La crisis de RTVE Santiago LÓPEZ-PAVILLARD Santiago.lopez@rtve.es Junio de 1992 Índice 1. La televisión pública en Europa 2. Organización, control y financiación de RTVE 3. Cronología de una crisis 4. El futuro de RTVE 5. Notas 1.- La televisión pública en Europa 1.1. Los orígenes de la televisión Los primeros experimentos que cimientan la aparición de la televisión como medio de difusión distinto al de la radio se remontan a principios del siglo pasado, cuando el químico sueco Berzelius descubre en 1817 el selenio. En 1860 Capelli compone el pantelégrafo, que posibilita la transmisión eléctrica de mensajes descompuestos en líneas. En 1873 May observa las propiedades del selenio en un instrumento radiotelegráfico, que reacciona aumentando su conductividad cuando sobre él incide la luz, conviertiéndola en electricidad. Este descubrimiento permitirá transformar las variaciones de la luz reflejada de una imagen en variaciones de energía eléctrica y viceversa. Dos años más tarde, los físicos ingleses Carley y Senlecq formulan el principio de la descomposición y composición de la imagen en un determinado número de partículas para su percepción. Todo ello permitirá al alemán Paul Nipkow, en 1884, desarrollar una técnica para descomponer en líneas imágenes sobre una superficie fotoeléctrica, usando un disco giratorio que permitía una definición de 18 líneas. El 27 de Enero de 1926 John Baird consigue transmitir una imagen en movimiento formada por 30 líneas, repetidas diez veces cada segundo. A los dos años comienzan a promulgarse las primeras disposiciones que regulan el uso de la televisión, y en 1929 la BBC inicia la transmisión de imágenes en fase experimental. A pesar de los continuos perfeccionamientos de la televisión mecánica, tenía dificultad para transmitir imágenes de más de 200 líneas y que consiguiesen dar sensación de movimiento -para lo que se necesita un mínimo de 24 imágenes por segundo, 4.800 líneas por segundo-. Poco a poco se va desarrollando la televisión electrónica, gracias a las aportaciones de Boris Rosing, que propone utilizar el tubo catódico para la emisión y recepción de imágenes, Belin y Holweck realizando la primera recepción sobre un oscilógrafo catódico, y de Zworykin, que desarrolla el iconoscopio, ingenio que permitía el análisis electrónico de imágenes. Durante un breve periodo de tiempo coexisten las dos técnicas, pero a mediados de los años treinta los avances de la televisión electrónica en todos los aspectos era muy superior. Tras la II Guerra Mundial, la BBC iniciaría una programación regular basada ya íntegramente en la televisión electrónica de 405 líneas. Llegado el momento de establecer unas normas para el desarrollo de esta técnica, en lo referente a número de líneas e imágenes por segundo, y no existiendo aún organismos de radiodifusión que regulasen esta actividad, Estados Unidos optó en 1951 por un sistema de 525 líneas y 30 imágenes por segundo, y Europa optó por 625 líneas y 24 líneas por segundo. En 1953 Estados Unidos adoptó el sistema NTSC para televisión en color, adoptado también por Japón. Más tarde aparecieron el sistema francés SECAM (1959), al que se unió la URSS, y el alemán PAL (1967), compartido por el Reino Unido. En la década de los 70 todas las televisiones adoptaron un sistema u otro, según el área de influencia en el que se encontraban. 1.2. La televisión en funcionamiento En 1935 se produce la primera emisión pública de televisión del mundo desde la Torre Eiffel, en París. Al año siguiente se inician emisiones regulares desde Londres, Moscú, Leningrado y Berlín. Tras el paréntesis de la II Guerra Mundial el fenómeno de la televisión explota y se produce un vertiginoso desarrollo del número de emisoras y de venta de aparatos receptores. El 2 de Junio de 1953 se produce la primera retransmisión a Europa, la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra, y por primera vez la televisión supera en audiencia a la radio. En 1962 se produce la primera conexión por Mundovisión entre Europa y Estados Unidos. A partir de entonces, cada acontecimiento que se retransmite bate constantemente nuevos records de audiencia. 1.3. Las primeras emisiones regulares La televisión pionera en tener unas emisiones regulares fue la BBC (British Broadcasting Corporation), iniciadas el 2 de Noviembre de 1936, interrumpidas por la guerra, y reiniciadas en Junio de 1946 (1). En 1954 se crea la ITV (Independent Television), la televisión comercial, que comienza sus emisiones en 1955. En Francia, la ORTF (Office de Radiodiffusion Télévision Française) se creó en 1935, cuando tan sólo existían 300 receptores en Francia. Inició sus emisiones regulares en 1938 y reiniciadas tras la guerra en 1945. En 1950 se contabilizaban 1.794 receptores, en un radio de 50 Km. alrededor de París. La televisión en color fue inaugurada en 1967 (2). En Estados Unidos los primeros experimentos se hicieron en 1937 y hasta el 30 de abril de 1939 no se inauguró un servicio regular a cargo de la NBC (National Broadcasting Company), con dos horas a la semana. La CBS (Columbia Broadcasting System) y la red Dumont empezaron sus emisiones en 1939 y 1940 respectivamente. A mediados de la década de los 40 ya existían 23 cadenas de televisión (3). Alemania recomenzó sus emisiones en las Navidades de 1952. Italia, Bélgica y Suecia inauguraban sus emisiones en 1954. España se estrenaba el 28 de Octubre de 1956 para una audiencia de no más de 3.000 receptores (4). 1.4. Organización y financiación de las principales televisiones públicas europeas El panorama audiovisual en el Reino Unido ha cambiado recientemente, y amenaza con modificar las reglas del juego que desde la creación de la BBC como servicio público ha regido el equilibrio del sistema, un equilibrio basado no sólo en la organización, sino también en su financiación. La BBC está formada por dos cadenas de televisión y cuatro cadenas de radio. El funcionamiento de la BBC se rige por una Real Carta de 1927. La British Broadcasting Company, Ltd. se creó en 1922 como una compañía privada de radiodifusión y en 1925, tras la publicación de un informe por la Comisión Crawford, la compañía fue liquidada y reapareció en 1927 como empresa pública, la British Broadcasting Corporation. La Carta establecía el monopolio y los mecanismos de control de la rediodifusión Este privilegio lo retuvo hasta que apareció en 1954 la Independent Television Authority, más tarde Independent Broadcasting Authority (IBA). El monopolio de la radio finalizó a comienzos de los años setenta cuando el Gobierno permitió las radios locales. La Carta obliga a la BBC a solicitar cada diez años al Ministerio del Interior una licencia de explotación. El texto de la licencia estipula que "el ministro del Interior puede en todo momento notificar a la BBC que se abstenga de difundir un programa determinado" (5). Está dirigida por un Consejo de Administración (Board of Governors) compuesto por doce miembros, personas independientes y de reconocido prestigio, nombrados por el Gobierno poniendo especial cuidado en hacerlo sin prejuicios de tipo político, para un periodo de cinco años. Este Consejo propone al Primer Ministro el nombramiento del Director General de la BBC TV para su ratificación, principal directivo de la institución, para un mandato de cinco años, no revocable. Tres consejos regionales de ocho a doce personas -para Escocia, País de Gales e Irlanda del Norte-, comparten con la BBC la responsabilidad de los programas, y cuyos presidentes son miembros de derecho del Consejo de Administración. A su vez, la BBC está asesorada por cincuenta y siete organismos consultivos. La BBC, que en 1988 contaba con 28.000 empleados, está financiada por créditos anuales votados por el Parlamento. Su asignación es equivalente al importe del canon (licence fee), que es fijado por el Ministerio del Interior junto con el Consejo de la Admnistración, una vez deducidos los gastos del servicio de recaudación, gestionado por Correos. En 1988 el canon era de £58 por TV/Color, £75 en la actualidad -f del total de televisores-, y £18 por TV/Blanco y Negro, frente a las £30 aproximadamente de 1992. Se añade la subvención del Estado -por la subtitulación de programas para espectadores sordos, el servicio mundial de televisión-, los beneficios por venta de publicaciones de la BBC- Enterprises -76 millones de libras, de las cuales 40 proceden de la venta del semanario Radio-Times, 36 de las ventas de programas al extranjero, y 11 de la venta de videocasettes-. La BBC1 reúne el 40% de la audiencia nacional, y recibe el 61% del presupuesto. BBC2 supone el 10% de la audiencia, y recibe el 23% del presupuesto. En 1991 éste ascendió a 230.000 millones de pesetas, de las cuales el 95% correspondían al canon (6). En los ejercicios 1988/89 la BBC tuvo un déficit de unos 5.000 millones de pesetas, frente a la tendencia de otros años, en los que obtenía beneficios. Para buscar fórmulas alternativas de financiación, el Gobierno encargó un estudio al profesor de Economía Alan Peacock. Da tres soluciones principales: primero, crear incentivos fiscales para evitar que los gastos de la ITV disparen la inflación en el campo audiovisual, con las consiguientes repercusiones para la BBC. La ley, al gravar los beneficios, hace que la ITV decida retribuir mejor a sus empleados y descuidar el control de gastos de las producciones. Segundo, conceder a la BBC por cinco años un permiso para emitir publicidad. Las propias investigaciones de la BBC revelan que dos tercios de la audiencia estarían a favor de la financiación mediante la publicidad en lugar de pagar el canon, aunque la BBC piensa que si se les explicase que ello repercutiría negativamente en la calidad de la programación, el 83% estaría en contra de la nueva idea. Tercero, permitir la instalación de antenas parabólicas. Además recomienda sacar a concurso público la gestión del cobro del canon, al ser la factura de Correos costosa e ineficaz; gravar las radios de los coches, los vídeos, y crear las licencias domésticas para múltiples receptores (7). El 15 de mayo 1992 convocó una huelga el sindicato mayoritario de la BBC para protestar contra la reducción prevista de 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años, sobre una plantilla de 25.000 personas. Todo surgió tras la filtración de un documento en el que la dirección proponía desviar producción propia a compañías privadas, con la pérdida de esos empleos (8). La RAI (Radiotelevisione Italiana) está formada por tres canales de televisión. Es una sociedad anónima en la que participa al 99,55 el IRI (Instituto para la Reconstrucción Industrial, del Estado), y el 0,45% pertenece al SIAE (Sociedad Italiana de Autores y Editores). Su actividad está regulada por diversas Convenciones con el Estado, del que parte la concesión para la explotación del servicio público, y está controlada porla Comisión Parlamentaria para la Orientación General y la Vigilancia de los Servicios Radiotelevisivos. Esta Comisión está integrada por cuarenta miembros, designados paritariamente por los Presidentes de las dos Cámaras legislativas entre representantes de los distintos grupos parlamentarios. El Consejo de Admnistración está formado por dieciséis miembros nombrados por una Comisión Parlamentaria de Vigilancia, por tres años. Dicta los criterios generales para la gestión y funcionamiento del ente. El Consejo nombra a su Presidente, figura clave en la institución, por un periodo de dos años, siendo reelegible y revocable. El Colegio Sindical, integrado por cinco síndicos efectivos y dos suplentes, es nombrado por la Asamblea de Accionistas, y controla la gestión social. El Director General, gestor de los asuntos corrientes del ente, es nombrado por la Asamblea de Accionistas, y propone al Consejo el nombramiento de los directores de las cadenas televisivas y radiofónicas. En 1983 a 1986 el ente careció de Consejo debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos para el reparto de Consejeros. La ley obliga a que "si uno de los Consejeros declina su nominación, el Consejo no pueda ser considerado como cálidamente constituido", como así ocurrió. Este control férreo de los partidos políticos de la televisión pública, que no permite composiciones distintas a las estrictamente resultantes del sistema puro de cuotas, llevó al ente a una situación en la que se vivía al día, sin estrategia empresarial, con una estructura interna que no se ha modificado con la aparición de las televisiones privadas, sin poder reaccionar frente al nuevo panorama audiovisual que se le planteaba. En la actualidad el Presidente del Consejo de Administración es Socialista y el Director General Democristiano (9). En 1989 daba unos beneficios de 41,5 millones de pesetas, pero con unas subvenciones de 16.600 millones de pesetas. En 1990 recaudó 250.000 millones de pesetas, de los cuales el 55% correspondió al canon de abono e instalación, impuesto que ronda las 11.620 pesetas anuales. El 34% correspondió a publicidad -unos 85.000 millones de pesetas-, y el 10,6% correspondió a prestaciones negociadas con el Estado -programas para minorías lingüísticas del norte de Italia-, lo que supuso unos 26.000 millones de pesetas. También obtuvo ingresos por la comercialización de programas y nuevos servicios - SACIS, Nuova Eri, Nuova Fonit Cetra, etc-. En 1990 cerró el ejercicio con unas pérdidas de unos 4.500 millones de pesetas. La radiodifusión pública alemana está formada por la ARD (Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands), creada en 1951, y que agrupa a nueve emisoras regionales asociadas (WDR, NDR, SWF, SDR, BR, HR, SR, RB y SFB). La ZDF (Zweites Deutsches Frensehen), con sede en Maguncia, fue creada en 1961, mediante un 'pacto de Estado' entre los diferentes Länder. La competencia legislativa pertenece a cada länder por mandato constitucional. El Estatuto de la ARD es del 9 de Junio de 1950, y el de la ZDF del 6 de Junio de 1961. A la Federación le corresponde con carácter exclusivo lo referente a las telecomunicaciones. La estructura de los órganos rectores de las dos cadenas son idénticas: un Consejo de Televisión, en el caso de los entes miembros de la ARD, sus componentes, con un mandato de entre 3 y 6 años según la legislación de cada Land, representan a grupos socialmente relevantes, primando el carácter corporativo sobre el de una representación proporcional de partidos políticos. El Consejo de la ZDF consta de 66 miembros, con un representante por cada Land -dieciséis en total-, tres representantes del Gobierno Federal, doce de los partidos políticos, etc. El Consejo de Administración está compuesto por siete a nueve miembros, elegidos por el Consejo de Televisión. Controla e inspecciona la gestión de la entidad. El Intendente de la ZDF es una intitución unipersonal de dirección con poder ejecutivo. Es elegido por cinco años por el Consejo de Televisión, por el Consejo de Administración, o por ambos. En la ARD es elegido por los Consejos de las distintas entidades entre los intendentes de las mismas. A pesar de ser un modelo que busca sobre todo la independencia del poder político, no se ha podido sustraer a la influencia política que representan los distintos grupos, por lo que se ha establecido que los distintos nombramientos mantengan una cierta proporcionalidad entre las distintas tendencias políticas. Este equilibrio se refleja incluso entre las dos cadenas. El poseedor de un televisor debe darse de alta en el GEZ (Gebühren Einzugs Zentrale), que cobra por las dos cadenas 1.400 pesetas al mes, que cubre también la radio pública. Si sólo se posee radio, se paga 400 pesetas. Se cobra trimestralmente. El 60% se reparte entre los entes de las televisiones públicas, en la proporción de 70% para la ARD y el 30% para la ZDF. En 1989 estas cantidades fueron de 2.096.068 millones de marcos para la ARD y 893.200 millones de marcos para la ZDF. Desde hace unos seis años las dos cadenas están autorizadas para emitir 20 minutos de publicidad al día, nunca más tarde de las ocho de la tarde, a excepción de los domingos en los que no se emite ninguna publicidad. Debido a la presión de las cadenas privadas, han conseguido que se les autorice el patrocinio. En 1989 la ARD ingresó por publicidad 666 millones de marcos y la ZDF 648 millones de marcos. Otros ingresos se produjeron por venta de programas de producción propia, etc. En 1989 la ARD tuvo un déficit de 106 millones de marcos y la ZDF de unos 79 millones de marcos. En 1990 no se produjeron déficit. Francia posee dos cadenas de televisión pública: Antenne 2 y FR3, reguladas por la Ley de 17 de enero de 1989 sobre Misión y Composición del Consejo Superior del Audiovisual, y en su relación con el Estado reguladas por el Decreto 835 de 20 de Julio de 1988, por la que se dispone que el Ministro de Cultura tiene a su cargo la comunicación audiovisual. Sus órganos rectores son el Consejo Superior del Audiovisual (CSA), compuesto por nueve miembros, nombrados por Decreto del Presidente de la República: tres designados por el propio Presidente, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional, y tres por el Senado. Su mandato es por seis años, ni revocable ni renovable. El CSA nombra a los máximos directivos de las cadenas públicas, siendo cargos que se encuentran sólo a dos pasos de la máxima autoridad de Francia. A través del canon o 'redevance' se financia la mitad del presupuesto de la televisión pública. De esta manera se recauda unos 60.000 millones de pesetas. El canon se sitúa en 550 francos al año, que se gestiona a través de cada Centro Regional del Canon. En todo el país hay registrados cerca de 19 millones de televisores, de los cuales el 20% no paga canon por ser sus propietarios personas de más de 60 años que viven solas, o inválidos civiles o militares. Por publicidad se obtiene 2.300 millones de pesetas. Otros ingresos menores se produjeron por la venta de producción propia. Las dos cadenas arrastran un fuerte déficit, lo que les obliga en la actualidad a llevar adelante un drástico plan de saneamiento (10). 2.- Organización, control y financiación de RTVE 2.1. Organización El artículo sexto de la Ley 4/1980, de 10 de Enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión dice: "El Ente Público RTVE se estructura, a efectos de su funcionamiento, administración general y alta dirección en los siguientes órganos: a) Consejo de Administración. b) Consejos asesores de Radio Nacional de España (RNE), Radio Cadena Española (RCE) y Televisión Española (TVE). c) Director General (11)." Para Eduardo Gorostiaga (12) este último constituye la clave de la organización que implanta el Estatuto. Se caracteriza, frente al puesto de Director General de Radiodifusión y Televisión que era de libre designación y cese gubernamentales mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros, por su estabilidad legal del titular, al señalarse una duración de cuatro años en el cargo. Su nombramiento gubernamental atemperado, por el que corresponde al Gobierno nombrarlo tras ser oído el Consejo de Administración, consulta sin carácter vinculante. Dado que a su vez el director general nombra al resto del personal directivo, esta característica supone una vía de penetración gubernamental en el Ente público. Sus incompatibilidades son las mismas que para los miembros del Consejo de administración. Según señala Gorostiaga, entre ellas no se mencionan los vínculos con empresas informativas de prensa, de agencias y noticias, distribuidoras cinematográficas y de relaciones públicas, y se pregunta si es un simple olvido. Finalmente, se trata un cargo público que no está sujeto a superior jerárquico alguno. Las competencias que se le asignan las puede ejercer bajo tres condiciones: a) Actuaciones sometidas al Consejo de administración, como son la aprobación de planes de actividades del Ente, memorias anuales, plantillas definitivas, régimen de retribución del personal, anteproyectos de presupuestos, etc. b) Actuaciones que son de competencia propia, sin más límites que los legales: actúa como órgano de contratación, autoriza los pagos y gastos de RTVE y sus sociedades y organizar la dirección del Ente y las sociedades, entre otras. c) Competencias que ejerce conjuntamente o de acuerdo con el Consejo de administración, como el establecimiento y convocatoria de pruebas de admisión para ingresos en situación de personal fijo en RTVE y sus sociedades. El artículo 7.1 del Estatuto señala que "El Consejo de Administración estará compuesto por doce miembros, elegidos para cada Legislatura, la mitad por el congreso y la mitad por el Senado, mediante mayoría de dos tercios de la Cámara, entre personas de relevantes méritos profesionales. Tal como se dice en el artículo 19.2, en el que se especifica que las distintas sociedades se regirán por un administrador único, unipersonal, que no es otro que el director de la respectiva sociedad, el Consejo de Administración lo es del Ente público, órgano colectivo de extracción parlamentaria. La elección de sus miembros, llamados vocales, es evidente que obedece a razones políticas, y su independencia se basa en que su cese no se puede dar sino al término de la legislatura. Las competencias que ejerce por su propia iniciativa son, entre otras, las de dictar normas reguladores respecto a la emisión de publicidad por RTVE, y proponer al Gobierno el cese del director general por alguna causa de las que enumera el Estatuto en su artículo 12.2. A requerimiento del Gobierno informa de proyectos gubernamentales de disposiciones en materia de publicidad. A propuesta del director general aprueba con carácter definitivo las plantillas de RTVE, aprueba los anteproyectos de presupuestos y expresa su acuerdo en materia de creación de nuevas sociedades filiales, etc. El Consejo de Administración cuenta con un Consejo Asesor por cada sociedad. Su finalidad es la de emitir su opinión, cuando el Consejo así lo haya solicitado. Sus miembros no están sujetos a incompatibilidades, y en el caso de trabajadores en activo de algunas de sus sociedades, no se establece ningún pase a ninguna situación especial, por lo que podrían permanecer desempeñando su puesto de trabajo. Se componen de cuatro partes: trabajadores de la respectiva sociedad, (Art.9.1.a: "Cinco representantes de los trabajadores designados por las secciones de las Centrales Sindicales más representativas, según criterio de proporcionalidad"), miembros de la Administración Pública, representantes designados por el Instituto de España y representantes de cinco Comunidades Autónomas. En estos mismos consejos asesores se contempla la posibilidad de una pequeña participación de los espectadores, pero que no ha llegado a materializarse. 2.2. Control El artículo 26 del Estatuto dice: "Se constituirá una Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados de conformidad con lo que disponga el Reglamento de la Cámara. Esta Comisión ejercerá el control de la actuación de RNE, RCE y TVE de tal modo que no impida el funcionamiento de los medios". El control ejercido por la oposición parlamentaria a través de la Comisión de Control en el Parlamento, y el ejercido a través de sus representantes en Consejo de Administración se ha centrado fundamentalmente en los contenidos políticos de RTVE, a los que se les ha achacado constantemente una fuerte instrumentalización. En Septiembre de 1991 el Partido Popular convocó una sesión extraordinaria del Consejo para tratar de forma monográfica "la manipulación informativa" en RTVE, coincidiendo todos al final de la reunión que había sido la más "violenta y lamentable" de la legislatura. El PP presentó un documento titulado 10 formas de manipular que serían impensables en una televisión pública de un país democrático, a lo que replicó la dirección de los Servicios Informativos en una nota que se señalaba la "inadmisible presión política y lectura parcial y deformada sobre el contenido e intenciones de los informativos de TVE" (13). E, Enero de 1992 el PP condicionaba la renovación de los integrantes del Tribunal Constitucional a un mejor trato informativo en TVE (14). El portavoz socialista en el Congreso, Martín Toval, les acusó de "poner en cuestión el funcionamiento de la democracia". Añadió que "el Grupo Popular antes de hablar de la renovación de los miembros del Constitucional puso como condición que hubiera un comisario político en los informativos de RTVE [...] Fue una condición sine qua non para hablar del Tribunal Constitucional." (15). Todo ello desembocó en el abandono del PP de la Comisión parlamentaria de RTVE el 26 de Marzo, en señal de protesta por la línea informativa de RTVE (16); cinco días después abandonó el Consejo de administración. Encarnación Valenzuela, consejera del PP en RTVE, declaró estar de acuerdo en la retirada "al no poder cumplir con la misión para la que fui elegida por las Cortes por la escasa información que facilita al Consejo la dirección del PP" (17). La decisión de no asistir a los plenos del Consejo fue interpretada por el resto de los consejeros como una estrategia política "que utiliza la supuesta "manipulación" como un pretexto para "dinamitar" la radio y la televisión públicas." (18) Diario 16, en su editorial titulado El portazo del PP a RTVE del 3 de Abril, señalaba que "la necesidad y urgencia de un estatuto que garantice la independencia y la neutralidad de la televisión pública surge, precisamente, cuando unos socialistas sin escrúpulos piensan que el triunfo electoral justifica la ocupación en propiedad de las instituciones. [...] Este escándalo permanente que es RTVE no es solamente una cuestión más o menos irritante. Es algo más serio. Es la alteración de las reglas del juego a través del mal uso de un instrumento tan poderoso como es la televisión en amplios sectores de población culturalmente inermes y funcionalmente casi iletrados." (19) 2.3. Financiación El Capítulo V del Estatuto está dedicado a los presupuestos y financiación de RTVE. El artículo 32.1 establece que "el Ente público RTVE se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realice", y en el artículo 32.2.c se especifica que "TVE, mediante subvenciones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, la comercialización y venta de sus productos, una participación limitada en el mercado de la publicidad y, en su caso, mediante una tasa o canon sobre la tenencia de receptores que inicialmente sólo gravará la de los televisores en color. Detallando el origen de los posibles ingresos de RTVE, se pueden dividir en seis distintas procedencias: 1) Del Estado, como las subvenciones. 2) De los usuarios del servicio público, mediante impuestos, tasas o licencias por tenencia de receptores y cuotas de abonados. 3) Por publicidad. 4) Ingresos abonados por otros organismos de RTVE, como venta de programas o conexiones en cadena. 5) Los pagados por organismos internacionales, como Eurovisión. 6) Procedentes del consumidor general, como venta de libros y discos. Se ha de señalar que la vía segunda de las antes expuestas nunca se ha utilizado para financiar el servicio público de radio y televisión. Por otra parte, la publicidad está limitada en su aspecto económico por el Estatuto, aunque no se fija, y se desprende que ha de ser el Gobierno quien lo haga, independientemente de las normas que sobre su emisión dicte el Consejo de Administración basándose en tres principios: control de calidad, contenido de los mensajes y adecuación del tiempo de publicidad a las necesidades de los medios. La autonomía que se le reconoce a RTVE desde 1977 no significa nada si no va acompañada de una financiación propia, y de cierta libertad de gestión. Como dice Eduardo Gorostiaga, Secretario General del Ente público durante casi cinco años, "quizá lo que interese retener es la paradoja de que cuando RTVE gozó de autonomía financiera real (recursos suficientes), careció de autonomía; ahora que la tiene, no se halla ya en condiciones de autofinanciarse. Pero resaltemos que en todo caso es el único servicio público gratuito para el usuario." (20) Tanto el Ente público como sus sociedades elaboran sus presupuestos por separado basándose en los principios de equilibrio (art.29.1), aunque para evitar problemas de caja se permita la elaboración de un presupuesto consolidado, y se autoriza el régimen de minoración de ingresos (art.31). La aprobación de los presupuestos se ajusta al siguiente orden: • El director general somete el anteproyecto al Consejo de Administración. • El Consejo aprueba el anteproyecto. • El director general lo envía al Ministerio de la Presidencia del Gobierno, que debe cursarlo posteriormente al Ministerio de Hacienda. • Una vez aprobado, con el conocimiento del Gobierno, se presentará a las Cortes Generales como anexo a los Presupuestos generales, en el que debe figurar también un anteproyecto de presupuesto consolidado. • Las Cortes aprueban, enmiendan o devuelven los presupuestos. • Se sancionan, promulgan y publican como las demás leyes. El desarrollo del presupuesto y su control se ajusta a lo siguiente: • El propio director general ordena gastos y pagos del Ente público, salve en aquellos gastos inferiores a 15 millones, para los que tienen autonomía los directores de cada sociedad, como administradores únicos. • El Interventor Delegado de Hacienda ejerce su función fiscalizadora previa. • La Comisión parlamentaria de control recibe periódicamente cuenta de la gestión presupuestaria, de la que informa al Tribunal de Cuentas. • El director general, en su calidad de accionista único de cada sociedad, aprueba los balances de cada una de ellas. • El Tribunal de Cuentas aprueba las liquidaciones de presupuestos. Tras el mandato de José María Calviño, que había accedido al cargo el 9 de Diciembre de 1982, la prensa empezó a publicar noticias que hacían referencia al espejismo creado durante aquella etapa de una RTVE que ofrecía grandes superávits, a costa de grandes desequilibrios internos. En un artículo de El Pais se hacía repaso a los grandes males financieros: carencia de una contabilidad analítica, inexistencia de inventarios de bienes, dotaciones para amortizaciones e inversiones ridículas. Aunque la gestión de tesorería había mejorado, con una permanente liquidez, la planificación financiera era deficiente, se carecía de planes a largo plazo y la gestión de pagos estaba muy dispersa, sin un control de costes por ignorarse lo que costaba un programa, comercialización deficiente (21). La nueva directora del medio, Pilar Miró, que afirmaba que "todo presupuesto es pequeño para un Ente como RTVE; hay que producir y no ahorrar" (22), cerró la revista Tele-Radio, tras publicarse desde 1975, tras un estudio de viabilidad que demostró que tenía perdidas anuales de 90 millones de pesetas (23), frente a los 40 millones de libras esterlinas de beneficio obtenidas por la revista análoga de la BBC, Radio-Times. En su primera intervención frente al Senado se mostró sorprendida por la existencia de un inmovilizado de 16.404 millones de pesetas a plazo fijo en dos bancos, mientras el Ente público arrastraba una deuda global de 20.387 millones de pesetas (24). Se elaboró un plan de inversiones para el cuatrienio 1987-1991 por un importe de 60.000 millones, pero tuvo que ser recortado a 26.000 millones en tres años, por imposiciones de Hacienda y restricciones del Senado. Finalmente, la Intervención General de la Administración del Estado elaboró un informe de auditoría sobre la gestión empresarial del Ente público, en el que se afirmaba lo siguiente: "Se han realizado determinados apuntes contables atípicos, cuyo efecto más visible ha sido presentar resultados positivos en entidades del grupo que, de otra forma, habrían presentado resultados negativos.[...] No existe una verdadera contabilidad analítica que permita conocer el coste de los programas de TVE; los estados financieros o cuentas anuales a 31 de diciembre de 1985 se han cerrado en junio de 1986 y hasta entonces se han estado modificando los datos contables; no se ha elaborado el plan de emisiones previsto y el patrimonio de RTVE sigue pendiente de valorar (25). En el año 1987 se aprobó un plan de inversiones en el que se destinaban 8.187 millones de pesetas a mejoras de la red de RTVE y al aumento de la operatividad y calidad de la producción propia de programas. Este presupuesto representaba un aumento cuatro veces mayor que lo destinado por Calviño en el ejercicio de 1985. El anteproyecto de presupuesto para 1988 aprobado por el Consejo representaba un aumento del 41% frente al de ese año, con la oposición de los vocales del PP; solicitaba, además, un suplemento de crédito de 13.000 millones para el ejercicio en curso, lo que representaba un 15% del presupuesto, que se destinarían a amortizaciones, provisión de insolvencias, pagos a agencias de publicidad en concepto de comisión por su gestión (3.586 millones) (26). Aunque el suplemento se aprobó, no ocurrió lo mismo con la petición de subvención pública. La aprobación del presupuesto para 1988, por un total de 147.000 millones, era mayor que el destinado a ministerios como el de Sanidad o de Cultura, como hizo notar ABC, señalando que en RTVE aún no se había superado la corrupción interna, se despilfarraba el dinero y la información estaba manipulada (27). A propuesta de Pilar Miró, se solicitó al Consejo de administración una subida de sueldos de un 200% para los directivos de las sociedades, que fue denegada. El proyecto de presupuestos para 1989 aprobado por el Consejo por unanimidad alcanzaba los 185.000 millones, un 12% más que el año anterior. En octubre de 1988 estalla el escándalo de la adquisición de ropa por la directora general con cargo a los presupuestos generales. Pilar Miró declaró que no estaba dispuesta a gastarse ni un duro de su sueldo en un vestuario que en condiciones normales no gastaría, y que su única torpeza había sido no haber incluida las facturas en partidas en las que hubiesen pasado desapercibidas. Una auditoría oficial revelaba unas anomalías que obligaron a la directora general a ingresar el dinero gastado por medio de un cheque nominativo por valor de 2.127.215 pesetas (28). En esto llegó la huelga general del 14 de diciembre. El Gobierno dictó unos servicios mínimos que no lograron evitar que se cortara la emisión normal y apareciese la carta de ajuste (29). Los presupuestos para 1990 aumentaron en 33.195 millones. Los gastos de producción de deportes aumentaban un 98%. Luis Solana sustituye a Pilar Miró, y en una entrevista a La Vanguardia confiesa que él casi nunca ve la televisión (30). Se firma un contrato con el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que RTVE se comprometía a invertir 12.000 millones en la producción de películas, serie y telefilmes de ficción durante 1990. Uno de los aspectos del acuerdo suponía la participación de productoras independientes, con un 30 a 50% de los presupuestos. Se anunciaba también la creación por parte de TVE de una empresa encargada de la producción (31). Se adquiere el 'derecho de antena', según el cual RTVE tiene preferencia para emitir las películas españolas a los dos años de ser estrenadas, además de comprar los derechos de emisión de otras cien películas. Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas advertía ciento cincuenta y ocho irregularidades contables cometidas por el Ente y sus sociedades en el periodo 1983-1987: contrataciones sin justificar, falta de criterios contables, inexistencia de facturas, falta de transparencia en las compras. El nuevo director general, Jordi García Candau, al igual que hiciera Pilar Miró, insistió en que se debía cambiar el modelo de financiación de RTVE ante la presencia de otras cadenas de televisión. Durante su intervención en el Foro de Iberoamérica, celebrado en la Universidad de Salamanca, propuso que algunos servicios que presta el Ente fuesen financiados a partir de los Presupuestos Generales del Estado. De no ser así, TVE tendría que entrar en el mercado publicitario "a por todas" (32). Se solicita una subvención de 20.000 millones para sufragar los gastos de RNE-1, RNE-2, Radio Exterior y la Orquesta que, de no concederse, habría que recurrir a la publicidad en Radio 1, según afirmó García Candau ante la Comisión de Control parlamentario de RTVE (33). Ninguna televisión en Europa, denunciaba Candau, financiada con ingresos publicitarios financia servicios públicos como el Instituto de Radiotelevisión, la Orquesta o una Radio 1 sin publicidad (34). La fórmula del contrato-programa se presenta como una fórmula viable para mantener la radiodifusión pública. En el ejercicio de 1990 RTVE tuvo un déficit de 20.000 millones, financiados con los excedentes de años anteriores, y se imponía un plan de viabilidad a tres años que fue esbozado por el director genera en su comparecencia frente a la Comisión de Control parlamentario, el 4 de abril de 1991. En la reunión del Consejo de administración para aprobar el presupuesto para 1992 se acordó solicitar una subvención de 64.300 millones, con el voto en contra de los cuatro consejeros del PP. Finalmente, el Gobierno avaló un crédito de 20.000 millones con el Banco Exterior de España, destinado al pago de nóminas y proveedores. Finalmente, los Presupuestos Generales no contemplaban esta subvención, lo que implicaba recurrir a créditos a largo plazo para financiarse. El contrato-programa propuesto por la dirección de RTVE fue paralizado por el Ministerio de Hacienda, por las nuevas condiciones impuestas por el Tesoro público, por las que exige conocer de forma exhaustiva todas las cuentas del Ente. Además se liga la subvención a la presentación mensual ante el ministerio de un balance de gestión (35). Recientemente se ha sabido que RTVE acudiría a la emisión de obligaciones a siete años, además de tener una línea de crédito por valor de 15.000 millones con Banesto, y unos pagarés aún no emitidos con el Mitsubishi Bank por un importe de 55 millones de dólares, a un 0,20% sobre el Libor (interés del dinero en el mercado interbancario de Londres), para financiar compras en el exterior. 3.- Cronología de una crisis En junio de 1991 el Comité General Intercentros (CGI) inicia una serie de movilizaciones para la defensa de RTVE, con el apoyo unánime de sus componentes, CC.OO., UGT y APLI (Asociación Profesional Libre e Independiente), consistentes en hablar con grupos parlamentarios para dar a conocer la postura de los trabajadores, organizar una plataforma en defensa de RTVE junto a profesionales del cine y las artes, convocar una concentración de trabajadores en Madrid, y convocar, si fuera necesario, una huelga. Además reclaman el cumplimiento del Estatuto de la Radio y la Televisión en su artículo 32, por el que se reconoce a RTVE su derecho a financiarse mediante el Presupuesto del Estado. Denuncia que la dirección esté llevando un plan de ajustes de modo unilateral y recuerda que en toda Europa no hay una televisión pública que se autofinancie. El 15 de julio la dirección anuncia que no renovará los contratos de Real Decreto. Se reúne el CGI con la dirección pero no se llega a ningún acuerdo, y se denuncia que ésta no acepte la participación de los trabajadores en ninguna comisión de estudio, ni que se dé ninguna información sobre el plan de viabilidad. A principios de ese mismo mes se había procedido al cambio de gerente y de directores de personal de las distintas sociedades, siendo el nuevo secretario general Ricardo Visedo. El CGI señalaba que los nuevos directivos en la reunión "demostraron un alarmante desconocimiento de la realidad de la empresa, y que en todo momento se expresaron como portavoces de la opinión del director general." (36) El CGI establece un calendario de movilizaciones en el que se contemplan, entre otros actos, dos huelgas de 24 horas los días 7 y 14 de agosto. CC.OO. sienta los principios de la huelga: por la defensa de la RTVE pública; para oponerse a los despidos de trabajadores; para oponerse al cese de actividades, al cierre de emisoras y centros de trabajo - en relación con el cierre de Radio 4 y de 24 emisoras de Radio 5-. La dirección envía a los trabajadores fijos una hoja informativa en la que trata de contener la huelga y rebatir los argumentos de los sindicatos. Señala que la crisis de RTVE se debe a dos factores: "la implantación de canales autonómicos y privados, [que] puso fin al régimen de monopolio que TVE había tenido hasta ahora"; y al "enfriamiento de la economía en los últimos meses de 1990 y primeros de 1991 y la recesión que se produjo en todos los países industrializados como consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico, [que] supusieron un freno importante para la actividad económica y financiera que afectó negativamente a la inversión en publicidad". Afirma la hoja de la dirección que de no tomarse medidas urgentes, el déficit anual rebasaría los 60.000 millones y apostilla: "Y, lo más preocupante: en unas circunstancias como las descritas, la empresa no podría asumir los compromisos contraidos con su plantilla." Reconoce que el recurso de la subvención no es una solución a corto plazo y que la empresa está ultimando un plan de viabilidad que permita salvar la crisis y recuperar la estabilidad económica, configurado por un conjunto de programas de actuación sobre cuatro áreas: financiera, marketing, recursos humanos y control de gestión, que se sintetizan en dos estrategias: incrementar las fuentes de financiación y reducir el gasto. "En el área de Recursos Humanos -dice en referencia a la segunda estrategia-, las decisiones afectarán a los intereses de algunos contratados por Real Decreto, cuyos contratos no están siendo renovados a sus vencimientos, pero de no hacerlo así ahora, es evidente que la amenaza para la continuidad en el empleo alcanzaría en el futuro igualmente a los trabajadores fijos" (negrita en el original). Por otra parte, afirma que mantendrá el compromiso adquirido en el Convenio Colectivo de ir incorporando a los trabajadores que alcancen el límite de los tres años de contrato por R.D., según establece la Ley. Frente a los argumentos expresados por los representantes de los trabajadores, en su primer punto que hablaba de la defensa de la Radiotelevisión pública, decía la hoja que "es necesario reducir los gastos y adaptar la estructura de la organización a la actual situación de competencia en el mercado. Cerrar los ojos ante esta realidad y aferrarse a otras ideas más o menos utópicas constituiría una actitud que pondría en serio peligro el futuro laboral de todos" (negrita en el original). Frente al segundo punto, señala que "en RADIOTELEVISION ESPAÑOLA no se están efectuando despidos. Hay, eso sí, vencimientos de contratos temporales que no se están renovando." Frente al tercer punto hace notar que el cierre de emisoras se corresponde con el Plan de Implantación Territorial de RNE y que no supone pérdida de cobertura ni reducción de efectivos. Finalmente se dice en la hoja que "la Dirección de RTVE está empeñada en arbitrar las medidas necesarias para garantizar el empleo de todos los trabajadores fijos de la empresa [...] Las huelgas anunciadas sólo pueden tener como beneficiarios a los intereses ajenos a la empresa y a su misión de servicio público, los cuales se están aprovechando del momento difícil en que nos encontramos para alentar en su propio beneficio la idea de que RTVE debe ser privatizada [...] Ante una situación grave, frente a un reto importante, contra unos intereses claros, la huelga es la peor solución", concluye (37). La huelga del 7 de agosto de 1992, a pesar de realizarse en medio de las vacaciones, fue un éxito, y se firmaron unos servicio mínimos para el día 14. El día 13 se firma un protocolo de acuerdo por el que se revoca, con efecto retroactivo, la decisión de no prorrogar los contratos afectados por los RR.DD., y se liga a un futuro acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre un plan de jubilaciones forzosas. Pronto empiezan a surgir los problemas de la puesta en práctica del protocolo: si por cada jubilado se hace fijo un contratado, aún quedarían muchos contratados en situación precaria; reemplazar un jubilado por otro trabajador, ¿implica que deba tener la misma categoría y el mismo destino geográfico que al que sustituye en la plantilla? En octubre, ante la imposibilidad de llegar a un entendimiento entre los sindicatos para presentar una alternativa común, la dirección decide concluir las negociaciones para materializar el protocolo de acuerdo y presenta un expediente de regulación de empleo ante la autoridad laboral, "para la extinción de relaciones de trabajo por causas económicas". Abierto el plazo de consultas con los sindicatos, previo a la aprobación del plan, los sindicatos lograron presentar una alternativa común, pero sorprendentemente la dirección la rechazó endureciendo su postura inicial y plantando nuevas objeciones al llamado "espíritu del 13 de agosto" y se rompían las negociaciones, y se denunciaba la mala fe de la dirección. CC.OO. convoca una huelga para el 19 de diciembre y sirve de excusa a la dirección para apartar a este sindicato de las negociaciones - sindicato mayoritario y que presidía el CGI -, y negociar por separado con APLI y UGT. CC.OO comenta en su hoja número 255 que "cada vez que CC.OO. convoca huelga en RTVE la dirección experimenta un irreprimible impulso de negociar y de llegar a acuerdos con UGT". Finalmente se firma el expediente de regulación de empleo, que se presenta el 30 de diciembre de 1991, nº 274/91, con las firmas de la dirección, de APLI y de UGT, y que es aprobado por la Dirección General de Trabajo en veinticuatro horas. El expediente entra en vigor inmediatamente y queda abierto hasta diciembre de 1996. Posteriormente UGT y APLI desplazan a CC.OO. de la presidencia del CGI, y se firma con inusual rapidez el Convenio Colectivo de 1991 el 24 de febrero de 1992, se inician las aportaciones al Plan de Pensiones de RTVE y se desbloquea el Plan de Promoción. 4.- El futuro de RTVE a) Independencia política: una televisión pública mantiene su prestigio y su razón de ser no sólo si cumple los tres fines definidos en el Estatuto -de formar, informar y entretener-, sino si además se muestra independiente del poder político de turno y se respeta, garantiza y ejerce el derecho de accesibilidad. La composición del Consejo de administración, por un sistema de cuotas proporcional a la composición parlamentaria hace dudar de la legitimidad de su función. Deberían tipificarse con más exhaustividad sus cometidos, de tal manera que quedase libre de dudas cuál es el papel que debe desarrollar en la sociedad (enumeratio ergo limitatio). El sistema de cuotas hace de la televisión una institución de naturaleza política, que impide que desarrolle un ejercicio legítimo. Esta legitimidad está indisolublemente unida a la legitimidad de origen, en la que entra en juego la credibilidad de la institución. ¿De qué manera, entonces, elegir a los componentes del Consejo de Administración? Tal vez la mejor solución sea la inglesa, la de un Consejo compuesto por personas con una categoría personal fuera de dudas, y con absoluta independencia de cualquier partido político para ejercer su función (38). Como afirmaba un editorial de El Pais: "La credibilidad de tales instituciones -se refería al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de administración de RTVE, todos ellos víctimas del sistema de "cuotas de poder"- descansa en la legitimidad de origen (pureza de los procedimientos de elección) tanto o más que en la de ejercicio (correcto uso de sus competencias). De ahí que deba rechazarse toda pugna política que ponga en cuestión esta legitimidad de origen, tanto a causa de un injustificable y frívolo incumplimiento de los plazos como de los requisitos constitucionales que se exigen en la elección de sus miembros." (39) La figura de director general es clave en el buen funcionamiento de RTVE. Dada la importancia del cargo, no debería ser una persona joven, que viese en el cargo un peldaño más en su carrera política o profesional, y por tanto que le hiciese más sensible a las indicaciones del Poder. Antes bien, debería ser una persona próxima a la jubilación, cuyo nombramiento obedeciese a razones de prestigio y como culmen de una larga carrera, de tal modo que se viese libre de presiones, tal como suele suceder en la BBC, cuyos directores no bajan de los sesenta años. b) Subvención pública: aunque está claramente recogido en el Estatuto, tendencias viciosas de los directivos de RTVE y la mala planificación, desvirtuaron la esencia de lo que es la financiación de una televisión pública. Una y otra han hecho que hoy en día RTVE tenga que recurrir al endeudamiento con entidades financieras privadas para conseguir liquidez, en el momento histórico en el que España, por primera vez, se enfrenta a una progresiva desaparición de la intervención del Estado en cuestiones económicas. El Plan de Convergencia con la Comunidad Europea, desarrollado a partir de la reunión de Maastricht para la aprobación del Tratado de Unión Europea, es meridianamente claro en lo que respecta a las empresas públicas: "La actividad del sector público como proveedor directo de bienes y servicios ha exigido la canalización de cuantiosos recursos públicos a la absorción de las pérdidas generadas por dicha actividad empresarial. Por ello, el Gobierno se compromete a no aumentar el tamaño del sector público empresarial y crear el marco adecuado para que las actuales empresas públicas sean gestionadas de acuerdo con los principios de la economía de mercado. "En este sentido, el Gobierno se propone congelar en términos nominales durante toda la duración del Programa de Convergencia el volumen de recursos públicos canalizados hacia las empresas públicas. Este marco de restricciones financieras obligará a cada una de estas empresas a mejorar sustancialmente su gestión y, si esto fuese insuficiente, a redimensionar su ámbito de operaciones, o alternativamente, acudir al endeudamiento en el mercado o a la liberalización de parte de su patrimonio." (40) Visto desde esta perspectiva, RTVE tendrá que seguir endeudándose y finalmente vender parte de su patrimonio - por ejemplo, La 2 - a su máximo acreedor, que de seguir esta tendencia sería Banesto, banco que ya ha mostrado su interés por entrar como accionista en medios de comunicación audiovisual (41). c) Potenciación de las vías alternativas de financiación: RTVE carece de un servicio profesional de comercialización y venta de sus productos. La creación de una sociedad filial daría satisfactorios resultados, según opina Eduardo Gorostiaga, así como la potenciación de la Gerencia de Publicidad (42). Otros ingresos atípicos han desaparecido por una mala gestión, como los que se hubieran podido obtener de la revista Tele Radio. No se ha explorado con seriedad la posibilidad de vender programas realizados a partir de las imágenes conservadas en los inmensos archivos de RTVE, siempre respetando en primer lugar su buena conservación, como parte del patrimonio histórico-cultural de España. 5.- Notas 1- COSTA, Pere-Oriol: La crisis de la televisión pública, Ed. Paidós, Barcelona, 1986, p.54. Afirma que el primer servicio regular de televisión fue inaugurado en Berlín, el 22 de marzo de 1935. Se trataría de transmisiones por el sistema mecánico, logrando 30 líneas y doce imágenes por segundo. 2- OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO: La agonía de un monopolio, Cuadernos para el Debate, nº22, Mayo de 1986, pp.39-43, basado en informaciones de Le Monde, 23 y 24 de Febrero de 1986. 3- VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel: El libro gris de Televisión Española, Ediciones 99, Madrid, 1973, pp.21-26 CAMACHO, Jorge A. (Ed.): "Broadcasting", en Enciclopaedia Britannica, vo1.15, pp.212-248 4- MINISTERIO DE CULTURA: Dirección General de Radiodifusión y Televisión: organización, competencias, objetivos, Secretaría General Técnica (Ministerio de Cultural), Madrid, 1978. 5- MOUSSEAU, Jacques: "La televisión en Gran Bretaña",en Communication et Langages, nº78, 4º trimestre de 1988, pp.50-70, trad. de Pedro Sánchez Paredes. 6- EL PAIS: Europa paga por ver la televisión, 17 de Febrero de 1992, pág.48. 7- OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO: "Cómo racionar a la BBC", en Cuadernos para el Debate, nº19, Febrero de 1986, pp.30-34, sobre información aparecida en The Economist (23 de Diciembre de 1985) y The Guardian (10 de Enero de 1986). 8- EFE: "Huelga en la BBC para protestar por la pérdida de empleo", en El Pais, 26 de marzo de 1992, p.52. 9- OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO: "Italia: la RAI en un callejón sin salida", Cuadernos para el Debate, nº19, Febrero de 1986, pp.25-29, sobre información aparecida en varios medios italianos. 10- OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO: "La televisión pública en diversos países occidentales", en Cuadernos para el Debate, nº62, Mayo-Junio de 1991, 29 págs. 11- Fueron Directores Generales de Radiodifusión y Televisión: 28.7.51: Jesús Suevos Fernández, 27.4.57: José María Revuelta Prieto, 20.7.62: Rogue Pro Alonso, 26.3.64: Jesús Aparicio Bernal Sánchez, 7.11.69: Adolfo Suárez González, 28.6.73: Rafael Orbe Cano, 11.1.74: Juan José Rosón Pérez, 22.11.74: Jesús Sancho Rof, 22.1.75: Gabriel Peña Aranda, 24.7.76: Rafael Ansón Oliart, 19.11.77 a 9.1.81: Fernando Arias-Salgado Montalvo. 12- GOROSTIAGA, Eduardo: El Estatuto de la Radio y la Televisión. Madrid: Forja, 1982. Capítulo 4, "Organos básicos del Ente Público RTVE". 13- EL PAIS: "Violenta discusión entre socialistas y populares por el contenido de los servicios informativos / Insultos y gritos en una sesión extraordinaria del Consejo de Administración de RTVE", en El Pais, 19 de Septiembre de 1991, p.73. 14- DIEZ, Anabel: "El PP exige mejor tratamiento en TVE como condición para pactar los nuevos miembros del Tribunal Constitucional", en El Pais, 19 de Febrero de 1992, p.15. 15- DIEZ, Anabel: "Socialistas y populares se enfrentan por el control del Tribunal Constitucional y de RTVE", en El País, 20 de Febrero de 1992, p.24. 16- SAMANO, José: "El PP abandona la comisión parlamentaria de RTVE por la "manipulación" de los informativos / El resto de los grupos critican la actitud de los populares", en El Pais, 27 de Marzo de 1992, p.60. 17- EL PAIS: "Dudas en el PP sobre su eventual abandono del Consejo de RTVE", en El Pais, 31 de Marzo de 1992, p.52. 18- SAMANO, José: "El PP se retira del Consejo de RTVE", en El Pais, 1 de Abril de 1992, p.59. 19- DIARIO 16: "El portazo del PP a RTVE", en Diario 16, 3 de Abril de 1992, p.3. 20- GOROSTIAGA, Eduardo, op.cit, p.106. 21- GOMEZ, Carlos: "Los superavit de TVE encubren un grave problema de descapitalización y una deficiente contabilidad", en El Pais, 27 de Octubre de 1986, p.16. EL PAIS: "Miseria tras el telón", en El Pais, 27 de Octubre de 1986, p.10. Editorial que recoge la gestión como director general de RTVE de José María Calviño. 22- EL PAIS: "'Hay que producir y no ahorrar', afirma Pilar Miró en el Congreso", en El Pais, 22 de Octubre de 1986, p.17. 23- CENALMOR, Isabel: "RTVE decide cerrar la revista "Tele-Radio" como consecuencia de su fuerte déficit anual", en La Vanguardia, 20 de Noviembre de 1986, p.80. 24- EL PAIS: "La otra cara de una "brillante" economía (Situación económica de RTVE)", en El Pais, 27 de Diciembre de 1986, p.15. 25- VALS, José María: "Graves acusaciones de Economía a la gestión empresarial de RTVE", en Expansión, 23 de febrero de 1987, p.8. LISO; Miguel Angel: "Descontrol y despilfarro en la producción de TVE (Según una auditoría realizada por la Intervención Delegada del Gobierno a RTVE)", en Diario 16, 6 de marzo de 1987, p.8. 26- DIARIO 16: "Pilar Miró calificó ayer de "restrictiva" la ley que regulará las televisiones privadas", en Diario 16, 4 de septiembre de 1987, p.7. 27- CARRILLO, Luis: "Televisión Española: servilismo político y gasto descontrolado", en ABC, 1 de mayo de 1988, p.106. 28- CONCOSTRINA, Nieves: "Pilar Miró ingresó el dinero que había gastado en la adquisición de ropa", en Diario 16, 11 de noviembre de 1988, p.7. 29- ESPANA: Real Decreto 1.480/1988, de 9 de diciembre, por el que se garantiza el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales del Ente Público R'NE y de las sociedades estatales "TVE, sociedad anónima", "RNE, sociedad anónima", y "RCE, Sociedad Anónima". BOE, (88/296):34797. Publicado el día 10. ABC: "Un 3 por 100 de la audiencia siguió la carta de ajuste", en ABC, 16 de diciembre de 1988, p.110. 30- AMELA, Víctor: "Yo no veo televisión", por Víctor Amela y Braulio Calleja, en La Vanguardia, 27 de julio de 1989, p.27. 31- EL PAIS: "TVE destinará 12.000 millones a la producción de audiovisuales en 1990", en El Pais, 28 de julio de 1989, p.31. 32- FRANCIA, Ignacio: "El director general de RTVE estudia el cambio de modelo de financiación", en El Pais, 14 de agosto de 1990, p.41. 33- PENEDO, María: "García Candau justifica su petición de subvención para RNE por el cambio del modelo audiovisual", en Diario 16, 26 de septiembre de 1990, p.69. 34- CENALMOR, Isabel: "A Candau no le salen las cuentas", en Epoca, (301), 10 de diciembre de 1990, p.173. 35- EL PAIS: "Se retrasa el acuerdo sobre la financiación de RTVE", en El Pais, 30 de enero de 1992. 36- RTVE. Comité General Intercentros: Nota Informativa. 19 de julio de 1991. 37- RTVE: Hoja informativa de la Dirección. (1/91), [agosto de 1991]. 38- Estas son ideas transplantas a la radiodifusión pública de las expuestas por Javier Pérez Royo en un artículo referente al Tribunal Constitucional. Véase PÉREZ ROYO, Javier: "Una mala noticia / La renovación del Tribunal Constitucional", en El Pais, 13 de marzo de 1992, p.22. 39- EL PAIS: "Sin enmienda", en El Pais, 19 de marzo de 1992, p.12. 40- MEDIDAS: Medidas estructurales. ESPAÑA: Plan de Convergencia con la Comunidad Europea 1992-1996. El Pais, 4 de abril de 1992, p.35. 41- EL PAIS: "Banesto solicita autorización para comprar hasta el 21% de Antena 3 TV", en El Pais, 29 de marzo de 1992, p.55. 42- GOROSTIAGA, Eduardo, op.cit., p.108.