A partir de 1975 continuó este trabajo con la publicación de varias obras especializadas en torno a la situación de la economía española, las consecuencias de la adhesión sobre diferentes sectores y las medidas a adoptar. Así, en 1979 el CSCCINE publicó el Libro Blanco sobre el grado actual de integración de la Comunidad Europea y sus implicaciones para España. En él se hacía un repaso de la situación de la CEE y de cómo debía afrontar España la adhesión, insistiendo en aspectos como la necesidad de desarrollar programas de formación para los empresarios y cuadros de empresas, con programas de becas para estudios en asuntos europeos. Las cámaras planteaban que España debía integrarse plenamente en la CEE en el aspecto comercial, es decir, eliminando todas las barreras arancelarias y avanzando hacia una concepción más librecambista en los aspectos administrativos de la exportación, y que se aprovechara la adhesión para potenciar también el comercio con los países extracomunitarios. En relación con la política social, las cámaras reivindicaban, junto con los sindicatos, la percepción de los subsidios correspondientes a los trabajadores españoles que hubieran retornado de la emigración a la Comunidad. También concedían importancia a la homologación con la CEE de las contribuciones empresariales a la Seguridad Social y a la participación de España en el Fondo Social Europeo, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y el Comité Permanente del Empleo. En cuanto a la fiscalidad, aun asumiendo como inevitable la aplicación del IVA, las cámaras señalaban la importancia de que se fijaran para éste unos tipos acordes con la realidad económica española (en otras palabras, inferiores a los existentes en los países de la CEE, si bien éstos variaban sensiblemente de un caso a otro). Por último, en relación con la Política Agraria Común el CSCCINE instaba al Gobierno español a esgrimir ante la CEE que la agricultura española, más que una amenaza, suponía una oportunidad para replantear la PAC reforzando la producción mediterránea, aunque sin descuidar tampoco la producción de tipo atlántico propia del norte de la Península1299. Si hubiéramos de comparar las actitudes y las posiciones de las cámaras de comercio con las de la CEOE, podríamos concluir que el empresariado se valió más de 1299 Libro Blanco sobre el grado actual de integración de la Comunidad Europea y sus implicaciones para España, Madrid, Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, 1979. Estas ideas serían expuestas por Daniel de Busturia, jefe de la delegación del CSCCINE ante la CEE y asesor del ministro Calvo-Sotelo, en una conferencia en diciembre de 1977 ante el Centro Interfacultativo de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Lovaina: «L’adhésion de l’Espagne aux Communautés Européennes. Rapport économique», 8-12-1977, AHUE, ME-2505. Además, la cámara de Barcelona publicó otro volumen que desgranaba el análisis de la adhesión por sectores: Los sectores industriales ante la integración de España en las Comunidades Europeas, Barcelona, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, 1985. 411 la CEOE para el ejercicio de la presión en defensa de intereses concretos en los capítulos negociados, mientras que las cámaras funcionaron más bien como un foro de debate en el que, desde la consagración de unos principios básicos de defensa de la libertad empresarial1300, se lanzaron propuestas y sugerencias referentes a las modificaciones que la política económica del país habría de asumir para adaptarse a la CEE. Si bien también realizaron varias publicaciones de carácter informativo sobre la evolución de las negociaciones1301, más allá de qué plazos específicos se acordaran para la transición en cada sector1302 la ampliación de la CEE era un hecho en último término ineludible, y tanto los ámbitos de decisión política como el mundo empresarial debían familiarizarse con un nuevo entorno de competitividad en el que aumentarían el comercio exterior y la apertura de la economía en grados no conocidos hasta entonces, y en el que no valdrían ya las viejas políticas proteccionistas1303. Al igual que los sindicatos y la patronal, también las cámaras de comercio tenían un interlocutor internacional que ejercía como grupo de presión a escala europea: la Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio y de Industria de las Comunidades Europeas (CPCCI). Actualmente denominada Eurochambres, la CPCCI fue establecida en 1958 por las cámaras de comercio e industria de los seis países fundadores de la CEE, y desde entonces ha ejercido como el lobby de las cámaras ante las instituciones europeas, promoviendo la armonización de legislaciones, la eliminación de trabas al comercio y todas aquellas medidas que favorezcan la expansión comercial. En 1978, y a iniciativa de las cámaras españolas, el CPCCI celebró en Madrid la reunión de su Consejo de Dirección, máximo organismo decisorio, y aprobó una declaración rotundamente favorable a la adhesión de España a la CEE, insistiendo en la motivaciones políticas y comerciales de la misma (sobre todo en la interdependencia económica entre la CEE y España, quinto cliente y octavo abastecedor de la 1300 Éste sería, significativamente, el aspecto central de la intervención del CSCCINE en la reunión de la Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio e Industria de las Comunidades Europeas en Dublín en 1978. «Proyecto de declaración de la delegación española en la asamblea general de la Conferencia Permanente de Cámaras de Dublín», 29-3-1978, ASEUE, 1016/1.III Esp. 1301 Las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas: situación y perspectivas, Madrid, Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, 1984 (una edición actualizada de esta obra se hizo en 1985). 1302 A diferencia de la CEOE, las cámaras no discutieron en este sentido la estrategia negociadora del Gobierno español, ni siquiera en la etapa socialista. Un informe aprobado por el CSCCINE en junio de 1984 abogaba por ofrecer una imagen de unidad entre los sectores socioeconómicos en el respaldo de las posiciones negociadoras del Gobierno. «Las Cámaras de Comercio consideran adecuado el proceso negociador», ABC, 4-6-1984. 1303 Daniel de Busturia, «Les effets de l’adhésion de l’Espagne sur le commerce entre les États membres de la nouvelle Communauté», Congrès Eurofruit, 17-11-1978, ASEUE, 1016/1.III Esp. 412 Comunidad). La CPCCI se pronunciaba a favor de que España participara desde antes de la adhesión en las negociaciones para la reforma interna de la CEE e instaba a la Comisión Europea a activar mecanismos para acelerar cuanto antes el desarrollo económico de España a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y la institución de un fondo específico para la ampliación1304. Las cámaras supusieron, por otra parte, un medio de aproximación entre los intereses comerciales españoles y los franceses a la búsqueda de puntos de acuerdo y para la desactivación de los mutuos recelos. Si bien las cámaras agrarias francesas estuvieron en el origen de muchas de las dificultades con que toparon las negociaciones, el empresariado industrial y de servicios francés tenía una visión más favorable de la adhesión española, como lo demostraba en 1978 una encuesta desarrollada por las cámaras del sur de Francia entre seiscientas empresas del país. Con este espíritu, la Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del Suroeste de Francia y Norte y Este de España (COPEF), que desde 1965 integraba a más de setenta cámaras con una amplia representación del patronato de ambos países, creó en 1977 una comisión franco-española para examinar los contenciosos y litigios existentes en las relaciones comerciales entre ambos países y sugerir soluciones a los respectivos Gobiernos. En 1978 se constituyó en su seno un grupo de estudio sobre la adhesión española a la CEE, compuesto por las cámaras de comercio de Aquitania, Midi- Pyrénées y Languedoc-Roussillon, para examinar el estado del comercio y competencia entre Francia y España y proponer medidas al respecto. De su informe se derivaba que, siendo muy favorables a España las condiciones del acuerdo de 1970 (las importaciones de la CEE procedentes de España se habían multiplicado por 3,3 en ese período, pasando la tasa de cobertura CEE/España del 157% al 121%, y España mantenía altos aranceles y restricciones a la entrada de productos comunitarios en numerosas categorías), la entrada de España en la CEE sólo podría traer consecuencias favorables para la industria francesa, al establecer unas condiciones más equitativas de 1304 «Avis de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d’Industrie des Communautés Européennes sur la candidatura d’adhésion de l’Espagne aux Sommunautés Européennes»; «Informe sobre el Consejo de Dirección de la Conferencia Permanente de Cámaras de Industria y Comercio de la CEE, Madrid, junio de 1978», ASEUE, 1016/1.III Esp. 413 comercio1305. Esta actitud favorable de la COPEF a la adhesión española se mantendría a lo largo de las negociaciones1306. En cuanto a las asociaciones empresariales de ámbito local, podemos hablar en primer lugar del papel desempeñado por el Círculo de Empresarios de Madrid. Había sido creado en 1977 para la representación de los empresarios de la capital y la defensa de la libre empresa, la iniciativa privada y la economía de mercado. A él se vincularían muchas de las empresas más pujantes de los principales sectores —la banca, la hostelería, el transporte— no sólo de Madrid, sino de ámbito nacional, que en algunos casos iban integrándose a la vez en la CEOE a través de otras asociaciones empresariales preexistentes1307. Al igual que la CEOE, durante las negociaciones el Círculo realizó estudios y seminarios, elaboró tomas de posición y mantuvo contactos con la Comisión Europea y con el Ministerio para las relaciones con la CEE. En consonancia con otras organizaciones empresariales, su discurso insistió especialmente en la necesidad de adaptación de las empresas españolas a la CEE (según sus estimaciones, una quinta parte tendrían graves dificultades y dos quintas partes dificultades moderadas, sobre todo en los sectores de escasa productividad y tecnología media y baja) y para ello en la obtención de períodos transitorios largos. Sin embargo, a diferencia de la CEOE, y debido a la mayor presencia proporcional en el Círculo de empresas de grandes dimensiones, tecnologías avanzadas y capacidad exportadora, la asociación madrileña se pronunciaba, salvo excepciones, por un período de desarme arancelario industrial breve y homogéneo, de cinco años, acompañado de una política monetaria devaluadora que facilitara las exportaciones. En cuanto a la fiscalidad, defendía un plazo de cinco años para la aplicación del IVA1308. Por último, también el Círculo de Economía de Barcelona siguió con atención las negociaciones de adhesión1309. Nacido originalmente como sección económica del Club 1305 «Les relations économiques entre l’Espagne et les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc- Roussillon. Analyse des secteurs industriels. Synthèse du rapport général», abril de 1978, ASEUE, 1016/1.III Esp. 1306 «Las Cámaras de Comercio del Suroeste Francés apoyan la entrada de España en la CEE», El País, 27- 9-1982. 1307 Sobre la historia del Círculo de Empresarios vid. RODRÍGUEZ BRAUN, Carlos, 25 años del Círculo de Empresarios, Madrid, Círculo de Empresarios, 2002 y VV.AA., Círculo de Empresarios. 35 años de contribución a la sociedad española, 1977-2012, Madrid, Círculo de Empresarios, 2013. 1308 Boletín del Círculo de Empresarios, nº 15 (primer trimestre 1982) y nº 28 (primer trimestre 1985), ambos monográficos sobre la CEE. «Posición del Círculo de Empresarios sobre la adhesión de España a las Comunidades Europeas», 13-11-1979, ASEUE, 1016/1.III Esp. 1309 Sobre la historia del Círculo de Economía, vid. Cercle d’Economia, 1958-1983. Una trajectòria de modernització i convivencia, Barcelona, Cercle d’Economia, 1983, y MALUQUER DE MOTES, Jordi, El largo camino a Europa: cincuenta años del Círculo de Economía, Barcelona, PDA, 2008. 414 Comodín de Ajedrez, fue legalizado en 1958 y ya desde sus primeros años estuvieron presentes las relaciones entre España y el Mercado Común en su agenda de conferencias y actos públicos, con participación de expertos de diferentes disciplinas1310. De hecho, en su junta directiva figurarían varios de los empresarios que en 1956 habían creado el Comité Español de la LECE, como Carles Güell o Carlos Ferrer Salat. Esta actividad se intensificó en los años ochenta, cuando fueron invitados a opinar sobre las relaciones hispano-comunitarias en los actos del Círculo los principales dirigentes políticos del país, como Felipe González, Leopoldo Calvo-Sotelo, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón o Jordi Pujol. Desde los años setenta el Círculo celebraba una reunión anual monográfica de expertos en la Costa Brava, que en noviembre de 1985, en su décima edición, fue dedicada a Los retos de nuestra integración en la Europa comunitaria1311. En general, el Círculo de Economía asumió un papel de espacio de intercambio de ideas más que de grupo de presión en la defensa de intereses concretos. Aun así, en algunos casos presentó a la opinión pública estudios o declaraciones propias sobre las relaciones España-CEE. Así, en 1974 publicó un libro blanco sobre las repercusiones económicas de una eventual integración de España en las Comunidades, en el que señaló principalmente las dificultades en que se verían inmersos los sectores empresariales menos eficientes del país1312. En diciembre de 1981, coincidiendo con una fase de crisis en las negociaciones y de inicio del declive del entusiasmo europeísta en el país, el Círculo de Economía se pronunció de nuevo oficialmente a través de un comunicado en el que, en unos términos más próximos a los del CELECE y otras organizaciones europeístas que a los de la CEOE o el Círculo de Empresarios, insistía en el carácter eminentemente político de la adhesión y en su significado para la consolidación democrática española. Sí coincidía con otras asociaciones empresariales en señalar que la adhesión proporcionaría la oportunidad para realizar la necesaria reconversión de la economía española, poniendo a su alcance un mercado más amplio en el que competir con las industrias comunitarias, y contando con la protección de la política comercial exterior común frente a otros bloques y potencias económicas. 1310 En sus primeros veinticinco años de existencia fueron impartidas al menos veinte conferencias sobre la CEE, en las que participaron, entre otros, Alberto Ullastres, Ramón Tamames, Raimundo Bassols y Eduardo Punset. Cercle d’Economia… op. cit., pp. 211-258. 1311 La relación de los ponentes y sus intervenciones se encuentran en el cuadernillo Círculo de Economía. Conferencias, nº 66 (octubre 1985/febrero 1986). 1312 CÍRCULO DE ECONOMÍA, La opción europea para la economía española. Libro blanco sobre las repercusiones económicas de la integración de España en las Comunidades Europeas, Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1974. 415 Insistía, igualmente, en la necesidad de un período de adaptación para los sectores más desfavorecidos, pero sin que ello supusiera un retraso en la adhesión1313. Así pues, tras la pantalla de la CEOE como principal entidad representante del empresariado, las cámaras de comercio y las asociaciones menores de empresarios desarrollaron sus propias líneas de actuación en función de sus respectivos intereses e inquietudes en relación con la adhesión al Mercado Común. Ello contribuyó a enriquecer el debate sobre la CEE en los medios políticos y económicos y, aun cuando ese debate no alcanzara una gran repercusión social, demostró que la heterogeneidad de situaciones dentro del empresariado español (en relación con la capacidad competitiva, la exposición al exterior, etc.) dificultaba la identificación de una línea unívoca en la interpretación de los empresarios sobre las condiciones y los efectos de la adhesión. 1313 «Integración de España en las Comunidades Europeas», en Círculo de Economía, nº 23 (7-12-1981). 416 417 CONCLUSIONES 418 419 Tras examinar separadamente la evolución del ideario, el discurso público y las actividades desarrolladas por partidos políticos, asociaciones europeístas e interlocutores socioeconómicos en relación con la Comunidad Europea y la adhesión de España a la misma, estamos en condiciones de establecer una serie de conclusiones como resultado de nuestro trabajo. Hemos comprobado que, pese a la práctica unanimidad europeísta de la España de la transición en el plano político, existieron entre los partidos concepciones ideológicas diferentes del proceso de construcción europea. Así lo han confirmado la documentación de los partidos, como las resoluciones aprobadas en sus congresos o los programas electorales sus publicaciones internas, las obras programáticas de sus dirigentes, la prensa y las transcripciones de los debates parlamentarios. A la hora de definir su ideal de futuro para la Europa integrada, los partidos tenían apuestas diferenciadas, si bien no todos ellos habían afrontado debates para la reflexión doctrinal y teórica en torno a la integración europea, y en algunos casos estos planteamientos estuvieron sujetos a cambios más o menos graves durante la época estudiada. En este sentido, la UCD habría carecido de un discurso nítido en torno a la integración europea, más allá de la voluntad compartida de hacer a España partícipe de ella en igualdad de condiciones con el resto de miembros de la CEE. En la coalición centrista convivieron visiones más o menos pragmáticas de las Comunidades, como la de Leopoldo Calvo-Sotelo, para quien la adhesión implicaba sobre todo un importante paso en la normalización de las relaciones exteriores del país —toda vez que había sido un objetivo frustrado para el régimen anterior—, y otras más idealistas, como las de algunos democristianos que simpatizaban con el proyecto federalista de creación de una unión política europea, que ya habían apoyado durante años de presencia y colaboración con las organizaciones europeístas. En el PSOE, en cambio, hemos observado la existencia en los comienzos de la transición de un discurso altamente ideologizado y crítico con las Comunidades Europeas, a las que se reprochaba ser un instrumento para la expansión del capital y la consolidación de los privilegios de clase. Frente a esa realidad, el PSOE reivindicaba una Europa socialista en la que se internacionalizaran las fuerzas del trabajo y se pusiera coto a los abusos del sistema capitalista. Este discurso, compartido con otras formaciones de izquierda más o menos radical en el seno del Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa, no había impedido al PSOE posicionarse con otras 420 formaciones antifranquistas a favor de una futura adhesión de España a la CEE siempre y cuando el país satisficiera los requisitos democráticos para ello. Sin embargo, hemos visto también cómo a partir de 1975 el partido moderaría progresivamente su mensaje sobre la integración europea, desproveyéndolo progresivamente de los elementos que cuestionaban las estructuras y políticas de la CEE tal como se habían desarrollado hasta entonces, de acuerdo con la evolución hacia la moderación ideológica que el PSOE experimentó en los años en que se configuró como alternativa de Gobierno, y que ese mensaje terminó adquiriendo un tinte pragmatista que lo aproximaría al discurso europeísta de otros partidos. En cuanto a Alianza Popular, predominó en un primer momento la reivindicación de la adhesión a la CEE como un derecho propio de España, consustancial a su condición de país incontestablemente europeo, que por sí misma justificaría la conveniencia de la adhesión. En los manifiestos fundacionales de los partidos que integraron AP y en las declaraciones programáticas de esos primeros años se aprecia, asimismo, una visión de Europa como un proyecto de unión espiritual, basado en una comunidad de valores humanos y culturales. Más tarde, el discurso de AP pondría el foco en los aspectos económicos de la integración, señalando que ésta no era en realidad más que un juego de intereses donde cada uno trataba –legítimamente- de obtener beneficios tangibles, aun a costa de los demás. Finalmente, en el momento de la adhesión los mensajes recuperarían, en función de las circunstancias, la apelación a los valores históricos y civilizatorios de la construcción europea, demostrando, en definitiva, el carácter también pragmático (como en la UCD y el PSOE) y adaptativo del discurso europeísta. El PCE, por su parte, mantendría durante todo el período estudiado el discurso izquierdista crítico que reclamaba una Europa de los trabajadores en oposición a la Europa de las multinacionales, y reivindicó asimismo el papel de Europa como ente autónomo ante la política de bloques, en consonancia con su distanciamiento de la Unión Soviética y su adopción de planteamientos eurocomunistas durante la transición. Esta orientación hacia la moderación produjo tiranteces y rupturas en el seno del partido, sobre todo tras la entrada de España en la OTAN, que, junto con los malos resultados electorales de 1982, condujeron a la salida de sectores críticos que no compartían los planteamientos europeístas del secretario general. 421 Por último, los partidos nacionalistas periféricos encuadraron su ideal europeísta en el diseño futuro de una Europa de los pueblos que ofreciera satisfacción a sus aspiraciones de autogobierno —o eventualmente soberanía— mediante la progresiva creación de una nueva arquitectura institucional europea que absorbiera aquellas competencias de los Estados cuya gestión se realizara de forma más eficiente en el marco supranacional, e incentivara la asunción de otras por los entes subestatales, más cercanos a las necesidades y a las inquietudes de los ciudadanos. Conscientes de que éste era un proyecto a largo plazo y cuya realización no estaba asegurada, las fuerzas nacionalistas reivindicaron una mayor participación de los gobiernos regionales en las instituciones comunitarias y, ante la perspectiva de la adhesión española, circunscripciones electorales propias para Cataluña y el País Vasco en las elecciones al Parlamento Europeo. Significativamente, los desencuentros y polémicas entre los partidos en relación con la CEE no obedecieron en realidad a estas diferencias ideológicas. En las mutuas acusaciones y reproches entre ellos primaron los aspectos estratégicos en relación con las negociaciones hispano-comunitarias, es decir, aquellas cuestiones que tenían que ver con la forma de preparar y afrontar la negociación, la identificación de los objetivos e intereses prioritarios y, sobre todo, el uso partidista de la política europea por parte de los Gobiernos, algo de lo que fueron acusados tanto los de la UCD como los del PSOE. Con todo, tampoco estas controversias obedecieron a diferencias de fondo en cuanto a la defensa de los intereses nacionales, como lo demuestra el hecho de que los partidos compartieran los criterios básicos de las posiciones negociadoras asumidas en cada caso por el Estado. Más bien sería la oportunidad política —en el sentido que a tal expresión se le concede en un contexto de pugna electorera— la que marcaría el sentido de las declaraciones y posiciones de los partidos en torno a la cuestión europea. Todo esto redunda en el carácter adaptativo y pragmático del europeísmo extendido en las formaciones parlamentarias. Más que a unas líneas ideológicas alcanzadas a través de procesos de reflexión y debate internos, los discursos europeístas atendieron a las situaciones puntuales, incurriendo en contradicciones ocasionales, como ejemplificarían los diferentes giros dados por unos y otros en torno a la existencia o no de una conexión entre la adhesión a la CEE y la entrada/permanencia en la OTAN, asociación que el PSOE rechazó en un principio pero que después utilizó subrepticiamente; que el PCE descartó siempre aunque nunca hasta el extremo de poner en cuestión su europeísmo; y respecto de la cual AP —partido en principio favorable a la presencia de 422 España en ambas organizaciones— daría también varias versiones contradictorias, culminando en su propuesta de abstención ante el referéndum de 1986. Con todo, y por duras que llegaran a ser las invectivas intercambiadas entre oposición y Gobierno, la coincidencia unánime a favor de la adhesión a la CEE permaneció inalterada a todo lo largo del período estudiado. También lo hizo un elemento común al discurso de todos los partidos —con la única excepción, tal vez, de los nacionalistas periféricos, en el que en todo caso habría tenido una incidencia menor—: el derecho de España a su reconocimiento como país europeo, como justificación suficiente —incluso principal, y en algunos momentos prácticamente la única— de la adhesión. Así lo exponen, como hemos visto, los programas y declaraciones de partidos de distinto signo, al extremo de que el acuerdo general sobre este punto impedía todo debate o controversia al respecto. En algún caso los partidos de oposición coquetearon, en sus diatribas con el Gobierno, con la idea de cambiar de posición ante la CEE y declararse formalmente en contra de la adhesión. Así lo hicieron AP, en la fase final de las negociaciones, al temer que el Gobierno sacrificara intereses económicos considerados irrenunciables, y una parte del PCE, como respuesta al giro atlantista de Felipe González. Pero en ambos casos tales opciones serían desestimadas porque prevaleció la tesis de que la adhesión —aun cuando no fuera en unas condiciones óptimas— sería en última instancia preferible a la no-adhesión, y, sobre todo por el rechazo a asumir el coste electoral y en términos de aceptación pública de contradecir o cuestionar el discurso europeísta dominante. El debate europeo se vio, por tanto, condicionado por unos límites —los del euroescepticimo o el mero cuestionamiento del europeísmo—, que los partidos no se mostraron dispuestos a franquear, aun cuando su actitud frente a aspectos concretos de las negociaciones hispano-comunitarias los invitaran a veces a ello. Las voces discordantes o críticas, como las de los sectores más conservadores en la etapa inicial de AP o las de los escépticos dentro del PCE después de 1982, serían acalladas o apartadas, de modo que no infamaran el aura europeísta de que los partidos se revestían. Todo ello nos habla, en definitiva, de cómo en los años de la transición el conjunto del espectro político había asumido los términos de la relación España-Europa establecidos en la etapa anterior: Europa era una necesidad para España (en términos de bienestar, progreso, normalización, modernización e inserción internacional), y en ese 423 sentido los Gobiernos franquistas buscaron la aproximación a las Comunidades Europeas; Europa era algo vedado a España en razón de su régimen político, y no se contemplaría una adhesión de España a la CEE mientras no fuera superada la dictadura; la democratización conllevaría la admisión de España en las Comunidades Europeas, pues los obstáculos políticos desaparecerían, y la nueva clase política dirigente —tanto la procedente de las instituciones franquistas como la que se había forjado en los partidos democráticos— compartía la común aspiración de integrarse en Europa. Un papel muy importante en la articulación de este discurso lo habían ejercido durante la dictadura las organizaciones europeístas democráticas, contribuyendo a establecer el vínculo entre Europa y democracia que tanta relevancia adquiría en el lenguaje político de la transición. Las actividades desarrolladas desde sus inicios a fines de los años cuarenta, con la participación de los partidos políticos exiliados — republicanos, socialistas, nacionalistas— y corrientes políticas progresivamente críticas y distanciadas del régimen —monárquicos, democristianos—, con la colaboración de asociaciones europeístas de otros países —Movimiento Europeo Internacional, partidos y sindicatos franceses, alemanes, italianos, británicos— y de las instituciones europeas —Comunidades Europeas, Consejo de Europa—, apuntarían siempre a llamar la atención sobre la contradicción entre el régimen español y el espíritu de la construcción europea; sobre los efectos negativos para España de su exclusión y sobre la futura integración del país en pie de igualdad con el resto de Europa occidental, cuando la democracia fuera restaurada. La reunión de Múnich de 1962, el contubernio, destacó en este sentido como un hito extraordinario por el alcance de su mensaje y por las repercusiones que tuvo en todos los órdenes. Mostró, además, la unidad en el europeísmo de formaciones antifranquistas de ideas y programas originalmente opuestos, y que habían estado enfrentadas en la Guerra Civil. De hecho, cada uno de los movimientos y asociaciones presentes en Múnich —los Consejos del Movimiento Europeo y los partidos integrados en ellos, la AECE, los seminarios e institutos europeístas de ateneos y universidades, la asociación por la Unidad Funcional de Europa— tenía sus propios ideales, planteamientos y aspiraciones en relación con la integración europea, que podían diferir en términos de dialécticas izquierda/derecha, monarquismo/republicanismo o centralismo/nacionalismo periférico, pero compartían la idea de Europa como 424 referente para la consecución última de sus objetivos políticos. Y hubo, en todo caso, más allá de Múnich, otras ocasiones en que estos grupos manifestaron sus posiciones sobre la relación entre la España franquista y la CEE —encuentros, congresos, seminarios, visitas a los órganos de la CEE y el Consejo de Europa, publicaciones, declaraciones ante determinados hitos de la política europea de España, como el acuerdo de 1970…—. Todas estas actividades fortalecieron las relaciones entre los europeístas españoles y las instituciones europeas, y prefiguraron la unanimidad europeísta que se haría patente en la transición. Podemos hablar, en este sentido, de un éxito del europeísmo democrático que ni la represión, ni la censura ni la propaganda del régimen franquista lograron evitar. A pesar de que los congregados en Múnich fueran denunciados como traidores, y muchos de ellos represaliados; a pesar de la vigilancia que el Gobierno mantuvo sobre las asociaciones europeístas del interior, prohibiendo, dificultando o restringiendo muchas de sus actividades; a pesar de que el régimen articulara su propio discurso y creara sus propias instituciones europeístas, como el CEDI; y a pesar del éxito alcanzado en la aproximación económica a Europa al final de la dictadura gracias a la firma del acuerdo comercial con la CEE; la idea fuerza de que las puertas de la CEE estaban cerradas a España por razones políticas era generalmente conocida y aceptada. El europeísmo se convirtió en un instrumento irreemplazable para el antifranquismo: así lo demuestra el hecho de que ninguna formación política relevante quisiera quedar al margen de la unidad europeísta y que hasta el PCE se sumara las tesis favorables a la CEE e incluyera la adhesión entre los objetivos a alcanzar tras el retorno de la democracia. Durante la transición, las asociaciones europeístas jugaron cierto papel de supervisión e información de la veracidad del cambio democrático ante las organizaciones europeas, que podían dar repercusión internacional a sus inquietudes y demandas. Hemos visto, así, que el Congreso del Movimiento Europeo Internacional de 1976 dio acogida a las posiciones de los europeístas españoles respecto de los primeros pasos del Gobierno de la monarquía, y que entre 1975 y 1977 las organizaciones europeístas internacionales se mantuvieron en estrecho contacto con sus socios españoles y secundaron su reivindicación de una democratización real, instando a las instituciones de la CEE a mantenerse también vigilantes en ese sentido, como de hecho hicieron. 425 Configurado ya el nuevo régimen democrático, perdió su sentido la labor que habían desarrollado las asociaciones europeístas durante su historia anterior. Ante la nueva situación, el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, establecido ahora en Madrid, se reorganizó con la admisión de nuevas entidades políticas y sociales y apuntó hacia nuevos objetivos: fundamentalmente promover el debate y la divulgación sobre las Comunidades Europeas en el conjunto de la sociedad y actuar como lobby europeísta ante las instituciones públicas. Además, durante las negociaciones de adhesión a la CEE el CFEME desempeñó una función de apoyo a la administración al promover estudios, seminarios y encuentros diversos con organizaciones de otros países en el seno del Movimiento Europeo Internacional, con vistas a afrontar los obstáculos y allanar el camino para la admisión de España en la CEE. También en este contexto se produjo una diversificación de enfoques, contenidos y motivaciones del europeísmo asociativo. A las asociaciones europeístas preexistentes se sumaron otras nuevas, que en algunos casos tuvieron trayectorias efímeras y en otros no llegaron siquiera a terminar de nacer. Este fenómeno testimonia, por un lado la caducidad de la actividad europeísta tradicional como trasunto de la reivindicación democrática y, por otro, el surgimiento de nuevas inquietudes, ya fueran de carácter profesional (Asociación de Periodistas Europeos, Asociación Europea de Enseñantes), ideológico-filosófico-académico (Asociación para la Integración Europea, Unión Europea de Federalistas, Juventud Europea Federalista), o puramente social- reivindicativo (Unión de Mujeres por Europa). En ocasiones el empuje para la creación de estas entidades procedió de organizaciones supranacionales, que se apoyaron en los contactos y las estructuras del CFEME para la institución de secciones españolas (la UME, la frustrada sección española de la UEF…). En el caso de la Federación Española de Municipios y Provincias, el interés por el europeísmo de algunos de los alcaldes surgidos de elecciones municipales de 1979 terminaría derivando en la creación de una institución oficial con amplias competencias más allá de su actuación como lobby europeísta y municipalista. Por su parte, los interlocutores sociales tampoco permanecieron ajenos a la política europea y a las relaciones con la CEE. Muy al contrario, fueron probablemente el sector de la sociedad civil que se implicó con mayor intensidad en el estudio de las repercusiones de la adhesión y en la elaboración y defensa de sus intereses al respecto, 426 tratando de hacer valer sus opiniones ante el Gobierno español, las instituciones comunitarias y otros interlocutores internacionales. Por lo que se refiere a los sindicatos aquí estudiados, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, ambos se declararon europeístas y partidarios de la adhesión a la CEE. Aunque en esas posiciones pesaban consideraciones en torno a la incidencia de la adhesión sobre la clase trabajadora, las condiciones de trabajo y el desarrollo económico en general, los planteamientos de ambos sindicatos atendieron asimismo a las mismas consideraciones políticas y culturales recurrentes en el discurso de los partidos, y especialmente de aquellos con los que mantenían un hermanamiento ideológico (PSOE y PCE). Sin embargo, el discurso de los sindicatos se caracterizaría por insistir en la defensa de intereses concretos de cara a las negociaciones, principalmente sobre los aspectos sociales de la adhesión y el derecho a la libre circulación de los trabajadores, y por la reivindicación de un papel más influyente como organizaciones consultivas, sin que hubiera en este sentido diferencias significativas entre UGT y CCOO. Las diferencias fueron apareciendo sólo después de 1982, cuando el PSOE accedió al ejecutivo y afrontó la fase final de las negociaciones, y no respondieron a criterios ideológicos o programáticos en el sentido de que difirieran sus visiones de cómo había de producirse la adhesión, sino a la especial relación de la UGT con el nuevo partido de Gobierno. Así, mientras que en estos años finales la UGT gozó de una posición de ventaja para la obtención de información y el ejercicio de alguna influencia sobre el proceso, CCOO manifestó cada vez mayor desconfianza hacia la gestión gubernamental y criticó como errores o concesiones forzadas varios de los acuerdos alcanzados con la CEE. La divergencia de pareceres entre los sindicatos se plasmaría en su valoración final del Tratado de adhesión, mucho más positiva por parte de la UGT, aunque sin llegar a quebrar la unidad de criterio sindical ante la CEE. Un fenómeno similar, aunque con algunos matices y sobre todo con un desenlace bien diferente, se produjo entre las organizaciones profesionales agrarias. De las cinco OPAs existentes en el período estudiado, dos (COAG y UPA) se encontraban ideológicamente más a la izquierda y pretendían representar fundamentalmente a las pequeñas explotaciones de carácter personal y familiar, siendo las otras tres (CNJA, UFADE y CNAG) de carácter moderado o conservador, y estando conformado el CNAG por explotaciones de mayor tamaño. En el comienzo de las negociaciones con 427 la CEE, las OPAs mantuvieron unas posiciones muy aproximadas por cuanto todas estaban a favor de la adhesión y coincidían en señalar una serie de intereses agrarios que debían ser defendidos en el Tratado. Sus diferencias en los primeros momentos se limitaron a la cuestión de la representación de los agricultores ante la administración, al rechazar las OPAs de izquierda la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias heredada del sistema franquista. Con el paso del tiempo, y sobre todo a medida que se fueron concretando los resultados de las negociaciones, la UPA y, en menor medida, la COAG, defendieron la labor del Gobierno, mientras que las otras OPAs la criticaron al extremo de convocar manifestaciones populares contra el Tratado de adhesión. El empresariado, por su parte, sí ofrecería una imagen de unidad al posicionarse respecto a la CEE, aun cuando las diferencias de percepción pudieran ser notables entre los subsectores, y aun entre las empresas dentro de un mismo subsector, en función de sus condiciones y preparación para la competencia en el marco europeo. El hecho de que desde 1977 existiera una única gran organización para la representación de los empresarios como interlocutor social, la CEOE, favoreció este hecho, y así, otras asociaciones menores como el Círculo de Economía de Madrid o el Círculo de Empresarios de Barcelona quedaron como meros foros de debate y reflexión, dejando en manos de la CEOE el ejercicio de la presión sobre las instituciones políticas. Y la CEOE fue, en efecto, uno de los interlocutores con una presencia y actividad más constante en torno a las negociaciones. Desde un primer momento anunció su actitud favorable a la integración en la CEE, aunque estableciendo una serie de condiciones que hicieran ésta digerible para el tejido empresarial: en esencia, unos plazos transitorios lo bastante largos como para permitir las necesarias adaptaciones, y que el Gobierno adoptara paralelamente medidas de liberalización —sobre todo en lo referente a las relaciones laborales— que aproximaran a España al entorno europeo. La CEOE realizó una presión permanente en la defensa de estas posiciones y, al igual que otras entidades, sugirió en la fase final la posibilidad de retirar su apoyo a la adhesión si no se alcanzaban determinados objetivos, algo que finalmente no cumpliría. Del mismo modo que ciertos grupos de interés dentro de la sociedad civil manifestaron su interés por las cuestiones europeas mediante la creación y participación en nuevas asociaciones europeístas vinculadas de una u otra forma con el Movimiento Europeo Internacional, también los principales interlocutores sociales procuraron su integración en instancias supranacionales como la Confederación Europea de 428 Sindicatos, el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la CEE o la Unión de Industrias de la Comunidad Europea. Las organizaciones españolas realizaron ante estas entidades europeas, ya fuera como miembros de las mismas o desde el exterior, gestiones para la defensa de las tesis españolas ante la CEE y el encauzamiento de los problemas más delicados de las negociaciones. Pero habría otro rasgo más llamativo e interesante en esta participación en organismos europeos, que se daría igualmente entre los sindicatos, las organizaciones agrarias y varios grupos europeístas. Si la condición de europeísta era percibida casi como un requisito inexcusable para los partidos que aspiraran a obtener representación parlamentaria, entre los propios partidos y entre otras organizaciones de base ideológica se produjeron pugnas y competiciones por la obtención de espacios de proyección y representación de ámbito europeo-comunitario. Es así como interpretamos el veto de la UGT a la admisión de CCOO en la CES, mantenido durante década y media; la pugna entre ambos sindicatos por los criterios de su representación ante los comités consultivos de la Comisión Europea; o la controversia entre las OPAs por la adhesión al COPA. En algunas asociaciones europeístas se dieron también casos similares: el PSOE y la UCD se disputaron el control de la Federación Española de Municipios poniendo cuestión la propia viabilidad de la organización; la Asociación de Mujeres Europeístas se escindió temporalmente por razones ideológicas; y los distintos grupos juveniles que aspiraban a ser reconocidos como sección española de la Juventud Federalista Europea pusieron trabas a colaborar o a reconocerse mutuamente. En el caso del CFEME, su traslado y reestructuración en Madrid daría lugar a algunas disputas entre las entidades que lo integraban y a su abandono por algunos miembros históricos, como José María Gil-Robles, en protesta por la absorción del control por los grandes partidos y la admisión de grupos situados en los extremos del espectro político. Todo esto nos habla, en definitiva, de la incorporación del ámbito europeo, ya sea el de las instituciones de la Comunidad, el de las organizaciones europeístas o el de los lobbies transnacionales, a la competición política y electoral de los actores españoles — tanto de los partidos como de otras organizaciones de base ideológica—, que reprodujeron sobre ese nuevo ámbito las rivalidades propias del espacio estatal. Sin embargo, en el enfrentamiento dialéctico entre los actores españoles la interpretación del proceso de construcción europea y la cuestión de la adhesión española no serían fuente de controversias. Ni las mujeres europeístas, ni los gobiernos municipales, ni las 429 asociaciones juveniles, ni los sindicatos, ni las OPAs, ni los miembros del CFEME discutieron nunca sobre su visión de Europa. Discutieron, cuando lo hicieron, sobre el hecho territorial, sobre el aborto, sobre los currícula antifranquistas de unos y otros y, sobre todo, sobre las cuotas de poder que les correspondían dentro de las organizaciones. Reprodujeron, en definitiva, los rasgos de la unanimidad europeísta propia del debate público español — esto es, la falta de un debate real, de contenidos e ideas en torno a la integración de Europa— en su presencia y participación en organizaciones europeas. Ni siquiera las disquisiciones de sindicatos, OPAs y patronal, las que más decididamente se pronunciaron en la salvaguarda de intereses que consideraban irrenunciables ante la CEE, lograron animar un verdadero debate en el Parlamento, los medios de comunicación o la opinión pública al efecto de sacudir las conciencias y desperezarlas del unanimismo acrítico. Los Gobiernos no se vieron realmente condicionados por las presiones de estos actores; por un lado, porque ellos mismos secundaron la mayor parte de lo que demandaban sindicatos y patronal (otra cosa era que pudieran lograr que los resultados de las negociaciones satisficieran esas demandas); por otro, porque en último término su margen de maniobra ante las posturas negociadoras comunitarias siempre fue reducido. Dicho en otras palabras: cuando España tuvo que ceder ante la CEE en las negociaciones, no fue como resultado de una opción política del Gobierno, que privilegiara unos intereses en perjuicio de otros, sino más bien porque no tuvo alternativa. Siendo así, la presión de los interlocutores sociales nunca podría ser muy efectiva, como tampoco lo fueron las protestas callejeras de algunas OPAs contra el Tratado, que no empañaron sensiblemente el clima de euforia de la firma del mismo. Durante la transición e inicios del régimen democrático Europa y lo europeo fueron percibidos, en fin, como significantes de democratización, normalización, modernidad e inserción internacional por la sociedad española. Partidos políticos, grupos europeístas e interlocutores sociales coincidieron en apoyar el ingreso en la CEE, objetivo al que se otorgó un importante valor simbólico en la transición. Ese valor desvirtuó y devaluó toda posibilidad de un debate político en profundidad en torno a la política europea, aun cuando la existencia de intereses económicos fuertemente concernidos por la adhesión invitara a ello. Circunstancialmente la CEE fue objeto de controversias, pero más por oportunismo que por una visión ideológica a largo plazo. Cuando llegó el 12 de junio de 430 1985, la adhesión fue saludada (casi) en los mismos términos por (casi) todos los actores sociales, políticos, y económicos, olvidando las diatribas, a veces muy duras, intercambiadas en los años anteriores. Por encima de (casi) cualquier otra consideración, lo importante era que España ya estaba en Europa. Arrancaba aquí otra historia, la historia de la gradual adaptación de los actores españoles al marco de la Comunidad, de su gradual transición a una nueva etapa en la que toda política abarcaría una dimensión europea y en la que las presiones, la interlocución, la propaganda y la lucha social se habrían de hacer ya no sólo en España, sino en Bruselas; una etapa en la que la integración europea cobraría nuevos sentidos y significados (el euro, los Erasmus, la troika…), dejando atrás poco a poco los estereotipos heredados y participando, en progresión creciente, en un mismo espacio público con el resto de la sociedad civil europea. Sin duda es muy interesante la historia de cómo ha cambiado la visión de Europa desde España en los últimos treinta años, y podría servir de tema para un nuevo trabajo, pero este trabajo nuestro de ahora ha terminado. 431 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 432 433 ARCHIVOS En España —Archivo del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (ACFEME), Madrid Fondo Gironella Fondo de la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE) Fondo Movimiento Europeo —Fundación Francisco Largo Caballero (FLC), Madrid Fondo de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI) Fondo del Gabinete Técnico de la Secretaría General (GB) Fondo de la Secretaría de Acción Reivindicativa (UGT-REIV) Fondo de la Secretaría de Formación (SF) —Fundación 1º de Mayo. Archivo Histórico del Trabajo (AHT), Madrid Fondo Secretariado Confederal (SC) Fondo Consejo Confederal (CC) Fondo Secretaría General (SG) Fondo Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) —Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), Madrid Legajos R14187, R14558, R14582, R14583, R14584, R16570, R16571, R16956 bis, R17893, R17894, R17896, R17897, R17898, R19214, R19547, R21100, R22436, R25095 —Archivo de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (ASEUE), Madrid Legajo 1016.1.III ESP —Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Madrid Fondo Documentos PCE Fondo Relaciones Internacionales del PCE Fondo Órganos de dirección del PCE —Archivo del Consell Català del Moviment Europeu (ACCME), Barcelona Aunque el archivo no está catalogado, la disposición de sus contenidos en series de cajas permite la identificación de los fondos a partir de los siguientes epígrafes: Actas de reuniones 434 Actos Correspondencia Declaraciones Documentos de trabajo Estatutos y constitución Estudios Prensa —Arxiu Històric Ferran Camps (AHFC), Barcelona El proyecto de catalogación del archivo histórico de Unió Democràtica de Catalunya quedó interrumpido a la muerte de su promotor, que le da nombre, Ferran Camps i Vallejo en 2002. En su estructura en el momento de nuestra visita coexistían fondos más o menos coherentes con cajas de contenidos no seriados. Los fondos consultados son: Fondo Llibert Cuatrecasas Fondo Ferran Camps IX Congrés, 1980 X Congrés, 1981 XI Congrés, 1982 XII Congrés, 1983 XIII Congrés, 1984 UDC 1961-1975 UDC 1976 UDC 1975 V Congrés S-UDC 1977 Comunicats Premsa 84-85 —Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI), Barcelona Fondo Documents Exili (DE) —Archivo Histórico del Nacionalismo Vasco (AHNV), Bilbao Fondo Partido Nacionalista Vasco – Euskadi Buru Batzar (PNV-NAC-EBB) —Euskomedia Fundazioa (EF), Bilbao Fondo Irujo (FI) —Archivo General de la Universidad de Navarra (AGUN), Pamplona Fondo Antonio Fontán 435 Fondo Francisco de Luis Fondo Marcelino Oreja En Bélgica —Archivo de COPA-COGECA, Bruselas El archivo no está abierto al público. Copias de los documentos que se citan en el texto nos fueron facilitadas por Michel Simon Berger, responsable de documentación de COPA-COGECA —Instituto Sindical Europeo, Bruselas Congresos de la Confederación Europea de Sindicatos —Archivo de Business Europe (Archivo UNICE), Bruselas El archivo no está abierto al público. Copias de los documentos que se citan en el texto nos fueron facilitadas por P. J. Kettlewell, responsable de comunicación de Business Europe. —Archivo del Comité Económico y Social Europeo (ACESE), Bruselas Los contenidos consultados no se encuentran estructurados en fondos, sino en cajas numeradas provisionalmente. En concreto se han consultado las cajas 1141, 1142 1143, 1145, 1148, 1271, 1274, 1275, 1498, 1666, 1667, 1668, 2316 2329, 2330 y 2646, —Archivo del Consejo de Ministros de la Unión Europea (ACMUE), Bruselas Expedientes consultados (las signaturas de catalogación eran provisionales en el momento de la consulta, por lo que no se puede asegurar su catalogación actual): CM2 1975/84: «Relevé de décisions de la 360ème session du Conseil (Affaires Étrangères) tenue à Luxembourg les 6/7 octobre 1975» CM2 1959/978: «Rapports des conseillers commerciaux des États membres de la CEE en Espagne» CM2 1960/862: «3ème rapport partiel des conseillers commerciaux des États membres en Espagne, septembre 1960» CM2 1961/454: «Dossier concernant les rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne» CM2 1962/1026/ad: «Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne» CM2 1970/866: «Prise de positon conjointe de la CISL (Confédération Internationale des Syndicats Libres) et de la CISC (Confédération Internationale des Syndicats (Chrétiens)» CM2 1970/881: Dossier concernant l'Accord commercial entre la CEE et l'Espagne 436 CM2 1972/1553: «Rapports des consillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne». CM2 1973/1100: «Dossier concernant le protocole fixant certaines dispositions relatives à l'Accord entre la CEE et l'Espagne en raison de l'adhésion de nouveaux Etats membres à la CEE, signé à Bruxelles 29-1-73. 19034/1: Réunions du groupe de travail "Espagne" 19052/1: «Prises de position relatives à l'Accord commercial entre la CEE et Espagne (1972-1975)» 19059/1: «Répercussion de la situation politique en Espagne sur l'accord commercial (1975-1976)» 38891/1: «Communications diverses de la Mission d'Espagne» 38892/1: «Relations CEE-Espagne. Généralités». 38893/1: «Espagne. Généralités» 38894/1: «Relations entre les Communautés européennes et l'Espagne. Questions relatives à la situation politique espagnole. Questions traitées par l'Assemblée 1/2» 38895/1: «Relations entre les Communautés européennes et l'Espagne. Questions relatives à la situation politique espagnole. Prises de position, protestations, critiques et autres. 2/2» 39158/1: «Rapports des conseillers commerciaux (RCC) Espagne.» 55894/1: «Notes verbales de la Mission d'Espagne concernant la pêche 1976-1982» 69969/1: Relations Espagne-CEE en matière de pêche. Lettres, notes verbales, aide- mémoires, mémorandums. Los servicios archivísticos del Consejo pusieron a nuestra disposición, además, una amplia colección de documentos no catalogados sobre diversos aspectos de las negociaciones hispano-comunitarias, en particular sobre Pesca, Agricultura e Islas Canarias, cuya relación es demasiado extensa para ser recogida aquí. En Italia —Archivo Histórico de la Unión Europea (AHUE) Fondo Histoire Orale (INT) Fondo Lorenzo Natali (LN) Fondo Mouvement Européen (ME) Fondo Conseil des Communes et des Régions de l’Europe Fondo Union Européenne de Fédéralistes (UEF) Fondo Jeunesse Européenne Fédéraliste (JEF) Fondo Mouvement Européen – annexes Fondo Organisation Française du Mouvement Européen (OFME) En Países Bajos —International Institute of Social History (IISH) 437 Fondo European Trade Union Confederation (ETUC) ENTREVISTAS Raimundo Bassols, 14-6-2007. Francisca Tarazaga, 28-2-2008. José Ángel Sotillo, 5-3-2008. Carlos María Bru Purón, 28-4-2008. Carlos de Montoliú, 27-10-2009. Realizadas en el marco del Grupo de Investigación sobre Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) de la Universidad Complutense de Madrid: Raimundo Bassols, 21-4-2008. Fernando Álvarez de Miranda, 27-5-2008. Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga, 12-5-2009. Nuño Aguirre de Cárcer, 27-5-2009. Rodolfo Martín Villa, 21-10-2009. Eugenio Bregolat y Obiols, 25-11-2009. Alfonso Osorio, 13-1-2010. Juan Durán-Loriga, 16-6-2010. Ramón Tamames, 7-7-2010. Javier Rupérez, 29-7-2010. Walter Haubrich, 4-10-2010. Marcelino Oreja, 11-10-2010. Alonso Álvarez de Toledo Merry del Val, 16-3-2011. Santiago Carrillo, 5-5-2011. Ángel Viñas, 22-5-2011. Fernando Ónega, 20-11-2011. Ignacio Camuñas, 12-11-2011. Jaime de Ojeda, 25-1-2012. Juan Luis Cebrián, 29-2-2012. Antonio de Oyarzábal, 11-5-2012. 438 Elena Flores Valencia, 16-5-2012. Alfonso Guerra, 18-5-2012. Ramón Vilaró, 4-6-2012. Antonio Garrigues Walker, 12-6-2012. PUBLICACIONES PERIÓDICAS OFICIALES: Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. Compte rendu des débats Boletín Oficial de las Cortes Generales Bulletin des Communautés Européennes Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diario de Sesiones del Congreso Diario de Sesiones del Senado Journal Officiel des Communautés Européennes NO OFICIALES: ABC Actualidad económica Agricultura y Sociedad Alianza Arriba Avui Boletín CEOE Boletín del Círculo de Empresarios Boletín Europe Butlletí Barcelona Ciutat Butlletí d’Informació del Patronnat Català Pro Europa Cambio 16 CCOO Informations Internationales CEOE boletín informativo 439 Círculo de Economía. Conferencias COAG informa Convergència i Unió Cuadernos para el Diálogo Deia Diario 16 Diario de Barcelona Diario Nuevo El Alcázar El correo catalán El Correo Español – El Pueblo Vasco El Diario Vasco El noticiero universal El nuevo lunes El País El Socialista Eurobask. Revista del Consejo Vasco del Movimiento Europeo Europa a la vista Europe: Bulletin Quotidiens Femmes d’Europe Gaceta Ilustrada Gaceta Sindical Guadiana Información Comercial Española Informaciones Informe Dossier Premsa Informes y Estudios de CEOE JEF-Info Jóvenes Agricultores La tierra del agricultor y el ganadero La Vanguardia La Veu d’Unió Los sitios de Gerona 440 Moneda y Crédito Movimiento Europeo Muga Mundo Obrero Mundo Obrero Noticias AP Nova Veu Odiel Posible Pueblo Revista de Estudios Agro-Sociales Revista de Estudios Políticos Revista de Fomento Social Revista de Instituciones Europeas Revista de Política Internacional Sábado Gráfico SIAESA. Información socios Sistema Triunfo Unidad Obrera Ya BIBLIOGRAFÍA ACKERMANN, Denis de Rougemont. De la personne à l’Europe, Lausanne, L’Age d’Homme, 2000. ACUÑA, Ramón Luis, Como los dientes de una sierra (Francia-España de 1975 a 1985, una década, Barcelona, Plaza & Janés, 1986. 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Fuente: Deia, 31-3-1985. 478 Doc. nº 3: «Bases de la constitution du “Conseil Fédéral Espagnol du Mouvement Européen”», 1949. 479 FUENTE: AHUE, ME-2195. 480 Doc. nº 4: Cartas cruzadas entre José María Lasarte y Georges Rebattet sobre la fundación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, mayo de 1949. 481 482 483 484 FUENTE: ACFEME, Fondo Movimiento Europeo 485 Doc. nº 5: Declaración del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo: «El Tratado comercial no abre las puertas a España», diciembre de 1969. 486 487 488 489 FUENTE: AHNV, EBB, K. 376, C3. 490 Doc. nº 6: Propuesta de declaración de la delegación española en el Congreso del Movimiento Europeo Internacional, Bruselas, febrero de 1976. 491 FUENTE: AHUE, ME-1610. 492 Doc. nº 7: Acta de la reunión celebrada el 27 de octubre de 1976 por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. 493 494 FUENTE: AHNV, EBB, K. 128, C5 495 Doc. nº 8: España y Francia ante la ampliación de la Comunidad Europea. Jornadas Hispano- Francesas del Movimiento Europeo, enero de 1981. Síntesis del debate político. FUENTE: ACFEME, Fondo Movimiento Europeo. 496 Doc. nº 9: Carta de Enrique Tierno Galván a Caterina Chizzola del 19-5-1972, en la que le adjunta una declaración conjunta del Comité Nacional Provisional del PSOE y el Comité Permanente del PSI sobre la integración de España en la CEE. 497 498 FUENTE: AHUE, UEF-523. 499 Doc. nº 10: Conseil des Communes d’Europe. Constitución de la sección española, 12- 5-1979. FUENTE: AHUE, CCRE-184. 500 Doc. nº 11: Resolución de la Comisión Ejecutiva de CCOO sobre la entrada de España en la CEE, 17-12-1985. 501 502 FUENTE: AHT, SG 52/3. 503 Doc. nº 12: Imágenes de la campaña «No a los productos franceses» desarrollada por la Confederación Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) en 1982. FUENTE: Jóvenes Agricultores, nº 39 (agosto-septiembre 1982), pp. 48-50. 504 Doc. nº 13: «España y las Comunidades Europeas: ¿para cuándo la adhesión?» 505 506 FUENTE: Informes y Estudios de la CEOE, nº 12 (enero 1982), pp. 19-21. 507 Doc. nº 14: Carta recibida por el Consejo de Ministros de la CEE, del 3-12-1975, sobre la situación política y social de España 508 FUENTE: ACMUE, 38895/1. Tesis Carlos López Gómez Agradecimientos ÍNDICE LISTADO DE ABREVIATURAS RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS CAPÍTULO 2. EL MOVIMIENTO EUROPEO, DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA CAPÍTULO 3. VIEJAS Y NUEVAS ORGANIZACIONES EUROPEÍSTAS CAPÍTULO 4. LOS INTERLOCUTORES SOCIALES CONCLUSIONES FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA APÉNDICE DOCUMENTAL