ISSN: 1139-0107 ISSN-E: 2254-6367 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN ANUARIO DE HISTORIA 23/2020 REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE Y GEOGRAFÍA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNIVERSIDAD DE NAVARRA Jorge Vilches García La montaña blanca. La minoría carlista en las Cortes de la Revolución (1868-1871) The White Mountain. Carlist Minority in the Spanish Cortes of the Revolution (1868- 1871) pp. 259-285 DOI: https://doi.org/10.15581/001.23.009 https://doi.org/10.15581/001.23.009 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] [ISSN: 1139-0107; ISSN-e: 2254-6367] 259 La montaña blanca. La minoría carlista en las Cortes de la Revolución (1868-1871) The White Mountain. Carlist Minority in the Spanish Cortes of the Revolution (1868-1871) JORGE VILCHES GARCÍA Universidad Complutense de Madrid jorge.vilches@cps.ucm.es RECIBIDO: ABRIL DE 2020 ACEPTADO: MAYO DE 2020 DOI: https://doi.org/10.15581/001.23.009 Resumen: Este trabajo pretende mostrar la composición y actuación de la minoría parlamentaria car- lista durante las Cortes constituyentes de 1869 a 1871. La labor de la llamada «montaña blanca» fue la expresión del proyecto del nuevo carlismo, empeñado en vincular su causa política con la defensa del catolicismo frente a la revolución, como el elemento más común y movilizador de los españoles de la época. En consecuencia, esta minoría se sumó a toda iniciativa para censurar al Gobierno y a la Regencia, presentó enmiendas y propuestas para sostener la unidad católica y los intereses de la Iglesia, y realizó discursos propagandísticos. Además, llevó a cabo con eficacia el obstruccionismo parlamen- tario técnico, en colaboración con la minoría republicana, para impedir y ralentizar la labor legislativa de la mayoría. Palabras clave: Revolución de 1868. Carlismo. Cortes. Constitución de 1869. Parlamentarismo. Abstract: This work aims to show the composition and performance of the Carlist parliamentary mi- nority during the constituent Cortes from 1869 to 1871. The work of the so-called «white mountain» was the expression of the new Carlism project, determined to link its political cause with the defense of the Catholicism against the revolution as the most common and mobilizing element of the Spaniards of the time. Consequently, this minority joined every initiative to censor the Government and the Regency, presented amendments and proposals to support the Catholic unity and interests of the Church, and made propaganda speeches. In addition, he effectively carried out technical parliamentary obstructionism, in collaboration with the Republican minority, to prevent and slow down the legislative work of the majority. Keywords: Spanish Revolution of 1868. Carlism. Parliament. Constitution of 1869. Parliamentarianism. mailto:jorge.vilches@cps.ucm.es https://doi.org/10.15581/001.23.009 https://orcid.org/0000-0001-7653-9772 JORGE VILCHES GARCÍA 260 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] INTRODUCCIÓN La Revolución de 1868 permitió la resurrección del carlismo. Carlos de Borbón y Austria-Este sustituyó a don Juan en octubre de ese año. A la reunión que convocó don Carlos al mes siguiente en París acudieron, entre otros muchos, los que luego fueron diputados de la minoría carlista en las Cortes constituyen- tes1. La decisión de participar en el proceso político, aprovechar las libertades y derechos, organizar al partido y presentarse a las elecciones para enviar a los mejores hombres del carlismo a las Cortes estaba ya tomada. El partido carlista creyó que el decreto de sufragio universal de noviembre de 1868 le podía bene- ficiar en algunas circunscripciones para mostrar su arraigo en la sociedad. Se ini- ciaba así una nueva etapa en el tradicionalismo. Los comicios municipales permitieron la integración de los neocatólicos en el carlismo a través de la fórmula de las candidaturas «católico-monárquicas»2. No contaban todavía con organizaciones creadas para abordar las elecciones, como los republicanos, pero sí con tres periódicos de envergadura: los neocató- licos El Pensamiento Español y La Regeneración, y el veterano carlista La Esperanza3, además de contar con un centenar de otras cabeceras por todo el país. El obje- tivo principal de los candidatos carlistas en las elecciones fue defender la unidad religiosa de España, la libertad de la Iglesia, y la monarquía en Carlos de Borbón y Este4. Pronto dejaron claro que la forma de acercar a los españoles al carlismo era mostrarse como los únicos defensores del catolicismo frente a la revolución, en una forma de absorber la reacción conservadora una vez orillado el partido moderado. Cándido Nocedal escribía en su manifiesto electoral que una «repú- blica católica vale más, mucho más que una monarquía regalista, parlamentaria y corruptora»5. Canga-Argüelles, otro candidato católico-monárquico, apostilló que era preferible «antes la república» que una monarquía «mentida, doctrinaria, regalista y descreída»6. Si España era católica, y el catolicismo su fuente de unidad 1 Cruz Ochoa, Tirso de Olazábal, Mauricio Bobadilla, Joaquín Ochoa de Olza, Nicasio Zabalza, y Antonio Aparisi y Guijarro: del Burgo Torres, 1994, p. 160. El proyecto carlista de participación en Cortes tras la hipotética proclamación de Carlos VII en Montero Díaz, 1992, pp. 157-170. La adaptación del tradicionalismo en Wilhelmsen, 1993. 2 La colaboración electoral entre neocatólicos y carlistas procedía de los comicios de 1865 y 1866. Urigüen, 1986, p. 290. 3 Carpizo, 2008. 4 Esperanza, 1871, pp. 193-206; Urigüen, 1986, pp. 316-318. 5 Esperanza, 1871, p. 209. 6 Esperanza, 1871, p. 215. Sobre el uso de la religión como fuente de legitimidad y sus contradicciones en la familia real carlista, Toledano González, 2015. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 261 y el elemento esencial de la identidad, solo un rey católico podía representar al pueblo. La secularización emprendida por el Gobierno provisional alertó a los ca- tólicos y justificó el discurso carlista. Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, suprimió la Compañía de Jesús (12 de octubre de 1868); extinguió monasterios, conventos, colegios y congregaciones fundados a partir de 1837 (18 de octubre); dictó disposiciones para una enseñanza estatal y laica derogando el reglamento de 1868, que dejaba la primera enseñanza en manos de la Iglesia; hizo el anuncio del registro civil que recogía el matrimonio civil; y disolvió las Conferencias de San Vicente de Paúl7. No obstante, la revolución no tuvo un carácter popular anticlerical, sino que era el empeño del grupo dirigente vinculado al progresismo y a los demócratas8. Esta secularización precipitada, de los primeros días, fue entendida por la Iglesia y los católicos seglares como un ataque. En consecuencia, en diciembre de 1868 se constituyó la junta directiva de la Asociación de Católi- cos, presidida por Viluma, y que contaba entre otros con Ramón Vinader, luego diputado. En su manifiesto fundacional animaban a la organización y participación electoral: Las elecciones se aproximan: esta es la primera batalla que hemos de reñir. Si en todas las provincias se formasen candidaturas católicas, si todos los católicos acu- diesen ordenada y concertadamente a votarlas [...] ganaríamos las elecciones, sería católica la mayoría de los diputados a las Cortes Constituyentes, y la unidad cató- lica estaría asegurada9. La Asociación de Católicos fue crucial para la movilización: coincidió la recogida de firmas en favor de la unidad católica con la campaña electoral y los primeros debates sobre el proyecto constitucional10. El sistema de recolección pasó por la formación de una filial de la Asociación en capitales de provincias, normalmente encabezada por un clérigo. El plan era recoger firmas por los ba- rrios repartiendo previamente cédulas impresas que se recuperaban al día si- guiente con la firma solo del cabeza de familia, y la fijación de carteles por las esquinas señalando una casa para ir a firmar. Al tiempo se pasaban circulares a los párrocos rurales y de villas menores para que procedieran a la recogida11. De esta manera, los sacerdotes que recogían firmas se convirtieron, de facto, en agentes electorales de las candidaturas católico-monárquicas. Además, dicha 7 Moral Roncal, 2007. 8 Fuente Monge, 2001. 9 Serrano y Pardo, 1875-1876, I, pp. 728-730. Ver también Andrés-Gallego, 1973; Cárcel Orti, 1979, pp. 539- 546. 10 El Pensamiento español entre el 8 de enero y el 1 de febrero. 11 El Pensamiento español, 20/1/1869. JORGE VILCHES GARCÍA 262 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] Asociación estableció un vínculo entre la Santa Sede y el partido carlista que, en definitiva, proporcionó un respaldo y una estructura a sus pretensiones. Sin em- bargo, es cierto que las desavenencias internas de la Asociación relativas a ligarse al partido carlista no permiten hablar de ella como una organización al servicio del carlismo, aunque sí como instrumento de movilización. Los carlistas, escribió Melchor Ferrer, se lanzaron a un «ensayo electoral que ni respondía a su tradición guerrera ni para el cual estaban preparados»12. Es más; Franchi, nuncio de la Santa Sede en España, recibió la orden de no dar ins- trucciones electorales a los obispos13. Los delegados del Gobierno provisional pusieron todos los obstáculos posibles a sus reuniones electorales, y, según los carlistas de la época, se infiltraron agentes gubernamentales para provocar tu- multos que justificaran la intervención de las fuerzas del orden. Eso fue lo que ocurrió en Barcelona el 15 de enero de 1869, en una reunión de alrededor de 4000 personas en la casa Lonja y adyacentes14. Esa violencia se repitió en Toledo, Burgos, Tortosa, Segovia, Navarra, Salamanca, Palencia, Vich y Cuenca15. 1. LOS NOMBRES DE LA «MONTAÑA BLANCA» Las candidaturas católico-monárquicas consiguieron 25 actas, aunque solo se sentaron 23 de sus diputados en las Cortes constituyentes. El motivo es que Aparisi y Guijarro marchó a París a finales de enero de 1869, y a Joaquín María Múzquiz le fue denegada el acta tras discusión parlamentaria. No obstante, en las elecciones parciales de enero y marzo de 1870 consiguieron tres actas: Luis María Llauder, Valentín Gómez y Joaquín María Múzquiz. Para entonces, Cabrera ya había organizado la Junta Central Electoral, máximo órgano de la Asociación ca- tólico-monárquica, y presidida por el marqués de Villadarias y el propio Múz- quiz16. En consecuencia, la minoría carlista en las Cortes constituyentes estuvo compuesta, además de los tres elegidos en 1870, por Aparisi y Guijarro, Arguin- zoniz, Isasi, y Arrieta, quien fue sustituido por Vildósola en febrero de 1870 (Viz- caya), Alcíbar (San Sebastián), Ayala, y Ortiz de Zárate (Álava), Barreiro, luego sustituido por Julián Obaya (Santiago), Bobadilla, Ochoa de Olza, Ochoa de Za- balegui, Zabalza, García Falces, y Echevarría (Navarra), Cors, Pino y Villaamil, y 12 Ferrer, 1941-1979, XXIII, 1, p. 50. 13 Cárcel Ortí, 1979, pp. 175-176. 14 El episodio vivido en primera persona en Vilarrasa y Gatell, 1875, I, pp. 406-407. 15 Vilarrasa y Gatell, 1875, I, pp. 408-409. La violencia para amedrentar al «electorado antiliberal» en la provincia de Cuenca, en Higueras Castañeda, 2019. 16 Urigüen, 1986, pp. 327-328. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 263 Joaquín Olivas (Gerona), Díaz Caneja, y Estrada (Oviedo), García Cuesta (Sala- manca), Manterola, Unceta, y Olazábal (Guipúzcoa), Monescillo (Ciudad Real) y Ramón Vinader (Barcelona). Pocos de ellos tenían experiencia parlamentaria: Or- tiz de Zárate (diputado en 1858, 1863, 1864 y 1867), Vinader (1867) y Díaz Ca- neja (1867), que fueron los más activos junto a Cruz Ochoa de Zabalegui, y no pudieron contar con el más reputado: Aparisi. Los discursos doctrinales quedaron para los obispos García Cuesta y Mo- nescillo y el canónigo Manterola, algo lógico en una estrategia de primar la de- fensa de la unidad católica. Estos tres fueron más como representantes de la Iglesia que de un partido, aunque tanto Monescillo como Manterola fueron fer- vientes carlistas, y se retiraron en la práctica tras la aprobación del artículo 20, el relativo a la cuestión religiosa. El núcleo duro del grupo estaba compuesto por carlistas viejos, como eran Ortiz de Zárate, Cruz Ochoa de Zabalegui, Díaz Ca- neja, Guillermo Estrada y Ramón Vinader. Los neocatólicos no estuvieron repre- sentados ya que Antonio Juan de Vildósola y Antonio Aparisi no intervinieron en el debate constitucional, y sus grandes hombres fueron derrotados en las elec- ciones: Cándido Nocedal, Navarro Villoslada y Canga-Argüelles17. Las actas de los diputados carlistas fueron aprobadas en su mayoría entre el 16 y el 18 de febrero. Los únicos que tuvieron problemas fueron los electos por Navarra, que tomaron posesión el 5 de marzo. La discusión fue larga y polé- mica, debido a que Joaquín Múzquiz fue detenido en Estella por la autoridad de Pamplona cinco días antes de las elecciones, acusado de estar urdiendo una re- belión. No pudo recoger el acta por estar preso. Sagasta, ministro de la Gober- nación, confesó que se habían incautado documentos que probaban que Múzquiz estaba conspirando «para echarse al campo». Esos documentos, dijo, intentó romperlos cuando fue capturado, incluso alguno intentó comérselo porque lle- vaban la firma de Carlos VII y uno era un aval para un crédito. Los diputados republicanos se volcaron en la defensa de Múzquiz, alegando que tenía derecho a defender sus opiniones y la candidatura al trono que considerase oportuna. Esa colaboración entre republicanos y carlistas se extendió en muchas ocasiones, siempre y cuando supusiera una dificultad para el Gobierno, como era el caso. Vinader, carlista, y Figueras, republicano, alegaron que se habían cometido mu- chas ilegalidades con los candidatos no gubernamentales. Tras una tensa discu- sión, la comisión de actas valoró que la circunscripción debía celebrar nuevas elecciones, y así lo aprobó el Congreso en votación18. Un caso similar, pero sin consecuencias, fue el de Cruz Ochoa de Zabalegui, quien fue absuelto por el 17 Carlos VII comunicó a Vildósola por carta del 24 de julio de 1868 que había que enviar a Cortes «a nuestros oradores y personalidades»: del Burgo Torres, 1994, p. 170. 18 Diario de Sesiones de Cortes Constituyentes [DSCC], 2 a 5/3/1869. JORGE VILCHES GARCÍA 264 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] sobreseimiento en la causa criminal que se le había formado por organización insurreccional19. Las elecciones parciales a Cortes se celebraron en enero y marzo de 1870. El carlismo contaba ya con dos nuevos periódicos: Altar y Trono, y La Fidelidad. La organización creada por Ramón Cabrera, ahora llamada Asociación Católico-Mo- nárquica de España, a modo de partido conservador, fusionando a neos, carlistas y antiguos moderados, se puso en marcha. Las juntas electorales y la prensa lla- maron al voto. El 10 de enero apareció un manifiesto dando instrucciones a los electores de la Asociación. Consiguieron dos escaños más: Antonio Juan de Vil- dósola y Valentín Gómez, dos periodistas neocatólicos. Eusebio Pascual, fue ele- gido el 5 de febrero de 1870 por Vich, pero en la sesión del 15 de marzo fue acordado por las Cortes que se procediera a nueva elección. Salió así elegido Luis María Llauder el 18 de junio de 1870, pero no fue admitida su acta hasta el 24 de diciembre, pocos días antes del fin de la legislatura. El conjunto proporcionaba un grupo de abogados, profesores universita- rios y periodistas ―como el resto de grupos― a los que se añadían tres clérigos. Era, en expresión aceptada de Cruz Ochoa de Zabalegui, uno de sus diputados más activos, la «montaña blanca», en contraposición a la «montaña roja», los republicanos20. El parlamentarismo constituyó un buen instrumento propagandís- tico y, a la postre y por la acción de los neocatólicos de Cándido Nocedal, un acicate para la modernización en los ámbitos organizativo y periodístico. Es cierto que, junto a esta vía, existía aquella que se despreciaba el parlamentarismo, que prefería la insurrección, pero no es objeto de este trabajo21. Fue por entonces cuando comenzaron los diputados carlistas a ser conocidos también como «tra- dicionalistas». La Esperanza recogía el suelto de otro periódico que decía: Hasta ahora solo han tomado asiento en las Cortes unos doce o trece diputados de los veinte y tantos que forman la fracción monárquico-tradicionalista, con cuyo nombre ha empezado a conocerse ahora el grupo de los monárquicos puros22. Con ese nombre los citó La Regeneración el 27 de abril de 1869, entre otros. Esa indeterminación en el nombre ―carlista, católica-monárquica y tradi- cionalista― la confesó Cruz Ochoa de Zabalegui en las Cortes: «la minoría car- lista o tradicionalista, o como queráis llamarla»23. 19 Así lo contó Ortiz de Zárate en DSCC, núm. 18, 4/3/1869, p. 296. 20 DSCC, núm. 161, 18/11/1869, p. 4295. La expresión la usó por primera vez José Luis Albareda, «Revista de Política Interior», Revista de España, segunda quincena de febrero, 1869, tomo VI, núm. 24, p. 616, y certificada por Sagasta, ministro de la Gobernación, en DSCC, núm. 29, 17/3/1869, p. 555. 21 La argumentación antiparlamentaria, y contra las elecciones y los partidos está recogida por Garmendia, 1984, pp. 121-132. Ver también Castro, 2015, pp. 33-51. 22 La Esperanza, 1/3/1869. 23 DSCC, núm. 53, 19/4/1869. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 265 2. LA COLABORACIÓN ENTRE CARLISTAS Y REPUBLICANOS La colaboración entre las minorías comenzó en el debate sobre el voto de gracias al Gobierno provisional24. Figueras, líder del grupo republicano, fue quien propuso a los católico-monárquicos un voto de censura a un Gobierno sin legi- timidad, decían, por haber sido investido solo por la Junta revolucionaria de Ma- drid25. Ramón Vinader fue el encargado de contestar, una persona que, además, asumió la portavocía en la discusión de las actas electorales. En aquella discusión solo había tres diputados carlistas operativos: Cors y Olivas, ambos de Gerona, y el propio Vinader, de Barcelona. Vinader criticó la política secularizadora del Gobierno provisional, la libertad de cultos, porque en España, dijo, no había mu- sulmanes, judíos ni protestantes26. Además, afirmó que la libertad de enseñanza era falsa: se habían cerrado colegios religiosos «sujetos a los reglamentos que existían». El Gobierno, argumentó, había atacado la inviolabilidad del domicilio, el derecho de asociación y el de propiedad. El diputado carlista parafraseó los discursos de Figueras y Orense para decir «hay siempre libertad para los partidos que vencen; para los vencidos es para los que no hay libertad»27. Y coincidió con los republicanos en la censura de la intervención gubernamental en los comicios, citando de nuevo a José María Orense: «las elecciones han sido una farsa, y que, por consiguiente, la Asamblea no representa a la Nación». Esa colaboración por intereses mutuos quedó expedita cuando Vinader confesó: Yo siento hacia los señores republicanos no sé qué secreta simpatía (Risas). Ya no es secreta, porque escapó del corazón y asomó a los labios. Paréceme que tienen fe en sus utopías, veo algo de generosidad que no cabe en vosotros, doctrinarios de la revolución; veo que defienden, hoy a lo menos, lo que vosotros holláis: ¿cómo no he de estarles agradecido? Si mañana mandaran y viera que ejecutan lo malo con que nos amenazan, y no conceden la libertad que prometen y que se apoderan de lo ajeno, claro es que no me quedaría más que horror hacia ellos28. La votación sobre la moción de gracias al Gobierno provisional se saldó con una victoria por 180 a 62, reuniendo en contra a republicanos y carlistas29. 24 La actuación de la minoría republicana durante este periodo en Vilches, 2015. 25 DSCC, núm. 11, 23/2/1869, p. 122. 26 En cuanto Vinader inició su respuesta a Ruiz Zorrilla, ministro de Fomento, y a Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, éstos se levantaron y salieron de la sala. El Pensamiento Español, 26/2/1869. 27 El Pensamiento Español, 24/2/1869, principal diario carlista y el segundo en tirada de España, decía que el discurso de Figueras había sido «el más trascendental» que había hecho la «minoría republicana», en defensa de la libertad absoluta, que comprendía también «la libertad de la Iglesia». 28 DSCC, núm. 11, 23/2/1869, pp. 128-131. La Esperanza, 24/2/1869 confirmó: «El Sr. Vinader ha comprendido perfectamente su misión en la Cámara». En el otro lado, el progresista Las Novedades, 24/2/1869, expresó su temor a que se unieran «los extremos» contra la revolución. 29 La Regeneración, periódico católico-monárquico, 25/2/1869, refería el voto de confianza glosando a Emilio JORGE VILCHES GARCÍA 266 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] El entendimiento entre estos dos continuó con la discusión del acta de Estella y la situación de Joaquín Múzquiz. Vinader presentó el 1 de marzo una proposición solicitando que aquel fuera trasladado a la cárcel de Madrid y pudiera así asistir a las Cortes a defender sus derechos. Firmaron los carlistas Unceta, Cors, Arguin- zóniz y Vinader, junto a los republicanos Figueras, Gil Berges y Ramón de Cala. Ambos grupos votaron juntos y compartieron discurso. La oposición conjunta siguió incluso cuando los republicanos presentaron una proposición, defendida por Castelar el 4 de marzo, para conceder una amnistía. Los carlistas presentes ―Olazábal, Olivas, Vinader, Estrada, Cors y Unceta― dieron sus votos30. A partir de aquí, ambas minorías se dedicaron a hostigar al Gobierno denunciando sus inconsecuencias, como que no se aboliera el impuesto de consumo o las quintas, tal y como se prometió en la revolución. Así, las votaciones conjuntas se repitieron el 10 de marzo, con motivo de la proposición de ley de capitación ―impuesto que sustituía al de consumos―, y en la que Figuerola, ministro de Hacienda, amenazó con dimitir. Lo mismo ocu- rrió cuando Fernando Garrido, republicano socialista, defendió la abolición de las quintas y las matrículas de mar. Los diputados carlistas no intervinieron en el debate, pero apoyaron la moción republicana los siguientes: Olivas, Ochoa de Zabalegui, Bobadilla, Zabalza, García Falces, Cors, y Ochoa de Olza31. La colabo- ración de las minorías se produjo otra vez en la sesión del 12 de marzo, cuando la mayoría gubernamental intentó acelerar la legislación con el nombramiento de cuatro comisiones. La pretensión del Gobierno era que dichas comisiones estu- vieran solo compuestas por sus diputados. Figueras defendió que la proposición ni siquiera se discutiera porque se saltaba el reglamento de la cámara, ya que, al negarse a constituir las secciones a través de sorteos, negaba la posibilidad de que estuvieran representadas las minorías. La votación no dejó lugar a dudas: 101 votos gubernamentales, frente a 91 de republicanos, carlistas (Díaz Caneja, Es- trada, Cruz Ochoa de Zabalegui, Bobadilla, Ochoa de Olza, Isasi, García Falces, Vinader, Olazábal, Olivas, Unceta, Cors, Zabalza y Ayala) y liberal-conservado- res32. Cuatro días después se repitió la situación cuando se consultó con el Con- greso dicha proposición: los liberal-conservadores cambiaron su voto, y faltaron muchos republicanos y carlistas ―solo votaron Guillermo Estrada y Díaz Ca- neja―. En muchos casos, la colaboración era puramente obstruccionista. El repu- blicano Orense presentó el 20 de marzo una proposición para establecer una Castelar cuando éste dijo que «la corona que ciñó a sus sienes el sufragio universal, la han estrellado a los pies de un soldado afortunado», en referencia al regente Serrano. 30 DSCC, núm. 18, 4/3/1869, pp. 303-305. 31 DSCC, núm. 24, 11/3/1869, pp. 441-442. 32 DSCC, núm. 25, 12/3/1869. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 267 incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de funcionario. El discurso fue muy liberal: en España existía una oligarquía burocrática que endeudaba el país y corrompía la vida pública. Acabó denunciando que un tercio de la cámara estaba compuesta por funcionarios. El objetivo de la proposición era retrasar los traba- jos legislativos de las comisiones. Las oposiciones ganaron al gobierno por 91 a 83, consiguiendo el voto de algunos progresistas y demócratas33. El 29 de mayo Vinader denunció la persecución de la Asociación de las Conferencias de San Vicente de Paúl, disueltas en octubre de 1868. La proposi- ción presentada no fue discutida hasta el día 10 de junio y, junto a las firmas Vinader, Ortiz de Zárate, Manterola y Ochoa, estaban las de los republicanos Sorní, Figueras, y Ferrer y Garcés. La proposición fue rechazada por 98 contra 21 votos. Entre estos últimos estuvieron los de algunos republicanos y liberales como Sánchez Ruano, Díaz Quintero, Castelar, Figueras, o Suñer y Capdevila. Existió cierta complicidad entre ambas minorías a la hora de reivindicar el derecho a defender su existencia frente a la mayoría. Se apoyaron mutuamente en la mayor parte del periodo constituyente en lo relativo a criticar al Gobierno, y en el uso de las técnicas obstruccionistas. Alimentaron el debate mutuamente, conscientes de su utilidad propagandística e institucional, incluso organizativa, ya que gracias a esas intervenciones se iban destacando en la prensa sus dirigentes. En varias ocasiones, como ya se dijo, esa colaboración fue denunciada, incluso por el general Serrano, y la mayoría articuló medios para evitar sus efectos, como el debate conjunto de varias iniciativas legislativas. Esta solidaridad se mantuvo cuando los carlistas se levantaron en armas en julio de 1869, y los republicanos en septiembre. Cruz Ochoa de Zabalegui preguntó al Gobierno en la sesión del 14 de mayo de 1870 por qué no se cumplía la circular del subsecretario del mi- nisterio de Guerra, Sánchez Bregua, por la que los republicanos y carlistas alzados el año anterior podían conmutar su pena de prisión por la de extrañamiento. Ciertamente, esa colaboración durante la época de las Cortes constituyentes facilitó la alianza electoral de marzo de 1871 que tanto benefició a los carlistas: 57 diputados y 22 senadores. 3. LOS DERECHOS DE LOS CATÓLICOS La minoría carlista se repartió el trabajo parlamentario en cuanto llegaron los «diputados clérigos»: el canónigo Manterola, Monescillo, obispo de Jaén, y García Cuesta, arzobispo de Santiago, en quienes quedaron los discursos católi- cos. Los tres, por cierto, se sentaban juntos en las Cortes34. El propósito de las 33 DSCC, núm. 32, 20/3/1869, pp. 595-596. 34 Garmendia, 1984, p. 80. JORGE VILCHES GARCÍA 268 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] alocuciones no fue teológica35, sino política. Los diputados carlistas fueron pre- sentando las peticiones que les llegaban para el mantenimiento de la unidad ca- tólica. El hecho principal fue cuando Monescillo, obispo de Jaén, entregó a las Cortes el 12 de abril 250 ejemplares del Catálogo de los pueblos que han suscrito las peticiones dirigidas a las Cortes Constituyentes en defensa de la unidad católica, publicado luego en junio como Petición dirigida a las Cortes constituyentes en favor de la unidad religiosa de España36. El folleto era el resultado del proyecto de la Asociación de Católicos, como se vio más arriba, para movilizar a los españoles en pro de la unidad católica, y presentar que la opinión pública, decían, estaba de su lado. Hicieron una tirada de 10 500 ejemplares. La obra contenía una carta de Pío IX y la relación de pueblos ―10 110― y de firmantes ―3 448 396―37. La pretensión era condicionar a los diputados o, al menos, mostrar a los suyos que habían cumplido con su mandato. El objetivo de la minoría carlista, escribió en- tonces el vizconde de la Esperanza, «no era otra cosa que la de protestar contra todos los errores y todos los abusos que cometiera la Revolución»38. Vicente Manterola fue el encargado de hacer el primer discurso doctrinal del catolicismo-monárquico. Empezó diciendo que «las cuestiones de forma de gobierno son para mí muy secundarias cuando se trata del catolicismo». El argu- mento era bien sencillo: el proyecto constitucional no podía satisfacer al pueblo español porque era poco católico al no mantener la unidad religiosa y asentarse en lo que consideraba falsedades, todas derivadas del liberalismo: la libertad ab- soluta de pensamiento y expresión, y la soberanía nacional39. Las críticas se diri- gieron principalmente a lo que luego fueron los artículos 21 ―mantenimiento del culto y clero católicos, y libertad de cultos― y 32 ―todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional―40. Monescillo, obispo de Jaén, siguió el argumento apuntado por Manterola de que el poder civil y el poder religioso debían estar separados y tener sus propias normas. Esto era importante a su juicio porque la Revolución no debía pretender una «Iglesia española», porque la Iglesia solo podía ser católica; es de- cir, que no podía atender a las condiciones y órdenes de un gobierno civil. Coin- cidió con los miembros de su minoría en que el principal objetivo era defender 35 El análisis teológico de los discursos puede verse en Petschen, 1974, pp. 255-282. Un estudio del lenguaje carlista en estos años en Feijoo, 2018. 36 Villena Espinosa, 1997. 37 Petición, 1869, p. 287. Callaghan, 1989, p. 249, aseguró que fueron 2 837 144 firmas. 38 Esperanza, 1871, p. 232. 39 La idea del pueblo como un sujeto colectivo con una sola opinión estuvo en el discurso político que enfrentó a liberales y carlistas. En cambio, tras el carlismo, al igual que tras el liberalismo, hubo una parte significativa de la población española, más allá de los soldados movilizados: Bullón de Mendoza, 1995, pp. 219-238. 40 DSCC, núm. 47, 12/4/1869, pp. 977-986. La prensa destacó el debate que mantuvieron Manterola y Castelar, cuando ambos realizaron un discurso que solo sirvió para hacer propaganda. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 269 la unidad católica: es «lo que me han dicho mis electores». No temía la República, decía, porque era «rex populi. Y la causa del pueblo no me es extraña. ¿No vengo yo del pueblo? ¿No soy del pueblo?»41. Una multitud, a decir del nuncio Franchi, esperó a Monescillo a las puertas de las Cortes de rodillas para recibir su bendi- ción. Le vitorearon y acompañaron hasta su casa42. Los debates entre republicanos y carlistas de aquellos días, muy aireados por la prensa y con gran repercusión gracias a la publicación de folletos, no tu- vieron más objetivo que la propaganda de sus ideas y la prolongación de las se- siones de Cortes, especialmente el famoso entre Manterola y Castelar43. Eran conscientes de la imposibilidad de cambiar el proyecto constitucional, no solo por la superioridad numérica de la mayoría gubernamental, sino porque habían sido excluidos de la comisión constitucional. Además, ambos, republicanos y car- listas, usaron tres medidas del obstruccionismo técnico: los largos discursos que agotaban las sesiones, el consumo completo de los turnos de palabra, y la pre- sentación de numerosas enmiendas. Esa coincidencia llevó a que alguna propuesta fuera presentada con firmas republicanas y carlistas. Es el caso, por ejemplo, de la enmienda al artículo 6, relativo a evitar que un Gobierno pudiera obligar al cambio de residencia de un ciudadano, salvo sentencia. Manterola defendió que se incluyeran los que «viven en comunidad», en referencia a los religiosos. Suñer y Capdevila, quien fue protagonista después de la «sesión de las blasfemias», firmó aquella proposición católica. El añadido, como luego confesó Cruz Ochoa de Za- balegui, no tenía en realidad sentido, ya que los religiosos eran también españoles y no necesitaban una mención especial44. La enmienda fue desechada por 96 a 40 votos, entre los que estuvieron republicanos como Pi y Margall o Paul y Angulo, junto a Monescillo o Manterola. Para alargar más la cuestión y retrasar el debate, el carlista Cruz Ochoa de Za- balegui se levantó para provocar al Gobierno, diciendo que allí se estaban «re- presentando dos comedias indignas»: el incumplimiento del Concordato con la Santa Sede y el uso de la amenaza carlista para cerrar las filas revolucionarias. Prim entró en el debate, como hizo también Ruiz Zorrilla, y confesó que su opi- nión antes de las elecciones era que «no se hubiera dejado hablar una palabra a los carlistas hasta que el país se hubiese constituido»45. Ochoa, amoscado pero victorioso, sacó el tema de la implicación de «once fajas» liberales, uno de ellos 41 DSCC, núm. 48, 13/4/1869, pp. 1022-1025. 42 Cárcel Orti, 1979, p. 196. 43 El debate encumbró sobre todo a su interlocutor, Emilio Castelar, cuyo discurso fue publicado en España y otros países, como Alemania o Canadá. 44 DSCC, núm. 53, 19/4/1869, pp. 1170-1174. 45 DSCC, núm. 53, 19/4/1869, p. 1177. JORGE VILCHES GARCÍA 270 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] Prim, en la conspiración del general Ortega en San Carlos de la Rápita en 186046. Finalmente, el artículo, tras varios discursos, se aprobó sin más, pero alargando la sesión. La misma estrategia se siguió con la discusión del artículo 17 ―libertad de expresión, derechos de reunión y de asociación, y derecho a dirigir peticiones― con enmiendas que nada añadían, ya que las órdenes religiosas estaban contem- pladas, y con el agotamiento de los turnos de palabras y los largos discursos. Otro tanto hicieron con la libertad de expresión: presentaron una enmienda que establecía como única limitación la crítica a la religión y moral católicas, ahora con el objeto de satisfacer a la opinión pública de su partido. 4. LA UNIDAD CATÓLICA Y LAS «SESIONES DE LAS BLASFEMIAS» El gran momento para la minoría carlista debía ser el de la discusión de los artículos 20 y 21 ―mantenimiento del culto y clero católicos, y libertad reli- giosa―. Los diputados obispos, García Cuesta y Moncescillo, se entrevistaron con Rivero y la comisión constitucional, quienes querían saber su opinión al res- pecto y llegar a algún acuerdo. Los dos rechazaron la separación Iglesia-Estado y la libertad de cultos, haciendo imposible cualquier conciliación previa al debate47. La discusión comenzó el 26 de abril. Fue la llamada por el carlismo «sesión de las blasfemias». Los republicanos presentaron una enmienda, por boca de Suñer y Capdevila, que añadía que los españoles tenían derecho a no profesar ninguna religión. El problema es que Suñer se dedicó a atacar el cristianismo diciendo que era una «idea caduca», frente a la «idea nueva» que era la ciencia. Combatió las nociones de alma y Dios, elogió el budismo y afirmó que Jesús había tenido her- manos; una auténtica provocación. Rivero, presidente de las Cortes, comprendió en qué tipo de discusión iba a derivar aquello, máxime cuando Suñer citaba al obispo de Jaén, diputado carlista, para que interviniera por alusiones. Rivero cortó aquello, le instó a defender la enmienda, no a hacer la historia crítica del cristianismo, a lo que Suñer respondió renunciando a la palabra y la minoría re- publicana salió del hemiciclo. Monescillo, obispo de Jaén, se reservó para intervenir en la enmienda del republicano unitario García Ruiz, quien también le nombró. La propuesta abogaba por la separación Iglesia y Estado junto a la libertad de cultos. No obstante, Gar- cía Ruiz puso en cuestión la Santísima Trinidad, y Monescillo y, sobre todo, Man- terola, los que respondieron: la Iglesia católica sostenía que todos eran libres al 46 Sobre la amistad política de Ortega y Prim, Los Arcos, 1941. 47 Cárcel Ortí, 1979, pp. 192-194. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 271 ser «redimidos por la sangre del Cordero», iguales «a los pies de Jesucristo cru- cificado», y que siempre habían predicado «la hermosa fraternidad entre los hom- bres». Luego se enzarzaron Ríos Rosas y Ulloa, unionistas, con algunos demócra- tas. La enmienda fue desechada, y la minoría carlista presentó otra viendo que la cuestión había dividido a la coalición gubernamental, diciendo que la religión ca- tólica «continúa siendo y será perpetuamente la religión del Estado». La defendió Manterola, pero su discurso fue interrumpido para leer una proposición inciden- tal de los republicanos, que querían volver a las Cortes sin faltar a su dignidad. Una vez más, la sesión se alargó con técnicas obstruccionistas. Manterola volvió al día siguiente, el 2748. Defendió que el catolicismo fuera la religión del Estado, pero que este, el Gobierno, la comisión constitucional o las Cortes no eran quienes para establecer una verdad teológica. Remató di- ciendo que «el poder civil es independiente del poder eclesiástico, así como el poder eclesiástico es independiente del poder civil, y ambos poderes obran con entera independencia dentro de su órbita respectiva». Eso sí, los dos dependían del «poder infinito de Dios» y debían conformarse en sus disposiciones «con la ley eterna de Dios»49. Después de un tenso y largo debate con el ministro Mon- tero Ríos, Manterola retiró la enmienda para que García Cuesta, diputado tam- bién de la minoría carlista, presentara otra en el mismo sentido, añadiendo que el Estado se comprometía a pagar el mantenimiento del culto y el clero. Era más de lo mismo: contra la libertad de cultos, que no de conciencia, y contra la liber- tad de expresión sin límites, así como la defensa de la unidad católica, de los derechos las órdenes religiosas y de sus propiedades. La situación se repitió los días 28 y 29, con nuevas enmiendas de la minoría carlista en el mismo sentido, defendidas por Ortiz de Zárate y Cruz Ochoa de Zabalegui. Los ministros y los republicanos entraron en el juego del debate, y un grupo de unionistas conservadores de segunda fila apoyaron la iniciativa carlista. El 4 de mayo, Suñer y Capdevila volvió al enfrentamiento del 27 de abril con los católicos, al decir que Jesucristo tenía hermanos y que Dios no existía, sino que era una creación de la Razón. Fue la segunda «sesión de las blasfemias». Contestó el carlista Díaz Caneja y la sesión se agotó. El 5 de mayo fue el último día de debate. Hubo larguísimos discursos propagandísticos, famosos en la época, como el de José de Echegaray sobre una trenza encontrada en una pira de la Inquisición. También hablaron Castelar y Olózaga, así como Manterola, llamando a las con- 48 La prensa carlista publicó esos días artículos de fondo haciendo profesión de fe común y contra las «blasfemias». El Pensamiento Español, 30/4/1869, anunciaba una oposición amenazante: «guerra sin tregua a la situación presente; guerra sin tregua a la revolución y a sus fautores y auxiliadores, hasta inutilizarlos para el mal (siempre, por supuesto, por medios lícitos y dentro de la ley)», decía. 49 DSCC, núm. 60, 27/4/1869, pp. 1405-1406. JORGE VILCHES GARCÍA 272 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] ciencias de los diputados para que no aplicaran una medida contra el sentir cató- lico mayoritario de los españoles. Sin embargo, la minoría carlista se abstuvo a la hora de votar el mantenimiento del culto y el clero ―primera parte del artículo 21―, y votó en contra de la libertad de cultos ―la segunda parte―50. En total, la minoría carlista, compuesta de forma activa por catorce dipu- tados, presentó seis enmiendas a los artículos 20 y 21, fusionado luego en un solo artículo. Los debates retrasaron la labor legislativa hasta el punto de que la ma- yoría presentó el mismo 5 de mayo una propuesta para hacer dos sesiones al día, debido a la necesidad de concluir la Constitución y aprobar los Presupuestos. La estrategia obstruccionista de las minorías carlista y republicana iba dando su fruto, alargando innecesariamente el proceso e introduciendo dudas y conflictos en la mayoría gubernamental. La minoría carlista redujo su actividad a partir de la aprobación del artículo 20 del proyecto constitucional, pero no se marcharon como muestra de pro- testa, como creían Serrano y Topete51. Los diputados clérigos Manterola, García Cuesta y Monescillo, y algunos otros de segunda fila, desaparecieron de las Cor- tes, aunque no renunciaron a su acta. Monescillo, obispo de Jaén, escribió una despedida, publicada por La Esperanza, en la que contaba que se retiraba de las Cortes una vez cumplida su misión: la defensa de la unidad católica de España. Se lamentaba por haber fracasado, y se alegraba por abandonar un lugar donde «he- mos sufrido»52. No tomaron parte en la discusión de los artículos 32 (soberanía nacional) y 33 (monarquía democrática), celebrada entre el 12 y el 20 de mayo a pesar de la posibilidad que se les brindaba para pronunciar discursos propagandísticos o presentar enmiendas que obstaculizaran el proceso. Ni siquiera votaron contra dichos artículos53, a pesar de que creían que era imposible que funcionara el «monstruoso engendro» de la «monarquía democrática», porque era imposible «conciliar el respeto y autoridad de un monarca inviolable, con el ejercicio de los llamados derechos individuales»54. No estuvieron en las sesiones de aprobación de la Constitución ni en su firma. Cruz Ochoa de Zabalegui confesó días después el motivo: Yo no he votado ni firmado esa Constitución, porque no la acepto, porque ha- ciendo uso del derecho que tienen todos los ciudadanos, y que tengo yo además 50 DSCC, núm. 67, 5/5/1869, pp. 1655-1658. 51 Echeverría, Luis, «Revista de la semana», Altar y Trono, 2, 13/5/1869, pp. 29-31. 52 «Explicación de las causas de la retirada del Congreso del Sr. Obispo de Jaén, y su protestación de fe», La Esperanza, 13/6/1869. 53 DSCC, núm. 78, 20/5/1869. Es probable que no estuvieran en las Cortes, porque el artículo 32 fue aprobado por unanimidad de los presentes (p. 2145). 54 El Pensamiento Español, 15/5/1869. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 273 como Diputado de la Nación, pienso combatirlo pacíficamente, de una manera legal, en todo terreno legítimo, principiando por las Cortes constituyentes55. Pasada la cuestión religiosa, el resto era indiferente porque la actividad parlamentaria no daba frutos: «Pero ¿qué significan esos 350 desventurados (los diputados) ―escribía A. G.―, y algunos pocos más de sus ideas, o tal vez mejor dicho sin ideas, ante 17 000 000 de españoles fieles a la verdad?»56. Vildósola, diputado y periodista, escribió: «no reconocemos lo que habéis hecho, no lo reconoceremos nunca, y para deshacerlo, y en deshacerlo, emplearemos todas nuestras fuerzas». Un «mísero número» de diputados, de «legisladores y de azar y fuerza», se había levantado «contra veinte gloriosas generaciones» dando la espalda al «sentir de dieciséis millones de hijos de España»57. La campaña carlista se centró en criticar la Regencia. El Pensamiento Español y La Regeneración iniciaron los ataques a principios de mayo. La idea era mostrar la Regencia como una prueba de la imposibilidad de la revolución para consu- marse; esto es, para encontrar un rey. La continuación de la interinidad era un elemento de inestabilidad muy poderoso dentro de la coalición gubernamental, ya que impedía su división en dos partidos, y animaba los enfrentamientos entre candidaturas; en especial, entre partidarios y detractores de Montpensier58. En la sesión del 14 de junio de 1869, en la que se examinó la Regencia, Cruz Ochoa de Zabalegui dijo que esta institución era «antiparlamentaria» porque se había decidido por la mayoría fuera de las Cortes, vulnerando así los derechos de las minorías a enmendar su naturaleza. Además, dijo que era «inconstitucional» por- que la Constitución contemplaba la regencia solo en dos ocasiones: cuando el rey estuviera imposibilitado o fuera menor de edad. Cruz Ochoa de Zabalegui, y con él la minoría, consideraba que la regencia era un «paliativo» que demostraba la «impotencia de levantar la monarquía consignada en la Constitución». Esa im- potencia se debía, dijo, a que la monarquía democrática se había construido sobre ideas republicanas, motivo por el cual no hallaban un candidato al trono. Esta situación prolongaba la «enfermedad gravísima» del país, por lo que instó al Go- bierno a proceder a la elección de rey a través de un plebiscito, que era legal y oportuno, porque aseguraría que «el monarca que viniera aquí vendría con toda la popularidad posible». Carlos de Borbón y Este, afirmó, sería la mejor opción 55 DSCC, núm. 99, 14/6/1869, p. 2724. 56 La Esperanza, 13/6/1869. 57 Vildósola, A. J. de, «No se ha roto la unidad católica de España», Altar y Trono, 4, 28.V.1869, pp. 49-50. 58 «La crisis y la Regencia», El Pensamiento Español, 17.V.1869. Este problema lo expresó en la época el progresista Santiago Alba, La Interinidad y sus peligros, Madrid, Imp. de la viuda e hijos de Álvarez, 1870. Ver Vilches, 2001, pp. 90-93. JORGE VILCHES GARCÍA 274 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] para asegurar la tranquilidad, la unidad católica y «una casi absoluta descentrali- zación administrativa». Acabó gritando: «¡Viva la monarquía tradicional y católica! ¡Viva Carlos VII!»59. Pocos días después se hacía pública la Carta-manifiesto a su hermano Don Alfonso, que Julio Aróstegui consideró el documento inaugural de una nueva fase del carlismo60. En el texto, escrito por Aparisi y Guijarro, Carlos VII se desenten- día del proceso revolucionario abierto en 1868, y anunciaba que unas Cortes, «que verdaderamente representen todas sus fuerzas vivas», elaborarían una «ley fundamental» para una «reconstrucción social y política» que contemplara todos los intereses. Además, prometía mantener la unidad católica, respetar el Con- cordato de 1851, la descentralización ―en referencia a los fueros―, reducir la administración, proteccionismo económico para reactivar la industria, y la liber- tad entendida como el cumplimiento de leyes «conformes al derecho de la natu- raleza, al derecho de Dios». Era mejor, concluía, una «monarquía cristiana» a unos «trescientos reyezuelos disputando en una asamblea clamorosa»61. La insurrección carlista de julio de 1869 fue la expresión de una parte del movimiento que consideraba la guerra como el recurso principal para alcanzar el poder, en contra de los que apoyaban la vía parlamentaria62. De hecho, y a dife- rencia de los diputados republicanos tras el alzamiento de septiembre y octubre de ese año, los carlistas siguieron en las Cortes. A los neo-católicos y carlistas no les pareció interesar las cuestiones ha- cendística y administrativa, sino solo la religiosa. No obstante, surgió una dife- rencia entre esos dos grupos: los carlistas de origen, reacios a cualquier compo- nenda con el régimen, y los neos, quienes influyeron más en el llamado Carlos VII. El programa de estos consistió en dar preeminencia a la religión sobre la política, soslayar la cuestión dinástica sin dejar de defender al Pretendiente, de- fensa del Concordato, y una monarquía tradicional, no absolutista ni teocrática63. 5. LAS INSURRECCIONES DE 1869 Y 1870 Tras la aprobación de la Constitución, Carlos VII convenció a Ramón Ca- brera, conde de Morella, para que se pusiera al frente de la Comunión. Cabrera tenía la idea de constituir un partido conservador, unificando a neocatólicos, car- listas y moderados. Para ello sustituyó el nombre inicial por el de Asociación 59 DSCC, núm. 99, 14/61/869, pp. 2723-2729. 60 Aróstegui, Canal y González Calleja, 2003, p. 80. 61 El documento en Ferrer, 1941-1979, XXIII, vol. II, pp. 52-55. 62 Dupont, 2017. 63 Urigüen, 1986, p. 309. No se dio cuenta a Cabrera de aquel movimiento: del Burgo Torres, 1994, p. 175. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 275 Católico-Monárquica de España, dio una organización electoral al partido, y ela- boró un proyecto político que contemplaba una monarquía constitucional muy parecida a la liberal doctrinaria64. De forma paralela, una parte del carlismo siguió la vía de la insurrección durante los años 1869 y 1870, aunque no supuso una grave alteración del orden, a pesar de su violencia y de las dificultades para sofocarla65. Desde finales de marzo de 1869, el capitán general del distrito vasconavarro, José Allende Salazar, advirtió al Gobierno de la inminencia de un levantamiento carlista. Los altercados entre población civil y voluntarios se produjeron en las cuatro provincias, con muertos, hasta el punto de que el 29 de junio fue asesinado un alcalde liberal en Álava. El gobierno envió tropas y, a su llegada, el 18 de julio de 1869, Allende Salazar les dirigió una alocución que culpaba a «indignos sacerdotes» de atizar «el fuego infernal de la discordia», que «empujan y provocan a la guerra» para traer a Carlos VII66. Una semana después, el 25 de julio, fue descubierta una conspira- ción carlista en Pamplona, que fue sofocada. Sin embargo, la población tradicio- nalista no se calmó, animada por la noticia de que Ramón Cabrera había aceptado la jefatura del carlismo. Ante la agitación, Allende Salazar dirigió el 29 de noviem- bre un bando a la población vasca y navarra diciendo que si apoyaban la insurrec- ción declararía el estado de guerra y la ley marcial. Otro tanto ocurrió en Cataluña. Su capitán general, Ramón Nouvilas, con- sideraba inminente la campaña carlista ya en febrero de 1869. En los primeros días de mayo se descubrió en Barcelona una conspiración, por la que se formó sumaria a varios oficiales que, al parecer, esperaban la llegada de refuerzos desde Francia. Nouvilas señaló al obispo de la Seo como uno de los jefes de la conspi- ración. El 17 de julio el ministerio de la Guerra comunicó a Nouvilas que no se declarase el estado de sitio «a fin de evitar alarmas y dar importancia», pero que no diera cuartel a ningún faccioso que se cogiera con las armas en la mano ha- ciendo fuego. El levantamiento se produjo el 9 de agosto, en Vich, en número de unos 600. El ejército dispersó a las partidas sin gran esfuerzo. Todo terminó el 1 de septiembre, aunque durante ese mes hubo algunas escaramuzas en la provincia de Barcelona. El ejército consiguió requisar armas y acabar con la violencia. No pudieron contar con el auxilio de los Voluntarios, porque, según el informe mili- tar, no eran de fiar67. De hecho, el 25 de septiembre estalló en Barcelona la insurrección federal. 64 Las bases en Ferrer, 1941-1979, XXIII-II, pp. 94-96. 65 Un relato militar minucioso en Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876, por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Madrid, Imp. y Lit. del Depósito de la Guerra, 1883, I, pp. 317-399. 66 Narración militar de la guerra carlista, 1883, pp. 322-323. 67 Narración militar de la guerra carlista, 1883, p. 342. JORGE VILCHES GARCÍA 276 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] Sucesos similares hubo en Valencia y, especialmente, en el Maestrazgo, donde la táctica carlista, dice el referido informe militar, era dar falsas noticias de movimientos carlistas desde febrero de 1869. Los objetivos eran cobrar impor- tancia y obligar al desplazamiento de las tropas para proporcionar una imagen de debilidad y provisionalidad del Gobierno. El 27 de junio, el ministro de la Guerra, Prim, ordenó por telégrafo al capitán general de Valencia que fusilara a todo aquel, «sea cual fuere la bandera que enarbole», que sea capturado con la armas en la mano «haciendo fuego»68. El 24 de julio se publicó la ley de 1821 sobre orden público contra insurrecciones. A fines de julio Carlos VII dio la orden de secundar el movimiento iniciado en La Mancha el 23 de julio, y el 11 de agosto se notó por primera vez en Villarreal (Castellón). Se levantaron partidas, pero sin «orden ni concierto alguno», dice el informe militar. Rafael Primo de Rivera, capitán general de Valencia, aplicó el 13 de agosto la ley de 1821, y formó con- sejos de guerra. El conflicto no fue peligroso, pero sí complicado, ya que las par- tidas tenían mucha facilidad para «fraccionarse, disolverse, volverse a reunir y cambiar de jefes cuando a estos o a aquellas les convenía»69. Que no era un riesgo para el régimen lo demuestra que se daba el indulto a aquellos que se entregaran. Primo de Rivera ordenó una batida general en el Maestrazgo, y se consideró completamente sofocada la revuelta el 1 de septiembre. Los diputados carlistas Ochoa de Olza y Zabalza estuvieron implicados por una carta con sus iniciales en la que se indicaba dónde recoger 15 000 fusiles. Esto llevó al juez de primera instancia de Pamplona a presentar un suplicatorio a las Cortes para procesar a ambos por el delito de conspiración. La comisión lo aceptó, pero en el debate parlamentario Vinader dijo que eran inocentes, y que se trataba de una «causa política» contra la minoría, llevada a cabo por el Go- bierno. Cruz Ochoa de Zabalegui, que había sido procesado por el mismo juez por una carta que publicó en La Época, dijo que se habían cometido muchas irre- gularidades en aquel juzgado, ya que su titular era enemigo del carlismo. Final- mente se aprobó el inicio del procesamiento70. A pesar de las negaciones de la minoría carlista, la organización sí existía. La distancia entre el plan de Cabrera, más cercano a formar un gran partido conservador que aprovechara la interinidad, y el ímpetu de los carlistas viejos, dispuestos a escuchar cualquier plan para iniciar una insurrección, llevó a que 68 Narración militar de la guerra carlista, 1883, pp. 351-352. 69 Narración militar de la guerra carlista, 1883, pp. 361-362. Sobre el papel de los caudillos en las partidas, Tole- dano González, 2000. 70 DSCC, núm. 139, 13/10/1869, pp. 3941-3952. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 277 aquel dimitiera el 19 de marzo de 1870. Carlos VII convocó entonces una asam- blea en Vevey, el 18 de abril, para asumir él mismo la dirección, a la que asistieron los diputados Tirso Olazábal, Bobadilla, Manterola, Múzquiz y Zabalza71. El liderazgo de don Carlos no supuso cambiar de prácticas: al tiempo que se celebraban elecciones parciales en marzo de 1870, se pensaba en el levanta- miento armado sin autorización. Ese clima se tradujo en varios incidentes violen- tos en Guipúzcoa, con muertos, y llegaron noticias a las capitanías de la entrada de partidas en Navarra por la frontera de Francia. No se trataba esta vez solo de alteración del orden público. El coronel Escoda, de la comandancia de Navarra, había ofrecido en febrero de 1870 a varios carlistas un pronunciamiento. Ochoa de Olza y Cruz Ochoa de Zabalegui se reunieron con Escoda el 6 de agosto, quien les aseguró que ya no era republicano, y que quería iniciar un movimiento al frente del cual se pusiera Carlos VII. Escoda, en realidad, quería engañar a los carlistas y capturar a sus jefes. No convenció a los diputados de la minoría, y Zabalza, Cruz Ochoa de Zabalegui, Ochoa de Olza, García Falces y Echeverría, reunidos por la noche en casa de Bobadilla ese mismo 6 de agosto, decidieron permanecer pasivos72. El engaño fue descubierto, pero esto no evitó que se le- vantaran algunas partidas. El capitán general del distrito, Allende Salazar, publicó, el 27 de agosto de 1870, un bando aclarando la implicación de determinados clérigos en el alzamiento, y, en especial, del diputado Vicente Manterola73. La sublevación carlista fue concluida el 20 de septiembre. La violencia también iba en el otro sentido. En las noches del 1 y 2 de julio se produjeron agresiones a los carlistas en Madrid. El primer día citado por la inauguración del Casino Carlista, que fue asediado por los Voluntarios de la Li- bertad, una fuerza de orden que dependía del ayuntamiento, que llegaron ento- nando el «Trágala». Allí estaban miembros de la Junta Central del partido, con Canga-Argüelles, y los diputados Cruz Ochoa de Zabalegui y Vildósola, director además de La Esperanza, quien tuvo tiempo de pronunciar un discurso74. Tras pedir seguridad al ayuntamiento, al gobierno civil y al ministerio de la Goberna- ción, disolvieron la reunión. Ya en la calle, Ochoa fue tiroteado, pero escapó ileso y fue atendido por unos serenos75. Vildósola fue custodiado en su salida por dos agentes, que impidieron que fuera apuñalado76. Al día siguiente fue asesinado Manuel Azcárraga, a quien se confundió con un carlista al pasar por delante del 71 Oyarzun, 1969, p. 291. 72 Pirala, 1876, III, pp. 569-573. 73 Narración militar de la guerra carlista, 1883, pp. 387-390. Así era: Garmendia, 1976, pp. 96-99. 74 La Esperanza, 1/7/1870. 75 La Esperanza, El Pensamiento Español y La Regeneración publicaron el mismo artículo, titulado «Escándalo inaudito», 2/7/1870. 76 Antonio Juan Vildósola en DSCC, núm. 323, 22/12/1870, p. 9321. JORGE VILCHES GARCÍA 278 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] Casino católico-monárquico77. Los periódicos carlistas de Madrid ―La Esperanza, La Regeneración, El Pensamiento Español, El legitimista, La fidelidad, La Bandera Espa- ñola, El Pendón, El Papelito, Rigoletto, y El Fraile― suspendieron su publicación en protesta por la inacción gubernamental ante la violencia que sufrían, y cesó mo- mentáneamente sus reuniones el Casino católico-monárquico de Madrid. La de- cisión la tomó la Junta Central del partido. El mismo 2 de julio, sábado, Vinader y Vildósola, diputados, el presidente del Casino carlista y de la Junta electoral católico-monárquica de Madrid, y otros dos cargos, se entrevistaron con Rivero, ministro de la Gobernación, Juan Mo- reno Benítez, el gobernador civil y diputado progresista. Este último publicó un bando insuficiente: solo recordaba que no podía tolerarse la violencia «sea cual fuere su origen», y que las concentraciones con «ademán hostil» estaban prohi- bidas. En esa reunión, Moreno Benítez manifestó, según Vinader, que él no podía responder de «las simpatías que hacia nosotros (los carlistas) tuviera el pueblo de Madrid»78. El diputado de la minoría no iba desencaminado en su apreciación, porque Moreno Benítez intentó explicar los sucesos diciendo que el partido car- lista dirigió «provocaciones temerarias e insensatas» al «liberal pueblo de Ma- drid». En la reunión citada, Rivero les aseguró que no debían temer por su segu- ridad, pero Canga-Argüelles, secretario de la Junta Central católico-monárquica, publicó un texto en la prensa carlista en el que aseguraba que aún no se había tomado declaración a nadie ni abierto diligencias en juzgado de primera instancia alguno79. De hecho, el 3 de julio los matones de la «Partida de la Porra» irrum- pieron en el Casino de la Unión Liberal creyendo, según explicó Rivero a los unionistas, que los carlistas iban a celebrar allí un banquete en homenaje a Doña Margarita, esposa de Carlos VII80. 6. CONTRA EL MATRIMONIO CIVIL Desde septiembre de 1868 algunos bandos municipales refrendados por la junta revolucionaria local, abrieron la posibilidad de los matrimonios civiles81. El debate comenzó en la prensa en enero de 1869, especialmente con el ayunta- miento de Reus, pionero en esta cuestión. Los periódicos católico-monárquicos 77 Ramón Vinader sobre Azcárraga: «no era carlista, que tenía ideas liberales». DSCC, núm. 323, 22/12/1870, p. 9321. 78 Ramón Vinader en DSCC, núm. 323, 22/12/1870, pp. 9320-9321. 79 La Esperanza, 6/6/1870. 80 El relato del asalto al Casino de la Unión Liberal en el diario unionista El País, recogido literalmente por La Esperanza, 6/6/1870. 81 Así lo contó Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, en las Cortes. DSCC, núm. 38, 31/3/1869, pp. 776- 777. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 279 tacharon a la unión civil de «concubinato», no «matrimonio». Los revoluciona- rios, decían, «disfrazan con nombres impropios» sus «hazañas»82. El Pensamiento Español fue el más duro al respecto: Los que proponen que el concubinato sustituya al matrimonio, que los españoles se entierren como se entierra a los perros y a los mulos, y que se destierre de las escuelas públicas la enseñanza de toda religión, de toda moral y hasta el sacrosanto nombre de Dios, son unos bárbaros enemigos del género humano83. El registro civil era parte de la libertad de cultos y los católico-monárquicos emprendieron una campaña para denunciarlo. El obispo de Tarragona escribió una exposición a Cortes, publicada por La Esperanza, denunciando que el Go- bierno quería destruir el «elemento social» que constituye la familia con la «de- formidad de un concubinato»84. En marzo de 1869 la campaña en la prensa fue diaria, y el lenguaje muy duro: el matrimonio civil era «fornicaria y se llama con- cubinato», y el Gobierno quería acabar con «los santos lazos de familia», porque la Revolución era fundamentalmente un ataque al catolicismo85. La palabra clave fue «concubinato», repetida a diario en la prensa y tomada por los diputados carlistas. La minoría republicana había solicitado la aprobación del matrimonio civil el 9 de marzo de 1869. Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, consiguió que la retirasen con la promesa de que lo incluiría en el proyecto de Código Civil. Días después, el 31 de marzo, el diputado demócrata Romero Girón propuso un registro civil. La moción fue aprobada por 149 contra 13, que eran los votos de la minoría carlista, más dos unionistas. Cruz Ochoa de Zabalegui tomó la voz en este caso para, después de calificar en tres ocasiones de concubinato al matri- monio civil, exigir al Gobierno que aplicara el Código Penal (artículo 298) a los empleados públicos que se hubieran excedido de sus atribuciones86. El diputado se refería a los alcaldes que habían promovido el matrimonio civil sin que fuera legal. La interpelación de la minoría carlista no llegó hasta el 1 de mayo, y se discutió el día 7. El texto decía que lamentaban que el Gobierno no hubiera im- puesto penas a los empleados públicos que habían autorizado el matrimonio civil, usurpando atribuciones de las Cortes87. El asunto no se retomó hasta que Ruiz Zorrilla llevó el proyecto de ley a las Cortes en diciembre de 1869, en contra de la opinión de los unionistas. El 82 El Pensamiento Español, 5/2/1869. 83 El Pensamiento Español, 8/2/1869. 84 La Esperanza, 6/3/1869 85 El Pensamiento Español, 8/3/869; La Regeneración, 22/3/1869. 86 DSCC, núm. 38, 31/3/1869, p. 777. 87 DSCC, núm. 68, 7/5/1869, pp. 1668-1669. JORGE VILCHES GARCÍA 280 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] nuncio Franchi recomendó la movilización contra el matrimonio civil, lo que fue seguido por una campaña de la prensa católica88. Los promotores gubernamen- tales presentaron la ley como la consecuencia lógica de la libertad de cultos es- tablecida en el artículo 21. Montero Ríos, su defensor, resaltó la similitud con la norma canónica: el matrimonio civil es una expresión de la libertad religiosa del ciudadano y de la igualdad ante la ley. Montero Ríos añadió la seguridad de la indisolubilidad del matrimonio, y un sutil predominio del varón sobre la mujer. Para calmar a la «montaña blanca», Montero Ríos confesó que si el proyecto fuera anticatólico no lo presentaría, porque «antes que progresista soy cató- lico»89. Los críticos sostenían que imitaba la legislación francesa de 1792, cuando era mejor recoger el modelo portugués de 1867 que garantizaba el matrimonio civil para los no católicos. Cruz Ochoa de Zabalegui apuntó que la secularización de la vida social respondía a la «estatolatría, la idolatría del Estado», por la que este debía controlar todos los aspectos de las relaciones humanas y las creencias. El objetivo, dijo, era la «suplantación de la idea religiosa predominante en Es- paña», y pasar al culto al Estado, encarnado en unas Cortes omnipotentes, capa- ces de regularlo todo. Anunció, tras repetir el argumento de defensa de la familia y moral católicas, en especial la referida a la mujer, que pedirían la votación no- minal, pero que la minoría se abstendría90. La minoría carlista participó después en el debate, pero se negó a votar. Cruz Ochoa de Zabalegui había anunciado que no votarían a fin de que su protesta fuera más evidente que una votación, y para mostrar que las Cortes no tenían competencia en la determinación de un sacramento91. La minoría carlista se hizo eco de las protestas de algunos obispos, llegadas a Cortes desde el mes de enero, prodigadas por la prensa carlista du- rante aquel mes de mayo. El proyecto de ley se votó el 14 de mayo de 1870, y fue aprobado por 142 a favor y 34 en contra. 7. LA ELECCIÓN DEL REY En cuanto la opinión pública conoció la aceptación de Amadeo de Saboya se produjo la consiguiente campaña a favor por parte de los periódicos guberna- mentales, y la crítica por los de oposición. La denuncia de los carlistas era simple: no era español y era hijo de un excomulgado por el Papa. A esto se añadió la toma de Roma. La ocupación de la capital de la Santa Sede por las tropas de 88 Cárcel Ortí, 1979, p. 225. 89 DSCC, núm. 269, 29/4/1870, pp. 7560-7570. Sobre el debate acerca del matrimonio civil, Enríquez del Árbol, 1980; Barreiro Fernández, 2010; Espigado Tocino, 2012. 90 DSCC, núm. 265, 25/4/1870, pp. 7431-7442. 91 «Revista de la semana», Altar y Trono, 48, 28/4/1870, pp. 418-419. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 281 Víctor Manuel II fue objeto de protesta por parte de la Asociación de católicos dirigida por Viluma. Presentaron una exposición a las Cortes, firmada por el dipu- tado Vinader, pidiendo al Gobierno español a que instara al italiano a que liberase a Pío IX y le devolviera sus territorios92. Para el 3 de noviembre, algunos dipu- tados católico-monárquicos tenían preparada una proposición para presentar a las Cortes, protestando por la invasión de los Estados Pontificios y la reclusión del Papa. Firmaban Vildósola, Vinader, Ortiz de Zárate y Unceta. Los diputados que suscriben suplican a las Cortes se sirvan acordar que el go- bierno, respondiendo a los sentimientos católicos del pueblo español y a los de justicia de todos los pueblos de la tierra, proteste enérgicamente, y por todos los medios de que puede usar, contra la violencia y la usurpación cometidas por el jefe de la Casa de Saboya al invadir los Estados Pontificios y apoderarse de Roma93. La proposición no pudo presentarse porque faltaban tres firmas a causa de la ausencia todavía del resto de diputados carlistas, algunos de ellos procesados. Sin embargo, ese 3 de noviembre se reanudaron las sesiones de Cortes al objeto de establecer las condiciones parlamentarias para la elección de rey el día 16. La separación de la mayoría gubernamental en esta cuestión fue clara. Los unionistas de Ríos Rosas, partidarios de la candidatura de Montpensier, protestaron porque se privara a las Cortes de un debate sobre los príncipes propuestos, y de un estudio de los documentos del protocolo de la negociación. A Ríos Rosas le secundaron Topete, Figueras y Vinader. El propósito de los monárquicos era se- ñalar que la condición de extranjero de Amadeo de Saboya le privaría del amor del pueblo. Votaron juntos republicanos, montpensieristas y carlistas, pero solo sumaron 55 (los cuatro carlistas citados arriba) frente a los 101 gubernamenta- les94. Aparisi y Guijarro, como secretario de Carlos VII, dio el 8 de noviembre una circular a la prensa carlista para que reprodujeran la Carta-Manifiesto del 30 de junio de 1869, y la que escribió el 8 de junio de 1870. La conducta debía ser, decía el texto, que se considerase nula la elección de Rey por violar las leyes tradicionales y el espíritu católico del pueblo español, y persistía la idea de que las Cortes eran una Asamblea que no representaba al pueblo; de hecho, este «jamás sancionará el voto de ese Parlamento»95. En la sesión de elección de rey las minorías intentaron protestar y entor- pecer la votación todo lo que pudieron. Los republicanos Figueras, Díaz Quintero 92 La Esperanza, 29/10/1870. 93 La Esperanza, 4/11/1870. 94 DSCC, núm. 315, 3/12/1870, pp. 9140-9141. 95 «Circular del Sr. D. Antonio Aparisi y Guijarro a los Directores de los periódicos monárquicos de España», Altar y Trono, 75, 20/11/1870, pp. 1-2. JORGE VILCHES GARCÍA 282 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] y Castelar, por un lado, y los carlistas Múzquiz y Vinader, por otro, interrumpie- ron al presidente todo lo que se podía reglamentariamente. Vinader llegó a leer un comunicado de los diputados Manterola y Tirso Olazábal diciendo que no iban a la votación a pesar de estar invitados por tener «conocimiento y ciencia cierta, según me manifiesta, de que estaban dadas las órdenes, o dispuesto a lo menos, que al poner el pie en territorio español fueran reducidos a prisión». Aquella protesta y técnica obstruccionista obtuvo resultado: la mayoría comenzó a gritar que el diputado carlista saliera de la sala, y las minorías a aplaudir. Continuó Vi- nader su provocación leyendo unas exposiciones de pueblos de Lérida y Guada- lajara pidiendo que las Cortes no eligieran a Amadeo de Saboya «por no ser español, y por ser hijo de un excomulgado, verdugo del catolicismo y carcelero del papa». A las protestas de la mayoría contestó con la petición de una lectura de la bula de excomunión que el papa fulminó contra Víctor Manuel II. En ese momento, Ruiz Zorrilla, presidente de las Cortes, le cortó y se procedió a la votación. El carlista Múzquiz volvió a interrumpir pidiendo leer el reglamento, lo que era una práctica habitual de las minorías para retrasar las sesiones y entor- pecer los procedimientos. Sin éxito, se dio lectura a los diputados presentes y ausentes, contando hasta quince de la Asociación católica-monárquica. En la vo- tación de rey quedaron en la sala diez diputados carlistas, quienes votaron en blanco96. La acusación era que se trataba del «rey de Prim», y en eso coincidieron diputados de los tres grupos referidos y su prensa. Sin embargo, conocido el atentado contra el general Prim, el diputado Vinader se pronunció en las Cortes como el resto: repudió el atentado e hizo un llamamiento al orden. Ortiz de Zárate, Vildósola, Vinader, Unceta, Llauder, García Falces ―los únicos carlistas ya en Cortes― votaron con todos los grupos la primera parte de la proposición presentada para condenar el suceso, pero se abstuvieron, al igual que los repu- blicanos, en la segunda parte, que suponía una moción de confianza al regente Serrano, al presidente de las Cortes y al Gobierno97. Lo mismo ocurrió el día de la muerte de Prim. Cuando se dio conocimiento a las Cortes del triste desenlace, los diputados gubernamentales presentaron un voto de gracias al regente Se- rrano, y las minorías republicana y carlista salieron de la sala. Estos últimos, según confesó Vinader, estuvieron debatiendo su posición en la cuestión antes de vol- ver al salón. Así, entraron cuando se leyó la proposición que unía la demostración del dolor por la muerte de Prim con un voto de confianza al Gobierno. Vinader tomó la palabra para decir que no había podido ponerse de acuerdo con sus compañeros: unos, no dijo quiénes, no quisieron sumarse al duelo por ver en 96 DSCC, núm. 316, 16/11/1870, p. 9165. 97 DSCC, núm. 329, 28/12/1870, pp. 9512-9515. LA MONTAÑA BLANCA. LA MINORÍA CARLISTA EN LAS CORTES MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] 283 Prim al símbolo de la revolución «anticatólica»; otros, como el propio Vinader, reconocían la labor del general en la guerra de África y como enviado a México. Si solo fuera esto, dijo, «yo me asociaría por completo a vosotros y a vuestra proposición». No podía hacer «elogios políticos» a Prim, pero, como cristiano, concluyó, «Dios le haya perdonado y le tenga en su santa gloria»98. CONCLUSIÓN La minoría carlista empeñó sus esfuerzos en la defensa de la unidad católica a través de discursos doctrinales, proposición de enmiendas al proyecto consti- tucional y presentación de solicitudes. Quiso convertirse en la correa de trans- misión de los intereses católicos y conservadores, y que estos se identificaran con la candidatura de Carlos VII. De esta manera, la minoría carlista utilizó las técnicas de control parlamentario clásicas; esto es, asumieron la fiscalización del Gobierno como una técnica jurídica de garantía y control de las medidas guber- namentales en atención a la distinta interpretación de la voluntad nacional. En consonancia, censuraron al Gobierno y a la Regencia como encarnación de la revolución, y se opusieron a toda iniciativa que, en su opinión, dañara dichos intereses. Todo el planteamiento de la minoría se podía resumir en una idea: la Re- volución era contraria al sentir católico de los españoles, y que esa comunión entre el pueblo y el Rey solo la podía proporcionar la unidad católica en la per- sona de Carlos VII99. El objetivo, no obstante, no era convencer a la mayoría parlamentaria y conseguir así la modificación de la decisión de las Cortes; una cámara a la que no veían como representativa del país. Ese parlamentarismo tenía dos finalidades. Por un lado, la minoría carlista quería obstruir la acción legislativa para retrasar lo máximo posible el desarrollo revolucionario, lo que prolongaba una peligrosa interinidad en la que iban apareciendo cada vez con más claridad las diferencias entre los miembros de la coalición gubernamental. En esto no tu- vieron ningún reparo en colaborar con el grupo parlamentario republicano. Por otro lado, la «montaña blanca» quería utilizar las Cortes como lugar de propa- ganda en un momento de expansión organizativa electoral y periodística del car- lismo. Así, los diputados carlistas, o católico-monárquicos, utilizaron técnicas obstruccionistas, el conocido «filibusterismo»; esto es, aprovecharon los medios 98 DSCC, núm. 331, 30/121870, pp. 9566-9567. 99 La minoría republicana empleó en las Cortes constituyentes el mismo mecanismo: la revolución popular había sido republicana, pero el Gobierno había «hurtado» ese sentido. Solamente una República, decían, reflejaba el sentir del pueblo, Vilches, 2015. JORGE VILCHES GARCÍA 284 MEMORIA Y CIVILIZACIÓN 23 (2020): 259-285 [1-27] técnico-jurídicos que ofrecía el reglamento de la Cámara para prolongar las se- siones y retrasar la aprobación de medidas gubernamentales, y emplearon técni- cas físicas, como los altercados por alusiones personales. BIBLIOGRAFÍA Andrés-Gallego, José, «Génesis de la acción católica en España, 1868-1926», Ius canonicum, 13, 26, 1973, pp. 369-404. Aróstegui, Julio, Jordi Canal y Eduardo González Calleja, El carlismo y las guerras carlistas. 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La minoría carlista en las Cortes de la Revolución (1868-1871) Introducción 1. Los nombres de la «montaña blanca» 2. La colaboración entre carlistas y republicanos 3. Los derechos de los católicos 4. La unidad católica y las «sesiones de las blasfemias» 5. Las insurrecciones de 1869 y 1870 6. Contra el matrimonio civil 7. La elección del rey Conclusión Bibliografía Página en blanco