UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

TESIS DOCTORAL

El riesgo país en la inversión extranjera directa 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

Noemi Dans Rodríguez 

Director 

José Antonio Alonso Rodríguez 

Madrid, 2014 

© Noemi Dans Rodríguez,  2014 

iespanta
Nota adhesiva
Los Capítulos V y VI junto con los Apéndices de la tesis han sido retirados por expreso deseo de la autora.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa 

Tesis Doctoral 

Noemi Dans Rodríguez 

Director: Dr. José Antonio Alonso Rodríguez 

Universidad Complutense de Madrid 

Julio, 2014 

 



2 

Índice de Contenidos 

Introducción………………………………………………………………………… 3 

Capítulo I: El concepto de Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa………… 8 

Capítulo II: Modelos de Análisis de Riesgo………………………………………  37 

Capítulo III: Causas y Aspectos relacionados con Riesgo de Violencia Política…  66 

Capítulo IV: Causas y Aspectos relacionados con los Riesgos de Confiscación, 

Expropiación y Nacionalización y del Ejercicio de la Soberanía………………… 105 

Capítulo V: Valoración del Riesgo de Violencia Política y de los Riesgos CEN  

y de Ejercicio de la Soberanía en la IED ………………………………………     146 

Capítulo VI: Estudios de Caso…………………………………………………… 199 

Conclusiones………………………………………………………………………233 

Apéndices………………………………………………………………………….237 

Resumen de la tesis doctoral en inglés ……………………………………………262 

Glosario de siglas..…………………………………………………………………267 

Bibliografía………………………………………………………………………...268 



3 
 

1. Introducción  

 

Esta tesis comenzó a larvarse hace diecisiete años, cuando Álvaro Bustamante decidió 

incluirme en su equipo de técnicos analistas de riesgo país. Álvaro era el Director del 

Servicio de Estudios de CESCE, la aseguradora de los riesgos de crédito a la 

exportación por cuenta del Estado español. Su decisión me hizo releer el Dornbush 

Fischer de macroeconomía en tres días con sus noches, me introdujo en una actividad 

laboral apasionante y marcó mi vida profesional. Fue en el Servicio de Estudios de 

CESCE cuando comencé a aprenderlo todo del maestro Antonio Rengifo y de mi 

querida compañera María José Hernando, con quienes me inicié en el estudio de los 

riesgos políticos. Sé que Antonio, si aún pudiera, estaría horas debatiendo esta tesis, 

cuestionando todo y explorando nuevos puntos de vista desde su visión magistral, como 

solía hacer.  

 

También están en el origen de esta investigación mis compañeros del “Grupo de la 

OCDE de Expertos en Riesgo País”. Durante los ocho años en los que trabajé con ellos 

para elaborar anualmente una clasificación común de riesgo país en más de cien países 

me volví más exigente conmigo para misma, más consciente de lo mucho que me 

quedaba por aprender y más motivada para aprenderlo. Buena parte de esta motivación 

vino de la veteranísima Jenny Cley, Directora del Servicio de Estudios de Coface (la 

aseguradora de los riesgos por cuenta del Fstado francés) y la catedrática del Grupo, 

como le llamábamos los más jóvenes. Jenny me felicitó y se mostró interesada en una 

presentación que hice en un workshop de riesgo país organizado por la Unión de Berna 

sobre las diferencias en los riesgos políticos inherentes a la exportación y a la inversión 

directa. Su interés en este asunto me impulsó a dedicarle después mucho tiempo y 

esfuerzo a una cuestión tan novedosa para un grupo tan experto. Esa primera 

aproximación a los riesgos políticos desde dos prismas distintos, exportadores y 

multinacionales, así como todo el trabajo que he realizado después en ese campo es el 

resultado de una pregunta que nos planteamos con motivo de una mejora en la póliza de 

seguro de inversiones en el exterior de Cesce: en el aseguramiento de los riesgos 

políticos en las operaciones de inversión directa, ¿es válida la clasificación de riesgo 

que elaboramos para operaciones comerciales o debemos hacer algún ajuste?. La 

respuesta fue un primer esbozo de un modelo de análisis específico para la inversión 



4 
 

directa y la implantación en Cesce de un procedimiento de valoración de los riesgos que 

es válido para el cálculo de la prima de seguro en las operaciones de inversión. 

 

Después llegó la decisión de abandonar mi posición de subdirectora en Cesce, que me 

había alejado del análisis del riesgo país, para retomarlo desde las actividades 

académica y de consultoría. Estaba interesada en desarrollar un modelo de valoración de 

los riegos que ayudara a las empresas a tomar decisiones en el exterior, poniendo a su 

disposición la experiencia adquirida en una compañía aseguradora y en la OCDE. Y 

quería hacerlo con rigor académico. Fue entonces cuando tuve la suerte de conocer a 

Ángel Vilariño, otro gran maestro de los riesgos que me dirigió la tesina en la que 

elaboré el primer capítulo de esta tesis, adoptando la metodología de investigación 

académica y abandonando vicios adquiridos durante diez años de análisis ejecutivo. Y 

fue también entonces cuando me reencontré con mi querida amiga Cristina García en mi 

regreso a una toma de contacto con la Universidad de la que ella nunca se alejó. Ella 

sabe que colaborar en el departamento de Economía Aplicada V de la UCM gracias a su 

invitación e impartir seminarios sobre riesgo país a los alumnos de CC. Políticas y de 

Relaciones Internacionales es para mi una enorme satisfacción. 

 

Si todo lo anterior explica los antecedentes y la motivación que dan lugar a esta tesis 

doctoral, podríamos decir que la propia tesis es el fin último de este proceso. Sin 

embargo, esto no es así. Cuando José Antonio Alonso aceptó dirigirme, yo sabía que me 

comprometía a realizar un trabajo a la altura de mi Director. Han sido varias las 

ocasiones en las que he comentado en círculos universitarios que era él quien me dirigía 

la investigación, y en todas y cada una de ellas he percibido claramente en mis 

interlocutores la misma admiración que tengo yo por él. Y, ni qué decir tiene, eso 

presiona a la vez que motiva. Ahora que este trabajo está acabado, estoy enormemente 

agradecida a José Antonio y muyinteresada en iniciar otro muy relacionado con este, 

que es lo que me suele ocurrir después de trabajar con uno de los mejores.  

 

Agradezco sinceramente a todos su aportación a esta tesis y se la dedico a Tomás, Jorge 

e Ignacio por haber soportado mis ausencias durante todos estos años.  

 

Los riesgos a los que se enfrenta una empresa a la hora de abordar un proyecto de 

inversión extranjera directa se pueden dividir en dos grandes categorías. Por un lado es 



5 
 

preciso considerar los riesgos que surgen como resultado de la propia gestión de la 

firma en un país distinto a su país de origen, como por ejemplo errores en la estrategia 

de aprovisionamiento de materias primas o en la valoración del tamaño del mercado 

local. La probabilidad de que ocurran este tipo de riesgos, así como la cuantía de la 

pérdida que puedan ocasionar, dependen del desempeño profesional de los gestores y de 

los directivos del proyecto en el manejo de los recursos, de las oportunidades y de las 

debilidades en la expansión internacional de su negocio. Por otro lado, existen riesgos 

que emanan del propio país receptor de la inversión; de su esfera política, social y 

económica. Los primeros son los llamados riesgos comerciales. Los segundos 

constituyen el riesgo país.   

 

Además de considerar las ventajas competitivas y comparativas que proporciona una 

opción de inversión en un país, las empresas deben considerar los riesgos que implica 

tal decisión. Así pues, la función de decisión de una firma de instalarse en un país 

tendría una expresión como la que se muestra a continuación:  

 

I (P) = M + C + α RC + β RP + ε  

donde: 

I es la función de decisión de la inversión en el país P 

M son las ventajas comparativas del país P 

C son las ventajas competitivas de la multilateral que decide la inversión 

RC es el riesgo comercial en el que incurre la firma en el país P 

α es la valoración del riesgo comercial  

RP es el riesgo país de P 

β es la valoración del riesgo país,  

siendo RP = riesgos extraordinarios + riesgos políticos 

 

Esta investigación se propone profundizar en el conocimiento y en la valoración de los 

riesgos políticos con el fin de facilitar a las multinacionales la toma de este tipo de 

decisiones.  

 

“La gestión del riesgo país tiene una particular relevancia en las operaciones 

internacionales debido a que puede alterar tanto el comportamiento de los inversores 

como la política de los gobiernos de los países receptores. Es conveniente, por lo tanto, 



6 
 

alcanzar un alto grado de conocimiento de este tipo de riesgo para intentar optimizar su 

gestión”. Esta afirmación realizada en Gordon (2008) permite enmarcar la introducción 

de este trabajo, en el que se intenta profundizar en el conocimiento del riesgo país en la 

inversión extranjera directa1 (IED). Las características y las circunstancias económicas, 

políticas y sociales de un país pueden provocar una pérdida económica a los inversores 

extranjeros que operan en él. Ahora bien, ¿de qué manera puede una firma extranjera 

verse afectada por las particularidades sociopolíticas y económicas del país en el que se 

ha instalado?, ¿qué eventos constituyen factores de riesgo país para la IED?, ¿genera un 

país un riesgo de pérdida para la inversión extranjera similar al que genera en las 

transacciones comerciales con el exterior?  

 

El objetivo de este trabajo es obtener un modelo de valoración para tres de las seis 

modalidades de riesgo país que afectan a la IED: el riesgo de violencia política; el 

riesgo de confiscación, expropiación y nacionalización y el riesgo de ejercicio de la 

soberanía en el incumplimiento contractual. En el primer capítulo se realiza un estudio 

comparado basado en la literatura, y no en datos, con el fin de obtener un mapa 

conceptual del riesgo país en la IED. El resultado es la identificación de seis 

modalidades de riesgo país. A partir de ahí la investigación se centra en las tres 

categorías de riesgo mencionadas. Los capítulos segundo, tercero y cuarto permiten 

elaborar el material necesario para el desarrollo del modelo de valoración. En el 

segundo capítulo se plantean las principales metodologías que se utilizan para el análisis 

de los riesgos en general y se identifican los aspectos que las hacen más o menos 

idóneas para la valoración del riesgo país. Este ejercicio permite seleccionar para este 

trabajo la metodología basada en el análisis cualitativo estructurado, por ser la que 

aporta la combinación más eficiente de flexibilidad y objetividad. Con base en la 

literatura econométrica sobre estos tres tipos de eventos, se identifican los factores que 

                                                           
1 La definición de Mossa (2002) de inversión extranjera directa es el proceso por el cual residentes de un 
país adquieren la propiedad de unos activos en otro país con el objeto de controlar la producción y/o 
distribución y otras actividades realizadas por estos. El FMI, en su Manual de Balanza de Pagos define la 
IED como “una inversión que se hace con el propósito de adquirir un interés duradero en una empresa 
que opera en una economía distinta de la suya, siendo el interés del inversor el de tener voz en la gestión 
de la firma”. Por su parte, la UNCTAD en el World Investment Report define la IED como una inversión 
que implica una relación a largo plazo y representa unos intereses duraderos en una empresa residente en 
una economía distinta de la del inversor.  En estas definiciones hay dos aspectos que caracterizan a la 
IED: la duración larga y el control en la gestión. Así pues, para el propósito de este trabajo, 
consideraremos inversión directa como el proceso de creación o de adquisición de activos, excluyendo la 
inversión en cartera, con el propósito de desarrollar a largo plazo una actividad de la que se tiene el 
control en la gestión.  
     



7 
 

están relacionados con ellos y la manera cómo estos inciden en la probabilidad de que 

ocurran aquellos. Por último, se crean los modelos de valoración trasladando las 

conclusiones sobre el comportamiento de los eventos de riesgo a un mecanismo de 

análisis cualitativo estructurado. El resultado es un modelo ordenado de análisis global 

de las tres modalidades de riesgo mencionadas, que recoge las aportaciones de los 

estudios econométricos en los que se apoyan las investigaciones académicas de la 

última década. Con este modelo se logra sistematizar un conocimiento experto 

cubriendo así la carencia que existía a la hora de aplicarlo a la toma de decisiones de las 

empresas. 

 

El modelo de valoración de los riesgos que se obtiene con este trabajo pretende ser útil 

tanto para la toma de decisiones de los inversores en sus planes de internacionalización 

como para el país receptor, cuya estrategia de desarrollo podría estar condicionada por 

la actitud inversora internacional y, por ende, por la percepción de su riesgo país en el 

exterior. 

 

A lo largo de la investigación se hacen referencias al riesgo país en la exportación. La 

razón es que la tarea de valorar los riesgos en el comercio internacional está mucho más 

consolidada y sus resultados, más contrastados, especialmente por la industria 

aseguradora2. Por lo tanto, resulta útil tomarlo como punto de partida. De esta 

metodología de análisis comparado se desprende otra cuestión pertinente: la de 

averiguar si las características de un mismo país pueden originar situaciones o 

percepciones de riesgo diferentes para el inversor directo y para el exportador.  

                                                           
2 La industria aseguradora de riesgos políticos en la IED consta de cuatro tipos de entidades. Los 
aseguradores nacionales proporcionan cobertura por cuenta de sus Estados. Se tata de las agencias de 
crédito a la exportación, que ofrecen también cobertura para las operaciones de inversión, y las entidades 
aseguradoras de inversiones. La cobertura multilateral corre a cargo de seis organizaciones: MIGA, el 
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Africana para el 
Aseguramiento del Comercio, la Corporación Interárabe para las Garantías en las Inversiones y la 
Corporación Islámica de Seguros de Inversiones. Las aseguradoras privadas operan fundamentalmente 
desde Londres, Bermuda y NYC. Por último, las grandes compañías reaseguradotas de los riesgos 
políticos del comercio y de la inversión: las alemanas Munich Re y Hannover Re, la suiza Swiss Re y la 
norteamericana General Re (Unión de Berna, 2010).    



8 
 

Capítulo I 

El concepto de riesgo país en la Inversión Extranjera Directa 

 

1. Introducción 

 

La valoración del riesgo país en el comercio internacional se basa en el estudio de la 

capacidad de pago del importador. En cambio, en las operaciones de inversión 

extranjera directa los riesgos están relacionados con las pérdidas que pueden producir al 

inversor a través de daños en los activos o en la actividad que desarrolle en el país 

receptor de la inversión. La inversión extranjera directa y las exportaciones son 

operaciones de naturaleza distinta y esto hace que la posible pérdida económica 

adquiera también una forma distinta. Debido a estas diferencias es pertinente 

preguntarse por los elementos que pueden causar pérdidas en uno y otro caso y 

plantearse si el riesgo país al que están expuestas las multinacionales en un país 

coincide o no con el que puede afectar a los exportadores en ese mismo país3.  

 

Para responder a estas preguntas, la primera cuestión es profundizar en el conocimiento 

del riesgo país, en su concepto. A ello dedicamos el apartado siguiente de este capítulo. 

A continuación, identificamos cuáles son los eventos que generan las distintas 

modalidades de riesgo país en la IED, lo que nos permitirá ir comparándolas 

simultáneamente con las que afectan al comercio exterior. En la cuarta parte del capítulo 

nos centramos en las modalidades de riesgos que son comunes a ambas operaciones y 

analizamos qué diferencias puede haber en la percepción de los mismos riesgos  cuando 

se analizan desde el prisma del inversor directo y desde el prisma del exportador. 

Nuestra hipótesis es que, en una misma economía, las únicas modalidades de riesgo país 

que afectan igualmente a inversores y acreedores por exportaciones son el riesgo de 

inconvertibilidad de la moneda y el riesgo de cambio. Para el resto de modalidades de 

riesgos que son comunes a los dos tipos de operaciones, la percepción del riesgo puede 

variar desde una y otra perspectiva.  
                                                           
3 Qué duda cabe que una comparación con el riesgo país en los mercados financieros sería también 
pertinente. Sin embargo, los mercados financieros internacionales no son objeto de este estudio. Se trata 
de un riesgo que afecta sólo a los países que tienen acceso a estos mercados, un número de países inferior 
al que nos ocupa, que son los que participan en la globalización como receptores de IED y como 
importadores en el comercio mundial. Los países importadores y receptores de IED, en mayor o menor 
medida, son, en definitiva, la práctica totalidad de los países en desarrollo.  
 
 



9 
 

2. El Concepto de Riesgo País  

 

Hablar de un asunto complejo como el riesgo país exige especificar antes con precisión 

qué queremos decir cuando decimos riesgo. En economía el concepto de riesgo está 

ligado al de pérdida y la medida del riesgo, a la cuantificación de la pérdida. Holton 

(2004) se refiere a la definición de riesgo de Frank Knight (2006, 1º ed.1921) como la 

más famosa y, desde luego, quizá sea la que sienta las bases de buena parte de los 

conceptos en los que luego profundizan otros autores. Knight hace que el concepto 

pivote sobre la capacidad de medir y distingue entre riesgo e incertidumbre. Por riesgo 

se refiere a la probabilidad de que ocurra un hecho incierto cuantificable mediante un 

cálculo objetivo que se puede realizar a priori. En cambio, la incertidumbre es la que no 

se puede medir porque, al estar influida por aspectos subjetivos, es imposible definir 

una función de probabilidad. La incertidumbre está relacionada con el grado de 

desconocimiento, ya sea por un desconocimiento inherente al evento, es decir intrínseco 

a su naturaleza, o motivado por la ignorancia del analista sobre el mismo. Vilariño 

(2001) da un paso más en la conceptualización del riesgo al definirlo como “las pérdidas 

potenciales por encima de un resultado esperado”, lo cual supone que el riesgo no 

implica simplemente la obtención de pérdidas sino que requiere que éstas superen a la 

pérdida esperada. El concepto de riesgo de Markovitz (1952) ya llevaba implícito el 

retorno esperado. Esta dimensión obliga a definir a priori el retorno previsto para poder 

medir el riesgo con base en las desviaciones que se produzcan4. Para valorar el riesgo 

Marcovitz aconseja combinar el uso de técnicas estadísticas con “el juicio de hombres 

prácticos”. Esta participación del análisis cualitativo y humano en el método de 

valoración es el reflejo del carácter subjetivo del riesgo. 

 

Además de la estimación de la probabilidad de que ocurra un evento, la exposición es un 

segundo factor importante asociado al riesgo y analizado también en Holton (2004). 

Este autor plantea que una cosa es que no tengamos certeza sobre un evento y otra 

distinta es que su acontecimiento nos importe de alguna manera. Así pues, un sujeto 

puede estar muy expuesto a un riesgo bajo o viceversa, muy poco expuesto a un riesgo 

                                                           
4 Markowitz calificó a las desviaciones como indeseables, frente al retorno deseable o esperado, y 
relacionó de manera implícita las desviaciones con el riesgo pero no se refirió a éstas expresamente como 
un término equivalente al riesgo. 



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elevado. En ambos casos, la probabilidad de pérdida para el sujeto puede ser parecida.  

Es más, ambos, riesgo y exposición, pueden abarcar un ámbito mayor que el que somos 

capaces realmente de percibir. El sujeto expuesto a un acontecimiento incierto puede no 

conocer el grado en el que está realmente expuesto ni ser consciente del grado de 

incertidumbre que rodea a ese evento. Por esta razón, Holton introduce en el concepto 

de riesgo un tercer elemento, la percepción, definiendo la probabilidad como la 

cuantificación de la incertidumbre percibida y la exposición como el grado de 

afectación que percibimos. El riesgo es lo que percibimos que desconocemos y la 

exposición, lo que percibimos que nos importa ese desconocimiento, es decir, el valor 

de la inversión que está sometida a la probabilidad de sufrir una eventual pérdida.  

 

Esta visión de Holton tiene cierta conexión con la taxonomía del conocimiento de Ralph 

Gommory descrita en Diebold et al. (2010). El conocimiento se deriva de las 

mediciones y las teorías, es decir de la capacidad de hacer mediciones sobre aquello que 

queremos conocer y de la existencia de teorías que permitan, entre otras cosas, 

interpretar esas mediciones. En virtud de las primeras, un evento es conocido si sus 

resultados se conocen y su probabilidad se puede estimar, siendo también posible 

contrastar la validez de esa estimación. Obsérvese que esta definición de lo conocido 

coincide con la definición de riesgo de Knight. En cambio, un evento es desconocido si 

no se le puede asignar una probabilidad a cada uno de sus resultados; se trataría de una 

incertidumbre cuyo riesgo no puede identificarse ex ante. Por último, los eventos que no 

se pueden identificar, o cuyos resultados no se pueden conocer, son incognoscibles5 y 

entran en la categoría de ignorancias. Gommory introduce después el papel que 

desempeñan las teorías a la hora de generar conocimiento. Establece que lo conocido 

tiene su base en un paradigma, lo desconocido se refiere a hipótesis o conjeturas que se 

basan en modelos que no llegan a ser paradigmas, es decir situaciones que generan un 

riesgo epistémico derivado del conocimiento imperfecto del evento y, finalmente, lo 

incognoscible son situaciones que no se explican mediante ningún modelo con 

credibilidad científica. Hasta que se desarrolle un modelo adecuado, estas situaciones 

son incomprensibles, como ocurrió durante varios años con los agujeros negros del 

espacio.   

 

                                                           
5  Unknowable en el original. 



11 
 

Podemos dar un paso más para avanzar en la creación de un marco que nos permita 

delimitar bien el concepto de riesgo: la perspectiva operativa puede servir de nexo entre 

todo lo anterior y el análisis empírico, pues establece que un concepto, en nuestro caso 

el riesgo, es el conjunto de operaciones que lo caracterizan. La corriente operativista fue 

introducida por Percy Bridgman en 1927 en su obra La Lógica de la Física Moderna y 

está basada en el principio de que el conocimiento se deriva de las experiencias y que 

sólo podemos definir un concepto como el conjunto de operaciones en los que tal 

concepto se manifiesta, o a través de las cuales lo experimentamos. Es evidente que, 

desde este punto de vista, lo que no se percibe no se puede definir. Así pues, 

operativamente sólo podemos aspirar a trabajar con el riesgo percibido, teniendo 

siempre presente que estamos dejando de abarcar un componente del riesgo que no es 

perceptible, no es definible o no es medible. De todo ello se deriva que es estéril 

preguntarnos si una determinada valoración del riesgo mide efectivamente el riesgo 

porque stricto sensu no es factible. Al hablar de valoración del riesgo nuestra tarea será 

averiguar si una valoración logra medir el riesgo percibido de una manera que resulte 

sencillamente útil para mejorar su manejo.  

 

En economía, las contingencias no son previsibles. Esto, sin embargo, no quiere decir 

que no podamos acotarlas o que no podamos delimitar los contornos de los fenómenos 

que las ocasionan. Volviendo a la definición de Knight y atendiendo a su concepto de 

riesgo, al hablar de riesgo no podemos considerar también la probabilidad subjetiva o la 

incertidumbre inherente a algunos riesgos de la esfera de las ciencias sociales, cuyo 

comportamiento es inexacto al estar influido por  interpretaciones y por juicios6. Por lo 

tanto, aunque queramos abarcar la mayor parte del riesgo en nuestro análisis no 

podemos aspirar a incluir también las incertidumbres. Esto es especialmente 

significativo en el análisis del riesgo país, cuyos componentes son, como luego se verá, 

no sólo factores económicos sino también políticos y sociales. Quizá las definiciones 

que mejor reflejan todo este pensamiento son la de David James, citada en Gordon 

(2008): “El riesgo país es humano, subjetivo, severo e impredecible” y la de Vilariño 

(2001): “El riesgo es un concepto difícil, escurridizo, que se resiste a ser encerrado en 

                                                           
6  La economía del comportamiento o behavioural economics estudia el efecto de los factores sociales, 
cognitivos y emocionales en las decisiones económicas de los individuos y las instituciones y sus 
consecuencias en los precios, la rentabilidad y la asignación de recursos.  



12 
 

modelos formales (…). No es sorprendente esta dificultad si pensamos que detrás de los 

riesgos se encuentra toda la complejidad de la realidad económica y financiera”.  

 

En este trabajo y en las conclusiones que de él obtenemos tenemos presente todas estas 

limitaciones. Con base en todo lo anterior, el marco teórico más adecuado para nuestro 

estudio del riesgo país en la IED debe tener un enfoque operativo y una visión subjetiva 

del riesgo. Además, estamos analizando posibles pérdidas que se derivan de eventos 

protagonizados por el hombre y por la sociedad. Esto puede requerir ir más allá de los 

modelos econométricos para hacer una interpretación de los eventos con base en las 

consecuencias que de ellos se han derivado a lo largo de la geografía y de la historia. 

Así pues, como complemento al resultado del modelo que se desarrolla en esta 

investigación puede ser necesaria una valoración cualitativa adicional que contribuya a 

determinar el ámbito y el grado de incidencia de los fenómenos en la probabilidad de 

pérdidas económicas.   

 

Nuestro análisis se fundamenta también en la aportación de Holton sobre la percepción. 

Esto tiene que ser necesariamente así porque los aspectos políticos, sociales y 

económicos son en buena parte desconocidos, en cuanto que a menudo no existe base 

empírica suficiente que proporcione información suficiente para conocer los eventos y 

sus circunstancias y en ocasiones tampoco existen paradigmas que permitieran procesar 

esa información con rigor. Incluso existe un componente incognoscible debido a que, 

hoy por hoy, ignoramos aspectos que pueden constituir en el futuro eventos de riesgo 

aún no identificados.  

 

Hasta ahora nos hemos referido al riesgo país pero a menudo se utilizan los términos 

riesgo país y riesgo político indistintamente, tanto en la literatura académica como en la 

industria aseguradora. Ambos conceptos son distintos y diferentes también del riesgo 

soberano. Empecemos por este último, que se refiere a la exposición a una pérdida en 

operaciones transnacionales con el Estado o con el sector público de un país y está 

asociado a una eventual posición deudora de este según Moosa (2002) y Simon (1992). 

Así entendido, el riesgo soberano no existe en la inversión extranjera directa. Sin 



13 
 

embargo, en dichas operaciones sí hay inherente un riesgo de ejercicio de la soberanía 

que trataremos con detalle más adelante. 

 

El riesgo país es un concepto mucho más amplio. Moosa (2002) lo define como 

“exposición a una pérdida económica en operaciones transnacionales causada por 

eventos producidos en un determinado país que están, al menos en cierto modo, bajo el 

control de gobierno”. Ahora bien, estos eventos pueden ser de carácter económico, 

como es el caso de una inflación galopante, un deterioro del déficit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos o un sobreendeudamiento externo, pero también 

pueden ser de carácter político, como la inseguridad jurídica o los cambios normativos. 

Incluso algunos eventos económicos en el ámbito empresarial, por ejemplo la quiebra 

de una empresa por falta de financiación bancaria o por una caída acusada del consumo, 

son consecuencia directa de la gestión de las autoridades económicas del país. Así pues, 

ambos aspectos, económicos y políticos, tienen su origen último en la política. Esta es la 

razón por la que se utiliza la expresión riesgo político en referencia al riesgo país.  

 

El término político es quizá más sencillo de precisar que el de riesgo. Por político 

podemos referirnos a las personas que intervienen en las cosas del gobierno y en los 

asuntos del Estado y también a la actividad de quienes rigen los asuntos públicos. Así 

pues, el riesgo político se origina en las decisiones de los gobernantes. Ahora bien, qué 

duda cabe que la actividad política puede estar influida, además, por determinados 

grupos sociales que intervienen en la esfera pública con sus acciones y con sus 

opiniones. Entre los agentes que pueden influir en las decisiones de los gobernantes es 

preciso incluir a los colectivos que puedan aspirar a sustituirlos y a los ciudadanos que 

pueden influir en la gestión de los primeros y de los segundos. A esta lista cabe añadir al 

propio inversor pues, en algunas ocasiones, las causas que generan la pérdida se derivan 

de decisiones sociopolíticas cuyo origen está únicamente en las propias características 

de la firma o en la actitud de ésta en el país.  

 

En definitiva, los agentes que pueden generar riesgo político en la inversión extranjera 

directa en un determinado país son los gobernantes, los que aspiran a sustituirlos, 



14 
 

algunos grupos sociales con capacidad para influir en la gestión del gobierno y la propia 

firma inversora, sus características o su actitud.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, además de los eventos de carácter económico y político, 

existen sucesos de carácter medioambiental que pueden ocasionar pérdidas a los países 

y a los agentes que operan en ellos. Se trata de fenómenos como las corrientes oceánicas 

conocidas como “el niño”, que indicen notablemente en Perú cuando se manifiestan, o 

como los tsunamis asociados a los terremotos marítimos que amenazan especialmente a 

países localizados en zonas sísmicas, entre otros. Si pensamos, por ejemplo, en el 

interés de un inversor por construir un complejo hotelero en las Islas Marshall y 

valoramos el riesgo país al que puede estar expuesto, encontramos que estas islas 

pudieran estar en peligro si se confirmara el aumento en el nivel del mar que prevé la  

comunidad científica internacional. Hay varias islas en el océano Pacífico que podrían 

sumergirse si esto se confirmara. Este tipo de sucesos constituyen eventos de riesgo país 

pero no son de naturaleza política o económica sino medioambiental, y es evidente que 

escapan al control de los gobiernos7. Se podría argumentar que la gestión de las 

pérdidas que ocasionan son responsabilidad última de los gobiernos. Incluso se podría 

plantear que, tratándose de fenómenos meteorológicos, se ha comenzado a estudiar la 

relación entre la actividad industrial y la actitud ciudadana con un aumento en la 

probabilidad del suceso, aspecto que podría corregirse mediante políticas reguladoras. 

Desde esta perspectiva, el riesgo medioambiental podría considerarse un riesgo político. 

Sin embargo, por el momento y hasta que la comunidad científica avance más en el 

análisis del impacto humano en los fenómenos medioambientales, consideraremos el 

riesgo medioambiental como un riesgo país pero no como un riesgo político. Podemos 

decir que, hoy por hoy, el riesgo país en la IED se compone de los riesgos políticos más 

el riesgo medioambiental.   

 

Una vez relacionadas todas las categorías de riesgo país, en preciso señalar que la 

dinámica cambiante puede hacer también que en el futuro desaparezca la percepción de 

algunas de ellas o incluso que aparezcan otras nuevas. Las tecnologías de la 

                                                           
7 Obsérvese que estamos considerando el riesgo medioambiental como riesgo país pese a que escapa al 
control de los gobiernos. Esto contradice la definición de riesgo país de Moosa (2002), que establece que 
los eventos de riesgo país están bajo el control del gobierno. Nosotros consideramos a este último tipo de 
eventos como riesgos políticos.  



15 
 

información y la comunicación y el uso que se haga de ellas para provocar daños en los 

sistemas informáticos de gobiernos, instituciones o empresas pudieran convertirse en un 

evento de riesgo. En este sentido, se especula sobre un ataque con virus troyanos contra 

los sistemas de las instalaciones nucleares en Irán y sobre la caída de internet en Estonia 

durante tres semanas en abril de 2008, que afectó a los sistemas de algunas 

Instituciones, periódicos y bancos y que fue provocada como respuesta a la retirada de 

un monumento a la memoria de la revolución rusa de 1917. Estos daños pueden suponer 

una pérdida económica en sí mismos o pueden generar desestabilización política que 

acabe dando lugar a una pérdida. La compañía aseguradora británica Lloyd´s contempla 

ya el surgimiento de este tipo de riesgos entre las modalidades de riesgo país en su 

Memoria de 2010. Una década antes,  Vilariño (2001) incluía ya el riesgo tecnológico 

dentro de los riesgos operativos, definiéndolo como cualquier discrepancia que presente 

una operación económica o financiera entre “lo que debería ser y lo que realmente es”. 

Este riesgo abarca tanto errores como intencionalidad. En la medida en que se haga uso 

de ellas en el futuro para provocar daños en los sistemas informáticos de gobiernos e 

instituciones, podría convertirse en una nueva modalidad de evento de riesgo país que, 

llegado el caso, será preciso analizar.  

 

3. Los Riesgos Políticos en la Inversión Extranjera Directa. 

 

Como se ha señalado anteriormente, cualesquiera que sean sus causas, el riesgo en 

economía tiene como consecuencia una probabilidad de pérdida. En el riesgo de crédito8 

la pérdida se deriva del impago de una deuda. Un exportador, un tenedor de bonos 

soberanos o corporativos o un banco financiador están todos ellos expuestos a un mismo 

riesgo, el de impago. En cambio, el inversor directo puede ver materializada su pérdida 

de diversas maneras. Un daño en los activos instalados en el país o la paralización de las 

actividades serían dos ejemplos. No es preciso que se produzca un cese completo de las 

actividades pues se dan casos en los que acontecimientos como rescisión de contratos, 

                                                           
8  Vilariño (2001) define el riesgo de crédito como la probabilidad de sufrir una pérdida originada por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago y especifica sus causas: retroceso en la 
solvencia de los prestatarios relacionado con problemas de liquidez, pérdidas continuadas e incluso 
quiebra en el caso de empresas, o por disminución de los ingresos en las familias, aunque también puede 
producirse por ausencia de voluntad de pago. Y añade: “la modelización del riesgo de crédito ha 
evolucionado desde el planteamiento que consideraba únicamente como suceso desfavorable el 
incumplimiento del pago, a un enfoque más amplio, donde se contemplan otros sucesos relevantes como 
los cambios en la calidad de los agentes acreditados, aunque no se produzca el incumplimiento”.    



16 
 

recortes en el suministro de energía, racionamiento de insumos locales o reducción de 

tarifas del servicio que la empresa proporciona provocan un recorte en la actividad que 

se refleja en un deterioro de la cuenta de resultados. Algunos autores como Heldrum 

(2000) y Herberg (2002) incluyen entre las consecuencias del riesgo país en la IED la 

pérdida de rentabilidad mientras que Simon (1992) se refiere exclusivamente a la 

pérdida derivada de la incapacidad para repatriar capitales, dividendos o beneficios. Por 

su parte, el Banco Mundial, a través de su Agencia Multilateral de Garantías para las 

Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), define el riesgo político como “riesgos 

asociados a las acciones del gobierno que deniegan o restringen el derecho de un 

inversor o propietario a usar o beneficiarse de sus activos o bien reducen el valor de la 

firma”. En este trabajo consideramos como consecuencias del riesgo las pérdidas 

económicas derivadas de i) la incapacidad para transferir capitales al exterior9, ii) del 

daño o la pérdida de valor en una parte o en la totalidad de los activos y iii) del cese 

total o parcial de la actividad10.  

 

Puesto que estamos considerando varias modalidades de pérdida, que se han 

mencionado en el párrafo anterior, así como varios aspectos que pueden generarlas, 

económicos, políticos y sociales, es previsible que los eventos de riesgo país sean 

también diversos. Pero antes de identificarlos necesitamos tener presentes las 

características que queremos que cumplan esos eventos para que adquieran esa 

categoría (Vilariño, 2001). El evento que ocasione una pérdida debe estar fuera del 

control del inversor, pues de otra manera cabría la posibilidad de que la firma actuara 

contra él perdiendo así su condición de riesgo país. Por la misma razón, la probabilidad 

de que el evento ocurra debe ser reducida, ya que de lo contrario se desarrollarían los 

factores necesarios para  eludirla creándose así un contexto diferente al del análisis del 

riesgo y, por último, su realización debería tener consecuencias severas o al menos 

suficientes para que su análisis, valoración y gestión sean pertinentes.  

 

                                                           
9  Generalmente, el inversor directo estará interesado en transferir al exterior, fundamentalmente repatriar, 
beneficios, dividendos y capitales desinvertidos.  
10 Si este trabajo estuviera orientado a la actividad aseguradora estaríamos obligados a acotar con 
precisión el grado de paralización de la actividad y de reducción del valor de los activos a partir del cual 
consideramos materializada una pérdida. Como no es el caso, consideramos suficiente con delimitar el 
concepto de pérdida sin necesidad de tener en consideración su cuantía.  



17 
 

Si bien el concepto de riesgo país tiene muchas definiciones y genera bastante debate, 

hay un más que aceptable grado de consenso en cuanto a los eventos que provocan 

situaciones de riesgo para la IED. Y esto es así tanto en la literatura académica como en 

la industria aseguradora. Hemos comparado siete fuentes, siendo una de ellas la visión 

agregada de dieciséis compañías aseguradoras por cuenta de sendos Estados de países 

de la OCDE (Export Credit Agencies o ECAs, por su denominación en inglés) y otra la 

de MIGA. Una tercera fuente es la OCDE, otra es la visión de Iranzo (2008) publicada 

por el Banco de España y el resto son autores académicos y en activo en empresas 

multinacionales. La tabla I.1 recoge los eventos que han identificado cada una de ellas. 

Todas las fuentes coinciden casi sin matices en los cuatro primeros eventos de la tabla. 

MIGA menciona al terrorismo junto con el riesgo de guerra y violencia política, aspecto 

que analizaremos más adelante. En cuanto a la actitud de los gobiernos, el quinto evento 

de la tabla, las fuentes incluyen aquí varias circunstancias en un mismo concepto, que es 

calificado por Meldrum (2000) como soberano. En nuestra opinión este concepto 

merece una disección que permita analizar sus componentes. Por un lado están los 

cambios legislativos que un gobierno pueda introducir como parte de su política 

económica, industrial, de desarrollo, etc. Un ejemplo serían los cambios de los precios 

en servicios públicos, como la electricidad. En estos casos el evento de riesgo puede 

afectar a empresas nacionales en la misma medida que a las extranjeras.  

 

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     18 

 
Tabla I.1. Eventos que determinan los riesgos políticos en la IED 

 
 

  Berne Union (2012) 
 

 
Simon (1992). 

 
Meldrum (2000) 

 
Herber (1992) 

 
MIGA (2011) 

 
OECD (2009) 

 
Iranzo (2008) 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Violencia Política  
 
 
Incumplimiento de 
contratos o de  
préstamos.  
 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Violencia Política  
 
 
Cambios en la  
regulación. 
Ruptura de 
compromisos.   
 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Guerra y Violencia 
Política  
 
Soberano: Cambios 
en la  regulación. 
Voluntad de pago.   
 
Relaciones 
bilaterales. 
Localización. 
Riesgo de Cambio 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Guerra y Violencia 
Política. Disputas 
territoriales.   
Cambios 
regulatorios 
adversos. 
Incumplimiento 
contractual.  
 
Política Económica. 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Guerra, terrorismo, 
inestabilidad social.  
 
Incumplimiento de 
compromisos, 
ruptura de contratos, 
cambios 
regulatorios 
adversos.   
 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Guerra y violencia 
política  
 
Incumplimiento de 
obligaciones 
(deudas, 
contractuales)  
 

Restricciones a la 
transferencia de 
capitales. 
 
Limitaciones a la 
convertibilidad. 
 
Nacionalización, 
Expropiación y 
Confiscación 
 
Guerra y violencia 
política  
 
Incumplimiento de 
compromisos.   
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las obras citadas



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     19 

Por otro lado está el incumplimiento de compromisos contractuales asumidos en 

relación con una IED determinada. En esta categoría estarían por ejemplo la restricción 

del acceso a materias primas locales, cortes en el suministro de energía o de agua o 

ruptura de licencias de explotación de recursos naturales que se habían firmado 

previamente. Es más, dentro de este capítulo de eventos se puede distinguir entre 

incumplimiento de compromisos generalizado, que afectaría a toda la inversión 

extranjera sin hacer distinciones de país de origen o sector, o el que está dirigido a una 

determinada inversión de manera discriminada.  

 

Otra cuestión mencionada expresamente por Herber (1992) como un evento específico 

en la IED y que Meldrum (2000) asocia al riesgo de transferencia es la voluntad de 

pago. No compartimos esta visión ya que en las operaciones de inversión directa el 

Estado no tiene una posición deudora con el inversor, salvo algunas excepciones que se 

puedan producir circunstancialmente. Nosotros no consideramos el impago por parte 

del Estado como un evento relacionado con las operaciones de IED y por lo tanto no lo 

tendremos en cuenta en este estudio.  

 

En la tabla constan también elementos como la política económica, que incluiremos en 

el capítulo de cambios regulatorios; el riesgo económico, que en las operaciones de 

inversión directa sería la causa última de los riesgos de transferencia y de 

convertibilidad; y las relaciones bilaterales, que pueden influir en los riesgos soberano, 

de confiscación, expropiación y nacionalización así como en el de guerra. Por último, 

no cabe duda que variaciones acusadas e inesperadas en el tipo de cambio pueden 

provocar pérdidas considerables e imprevistas a la empresa extranjera, aunque se trate 

de un riesgo mencionado únicamente  por Meldrum (2000).  

 

Hemos establecido estas relaciones entre los eventos y las modalidades de riesgo que 

mencionan estos autores para poder agrupar los primeros e incluirlos de forma 

ordenada en la categoría del riesgo que corresponde a cada uno. Esta ordenación facilita 

el análisis comparativo que queremos realizar. Todo lo anterior nos permite delimitar 

seis categorías de riesgos políticos para la inversión extranjera directa:  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     20 

i) el riesgo de convertibilidad 

ii) el riesgo de transferencia de capitales 

iii) el riesgo de tipo de cambio 

iv) el riesgo de confiscación, expropiación y nacionalización o riesgo CEN por sus 

siglas 

v) el riesgo de guerra, desestabilización sociopolítica o terrorismo y 

vi) el riesgo de incumplimiento de compromisos y de cambios regulatorios.  

 

Retomando nuestra función de decisión de inversión,  

I (P) = M + C + α RC + β RP + ε  

RP = riesgos extraordinarios (RE) + riesgos políticos (Rp),  

 ahora sabemos que,  

Rp = v VP + c CEN + s S + r Tr + o Co + t Tc 

Donde: 

VP es el riesgo de violencia política y v es su valoración 

CEN es el riesgo de expropiación, nacionalización y expropiación y c es su 

valoración 

S es el riesgo de ejercicio de la soberanía y s es su valoración 

Tr es el riesgo de transferencia y r es su valoración  

Co es el riesgo de convertibilidad y o es su valoración 

Tc es el riesgo de tipo de cambio y t es su valoración 

 

A continuación se describen cada una de estas modalidades de riesgo para continuar en 

los capítulos sucesivos con la conceptualización de VP, CEN y S así como con el 

cálculo de v, c y s.  

 
 
i) Riesgo de convertibilidad 

La convertibilidad es el cambio de moneda local a una moneda aceptada 

internacionalmente realizado dentro de las fronteras del país que acoge la inversión. La 

limitación a la convertibilidad es el resultado de una cantidad de divisas insuficiente, es 

decir de una incapacidad de hecho de convertir moneda. El origen del riesgo de 

convertibilidad es, generalmente, de carácter económico y fundamentalmente de 

balanza de pagos. El déficit por cuenta corriente de balanza de pagos puede coexistir 

con un endeudamiento en divisas elevado, combinación que provoca un deterioro de 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     21 

este riesgo. Se trata de una circunstancia que está fuera del control del sector privado y 

que afecta a la globalidad del país por encima de los intereses específicos de los 

distintos operadores económicos. De ahí que no haya dudas en clasificarlo como riesgo 

país. Al tratarse de un riesgo económico con un origen en la balanza de pagos y en el 

nivel de deuda en divisas, tenemos que hablar de un riesgo país de naturaleza más 

económica que política, con la salvedad a la que ya hemos aludido de que la causa 

última es la política económica11.  

 

ii) Riesgo de transferencia de capitales 

La transferencia es la posibilidad de transferir fondos al exterior. La empresa inversora 

puede estar interesada en transferir al exterior, generalmente repatriar, los capitales 

desinvertidos, los dividendos obtenidos en la gestión del negocio o la amortización de 

préstamos concedidos por un banco extranjero o de la matriz. Este riesgo se deriva de  

alguna razón de orden normativo que, habiendo adquirido la divisa, no permita su 

transferencia al exterior. Las restricciones a la transferencia son siempre una decisión 

política, una prohibición. Es más, si analizamos la causa que puede llevar a las 

autoridades a impedir la repatriación de capitales a los inversores extranjeros podríamos 

encontrar una razón sin ningún origen de orden económico. El riesgo de transferencia 

en la IED es un riesgo político puro.   

 

Lo anterior sienta las bases preliminares para responder a nuestra pregunta sobre si los 

riesgos de transferencia y convertibilidad afectan igualmente a inversores y a 

exportadores, cuestión que resolveremos en el apartado siguiente. Pero podemos 

plantearnos un aspecto adicional y preguntarnos si el surgimiento de un riesgo de 

convertibilidad o de un riesgo de transferencia es consecuencia de la política económica 

del gobierno de un país o del orden financiero internacional. Podríamos decir que parte 

del origen del problema está en el endeudamiento, pero deberíamos únicamente 

atribuirlo a la gestión pública si toda la deuda fuese deuda pública. De la misma 

manera, los riesgos tendrían su origen en la política económica nacional si el sector 

financiero y todos los flujos de entrada y salida de capitales estuvieran en manos del 

sector público, o fuertemente regulados por este. Sin embargo, la experiencia muestra 

                                                           
11  Si consideramos las operaciones de compra en las que el deudor es el sector público la salud de las 
cuentas públicas será otro indicador determinante en la estimación del riesgo de transferencia en el 
comercio internacional.  
 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     22 

crisis financieras y de deuda que tienen lugar en un contexto mundial de liberalización 

de capitales y de desregulación. Ambos han sido impuestos a escala global de manera 

ineludible para la inmensa mayoría de países, so pena de entrar en un enfrentamiento 

con los financiadores y con los socios comerciales que tendría unos costes inasequibles 

para sus economías. ¿Son los gobiernos los únicos responsables de estas situaciones?, 

¿lo son en parte lo bancos?, ¿o lo son también los organismos internacionales, a los que 

les correspondería regular la actividad financiera entre países o al menos dejar un 

mayor margen para las políticas económicas autóctonas?. ¿Se trata de un riesgo 

circunscrito al ámbito del país o deberíamos hablar de un riesgo país global o quizá 

regional? Sin duda son cuestiones muy pertinentes que suscitan la idea de que los 

eventos de riesgo país son cambiantes en función de la evolución del contexto mundial. 

No vamos a tratar aquí la cuestión de la evolución del riesgo país al riesgo país de la 

globalización, pero pudiera ser objeto de otra investigación relacionada con esta. 

 

iii) Riesgo de cambio 

Las variaciones acusadas en los tipos de cambio de la moneda local frente al dólar o al 

euro pueden ser causa de pérdidas, o de ganancias, considerables para el inversor 

extranjero. El riesgo de cambio a corto plazo puede ser fácilmente cubierto con los 

mecanismos disponibles en el sistema financiero, mediante operaciones a plazo en el 

mercado de divisas por ejemplo, pero a largo plazo, que es el horizonte en el que opera 

la inversión directa, los seguros de cambio no son eficientes. Esto da lugar a otra 

modalidad adicional de riesgo país que afecta al inversor en cuanto a que puede restar 

valor a los beneficios, dividendos o capitales repatriados y al balance de la empresa, 

que deberá consolidarse con los de la matriz y otras empresas del grupo, denominados 

en divisas.  

 

Las fluctuaciones pueden estar motivadas por una decisión política de devaluar la 

moneda o de modificar el sistema cambiario, sustituyendo uno de tipos fijos por otro de 

bandas cambiarias con ajuste progresivo, por ejemplo. Pero también pueden estar 

motivadas por el propio mercado de divisas, en los casos de tipos de cambio libres. En 

el primer caso, el carácter político del riesgo es incuestionable mientras que en el 

segundo, el riesgo es el resultado del funcionamiento del mercado internacional de 

divisas y de capitales en el que pueden producirse ataques especulativos contra la 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     23 

moneda local. En cualquier caso, incluso cuando la depreciación es el resultado de este 

último escenario, existen mecanismos en manos de las autoridades monetarias del país 

para esterilizar estos ataques. Así pues, consideramos el riesgo de tipo de cambio como 

un riesgo político, de política económica, sea cual sea el origen de las fluctuaciones.  

 

iv) Confiscación, expropiación y nacionalización (CEN) 

Las tres acciones gubernamentales, confiscación, expropiación y nacionalización, se 

refieren a acciones legales o administrativas que pueden producir una minoración en los 

derechos de propiedad o un cese de las actividades de la empresa. Esta es la razón por 

la que están en el mismo capítulo, aunque se trate de conceptos distintos que debemos 

diferenciar.  

 

La expropiación es la transferencia de la titularidad de los activos al Estado que ejercen 

las autoridades del país receptor en virtud de un derecho que les ha sido conferido por la 

justicia. El riesgo para el inversor radica en la no percepción de una indemnización 

económica o justiprecio o bien en la percepción de una indemnización injusta, inferior a 

la que correspondería legalmente. Existe otro tipo de inferencia en los derechos del 

inversor que también constituye una forma de expropiación. La industria aseguradora la 

ha llamado “expropiación progresiva” y se refiere a los actos desarrollados por los 

gobiernos con la intención de aumentar progresivamente el control sobre la inversión 

que, si bien no ocasionan un cese de actividades completo en un momento determinado, 

sí pueden causar una merma importante y progresiva de ingresos a lo largo de un 

período. Los cortes frecuentes de suministro eléctrico o el encarecimiento y la merma 

en el suministro de materias primas locales son dos ejemplos de estos actos que 

constituirían un evento de riesgo.  

 

La confiscación se refiere a cualesquiera actos de transferencia de la propiedad de 

activos al Estado que no se atengan a los requisitos legales mencionados anteriormente. 

En cambio, la nacionalización consiste en la transferencia de la propiedad privada al 

Estado cualesquiera sean las razones que justifiquen tal decisión. La confiscación y la 

nacionalización son actos diferentes a la expropiación, como veremos en el capítulo IV, 

pero los tres guardan un punto en común: alteran la titularidad de los activos o de las 

acciones de una firma y como tal, suponen un acto de enajenación de la propiedad. Los 

riesgos de expropiación, confiscación y nacionalización no afectan a las operaciones 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     24 

comerciales, de manera que estamos ante una modalidad de riesgo específica de las 

inversiones directas.  

 

v) Riesgo de guerra y desestabilización sociopolítica 

Aunque todo el mundo tiene en mente lo que es una guerra, cuando se trata de la causa 

de una pérdida económica es necesario ser exhaustivos en la definición y acotar el 

término con precisión. Una manera útil de hacerlo es partir de una interpretación amplia 

de las situaciones de guerra que incluya todas las posibles circunstancias que puedan 

ser consideradas como tal y determinar después cuáles de esas circunstancias deberían 

considerarse eventos de un riesgo político para la inversión directa. El objetivo es 

analizar las motivaciones y el alcance de la desestabilización del orden social. Así pues, 

en función del porcentaje de la población implicada y de las motivaciones tenemos las 

siguientes modalidades de desestabilización (Ibáñez, 2001).   

 

La guerra es el conflicto armado entre dos o más naciones o entre bandos de una 

misma nación que utilizan la violencia para ganar el derecho a gobernar, a constituirse 

como Estado o a apropiarse de un recurso ajeno, como por ejemplo un territorio. En la 

actualidad es menos frecuente que entre dos o más naciones se declare abiertamente la 

guerra de forma explícita. Puede ocurrir, aunque parezca paradójico, que entre dos 

países enfrentados coexistan acciones violentas con algún modo de relación pacífica o, 

al menos, de reminiscencias de la relación pacífica previa. India y Paquistán, Irán e 

Iraq, Israel y la franja de Gaza o Estados Unidos e Irán son ejemplos de deterioro en las 

relaciones entre países en los que no ha mediado una declaración formal de guerra pero 

sí se desarrollan actos hostiles suficientemente graves. Se trata de casos en los que 

permanecen abiertas las legaciones diplomáticas pero la tensión y la hostilidad entre 

ellos obliga a considerarlos como eventos de violencia política.  

 

Una rebelión es una revuelta contra el Estado que hace referencia a una actitud 

individual o de grupo con connotaciones legales contempladas en el ordenamiento 

jurídico. La Real Academia Española de la Lengua la define como “delito contra el 

orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el 

levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de 

derrocarlos”. Es importante incidir en el hecho de que la rebelión es una acción que 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     25 

involucra a un colectivo relativamente reducido, ya que si adquiriera un carácter 

colectivo entraríamos en la categoría de insurrección, si tenemos en cuenta que la Real 

Academia Española de la Lengua define insurrección como el “levantamiento, la 

sublevación o la rebelión colectiva de una nación o un pueblo”. De nuevo nos estamos 

refiriendo a un acción contra el poder político. Cuando se logra el objetivo político y 

tiene lugar, por ejemplo, un cambio en las instituciones o en el gobierno, el término 

entra en la categoría de revolución. Las diferencias entre unos y otros se establecen en 

términos del grado de apoyo popular que representen, del carácter político de los 

objetivos que reivindiquen y del alcance de las acciones, es decir de la consecución del 

objetivo. A menudo es difícil prever a priori el alcance que puede tener una acción 

individual que va adquiriendo mayor envergadura tanto en el porcentaje de población 

implicada como en las miras de los objetivos que se pretenden. La protesta personal de 

un joven en Túnez que se quema “a lo bonzo” en diciembre de 2010 ante las 

dificultades económicas que sufría derivó en la revolución tunecina, en la huida del 

presidente Ben Alí, en la celebración de elecciones para una Asamblea Constituyente y 

en la designación del nuevo Presidente Marzouky  un año después.    

 

Muchas reivindicaciones protagonizadas por colectivos más o menos numerosos no 

suelen ser, en su origen, de carácter político sino que suelen estar relacionadas con las 

condiciones del mercado de trabajo y con la calidad de vida. En ese caso no serían 

eventos de riesgo país. Ahora bien, en otros casos este tipo de protestas ha 

evolucionado hasta estadios en los que sí han logrado modificar el programa político o 

incluso derrocar gobiernos, como en Argentina a comienzos de la década del 2000 o, 

mas recientemente, en Túnez o en Egipto. Es difícil establecer la frontera entre lo que 

son manifestaciones públicas de un rechazo más o menos amplio a la gestión política y 

lo que se convierte en movimientos masivos con capacidad potencial para la 

desestabilización política y para la generación de pérdidas a la IED. En esa frontera es 

donde surge el riesgo país. En el caso del exportador, el riesgo se deriva del deterioro 

de la economía y, por ende, de la insolvencia que pueda provocar la desestabilización 

sociopolítica en general. En cambio, los movimientos sociales que generan un riesgo de 

pérdidas para el inversor extranjero son únicamente los que surgen con esa motivación 

específica, alentados por sentimientos nacionalistas o por un conflicto de intereses 

provocado por la actividad o por la actitud de los inversores en territorio extranjero. Las 

empresas tienen que ser conscientes de cómo sus prácticas pueden colisionar con los 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     26 

intereses de la sociedad en la que se han instalado. Desconocer estos hechos es un 

profundo error de gestión empresarial que cometen muchos inversores extranjeros en 

muchos países. En estos casos es en su propia actividad donde está el origen y la causa 

del riesgo.  

 

El terrorismo combina un componente político con otro componente criminal. La 

actividad terrorista es una acción criminal penada por las leyes de casi todos los países. 

Las motivaciones suelen ser de índole religioso, ideológico o nacionalista y, en última 

instancia, desembocan en reivindicaciones políticas que son las que acaban canalizando 

el descontento, dado el deber de la clase gobernante de gestionar todas las cuestiones 

que suscitan las manifestaciones terroristas. Así pues, al igual que ocurre con los actos 

de desestabilización sociopolítica, los actos de terrorismo político son un evento de 

riesgo país en todas sus modalidades12 y serán un evento de riesgo país para la IED en 

la medida en que puedan provocar pérdidas al inversor. De hecho se han dado casos en 

los que el inversor extranjero se ha visto obligado a gestionar el terrorismo, como el 

suministro de electricidad por la empresa española Unión FENOSA en territorio 

paramilitar colombiano. En cualquier caso es importante especificar, en primer lugar, 

que el carácter o no de evento de riesgo país no está necesariamente relacionado con la 

dimensión de la acción o con la cuantía de lo daños que provoca, aspectos estos muy 

relevantes en todo caso, y, en segundo lugar, que el reconocimiento del carácter político 

de una organización terrorista no debe abstraernos de su perfil criminal, que también la 

caracteriza. 

 

La relación entre una desestabilización sociopolítica y un deterioro del crecimiento 

económico y, por ende, de la capacidad de pago de un país es una cuestión ampliamente 

debatida en la literatura académica pero su análisis en profundidad no es el objetivo de 

este trabajo. Sí nos interesa, en cambio, delimitar la forma como el riesgo de guerra, 

terrorismo o las diferentes formas de desestabilización sociopolítica puede afectar a la 

inversión directa. En cuanto al terrorismo, puede afectar tanto a la capacidad de pago de 

un país como a los intereses de las empresas extranjeras que operan en él. Colombia es 

                                                           
12 Nótese que nos referimos al terrorismo político. Es importante precisar que un acto terrorista de 
violencia común puede tener consecuencias sociales graves, con un coste elevado en vidas humanas 
como el que protagonizó una secta en Oklahoma (EEUU) con cerca de 300 muertos, y sin embargo no 
constituir un acto de violencia política incluido en la categoría de riesgo país por no tener objetivos 
políticos.  
 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     27 

un ejemplo paradigmático de cómo el terrorismo merma la actividad económica y la 

capacidad de crecimiento y desarrollo de un país. Y qué duda cabe que una acción 

terrorista puede afectar de una manera más directa a una empresa extranjera, bien 

provocando daños en los activos o bien causando pérdidas económicas, a través de la 

extorsión por ejemplo. En el capítulo III llegaremos a conclusiones sobre estos 

aspectos. 

 

vi) Riesgo de incumplimiento de compromisos y de cambios regulatorios ó riesgo de 

ejercicio de la soberanía.   

El riesgo de incumplimiento de compromisos se refiere a los compromisos explícitos 

pactados contractualmente entre el inversor extranjero y las autoridades del país 

receptor. Evidentemente, el incumplimiento puede venir por cualquiera de las dos 

partes, inversor o gobierno, y ambos tienen efectos negativos sobre la contraparte. El 

análisis de los efectos en el país del incumplimiento contractual por parte del inversor 

extranjero constituye otra investigación pertinente pero el estudio que importa en esta 

investigación es el incumplimiento contractual del gobierno del país receptor y su 

efecto en la empresa extranjera.  

 

El incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en relación con una 

inversión extranjera es una decisión soberana. La soberanía es la cualidad del soberano, 

siendo el soberano quien ejerce la autoridad suprema del poder político. Esto implica 

que no existe en un país un poder superior a la soberanía. Cuando se trata de riesgo, 

este aspecto es importante pues del hecho de que no exista un poder superior al 

soberano se deriva la circunstancia de que tampoco existe, más allá de los convenios 

regulados por el Derecho Internacional, ningún recurso contra sus acciones. 

Naturalmente, como resultado de lo anterior, un aspecto importante en la definición y 

percepción del riesgo soberano se desprende de quién sea el soberano de un país, y eso 

depende del régimen político del que se trate. El ejercicio de la soberanía se manifiesta 

de manera muy diferente en regímenes absolutistas de tipo monárquico o en regímenes 

democráticos en los que la soberanía reside en el pueblo. En este caso, los depositarios 

de la soberanía son los representantes elegidos por el pueblo, quienes la ejercerán en 

virtud de su criterio y de sus capacidades, y también en este caso la ejercerán sin ningún 

poder superior que los limite. Existen hoy por hoy países que aún carecen de los 

elementos básicos propios de una democracia. Existen incluso democracias añosas y 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     28 

consolidadas que legitiman un poder que se torna casi absolutista, como está siendo el 

caso de Venezuela. El instrumento soberano por excelencia es la ley y la aplicación de 

una ley puede tener consecuencias económicas considerables. Se trata, por lo tanto, de 

un riesgo país de dimensiones impredecibles que deberá ser gestionado por 

exportadores y por inversores pero ¿cómo afecta a unos y a otros? 

 

Como hemos mencionado anteriormente, algunos autores como Meldrum (2000) y 

Simon (1992) entienden por riesgo soberano el riesgo de impago en las operaciones en 

las que el comprador o el deudor es de carácter público, fundamentalmente el Estado. 

En estos casos el riesgo soberano engloba tanto la incapacidad como la falta de 

voluntad de pago por parte de un gobierno que decide eventualmente incurrir en un 

impago. Ahora bien, yéndonos al ámbito del inversor directo, los incumplimientos de 

compromisos contractuales asumidos por el Estado y los cambios normativos o 

legislativos implican el uso de la capacidad soberana para decidir en un sentido u otro. 

En este último caso estaríamos hablando de la actitud de un gobierno que es el 

resultado directo del ejercicio de su soberanía. En el caso de falta de voluntad de pago, 

no de incapacidad, también estamos ante una decisión soberana. Si nos atenemos a este 

aspecto que tienen en común, que es la decisión soberana, en el análisis comparado 

entre la IED y las exportaciones podemos decir que el incumplimiento de contratos y 

los cambios regulatorios son riesgos de ejercicio de la soberanía en operaciones de IED 

que contrastaremos con la falta de voluntad de pago en operaciones comerciales.      

 

Por otro lado, en los países en los que la organización administrativa proporciona a 

gobiernos locales autonomía suficiente en este tipo de decisiones surge el llamado 

riesgo sub-soberano. El riesgo político de carácter sub-soberano depende en buena 

medida de la coincidencia o no del signo político de los gobiernos central y regional, 

por razones obvias. En países como Argentina o Brasil, con una organización 

administrativa federal en la que los gobiernos locales disponen de una elevada 

autonomía en la toma de decisiones, el riesgo sub-soberano es tan relevante como el 

soberano, tanto en el comercio como en la inversión directa. 

 

4. ¿Es el riesgo país igual o diferente en la IED y en el comercio internacional?  

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     29 

Una vez relacionadas las modalidades de eventos de riesgo país en la IED y analizadas 

sus características para ver si se trata de una modalidad que afecta también al comercio, 

centrémonos ahora en las modalidades que sí afectan a los dos tipos de operaciones 

para averiguar si el riesgo de un mismo país se percibe igual desde las inversiones que 

desde las exportaciones.  

  

El riesgo de transferencia en el cobro de exportaciones puede ser diferente de este 

mismo riesgo en la repatriación de capitales por varios motivos. En primer lugar, la 

imposibilidad de realizar una transferencia al exterior es el resultado de una 

prohibición, como ya hemos visto, y como tal puede aplicarse de manera discriminada a 

importadores y a multinacionales. Las limitaciones a las transferencias para el pago por 

importaciones pueden estar relacionadas con la posición deudora del país. Hay que 

tener en cuenta que las importaciones pueden aumentar la deuda externa y que existe 

una correspondencia biunívoca entre la posición de deuda y la probabilidad de impago. 

En cambio, la repatriación de beneficios, dividendos o capitales desinvertidos por 

empresas extranjeras no guarda relación alguna con la posición deudora del país, de 

manera que ésta no tiene por qué estar en el origen de una eventual prohibición. 

Estamos hablando del mismo acto, el de transferir divisas al exterior, pero lo cierto es 

que el Estado puede tener razones para prohibirlo únicamente a los inversores 

extranjeros o bien para prohibir la salida de divisas para el pago por importaciones, sin 

que esta norma afecte a la repatriación de capitales de los inversores. Una u otra 

decisión depende de la política económica. La estrategia de desarrollo de cada país y las 

consecuentes motivaciones para favorecer o reducir la IED son también un motivo de 

diferenciación en la percepción de este riesgo, pues influye en la actitud que cada 

gobierno tenga con los inversores extranjeros que operan o están interesados en operar 

en su país. Es más, el tratamiento a la inversión directa puede variar en virtud del país 

de origen y del sector o de la zona geográfica en la que opere. En la medida en que el 

sector sea más o menos sensible para la economía y en la medida en que las relaciones 

bilaterales afecten a este tipo de decisiones, la percepción del riesgo también variará 

entre los inversores. En tercer lugar, el recurso a la refinanciación en el Club de París 

de la deuda oficial bilateral añade un tercer argumento para que un gobierno diferencie 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     30 

el tratamiento que otorga a la repatriación de capitales y al pago por importaciones 

aseguradas por los estados de origen13.   

 

En cuanto al riesgo de convertibilidad, este únicamente depende de la disponibilidad de 

divisas en el sistema financiero. Si existieran en un momento dado dificultades para 

adquirir divisas en los bancos del país, estas afectarían en igual medida a inversores y 

exportadores. La percepción de este tipo de riesgo es similar desde ambas perspectivas. 

Lo mismo ocurre con el riesgo de cambio, pues las variaciones del tipo de cambio 

afectan por igual a los capitales destinados al pago por importaciones que a los 

capitales que son objeto de repatriación por la empresa extranjera. La percepción de 

este riesgo es también similar para una y otra operación14.  

 

Por lo que al riesgo de guerra, terrorismo y desestabilización sociopolítica se refiere, el 

punto diferenciador entre la inversión directa y la exportación radica en que la primera 

implica una presencia física y la realización de una actividad económica en algunos de 

los sectores productivos del país. Esto constituye una diferencia notable en cuanto a 

cómo puede afectar este tipo de eventos a multinacionales o a exportadores. La 

percepción de este riesgo puede llegar a ser muy distinta. Valorar adecuadamente el 

grado en el que la guerra, la violencia política o situaciones asimiladas pueden incidir 

en una inversión directa exige tener en consideración la localización geográfica dentro 

del país y el sector de actividad, factores que en cambio no intervienen en el efecto de la 

violencia política sobre la capacidad de pago. El riesgo de inestabilidad puede variar de 

unas zonas a otras, como ha ocurrido en Chiapas, en Chechenia o en Cachemira. En 

cuanto al sector, puede ser más o menos sensible para las autoridades del país, en la 

medida en que participe en un elevado porcentaje en los ingresos de divisas o de los 

ingresos públicos por ejemplo, o puede ser percibido por la población como un sector 

que debería estar en manos de capital nacional e incluso público. Ambos, sector y 

localización, pueden alterar la percepción del riesgo en las inversiones directas con 

relación al comercio, e incluso entre las primeras dentro de un mismo país. 

 
                                                           
13 El seguro de crédito a la exportación con apoyo oficial y deudor público constituye deuda oficial 
bilateral susceptible de refinanciación en el Club de París. 
14 Esto es así salvo en los sistemas cambiarios duales que contemplen distintos tipos de cambio para 
distintas operaciones, pero estos casos son muy excepcionales y poco frecuentes ya, de manera que serían 
más bien una excepción.  
 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     31 

Por otro lado, tal como señala Simon (1992), en la percepción de los riesgos es 

importante tener en cuenta lo que podríamos llamar el factor visibilidad. La actividad 

comercial con el exterior es menos visible que la que desarrollan las multinacionales en 

un país. La presencia física de estas en la extracción de recursos naturales o en la 

producción y distribución de bienes y servicios las hace más visibles a los ciudadanos y, 

por lo tanto, constituyen un blanco más fácil para la violencia política. 

 

El riesgo CEN no puede ser objeto de este análisis comparativo pues sólo afecta a las 

inversiones directas, como hemos visto. También hemos visto que el riesgo soberano en 

la vertiente que afecta a la inversión directa, es decir el de incumplimiento de 

compromisos contractuales o de cambios regulatorios, es, como decisión política que 

es, un riesgo comparable al de la falta de voluntad de pago en las operaciones 

comerciales con deudor público. Sin embargo se trata de riesgos de naturaleza muy 

distinta, de manera que en el riesgo de ejercicio de la soberanía las diferencias según el 

tipo de operación radican ya en el propio concepto. Pero además, el riesgo de 

incumplimiento de contratos con las firmas foráneas tiene un componente variable en el 

tiempo al que podemos llamar riesgo de inconsistencia. Veámoslo con un ejemplo: en 

las últimas décadas del siglo pasado hemos asistido a un aumento en las privatizaciones 

en el proceso de liberalización en los países emergentes que ha proporcionado la 

apertura a inversores extranjeros en condiciones muy ventajosas para ellos. Sin 

embargo, transcurrido un tiempo, pueden surgir en los gobiernos incentivos para alterar 

esa tendencia. Algunos casos han ocurrido en Europa Central y Oriental, en países 

como República Checa y Ucrania, en los que las privatizaciones se realizaron en 

condiciones poco transparentes. Estas circunstancias provocaron en algunos casos una 

revisión e incluso una reversión del proceso privatizador. En Zimbabwe, las autoridades 

llevaron a cabo un plan generalizado e intenso de expropiación y redistribución de la 

propiedad de granjas y grandes explotaciones agrarias y ganaderas, nacionales y 

extranjeras, que habían sido propiedad privada durante décadas. Por lo general, el 

cambio de actitud de las autoridades en relación con una inversión extranjera suele 

darse en los casos en los que un gobierno necesita desarrollar un proyecto de ingeniería 

complejo y contrata para ello a una empresa extranjera especializada. El gobierno se 

compromete a proporcionar condiciones ventajosas para favorecer el desarrollo del 

proyecto, tales como infraestructura adecuada o exención de impuestos. Una vez que la 

parte más especializada del proyecto está finalizada, y el trabajo de ingeniería está 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     32 

realizado, hacer funcionar la planta constituye una labor que no requiere una 

cualificación específica, de manera que pueden realizarla técnicos locales contratados 

por las autoridades. Estas, llegados a este estadio de evolución del proyecto, pueden 

tener un incentivo para retirar los compromisos asumidos o incluso expropiar, 

especialmente si se trata de Estados con alta participación en la economía productiva.  

 

El riesgo de inconsistencia es un riesgo asociado al de expropiación, confiscación y 

nacionalización y al riesgo soberano o de incumplimiento de compromisos, es decir, 

puede materializarse en cualquiera de estas dos categorías de riesgo. El caso reciente de 

la nacionalización de la participación de Repsol en YPF es un ejemplo de 

inconsistencia en el tiempo protagonizada por un gobierno que decidió nacionalizar 

después de haberse mostrado en su día a favor de la venta de la empresa. Ahora bien, es 

incuestionable el impacto negativo que la inconsistencia de un gobierno tiene sobre el 

clima inversor de su país, y este puede ser un asunto estratégico de la política de 

desarrollo de muchos países. Así pues, podemos decir que existe una contrapartida al 

riesgo de incoherencia que está relacionada con la reputación de los países en la 

comunidad inversora internacional y que a menudo reduce el riesgo de un cambio de 

actitud haciendo que un gobierno desista de adoptar una actitud adversa.  

 

La tabla I.2 recoge los aspectos que se han identificado como los factores que originan 

una percepción del riesgo distinta o similar, según el caso. En la última columna se 

indica la respuesta a la pregunta sobre si el riesgo que se percibe es diferente o similar 

en cada caso. El riesgo CEN no es objeto de esta comparación, por ser exclusivo de la 

IED. Entre los riesgos comunes, los únicos que afectan de igual manera a exportadores 

e inversores es el de incapacidad para convertir la moneda y el de tipo de cambio. El 

riesgo soberano entendido como la capacidad de pago de Estado no figura en la tabla 

por tratarse de un riesgo que no afecta a la IED. El resto de riesgos presentan aspectos 

que hacen que el riesgo se perciba de manera distinta en las operaciones de inversión 

extranjera directa que en las exportaciones.    



 

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     33 

Tabla I.2: Modalidades de riesgos políticos en la exportación y en la IED 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

5. Conclusiones 

 

La delimitación de los riesgos políticos en la Inversión Extranjera Directa nos 

lleva a identificar seis modalidades de riesgo.  

 

i) riesgo de transferencia 

ii) riesgo de imposibilidad de convertir moneda o de convertibilidad 

iii) riesgo de tipo de cambio 

iv) riesgo de confiscación, expropiación y nacionalización o riesgo CEN, 

por sus siglas 

Riesgo Exportación IED ¿Diferente?

Transferencia Prohibición normativa que depende 
del nivel de deuda externa

Situaciones de insolvencia o iliquidez

Negociable: refinanciable en el Club 
de París

Prohibición normativa que no 
necesariamente depende del nivel de 
deuda externa

No negociable: deterioro del clima 
inversor y de estrategia de desarrollo

Sí

Convertibilidad Ausencia de divisas en el sistema por 
crisis de balanza de pagos y deuda 

Ausencia de divisas en el sistema por 
crisis de balanza de pagos y deuda

No

Tipo de Cambio Fluctuaciones en el tipo de cambio Fluctuaciones en el tipo de cambio No

CEN No aplicable Sí aplicable No aplicable

Guerra, desestabilización 
sociopolítica o terrorismo.

Desestabilización social con fines 
políticos que origina insolvencia o 
iliquidez. .

El Estado gestiona ineficientemente 
los recursos naturales. Corrupción. 

Necesidades sociales insatisfechas. 
Estados fallidos. Ámbito de influencia 
nacional. 

Invisibilidad de las operaciones 
comerciales. 

Desestabilización social con los 
intereses extranjeros como objetivo. 

La IED opera en un sector sensible o 
explota recursos nacionales. 

Actitud del inversor contraria a los 
intereses sociales. Ámbito de influencia 
de la IED. 

Presencia física, visibilidad, localización 
geográfica de cada IED.

Sí

Ejercicio de la soberanía Voluntad de pago. Decisión sobre los 
pagos al exterior.
 
Negociable: refinanciable en el Club 
de París

Relaciones bilaterales

Incumplimiento de compromisos y 
cambios normativos.

Actitud con la IED, Clima inversor. 
Específico para cada IED concreta. 

Relaciones bilaterales.

Inconsistencia versus reputación

Sí



 

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     34 

v) el riesgo de guerra, desestabilización sociopolítica o terrorismo 

vi) el riesgo de incumplimiento de compromisos y de cambios 

regulatorios o de ejercicio de la soberanía.  

 

De la relación anterior, los riesgos comunes a las operaciones de comercio y de 

inversión directa son los riesgos de transferencia, convertibilidad, riesgo de cambio, 

guerra y violencia política y el del ejercicio de la soberanía. Todo ello sin perjuicio de 

que la valoración del mismo riesgo para una u otra operación pueda variar. El riesgo 

CEN no existe como tal en las operaciones de comercio internacional, siendo exclusivo 

de la inversión directa. En cuanto al riesgo soberano entendido como la capacidad de 

pago del Estado, que sí es un riesgo en las exportaciones, no consta en la relación 

anterior porque no existe en las operaciones de inversión directa.  

 

Las situaciones de guerra o desestabilización sociopolítica que constituyen categorías 

de riesgo país en las operaciones comerciales están circunscritas a los actos que tengan 

aspiraciones políticas y que abarquen un ámbito de influencia suficientemente amplio 

como para que la desestabilización que generan provoque un deterioro de la economía y 

de la solvencia del país. Una situación así no afectaría necesariamente a los inversores 

extranjeros. En cambio, la inversión extranjera puede sufrir pérdidas causadas por 

movilizaciones provocadas por conflictos de intereses con los inversores foráneos, 

incluso aunque estas pudieran no afectar a la solvencia nacional. La exposición y 

percepción de exportadores e inversores a este riesgo es desigual y, además, varía 

dentro de la IED en función del sector y el territorio en el que opere.   

 

Lo mismo ocurre con el riesgo de transferencia. La limitación a las transferencias de 

divisas es un riesgo muy relacionado con la posición deudora del país en el caso de las 

operaciones comerciales y, por el contrario, un riesgo relacionado únicamente con la 

actitud de los gobiernos en el caso de la IED. Es factible que existan restricciones a la 

transferencia específicas para el pago de importaciones sin que afecten a la repatriación 

de capitales por parte de empresas foráneas o bien que se prohíban estos últimos sin 

desatender al pago de la deuda.    

 

En cuanto al riesgo de ejercicio de la soberanía, nos referimos por un lado al impago de 

la deuda por decisión voluntaria, no por insolvencia, que es el acto soberano que afecta 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     35 

al riesgo comercial. Por otro lado, nos referimos al incumplimiento de compromisos o a 

los cambios normativos, que son las decisiones soberanas que pueden perjudicar 

económicamente a los intereses de una o de todas las empresas extranjeras que operan 

en el país. La estrategia de desarrollo del país y su interés por mantener un determinado 

clima inversor, la posibilidad de negociar en última instancia los impagos de deuda 

externa en el Club de París y la necesidad de mantener una reputación como destino de 

la inversión en el contexto mundial son aspectos que pueden generar un riesgo de 

ejercicio de la soberanía diferente para cada tipo de operación.  

 

Las únicas modalidades de riesgo país que afectan de igual manera a exportadores e 

inversores directos son el riesgo de convertibilidad de la moneda local en divisas y el 

riesgo de cambio. No hay razones para determinar que un importador o un inversor 

directo puedan acceder a las divisas disponibles en el sistema financiero local de una 

manera desigual o que deban aplicar un tipo de cambio distinto para convertir moneda 

local en divisa.  

 

Estas conclusiones obligan a desbrozar el concepto de riesgo país, diferenciando entre 

operaciones comerciales y de inversión directa para poder manejarlo con rigor. La 

primera consecuencia de estas diferencias es que es necesario también diferenciar la 

metodología de análisis y valoración de los riesgos, adaptándola a los requerimientos 

propios de cada tipo de operación. Ésta está considerablemente desarrollada para las 

operaciones comerciales pero es necesario adecuarla a las operaciones de inversión 

directa.  

 

En los próximos capítulos nos centraremos en tres modalidades de riesgo país propias 

de la IED: el riesgo de violencia política, el riesgo CEN y el riesgo de ejercicio de la 

soberanía. Analizaremos las causas y los aspectos que están relacionados con ellos y 

desarrollaremos un modelo de valoración.  

 

La valoración de los riesgos de convertibilidad y de tipo de cambio no precisa de un 

análisis específico desde el prisma inversor, siendo válidos los planteamientos y 

enfoques realizados para valorar el riesgo en el comercio.  

 



 

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     36 

En cuanto a la valoración del riesgo de transferencia, habida cuenta de que se trata del 

riesgo país por excelencia en la exportación, lo más adecuado sería tomar como punto 

de partida esa valoración, por ejemplo el modelo econométrico de la OCDE, y 

adaptarlo en los aspectos que sea necesario para obtener el nivel de riesgo en la IED. 

Sin embargo, esto no es objeto de esta investigación.  

 

 

 
 



 

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     37 

Capítulo II 

Metodologías de Análisis de los Riesgos Políticos en la IED 

 

1. Introducción 

 

Un buen número de investigaciones sobre los riesgos políticos en la IED ha estudiado el 

efecto de éstos en las decisiones de inversión, utilizando como variables el número de 

inversiones o el valor de la inversión extranjera según países y períodos. Otras 

investigaciones, en cambio, estudian la relación entre los eventos de riesgo y sus 

causas, sin analizar cómo estos afectan a las decisiones de inversión de las empresas 

multinacionales (EMN). Estudios como MIGA (2011) sobre la relación entre el tipo de 

régimen político y la probabilidad de que exista una disputa entre inversor y gobierno 

local o como Li (2009), que explica los factores que provocan las decisiones de 

expropiación, son ejemplos de estas últimas. La existencia de mecanismos de 

transferencia y de mitigación de los riesgos políticos, como la contratación de un 

seguro, hacen que las decisiones de inversión no estén necesariamente relacionadas con 

el nivel de riesgo y que, incluso siendo éste elevado, las EMN expandan su actividad 

internacional motivadas por razones más poderosas que el riesgo, como el tamaño del 

mercado o las ventajas comparativas en los costes de producción. Así pues, para no 

perder objetividad y rigor, los modelos de análisis del riesgo político deben estudiar los 

fenómenos que están asociados a cada uno de los eventos de riesgo, 

independientemente de la decisión final sobre invertir o no. Los datos sobre número de 

operaciones o sobre el valor de la IED deben utilizarse teniendo en cuenta que la 

inversión extranjera no depende únicamente de los riesgos políticos y que, en lo que a 

estos se refiere, las EMN cuentan con recursos para gestionar sus consecuencias.  

 

Como vimos en el capítulo uno, existen razones que hacen que las valoraciones de 

riesgo no puedan ser una predicción de lo que va a ocurrir en la esfera sociopolítica de 

un país sino un mero instrumento para poner de manifiesto la incertidumbre que rodea a 

los eventos futuros. Estas mismas razones son las que explican que sólo sea posible 

gestionar las consecuencias que los eventos de riesgo puedan tener, y no la ocurrencia o 

no de esos eventos. Sus causas son tan complejas y diversas que a menudo no se pueden 

gestionar, ya no sólo por una EMN sino ni siquiera al nivel gubernamental o 

multilateral. Acontecimientos como las revoluciones en Irán o Nicaragua en los años 70 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     38 

del siglo XX, la apertura del antiguo bloque comunista a la inversión extranjera y las 

represiones sociales bajo regímenes dictatoriales en Latinoamérica están entre las 

manifestaciones de riesgo político que dieron lugar al inicio de estudios de valoración 

del impacto sobre la IED y al nacimiento de la industria aseguradora de este tipo de 

riesgos.  

 

Existen varias metodologías para analizar los riesgos políticos. A continuación se 

describen algunas de ellas sin ánimo de exhaustividad y con el objetivo de conocer sus 

ventajas e inconvenientes.  

 

2. Análisis cualitativo colectivo  

 

El método más utilizado dentro de esta modalidad es la técnica Delphi, que se basa en 

la agregación de numerosas valoraciones de expertos conocedores del país y de 

directivos de EMN con amplia experiencia en el mercado. Resulta interesante comparar 

los resultados de varios estudios realizados en 1978 por el Instituto de Tecnología de 

Massachussets (MIT por sus siglas e inglés) y los obtenidos tres décadas después por 

MIGA. En los primeros, los encuestados apuntaban a la inestabilidad política como uno 

de los principales condicionantes de la IED, a la vez que reconocían que no disponían 

de análisis rigurosos sobre el contexto político y su posible efecto en las firmas que 

dirigían. Su percepción del riesgo estaba asociada a la inestabilidad política y 

económica; era la estabilidad la que generaba mayores previsiones de beneficios y 

favorecía las decisiones de inversión. Curiosamente, los entrevistados definían riesgo 

como ignorancia sobre los acontecimientos futuros y no como la pérdida que les 

pudiera ocasionar, lo que nos lleva a pensar que quizá lo que valoraran en la encuesta 

fuese la ignorancia. En otra encuesta realizada a 212 firmas Estadounidenses instaladas 

en Latinoamérica en la década de los 70, el 88% señalaron a la política económica 

como un factor influyente en sus negocios; el 86%, a la inestabilidad política y el 65%, 

a la hostilidad hacia la inversión extranjera. Todas las encuestas coincidían en dos 

conclusiones que constituyen una interesante paradoja de aquellos tiempos: primero, en 

la percepción de la inestabilidad política del país receptor como el factor más influyente 

en la rentabilidad de las filiales en el extranjero y, segundo, en la ausencia de estudios 

suficientemente esclarecedores sobre el contexto político a la hora de tomar las 

decisiones de inversión.   



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     39 

Hoy por hoy, un estudio basado en una encuesta diseñada según el modelo Delphi, 

como la realizada MIGA (2011) en colaboración con el Economist Inteligente Unit, 

permite obtener mucha más información relativa a la valoración del riesgo país. Una 

gran ventaja de este tipo de análisis es que, si el estudio se define de manera que la 

composición industrial y geográfica  de las respuestas represente la composición real de 

los flujos de IED, la información que se obtiene es bastante útil. Además, habida cuenta 

de que se trata de las entidades que ya están expuestas a los riesgos que se quieren 

valorar y que disponen información directa sobre eventos acaecidos en cada una de las 

modalidades de riesgo, su percepción in situ del entorno sociopolítico constituye una 

fuente de información empírica rigurosa. Este análisis elaborado por MIGA y la Unidad 

de Inteligencia de The Economist consiste en 20 preguntas con respuestas múltiples 

contestadas por 316 ejecutivos de EMN de países OCDE instaladas en países no 

OCDE. El estudio se realiza en un contexto de crisis económica en su cuarto año 

consecutivo marcado por severos programas de recorte de gasto en los países 

desarrollados, por  crisis bancarias y de deuda soberana en la Unión Europea y por las 

revoluciones de la primavera árabe. En este contexto, el contexto actual, el riesgo país 

ha dejado de ser exclusivo de países en desarrollo o emergentes y es ahora también 

inherente a muchas economías de la OCDE. La información obtenida en la encuesta se 

resume a continuación. 

  

La cuarta parte de las EMN encuestadas tenía previsto aumentar en más de un 20% sus 

inversiones en el exterior en 2012 y un tercio lo haría en los tres años siguientes. 

Paradójicamente, esas mismas empresas informan de un creciente número de 

expropiaciones y del aumento de los requisitos de desempeño para la inversión directa, 

como resultado de las reivindicaciones sociales y de un mayor empoderamiento de los 

intereses locales. Casi el 33% de los 149 cambios en la legislación registrados en 2010 

que implicaban a la inversión extranjera eran restrictivos y encaminados a un mayor 

control sobre las firmas. Hace una década, sólo el 2% de los cambios legislativos 

restringía la actividad foránea.  

 

Los principales escollos a corto plazo para los proyectos de IED percibidos por las 

empresas encuestadas son la inestabilidad macroeconómica y el acceso a la 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     40 

financiación.  A un plazo de tres años, el más importante es el riesgo político15, como 

resultado de un aumento de acciones gubernamentales en respuesta a la crisis 

económica. Los riesgos políticos percibidos más importantes son, por este orden: 

cambios legislativos adversos (más de la mitad), incumplimiento de contratos, 

restricciones a la transferencia y convertibilidad de divisa, violencia política, impago de 

deuda, expropiaciones y guerra. Pese a todo lo anterior, más de la mitad de las firmas 

afectadas mantuvieron sus inversiones y sus estrategias futuras. Menos del 5% retiró 

inversiones previamente realizadas. Esto fue así cualesquiera fueran las modalidades de 

riesgo que les causaron pérdidas, excepto en la categoría de incumplimiento de 

contratos, que provocó desinversiones en el 10% de las firmas afectadas. En cambio, en 

lo que a cancelación de proyectos e futuro se refiere, el 10% y el 15% de las EMN 

decidió cancelarlos, fundamentalmente debido a cambios legislativos adversos. Hay un 

último dato significativo: la proporción de firmas que decidieron aumentar sus planes 

de inversión es menos del 3%, la mitad de las que decidieron retirarse.  

 

La reacción de las EMN a los riesgos derivados de la primavera árabe en la región del 

norte de África y Oriente Medio ha sido significativa: casi un tercio ha mantenido sus 

planes de inversión frente al 23% que los ha pospuesto y el 18% que los ha replanteado. 

Tan sólo un 11% los ha cancelado y menos del 5% ha desinvertido, como es el caso de 

Conoco Phillips, Hess Corporation., Marathon Oil, y Occidental Petroleum en Libia. 

Más de la mitad prevé un aumento de todos los riesgos en esta zona y más del 20% 

califican ese aumento de elevado. La percepción es más grave para el riesgo de 

desestabilización social, cuyo crecimiento merece el calificativo de notable por parte de 

la mitad de los encuestados. Esto pone de manifiesto el aspecto con el que iniciábamos 

este capítulo sobre el efecto relativo de los riesgos en las decisiones de inversión, en las 

que también juegan un papel importante otros factores relacionados con la oportunidad 

de negocio.    

 

El sondeo planteó a las EMN distintos escenarios sociopolíticos posibles para los 

próximos años en los países de norte de África y oriente medio, combinando 

                                                           
15 El riesgo macroeconómico no forma parte de los riesgos políticos según la definición de MIGA (2011), 
que incluye el riesgo de incumplimiento de contratos, cambios legislativos adversos, expropiación, 
impago de deuda asociada a proyectos de inversión, restricciones a la  transferencia y convertibilidad de 
divisas, desestabilización social, terrorismo, guerra. Estos tres últimos conforman la categoría de 
violencia política.   



 

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     41 

inestabilidad y estabilidad política así como régimen democrático y autoritario. La 

pregunta versó sobre cómo cambiarían sus decisiones de inversión en cada uno de ellos. 

Algo más de la mitad se mostraban dispuestos a invertir en la zona en un contexto de 

estabilidad democrática pero retirarían inversiones en caso de democracias inestables. 

Sólo 8% de firmas invertirían en este último escenario. Los inversores reaccionan peor 

ante democracias inestables (más de un 20% disminuiría notablemente sus inversiones) 

que ante autocracias estables (menos de un 10%). 

 

Este estudio también permitió extraer conclusiones al respecto del riesgo de contagio 

geopolítico. La agitación en el mundo árabe no ha modificado sustancialmente los 

planes en otras áreas geográficas de más de la mitad de los inversores encuestados. 

Menos de un 10% ha cancelado inversiones o planes de inversión en otros mercados 

emergentes, mientras que entre el 10% y el 15% está replanteándose los proyectos o 

buscando activamente otros nuevos.  

 

Los autores que han diseñado esta encuesta son expertos aseguradores de riesgos 

políticos, aspecto que se refleja en la precisión de las preguntas y en la calidad de la 

información que se extrae de ellas. Esto permite obtener conclusiones precisas. Ahora 

bien, el carácter de aseguradoras les convierte en parte interesada en la obtención de 

determinados resultados de la encuesta. Las probabilidad de haber incurrido en sesgo 

muestral es alta, y esto restaría rigor a los resultados. Si bien es aconsejable que los 

diseñadores de este tipo de estudios sean expertos conocedores del campo que están 

investigando, también lo es que sean parte desinteresada. Otra debilidad de esta 

metodología consiste en que se indica que el número de encuestados es 316 ejecutivos 

pero no se informa de cuantas firmas distintas ni de la proporción que el número de 

firmas supone sobre el total de EMN. Por lo tanto, desconocemos la medida del error 

estadístico. Pudiera ocurrir que la muestra no sea representativa, lo cual restaría 

significado a las conclusiones. También es importante señalar que el análisis no 

especifica si se requiere a los encuestados que respondan sobre sus planes de inversión 

ciñéndose al impacto de los riesgos que se quieren valorar, de manera que podríamos 

establecer una relación directa entre las decisiones de inversión y la percepción de los 

riesgos, o por el contrario, sus respuestas reflejan cualesquiera aspectos relacionados 

con las decisiones de inversión (operativos, estratégicos, de mercado etc.), en cuyo caso 

el estudio pierde relevancia desde el punto de vista del riesgo político a pesar de ser los 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     42 

encuestados legítimos opinantes, dada su amplia actividad inversora. Por último, en 

2011 los acontecimientos económicos, políticos y sociales han sido muchos y han 

provocado cambios importantes a gran velocidad. La recopilación de las respuestas en 

una encuesta de este tipo requiere tiempo y se corre el riesgo de que la velocidad de los 

cambios supere a la de las respuestas, pudiendo quedar estas desactualizadas antes 

incluso de su tratamiento estadístico.  

 

3. Análisis cualitativo individual 

 

El modelo de análisis del riesgo país de la agencia española de seguros de crédito a la 

exportación, CESCE16, es un ejemplo de esta metodología de análisis. El objetivo 

esencial de los estudios de CESCE es valorar la capacidad de pago del sector público y 

de las entidades privadas que operan en un país, con el fin de valorar el riesgo de 

crédito. Este nivel de riesgo es determinante para el cálculo del precio del seguro de 

crédito en las operaciones de exportación. Para ello, analiza i) el riesgo soberano o de 

impago de comprador público, ii) los de transferencia y convertibilidad de divisas 

destinadas al pago de importaciones y iii) el riesgo de guerra y violencia política y su 

impacto en la solvencia. Pero además de la cobertura de los riesgos de impago, CESCE 

ofrece también cobertura para los riesgos asociados a la inversión directa y, por lo 

tanto, necesita determinar el nivel de riesgo de expropiación, nacionalización y 

confiscación (CEN); el riesgo de pérdida para inversores españoles por guerra o 

violencia política en el país receptor; el de transferencia y convertibilidad de divisas 

para la repatriación de beneficios o capitales desinvertidos y el de incumplimiento de 

contratos.  

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, las únicas modalidades de riesgos políticos 

cuya valoración es válida para los dos tipos de operaciones, comercio e inversión 

directa, son las restricciones a la convertibilidad y el riesgo de tipo de cambio. Este 

último no está incluido dentro del esquema de coberturas de CESCE, por lo que queda 

excluido de su metodología. Sus estudios para la inversión directa toman como punto 

de partida la valoración del riesgo político para operaciones de crédito. En el caso del 

riesgo de transferencia, CESCE completa el análisis desde la perspectiva de la IED 

                                                           
16 Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. o por su denominación comercial, 
CESCE, Seguros de Crédito, S.A.  



 

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     43 

aumentando, disminuyendo o manteniendo el nivel de riesgo que se obtuvo para las 

operaciones de crédito. Para los riesgos de guerra o violencia política, confiscación 

expropiación o nacionalización e incumplimiento de contratos determinan si el nivel de 

riesgo desde el prisma inversor es alto, medio o bajo. Se trata de estudios específicos 

elaborados ad hoc para cada operación de inversión directa.    

 

El rango de niveles del riesgo de crédito es de 1, menor riesgo, a 7, mayor riesgo. La 

metodología de CESCE para la valoración del riesgo de crédito se asienta en un 

principio comparativo. Los países comportan un determinado nivel de riesgo por ser 

este menor, mayor o comparable a otros países similares por sus características y por su 

localización geográfica. Para ello cuentan con una fuente privilegiada que les 

proporciona la evidencia empírica del comportamiento pagador del país: su propia 

experiencia como aseguradora de los riesgos durante más de cincuenta años. El análisis 

consiste en una argumentación basada en datos sobre la incidencia que tienen en la 

capacidad de pago del país los siguientes factores:  

 

i) Políticos, sociales y culturales.  

En este aspecto son relevantes la historia de regímenes políticos y la forma como se han 

producido los cambios; la composición racial de la población, la distribución de la renta 

y el reconocimiento de derechos civiles; las tradiciones o las normas asociadas a la 

cultura, tales como la ley sharia musulmana; el desarrollo institucional, la división de 

poderes y las garantías en la aplicación de las leyes y la conflictividad externa, 

especialmente con los socios comerciales. 

 

ii) Estructura económica.  

Se estudia la disponibilidad de recursos naturales, la diversificación productiva, la 

dependencia de la economía de un único sector productivo y el esquema de contratos 

para la explotación de los recursos. Importa también el tipo de economía y el grado de 

avance de las reformas estructurales, la composición del PIB y su vulnerabilidad a 

factores climáticos y a los precios internacionales. El mercado de trabajo y los sistemas 

fiscal, financiero son también relevantes. En cuanto al sector exterior, se analizan los 

mecanismos de obtención de divisas, el sistema cambiario, la actitud ante la deuda y la 

confianza internacional. 

 



 

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     44 

iii) Coyuntura económica.  

Se analiza la política económica, las tasas de crecimiento, inflación, ahorro e inversión 

así como la situación de las cuentas públicas, de la balanza de pagos y de los 

indicadores de deuda.  

 

iv) Capacidad de pago exterior y experiencia en comportamiento en pagos.  

Importan el nivel de reservas de divisas, la ratio del servicio de la deuda y la calidad de 

las relaciones bilaterales con España. 

 

Como se ha señalado antes, la valoración del riesgo de crédito resultante de todo lo 

anterior se modifica en función del resultado del análisis realizado desde el prisma 

inversor, para lo que se tienen en cuenta los siguientes factores:   

 

En lo que respecta a los riesgos inherentes a la inversión directa, para la valoración del 

riesgo CEN los principales factores son:  

 

• Independencia y funcionamiento del poder judicial 

• Existencia o no de un Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones firmado 

con España, elementos culturales y actitud social hacia la IED y hacia el mundo 

occidental así como cuestiones extraordinarias bilaterales 

• Sector de producción en el que opera la firma extranjera y su importancia en el 

PIB y en las exportaciones.  

• Política económica, especialmente en lo que respeta a la inversión extranjera.  

• Régimen legal del derecho de propiedad, con especial referencia a las 

inversiones extranjeras, y posibilidad de revisar los procesos privatizadores.  

 

Por otro lado, para la valoración del riesgo de ejercicio de la soberanía, además de los 

factores relacionados con el riesgo CEN relacionados anteriormente, analizan el 

régimen político y su grado de maduración, el funcionamiento de las instituciones, la 

tradición de gobernabilidad y la relación de las autoridades locales con la autoridad 

central. La voluntad de pago (en contraste con la capacidad de pago que no interviene 

en este tipo de riesgo) constituye una información interesante como reflejo del respeto 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     45 

del ejecutivo hacia los compromisos con el exterior, a pesar de no existir compromisos 

de pago soberanos en la IED. 

 

El análisis de la violencia política en la inversión directa requiere un estudio específico 

atendiendo a la zona geográfica donde se ubica el proyecto y al sector productivo en el 

que opera. Desde esa perspectiva se analizan los conflictos regionales, como los del 

Estado de Chiapas en México o el de Chechenia en Rusia; las disputas regionales, como 

la de Cachemira entre India y Paquistán; la existencia y grado de influencia de 

movimientos nacionalistas, fundamentalistas, étnicos, etc.; posibles conflictos sociales 

no resueltos, tales como la reforma de la propiedad de la tierra o los reconocimientos de 

derechos indígenas, etc., así como el grado de influencia de los colectivos afectados.  

  

Para realizar estos estudios CESCE utiliza fundamentalmente datos del FMI y Banco 

Mundial, Club de París, Oficinas Comerciales de las Embajadas de España, Economist 

Intelligence Unit, Institute of Internacional Finance, Oxford Analítica y la prensa 

económica y financiera internacional y local. La frecuencia del análisis es anual en los 

países que suponen las mayores concentraciones de riesgo asegurado y bianual para el 

resto. No obstante, el seguimiento de la evolución sociopolítica y económica de todos 

los países es continuo, lo que les permite poner en vigilancia a los destinos que lo 

requieran por razones de inestabilidad, deterioro o incertidumbre sobre posibles 

cambios adversos.  

 

Esta metodología permite conocer un mercado en profundidad con la seguridad de 

poder analizar con precisión el impacto en la capacidad de pago de todos los aspectos 

cualitativos, sin necesidad de cuantificarlos. También proporciona al usuario de los 

estudios mucha información cualitativa que puede ser útil más allá de la mera 

valoración del riesgo político. Por otro lado, utilizado en un procedimiento operativo 

como el descrito, este método combina el estudio detallado de un país por parte de un 

técnico cualificado, a menudo altamente especializado en ese mercado, con el 

conocimiento general del mapa mundial de riesgos políticos por parte de todo el equipo 

de analistas. Esto permite contrastar las conclusiones y hacer un análisis comparativo 

que aporta rigor a las valoraciones de riesgo. Hay que tener en cuenta que, en lo que a 

riesgos políticos se refiere, y a diferencia de otros tipos de riesgo como los de 

accidentes de automóviles, las calificaciones de riesgo se otorgan a menudo sin 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     46 

disponer de series de datos suficientemente amplias sobre eventos ocurridos realmente. 

Por este motivo, para algunos países los niveles de riesgo político cobran sentido en una 

escala ordinal, no cardinal, de forma que una calificación de 5 indica mayor riesgo que 

4 y menor riesgo que 6. Esta valoración ordinal de los riesgos es la más adecuada para 

esta metodología, que es puramente cualitativa.  

 

No obstante lo anterior, si bien la solvencia de las fuentes utilizadas en el análisis 

aporta calidad a los estudios, su utilización y su interpretación están sujetas al grado de 

cualificación del analista, aspecto que tiene enorme peso en este tipo de análisis. 

Además, la capacidad de análisis debe ser alta en todos los analistas. De lo contrario la 

posibilidad de mantener un mapa global de riesgos riguroso se vería mermada. Esto 

convertiría la virtud del análisis cualificado en desventaja, o el punto fuerte en punto 

débil. Por último, desde el punto de vista del usuario de las valoraciones, si consulta 

análisis de otros autores basados en este mismo método sobre un mismo país, nada 

garantiza la consistencia entre ellas, lo que puede provocar confusión.           

 

4. Análisis cualitativo individual estructurado 

 

Para solventar estas vulnerabilidades propias de los análisis cualitativos puros se 

utilizan los modelos estructurados. En ellos se define una serie de rangos de puntuación 

para cada magnitud que se quiere analizar, en función de las distintas características 

que puede presentar incluidas las de carácter cualitativo. Esto permite ubicar en cada 

rango las características y las circunstancias que presente cada país, con el objetivo de 

ir asignando puntuaciones. Finalmente, estas se agregan para generar una calificación 

global del riesgo.  

 

La agencia de calificaciones de riesgo Standard & Poor´s utiliza esta metodología para 

elaborar su calificación del riesgo soberano (Standard & Poor´s 2011). Si bien no hacen 

una valoración específica para el riesgo político en la inversión directa, los eventos 

relacionados con la violencia política o guerra y el riesgo de transferencia y 

convertibilidad sí están incluidos en su análisis. Y su ejemplo es válido para analizar 

este tipo de metodología aunque no todos los eventos de riesgo coincidan exactamente 

con los de este estudio.   

 



 

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     47 

Según Standard & Poor´s el riesgo de crédito soberano se compone de los factores 

relacionados en la tabla II1. 

 

Tabla II1: Factores determinantes del riesgo soberano según Standard & Poor´s    

y epígrafe en el que estudian y valoran cada uno de ellos. 

 

Factores                                                                                  Epígrafe  

Eficiencia institucional y riesgo político                                Puntuación política  

Estructura económica y perspectivas de crecimiento             Puntuación económica 

Liquidez externa y posición inversora internacional              Puntuación externa 

Flexibilidad, comportamiento fiscal y posición deudora        Puntuación fiscal 

Flexibilidad monetaria                                                            Puntuación monetaria.   

Fuente: Standard & Poor´s (2011) 

 

Las puntuaciones que reflejan cada conjunto de factores se obtienen de una serie de 

indicadores cuantitativos y cualitativos que se describen más abajo. Posteriormente se 

combinan la puntuación política y la económica para obtener el perfil político y 

económico del país y las puntuaciones externa, fiscal y monetaria para obtener el perfil 

de flexibilidad y comportamiento. Por último, la combinación de estos dos perfiles 

constituye la calificación de la deuda soberana en divisa. La calificación de la deuda 

soberana en divisa se somete a un ajuste de hasta dos puntos con el fin de obtener la 

calificación de la deuda soberana en moneda local, en virtud de la capacidad de los 

gobiernos para gestionar el nivel de solvencia en moneda local a través de la política 

monetaria.  

 

Otros ajustes adicionales se realizan si el país cumple una o dos de los que ellos llaman 

factores extraordinarios, que pueden aumentar o disminuir el nivel de solvencia incluso 

si los factores ordinarios se mantienen invariables. Se trata de indicadores comparativos 

que ponen en relación una magnitud del país con otro valor de referencia, es decir, que 

tienen en cuenta la posición relativa del resto de los países17. Los factores 

extraordinarios que restan solvencia son: i) la necesidad extrema de financiación 

                                                           
17 Puede ser la media general en países comparables o el siguiente valor más débil o fuerte del rango 
general.  
 



 

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     48 

externa, ii) una posición fiscal extremadamente débil, iii) la coexistencia de riesgos 

políticos y niveles de deuda elevados y iv) situaciones de guerra o de catástrofe natural. 

Por el contrario, los factores que añaden solvencia son i) gobiernos con amplia 

disponibilidad de activos líquidos, en comparación con países con niveles de solvencia 

similares y ii) posiciones de deuda favorables como resultado de procesos de 

refinanciación. El objetivo de tener en cuenta la posición relativa de los países podría 

ser establecer mecanismos de control para mantener la coherencia del conjunto de las 

calificaciones. Si es así, sería más conveniente calcular la posición relativa con respecto 

a valores fijos, o anclajes, pues haciéndolo con valores cambiantes podría ocurrir que 

estos también se hayan modificado, lo que no variaría la posición relativa de un país en 

el conjunto pero sí podría haber variado el valor del riesgo en términos absolutos.  

 

Volviendo a los indicadores de cada epígrafe de puntuación, o a los factores que 

podemos llamar ordinarios, esta fuente utiliza los siguientes: 

  

4.1. Puntuación política.  

Evalúa la calidad de la política económica en función de su capacidad para garantizar el 

crecimiento y el equilibrio macroeconómico. Se trata también del grado en el que la 

política económica es predecible gracias a la estabilidad política, la transparencia y 

responsabilidad de las instituciones y la capacidad para implementar reformas. También 

influyen el funcionamiento de la división de poderes, los niveles de corrupción, las 

garantías en la aplicación y cumplimiento de las leyes y la fiabilidad de los datos 

oficiales. Aspectos como el comportamiento pagador del país, el riesgo de guerra o el 

impacto positivo de la intervención de un organismo externo en la política económica 

también se incluyen en este apartado.  

 

El rango de valores va de 1, mejor puntuación, a 6, peor. Se trata de un análisis 

básicamente cualitativo que se completa con los indicadores Doing Business y 

Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, Desarrollo Humano de 

Naciones Unidas, Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 

Internacional y con los informes sobre Observancia de Normas y Códigos del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  

 

4.2. Puntuación económica. 



 

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     49 

Los tres factores de este componente son el nivel de ingreso, las perspectivas de 

crecimiento y la volatilidad asociada al grado de diversificación de la económica. La 

puntuación inicial es el resultado del valor del PIB per capita en dólares 

estadounidenses, que se situará en un de los seis rangos posibles siendo el 1 el 

correspondiente a valores superiores a 35.000 $ USA y el 6, a valores inferiores a 1.000 

$ USA. Esa puntuación puede sufrir un ajuste positivo de un punto en países cuya 

moneda está infravalorada, reflejando un grado de prosperidad inferior al real18 y en los 

países con unas previsiones de crecimiento muy por encima19 de la media de los valores 

de su grupo. Paralelamente, el ajuste negativo de un punto se aplica en casos de moneda 

sobrevalorada en países con crecimiento económico previsto muy por debajo de la 

media de los valores de su grupo.  

 

También merecen idéntico ajuste las economías cuyo crecimiento refleja 

fundamentalmente un alza en los precios y un aumento del crédito al sector privado, con 

riesgo de tratarse de burbujas de activos originadas por un exceso de crédito. Lo mismo 

ocurre con las economías que se sitúen en los grupos 1 a 4 según el PIB per capita y que 

sean vulnerables a desastres naturales, condiciones climatológicas o en las que una 

única industria cíclica represente más del 20% del PIB. Sin embargo, este ultimo ajuste 

no se aplica en los casos en los activos públicos líquidos superen el 50% del PIB.  

 

4.3. Puntuación externa 

Se puntúa de 1 a 6 la mayor o menor capacidad de la economía para generar ingresos en 

divisas que permitan atender a sus obligaciones de pago a no residentes. Se basa en tres 

factores: el estatus de la moneda del país, su posición de liquidez y su posición deudora. 

Los países con moneda de reserva adquieren la mejor de las dos categorías de las que 

consta el primer factor, teniendo en cuenta que sólo Alemania y Francia son 

merecedoras de esta puntuación dentro de la zona euro. La razón es que, debido a su 

aportación al PIB europeo, es poco probable que el BCE desarrolle una política 

monetaria contraria a sus intereses. Los países con moneda convertible y el resto de 

miembros de la zona euro se clasifican en la segunda categoría. Para completar la 

puntuación externa de países con moneda de reserva o convertible sólo se añade el 

                                                           
18 Países con amplios superavits exteriores y elevada acumulación de reservas de divisas en un sistema 
cambiario intervenido, por ejemplo. 
19 La versión publicada de la metodología de S&P no especifica a cuanto se refieren con “muy por 
encima”. 



 

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     50 

análisis de la posición deudora, medida como la relación entre la deuda externa (neta de 

activos externos líquidos)20 y los ingresos corrientes de balanza de pagos y calculada 

para el año en curso y los tres años siguientes. El resto de países del mundo pasan por 

un filtro de posición de liquidez, medida por la relación entre las necesidades de 

financiación21 y la suma de ingresos corrientes de balanza de pagos y reservas de 

divisas. 

 

Como resultado de lo anterior, se obtiene la matriz de puntuaciones de la tabla II.2: 

 

Tabla II.2: Valoración de la posición soberana en el exterior de Standard & Poor´s 

 

Fuente: Standard & Poor´s (2011) 

 

Las puntuaciones resultantes en la tabla anterior se deterioran en una categoría en los 

siguientes casos:  

• Países con moneda convertible que reflejan un problema de competitividad o de 

sobreendeudamiento al registrar déficit corrientes de balanza de pagos 

superiores al 10% (el ajuste será de dos puntos si el déficit supera el 20%) o con 

                                                           
20 Los activos líquidos externos son las reservas de divisas, activos líquidos de sector  público en manos 
de no residentes,  préstamos o inversiones de bancos nacionales en entidades extranjeras y depósitos de 
no residentes en bancos nacionales. Para la medida de la deuda externa neta,  Standard & Poor´s le resta 
al valor de la deuda externa  sólo los activos más líquidos de los sectores público y financiero, teniendo 
en consideración, como ellos mismos indican en su manual de metodología, que los activos del sector 
financiero suelen ser más líquidos que los del sector no financiero y que las entidades financieras suelen 
mantener una proporción de activos en el exterior mayor que las no financieras.    
 
21 Las necesidades de financiación se calculan para el año en curso y previsiones para los tres siguientes 
años y se representan por la suma de los pagos en la balanza por cuenta corriente, del valor de la deuda 
externa a corto plazo al fina del año anterior, de los depósitos de no residentes al final del año anterior y 
los vencimientos de deuda a largo plazo a lo largo del año en curso.  



 

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     51 

deuda a corto plazo superior al 100% de los ingresos de la cuenta corriente de 

balanza de pagos.  

• Países vulnerables a un eventual deterioro de los términos de intercambio, 

medido por una desviación estándar superior al 10% en los diez últimos años, a 

menos que dispongan de activos externos superiores al 50% de los ingresos 

corrientes para compensar esta volatilidad.  

• Países que presenten un endeudamiento reducido pero que hayan sido objeto de 

refinanciaciones, condenaciones de deuda o falta de acceso a los mercados de 

capitales.  

• Países que afrontan restricciones en la financiación oficial debido a 

incumplimiento de programas de ajuste, dificultades en el sector bancario o 

salidas de capitales motivadas por un deterioro de la confianza inversora 

internacional.  

 

Los ajustes positivos, también de una categoría, se aplican a: 

• Países con moneda convertible y amplios superávit de balanza por cuenta 

corriente, si bien en este caso no se indica el valor de referencia. 

• Países con una fuerte posición inversora internacional gracias a mantenimiento 

de amplios activos líquidos por parte del sector privado no financiero. Tampoco 

en esta magnitud se indica el método de cálculo ni el valor de corte.  

  

4.4. Puntuación fiscal.  

Refleja la sostenibilidad de las cuentas públicas y de la deuda y representa la 

flexibilidad fiscal, las vulnerabilidades de las cuentas públicas, la estructura de la deuda 

y el acceso a la financiación así como los riesgos potenciales derivados de posibles 

contingencias. Para que la medición de tantos aspectos tan variados sea más operativa, 

esta puntuación se divide en dos, de las que posteriormente se obtiene la media 

aritmética: comportamiento y flexibilidad fiscal y peso de la deuda.  

 

4.4.1. Comportamiento y flexibilidad fiscal: el punto de partida para esta 

puntuación es la evolución prevista para el valor medio de la deuda pública en 

% del PIB del año en curso y los tres años siguientes. A los valores inferiores a 

0% les corresponde una puntuación de 1 y, en el otro extremo, a los valores 



 

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     52 

superiores a 6% les corresponde una puntuación de 6. Los rangos de valores 

correspondientes a cada tramo se solapan (2% a 4%, 3% a 5%, 4 a 7%, etc.) de 

manera que a un valor de la deuda le pueden corresponder dos puntuaciones 

distintas. Este asunto se resuelve observando la tendencia de la evolución de la 

deuda a lo largo del período: si desciende, se asigna la puntuación más baja y si 

aumenta, la más alta de las dos posibles.  

 

Los ajustes reflejan el margen de maniobra de los gobiernos para gestionar las 

cuentas públicas. Los ajustes positivos corresponden a gobiernos con activos 

líquidos superiores al 25% del PIB o con capacidad para aumentar ingresos y/o 

recortar gastos por valor del 3% del PIB. Este último aspecto se valora 

cualitativamente teniendo en cuenta la influencia histórica de condicionantes 

derivados de la esfera política, legal, administrativa, económica o social. No 

cabe duda que esta valoración no es sencilla ya que abarca un conjunto de 

factores muy amplio, difícil de medir y cuya información no es fácil de 

interpretar en términos de los efectos que puede tener.  

 

Los ajustes negativos se aplican a países con elevadas tasas de evasión fiscal y/o 

economía sumergida, que distorsionan las previsiones de aumento de los 

ingresos impositivos, o con unas cuentas públicas muy dependientes (más del 

25%) de los ingresos procedentes de sectores volátiles, y se refieren 

expresamente a los royalties en actividades extractivas o los impuestos a la 

venta de inmuebles. Las posibles presiones en el gasto a largo plazo no previstas 

por el gobierno, tales como un aumento en las pensiones o en el gasto en 

sanidad o en educación también generan un deterioro del un punto en la 

valoración.   

 

4.4.2. Peso de la deuda: esta puntuación evalúa la sostenibilidad de la deuda y se 

basa en el nivel de la deuda y su composición, en el coste de la deuda en 

relación con los ingresos, en la capacidad de financiación y en contingencias que 

constituyan obligaciones del gobierno que pueden convertirse en deuda en el 

futuro.  

 



 

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     53 

La combinación del nivel de deuda, medida en proporción al PIB, y del coste de 

la deuda, medido por el valor de los intereses en proporción a los ingresos 

públicos, da lugar a la siguiente matriz de puntuaciones:   

 

Tabla II.3: Valoración de la carga de la deuda soberana de Standard & Poor´s 

 

Fuente: Standard & Poor´s (2011) 

 

Conviene señalar que estas magnitudes se refieren a las del sector público en 

general, incluidas las administraciones regionales y locales. En cambio, los 

ajustes se calculan sobre la base del gobierno central, debido a que el riesgo 

soberano valora la capacidad de éste para atender a sus compromisos de pago, 

no las de entidades públicas o regionales.  

 

A las puntuaciones resultantes del cuadro anterior se aplican ajustes negativos 

de una categoría en lo casos de gobiernos cuya deuda está en más de un 60% en 

manos de no residentes o en más de un 20% en manos del sector bancario 

nacional. También se activan ajustes en casos con una exposición significativa a 

las variaciones de tipo de cambio o con una necesidad de refinanciación elevada 

y cuando, además, ocurre que más de 40% de la deuda está denominada en 

divisas o el vencimiento medio es de menos de tres años. Si el gobierno presenta 

necesidades de refinanciación pero éstas van a ser cubiertas por organismos 

oficiales y se prevé que las condiciones impuestas se cumplan, entonces la 

puntuación se ajusta con una mejora de un punto.  

 

Las contingencias a las que nos referíamos anteriormente se refieren a las 

posibles necesidades de financiación o de rescate que puedan surgir en distintos 

ámbitos de la economía, como el sector financiero o el sector privado no 

financiero. En el caso de los bancos, esta puntuación mide el efecto del coste 

directo para el Estado de la financiación que se derive de las necesidades de 

recapitalización. Sin embargo, no incluye el efecto del descenso en los ingresos 



 

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     54 

impositivos que provocaría una crisis sistémica en el sector financiero, como 

consecuencia de la recesión económica que suele llevar asociada. Este coste 

puede ser significativo.  

 

La contingencia más grave sería el coste asociado a las necesidades de 

recapitalización de los bancos en el caso de una crisis sistémica en el sector 

financiero. Para calcular estas, se define un escenario de “stress”, con un 

descenso del 6% del PIB, una tasa de desempleo del 15% y una caída de la bolsa 

de valores del 60%. Primero se calculan las pérdidas potenciales del sector y, 

después, el valor de la recapitalización necesaria para asegurar la viabilidad a 

largo plazo de los bancos. Por otro lado, la valoración de las contingencias 

derivadas de las empresas públicas consiste en el cálculo de la eventual pérdida 

si se reduce la disponibilidad de financiación, tanto externa como nacional. Por 

último, la tercera modalidad de contingencias incluye cualesquiera garantías 

soberanas emitidas sobre deuda privada y partidas de gasto que no hayan sido 

incluidas en los presupuestos.  

 

Una vez estimado el valor de los tres tipos de contingencias, se determina si su 

efecto es limitado, moderado, alto o muy alto en función de si suponen un coste 

menor del 30%, entre el 30% y el 60%, entre el 60% y el 80% o mayor que el 

80% del PIB, respectivamente. Esto no se utiliza para aplicar un ajuste directo 

sino que constituye una  información cualitativa adicional que complementa la 

valoración resultante de la tabla 2. Sin duda este aspecto aporta subjetividad a 

esta metodología, que deja abierta la puntuación final, de nada menos que el 

peso de la deuda, a cuestiones que abarcan aspectos tan amplios como las 

llamadas contingencias, cuyo cálculo se rige por criterios igualmente subjetivos.  

 

Esta metodología limita los ajustes a un máximo de dos puntos en cada una de las 

puntuaciones anteriores, tanto al alza como a la baja.  La limitación actúa de manera 

separada para los puntos 4.1 y 4.2. 

  

4.5. Puntuación monetaria. 

Refleja la capacidad de una economía para mantener el ritmo de crecimiento y la 

capacidad del pago del Estado en épocas de presión económica o financiera. Su 



 

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     55 

valoración se asienta sobre los siguientes elementos: el uso de la política monetaria para 

gestionar situaciones económicas internas adversas, la tendencia de la inflación y la 

eficiencia de los mecanismos de transmisión de la política monetaria a la economía real, 

que depende del grado de desarrollo y de diversificación del sistema financiero. En este 

epígrafe se valoran los aspectos que repercuten en la capacidad del Estado para regular 

el nivel de liquidez sin que se generen tensiones inflacionistas.  

 

En un extremo del rango, merecen directamente una puntuación de 6 los países que 

tienen una capacidad limitada para influir en el nivel de liquidez o para la consecución 

de los objetivos de política monetaria. Se trata de los países que adoptan la moneda de 

otro país o que tienen sistemas de cambio rígidos, países con controles de capitales y 

economías con tasas medias de inflación en los últimos cinco años superiores al 20% o 

con más del 75% de los depósitos o de los impagos denominados en dólares.  

 

Una vez clasificados los países merecedores de la puntuación 6, para el resto de países 

el rango de puntuaciones varía de 1 a 5 según tres factores: el tipo de régimen 

cambiario, desde la libre flotación al currency board; el grado de independencia y 

objetividad en la gestión del banco central y la eficiencia de los mecanismos de 

transmisión de la política monetaria a la economía. Esta última se mide con base en el 

número de impagos en moneda local, el grado de capitalización del mercado y las 

condiciones de funcionamiento del mercado de deuda pública. 

 

Los ajuste negativos de un grupo se aplican en los casos de deflación, elevado 

porcentaje de depósitos y préstamos denominados en divisas, pertenencia a una unión 

monetaria y en países que han impuesto limitaciones a la convertibilidad de moneda y a 

la salida de capitales o que aplican tipos de cambio de manera discriminada. El ajuste 

negativo es de dos grupos si el país en miembro de una unión monetaria y registra 

crecimientos de precios y salarios muy por encima de la media. Por último, a los países 

con una tasa media de inflación de entre el 10 y el 15%, estimada para un período de 

cinco años a partir del año anterior, se les asigna directamente un 4. Si es de entre el 

15% y el 20%, directamente un 5.   

Cuanto más estructurados estén los criterios de puntuación en este tipo de modelos, 

menor será el margen de subjetividad. La ventaja de esta metodología es que la 

capacidad para estructurar criterios es tan amplia como se desee, lo que permite regular 



 

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     56 

y ordenar el proceso de valoración al máximo para evitar que se aleje de los criterios 

técnicos. Esto es así independientemente de la utilización que haga Standard & Poor´s 

de este método. De hecho, su modelo está extremadamente estructurado en algunos 

aspectos, dejando poco margen para valoraciones subjetivas o para desviaciones 

indeseadas en el proceso. Sin embargo, en otros de importancia indiscutible para el 

riesgo de crédito como el análisis de la deuda, deja abiertos aspectos muy amplios cuya 

valoración se podría formalizar más.  

 

Ahora bien, incluso en modelos que hayan sido estructurados de manera que su 

utilización se haga de manera eficiente, pudiera ocurrir que el propio diseño de la 

estructura, los rangos y los ajustes se alejen de criterios técnicos adecuados. Es decir, en 

el propio diseño del modelo hay también margen de error y de subjetividad. Como 

contrapartida, la participación de técnicos en el diseño y en el análisis permite captar las 

particularidades de los aspectos cualitativos derivadas de los contextos sociopolíticos, 

sin perder matices que de otra manera se perderían. Esto enriquece el estudio, máxime si 

una vez captada la realidad en toda su extensión, la traducción a un dato numérico se 

hace de una manera metódica, predefinida e igual para todos los países. En definitiva, la 

cualificación de los autores y de los usuarios del modelo así como la calidad de las 

fuentes y la experiencia obtenida de las pruebas y los errores en la propia utilización son 

críticos para que los resultados sean rigurosos.     

 

5. Modelos econométricos.  

Esta modalidad utiliza técnicas de procesamiento de datos cuantitativos basadas en la 

lógica causal obtenida mediante sistema de regresión para calcular el valor del riesgo.  

Los aspectos políticos y sociales deben transformarse en indicadores numéricos para su 

tratamiento estadístico. Esta técnica es rápida, ya que una vez diseñado el modelo la 

obtención de resultados actualizados sólo requiere la carga de los datos nuevos. La 

velocidad de actualización no aumenta significativamente, además, con el número de 

países, lo que hace que este método sea muy operativo. La cuantificación de los mismos 

aspectos cualitativos relativos a distintos países permite eliminar sesgos en la valoración 

del entorno sociopolítico y homogeneizar el estudio. En contrapartida, provoca la 

pérdida de matices y de diferencias que pueden existir entre fenómenos similares 

ocurridos en distintos contextos y entre sus efectos sobre el riesgo. En la realidad estas 

diferencias existen, de manera que el mismo evento puede  generar distintos grados de 



 

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     57 

riesgo según el país en el que tiene lugar. Por otro lado, hay algunos factores de índole 

sociopolítica cuya cuantificación es muy complicada de realizar sin alejarse del 

significado del evento y de su impacto en el riesgo. Es más, como señala Simon (1992), 

incluso en los casos en los que la labor de cuantificación no es complicada, es posible 

que la creación de los indicadores y la selección de los aspectos que se incluyen en el 

análisis puedan entrañar un grado no despreciable de subjetividad.  

 

Un ejemplo característico de esta modalidad es el modelo de análisis de riesgo país de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este modelo fue 

desarrollado con motivo del Acuerdo de Armonización del Crédito a la Exportación con 

Apoyo Oficial, conocido como el Consenso22, y con el objetivo de servir a los  países 

miembros firmantes del acuerdo como instrumento para obtener una clasificación 

consensuada del riesgo país. El propósito final es la creación de un sistema de primas 

mínimas en el aseguramiento del riesgo de crédito en las exportaciones con apoyo 

oficial a países no miembros de la OCDE. Tal y como señala la propia OCDE, las 

clasificaciones son el resultado del estudio de tres riesgos: el de convertibilidad, el de 

transferencia y el riesgo de guerra y violencia política. Como ya se ha visto, sólo el 

riesgo de convertibilidad sería aplicable tal cual a la inversión directa, pero la OCDE no 

valora los riesgos individualmente sino conjuntamente, de manera que no se obtiene una 

valoración específica de éste.   

 

Esta metodología establece una primera división entre países de renta alta, todos los 

miembros de la OCDE y otros países de la zona euro, y el resto. Los primeros se 

clasifican automáticamente en el grupo 0, mientras los segundos se someten a un 

sistema de clasificación de dos pasos. En primer lugar se utiliza un modelo 

econométrico que mide la situación económica, la situación financiera y la experiencia 

de todos los países participantes en el comportamiento pagador del país. El modelo da 

como resultado una probabilidad de impago de 0% a 100% que está asociada a una de 

las categorías de la escala de 1 a 7, de menor a mayor riesgo. En segundo lugar, a partir 

de ahí, se realizan los ajustes manuales que el llamado Grupo de Expertos en Riesgo 

País de la OCDE considere necesarios para incorporar el impacto de los aspectos 

sociales y políticos en la probabilidad de impago de importaciones. Estos ajustes son el 

                                                           
22  La OCDE se refiere a este acuerdo como The Arrangement  
 



 

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     58 

resultado de un análisis cualitativo realizado por cada uno de los participantes y de un 

debate posterior, que tiene lugar en varias reuniones al año, encaminado a obtener una 

clasificación común de los riesgos. Los criterios incorporados al modelo, los resultados 

del modelo y el contenido de los debates son confidenciales, pero la clasificación final 

se publica en la página web de la OCDE.  

 

Lo más interesante de la operativa de la OCDE es que combina la utilización de dos 

metodologías, evidentemente las que considera más apropiada para cada análisis: un 

modelo econométrico para el tratamiento de datos cuantitativos y un modelo cualitativo 

para el análisis del contexto sociopolítico. La ventaja es que en el segundo participan 

expertos de todos los países firmantes del Consenso y el debate es muy rico en análisis 

y en argumentos. A este respecto hay que tener en cuenta que se trata del análisis de las 

compañías aseguradoras y reaseguradoras, es decir, del último eslabón en el mecanismo 

de transferencia de los riesgos y, por lo tanto, muy interesadas en la obtención de una 

valoración rigurosa, precisa y ajustada a la realidad. Todo ello, unido al hecho de que el 

resultado es por consenso, compensa parcialmente las debilidades propias de un trabajo 

cualitativo.     

 

Los análisis cuantitativos cross country constituyen una tipología dentro de los análisis 

econométricos. Se trata de modelos que elaboran un ranking de países para cada evento 

de riesgo, tales como el inicio de una guerra civil o el cambio radical de régimen 

político. Los resultados de este método son plenamente comparables entre países, pues 

la propia operativa implica utilizar indicadores idénticos para todos. Esto facilita 

notablemente algunas decisiones de inversión. La desventaja, tal como señala Simon 

(1992), radica en las diferencias en la interpretación de un mismo indicador en distintos 

países debido a las características específicas de estos. Por ejemplo, los gobiernos 

pueden estar mejor o peor preparados para gestionar una misma debilidad económica, y 

eso no se recoge en el modelo. 

 

Estos métodos relacionan el efecto de una serie de variables sobre los eventos de riesgo 

que pretenden analizar. Esto requiere de la elaboración previa de modelos de regresión 

que expliquen la relación que hay entre aquellas y el este. Estos análisis son abundantes 

en la literatura académica. Un buen ejemplo es Jensen y Jhonston (2010), que explica el 

efecto de la abundancia de recursos naturales sobre los riesgos CEN y de 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     59 

incumplimiento de compromisos a través de su efecto en la reputación de los gobiernos. 

Según su teoría, cuanto mayor es la riqueza en recursos naturales de un país, menor es 

la preocupación de su gobierno por la reputación internacional de su gestión y mayores 

son los riesgos mencionados. Sus modelos cross country utilizan datos de la actividad 

aseguradora de ONDD, la agencia de crédito a la exportación belga, para demostrar esta 

hipótesis y para constatar el hecho de que los gobiernos tienden a aumentar las ventajas 

fiscales para compensar ese incremento de probabilidad de pérdida. Sin embargo, no 

explican el efecto último de estas exenciones tributarias sobre el nivel de riesgo a largo 

plazo. Podría producirse una dinámica contraproducente de aumento del nivel de riesgo 

a largo plazo como resultado de las acciones encaminadas a reducirlo a corto plazo.  

 

Otro ejemplo de este tipo de análisis es Li (2009). Consiste en un estudio exhaustivo de 

la incidencia del tipo de régimen político y de las instituciones que los caracterizan en el 

riesgo CEN. Para ello distingue entre el efecto del grado de rotación del líder político, el 

de la duración del mandato y el de los condicionantes políticos sobre las decisiones del 

ejecutivo. Se propone averiguar qué hace que un régimen proteja o no a la IED, en qué 

condiciones expropia un gobierno democrático o un gobierno autocrático, si existe una 

lógica común y, en caso contrario, cuales son las diferencias. Según este autor, el riesgo 

de expropiación está relacionado con el incentivo, por un lado, y con la capacidad para 

realizarlo, por otro. A su vez, los incentivos serán el resultado de la combinación de las 

ganancias a corto plazo y los costes a largo plazo. Entre las primeras están la propiedad 

inmediata de los activos y de la producción, la satisfacción de las demandas populares 

de orgullo nacional y de cambio social y un mayor control del tramado productivo en 

territorio nacional. Los segundos son el riesgo de falta de conocimiento en industrias 

tecnológicas sofisticadas, la pérdida de reputación internacional, el encarecimiento de la 

financiación y el descenso de los flujos de inversión.  

 

Li (2009) desarrolla dos modelos. En el primero utiliza datos de Kobrin (1980, 1984) y 

de Minor (1994) sobre leyes de expropiación en 63 países entre 1960 y 1990. Sus 

conclusiones establecen que el riesgo CEN es menor cuanto mayores son los aspectos y 

los individuos (oposición política, sindicatos, empresarios, etc.) que condicionan la 

gestión del líder y cuanto más larga es la duración del mandato, que suele ser mayor en 

autocracias que en democracias. El líder autócrata está firmemente aferrado al poder y 

tiene interés en proteger los derechos de propiedad siempre que redunden en su propio 



 

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     60 

beneficio. En cuanto a los gobiernos democráticos, los mandatos son cortos pero los 

líderes pueden actuar también para favorecer la gestión futura de compañeros de su 

partido político, o no. El resultado de su modelo indica que el efecto de la duración del 

mandato es inverso pero es sólo significativo en autocracias, y no en democracias. Sin 

embargo, el efecto de la rotación política sobre el riesgo es directo, aumentando si ésta 

aumenta. La rotación es normal y previsible en democracia pero costosa y en ocasiones 

traumática para los dictadores. El líder demócrata asume las reglas del juego 

democrático y gestiona el corto plazo generando un grado de incertidumbre 

relativamente pequeño. En cambio, el líder autócrata gestiona el largo plazo, definiendo 

él mismo el grado de seguridad política con resultados que serán en un sentido o en otro 

dependiendo de sus intereses. El efecto de la rotación es directo pero es únicamente 

indicativo del riesgo en democracias, y no en autocracias23.  

 

Otro ejemplo es Li y Resnick (2003), que se centra en el estudio del efecto de las 

instituciones democráticas sobre los flujos de IED. Su planteamiento está relacionado 

con los efectos de la estructura del mercado, de la política industrial y de los sistemas 

fiscales propios de las democracias sobre el clima inversor, haciéndolo más o menos 

atractivo para la inversión extranjera. Aquí surge de nuevo la cuestión de la relación 

entre los riesgos y el nivel de inversión, pues un país es más o menos atractivo para la 

IED no sólo en función de los riesgos sino también de otros factores que influyen tanto 

o más en la decisión de invertir, como ya se ha visto. Según estos autores, los tres 

aspectos mencionados limitan o coartan el desarrollo de los intereses de los inversores 

cuando adoptan las características que les confieren las instituciones democráticas24.  

Todos ellos son aspectos que inciden en el flujo de inversión extranjera pero no 

                                                           
23  Li (2009) obtiene más conclusiones derivadas de la utilización de algunas variables de control en sus 
modelos, que simplemente se relacionan a continuación como muestra de la información que 
proporcionan este tipo de variables en esta modalidad de estudio: i) la antigüedad de la democracia o la 
existencia de democracias en países vecinos no afecta a los resultados anteriores, ii) la ideología de 
izquierdas no influye en el número de expropiaciones y lo mismo ocurre con la desigualdad en la 
distribución de la renta medida con el índice de Gini, iii) el riesgo de guerra o violencia política no 
aumenta el riesgo CEN, iv) la pertenencia a una unión comercial reduce el riesgo pero no altera los 
efectos de los condicionantes, la rotación y la duración del mandato en el riesgo, v) el control de los 
recursos naturales aumenta el riesgo pero no altera el efecto de las tres variables sobre el riesgo y vi) los 
países descolonizados son menos propensos a expropiar durante los tres primeros años de autogestión 
pero esto no altera el efecto obre el riesgo de las tres variables estudiadas. 
 
24 Las democracias atenúan la capacidad para que una empresa desarrolle y explote una posición 
monopolística u oligopolista, que es lo interesa al inversor; son poco propensas a pactar con los 
extranjeros condiciones que puedan  desfavorecer a los nacionales y tienden a reducir o limitar los 
incentivos fiscales a la IED.  



 

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     61 

constituyen eventos de riesgo. Pero en su análisis, estos autores  también incluyen el 

efecto de los derechos de propiedad sobre la IED, que es positivo y que sí tiene interés 

desde el punto de vista del estudio del riesgo CEN. Los derechos de propiedad, en 

virtud de los cuales los individuos y las entidades se apropian de su trabajo y de los 

bienes y servicios que poseen, dependen de las leyes, de su aplicación y de las formas 

de organización. En su modelo de regresión realizado con los indicadores de desarrollo 

del Banco Mundial en 53 países para el período 1982 -1995, explica los flujos netos de 

IED por país y año en función de los grados de desarrollo de las instituciones 

democráticas. Para esto último utiliza una medida compuesta de democracia por un 

lado, y diferentes variables institucionales por otro lado. Todos los datos proceden de la 

base de datos del Proyecto Policy IV25. En la medida compuesta se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: i) competitividad de la participación política, ii) apertura en el 

proceso de reclutamiento de políticos, iii) regulación de la participación política y iv) 

condicionantes a la gestión del líder. En cuanto a las variables institucionales, son tres: 

procedimientos por los que los ciudadanos eligen entre políticos y entre partidos, 

limitaciones institucionales al ejercicio del poder y garantía de las libertades civiles de 

los ciudadanos en el día a día y en su participación política26. Además de otras 

conclusiones relativas al efecto en los flujos de IED, el estudio de Li y Resnick (2003) 

concluye que la democracia favorece los derechos de propiedad y que la protección de 

los derechos de propiedad tiene un efecto positivo en los flujos de IED. El efecto es 

significativo, ya que una mejora en un punto en la clasificación del grado de protección 

de los derechos de propiedad según la fuente mencionada anteriormente genera un 

aumento de 76 mill. $ en IED. Además, como resultado del efecto de las variables de 

control, los autores concluyen que la inestabilidad política afecta a la IED sólo si afecta 

a la protección de los derechos de propiedad. El efecto de la volatilidad del tipo de 

cambio, y consecuentemente de los costes de transacción, también es directo y 

significativo y lo mismo ocurre con las  restricciones a la entrada o salida de capitales, 

que aumentan el riesgo de transferencia. El resto de variables de control tiene un efecto 

no significativo en los flujos de IED.    

 

                                                           
25  Para más información de este proyecto, ver http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm  
26 El estudio incorpora como variables de control la duración del régimen; la inestabilidad política  
medida en número de asesinatos, huelgas, crisis de gobierno y manifestaciones políticas; el tamaño de 
mercado en volumen del PIB; el grado de desarrollo económico medido en PIB per capita y en dotación 
de infraestructuras; el crecimiento económico; la volatilidad del tipo de cambio, los cambios en los costes 
laborales y las restricciones normativas al flujo de capitales.   



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     62 

Otros estudios como Henisz (2000) analizan el efecto de la creación de una joint 

venture sobre el riesgo de expropiación así como la relación de este tipo de riesgo con 

la estructura del activo de la empresa inversora, es decir, la composición y tipos de 

activos que determinan el grado en el que estos pueden ser utilizados por otros 

propietarios, con menor nivel de cualificación por ejemplo, o para otros fines sin 

mermar su capacidad de producción. Esta misma lógica se aplica a la posibilidad de 

utilizar la marca comercial de la empresa expropiada, o al riesgo de fuga tecnológica. 

Otras investigaciones como la de Knack y Keefer (1995) tienen por objeto medir la 

idoneidad de los indicadores que miden la calidad de las instituciones y su efecto sobre 

el crecimiento económico. Este último aspecto se aleja de nuestro estudio pero la 

medición de la calidad de las instituciones es una cuestión clave para los riesgos 

políticos. Estos autores valoran los indicadores de Barro (1991) para la medición de la 

inestabilidad y la violencia políticas, los de Gastil (1986) para la medir las libertades 

civiles y la libertad política, cinco indicadores de Internacional Country Risk Guide 

(ICRG), y otros cuatro de Business Environmental Risk Intelligence (BERI), ambos 

para medir los riesgos de expropiación, de incumplimiento de compromisos, de 

corrupción y el riesgo legal. El resultado de su estudio es que los indicadores ICRG y 

BERI se comportan mejor en su capacidad de valoración y son estadísticamente más 

significativos que lo de Barro y Gastil.  

 

6. Conclusiones 

 

Todas las metodologías descritas proporcionan elementos útiles para el análisis de los 

riesgos políticos así como debilidades que las hacen imperfectas para esta tarea. Las 

encuestas elaboradas por expertos y realizadas a los protagonistas susceptibles de sufrir 

pérdidas debido a los eventos de riesgo proporcionan información valiosa si se elaboran 

atendiendo a los requisitos de representatividad de la muestra, pero carecen de la 

agilidad que exige el carácter cambiante de estos riesgos y pueden incurrir en falta de 

calidad en las respuestas, al quedar a expensas de los encuestados el mayor o menor 

rigor con el que den sus opiniones. Los análisis cualitativos permiten procesar 

información no cuantitativa, lo cual constituye una enorme ventaja en el análisis de los 

riesgos políticos, y proporcionan mucha información al usuario. En cambio, exigen un 

elevado nivel de cualificación en los analistas y pueden llevar inherente riesgos de 

incoherencia entre países o de inconsistencia en el tiempo si no hay homogeneidad 



 

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     63 

entre las fuentes de información o entre los criterios. Esto restaría rigor a los análisis y a 

sus resultados. 

  

En cuanto a las metodologías de análisis basadas en modelos econométricos, su 

utilización para el análisis de los riesgos en economía plantea las siguientes reflexiones. 

Es una realidad indiscutible que los mecanismos de valoración y los criterios de 

interpretación de la realidad económica son complejos y ni siquiera reúnen el suficiente 

grado de consenso entre los mejores economistas. También es incuestionable esta 

debilidad de la economía como ciencia con respecto a otras ciencias, en las que la 

identificación de un problema y su explicación o resolución sí es permanente e 

inequívoca, atemporal y universal. Tal es el caso de la física o las matemáticas. Habida 

cuenta de que los científicos comparten cualidades similares en todas las ciencias 

(economistas o físicos) y que los principios que rigen la investigación científica son 

también comunes a todas las ciencias (naturales o sociales), las razones que hacen de la 

economía una ciencia más débil deben buscarse en el objeto de estudio: la sociedad, es 

decir, los individuos, las organizaciones y las instituciones. Estos elementos conforman 

escenarios cambiantes, cuyas características varían en el tiempo y en las culturas, y 

complejos, en los que interaccionan múltiples variables que son imposibles de aislar. 

Por lo tanto, el tipo de conocimiento que puede obtenerse de estas realidades y las leyes 

económicas que de él se deriven carecen de la atemporalidad y la universalidad que son 

deseables en una ciencia. Esto ya complica la búsqueda de certeza y de relaciones 

causales permanentes. Pero a esta dificultad hay que añadir que el proceso de prueba y 

error en una ciencia social exige que la contrastación de hipótesis se haga por 

observación y comparación. Siendo las realidades complejas y cambiantes, la 

observación y comparación se convierten en métodos mucho más inseguros que la 

experimentación controlada en un laboratorio cerrado. Por último en economía la 

interacción del sujeto y el objeto de estudio dificulta la creación de reglas de 

determinación. Un economista puede modificar la realidad económica como 

consecuencia de la aplicación de las teorías que resultan de su análisis de esa realidad  

mientras que, por el contrario, es imposible que un químico altere el concepto de un 

átomo como resultado de su trabajo con él. Todo esto explica las reservas que suscita el 

uso de modelos matemáticos para el análisis de los riesgos.  

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     64 

Ahora bien, no obstante lo anterior, en la medida en que seamos capaces de utilizar las 

matemáticas para algunos aspectos del estudio de la economía estaremos esclareciendo 

parte de su comportamiento. Esto ya es un avance notable. La clave es determinar qué 

relaciones causales de la economía, la política y la sociedad son susceptibles de ser 

analizadas con métodos matemáticos. Un problema de difícil solución es el sesgo que 

se puede producir en los resultados como consecuencia de la omisión de variables 

cualitativas de difícil cuantificación o como consecuencia de la carencia de variables 

cuantitativas en algunos países o en algunos períodos. Esto obliga a interpretar los 

resultados con reservas, sin peder de vista que el análisis de correlación lleva inherente 

estos aspectos que pueden alterarlo. Lo mismo ocurre con el efecto que tienen algunas 

circunstancias propias de algunos países. De ellas se sabe que constituyen elementos 

diferenciadores entre países que modifican el contexto y, consecuentemente, alteran el 

impacto de las variables explicativas que se están utilizando en el modelo. Sin embargo, 

estos factores  a veces son difíciles si quiera de identificar, no digamos de medir.  

Debemos interpretar los resultados sin perder de vista estas reflexiones, de manera que 

será necesario completarlos con aportaciones cualitativas basadas en el criterio de 

expertos. La manera cómo se deben conjugar los resultados cuantitativos y las 

aportaciones cualitativas podrá estar más o menos estructurada, pero deberá responder 

siempre a criterios técnicos objetivos.  

 

En definitiva, la complejidad del análisis de los riesgos en economía es inherente a la 

economía misma, y no tanto a las metodologías de estudio utilizadas. Ingo Walter27 

resumió los problemas del análisis del riesgo país diciendo que “en ausencia de un 

mercado eficiente cuyos datos puedan ser analizados con rigor, el análisis eficiente del 

riesgo país requiere la implicación de un personaje del Renacimiento, extremadamente 

inteligente, doctorado en economía, políticas, sociología, psicología y quizá en alguna 

ciencia más, así como completamente objetivo y con grandes dosis de sentido común” 

(Walter, 1981, p 85). Es muy probable que, para analizar el efecto de los riesgos 

políticos en la IED, exista un punto intermedio entre el análisis cualificadísimo del 

personaje de Walter y el estudio exclusivamente matemático de la economía.  Es ese 

punto el que nos proponemos encontrar en los próximos capítulos.  

                                                           
27 Ingo Walter es profesor en la New York University´s Stern School of Business. También enseña 
“Sovereign and Reputational Risk” en el programa de Risk Management Open Enrollment de la escuela 
Stern Executive Education, en el TRIUM Global Executive MBA Program, en la London School of 
Economics and HEC School of Management.  



 

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     65 

 

El balance final del estudio comparado de las metodologías de análisis de riesgo país 

nos permite partir de los estudios econométricos que han realizado otros autores para 

conocer las causas y los factores relacionados con los riesgos que vamos a estudiar. A 

partir de ahí, una vez identificados éstos, utilizamos la metodología de análisis 

cualitativo estructurado para definir un modelo de valoración de los riesgos que recoja 

de manera ordenada todos los elementos que intervienen en ellos y que arroje una 

probabilidad de suceso clasificada en alta, media y baja.  



 

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     66 

Capítulo III 

Causas y Factores Relacionados con la Violencia Política 

 

1. Introducción 

 

En capítulos anteriores se ha planteado que los conflictos pueden adquirir diversas 

características y se ha concretado cual es la forma de violencia que nos interesa desde el 

punto de vista del riesgo país: la violencia que persigue objetivos políticos. Sus 

modalidades quedaron caracterizadas en función de la dimensión que adquieren y del 

grado de consecución de los objetivos. La historia proporciona muchos ejemplos, 

demasiados, de guerras civiles e internacionales, guerras entre dos o entre varios países, 

revoluciones, guerras de guerrillas o guerras frías, actos de terrorismo nacional y actos 

de terrorismo que devienen en guerras internacionales. Desde el final de la segunda 

guerra mundial, y especialmente desde el final de la guerra fría, la modalidad de 

conflicto más frecuente ha sido la guerra civil y, más recientemente, el terrorismo. Las 

modalidades de violencia política que pueden ocasionar pérdidas para la IED abarcan 

estas y cualesquiera otras formas de desestabilización con objetivos políticos. Así pues, 

de ahora en adelante nos referiremos indistintamente a situaciones de desestabilización 

sociopolítica, de conflictos armados, de revoluciones o, sencillamente, de violencia 

política en general.  

 

En el estudio de los eventos de violencia política, el Stockholm Internacional Peace 

Research Institute proporciona el resultado de su proyecto “Facts on International 

Relations and Security Trends”. Este trabajo se conoce como SI-FIRST y está 

elaborado en colaboración con 18 organizaciones, entre las que se encuentran Freedom 

House, Transparency Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo28.  Otro proyecto para la definición y el registro de guerras es el de David 

Singer y Mel Small denominado Correlates of War. Estos autores definen la guerra civil 

como un conflicto armado entre el ejército nacional y uno o más grupos rebeldes que 

provoca 1.000 o más muertos anuales, de los cuales cada parte registra al menos el 5%. 

La base de datos distingue entre la guerra y otras modalidades de conflicto y establece 

hasta nueve categorías de guerra basándose en la categorización de Meredith Reid 

Sarkees: guerra entre Estados, entre un Estado y sus colonias, entre un Estado y una 
                                                           
28 Más información en http://www.sipri.org/databases/first.  



 

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entidad extranjera no estatal, guerra civil con objetivo nacional o regional, guerra civil 

de ámbito regional o local y guerras entre entidades no estatales dentro o fuera de las 

fronteras29.   

 

Quizá la fuente más completa sobre eventos de este tipo sea la base de datos que 

elabora el Centre for the Study of Civil War (CSCV), del Peace Research Institute de 

Oslo, en colaboración con el Department of Peace and Conflict, de la Universidad de 

Uppsala, en Suecia. La base de datos UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset, más 

conocida como PRIO-Uppsala, recoge información sobre conflictos armados civiles e 

internacionales desde 1946. Esta fuente considera conflicto armado cualquier evento 

que ocurre en un territorio, nacional o internacional, entre dos partes armadas, siendo 

una de ellas el gobierno de un país. Se establecen dos dimensiones: conflictos con un 

resultado de al menos 25 muertos anuales o bien, de al menos 1.000 muertos anuales en 

cada una de las partes. Este criterio incluye todas las modalidades de violencia contra el 

Estado, no sólo las guerras, y descarta cualesquiera otras formas de violencia distintas 

de la violencia política, como la violencia criminal o la violencia social. Esta base de 

datos refleja que en los años 2010, 2011 y 2012 había activos 31, 36 y 32 conflictos 

armados, respectivamente, de los cuales todos menos uno fueron dentro de las fronteras 

de un país. En el período comprendido entre 1945 y  2010 hubo 140 guerras civiles en 

79 países, que suponen más de un tercio de los miembros de Naciones Unidas. En 

cambio, el número de guerras internacionales con más de 1.000 muertos fue de 28, 

sensiblemente menor. El número de fallecidos en las primeras quintuplica al de las 

segundas. 

 

De la definición de conflicto se desprende que un caso con dos grupos opositores al 

gobierno que causara veinte muertos en cada grupo no estaría incluido en este registro, 

mientras que otro con un sólo grupo opositor que registrara en total una pérdida de 

cincuenta vidas humanas, sí lo estaría pese a ser este número inferior a los sesenta del 

primer caso. La acotación temporal tiene también un efecto excluyente molesto, ya que 

si las bajas se producen en períodos comprendidos dentro del año natural, de febrero a 

mayo por ejemplo, el conflicto quedará registrado pero si se producen entre diciembre y 

enero, sin superar el número mínimo de muertos en cada mes, entonces no quedará 

                                                           
29 Más información en Sarkees, M. R. “The COW Typology of War: Defining and Categorizing Wars 
(Version 4 of the Data)” disponible en http://www.correlatesofwar.org/  



 

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registrado. Por lo demás, la base de datos es muy transparente en lo que se refiere a  su 

construcción y a la especificación de los criterios y es más inclusiva que otras fuentes30. 

Debido a todo lo anterior, ésta constituye una fuente adecuada para el estudio de las 

causas de la violencia política en todas sus modalidades.    

 

Otra fuente interesante que maneja información sobre la evidencia empírica de la 

violencia política es la industria aseguradora del riesgo país en la IED. No obstante, hay 

que tener en cuenta que sus datos se refieren sólo a la proporción de negocio que las 

firmas deciden asegurar. Los países de destino no necesariamente suponen los 

principales destinos de la IED, ni siquiera tienen por qué ser los principales destinos de 

la inversión de las firmas aseguradas. Este problema se podría solventar en parte 

poniendo en relación el valor de las inversiones aseguradas y el valor de los flujos 

totales de IED. Sin embargo, hay un escollo mayor derivado de la opacidad que 

caracteriza a la información que publican las aseguradoras asociadas en la Unión de 

Berna31. Sus informes sólo proporcionan información muy agregada sobre la incidencia 

del riesgo país en la actividad de las multinacionales. El gráfico III.1 muestra 

información sobre los países en los que se ha concentrado la actividad aseguradora de 

la Unión de Berna hasta 2012. Estos países constituyen mercados en los que la 

percepción de los riesgos por parte de las firmas les lleva a asegurar su actividad. Es 

evidente que pueden tener inversiones en otros países, incluso con riesgo elevado, y no 

haberlas asegurado. En tal caso no constarían en esta información. Sí se dispone de 

información desagregada por tipo de riesgo en el gráfico III.2, en el que se refleja el 

valor de las indemnizaciones pagadas por tipo de riesgo, es decir, la proporción de 

eventos registrados en cada modalidad de riesgo que han ocasionado daños a las firmas 

que habían asegurado su actividad. Este dato es relevante por sí sólo, 

independientemente del volumen de operaciones que han sido aseguradas, pues refleja 

la materialización del riesgo. Pero en este gráfico perdemos la información sobre el 

país en el que tienen lugar los siniestros que dan lugar a las indemnizaciones. Además, 

obsérvese que la mayor parte de los eventos que ocasionan indemnizaciones tienen un 

                                                           
30Más información sobre la construcción y los criterios de selección en 
http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/118/118670_codebook_ucdp_prio-armed-conflict-dataset-
v4_2012.pdf  
31 La Unión de Berna es una agrupación internacional de aseguradoras de los riesgos derivados de la 
exportación y de la inversión extranjera. Más información en www.berneunion.org.  



 

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origen no especificado (color gris), sobre todo en los tres últimos años. Esto resta 

calidad a esta información y la descalifica para un estudio de las causas del riesgo país.  

 

Gráfico III.1: Principales países receptores de los flujos de IED asegurados por la 

Unión de Berna hasta 2012.  

 

Fuente: Berne Union (2013) 

 

Gráfico III.2: Indemnizaciones pagadas anualmente por tipo de riesgo en 2008-2012. 

 

Fuente: Berne Union (2013) 



 

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La información sobre los diez países que concentran mayor volumen de 

indemnizaciones en 2012 está en el gráfico III.3. Como se observa, en este gráfico no 

hay información sobre el tipo de evento que ha provoca la indemnización. En 

definitiva, no disponemos de información cruzada sobre eventos por tipo de riesgo y 

por país, que sería extremadamente útil para este trabajo.  

 

Gráfico III.3: Principales países que concentran las indemnizaciones pagadas en 2012 

 

Fuente: Berne Union 2013 

 

Habida cuenta de que nuestro objetivo es analizar la probabilidad de que se produzcan 

daños en las empresas foráneas que operan en un país, lo relevante no es sólo analizar 

las causas sino también los aspectos que están significativamente correlacionados con 

la violencia política. Todo ello sin olvidar que la correlación no implica causalidad. 

Además, nos interesan los elementos que guardan relación con el inicio de un conflicto, 

no los que influyen en su duración. La razón es que el riesgo que queremos valorar en 

esta investigación es el de la pérdida que pudiera ocasionar un conflicto sobrevenido, 

que surgiera con posterioridad al inicio de la actividad empresarial en el país. Qué duda 

cabe que cuanto más larga es una guerra, mayores son las probabilidades de pérdida 

para una empresa que opera en el territorio en el que se desarrolla. Sin embargo, el 

riego que nos ocupa es el de una guerra sobrevenida, no el de la duración de una guerra 

existente. La duración de un conflicto es una cuestión diferente a la del inicio que no se 

aborda en esta investigación. El escenario que contemplamos es el de un inversor que 

considera la valoración del riesgo de desestabilización sociopolítica para tomar la 

decisión de invertir en un país en paz que registra una probabilidad, mayor o menor, de 

generar pérdidas en el futuro por causa de violencia política. Este escenario es 



 

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     71 

completamente distinto de otro en el que el conflicto ya existiera en el momento en el 

que la empresa decide invertir en el país, y en el que la guerra no es un riesgo sino una 

realidad. El primer caso requiere un análisis del riesgo de inicio de un conflicto, 

mientras que el segundo requiere una previsión de daños y un análisis de la duración 

probable del conflicto. Collier y Hoeffler (2004) y Ross (2004) han demostrado que 

inicio y duración de un conflicto armado son procesos diferentes, con relaciones 

causales diferentes. Este estudio se centra exclusivamente en el primero.  

 

También es importante tener en cuenta que desde el punto de vista del riesgo país, el 

impacto negativo que la violencia política pudiera tener sobre la IED no requiere que se 

desarrollen situaciones de violencia propiamente dicha. Simon (1989) acuña el término 

revoluciones sin guerrillas para referirse a la inestabilidad política provocada por 

conflictos de baja intensidad, pero con una implicación mayoritaria por parte de los 

ciudadanos, que están originados por fuerzas políticas, sociales, económicas o étnico 

religiosas o por una combinación de todas ellas. Se trata de movimientos 

fundamentalmente urbanos y repentinos. Sólo dos semanas bastaron para derrocar el 

régimen de Ferdinand Marcos en Filipinas en 1986 a manos del poder el pueblo. Otros 

ejemplos de ese fenómeno son la revolución islámica en Irán en 1979 y la breve 

duración del gobierno posterior de Shapur Bakhtar, la salida de Haití del Presidente 

Duvalier y la inestabilidad social con el presidente posterior, Henry Namphy, así como 

la reciente primavera árabe y la desestabilización que aún persisten en Egipto o Siria. 

Según Simon (1989) las causas más frecuentes son tres. En primer lugar, políticas de 

austeridad extrema en contextos de crisis económicas acusadas, como en la primavera 

árabe. En segundo lugar, el cuestionamiento de la legitimidad de los gobiernos en 

regímenes autoritarios, como el de Pinochet en Chile, el de Noriega en Panamá, el del 

Sha de Irán o el de Chun en Corea del Sur; y por último, nacionalismos o sentimientos 

étnico religiosos, como en Sudáfrica, en el Estado de Punjab en la India o en Palestina. 

En definitiva, el contexto genera mayor riesgo cuanto mayor es la distancia entre las 

aspiraciones del pueblo y lo que éste puede conseguir. Es decir, el riesgo es mayor 

cuanto mayor sea la incapacidad del sistema para acomodar las demandas de 

determinados grupos sociales más o menos numerosos, organizados y poderosos.  

 

Es interesante la comparación que hace Simon (1989) entre las guerrillas características 

de Colombia, Palestina o algunos países africanos y las revoluciones sin guerrillas. 



 

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Según este autor, estas últimas se diferencian de las primeras en que i) pueden coger 

desprevenidos incluso a las propias guerrillas, como ocurrió con los sandinistas ante las 

revueltas por el asesinato del líder opositor Pedro Joaquín Chamorro en 1978, ii) 

pueden lograr resultados que las guerrillas no han logrado gracias a su capacidad de 

expansión y rapidez, iii) actúan sin violencia y se organizan a través de internet, iv) 

suelen ser menos ideológicas y están enfocadas a objetivos más concretos que reúnen 

un consenso y un ánimo de reivindicación mayor entre la población y v) el período 

posterior al cambio conseguido suele ser muy inestable. 

 

2. Los factores que originan la violencia política.  

 

La existencia de un conflicto contra un poder político es, como ocurre con casi todos 

los fenómenos, el resultado del balance entre dos fuerzas. En violencia política estas 

fuerzas son las motivaciones y la capacidad de los rebeldes para actuar, por un lado, y 

las limitaciones o las restricciones que lo debieran impedir, por el otro. Si las 

motivaciones y la capacidad para alzarse contra el orden político superan a las 

limitaciones, entonces los rebeldes generarán conflicto; si las restricciones se 

constituyen en un freno a las motivaciones e incapacitan a los rebeldes para el 

alzamiento, persistirá la paz. Ahora bien, como también ocurre en casi todos los 

fenómenos, para que estos se desarrollen necesitan un contexto determinado y unas 

circunstancias propicias que hagan que las dos fuerzas contrapuestas se activen, 

interactúen y se midan para dar un resultado o el contrario. En el caso de la violencia 

política, el contexto al que nos referimos está delimitado por el funcionamiento 

correcto de las instituciones y del Estado y por el crecimiento económico.    

 

Así pues, el análisis que proponemos para el estudio del componente económico en las 

causas de violencia política se basa en la medición de dos elementos contrapuestos: por 

un lado están la motivación para el conflicto y la capacidad de financiación de los 

rebeldes, que les proporcionarán los recursos para el alzamiento. Por otro lado está la 

posición financiera del Estado, que será una medida de su capacidad para desincentivar 

o contrarrestar la acción de los primeros y evitar el conflicto. Todo lo anterior se 

convierte en posibles causas de violencia política en países que registran tasas de 

crecimiento bajas así como fragilidad del Estado y de las Instituciones.  

 



 

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Antes de entrar en el estudio del papel de estos elementos en el inicio de un conflicto es 

preciso explicar por qué hemos definido este marco de estudio y no otro. La ciencia 

política ha abordado tradicionalmente el estudio de las causas de los conflictos desde la 

perspectiva del descontento social, poniendo el foco en aspectos como las divisiones 

étnicas o religiosas, la represión política o la discriminación política de un colectivo 

social. En cambio, los economistas se han centrado en el análisis de los posibles 

objetivos económicos que mueven a la rebelión, planteando el fenómeno en términos 

que podrían asemejarse a los de los piratas o los bandidos. Estas dos corrientes han 

dado lugar a una amplia literatura econométrica a favor de una y otra hipótesis. El 

estudio comparado de ambas permite concluir que en la violencia política intervienen 

ambos mecanismos, el económico y el social. 

 

No obstante lo anterior, es necesario matizar el papel del componente económico. En 

ocasiones, este no es el objetivo mismo de la insurgencia sino el mero responsable de su 

financiación o el causante de que la población encuentre en el reclutamiento un medio 

de vida. Entendidos de esta manera, el descontento social y el factor económico son 

compatibles, es más, pueden ser complementarios. Sin embargo, algunas 

investigaciones que respaldan el marco analítico en el que nos vamos a basar no hacen 

esta distinción, y se proponen explicar la totalidad del fenómeno, la violencia, 

únicamente por el objetivo económico, que en ocasiones es sólo la fuente de 

financiación.  

 

En nuestro planteamiento tomamos como válida la tesis de que en el origen de las 

guerras está el descontento social, pero creemos que también hay un componente 

económico. Es decir, no creemos que los factores económicos intervengan únicamente 

como el fin último de la violencia política, en guerras que surgen por el control de los 

recursos naturales o por la disputa de un territorio, por ejemplo. El factor económico 

está también en el origen porque puede explicar, entre otros, la capacidad para financiar 

un conflicto o el recurso al reclutamiento como medio de vida por parte de los 

ciudadanos con menos recursos.  

 

La tabla III.1 recoge los factores que favorecen la capacidad, las motivaciones y el 

contexto para que se desarrolle una guerra en un país.  

 



 

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Tabla III.1: Factores que originan la violencia política 

 

Motivaciones: Desigualdades sociales 

 Objetivo económico o codicia 

 Pobreza o coste de oportunidad de la actividad rebelde 

Capacidad:  Financiación de la insurgencia 

 Fortaleza del Estado para mantener la paz 

Contexto:   Estados frágiles, mala calidad institucional, crecimiento 

económico débil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las guerras han cambiado a lo largo del último siglo. Varias investigaciones 

desarrolladas en el último lustro para estudiar las causas de las guerras modernas, que 

están basadas en modelos de regresión, han demostrado que tanto los estudios que 

identifican el origen de los conflictos en la desigualdad, el odio, la exclusión política o 

la venganza, como los que identifican el origen en variables económicas, tales como la 

pobreza, la abundancia de recursos naturales o la situación del mercado laboral, se 

comportan bien a la hora de explicar el inicio de conflictos. En la literatura abundan las 

críticas de una y otra corriente a lo largo de la última década. Sin embargo, como se ha 

señalado, las dos son válidas y pueden ser compatibles en el ámbito que corresponde a 

cada una. Ambas constituyen la base teórica para el estudio del inicio de acciones 

violentas contra el poder político. Únicamente es preciso acotar debidamente el papel de 

cada una. Es, pues, necesario hacer una labor de disección de las causas de la violencia 

política para catalogarlas debidamente entre las que motivan y las que capacitan a los 

rebeldes para la acción violenta.  

 

La violencia política no es, ni mucho menos, un fenómeno homogéneo. Se trata de un 

recurso instrumental que se utiliza para lograr otros fines, de manera que raramente 

constituye un fin en sí mismo. Como hemos visto, sus motivaciones pueden ser de 

carácter político, económico y social pero lo más frecuente es que persiga objetivos 

políticos para alcanzar logros económicos que permitan transformar la sociedad. 

Stewart (2000) plantea que la motivación para la violencia nace del descontento que se 

deriva de las diferencias étnicas, religiosas y culturales entre grupos sociales claramente 



 

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definidos. En estas diferencias que se manifiestan entre grupos sociales nace lo que la 

autora denomina desigualdad horizontal. Se trata de diferencias que se ponen de 

manifiesto entre grupos sociales diferentes pero que no existen entre los componentes 

de un mismo grupo. Se puede poner de manifiesto en aspectos como el grado de 

participación política, el acceso a la tierra, la financiación de infraestructuras, el empleo 

y el nivel de renta o la percepción de servicios sociales como sanidad o educación, por 

ejemplo. La identidad de grupo puede ser de origen natural o cultural pero a menudo la 

construyen o la promueven los líderes políticos como base para lograr sus ambiciones. 

Crear o alimentar diferencias sociales ayuda a dotar de mayor eficiencia a su 

propaganda o a su estrategia política. La educación es la principal herramienta para 

crear diferencias, pero también son útiles el uso discriminado de otros servicios 

públicos o de las políticas sociales y económicas.  En economía se mide la desigualdad 

vertical contemplando a la sociedad al nivel de individuo, como ocurre en el cálculo del 

índice de Gini, por ejemplo. Sin embargo, erróneamente no se tiene en cuenta la 

desigualdad entre grupos o desigualdad horizontal, que es la que confiere al descontento 

social un potencial violento. Así se ha demostrado en Nepal e Indonesia, tal como 

asegura Murshed, S. M. y Tadjoeddin, M. Z., (2007). El conflicto iniciado en Nepal a 

manos de la insurgencia maoísta se larvó en un contexto en el que los indicadores de 

desarrollo humano y los de la propiedad de la tierra mostraban amplias desigualdades 

entre el distrito de Katmandú y el resto de distritos del país. En Indonesia se han 

registrado varios conflictos, algunos de ellos de carácter secesionista protagonizados 

por las cuatro provincias más ricas en recursos naturales. La región de Aceh es rica en 

hidrocarburos y su renta per capita es 39% superior a la media del país. Sin embargo, 

como resultado del sistema de redistribución de los ingresos fiscales, el gasto por 

habitante es un 18% inferior a la media nacional. En Papua, rica en cobre y plata, estas 

cifras son 65% y 9%, respectivamente. Estas diferencias están en el origen de las 

tensiones separatistas.    

 

Otra forma de desigualdad horizontal o entre grupos es el fraccionamiento etno-

lingüístico. La imagen III.1 muestra un mapa extraído del Atlas Narodov Mira, el Atlas 

de los pueblos del mundo elaborado en los primeros años de la década de los sesenta 

del siglo pasado por etnógrafos soviéticos (Bruk y Apenchenko, 1964). El mapa 

representa la composición étnica de la antigua Yugoslavia, en la que coexistían 14 razas 

distintas con un grado de concentración espacial alto.  



 

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Figura III.1. Composición étnica de la antigua Yugoslavia   

 

Fuente: Bruk y Apenchenko, 1964 

 

Toft (2003) ha demostrado que los grupos étnicos que están concentrados 

geográficamente presentan un mayor riesgo de conflicto, ahondando en el hecho de que 

la cohesión de un grupo rebelde le aporta capacidad operativa, planteado por Collier y 

Hoeffler (2002, 2004).  

 

Es factible que una sociedad registre una acusada desigualdad vertical y, en cambio, 

poca desigualdad entre grupos, con una renta similar entre sus componentes. También 

es factible que la desigualdad no se manifieste de manera acusada dentro de un mismo 

grupo pero que existan diferencias acusadas entre distintos grupos. Este último caso 

pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta la desigualdad horizontal en el 

estudio de las causas de violencia. La violencia surge como reacción defensiva del 

grupo menos favorecido por la distribución del poder político o económico o bien como 

reacción del grupo más favorecido ante una amenaza de pérdida de posiciones, como en 

el caso de Haití o en el de Irak en su actitud contra la comunidad kurda. Además de 

poner de relieve un aspecto crucial del contexto social que incita a la desestabilización, 

con este planteamiento Stewart (2000) trae a colación el papel activo de los políticos en 



 

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     77 

el inicio de los conflictos, a través de la inducción de diferencias sociales a la que nos 

referíamos anteriormente.  

 

La aportación de Frances Stewart al concepto de desigualdad horizontal es interesante y 

esclarecedora, pero plantea un problema al nivel empírico a la hora de medir el impacto 

en la violencia. Los grupos en los que está dividida la sociedad no siempre están 

claramente definidos y cuando sí lo están, es difícil identificar y disponer de datos que 

permitan determinar con exactitud sus integrantes para poder calcular el índice de Gini.    

    

Frente a las tesis de Stewart, fuertemente apoyadas por Fitzgerald (2003), se sitúan las 

de Collier y Hoeffler (2002 y 2004),  Snyder y Bhavnani (2005) y Snyder (2006). 

Todas descartan la polarización de la población, la desigualdad en los derechos 

políticos y las divisiones étnicas o religiosas como causas de la violencia política por 

considerarlas variables poco explicativas. Anderson (1999) concluye que hay, como 

mucho, una tenue relación entre la guerra y la justicia social. Ahora bien, pese a que 

estos autores plantean sus estudios como análisis de las causas de guerra en general, en 

realidad se centran sólo en uno de sus componentes: la capacidad rebelde para generar 

una amenaza real de violencia. La razón por la que no consideran relevantes los 

indicadores de desigualdad social es que en la capacidad influyen los elementos 

económicos, y no los de desigualdad social. Como hemos dicho, estos últimos influyen 

en la motivación. En la misma línea, Fearon y Laitin (2003), en su modelo de análisis 

de las causas de la guerra civil en 161 países en el período 1945-1999, determinan que 

la diversidad étnica o religiosa no hace a un país más proclive a la guerra civil y que el 

descontento social no está entre las condiciones que favorecen la insurgencia de manera 

significativa. Nuestra postura sobre esta cuestión es que, además de descontento social, 

es necesario capacidad para actuar.  

 

Además, Fearon y Laitin (2003) establecen que las causas de la guerra están 

relacionadas con la pobreza y la búsqueda de beneficio económico. Aseguran que el 

mecanismo que relaciona a la pobreza con la guerra está en la merma de la capacidad 

militar estatal y en el deterioro de las infraestructuras, dificultando la capacidad del 

ejército para reprimir a los rebeldes. Por su parte, Collier y Hoeffler (2002, 2004) 

plantean que la insurgencia prospera porque las limitaciones que debieran 

contrarrestarla son débiles o bien porque las motivaciones son más fuertes. Con su 



 

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modelo de análisis de las causas de la guerra civil descubren que la abundancia de 

recursos naturales y la dependencia del país de sus exportaciones aumenta el riesgo de 

conflicto. Lo mismo ocurre con tasas de crecimiento del PIB reducidas y con niveles de 

renta per capita bajos que reducen el coste de oportunidad del reclutamiento, hallando 

que la reducción a la mitad en el nivel de renta duplica el riesgo de conflicto. Otros 

factores no económicos que estos autores identifican como causantes de un aumento del 

riesgo de guerra son la dominancia étnica, que se da en países en los que una raza 

concentre a un porcentaje de entre 45% y 90% de la población, la dispersión de la 

población, niveles reducidos de escolarización y el tamaño de la diáspora, que 

proporcionará financiación a los rebeldes desde fuera del país. Collier (2007, 2009) 

identifica lo que él denomina las trampas que mantienen a los países más pobres del 

mundo en niveles de crecimiento muy reducidos y apunta a la trampa del conflicto 

como una de ellas32. Como resultado de sus estudios previos sobre las causas de los 

conflictos establece que los niveles de renta per capita reducidos, el crecimiento 

económico lento y la dependencia de la economía de la exportación de materia primas 

están en el origen de las guerra en estos países.  

 

Las dos visiones son válidas para Miguel et al. (2004), que concluye que los dos 

fenómenos se complementan para agravar el riesgo de conflicto: la debilidad del 

crecimiento económico favorece el reclutamiento rebelde y, además, debilita la 

capacidad militar del ejército, aumentando así la fuerza opositora al gobierno y 

minando la capacidad de este para contrarrestarla. Más adelante retomaremos este 

estudio para plantear la importancia del crecimiento económico en el riesgo de 

conflicto. 

 

Elbadawi y Sambanis (2002) confirma la aportación de Collier y Hoeffler (2002, 2004) 

sobre el efecto de los factores económicos en la guerra civil pero añaden que el efecto 

del fraccionamiento étnico es significativo y positivo en el inicio del conflicto, en 

contra del descubrimiento de estos últimos autores que señalan que una sociedad muy 

fraccionada carece del grado de cohesión mínimo necesario para crear conflicto.  

Easterly y Levine (1997) aseguran que si la guerra es internacional, la diversidad étnica 

no está significativamente relacionada. 

                                                           
32  Las otras trampas del subdesarrollo son la de las enfermedades, la de los recursos naturales, la de los 
malos vecinos y sin acceso al mar, la del mal gobierno y país pequeño y la de la globalización.  



 

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A continuación se resumen los aspectos relacionados con los conflictos que reúnen un 

aceptable grado de consenso en los estudios analizados.   

 

Tabla III.2: Elementos que generan motivación y capacidad para la desestabilización 

 

Motivación Las desigualdades individuales y entre grupos sociales  

 La codicia o la perspectiva de logros políticos o sociales 

 Los reducidos costes de oportunidad del reclutamiento rebelde 

Capacidad  La financiación suficiente de los insurgentes  

La reducida capacidad represiva del ejército y del Estado  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, es correcto afirmar que los conflictos son el resultado de un 

descontento social favorecido por una oportunidad económica y que sus causas son 

una amalgama de factores sociales, políticos y económicos.  

 

3. La capacidad rebelde versus la fortaleza del Estado 

 

La investigación de Collier y Hoeffler (2002, 2004) se ha convertido en una referencia 

en el análisis de la guerra civil. Sus conclusiones son válidas para explicar la 

financiación que necesita cualquier modalidad de violencia política. Estos autores 

adoptan el concepto de guerra civil desarrollado por Singer y Small en Correlates of 

War pero utilizan una versión más amplia de la base de datos, que incluye 161 países 

para el período 1960-99 en los que se registraron 79 guerras civiles. Como ya hemos 

visto, Collier y Hoeffler (2002, 2004) plantean un marco de análisis de las causas de la 

guerra civil basado en la capacidad de actuación de los rebeldes frente a la capacidad de 

represión del Estado33. Abordan el fenómeno en su vertiente económica exclusivamente 

                                                           
33 Para su estudio utilizan las siguientes fuentes: datos de guerra civiles, Correlates of War; diáspora, 
modelo propio de regresión basado en datos de diáspora en EEUU extraídos de US Bureau of the census; 
diversidad étnica, Atlás Narodov Mira 1964; PIB per capita, World Development Indicators (WDI) del 
BM y Penn World Tables; Dispersión de la población, índice de construcción propia basado en cinco 
fuentes distintas; Terreno montañoso, Gerrard, A.J.W. 2000. ‘What is a Mountain?’ Mimeo. DECRG, 
World Bank; Población, WDI del BM; Dependencia de recursos naturales medido como la relación entre 
la exportación de productos primarios en proporción al PIB, BM; fraccionamiento social, étnico y 



 

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     80 

después de descartar el descontento social como causa de las guerras.  Su objetivo es 

identificar los factores que pueden incidir en el comienzo de una guerra civil en un 

plazo de cinco años. Los grupos opositores al gobierno obtienen la financiación 

fundamentalmente de tres fuentes: en primer lugar, las extorsiones sobre los ingresos 

procedentes de la exportación de los recursos naturales, en segundo lugar, las 

donaciones procedentes de la diáspora, que son colectivos con un nivel de renta 

superior al de sus compatriotas y generalmente están bien organizados y motivados 

para la rebelión al no sufrir directamente las consecuencias del conflicto y, por último, 

las subvenciones de otros gobiernos hostiles. Este último aspecto fue muy importante 

durante la guerra fría pero ha perdido peso desde 1990. 

 

El primer elemento, la disponibilidad de recursos naturales, se mide en este estudio 

mediante la proporción de los ingresos por exportación de productos primarios en el 

PIB, observándose que la relación entre esta ratio y el inicio de conflicto es no lineal: el 

riesgo aumenta hasta que la ratio alcanza el valor del 32% y disminuye para valores 

superiores. Ahora bien, es preciso tener en cuenta dos aspectos importantes en el 

estudio de Collier y Hoeffler (2002, 2004): i) se centra en el petróleo y no tiene en 

cuenta otras formas de recursos naturales, como los diamantes y los narcóticos que 

están en el origen de los conflictos en Colombia y en varios países africanos, y ii) no 

considera el efecto que tienen los recursos naturales en la capacidad de financiación del 

Estado, que es el otro contrincante en la contienda. En este sentido es necesario 

distinguir entre el carácter económico del objetivo de los conflictos, es decir la lucha 

por el control de los recursos naturales, y el componente económico que explica las 

causas de los conflictos, es decir la financiación que permita a los rebeldes actuar y al 

Estado reprimirlos (tabla III.3). Y es preciso tener en cuenta las dos para conocer el 

balance que resulta de ambas.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
religioso, datos procedentes de estudios de Barro (1997), Mauro (1995) y Barrett (1982) disponibles en 
Collier y Hoeffler (2004); fechas de inicio de guerras civiles y duración de la paz, correlatos of War.   



 

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     81 

Tabla III.3: El componente económico en los conflictos 
 
Causas                                                                      Objetivo 
 
Capacidad financiera de los rebeldes                      Acceso a la riqueza del país 
Financiación del Estado para reprimirlos                              
 
Fuente: Elaboración propia  
 

En la tabla III.4 se muestran los componentes que intervienen en la capacidad 

financiera de los rebeldes.  

 

Tabla III.4: La financiación y las partidas de gasto de los grupos rebeldes 
 
Fuentes de financiación de los rebeldes             Partidas de gasto de los rebeldes 
 
Extorsiones a la exportación                              Coste de oportunidad del reclutamiento 
Donaciones de la diáspora                                 Compra de armamento 
Subvenciones de países hostiles al gobierno     Formación en la lucha armada 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Collier y Hoeffler (2002) 
 
 

En cuanto a la diáspora, el indicador utilizado es la relación entre la población nacional 

emigrada a EE.UU. y la población en el país de origen. Únicamente tienen en cuenta la 

diáspora estadounidense. Ésta puede ser representativa de casos como el cubano o la 

organización de los tamiles que financian a los rebeldes en Sri Lanka pero no lo es de 

otros casos en los que la diáspora está más diluida en varios países, como en el caso de 

la comunidad hebrea, o concentrada en otros países distintos de EE.UU., como el caso 

de la emigración de ecuatorianos en Europa. Ecuador registró un golpe de estado en 

200034. Por otro lado, una diáspora numerosa sería, en todo caso, causa del 

agravamiento de una situación de conflicto de facto o de otra con riesgo de inicio muy 

elevado, más que su origen. El principal mecanismo de intervención de la diáspora en 

el conflicto es la financiación. Así, es muy complicado crear, organizar y coordinar un 

movimiento de insurgencia contra el poder político en un país desde la distancia. Un 

ejemplo claro de esto es la escasa capacidad de actuación de la diáspora cubana en 

Florida, que no ha logrado superar la conjunción de factores que obstaculizan su 

capacidad de acción.  

                                                           
34 Fue contra el presidente Jamil Mahuad y estuvo protagonizado por la Confederación  Nacional de 
Indígenas de Ecuador (CONAIE).   



 

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     82 

En lo que respecta a las partidas de gasto de los insurgentes, según estos autores las 

más voluminosas están relacionadas con el reclutamiento y la logística. Los rebeldes 

deben captar miembros para su causa con rapidez y con eficiencia, para poder 

enfrentarse a un ejército que está ya organizado. Esta tarea depende directamente de la 

situación del mercado laboral, como lo demuestra la evolución del número de personas 

que se incorporaron  a la lucha en los años 1919-21 de la guerra civil rusa, que crecía 

notablemente en invierno y decrecía en verano con motivo de la cosecha agraria. La 

evolución de la renta per capita y el número de varones matriculados en las escuelas 

secundarias en los cinco años anteriores al inicio del conflicto se consideran indicativos 

del coste de oportunidad del reclutamiento rebelde y guardan una relación significativa 

y negativa con la probabilidad de conflicto.  

 

Mientras que el mercado laboral incide de esta forma en el gasto rebelde, no cabe duda 

de que la disponibilidad de armamento y la experiencia en la lucha armada son factores 

que reducen el coste de capital y de formación. Así pues, la preexistencia de un 

conflicto aumenta la probabilidad del inicio de otro. No obstante, el análisis prueba que 

esto es así sólo durante los años posteriores al fin del conflicto previo, de manera que si 

media un período de paz largo, el riesgo se reduce considerablemente.  

 

Otros aspectos que inciden en la eficiencia de la lucha armada y que se plantean en este 

estudio son los geográficos. En los países que han registrado guerras civiles, una media 

del 25% del terreno es montañoso35, mientras que esta proporción es sólo del 15% en 

los países pacíficos. También son significativos y presentan una relación positiva el 

grado de dispersión de la población, el número de habitantes y la dominancia étnica en 

un porcentaje superior al 45% de la población total. Esto último concuerda con la 

relación negativa que presenta el fraccionamiento étnico, que resta cohesión al 

movimiento rebelde y encarece su organización. La hipótesis inicial planteaba que la 

diversidad religiosa pudiera tener el mismo efecto, sin embargo, el resultado de la 

regresión con el índice de diversidad religiosa muestra que esta es similar en países con 

y sin conflictos. Habría sido interesante analizar la interrelación entre diversidad 

religiosa y étnica y conocer el impacto de la combinación de ambas en el riesgo de 

conflicto pero la falta de disponibilidad de datos cruzados impide este ejercicio. Los 

                                                           
35 El estudio incluye un análisis similar sobre la superficie cubierta por bosque que no dio un resultado 
significativo.  



 

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     83 

autores también concluyen que el grado de polarización de la población es similar en 

países con y sin conflicto, en contra de las aportaciones de Esteban y Ray (1999) y de 

Reynal-Querol (2000), que establecen una relación positiva entre ambas variables. 

 

En cuanto a la exclusión política que pudiera sufrir la población, ya sea de manera 

generalizada o sobre un grupo social determinado, son útiles las conclusiones obtenidas 

por estos autores en el análisis basado en los datos del proyecto Polity III, que mide el 

grado de consolidación de la democracia mediante un índice de 0 a 10. Este estudio 

prueba que el índice medio de los países con conflicto equivale a la mitad del índice 

medio de los países sin conflicto. Por otro lado, otro análisis que incorpora los datos de 

Freedom House36 y el Índice de Gastil37 para medir el efecto de la autocracia muestra 

que el riesgo de conflicto aumenta con la represión hasta niveles muy altos de esta 

última, a partir de los cuales la probabilidad de conflicto cae. También es significativa 

otra forma de marginación, la desigualdad en la distribución de la renta, que tiene una 

relación positiva con el riesgo de conflicto.   

 

Habida cuenta de las hipótesis que se plantean, de la metodología del estudio y de 

buena parte de las conclusiones a las que llegan, Fearon y Laitin (2003) constituye un 

complemento al estudio anterior y consolida sus aportaciones. Su análisis de 

probabilidad de inicio de una guerra civil en diez años sobre 161 países para en el 

período 1945-1999 se asienta en una base de estudio más amplia que Collier y Hoeffler 

ya que, de las 79 guerras civiles que tuvieron lugar en ese período según Correlates of 

War, estos últimos pierden 34. El motivo es la ausencia de datos cuantitativos de 

algunas de las variables explicativas propia de países más pobres y afectados por 

conflictos en el pasado. Esto pudiera ser la causa de las diferencias en las conclusiones 

de unos y otros, que vamos a ver a continuación. No obstante lo anterior, sus resultados 

también aseguran que lo que promueve la insurgencia no es el descontento social sino 

la codicia por el control de la política y de los recursos económicos. Las condiciones 

geográficas identificadas por Collier y Hoeffler (2002, 2004) como favorecedoras, es 

                                                           
36  Información sobre los indicadores de Freedom House en http://www.freedomhouse.org/  
37 Gastil ha elaborado índice para la medición de las libertades civiles y la libertad política. En él se 
incluyen aspectos como la libertad de religión o de asociación de trabajadores. Este índice ha sido objeto 
de una comparación realizada por el Banco Mundial con los indices de Barro sobre inestabilidad política 
y violencia política y con los indicadores de Internacional Country RIsk Guide (ICRG) y de Business 
Environmental Risk Intelligence (BERI) sobre derechos de propiedad y corrupción. El resultado es que 
estos dos últimos se comportan mejor que los dos primeros en la valoración del impacto de las 
instituciones en el crecimiento.   



 

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     84 

decir el terreno montañoso y la dispersión y el tamaño de la población, también resultan 

significativas y positivas en este análisis. Un país situado en el percentil noventa en 

cuanto a superficie montañosa tiene una probabilidad del 12,4% del conflicto, frente al 

6% correspondiente al percentil diez. Esta relación es muy parecida en el caso del 

tamaño de la población, siendo las probabilidades del 14,7% en el primer caso y del 6% 

también en el segundo.  

 

En cuanto a las variables económicas, Fearon y Laitin (2003) consideran al PIB per 

capita como el único indicador representativo de la financiación de ambas partes y del 

coste de oportunidad del reclutamiento para la lucha. Esto contrasta con los otros 

factores que se incluían en el estudio anterior, como la dependencia de la exportación 

de productos primarios o el nivel de escolarización en enseñanza secundaria. Es más, 

también atribuyen a valores bajos de la renta per capita la causa de la debilidad política, 

administrativa y de defensa. Manteniendo el resto de variables significativas en su nivel 

medio, un país situado en el percentil décimo de renta per capita (en torno a 579 USD) 

tiene un 17,7% de probabilidad de sufrir una guerra; en el percentil medio (2.040 USD), 

10,7% mientras que en el percentil noventa (9.466 USD), un 1%. Estos rangos son 

válidos para cualesquiera regiones geográficas, pues no se detectaron diferencias entre 

países similares de África, Asia o Latinoamérica.  

 

La composición religiosa o étnica de la población y la polarización resultaron 

insignificantes como causas de guerra, mientras que la democracia y las libertades 

civiles no reducen el riesgo después de haber controlado por renta per capita utilizando 

datos de dos fuentes: Polity IV y Freedom House. En cambio los regímenes 

semidemócratas, o en un estadio intermedio entre democracias y autocracias, tienen un 

81% más de probabilidad de guerra que las autocracias. Los países que han sufrido 

inestabilidad política y dificultades en la gobernabilidad en los tres años anteriores 

registran un aumento de nada menos que el 70% en la probabilidad de inicio de un 

conflicto generada por el resto de factores. En cuanto a los países nuevos, registran una 

probabilidad de conflicto del 10% por esta causa durante los dos años posteriores a la 

independencia, volviendo a los estándares generales transcurrido este período.  

 

Contradiciendo a Collier y Hoeffler (2002, 2004), Fearon y Laitin (2003) descarta otros 

aspectos como causas directas de guerra porque no resultaron significativos 



 

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     85 

estadísticamente. Se trata de la desigualdad en la distribución de la renta y el nivel de 

escolarización en educación secundaria de los varones. Su desestimación puede estar 

causada por el hecho de ser elementos que no inciden en la capacidad, aunque sí lo 

hacen en las motivaciones para la insurgencia. Estos autores también descartan la 

discriminación lingüística o religiosa, la guerra en países vecinos, la apertura comercial 

y el factor regional. Estos resultados no variaron tomando como eventos de guerra los 

conflictos con 1.000 o con 5.000 muertos, ni como consecuencia de variaciones en la 

definición de guerra.    

 

En el análisis del impacto de los recursos naturales, Fearon y Laitin (2003) distinguen 

entre el petróleo y el resto por dos razones. La primera es que la abundancia de petróleo 

aumenta las motivaciones para controlar el poder estatal y la segunda es que los países 

petroleros son en buena parte Estados rentistas con un aparato administrativo y una 

organización frágiles, acomodados en un nivel de ingresos fácil y holgado que 

desincentiva las políticas de desarrollo. De hecho, los países que obtienen más de un 

tercio de los ingresos por exportación del petróleo presentan el doble de probabilidad 

de sufrir un conflicto que la media de países no productores. Y no hay diferencias 

geográficas, a pesar de la concentración de países petroleros en Oriente Medio. En 

cambio, la relación entre exportaciones de bienes primarios y el PIB no resulta 

significativa en este estudio, en contra de la conclusión de Collier y Hoeffler. Este es 

un aspecto interesante del que se deriva que esta ratio así planteada no es un buen 

indicador de la capacidad de los insurgentes para obtener financiación de las riquezas 

naturales del país. Más adelante retomaremos este extremo para ver qué es necesario 

matizar sobre la naturaleza de los recursos naturales y su impacto en la financiación 

rebelde.   

 

El ejercicio comparativo entre los dos estudios que hemos analizado nos permite 

concluir que el efecto de los recursos naturales descrito en Collier y Hoeffler (2002, 

2004) simplifica demasiado ya que no tiene en cuenta los aspectos que dificultan o 

facilitan el uso que los rebeldes puedan hacer de ellos para financiarse. Tampoco 

consideran el papel de los recursos naturales en la financiación del Estado, que es nada 

menos que la otra parte en la lucha armada y el gestor del contexto socioeconómico que 

debiera motivar o desincentivar la rebelión. Por último, tampoco tiene en cuenta la 

participación de los recursos naturales en el crecimiento económico y en la renta per 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     86 

capita, con las particularidades propias de los Estados rentistas o de economías 

susceptibles de sufrir la maldición de los recursos.  

 

Hasta ahora hemos identificado varios factores que favorecen el inicio de un conflicto 

pero se trata de un panorama incompleto aún, como demuestran los tres aspectos 

descritos anteriormente. De ellos se derivan, además, otros elementos estrechamente 

relacionados con estos que, por lo tanto, resultan también cruciales en este análisis. Se 

trata de la capacidad administrativa y militar del Estado, de la legitimitad política del 

gobierno, de la posición financiera de las arcas públicas y, en definitiva, de la calidad 

de las Instituciones, que determinará el carácter más o menos frágil del Estado. Por 

último, el papel del crecimiento económico es determinante pues está en el origen de la 

situación del mercado laboral y de la mayor o menor fortaleza del Estado, en virtud de 

su capacidad para financiarse más allá de las rentas procedentes de la exportación de 

materias primas. A todos estos factores nos referimos a continuación para completar el 

mapa de aspectos que favorecen la insurgencia.  

 

4. El papel de los recursos naturales en el riesgo de desestabilización sociopolítica  

 

Entre los países que sufrieron una o varias guerras civiles en la segunda mitad del SXX 

según la definición de Correlates of War hay países ricos en recursos naturales y otros, 

no. Los que sí lo son, lo son en distintos tipos de riqueza como hidrocarburos, 

minerales, diamantes o narcóticos. El 60% de los países ricos en diamantes no han 

sufrido conflictos desde el fin de la guerra fría en 1990, mientras que casos como el de 

Sierra Leona o Liberia llevan su nombre asociado a la sangre derramada en la lucha por 

los diamantes. Por último, otros países con abundantes recursos naturales han sido 

siempre países pacíficos, como Ghana, rico en oro, Venezuela, gran exportador de 

crudo, y Guinea Conakry, con más de la mitad de las reservas probadas de bauxita. 

  

Snyder y Bhavnani (2005) explica las razones de este fenómeno planteando un marco 

de análisis centrado en el ingreso público para explicar el orden político (Tabla III.5). 

La primera clave está en si la riqueza natural es o no susceptible al saqueo38. Nos 

referiremos a esta característica como saqueable para ser fieles al término original en 

inglés de los autores, tomándonos esta licencia a pesar de no existir esta palabra en el 
                                                           
38  Lootable resources, término acuñado en Snyder y Bhavnani (2005).  



 

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     87 

diccionario de la Academia Española de la Lengua39. La segunda clave es la capacidad 

del Estado para preservar la paz y el orden político. Esto último dependerá a su vez de 

i) la disponibilidad de otros recursos naturales no saqueables, es decir, de la estructura 

de recursos naturales del país, ii) de los modelos de extracción que estén establecidos y 

la carga tributaria que el sistema impositivo realice sobre ellos y iii) del patrón de gasto 

público, más o menos encaminado al consumo no productivo o a la inversión en riqueza 

y en defensa. Veamos cada uno de estos aspectos con detalle40.  

 

Tabla III.5: El efecto de los recursos naturales según Snyder y Bhavnani (2005) 

 

1º Clave: Carácter saqueable o no saqueable de los recursos naturales 

2º Clave: Capacidad de financiación del Estado para preservar el orden 

• Proporción de recursos saqueables sobre el total de la riqueza natural 

• Modelos de extracción y de fiscalidad 

• Inversión pública en defensa y en capacidad productiva 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Snyder y Bahvnani (2005) 

 

La riqueza natural es tanto más saqueable cuanto mayor es su valor y menores sus 

barreras de entrada. Se trata de recursos cuya extracción no requiere de tecnología, 

cuya venta es susceptible de contrabando debido al pequeño tamaño de las unidades en 

las que se puede comercializar o cuyas características hacen inviable la explotación 

oficial, como ocurre con las drogas. La extracción de hidrocarburos exige proyectos de 

ingeniería sofisticados e infraestructuras complejas que deben desarrollar los Estados o 

multinacionales del sector. Lo mismo ocurre con las minas y yacimientos de diamantes, 

oro y cualesquiera otros minerales, sin perjuicio de que una vez constituidas las fuerzas 

en conflicto puedan lograr apropiárselos. En cambio, la extracción de diamantes y oro 

de aluvión, que se pueden obtener cribando las arenas superficiales que cubren buena 

parte del territorio de varios países africanos, no requieren más que algunas 

herramientas y esfuerzo físico. Esta diferencia hace que los primeros sean casi 
                                                           
39 Algunos sinónimos de saqueo son robo, expolio, atraco, asalto. No existen, sin embargo, en el 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua las palabras, saqueable, robable, expoliable, 
atracable  o asaltable para referirnos a bienes susceptibles de sufrir las acciones mencionadas.  No hay 
traducción al español de la palabra inglesa lootable.  
40 Todo el desarrollo del análisis empírico realizado para Ghana, Guinea Conakry y Sierra Leona está 
disponible en Snyder y Bhavnani (2005) pp 12-25.   



 

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     88 

inaccesibles para los grupos rebeldes, que sólo pueden aspirar a obtener crudo, por 

ejemplo, mediante agujeros realizados en los oleoductos. En cambio, la facilidad de 

acceso y de explotación de los diamantes de aluvión ha dado lugar al reclutamiento 

masivo de esclavos, a mafias y a guerras. Basta con apelar al calificativo que distingue 

a este tipo de diamantes de los kimberlite: los diamantes de sangre. En cuanto a los 

narcóticos, su carácter saqueable es inherente a su naturaleza. En este caso es suficiente 

con decir que su explotación oficial por parte de un Estado sería improcedente.   

 

Estos autores señalan también que lo relevante en cuanto al riesgo de conflicto es la 

estructura global de recursos de un país, es decir la proporción relativa de recursos 

gravables mediante impuestos sobre el total de recursos disponibles. Desde este punto 

de vista, importa sobremanera la forma de extracción, pues una explotación 

ampliamente controlada por un monopolio estatal o mediante una concesión privada 

nacional o extranjera transforma un recurso saqueable en un recurso no saqueable y 

sujeto a tributación41. El carácter gravable no sólo merma la financiación rebelde sino 

que constituye una fuente de ingresos para el Estado, dos efectos que se refuerzan en la 

prevención de los conflictos. Así pues, un país rico en riquezas susceptibles de ser 

expoliadas es menos propenso a la guerra si también lo es en recursos naturales con 

amplias barreras de entrada o si dispone de instituciones capaces de regular la forma de 

explotación adecuada para que la riqueza revierta al Estado, proporcionándole 

financiación suficiente para mantener el orden. La tabla III.6 contiene una relación de 

países ricos en diamantes de aluvión que han registrado guerras civiles frente a los que 

no. 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Snyder (2006) identifica los modos de extracción de recursos naturales: i) privado o en exclusiva, 
desregulado y no tasado y, por lo tanto, sin ingresos para el Estado, propio de Estados en colapso, ii) 
monopolio estatal, iii) concesión a una empresa extranjera con reparto de ingresos a través de impuestos 
o royalties y iv) la no extracción, que es la forma más deseable en un contexto en el que no se tiene la 
garantía de control sobre los ingresos. En cuanto a los narcóticos, la única manera de gravarlos con 
impuestos sería su legalización, medida sobre la que existen algunos antecedentes puntuales con la 
marihuana pero impensable para otras drogas como la heroína, la cocaína o el opio.  
 



 

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     89 

Tabla III.6: Relación entre la producción de diamantes de aluvión y guerra civil en 

1990-2002 

 

Fuente: Snyder y Bhavnani, (2005). La tabla incluye todos los países que tenían una producción estimada 
de diamantes de aluvión de 8.000 kilates en 1990. Este punto de corte excluye a los siguientes países: 
Argelia, Burkina Faso, Camerún, Congo.Brazzaville, Gabón, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, 
Rusia, Uganda y Zambia.      
 

Además, el riesgo de conflicto será aún menor en la medida en que esa riqueza que 

revierte al Estado financie un patrón de gasto público caracterizado por las siguientes 

cualidades: i) que retroalimente la capacidad impositiva y la inversión productiva, 

generando una dinámica de desarrollo, ii)  que refuerce la capacidad coercitiva del 

Estado, creando un ejército eficiente en la defensa contra la insurgencia y iii) que 

mantenga un esquema de gasto social óptimo, desincentivando el alzamiento armado y 

preservando el orden político42.   

 

Un modelo de gasto público alejado del patrón descrito anteriormente se aleja también 

de la capacidad de preservar el orden sociopolítico. Siendo esto así, las Instituciones 

cobran un protagonismo directo entre las causas de la violencia política, pues son las 

responsables de cambiar la lógica que explica la relación entre ingresos del Estado y 

orden político. En definitiva, partimos de la perspectiva del análisis que contempla la 

motivación y la capacidad para la insurgencia (Collier y Hoeffler, 2002, 2004 y Fearon 

y Laitin, 2003) a la que añadimos una perspectiva adicional que contempla la posición 

                                                           
42  Snyder y Bhavnani (2005) incorpora un modelo de optimización dinámica que explica cómo el patrón 
de gasto público afecta a ingresos futuros y, por ende, al orden público. Los autores enfatizan el hecho de 
que suponen que las decisiones de gasto son racionales y óptimas. Con base en el esquema de gasto que 
se ha descrito, esto influye directamente en lo que ellos denominan “potencial máximo de ingresos” para 
una dotación de recursos determinada. Asumiendo que las decisiones no son no óptimas ni racionales, el 
marco de análisis sería también válido aplicándolo a una realidad en que el nivel de ingresos es inferior al 
óptimo pero suficiente para financiar esta estructura del gasto deseable para reducir el riesgo de violencia 
política. Cuanto mayor es el nivel de ingresos, mayor es el margen de tolerancia a la desviación en las 
decisiones de gasto con respecto a las decisiones óptimas antes de incurrir en un conflicto.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     90 

del gobierno como responsable de reprimir dicha insurgencia. A continuación  

estudiamos dos aspectos, la estructura de financiación y el patrón de gasto del 

gobierno y obtenemos obtenemos como resultado la relación causal entre la abundancia 

de recursos naturales y la capacidad del gobierno para contrarrestar a los rebeldes.  Con 

ello completamos el mapa completo de la relación entre la abundancia de recursos 

naturales y el riesgo de violencia política, tanto en lo que se refiere a la financiación 

insurgente como a la del Estado.  

 

La manera como la forma de extracción y gestión de los recursos naturales incide sobre 

la violencia política es objeto de un estudio muy detallado en Ross (2004). Un vez 

demostrada mediante catorce modelos econométricos la relación positiva entre 

dependencia de recursos naturales y riesgo de violencia política (tabla III.7), este autor 

plantea que el efecto sobre la desestabilización sociopolítica se desencadena como 

protesta social a la forma de gestión de la riqueza natural por parte del gobierno43. Él 

analiza una situación en la que la explotación de los recursos está en manos del Estado. 

Nosotros extrapolamos las conclusiones a otra situación en la que las licencias de 

explotación estén concedidas a inversores extranjeros en los términos en los que el 

Estado, propietario de los recursos, haya estipulado. Ambos escenarios implican un 

control de la riqueza por parte del Estado y sólo difieren en la entidad que desarrolla la 

explotación. Salvando esta diferencia, la extrapolación es válida para lo que nos ocupa, 

que es establecer una relación entre una gestión de la riqueza natural del país percibida 

como ineficiente por los ciudadanos y el riesgo de violencia política encaminada a 

alterar el patrón de gestión de los recursos.   

 

Tabla III.7: Países ricos en recursos minerales con conflictos  

 

Fuente: Ross (2004) 

                                                           
43 Por gestión nos referimos a la explotación de los recursos y la administración de las rentas. 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     91 

Fearon (2005) atribuye este fenómeno a ala abundancia de petróleo exclusivamente y 

lo explica mediante el efecto debilitador del Estado que tiene la riqueza de crudo en los 

países menos desarrollados. De Soysa y Neumayer (2007) coinciden en el mecanismo 

del estado débil como transmisor del efecto de la abundancia de petróleo, que no de 

otros recursos naturales, en el inicio de un conflicto.   

 

De hecho, una de las ideas más influyentes en los debates sobre el papel del Estado en 

la gestión de recursos naturales abundantes en los países menos avanzados es la de la 

maldición de los recursos. Supuestamente, la riqueza mineral o en hidrocarburos junto 

con estadios precarios de desarrollo social e institucional favorece la intervención del 

Estado en formas que desincentivan el crecimiento económico y el buen gobierno y 

provocan corrupción y violencia política. El término rentismo se refiere a las 

circunstancias macroeconómicas, políticas y sociales de algunos países ricos en 

recursos naturales que se caracterizan por la dependencia económica de las rentas 

procedentes de los recursos (Mañé y De La Cámara, 2005). Hay un componente 

económico, las rentas abundantes que generan la riqueza natural, y otro político, la 

gestión que se hace de esas rentas.  

 

Ahora bien, se han dado casos de rentismos que han derivado en modelos desarrollistas 

o favorecedores del crecimiento económico. En estos casos, las rentas financian un 

modelo de acumulación en el que los ingresos del Estado provienen de toda la 

economía y su destino nada tiene que ver con el enriquecimiento del Estado y de una 

élite. Es el caso de países como Noruega o Indonesia. Frente a este modelo, el rentismo 

que podemos llamar puro, propio de los Emiratos Árabes Unidos, es aquel en el que el 

todo el país secunda la lógica rentista y en el que la economía crece sin diversificación 

pero la población mejora su nivel de vida en virtud de un pacto social que no cuestiona 

el modelo y permite la sostenibilidad económica y social. Este acuerdo se asienta sobre 

el hecho de que es el país en su conjunto el que se beneficia de las rentas, sin que un 

sector esté más favorecido que otro. Estos escenarios se alejan del que describen los 

autores defensores de la hipótesis de la maldición de los recursos (Collier 2007). En 

cambio, en una economía rentista asociada a la maldición de los recursos como Nigeria 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     92 

o la Federación Rusa44  el grueso de los ingresos del Estado procede de la explotación 

de la riqueza natural, aspecto que desincentiva la existencia de un sistema impositivo 

general y extendido. Esto desvincula a los ciudadanos de la gestión gubernamental y 

resta capacidad de acción al Estado en sectores distintos del mineral.  Los mecanismos 

que conectan al Estado con la sociedad varían en función del grado de desarrollo del 

país. En economías avanzadas predominan los sindicatos, cámaras de comercio, 

partidos políticos y organizaciones empresariales. En cambio, en países pobres estas 

formas de conexión se transforman en redes ilegales, en las que triunfan el clientelismo 

y el modelo cliente-patrón. Por último, el clientelismo y la corrupción pueden llegar a 

ser los factores más influyentes, si no lo únicos, en el diseño de las políticas 

económicas, generando ilegitimidad en el Estado y pudiendo provocar reacciones de 

rechazo en forma de violencia política. Si a esto se añade una gestión de los recursos 

naturales percibida como deficiente o denunciable según el criterio de los ciudadanos, 

el riesgo de violencia política es mayor. Este planteamiento coincide con la 

importancia que Snyder y Bhavnani (2005) da al patrón de gasto público de países con 

riqueza natural en el inicio de movimientos insurgentes. Más adelante veremos con 

detalle este aspecto.     

 

Aparentemente, los estudios de Di John (2009) contradicen lo anterior. La tabla III.8 

muestra el promedio del crecimiento en 1965-2000 así como los índices de percepción 

de la corrupción de Transparencia Internacional en países en desarrollo con y sin 

abundancia de recursos minerales45.  

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
44 El término rentismo depredador está vinculado al de autocracia depredadora. Según la definición de 
Eifert et al. (2003: 86–92) de los regímenes políticos de algunos países rentistas, Noruega es una 
democracia madura, Kuwait es una autocracia paternalista, Indonesia es una autocracia reformista y 
Nigeria es una autocracia depredadora. En opinión de Mañé y De La Cámara (2005) Argelia, desde 1965 
hasta ahora, ha pasado de ser una autocracia reformista a una autocracia paternalista y, más 
recientemente, a una autocracia depredadora.  
45 Se considera que hay abundancia de recursos cuando estos tienen una participación en los ingresos por 
exportación igual o superior  al 35%.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     93 

Tabla III.8: Relación entre crecimiento y corrupción según la dotación de minerales. 

 

Fuente: Di John (2009) 

 
En la tabla anterior se observa que los índices de corrupción y de crecimiento 

económico no son sustancialmente diferentes en los países con y sin abundancia de 

minerales. La corrupción no estaría necesariamente más extendida en países ricos en 

recursos y no constituiría, por lo tanto, un mecanismo de transmisión de riesgo de 

violencia política. Sin embargo, Di John no distingue entre rentismos desarrollistas y 

depredadores. En estos últimos, el carácter rentismo influye en el riesgo de violencia 

política. La abundancia de recursos naturales es, en determinadas circunstancias como 

ya hemos visto, una causa de bajo crecimiento económico y un riesgo de violencia 

política46.  

                                                           
46 La teoría del ciclo de la renta explica este fenómeno. Esta teoría se fundamenta en la hipótesis de que 
los Estados de rentas bajas obtienen sus ingresos de los impuestos que gravan la producción, razón por la 
que estimularán la eficiencia productiva y el desarrollo de las ventajas competitivas, es decir de sectores 
intensivos en mano de obra. La economía entra así en un círculo virtuoso de industrialización con 
absorción del excedente laboral agrario, salarios crecientes y efectos positivos en el ahorro, la inversión y 
el crecimiento del PIB. El desarrollo de la clase empresarial y la mejora de las condiciones de los 
asalariados se traduce en un sistema impositivo diversificado y eficiente. La capacidad recaudatoria es 
consecuencia y motor para la consolidación de un mercado que demanda, o exige, el desarrollo de un 
Estado de derecho, lo cual presiona al Estado para la mejora de las instituciones. Los objetivos políticos 
y económicos se retroalimentan. Para un estudio detallado sobre la capacidad del sistema impositivo para 
crear Estado ver Di John (2009) p 3. En cambio, las rentas altas procedentes de materias primas 
abundantes alimentan las arcas del Estado y no sólo permiten relajar la gestión política sino que generan 
canales de clientelismo. Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente del ciclo en los países de 
rentas bajas evoluciona en el sentido contrario: la actividad comercial se concentra en torno a la actividad 
extractiva mineral, no se incentiva la industrialización y por lo tanto persiste el excedente laboral. El 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     94 

Auty (2008) considera que Nigeria es un paradigma de este fenómeno. Nigeria ha 

registrado un rápido desarrollo del sector petrolero desde los años 70, convirtiéndose 

este en el principal motor de la economía en detrimento de la agricultura, que hasta 

entonces aportaba un 60% al PIB del país. En la actualidad el petróleo aporta un 25% 

del PIB, un 90% de los ingresos por exportaciones y un 60-70% de los ingresos 

fiscales. Nigeria registro un máximo histórico en la tasa de crecimiento del PIB en 

2003, cuando se alcanzó el 10,4%, y desde entonces el crecimiento ha sido sostenido 

debido al alza del precio del petróleo. Aún así, sigue creciendo a tasas inferiores a su 

potencial debido a la precaria dotación de infraestructuras y al elevado nivel de 

corrupción. El clima social y político es frágil y se caracteriza por las  divisiones 

regionales, religiosas y étnicas, la inestabilidad política y la pobreza extrema. Al 

ejemplo de Nigeria, Auty (2008) añade los de Zambia y Angola a la vez que los 

compara con Botswana, que es una de las excepciones a la teoría de la maldición de los 

recursos. La política activa y la gestión eficiente de las rentas han logrado reducir las 

diferencias étnicas y la dependencia económica de los diamantes, de los que es el 

primer productor mundial en valor de producción y el segundo en volumen, después de 

Australia. El contexto sociopolítico de Botswana es estable.  

 

5. La fragilidad del Estado y la debilidad institucional como articuladores de la 

violencia política 

 

Los llamados Estados frágiles son otra causa de riesgo de guerra o de inestabilidad 

sociopolítica. En sus obras La política como vocación, Max Weber se refería al Estado 

como el ente que ostenta el uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio. Una 

definición más conciliadora proporcionan Thomas Hobbes en su Leviatán y Jean 

Jacques Rousseau en el Contrato Social, según la cual los ciudadanos y los Estados 
                                                                                                                                                                          
número de puestos de trabajo en el aparato burocrático del Estado crece a la vez que se desincentiva el 
desarrollo de otros sectores productivos. El resultado es (1) una enorme dependencia de la renta de los 
recursos naturales, que presenta una elevada volatilidad derivada de la evolución de los precios 
internacionales, (2) un Estado sobredimensionado y dependiente de las rentas de las materias primas (3) 
unos empresarios más motivados en posicionarse en las redes del clientelismo que en la eficiencia 
productiva (4) un sistema impositivo que no grava ni a particulares ni a sectores distintos del extractivo, 
(5) en ausencia de presión tributaria, los empresarios y particulares no perciben la necesidad de exigir al 
Estado calidad en la gestión y en las instituciones a la vez que el Estado no tiene necesidad de rendir 
cuentas a contribuyentes, (6) el Estado es más propenso a la corrupción y al clientelismo y (7) las 
tensiones étnicas favorecen esta dinámica obligando al gobierno a utilizar las rentas para obtener apoyos 
y para neutralizar posibles brotes de violencia política. Se produce, en definitiva, la trampa de la 
dependencia económica, política y social de las materias primas.  

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     95 

pactan la pérdida de libertad a cambio de seguridad. Con base en una teoría del Estado 

más evolucionada, podemos decir que el Estado falla cuando pierde la capacidad para 

desarrollar las funciones que tiene atribuidas. Estas funciones son: i) la seguridad, ii) la 

creación y gestión de las instituciones, iii) el control de las fronteras y el mantenimiento 

de la autoridad en todo el territorio nacional, iv) la provisión de infraestructuras y 

servicios sociales, v) la regulación económica y vi) la participación política. La 

capacidad de los Estados para desarrollar cada una de estas funciones no es uniforme. 

Colombia es un ejemplo de gestión macroeconómica, sobre todo para los estándares 

latinoamericanos, pero es un caso de fracaso en la gestión de la seguridad. Di John 

(2011) establece una relación directa entre Estado frágil, en cualesquiera de sus 

cometidos, y violencia política. James Putzel (2006) califica de Estados frágiles a los 

países de renta baja que sufren un alto grado de presión, que son objeto de estudio en el 

Centro de Investigación de Estados en Crisis de la London School of Economics. La 

OCDE define Estados frágiles como los que “carecen de la capacidad o voluntad para 

proporcionar las funciones básicas necesarias para reducir la pobreza, favorecer el 

desarrollo y salvaguardar la seguridad de su población”, mientras que el Banco Mundial 

se refiere a los que “afrontan desafíos severos tales como instituciones débiles, 

gobernabilidad débil, inestabilidad política y violencia frecuente”. La descolonización 

desde los años 40 hasta los 70 y procesos como la desintegración de la URSS o de 

Yugoslavia dieron lugar a Estados débiles al nivel administrativo, financiero y político. 

 

La fragilidad del Estado y la violencia política están muy correlacionados, según el 

informe sobre desarrollo del Bando Mundial de 201147. Tal como afirma Di John 

(2010), hasta tal punto esto es así que el interés académico por la fragilidad del Estado 

ha estado motivado por la necesidad de entender cuales son los factores que promueven 

la violencia política y el surgimiento de organizaciones terroristas. Según el mismo 

autor, los Estados poco transparentes y con actitudes predatorias y patrimonialistas 

están en el origen del subdesarrollo económico. Esto a su vez genera respuestas 

violentas en la sociedad, pues esa actitud estatal se percibe como un mecanismo que la 

clase política desarrolla intencionadamente para preservar el poder y manejar la 

economía según sus intereses particulares. Así pues, uno de los mecanismos por el que 

                                                           
47 La fragilidad del Estado no sólo genera riesgo de violencia política sino también ausencia o debilidad 
de las instituciones, infraestructuras insuficientes, ruptura de la cadena de aprovisionamiento, crisis de 
demanda y falta de financiación privada. 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     96 

la fragilidad del Estado se traduce en un riesgo de violencia política es la falta de 

capacidad para garantizar la seguridad y desactivar brotes de violencia motivados por 

cualesquiera causas. Otro, son las bajas tasas de crecimiento económico que provoca.  

 

No es fácil determinar el grado de fragilidad de un Estado. Una de las principales 

misiones del Estado es la recaudación de impuestos y este podría ser un indicador 

válido. Algunos autores la consideran incluso como la actividad primordial, casi única, 

hasta el punto de que definen el Estado en términos de su capacidad para realizarla. Tal 

es el caso de North et al. (1989) o de Edmun Burke (citado en Di  John 2009, p2), quien 

señaló que “la recaudación fiscal es el Estado mismo”. Mucho antes, Schumpeter 

(2013, 1º ed. 1942) había dicho que los impuestos contribuyen a formar el Estado y son 

parte esencial de su historia. 

 

Las razones que explican que la fiscalidad sea una medida del Estado son varias. En 

primer lugar, la implantación de un sistema fiscal eficiente requiere una elevada 

capacidad del Estado para crear un aparato administrativo complejo y competente. 

Además, la recaudación de impuestos constituye la principal fuente de financiación con 

la que cuenta un Estado para poder realizar sus funciones y una vía para monopolizar la 

recaudación tributaria frente a posibles extorsiones de grupos rebeldes. También es una 

fuente importante de obtención de información sobre la actividad económica nacional, 

que permitirá diseñar políticas económicas más eficientes. Por otro lado, el sistema 

impositivo es un instrumento de política territorial que ayuda a extender la soberanía y 

la presencia estatal a lo largo del todo el territorio nacional y a que el Estado esté 

presente en la actividad económica de todos los grupos sociales del país. Otra vertiente 

de la política territorial es la que se deriva de la creación de una jerarquía entre el 

Estado central y las posibles entidades subsoberanas, jerarquía que se refleja en el 

sistema fiscal, en el modelo de transferencias y en el grado de autonomía territorial en 

cuanto a las decisiones sobre el gasto. La fiscalidad es, pues, un elemento clave y una 

referencia en las relaciones del Estado con los ciudadanos, con los grupos de interés y 

con las autoridades territoriales o entidades subnacionales. Varios de estos aspectos son 

críticos en la valoración del riesgo de crédito debido al impacto del sistema fiscal en la 

capacidad de pago y son también importantes en la valoración del riesgo de guerra y 

violencia política para los inversores, pues configuran dos cuestiones de máxima 

relevancia: la posición relativa del Estado con respecto a la sociedad y su capacidad 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     97 

para desactivar posibles acciones rebeldes. La dimensión y la eficiencia del sistema 

fiscal de un país constituyen una medida de la legitimidad del Estado. 

 

La debilidad de las instituciones es otro de los aspectos clave del debate académico 

sobre las causas de violencia política. Un mecanismo de transmisión entre la fragilidad 

institucional y la desestabilización sociopolítica pudiera ser el débil crecimiento 

económico que provoca, entre otras consecuencias. Un funcionamiento institucional 

deficiente  está en el origen de un débil comportamiento económico pues supone una 

merma en la capacidad de la sociedad para hacer uso pleno de los factores productivos 

y para lograr una dinámica más intensa de acumulación y generación de riqueza. Con 

esta afirmación, Alonso y Garcimartín (2008) explican que el papel de las instituciones 

en una sociedad es decisivo para el progreso de la misma manera que lo es, por 

ejemplo, un software para el hardware, aportándole valor y operatividad. Por la misma 

razón por la que hay que dotar a un equipo informático de un sistema operativo que lo 

haga útil, es necesario dotar a una sociedad de instituciones sólidas que establezcan las 

bases para optimizar su funcionamiento y sacar el mayor provecho de sus recursos.  

 

Comencemos por acotar el concepto de instituciones, que ha sido objeto de mucho 

debate en la literatura especializada dando lugar a diversas definiciones no siempre 

coincidentes. En estos casos, resulta práctico acudir a la definición más integradora, 

como la que da A. Greif en su artículo “Institutions, Theory and History” (2004), 

mencionada en Alonso y Garcimartín (2008): “sistema de diversos factores sociales, 

reglas, normas, creencias, valores y organizaciones que conjuntamente motivan una 

regularidad en el comportamiento individual y social”. Esta definición es especialmente 

interesante en un estudio de riesgo país pues plantea la normalidad del comportamiento 

de la sociedad. En la medida en que las instituciones sean robustas y su funcionamiento 

sea eficiente, se logrará establecer un marco de expectativas claro y reducir los riesgos 

de eventos imprevistos. Sin embargo, para determinar la calidad de las instituciones 

necesitamos un nivel de concreción mayor que el que aporta esta definición. Es preciso 

identificar los ámbitos o las dimensiones que abarcan las instituciones y el papel que 

cumplen en cada uno de ellos. Alonso y Garcimartín (2008) hace una relación 

exhaustiva de estos ámbitos: “i) la estabilidad política, ii) el Estado de derecho, iii) la 

eficiencia en la gestión pública, iv) el control de la corrupción, v) la gobernabilidad, vi) 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     98 

la eficacia de las políticas redistributivas y vii) la participación ciudadana y la rendición 

de cuentas por parte del gobierno”.  

 

Para analizar la incidencia de las instituciones en la probabilidad de un conflicto resulta 

primordial identificar el origen de la debilidad de las instituciones. Es preciso saber qué 

aspectos configuran unas instituciones sólidas en un país. Auty (2010) plantea que la 

debilidad de las instituciones es consecuencia de la falta de motivación política, que a 

su vez está originada por la obtención de rentas provenientes de materias primas, y 

apunta a la abundancia de recursos naturales como la causa de la fragilidad 

institucional. Según esta hipótesis, la obtención de rentas de materias primas 

desincentiva al Estado y esto retrae el desarrollo de las instituciones, restando 

capacidad de crecimiento a la economía. De esta manera, la gestión política se 

convertiría en el nexo entre las rentas y el comportamiento económico general del país.  

 

Sin embargo, pese a ser esta una tesis sugerente, estudios cuantitativos como el de 

Alonso y Garcimartín (2008) dan como resultado una relación no significativa. 

También descartan, por el mismo motivo o por presentar una dispersión elevada, otros 

aspectos como la heterogeneidad etnolingüística, el origen anglosajón o francés del 

sistema legal, el grado de apertura comercial, el tamaño de la población o el pasado 

colonial del país. Estos autores realizan un análisis de los determinantes de la calidad 

instituciones e identifican cuatro: el nivel de desarrollo, medido en PIB per capita 

(USD PPA); la desigualdad, medida con el índice de Gini; el nivel de educativo, 

medido en promedio de años de escolarización en la población mayor de 25 años, y los 

ingresos impositivos en proporción al PIB.   

  

En definitiva, la calidad de las instituciones determina el comportamiento económico 

del país mientras que la debilidad del crecimiento económico es un aspecto relevante en 

el riesgo de violencia política, tal como han determinado varios estudiosos de las causas 

de la guerra cuyas conclusiones se han expuesto en epígrafes anteriores. Esta relación 

parece inequívoca y compatible con el hecho de que países con un comportamiento 

económico similar tienen una probabilidad de conflicto similar aunque presenten 

diferencias en el grado de consolidación de las instituciones (Miguel et al. 2004). El en 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     99 

próximo epígrafe profundizaremos sobre el impacto del crecimiento económico en el 

surgimiento de conflictos.   

 

6. La importancia del crecimiento económico  

 

Antes de analizar las investigaciones que establecen una relación directa entre la 

situación económica y el riesgo de violencia política volvamos brevemente a la 

hipótesis de la maldición de los recursos pero ahora en su vertiente económica, la que 

atribuye a la enfermedad holandesa parte de la responsabilidad del bajo crecimiento 

económico de algunos países abundantes en recursos naturales. El mal holandés se 

refiere al efecto negativo que la apreciación del tipo de cambio provocada por la 

exportación de la materia prima de la que el país es un gran productor tiene sobre el 

resto de la economía, deteriorando la competitividad externa, la producción y el 

empleo.  Ahora bien, sólo tiene sentido hablar del mal holandés si hay diversificación 

económica y se exportan otros productos minoritarios, que serán los afectados por la 

pérdida de competitividad exterior. La experiencia holandesa que da nombre a este 

fenómeno demuestra que los países desarrollistas y diversificados pueden sufrir las 

consecuencias negativas derivadas de la pérdida de competitividad exterior si no se 

esteriliza adecuadamente la entrada de divisas y la demanda de moneda local para 

neutralizar su efecto en el tipo de cambio. La maldición de los recursos queda reducida 

a un efecto macroeconómico que es evitable con políticas adecuadas. En cuanto a las 

economías rentistas no diversificadas, no son susceptibles de sufrir mal holandés al no 

existir industria alternativa con mercado exterior. La teoría de la maldición de los 

recursos no demuestra, por lo tanto, que existan relaciones causales inequívocas entre la 

disponibilidad de rentas, la dimensión y la calidad del Estado, el crecimiento 

económico y la violencia política.  

 

Dube y Vargas (2009) plantea dos mecanismos de transmisión entre crecimiento y 

violencia política. En primer lugar, un incremento en la renta aumenta los salarios y el 

coste de oportunidad del reclutamiento rebelde, reduciendo el riesgo de violencia. Por 

otro lado, un incremento de los ingresos por exportaciones alimenta el fenómeno de la 

codicia como objetivo de los insurgentes. El inicio o no de un conflicto será el 

resultado del balance entre los dos mecanismos. Este estudio analiza la relación entre la 

evolución de los precios internacionales de los principales productos de exportación y 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     100 

la probabilidad de inicio de un conflicto. La principal aportación de su trabajo consiste 

en una identificación más clara de la evidencia micro-empírica de los mecanismos de 

correlación entre las condiciones económicas y la violencia, al utilizar datos muy 

precisos sobre niveles de renta de las familias obtenidos mediante encuestas a los 

hogares. La primera conclusión que se obtiene con el estudio consiste en que el efecto 

es distinto en función de si el origen del aumento de la renta se trata de un producto 

intensivo en trabajo o en tecnología. Esto determina que el impacto directo del aumento 

en la renta recaiga sobre la población o sobre las empresas. Un aumento en el precio de 

bienes agrícolas48 provoca una disminución del riesgo de conflicto en las regiones 

productoras. La razón es que se activa el primero de los mecanismos descritos 

anteriormente: el aumento en los salarios y en el coste de oportunidad del 

reclutamiento.49. En cambio, un incremento en el precio del petróleo aumenta el riesgo 

del conflicto. El motivo es debido a que no se traduce en una subida salarial e impera el 

efecto del mecanismo descrito en segundo lugar: la extorsión y la codicia. El análisis 

empírico en la economía colombiana pone cifras a estos fenómenos: el descenso en el 

precio del café del 68% entre 1997 y 2003 provocó un aumento promedio del 4% en los 

ataques de la guerrilla, del 7% en los ataques de los paramilitares,  del 8% en los 

enfrentamientos y del 6% en el número de heridos en las zonas cafeteras con niveles de 

producción medios. Si tomamos una zona situada en el percentil 75 de producción, el 

efecto es del 5%, 8%, 9% y 7%, respectivamente. Disminuyen las rentas agrícolas, 

disminuye el coste de oportunidad de la lucha armada y aumenta la actividad violenta50. 

El comportamiento del mercado del petróleo es el contrario: el incremento del 137% 

registrado en el precio entre 1998 y 2005 generó un aumento del 13% en los ataques de 

los grupos paramilitares en las zonas productoras, y del 27% en las zonas que 

atraviesan los oleoductos. El aumento de las rentas del petróleo aumenta la codicia 

rebelde por obtenerlas51. Ahora bien, en este caso sólo aumentan los ataques 

                                                           
48 El análisis realizado para el café, el azúcar, la banana y el tabaco no altera los resultados. 
49 Dube y Vargas (2009) utilizan datos sobre le nivel de ingresos de las familias rurales obtenidos a 
través de encuestas a los hogares, lo que aporta precisión a su análisis diferenciado por zonas 
productoras.  
50 Este descenso en el precio del café provocó un descenso en los salarios del 12% en las zonas cafeteras 
de producción media, del 2% en las zonas incluidas en el percentil 25 del producción y del 16% en las 
zonas del percentil 75 de producción.  
51 En Colombia, los royalties de las multinacionales que operan en el sector petrolero son del 50% del 
valor de la exportación y se distribuyen regionalmente a través de las regalías, que son proporcionales al 
valor de la producción o del número de metros de oleoducto, según sean zonas productoras o 
transportadoras. El efecto sobre los ingresos de un aumento en el precio es significativo: un aumento del 
1% en el precio genera un incremento del 0,04% en los ingresos del gobierno en zonas productoras 
medias y del 0,17% en zonas transportadoras medias. El incremento del precio en un 137% registrado en 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     101 

paramilitares y el análisis no encuentra explicación para este fenómeno, que se 

interpreta como el hecho de que siempre hay una facción rebelde que saca más 

provecho que otras de la extorsión, gracias a que mantienen relaciones corruptas más 

eficientes con la Administración.       

 

Los análisis de Duve y Vargas (2006) muestran que, aunque son contrarios, la 

magnitud del efecto de los productos agrarios y del petróleo en Colombia es similar: un 

descenso del 10% en el precio del café, o un aumento del 10% en el precio del petróleo, 

generan un incremento del 2% en la probabilidad de acciones violentas en las zonas 

productoras agrarias con valores promedio y en las zonas transportadoras de crudo. El 

efecto es del 1% en zonas productoras de crudo. Podríamos decir que estos resultados 

son extrapolables a otros bienes siempre que sean principales productos de exportación 

y su precio esté cotizado al nivel internacional. En la medida en que su producción esté 

extendida por todo el territorio, constituirá un elemento de desestabilización 

sociopolítica nacional, si no, lo será a nivel territorial. Este aspecto es crítico para la 

inversión extranjera directa, con activos físicos en el país. 

 

Estos estudios adolecen del problema de la endogeneidad que existe entre las 

condiciones económicas y los conflictos armados. La mayoría de los autores intentan 

corregirla mediante el uso de variables explicativas retardadas (PIB per capita y tasa de 

variación anual del PIB, fundamentalmente) pero esto equivale a asumir que los actores 

económicos no son capaces de anticipar una desestabilización sociopolítica o, incluso, 

una guerra. Así pues, en este caso, un retardo en las variables explicativas no siempre 

soluciona el problema de la relación endógena con la variable explicada. Miguel et al. 

(2004) demuestran el efecto del crecimiento económico en el riesgo de inicio de un 

conflicto en África utilizando como variable instrumental para la medida del 

crecimiento económico el nivel de lluvias52, una variable exógena que persigue 

eliminar el componente endógeno. Para ello basan su análisis en países africanos con 

un sector agrario muy poco desarrollado y con un 1% de territorio irrigado 

artificialmente según el Banco Mundial. Los datos sobre los eventos de guerra los 

                                                                                                                                                                          
1998-2005 aumentó los ingresos en un 5% en las regiones productoras y en un 23% en las regiones que 
albergan los oleoductos.    
52 Los datos utilizados para el nivel de lluvia son los del Global Precipitation Climatology Project de la 
NASA que combina mediciones físicas en estaciones meteorológicas con mediciones realizadas por 
satélites basándose en la densidad de las nubes. Para el resto de datos utilizan las fuentes del Banco 
Mundial, del Atlas Narodov Mira, del CIA Factbook, de Polity IV y del geógrafo A.J.Gerald.   



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     102 

obtienen en la base de datos PRIO/Uppsala y toman el período 1981-1999. Según sus 

conclusiones, un crecimiento negativo del 5% en el PIB en un año está asociado a un 

aumento del 25% en la probabilidad de conflicto en el año siguiente. Este impacto no 

sería significativamente diferente según la renta per capita, la densidad de la población, 

el grado de consolidación de la democracia, la diversidad étnica, las condiciones 

geográficas o las instituciones políticas. En cambio, Elbadawi y Sambanis (2002) 

obtiene conclusiones diferentes sobre el efecto del crecimiento económico en los 

conflictos ya que según ellos, grados avanzados de consolidación de la democracia 

reduce la probabilidad de incidencia. La crítica a Miguel et al. (2004) emana de la 

propia evidencia empírica, que demuestra que tasas de crecimiento negativo del PIB de 

en torno al 5% en países industrializados y con democracias consolidadas no generan 

un riesgo elevado de violencia política.  Su intento de utilizar una variable exógena 

como el nivel de lluvias puede ser válido para estudiar la correlación en algunos países 

africanos pero en el análisis se obvian otros aspectos importantes: además de adolecer 

de una dependencia elevada de la agricultura y disponer de poca irrigación artificial, 

los países utilizados para el estudio también carecen del contexto institucional que 

debiera evitar que el riesgo de conflicto aumente.  

 

En cuanto a la diferenciación entre conflictos menores, con menos de 25 muertos 

anuales, y guerra civil, el efecto del crecimiento económico en ambos es significativo y 

con niveles de confianza altos, si bien lo es más en conflictos menores. En este tipo de 

conflictos, el efecto retardado del crecimiento es mayor que el efecto contemporáneo, 

mientras que este último es mayor en el caso de guerras con más de 1.000 muertos al 

año.  

 

7. Conclusiones 

 

Son varios los elementos que han ido surgiendo como causas o aspectos relacionados 

con la violencia política. Algunos son causas más o menos directas del inicio de un 

conflicto, otros son los mecanismos que articulan el impacto. Algunos constituyen la 

motivación misma para la insurgencia, otros crean el contexto para que se pueda 

producir. Todos importan a la hora de explicar el fenómeno de la desestabilización 

sociopolítica cuando el objetivo es valorar la probabilidad de que esta surja.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     103 

 

Podemos recopilar ahora todos estos elementos y representarlos en el siguiente 

esquema (imagen III.2). La primera conclusión que se obtiene observando el dibujo es 

que la cadena de relaciones podría completarse hasta que adquiriera una forma circular, 

pues la modalidad de rentismo que adopte un gobierno está en el origen de la mayor o 

menor calidad de las instituciones y del grado de estabilidad política. Pero nuestro 

objetivo no es establecer las relaciones que existen entre todos estos elementos, es decir 

la incidencia de unos sobre otros. Nuestro objetivo es determinar cómo incide cada uno 

de ellos en la probabilidad de que se genere violencia política. Así, las flechas no 

indican cual es la relación entre uno y otro elemento sino la dirección en la que se 

genera un mecanismo de transmisión sobre la probabilidad de violencia. Los signos que 

acompañan a cada elemento expresan si influyen de manera positiva, o directa, como lo 

hace una mayor capacidad de los rebeldes para actuar, o si influyen de manea negativa, 

o inversa, como es el caso de tasas de crecimiento altas.  

 

Figura III.2: Aspectos relacionados con el riesgo de violencia política 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en los estudios analizados en el capítulo III. 

    



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     104 

Ahora bien, en todos los estudios analizados en este capítulo se han utilizado aspectos 

cualitativos transformados en variables cuantitativas. Este ejercicio de transformación 

de cuestiones no cuantitativas en datos puede incurrir en errores metodológicos o 

conceptuales. Es más, la negociación política y la gestión de la política económica, es 

decir la gobernabilidad, puede ser determinante a la hora de contrarrestar el efecto que 

todos los factores que hemos visto tienen en el inicio de un conflicto. Por otro lado, en 

la utilización de estos estudios para valorar el riesgo de violencia política en la IED es 

preciso tener en cuenta las características específicas de la firma extranjera y su 

relación con el contexto socioeconómico del país, que pueden ser determinantes en la 

valoración de ésta como causa de la desestabilización. Por esta razón, para obtener una 

valoración rigurosa de la probabilidad del inicio de violencia política es imprescindible 

que un análisis cualitativo de estos aspectos acompañe a los resultados de los análisis 

econométricos que se han mencionado en este capítulo, en cuyas conclusiones se basa 

esta investigación. Por otro lado, en lo que se refiere a los aspectos cuantitativos, los 

datos de los que se dispone en muchos países son insuficientes o poco rigurosos, y 

estas carencias son muy heterogéneas entre países que, sin embargo, pudieran ser 

objeto de un análisis comparativo. Por todo ello es preciso considerar el manejo de 

estas cuestiones por parte de las diversas fuentes para corroborar las conclusiones.    

 

Así pues, un estudio de las causas y de los factores correlacionados con la violencia 

política debiera incorporar no sólo el resultados de los análisis cuantitativos sino 

también estudios de caso y valoraciones cualitativas que permitan percibir el contexto 

en su totalidad, teniendo en cuenta aspectos o matices derivados del contexto político 

que pueden alterar sustancialmente las relaciones identificadas con los análisis 

cuantitativos. En definitiva, aunque tomemos los resultados de los estudios 

econométricos y cross country como punto de partida, es preciso completarlos con un 

análisis longitudinal de cada país que permita percibir los aspectos cualitativos que, en 

cada caso, puedan alterarlos a matizarlos.  

 

En el capítulo V se definirán los indicadores que permiten medir cada uno de los 

aspectos analizados y el mecanismo que combine todos ellos para obtener una 

valoración completa del riesgo de violencia política en un país.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     105 

Capítulo IV 

Causas y factores relacionados con la confiscación, la expropiación, la 

nacionalización y el ejercicio de la soberanía en la IED. 

 

1. Introducción 

 

En el título de este capítulo figuran cuatro conceptos distintos: confiscación, 

expropiación, nacionalización y ejercicio de la soberanía. A lo largo de esta 

introducción se profundiza en cada uno de estos eventos de riesgo y se exponen los 

argumentos que permitirán englobarlos en dos categorías de riesgo. En los epígrafes 

que siguen se analizan los elementos que están relacionados con cada uno de estos dos 

riesgos.  

 

La Constitución española en su artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada 

y establece que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”. El Diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua (DRAE) define expropiar como “privar la 

Administración a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a 

cambio una indemnización, por motivos de utilidad pública o interés social previstos en 

las leyes”. Colex (2006) considera que la expropiación es el “método de privación 

singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 

aplicado imperativamente por la Administración por causa de utilidad pública o interés 

social y previa la correspondiente indemnización”. En la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Constitucional se configura el derecho de propiedad como un 

derecho estatutario pero modificable por el ordenamiento jurídico, enfatizando en la 

posibilidad de que la propiedad privada sea transferida al Estado en las circunstancias 

descritas anteriormente. Ahora bien, aunque la legislación contempla la posibilidad de 

esa transferencia de propiedad al Estado, también estipula claramente el procedimiento: 

la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa53 establece que “para 

proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad 

pública o interés social del fin a que hay que afectarse el objeto expropiado” (artículo 

                                                           
53 Publicado en BOE núm. 351 de 17 de diciembre de 1954 
 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     106 

9). El Artículo 10 de esa misma Ley relaciona los bienes cuya utilidad pública se 

entiende implícita y los artículos 11 y 12 determinan la obligatoriedad de que, para el 

resto de bienes no incluidos en esa relación, la utilidad pública se declare a priori 

expresa y singularmente mediante Ley. Los capítulos III y IV, respectivamente, 

estipulan la necesidad de “determinar el justo precio” y la obligatoriedad de realizar el 

“pago y la toma de posesión”.  

 

La confiscación y la nacionalización constituyen igualmente actos de transferencia de 

la propiedad al Estado. Mientras que la expropiación se justifica por el interés común, 

la confiscación se explica como la aplicación de una penalización. En el  DRAE se 

define como “pena con privación de bienes” y tiene, por tanto, connotaciones de 

castigo impuesto por el Estado ya sea por causa del fisco, en el caso de que el 

propietario tenga deudas con la hacienda pública, o por tratarse de una tenencia ilegal, 

en el caso de drogas o de decomisos, por ejemplo. La confiscación de bienes a un 

inversor extranjero pudiera responder a estas dos circunstancias. Sin embargo, en la 

historia se han registrado actos confiscatorios que están exentos de carácter punitivo y 

responden al interés del Estado. A los efectos de este estudio interesa esta vertiente no 

punitiva. Consideraremos como confiscación cualesquiera actos de transferencia de la 

propiedad de activos al Estado que no cumplan con los requerimientos legales 

mencionados anteriormente, especialmente la compensación económica basada en el 

justo precio.  

 

La definición de nacionalización en Colex (2006) se asemeja a la de expropiación, si 

bien no se justifica por la utilidad pública o el interés común del objeto: “expropiación 

legislativa de la propiedad de bienes, derechos o empresas pertenecientes a personas 

físicas o jurídicas, atribuyéndose ese patrimonio al Estado”. El concepto de 

nacionalización se entiende bien si se explica como el proceso inverso a la 

privatización. Consiste en la transferencia de la propiedad privada (nacional o 

extranjera) a la estatal, cualesquiera sean las razones que justifiquen tal decisión. De 

nuevo pudiera ocurrir que la nacionalización de una empresa extranjera se acometiera 

por decisión soberana con arreglo a la Ley y previa compensación económica justa. O 

bien pudiera realizarse sin atender a los requerimientos legales o con una 

compensación inferior a la que correspondería. En tal caso deberíamos considerarla 

como una acción confiscatoria, y no expropiatoria como señala Colex (2006). No 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     107 

obstante, esta definición, aunque incompleta, es útil a los efectos del riesgo país para 

acotar las diferencias entre nacionalización, confiscación y expropiación.  

 

Con esta aproximación a la conceptualización de los tres actos de transferencia de la 

propiedad al Estado hemos obtenido varios elementos que los caracterizan: 

  

• Cumplimiento con la legislación  

• Activos de utilidad pública o interés social 

• Acción punitiva  

• Determinación del justo precio  

• Realización de un pago como indemnización y toma de posesión 

 

Todo lo anterior se refiere a la legislación española. Cada país dispone de un marco 

legal propio en lo referente a estas cuestiones y no existe una normativa supranacional 

que condicione de manera alguna el ámbito soberano de cada Estado en lo referente a 

este tipo de decisiones gubernamentales. Sin perjuicio de las especificaciones 

legislativas y de las nomenclaturas particulares de cada país ni de las diferencias que se 

deriven de ellas entre los Estados, en lo que respecta a la inversión extranjera directa 

podemos generalizar como se señala a continuación, a modo de recopilación de todo lo 

anterior.  

 

1. La nacionalización supone la transferencia de la propiedad de las acciones y 

los activos de una firma, local o extranjera, al Estado.  

2. Para que la acción se considere una expropiación debe realizarse con base 

legal, con indemnización basada en el justo precio y por razones expresas de 

utilidad pública o interés social del objeto expropiado.  

3. Si no media indemnización justa, y en el caso de que no responda a una 

acción punitiva, la acción será confiscatoria.  

 

Aunque son diferentes, los tres eventos tienen suficientes puntos en común como para 

agruparlos en una misma categoría de riesgo país y estudiarlos conjuntamente. Los tres 

son decisiones gubernamentales, independientemente de su cercanía o lejanía a lo que 

estipula la Ley, y, como tales, sus consecuencias constituyen un riesgo soberano contra 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     108 

el que no cabe ningún recurso, como hemos visto en capítulos anteriores. Los tres 

provocan una minoración en los derechos de propiedad al titular de los bienes. Los tres 

llevan asociada una pérdida económica que será mayor o menor en función del valor de 

la indemnización en relación con el justiprecio. Los tres, cuando se realizan sobre 

empresas extranjeras pueden responder a intereses nacionales, frente a los foráneos, y a 

aspectos de conveniencia política, no sólo social, que eventualmente se pueden 

priorizar en perjuicio de las cuestiones de derecho. En más, el sujeto que tiene la 

capacidad de acometer una acción de estas características, es decir el gobierno del país 

receptor de la inversión, tiene a menudo también la capacidad de modificar las leyes 

para adaptarlas a priori a sus intereses. De esta manera podría un gobierno justificar una 

nacionalización o transformar un acto confiscatorio en uno expropiatorio. El resultado 

será similar en términos del control de la empresa, mientras que en términos de 

rentabilidad dependerá del valor de la contraprestación económica, como ya hemos 

dicho. Es precisamente en la percepción de una contraprestación inferior al justiprecio 

donde radica el principal riesgo de pérdida para el inversor. A esta pérdida hay que 

añadir, además, la merma en la rentabilidad global del negocio que pueda provocar una 

medida de estas características.  

 

Consecuentemente, de ahora en adelante en este estudio hablaremos de las tres acciones 

como una misma categoría de riesgo país para la IED: el riesgo de confiscación, 

expropiación o nacionalización o riesgo CEN, por sus siglas. 

  

El riesgo de ejercicio de la soberanía es más amplio que los anteriores, de manera que 

acotar su concepto conlleva una mayor complejidad. Ferro (2001) lo define como un 

tipo de riesgo asociado a los proyectos de inversión que provocan una reducción en la 

rentabilidad y que derivan de acciones o inacciones del gobierno. Guash (2005) pone de 

manifiesto la importancia de definir bien las diferencias entre la privatización y la 

concesión a una firma extranjera de la construcción de infraestructuras o el suministros 

de servicios públicos, pues el contexto cambia sensiblemente para la IED. La concesión 

preserva al gobierno un control residual y un grado de influencia en los términos y 

condiciones en los que opera la firma y, por lo tanto, requiere que los derechos y las 

responsabilidades de ambas partes se expresen con mucha transparencia. De otra 

manera la vulnerabilidad de la empresa a decisiones gubernamentales será mayor. Por 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     109 

este motivo, en la conceptualización y en el análisis del riesgo de ejercicio de la 

soberanía pondremos el foco en las concesiones de infraestructura y servicios.  

 

Las formas en las que un gobierno puede intervenir en la rentabilidad de una firma 

extranjera que opera en su territorio son múltiples. Se trata de aspectos como las 

limitaciones al acceso al mercado local, regulación en los precios o en las tasas de 

retorno, normas de seguridad o de calidad, cambios en la interpretación de normas o de 

contratos que resulten ambiguos, cambios en los términos en los que debe operar la 

firma, y cambios en los sistemas de valoración de activos o de niveles de inversión 

realizada. Además, la IED contempla, generalmente, períodos de implantación y de 

desarrollo de las operaciones a medio y largo plazo que dan lugar a una mayor 

probabilidad de que se produzcan los eventos que se han relacionado.  

 

Guash et al. (2005) proporciona una diferenciación de los eventos asociados al ejercicio 

de la soberanía en dos tipos: el incumplimiento por parte del gobierno de compromisos 

asociados a la inversión y el cambio en la normativa que regula la actividad de la firma. 

El primero suele estar asociado a la reestructuración del sector que está siendo objeto 

de concesiones a empresas privadas, extranjeras o nacionales y a los compromisos que 

el gobierno o empresas públicas  contraen en dicho proceso de reestructuración. En 

cuanto a los cambios regulatorios, pueden surgir como resultado de la complejidad de 

los aspectos que deben regular, de la inexperiencia o inaptitud de los reguladores, de su 

utilización para fines políticos que se alejan de los objetivos económicos y de las 

necesidades que puedan surgir en el medio y largo plazo. Por lo tanto, dentro del riesgo 

de ejercicio de la soberanía en la IED podemos hablar del riesgo de incumplimiento 

contractual y riesgo regulatorio. Ahora bien, ambos son de la misma naturaleza y la 

diferencia radica en el ámbito en el que tiene lugar la modificación que constituye el 

evento, que puede ser al nivel de la regulación o al nivel del contrato. Por eso en 

adelante, para estudiar los factores relacionados con los eventos nos referimos al riesgo 

de ejercicio de la soberanía en general. 

 

Al igual que el riesgo de ejercicio de la soberanía, los eventos CEN son el resultado 

directo de decisiones gubernamentales, como hemos visto. Además de compartir el 

mismo autor, el Estado, ambos están fuertemente condicionados por el clima inversor, 

el sector o la industria en la que opera la firma extranjera y las características 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     110 

particulares de esta última. Por ese motivo ambos comparten varios de los factores que 

configuran el nivel de riesgo. Debido a todos estos elementos comunes, estos riesgos 

comparten también el mismo capítulo en este estudio, si bien se analizan en epígrafes 

separados. No obstante, antes de comenzar ese análisis diferenciado, es preciso hacer 

algunas consideraciones comunes sobre la relación entre las multinacionales y los 

países receptores de la IED. 

 

2. Los conflictos entre los países receptores y las multinacionales. 

 

2.1. El CIADI. 

 

Desde octubre de 1966, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas 

a Inversiones (CIADI o ICSID, por sus siglas en inglés)  es una de las cinco 

organizaciones que integran el Grupo del Banco Mundial. Se trata del único sistema 

institucional para la conciliación o el arbitraje internacional, creado específicamente 

para las disputas entre inversores extranjeros y países receptores de la inversión directa. 

Los conflictos que generan los eventos de confiscación, expropiación o nacionalización 

de activos o de ejercicio de la soberanía se registran en el CIADI en aquellos casos en 

los que inversor y país reclamen conjuntamente un arbitraje internacional para su 

resolución. El Banco Mundial describe así sus funciones (CIADI, 2013):  

 

“El CIADI es la principal institución  en materia  de arreglo de diferencias 

relativas a inversiones. Se creó en virtud del Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 

(el Convenio del CIADI), que es un tratado multilateral internacional. El 

Convenio del CIADI entró en vigor el 14 de octubre de 1966.  A 20 de enero de 

2013, el  CIADI contaba con 158 Estados que habían firmado el Convenio y con 

147 Estados Contratantes que lo habían ratificado. La finalidad primordial del 

CIADI es proporcionar medios de conciliación y arbitraje a los que puedan 

someterse las diferencias relativas a inversiones internacionales. El arbitraje y la 

conciliación al amparo del Convenio son totalmente voluntarios y para recurrir a 

ellos se requiere el consentimiento del inversionista y del Estado de que se trate. 

Una vez prestado, dicho consentimiento no puede retirarse unilateralmente y se 

convierte en un compromiso vinculante. El CIADI es una organización 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     111 

imparcial y no decide los casos. Los árbitros y conciliadores independientes 

nombrados para cada caso examinan las pruebas y deciden sobre el resultado de 

las diferencias que se les hayan sometido. (…) Normalmente, el consentimiento 

del Estado figura en los tratados internacionales de inversión celebrados entre 

Estados. Estos tratados pueden ser bilaterales (celebrados entre dos países), o 

multilaterales (celebrados entre más de dos países). En muchos casos, en los 

tratados de libre comercio se incluyen capítulos sobre inversión en los que se  

contempla el CIADI en caso de surgir una diferencia relativa a inversiones. En 

la actualidad existen más de 2.700 tratados internacionales en los que se 

contempla el CIADI. También puede encontrarse el consentimiento al CIADI en 

las leyes nacionales sobre inversiones de algunos Estados y en contratos 

específicos celebrados entre un inversionista extranjero y un Estado”.   

 

El número de casos registrados en CIADI hasta el 10 de mayo de 2014 asciende a 471. 

Los gráficos IV.1 y IV.2 reflejan que estas disputas han abarcado un amplio número de 

países y de sectores de actividad.  

 

Gráfico IV.1: Distribución geográfica y sectorial de los registros del CIADI en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIADI (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     112 

Grafico IV.2: Distribución geográfica y sectorial de los registros del CIADI en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIADI (2011) 

 

La medición de los eventos CEN no es fácil dado que no existen datos sistematizados 

sobre leyes expropiatorias o regulatorias ni un registro completo de los actos de esta 

naturaleza. El CIADI es un registro de disputas entre inversores y países receptores, no 

de eventos CEN propiamente dichos. Las disputas registradas en el CIADI pueden dar 

lugar o no a eventos de estas características mientras que, por otro lado, no todos los 

eventos se registran en el CIADI. Se han conocido casos que han trascendido a través 

de los medios de comunicación o en publicaciones especializadas que han podido, o no, 

derivar en disputa o en registro. A continuación se nombran tan sólo algunos ejemplos. 

En 2004, Namibia inició una reforma agraria que supuso la expropiación de dieciocho 

propietarios de granjas de raza blanca (France Presse, 2005 citado en Li, 2009). En 

abril de 2006, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez se apropió de dos 

campos petrolíferos de la firma francesa Total y de la italiana Eni ante la imposibilidad 

de cerrar un acuerdo que le hubiera dado la mayoría de las acciones a Petróleos de 

Venezuela SA (DPVSA), (publicado por Economist Intelligence Unit en 2006). En 

abril de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández presentó un proyecto de ley 

para la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, propiedad de la petrolera 

española Repsol, con el fin de que el 51% del capital pasara a manos del Estado 

argentino. Los motivos aludidos eran niveles escasos de inversión y producción, en 

contraste con la valoración favorable que el propio gobierno argentino había hecho 

meses antes sobre la gestión de la multinacional en el país. En febrero de 2013, el 

presidente Chávez ordenó el cierre temporal de todas las tiendas propiedad de la 

española Inditex ante la subida de precios que ésta aplicó para compensar la pérdida 

ocasionada por la devaluación del 46% del bolívar, que había sido decretada unas 

semanas antes (Libre Mercado, publicado el 25 de febrero de 2013). Si bien esta 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     113 

decisión gubernamental no provocó una minoración en los derechos de propiedad sí 

generó pérdidas ocasionadas por el cese temporal de la actividad comercial.   

 

2.2. La información que proporciona la industria aseguradora  

 

En el capítulo III, con ocasión de la información relativa al riesgo de violencia política, 

vimos que los datos que la industria aseguradora publica, a través de la Unión de 

Berna, son muy agregados y, por lo tanto, casi irrelevantes para un trabajo como este. 

Una de las evidencias empíricas más interesantes para este estudio, si no la más 

interesante, sería conocer el volumen de eventos por país y por modalidad de riesgo. 

Esta información no se publica. No podemos hablar, por lo tanto, de datos, sino de 

información que, por ser demasiado agregada, resulta insuficiente para obtener 

conclusiones relevantes. 

 

Del gráfico III.2 que se mostraba en el capítulo III se desprende alguna información 

sobre las pérdidas que provocan los eventos CEN y de ejercicio de la soberanía que se 

han registrado en los últimos años en las operaciones de inversión directa aseguradas. 

De nuevo llamamos la atención en el hecho de que un volumen importante se refiere a 

eventos no especificados, lo cual distorsiona mucho las conclusiones que se pudieran 

sacar de esta información.  

 

3. La interacción entre las multinacionales y los países receptores.  

 

De cara al estudio de los elementos que influyen en los riesgos que nos ocupan, 

conviene conocer antes qué elementos promueven que las empresas opten por la 

producción internacional, en lugar de producir al nivel nacional y exportar. Desde el 

punto de vista de los países, también es necesario conocer cuales son los factores que 

configuran la actitud que tendrán los soberanos del país receptor ante este tipo de 

inversión foránea. Se trata, en definitiva, de definir con precisión el escenario en el que 

se desarrolla la IED y de conocer cómo interaccionan en él las multinacionales y los 

gobiernos.  

 

Es indudable que las motivaciones de las empresas para producir fuera de sus fronteras 

así como las de los países para promover o frenar la inversión extranjera configuran la 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     114 

relación que se establecerá entre empresarios y gobierno con ocasión de la instalación 

de una firma extranjera en un país. De las características de esta relación y de los 

intereses de cada una de las partes surgirán los factores que pudieran incidir en el 

futuro en un eventual aumento del riesgo. En este apartado analizamos los factores que 

promueven la internacionalización de la producción desde los dos puntos de vista: 

multinacionales y países receptores.  

 

3.1. El interés de los inversores en los países en desarrollo.  

El análisis de los factores relacionados con los riesgos CEN y de ejercicio de la 

soberanía está estrechamente ligado a la actitud de los gobiernos ante la IED y ésta, a su 

vez, lo está con las motivaciones de las firmas para operar fuera de sus fronteras. 

Podríamos decir que el protagonista o el autor de una decisión que conlleve un evento 

de riesgo es el gobierno. Ahora bien, en ocasiones su decisión estará influida por la 

actitud o por el desempeño de la firma en el país. Como consecuencia, los intereses de 

la firma extranjera son tan relevantes en el estudio de los riesgos como lo son los 

intereses soberanos de los países receptores.  

 

Dunning (1979 y 1993) explica las motivaciones de las multinacionales con su Teoría 

Ecléctica54, basada en la reducción de los costes de transacción que se consigue con la 

producción intrafirma a escala internacional. Según esta teoría, la IED se desarrolla 

motivada por tres conjuntos de ventajas, las de propiedad, las de internacionalización 

de la producción y las de localización. La actividad de una firma multinacional se hace 

más competitiva  gracias a las exenciones fiscales, al acceso a los recursos naturales y a 

la oferta de trabajo (ventajas en el destino) así como a diversos aspectos que favorecen 

la salida al exterior (ventajas en el origen). A menudo, sobre todo en los casos de 

internacionalización dirigida a países en desarrollo, busca operar en mercados 

oligopolistas o monopolistas, inexistentes en sus países de origen. Todo ello 

proporciona a la firma extranjera una posición de ventaja competitiva por delante de las 

firmas nacionales. Ahora bien, evidentemente estas oportunidades sólo existirán si en 

los países receptores se dan los elementos que deben procurar las ventajas anteriores, y 

ello dependerá en gran medida de factores como el sector en el que esté interesada la 

                                                           
54 Su teoría se apoya en la Teoría del Poder de Mercado del economista canadiense S.H. Hymer 
 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     115 

multinacional y su importancia relativa en la economía del país receptor, por ejemplo.  

Todo ello marca la diferencia entre un clima favorable o desfavorable a la inversión.  

 

3.2. El clima inversor en los países receptores 

En las últimas décadas, el escenario político en los países en desarrollo ha 

experimentado cambios sustanciales hacia la democratización. Ha aumentado la 

participación política, la expansión de la sociedad civil y la competición abierta en 

elecciones. Alvarez et al. (1996) y Przeworski et al. (1996) consideran que son 

demócratas los regímenes en los que hay más de un partido y se produce rotación en 

virtud de la  capacidad de la oposición política para llegar a gobernar a través de 

elecciones. Li y Resnick (2003) establecen que un país ha desarrollado instituciones 

propias de la democracia cuando i) se celebran elecciones limpias y creíbles para la 

composición de los poderes ejecutivo y legislativo, ii) están garantizados el derecho a 

votar y a competir para la función pública, iii) existe libertad de expresión y de 

asociación. Todo ello implica que la sociedad está involucrada en las decisiones 

políticas y, por lo tanto, estas últimas están incentivadas para la creación de programas 

que reflejen la voluntad popular, siempre dentro de un marco legislativo que controla al 

gobierno. Tomando como referencia esta definición de democracia, la proporción de 

países en desarrollo democráticos o parcialmente democráticos se duplicó en las dos 

últimas décadas del siglo pasado, creciendo del 31% en 1975 al 73% en 1995. Esta 

evolución coincide con un crecimiento de los flujos de IED hacia estos países sin 

precedentes, como ya hemos visto. ¿Están relacionados estos dos fenómenos? ¿Cuál es 

el efecto de la democracia en la IED? ¿Están más o menos protegidos los derechos de 

propiedad en regímenes democráticos? El régimen político es uno de los elementos que 

configuran el clima inversor. Es decir, la existencia o no de un clima favorable a la 

inversión extranjera está fuertemente condicionado por el régimen político. Lo 

relevante es conocer de qué manera, cuestión que vamos a ver a continuación. Para 

ello, primero analizaremos los factores que influyen en el volumen de IED, es decir, 

qué tipo de régimen político hace atractivo a un país para las multinacionales. Después, 

entraremos a analizar los factores que están relacionados con los riesgos CEN y de 

ejercicio de la soberanía. Este último es el análisis que nos interesa, pero el primero 

ayuda a ponerlo en contexto.    

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     116 

Las posiciones de la literatura académica sobre el efecto del régimen político en los 

flujos de IED están lejos del consenso. Olson (1993) plantea que en las democracias 

consolidadas, la mecánica electoral y el desafío que supone para los políticos, unida a 

la división de poderes ayudan a garantizar los derechos de propiedad. Un argumento 

similar esgrimen Feng (2001), Pastor y Hilt (1993) y Pastor y Sung (1995), al asegurar 

que la democracia se aleja de cambios políticos irregulares y arbitrarios, ayuda al 

proceso de redistribución de la renta y evita el desarrollo de rentismos depredadores. 

Dado que todos estos aspectos son favorables para el mantenimiento de los derechos de 

propiedad, se podría afirmar que las instituciones democráticas son más deseables que 

las autocracias para la IED.  

 

En cambio, también encontramos argumentos que respaldan la hipótesis contraria, la 

democracia como régimen desfavorable para la IED. Este planteamiento se asienta en el 

hecho de que la democracia reduce el margen de maniobra de los inversores extranjeros 

en el mercado local en relación con el que tendrían en el caso de países con regimenes 

autocráticos. El motivo es triple: i) las posiciones oligopolistas y monopolistas que 

interesan a la IED son menos probables en democracia debido a la presión que ejercen 

las elecciones sobre el legislativo, ii) las democracias desincentivan las ventajas fiscales 

y financieras y, lo que es más importante para el riesgo país: iii) crean un marco 

socioeconómico más favorable para la protección de empresas nacionales en detrimento 

de las extranjeras, llegado el caso. O´Donnell (1978 y 1988) encuentra una relación 

simbiótica entre el autócrata y el inversor extranjero y Haggard (1990) considera que el 

régimen autoritario es más capaz de desactivar eventuales presiones sociales sobre la 

actividad de las multinacionales en el país. Estos dos autores coinciden en que el 

autócrata está más capacitado pero menos interesado en actuar en detrimento de las 

firmas extranjeras y, consecuentemente, genera menos riesgo para estas. El autócrata 

obtiene buen provecho de las elites económicas, tanto locales como extranjeras, a las 

que proporciona más autonomía alejándolas de las presiones sociales. La entrada de 

firmas extranjeras en el mercado local no hace sino acrecentar y ampliar la base 

empresarial de la cual el líder pueda obtener beneficio. En definitiva, sería más 

probable una alianza entre multinacionales y Estado en regímenes autócratas que en 

democracias.  

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     117 

Uno de los primeros análisis cuantitativos sobre el efecto del régimen político sobre el 

volumen de IED fue Oneal (1994). Tras un estudio de la inversión directa  

estadounidense en 48 países en desarrollo llegó a la conclusión de que la relación entre 

el tipo de régimen y el flujo de IED no es estadísticamente significativa. Si bien el 

retorno de las inversiones es mayor en regímenes autócratas, el contexto demócrata es, 

en general, menos incierto. Por lo tanto, es imposible generalizar. Li y Resnick (2003) 

coinciden en reflejar esta complejidad pues sostienen que el efecto final de la incidencia 

de las instituciones democráticas en la IED es el resultado de la combinación de cuatro 

factores, tres que inciden negativamente y uno que incide positivamente. Los resultados 

de su análisis empírico55 corroboran las hipótesis iniciales sobre estos cuatro 

mecanismos de incidencia de la democracia en los flujos de IED:  

 

a. El efecto de las instituciones democráticas sobre la organización del mercado es 

limitante para la IED. Las democracias atenúan la capacidad de las firmas 

extranjeras para ocupar posiciones oligopolistas o monopolistas. En cambio, las 

autocracias serían más tendentes a responder a los intereses de las multinacionales 

en este sentido. 

 

b. El efecto de la democracia sobre la política industrial es limitante para la IED. La 

implantación de multinacionales en un país en virtud de sus ventajas competitivas 

implica una reducción de la competitividad de las empresas nacionales. Estas 

responderán a la entrada de firmas extranjeras en el sector desarrollando grupos de 

presión para reclamar medidas proteccionistas. El régimen democrático es, por su 

naturaleza, permeable a estos grupos de presión nacionales.  

 

Frente a esta afirmación de Li y Resnik (2003), cabe señalar que los regímenes 

autocráticos pueden ser tan permeables o más que las democracias a este tipo de 

presiones. Los autócratas sencillamente responderán favoreciendo los intereses de 

las firmas que más aporten a sus intereses personales. Siendo esto así, un régimen 

                                                           
55 Su estudio se basa en datos sobre 53 países en el período 1982-1995. Realizan análisis comparativos 
de un mismo país a lo largo del período y cross-country. La variable dependiente es el flujo neto de IED 
por país y año, considerando como inversión directa la que proporciona más del 10% de los derechos de 
voto. Este dato se extrae de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. Los datos sobre el grado de 
consolidación de la democracia se obtienen de la base de datos Polity IV.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     118 

autocrático es, debido a sus características, más fácilmente corruptible que una 

democracia.  

 

c. El efecto de las instituciones democráticas sobre los incentivos fiscales y 

financieros son limitantes para la IED. Estos suponen una transferencia de fondos de 

los contribuyentes nacionales hacia las firmas extranjeras, lo cual generará presiones 

para evitarlo.  

 

d. El efecto de la democracia sobre la protección de los derechos de propiedad es 

positivo o favorable para la IED. La garantía de los derechos de propiedad emana de 

las leyes y de su aplicación. Li y Resnick (2003) cita a Olson (1993 y 2000), Bates 

(2001) y North y Weingast (1989) para afirmar que cuanto más democrático es un 

país mayor es la protección de los derechos de propiedad. 

 

Así pues, por un lado, la democracia tiene un efecto negativo y significativo en el flujo 

de IED. Según el modelo desarrollado por los autores para el análisis, un aumento en un 

punto en el grado de consolidación de la democracia según el índice Polity IV 

provocaría un descenso de entre 88 mill. USD y 94 mill. USD en los flujos de entrada 

de IED. Sin embargo, por otro lado, la democracia favorece la protección de los 

derechos de propiedad, y estos tienen un efecto positivo y significativo sobre la IED. 

Un aumento de un punto en la clasificación de la protección de los derechos de 

propiedad según el IRIS Center56 generaría un aumento en los flujos de entrada de IED 

de 76 mill. USD. 

 

La información que aportan las variables de control utilizadas en el modelo también es 

relevante. La primera de ellas es la inestabilidad política, medida según el criterio de 

Banks (1999) como la suma del número de asesinatos, huelgas, capítulos de crisis de 

gobierno, disturbios de violencia política, manifestaciones en contra del gobierno y 

escenarios afectados por guerrillas. Este criterio es cuestionable pues alguno o varios 

de estos elementos podrían registrarse en países con gobiernos cuya estabilidad política 

no se viera, sin embargo, amenazada. Un ejemplo cercano y reciente es España en los 

años 2012 y 2013. Las numerosas huelgas en los sectores de la sanidad, educación y 

                                                           
56 Protección de los Derechos de Propiedad elaborado por el IRIS Center de la Universidad de Maryland con datos 
de International Country Risk Guide (Political Risk Service Group). 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     119 

transportes así como manifestaciones frecuentes contra la política económica y social 

coexisten con un gobierno con mayoría parlamentaria y con un contexto político 

inalterado en su composición, a pesar del clima adverso y de las reivindicaciones. En 

cualquier caso, este conjunto de elementos relacionados anteriormente únicamente 

incide en el flujo de IED en la medida en que altere los derechos de propiedad. El 

efecto directo es, según el modelo, negativo pero no significativo.  

 

El tamaño del mercado, medido en volumen del PIB57, es positivo y estadísticamente 

significativo. Cuanto mas elevado sea el PIB del país receptor más atractivo resulta ese 

mercado para la IED, cuestión que queda claramente ilustrada con el ejemplo de China. 

En cambio, un mayor poder adquisitivo de la población y una mayor dotación de 

capital y de infraestructuras no generan necesariamente mayor interés en los inversores 

directos. En definitiva, el efecto del nivel de desarrollo económico es insignificante 

estadísticamente, al igual que los costes laborales58.  

 

Sí tienen un efecto negativo y significativo la volatilidad del tipo de cambio, pues 

inhibe la planificación del negocio a largo plazo y altera la demanda local, y las 

restricciones de capital, pues constituyen barreras de entrada o salida para los propios 

flujos de IED o para la repatriación de dividendos o beneficios. Por último, los flujos 

mundiales de IED generan un efecto de retroalimentación de sí mismos que es 

significativo estadísticamente. A menudo, los flujos de capital llevan asociados flujos 

adicionales dentro del mismo proyecto o nuevos flujos como resultado de nuevos 

proyectos  que se derivan de los anteriores.  

 

En definitiva, el efecto de las instituciones democráticas sobre la inversión extranjera 

directa es complejo porque se manifiesta a través de distintos mecanismos que actúan 

en sentidos contrarios. El avance en el nivel de democracia se traduce en mejoras en el 

sistema judicial, en la aplicación de la ley y en la protección de los derechos de 

propiedad, creando un contexto más favorable para las firmas extranjeras. Pero también 

limita el margen de maniobra de los gobiernos y condiciona el mercado restringiendo 

                                                           
57 La fuente utilizada por Li y Resnick (2003) es Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial en USD a 
paridad de poder adquisitivo en el caso de análisis cross country.  
58 Obtenidos del Índice Salarial Industrial por países de la O.M. del Trabajo (Indicadores Clave del 
Mercado de Trabajo).  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     120 

las ventajas operativas, que son uno de los principales motores de las multinacionales 

para su expansión59.      

 

Independientemente del grado de avance en la consolidación de la democracia en cada 

país, la gran mayoría de los países en desarrollo han creado en la última década 

estrategias encaminadas a atraer la inversión extranjera directa que juegan un papel 

determinante en el clima inversor60. Esta política es un componente importante de los 

programas de crecimiento económico de estos países. La IED constituye un motor de 

creación de empleo, de progreso tecnológico, de mejora de la productividad y de 

crecimiento para el país receptor (Jensen 2003). Pero, según los autores críticos con el 

papel de la IED en el desarrollo, también genera costes elevados para gobiernos y 

ciudadanos de países receptores como resultado de las ventajas que la competencia 

exacerbada por atraer IED obliga a conceder a los inversores. El resultado es, en 

ocasiones, el cambio de patrones de política económica en detrimento local e incluso la 

pérdida relativa de soberanía frente a las multinacionales. Pese a ello, la creación de un 

clima inversor atractivo para las multinacionales ha sido casi generalizada en los países 

en desarrollo. La constitución de Agencias de Promoción de Inversiones (IPAs, por sus 

siglas en inglés) y el diseño de un programa de promoción externa de la imagen del 

país como destino preferente de la IED son algunas iniciativas de estos programas que 

persiguen promover la IED de una manera ordenada. Datos de UNCTAD (2011) 

señalan que la IED alcanzó un valor global de 1.100 mill. USD en 2010, una cifra que, 

aún siendo inferior a las de los años anteriores a la crisis, supera a los valores 

registrados en el primer lustro del siglo XXI. En algunos países, las estrategias de 

captación de IED han ido más allá de la mera implantación de políticas liberalizadoras 

y de apertura al exterior, pudiendo llegar a ser muy ambiciosas. Todo ello ha creado un 

contexto internacional en el que los países en desarrollo muestran una elevada 

competitividad por la captación de inversión foránea. Según UNCTAD, el valor de la 

                                                           
59 Son también interesantes las conclusiones de este estudio sobre la relación entre crecimiento 
económico y régimen político. Habida cuenta que la IED es un motor para el crecimiento económico, la 
relación compleja que existe entre ésta y el régimen político, tal como demuestra este estudio, hace que 
no se pueda establecer una relación clara entre democracia y crecimiento económico. Este aspecto 
proporciona una premisa interesante de análisis para otra investigación sobre e impacto del régimen 
político sobre el desarrollo.   
60 Esto ha sido así incluso en sistemas autocráticos y cerrados como Cuba. Tal como afirmó Fidel Castro: 
“Quién hubiera pensado que nosotros, tan doctrinarios, nosotros que luchamos en el pasado contra la 
inversión extranjera, la llegáramos a ver algún día como una necesidad urgente”. Soysa, I. y Oneal, J.R. 
(1999): Boon or Bane? Reassessing the productivity of FDI. American Sociology Review, 64 (5), pp 
766-82.   



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     121 

IED en países en desarrollo y economías en transición supera por primera vez al de las 

economías desarrolladas y supone el 53% del total, como se puede comprobar en el 

gráfico IV.3.  

  

Gráfico IV.3: Valor de los flujos de IED en millones de USD. 1995-2010 

 

 

Fuente: UNCTAD (2011) 

 

Paralelamente, han proliferado la firma de Acuerdos de Inversión Internacional, 

incluidos Acuerdos Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (APRI o BIT, 

por sus siglas en inglés), Tratados de Doble Imposición, Acuerdos de Libre Comercio 

con especificaciones relativas al comercio asociado a la inversión extranjera e incluso 

cláusulas de arbitraje en contratos para proyectos específicos con un inversor en 

particular. El objetivo es reforzar el clima de seguridad que los países ofrecen a los 

inversores extranjeros. La misma fuente cifra en 6.000 los acuerdos internacionales 

vigentes a finales de 2010, frente a 4.000 en 2000. Todos ellos contemplan el arbitraje 

internacional en caso de disputa entre Estado e inversor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     122 

Figura IV.1: Factores que influyen en las decisiones de las multinacionales para invertir 

en el exterior 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La figura IV.1 muestra todos los elementos que, como hemos visto, influyen en las 

decisiones de expansión internacional de las firmas. Se trata, en definitiva, del reflejo 

de los intereses de las multinacionales por desarrollar sus ventajas competitivas y el de 

los países por atraer IED con el fin de incrementar sus ventajas comparativas.   

 

4. Factores que influyen en los riesgos CEN y de ejercicio de la soberanía en la IED 

 

En este contexto de aumento de los flujos globales de IED no sorprende que se haya 

registrado en la última década un aumento sustancial del número de registros en el 

CIADI de disputas entre inversores extranjeros y los Estados que acogen la inversión, 

tal como muestra el gráfico IV.4. En el año 2000, el número acumulado de disputas 

registradas oficialmente era de algo más de 50. Tan sólo una década después, en 2010, 

este valor ascendía a 400, de manera que en torno al 87 % de las incidencias ocurridas 

desde que existen estos registros se habían producido en ese intervalo de diez años. A 

mediados de mayo de 2014, el CIADI registraba 471 disputas.  

 

Multinacional

Propiedad de factores 
productivos

Control jerárquico de la 
producción

Localización

En el país receptor

Calidad e independencia del 
sistema judicial

Aplicación de la ley

Protección de los derechos 
de propiedad

Ventajas operativas: 
monopolio

Estrategia de IED: Creación 
de IPA´s y firma de APRIs



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     123 

Gráfico IV.4: Tratados de arbitraje conocidos hasta 2010 

 

Fuente: UNCTAD (2011) 

 

De estos datos se deduce que, a pesar del contexto favorable para la expansión de las 

multinacionales que se ha descrito anteriormente, persistían elementos que podrían 

provocar la adopción de medidas proteccionistas y un aumento del riesgo país para las 

firmas extranjeras. Es más, en los últimos años la actitud ante la IED de algunos países 

de Latinoamérica, Europa Oriental y Asia Central se ha revertido de manera sustancial. 

Estas circunstancias generan un riesgo de pérdida para las multinacionales, cuyo 

carácter ilíquido las hace poco ágiles para reaccionar ante cambios desfavorables en el 

contexto legal o político y ante un eventual deterioro en la percepción del riesgo, en 

general.  

 

4.1 Factores relacionados con el riesgo CEN  

 

Recordemos la diferenciación planteada por Guash et al (2005) entre empresas 

concesionarias y empresas privatizadas (o empresas privadas instaladas en el país), con 

el fin de poner en contexto esta modalidad de riesgo. El riesgo CEN afecta a las 

segundas y lo hace, fundamentalmente, a través de la adopción de medidas 

proteccionistas. El primer aspecto que favorece la eventual adopción de medidas 

proteccionistas por parte de un país es la ausencia de normas internacionales que 

regulen la actividad inversora internacional. Esta carencia es de enorme trascendencia 

pues proporciona un vacío normativo que alimenta niveles elevados de competencia 

geopolítica. En ausencia de un marco normativo internacional, los únicos límites de esta 

competencia son los que se marquen los propios inversores y los países receptores 

dentro de la propia dinámica inversora. El máximo exponente de estas circunstancias se 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     124 

da en el sector energético, con todas las consecuencias que esto conlleva. Las tensiones 

en el mercado de hidrocarburos pueden llegar a amenazar a la actividad económica, 

como ocurrió en la gran crisis del petróleo de 1973, e incluso a la seguridad global, 

como demuestran las guerras del Golfo Pérsico de los primeros años de la década de los 

noventa del siglo pasado. En este marco de desregulación internacional, el ámbito al 

que queda circunscrito estos riesgos es el ámbito de los poderes legislativo y ejecutivo 

de cada país. Así pues, para que se produzca un evento de riesgo CEN basta con que 

concurran en un gobierno la intención y la capacidad que le otorgan las instituciones 

internas para realizarlo. 

 

4.1.1 Aspectos que generan intenciones proteccionistas ante a la IED 

Comencemos por los factores que alimentan en un gobierno la intención de actuar 

generando eventos CEN. Que un gobierno tenga o no intención de realizar una 

expropiación o confiscación  dependerá de los beneficios que prevea obtener frente a los 

costes que suponga tal decisión. La propiedad inmediata de los activos y de la 

producción como respuesta a la satisfacción de eventuales demandas populares de 

orgullo nacional o de cambio social y el aumento de los recursos estatales para la 

consecución de objetivos económicos están entre las ganancias que se derivan de un 

acto CEN (Li, 2009). En ocasiones, el gobierno resuelve con una decisión de este tipo 

una eventual incapacidad para acotar compromisos con los inversores o posibles 

conflictos que pudieran surgir con ellos en procesos de reformas inacabados. Obsérvese 

que la transferencia de la propiedad de una firma al Estado y el consecuente aumento de 

recursos públicos constituyen mejoras a corto plazo, si no inmediatas.  

 

Entre los costes que implican estas decisiones está el descenso en la producción que 

puede ocasionar el cambio en la propiedad de los factores en industrias muy 

tecnológicas, que requieren trabajadores con elevada experiencia y con cualificación 

profesional específica para ejecutar los procesos productivos. Este perfil de trabajador 

es, en ocasiones, muy específico y es el resultado de la especialización en los procesos 

concretos de la firma extranjera. Pudiera ocurrir que esta cualificación no exista en el 

mercado laboral nacional o internacional, fuera de la propia firma. La estructura y las 

características de los activos de una planta pueden ser tales que, en la medida en que  

sean utilizados por trabajadores con una preparación distinta o para fines productivos 

distintos, su productividad pudiera disminuir. Esta situación daría lugar a un resultado 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     125 

paradójico, pues el deterioro de la producción podría suponer una merma en los 

recursos del Estado en relación con los que le generaba la planta productora cuando era 

operada por la firma extranjera, a través de royalties, impuestos o esquemas de reparto 

de los beneficios que tuviera acordados con el inversor. Así pues, la utilización de 

tecnología específica en los procesos productivos que requiera profesionales formados 

ad hoc por la propia firma es un elemento de reducción del riesgo CEN en los casos en 

los que en el mercado local no existe tal nivel de cualificación (Li 2009). Sin perjuicio 

de esto, las firmas extranjeras que hayan incorporado tecnología sofisticada en el 

proceso de producción en un país en el que el factor laboral no condicione su 

explotación, afrontan un riesgo CEN mayor, según Kobrin (1980 y 1984). Las razones 

están en el interés de las autoridades por favorecer la transferencia de la tecnología a 

otras firmas u otros sectores de la economía local.  

 

Existe un coste derivado de las decisiones soberanas adversas para la IED que es más 

relevante para los países que las acometen que el que se ha descrito antes, en la medida 

en que las consecuencias abarcan un ámbito mucho mayor que en el caso anterior. Se 

trata de la pérdida de reputación internacional que provoca una decisión gubernamental 

de este tipo. La desconfianza que se genera, especialmente entre otros gobiernos y entre 

firmas multinacionales, constituye un deterioro del clima inversor y puede tener como 

resultado la pérdida de ventajas comparativas y la consecuente reducción de los flujos 

de IED (Jensen, 2006).  

 

Unos de los factores más influyentes en el interés de los gobiernos por cuidar su 

reputación es la abundancia de recursos naturales. La riqueza natural de un país y su 

impacto en la economía vuelve al ser, al igual que ocurría en el riesgo de violencia 

política, un elemento crucial en el estudio del riesgo CEN. Jensen y Jhonston (2010) 

utilizan datos de la industria aseguradora de riesgo político para estudiar el efecto de la 

abundancia de recursos naturales en la actitud de los gobiernos en cuanto a su 

compromiso con la IED. Su análisis concluye que los gobiernos de economías ricas en 

recursos naturales son menos sensibles al coste que las acciones CEN tienen en la 

reputación. Esta menor sensibilidad a la pérdida de reputación no sólo afecta a la 

industria extractiva sino también al resto de sectores de la economía. La falta de 

incentivos para la reputación se convierte en un rasgo característico general de los 

gobiernos de países ricos en recursos naturales. Podríamos decir que mientras la teoría 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     126 

de la maldición de los recursos constituye la vertiente económica del efecto de la 

abundancia de recursos naturales en un país, este fenómeno de desmotivación en 

cuanto a la reputación internacional constituye una de sus vertientes políticas61.  

 

Sachs (2007) afirma que “los mayores riesgos hoy en día para las inversiones están en 

los recursos naturales, especialmente en el sector energético”62 y Kobrin (1980) 

coincide en atribuir un mayor riesgo a la extracción de hidrocarburos y a la minería y 

añade, además, a la construcción de infraestructuras. Sauvant (2007) plantea que una 

actitud proteccionista ante multinacionales que operan en la extracción y distribución 

de recursos naturales, especialmente en los hidrocarburos, es más probable en períodos 

en los que la oferta decrece y el precio aumenta. Este comportamiento del mercado 

coloca a los países productores en una posición de fuerza para generar tensión y 

favorece la revisión de los contratos de extracción a su favor. Lo mismo ocurre como 

resultado del descubrimiento de nuevos yacimientos en territorio nacional, como fue el 

caso de la expropiación de la filial argentina de la petrolera española Repsol. En 

definitiva, las tensiones son la consecuencia de las disputas internacionales por el 

aprovisionamiento de recursos energéticos. Estas tensiones son frecuentes entre firmas 

occidentales e Irán, por ejemplo, o entre occidente y Rusia y son el reflejo, entre otros 

aspectos, de i) las diferencias en la renta per capita entre países productores e 

inversores, ii) la supremacía de los intereses de la multinacionales sobre los de los 

países productores y iii) el escrutinio que en los últimos años se está realizando sobre 

los proyectos debido al riesgo medioambiental que generan. Según Truitt (1970), entre 

1945 y 1970 las firmas norteamericanas y británicas sufrieron más expropiaciones en el 

sector de extracción de crudo que en el resto de sectores.  

 

La corrupción también está estrechamente ligada al riesgo CEN. Alonso y Mulas-

Granados (2011) realiza un estudio del concepto, la medición, las causas y las 

consecuencias de la corrupción. Sus conclusiones nos permiten ilustrar adecuadamente 

el impacto de la corrupción en esta categoría de riesgo país. Este trabajo se basa en su 

análisis comparado y toma de él los elementos que permiten incluir a la corrupción 

como factor de riesgo país para la IED. Para identificar la relación entre la corrupción y 

                                                           
61 Otro efecto de la riqueza natural en el ámbito político es la influencia en el régimen político, fenómeno 
que se estudiará en el apartado de la capacidad de los gobiernos para expropiar, confiscar o nacionalizar.  
62 Sachs (2007), página 82.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     127 

el riesgo país basta con atender a la explicación de estos autores sobre el origen 

etimológico del término, la palabra latina rumpere, y su utilización para expresar la 

“ruptura o vulneración de un proceder o un Estado de cosas que se considera correcto”. 

Esta definición es una primera aproximación que quizá resulte demasiado abierta para 

definir el término, como los propios autores señalan. Además, en ella no se menciona 

aún el objetivo que se persigue con el acto de ruptura, es decir la razón de ser de la 

corrupción. Sin embargo, este primer concepto ya nos resulta útil para establecer un 

nexo con el riesgo país, pues se refiere nada menos que al quebranto del orden 

establecido. Cualquier posibilidad de quebranto de la ley o de los procedimientos 

conlleva una incertidumbre sobre la forma que puede adoptar, el alcance que puede 

tener y las pérdidas que puede provocar eventualmente a una firma extranjera. Los 

autores comparan las definiciones de corrupción del Banco Mundial y de la Unión 

Europea y obtienen un punto en común en ambas: la corrupción supone la 

transformación de recursos públicos en beneficios privados de manera abusiva y/o 

ilegal. En su estudio identifican la existencia de, al menos, dos agentes, el corrupto y el 

corruptor, movidos por la búsqueda de beneficios económicos, profesionales o de 

imagen y actuando en el ámbito de la relación entre poderes públicos y agentes 

privados o incluso entre agentes privados. 

 

Con la corrupción se vulneran tanto procesos de definición de normas como procesos 

de aplicación de normas. El quebranto de los primeros afecta de lleno al marco 

institucional, con las consecuencias que ya hemos visto que tiene un deterioro de la 

calidad institucional en el riesgo país. El deterioro institucional supondría un impacto 

generalizado en el sector empresarial pero un quebranto en los procesos de regulación 

puede provocar, además, una pérdida económica mucho más directa a las empresas que 

desarrollan su actividad amparadas por el marco normativo que se está corrompiendo. 

Un ejemplo sería la compañía extranjera adjudicataria del suministro de un servicio 

público cuya regulación se ve substancialmente alterada por parte de los poderes 

públicos como resultado de una acción corrupta. Podemos decir que el quebranto en el 

marco regulador tiene un impacto doble: el del deterioro institucional y la consecuente 

inseguridad que se genera y el de las pérdidas directas que eventualmente puede 

provocar a las empresas cuya actividad está regulada por esa normativa. En cuanto al 

quebranto en la aplicación de las normas, es igualmente dañino si tenemos en cuenta las 

pérdidas que puede provocar al alterar o ralentizar los procedimientos de la firma, que 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     128 

estarán en cierto grado imbricados con los procedimientos de la administración, los de 

los proveedores y los de los clientes. Cualquier modificación en estos encaminada a 

favorecer a sus autores, incide directamente en aquellos y no necesariamente de manera 

positiva. Es en esta modalidad de corrupción, relacionada con aplicación de la 

normativa, donde entra en escena la corrupción entre agentes privados. Su existencia se 

convierte en un riesgo para la IED en la medida en que estos agentes privados sean 

stakeholders de la firma extranjera.    

 

También constituye un factor de aumento del riesgo lo que Sauvant (2007)  denomina 

patriotismo económico. Se trata de la respuesta que despiertan algunas inversiones 

extranjeras en sectores estratégicos para el país receptor o en empresas cuya imagen 

comercial está estrechamente relacionada con la del propio país. La entrada de intereses 

foráneos en estos casos provoca la susceptibilidad en la sociedad y en los grupos 

económicos.  Algunos ejemplos son la compra de la compañía española Endesa por 

parte de la alemana EON, la de la francesa Suez por la italiana Enel, la de la británica 

Centrica por parte de la rusa Gazprom y la de la italiana Autostrada por la española 

Abertis. 

 

Estas operaciones pueden generan un aumento en el riesgo CEN. Para delimitar 

adecuadamente este aspecto del riesgo es preciso acotar los términos estratégicos e 

imagen nacional así como identificar qué sectores son vulnerables al riesgo en este 

sentido. En general, el sector energético, especialmente los hidrocarburos, es un sector 

sensible para cualquier país por razones de abastecimiento básico, tanto para la calidad 

de vida de los ciudadanos como para la capacidad operativa de la industria y los 

servicios. Lo mismo ocurre con las infraestructuras, cuya importancia estratégica radica 

también en su papel generador de calidad de vida y de riqueza. En cuanto a la imagen 

exterior de una nación, las protagonistas son 1) los sectores fabricantes de los 

principales productos de exportación, 2) los sectores de producción con certificación de 

denominación de origen, 3) los sectores con mayor implantación fuera de las fronteras 

nacionales y 4) las firmas que operan en el sector del turismo, especialmente las 

aerolíneas de bandera y las cadenas hoteleras.    

       

Sauvant (2007) se refiere a otro aspecto del que se deriva una mayor probabilidad de 

acciones proteccionistas: el origen de las inversiones. Los proyectos en los que el 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     129 

inversor es un grupo financiero están promovidos por el propio retorno de la inversión 

más que por el desarrollo de la actividad en el país receptor. Esto puede devenir en 

conflictos de intereses entre la firma financiera extranjera y los distintos ámbitos de la 

economía productiva del país, generando un riesgo de proteccionismo mayor. Lo 

mismo ocurre si el inversor proviene de un país emergente, a causa al enorme 

desarrollo que ha experimentado la inversión extranjera de estos países en las últimas 

décadas. El especial protagonismo de economías grandes como China, India, Brasil o la 

Federación Rusa y la creciente competitividad internacional que están creando generan 

susceptibilidad al nivel mundial. Entre 1987 y 2005, las fusiones y adquisiciones 

realizadas por países emergentes se ha más que triplicado, según la UNCTAD63. En 

este período, el número de operaciones protagonizada por estos países ha crecido del 

5% al 17%, mientras que el valor total ha pasado del 4% al 13%. En 2005 suponían 

1.072 operaciones por valor de 90.000 millones de USD.  Sauvant (2007) cita algunos 

ejemplos que están entre los más representativos de esta actividad tan intensa: la 

compra por parte de la empresa china Lenovo de la división de ordenadores personales 

de IBM en 2005, la de la brasileña CVRD de INCO (Canadá) en 2007 y la de la India 

Tata de la empresa Corus, de propiedad británica y holandesa hasta 2007.  

 

En relación con las reacciones que provocan el origen de las inversiones, los gobiernos 

receptores ponen especial atención a la actividad de las Agencias Soberanas de 

Inversión64 de países emergentes. Esas entidades forman parte de la estrategia de 

desarrollo de estas economías, disponen de un volumen de recursos elevado y cuentan 

con un acceso privilegiado a la financiación, ventajas que combinan con cierta falta de 

transparencia es sus actividades según Sauvant (2007). Todo ello hace que se perciban 

al nivel internacional como instrumentos de política económica que sirven de apoyo a 

los objetivos políticos de sus países de origen, pudiendo provocar reacciones defensivas 

en los países receptores.  

 

También están en el origen de la mayoría de las disputas entre inversor y país receptor 

los cambios económicos, según un análisis de regresión realizado por MIGA (2011). 

Por cambios económicos se refiere no sólo a los puntos de inflexión de bonanza 

económica hacia la recesión, sino también los que suponen el inicio de la fase creciente 

                                                           
63 UNCTAD (2006), página 108.  
64 Sovereign Investment Agencies o SIAs.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     130 

del ciclo. Los primeros provocan la necesidad de tener un mayor control sobre la 

economía con objeto de disponer de mayores recursos para gestionar la recesión. En 

estos casos de recesión o crisis el análisis demostró que resulta indiferente que las 

causas sean financieras, fiscales o de deuda. En cambio, los segundos refuerzan la 

posición de los Estados ricos en recursos, fenómeno al que se ha hecho alusión 

anteriormente. Estas conclusiones se derivan del análisis de los registros que se realizan 

en la base de datos del CIADI, que aumentan en momentos de cambios en el ciclo 

económico tanto en la fase expansiva como en la recesiva. Ahora bien, estos registros 

constituyen disputas entre el inversor y el país receptor, y no necesariamente un acto 

expropiatorio o confiscatorio propiamente dicho. Las disputas pueden resolverse con 

una negociación entre las partes, que generalmente consiste en acordar un justiprecio u 

otro tipo de contraprestación consensuada. En estos casos, los registros en CIADI no 

llegan a convertirse en actos CEN. Consecuentemente, con objeto de realizar un estudio 

más riguroso del riesgo CEN, MIGA (2011) realizó un análisis similar tomando como 

eventos los actos de expropiación y confiscación definitivos extraídos de la industria 

aseguradora. Esta alternativa garantiza que los registros constituyen actos CEN, pues 

han sido objeto de un estudio por parte de la compañía aseguradora que los cataloga 

como tales dentro del proceso que antecede al pago de una indemnización. Qué duda 

cabe que la utilización de estos eventos aporta rigor al análisis. Sin embargo, al extraer 

la información del mercado asegurador se excluyen inevitablemente del análisis todos 

los actos CEN ocurridos en el período que no hayan sido asegurados. Esto reduce el 

campo muestral en relación con los registros del CIADI en una proporción que el 

análisis de MIGA no especifica.  

 

Una estrategia utilizada frecuentemente por las empresas multinacionales para operar 

en un país consiste en crear una sociedad con una firma local. Esta modalidad es 

frecuente tanto en actividades concesionarias como no concesionarias y altera tanto el 

riesgo CEN como el de ejercicio de la soberanía pero de manera distinta en cada caso. 

Por este motivo, excepcionalmente, en este párrafo se analizan y se plantean las 

conclusiones diferenciadas sobre los dos riesgos. Moran (1973) analiza este contexto y 

concluye que la participación local reduce ambos riesgos. Sin embargo, Henisz (2000) 

plantea un análisis econométrico sobre el impacto que tiene en estos riesgos la 

asociación del inversor extranjero con una empresa nacional, obteniendo resultados más 

precisos. Según este autor, las características de la operación de inversión influyen en la 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     131 

probabilidad de que ocurra un evento de riesgo e interactúan con las características del 

país para configurar un nivel de riesgo determinado. Su estudio utiliza datos a los 

niveles corporativo, sectorial y de país sobre 1.250 firmas norteamericanas que operan 

en todas las industrias y en 112 países. El objetivo es conocer cómo varía el impacto de 

los riesgos  en asociaciones con participación local mayoritaria o minoritaria65. Henisz 

(2000) plantea que existen tres factores que condicionan el riesgo de ejercicio de la 

soberanía: i) la estructura del activo y el grado en que puede modificarse su utilización 

sin perder productividad, ii) la capacidad para transferir tecnología a otros sectores 

productivos de la economía local y iii) la posibilidad de utilizar la marca comercial del 

inversor en el mercado local. Su investigación se centra en el riesgo de un 

comportamiento oportunista por parte del socio local encaminado a sacar provecho de 

estos tres factores en detrimento de la firma extranjera. Ahora bien, el socio local 

pudiera ser una empresa pública o una empresa privada, y Henisz (2000) no especifica 

qué tipo de empresas utiliza en su estudio. En el primer caso, el riesgo del ejercicio de 

la soberanía es directo, pues el órgano directivo de la firma es el propio gobierno. En el 

segundo caso esto no ocurre, pero sí podemos suponer que el consejo de administración 

de la firma local tiene una capacidad de interlocución y de presión con el gobierno 

mayor que la firma extranjera. Los comportamientos de ambos debieran estar alineados. 

Por lo tanto, consideramos que los resultados de este análisis, centrado como decimos 

en incumplimientos de la firma local, son extrapolables al riesgo de incumplimiento 

soberano. El análisis demuestra que, en las operaciones que presentan las tres 

características anteriores, el riesgo de ejercicio de la soberanía es mayor en los casos de 

participación extranjera minoritaria y menor, en la mayoritaria.  

 

Por otro lado, en lo que respecta al riesgo CEN, las firmas locales conocen mejor los 

mercados de trabajo y de materias primas locales, lo que favorece la utilización de 

insumos y la contratación de trabajadores nacionales. Ambos aspectos reducen el riesgo 

CEN que afrontaría una joint venture con participación local mayoritaria frente al que 

afrontaría una firma extranjera con participación local minoritaria. La tabla IV.1 resume 

estos dos efectos contrapuestos de uno y otro tipo de riesgo:  

                                                           
65 Henisz (2000) se apoya en Kobrin (1979), Hill Hwan y Kim (1990) Murtha (1991), Phillips-Patrick 
(1991) y Henisz y Williamson (1991) para el análisis del riesgo de expropiación. Para el estudio del 
riesgo de incumplimiento contractual, Henisz (2000) se basa en los fundamentos teóricos de Williamson 
(1985), Anderson y Gatignon (1986) y Oxley (1995) así como en los análisis empíricos de Gatignon y 
Anderson (1988), Murtha (1991) y Oxley (1997). 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     132 

 

Tabla IV.1: Los riesgos políticos para el inversor extranjero en las joint venture 

 

 Riesgo CEN  Riesgo ejercicio soberanía 

 

Participación extranjera mayoritaria Mayor   Menor 

Participación extranjera minoritaria Menor   Mayor 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Henisz (2000)  

 

Las reacciones proteccionistas hacia la IED en los países receptores pueden adquirir la 

forma de expropiaciones o ruptura de contratos más o menos puntuales o bien 

materializarse en la creación de organismos que controlen la inversión extranjera de una 

manera generalizada. El Comité de Inversión Extranjera de EE.UU. y el Mecanismo de 

Revisión de la Seguridad Económica Nacional de China son dos ejemplos de éstos 

últimos. La estadounidense ha sido una de las principales reacciones defensivas a la 

actividad inversora internacional, con la creación del Comité de Inversión Extranjera de 

los EEUU (CFIUS, por sus siglas en inglés). El CFIUS monitorea, y eventualmente 

bloquea, las inversiones extranjeras en EE.UU. procedentes de entidades controladas 

por gobiernos de otras naciones y/o que pudieran constituir una amenaza contra la 

seguridad, por estar enfocadas a infraestructuras o a sectores críticos para el país. 

Constituye el mecanismo de implementación de la Ley de 2007 de Seguridad Nacional 

e Inversión Extranjera. 

 

Otro ejemplo ha sido la creación de un órgano similar en China. Sauvant (2007) hace 

referencia al informe de R.D. Lewis, Cross-border M&A in China: a Comparative 

Análisis66, para indicar que según él, este órgano, creado en 2006, debe revisar y, en su 

caso, aprobar todas las operaciones de IED en China que estén enfocadas a industrias 

importantes, actividades que puedan afectar a la seguridad nacional, marcas 

comerciales chinas reconocidas internacionalmente o empresas antiguas con muchos 

años de actividad. Sin embargo, ninguna de estas modalidades está definida o 

especificada por parte de las autoridades chinas, haciendo uso de una indefinición quizá 

                                                           
66 Lovells, Beijing, 2007 
 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     133 

intencionada. Estas iniciativas tienen una repercusión directa en el nivel de riesgo 

CEN. Si su función consiste en actuar a priori sobre los proyectos de inversión, es decir 

antes de que éste se materialice, y bloquearlo en el caso de que se trate de un proyecto 

contrario a los intereses del país receptor, entonces las inversiones que podríamos 

calificar de indeseables para el país receptor no llegan a prosperar en los países que 

cuentan con este tipo de instrumentos de control. Consecuentemente, el riesgo CEN 

para la IED que supera este filtro previo y logra instalarse y comenzar a operar en el 

país es menor. Así pues, la existencia de una entidad para control ex ante reduce el 

riesgo CEN para la IED en ese país. Según esta misma lógica, en los países receptores 

de IED que no disponen de estos filtros, la IED que se instala y comienza a operar en 

ellos no se beneficia de esta reducción en el riesgo CEN. Ahora bien, si su función 

fuese revisar operaciones de inversión extranjera ex post, sobre proyectos que ya son 

una realidad, entonces el riesgo CEN es mayor en estos países en relación con los que 

no disponen de este tipo de organismos para el control de la IED. La razón es que la 

existencia de una institución encargada de controlar la actividad extranjera refleja una 

probabilidad mayor de que se tomen decisiones proteccionistas. En esta lógica subyace 

la idea de que los países que crean un sistema de monitorización de la IED manifiestan 

con ello un grado cierto de sensibilización a la actividad foránea dentro de sus 

fronteras. Los países que no disponen de organismos de control, pueden estar 

sensibilizados o no. Es decir, en estos casos, de la inexistencia de un organismo de este 

tipo no se desprende ninguna información sobre el grado de riesgo.  

 

4.1.2. Factores que condicionan la capacidad de un gobierno para realizar eventos 

CEN.  

Como ya hemos visto, la ausencia de normas internacionales que regulen la actitud de 

los gobiernos hacia la IED hace que esta se circunscriba al ámbito nacional. Así pues, 

para analizar la capacidad soberana para desarrollar acciones contrarias a los intereses 

de la inversión extranjera hay que buscar los condicionantes en las instituciones 

políticas del país. Mientras que la reputación es el aspecto que calibra la intención 

gubernamental, el régimen político, o las instituciones políticas, son el principal 

determinante de su capacidad.  

 

4.1.2.1 El efecto de las instituciones políticas sobre los riesgos 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     134 

Jensen (2003, 2005 y 2006), Olson, (1993 y 2000), Li y Resnick (2003) y Li (2009) 

analizan el impacto de régimen político en el riesgo CEN. Todos obtienen conclusiones 

similares pero quizá el estudio más completo sea Li (2009). Su planteamiento parte de 

las tres características de los regímenes políticos que, según él, determinan la capacidad 

del gobierno para tomar decisiones: 1) las limitaciones a la acción de gobierno, 2) la 

frecuencia de rotación del líder y 3) la duración del mandato. Su estudio consiste en 

averiguar el papel de estos tres elementos como mecanismos de transmisión del 

impacto del régimen político en el riesgo CEN. En su análisis empírico utiliza datos del 

período 1960-1990 de 63 países. Esta muestra arroja el escenario de actos CEN contra 

activos extranjeros que se muestra en la tabla IV.2. 

 

Tabla IV.2: Eventos CEN y Régimen Político, 1960-1990.  

 

 Autocracia Democracia 

Eventos CEN     423      97 

Antigüedad del régimen (años)     1.403              439 

Años de gobierno previos (media)     3,3                  4,5 

 Fuente: Li (2009)  

 

Las limitaciones a la acción de gobierno, el primer elemento planteado por el autor, 

corren a cargo de los que tienen capacidad de veto en la política, es decir, capacidad de 

impedir que ocurran eventos que alteren el status quo político, económico o social. Se 

trata de individuos o colectivos que intervienen o influyen en las decisiones de cambio 

que emanan de los poderes legislativo y ejecutivo. Pueden ser entidades institucionales, 

como el Presidente, el Congreso y el Senado, o bien personas o grupos cuya capacidad 

de veto nace del sistema pero no es parte de la dinámica de gobierno, como los partidos 

políticos, patronales, sindicatos, etc. Tsebelis (2002) plantea que ni el número ni la 

heterogeneidad de intereses en los colectivos con capacidad de veto son un elemento 

diferenciador de la democracia o de la autocracia. Es decir, que no existe una 

correlación, positiva o negativa, entre democracia o autocracia y número de colectivos 

con capacidad de veto. Por otro lado, Li (2009) demuestra que cuanto mayor es el 

número de colectivos con capacidad de veto menor es el riesgo CEN. Generalmente, las 

democracias cuentan con un grado de división de poderes, un número de colectivos con 

veto y un grado de heterogeneidad de intereses mayor que las autocracias. No obstante, 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     135 

y sin perjuicio de esto, una democracia que presente un grado de limitación a las 

decisiones gubernamentales menor que otro país gobernado por un autócrata, genera un 

riesgo CEN por causa de este factor, mayor. Además de los datos que constan en la 

tabla IV.2, Li (2009) aporta los siguientes: de los 63 países analizados entre 1960 y 

1990, las democracias con un grado de limitaciones por encima de la media decidieron 

46 actos CEN, sobre un total de 97, sólo cinco menos que los que registran limitaciones 

por debajo de la media. Esta diferencia no es significativa. Pero si introducimos una 

nueva variable, el número de años de legislatura transcurridos con anterioridad a la 

decisión, los datos obtenidos de los estudios realizados en democracias muestran que 

las democracias con más limitaciones requieren de un promedio de 5,7 años para 

realizar un acto CEN mientras que en los menos condicionados, el promedio es de 3,3 

años. El valor medio de estas dos cifras es 4,5, que sí consta en la tabla IV.2. En el caso 

de las autocracias: los regímenes autócratas con restricciones inferiores a la media 

registraron 392 de los 423 eventos CEN. Una proporción que en este caso sí es notable. 

Estos datos reflejan que las limitaciones políticas a la acción de gobierno reducen el 

riesgo CEN.   

 

El segundo factor relevante en la valoración del efecto del tipo de régimen es la 

inseguridad política que percibe el gobierno en cuanto al mantenimiento de su posición. 

Li (2009) propone medirla mediante el grado de rotación del gobernante. En las 

democracias, la rotación es parte de la dinámica política. El gobernante la asume y se 

centra en desarrollar una gestión que abarque el período previsto de gobierno. Las 

elecciones libres y, en algunos casos, las limitaciones constitucionales a la reelección 

para más de dos legislaturas garantizan un grado de rotación mínimo. En cambio, para 

un autócrata la rotación puede ser muy costosa en términos personales pues,  además de 

la pérdida de poder, puede suponer la pérdida de riqueza e incluso de la vida. Por esta 

razón, los autócratas puedan tener fuertes incentivos para reprimir la rotación y suelen 

centrar su actividad en una gestión a largo plazo que asegure la estabilidad política. 

Todo esto marca una diferencia clara entre democracias y regímenes autoritarios en 

cuanto al grado de rotación. Li (2009) demuestra que la frecuencia de rotación del líder 

no necesariamente explica el riesgo CEN en los regímenes autocráticos. Si embargo, sí 

es indicativa de este tipo de decisiones en democracias, de manera que cuanto mayor es 

la rotación de los líderes de gobiernos democráticos, mayor es el riesgo CEN. Sobre 

una muestra de 63 países en desarrollo entre 1960 y 1990, los regímenes democráticos 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     136 

con una rotación de gobierno superior a la media acometieron 70 actos CEN, más del 

72% de los 97 que se registraron en los países democráticos.  

Entramos ahora en un factor que, aunque ha sido considerado como un elemento 

relacionado con la capacidad, bien podría haberse incluido también entre los que 

afectan a la intención. Se trata de la duración del mandato presidencial, es decir, el 

tiempo transcurrido desde que un gobernante accede al poder hasta que se produce un 

evento CEN. El estudio concluye que este factor es significativo en regímenes 

autócratas, mientras que el efecto es indeterminado en regímenes democráticos. El 

autor explica que los mandatos en democracias son cortos, entre tres y cinco años, 

tiempo insuficiente para que los beneficios de eventuales decisiones CEN reviertan en 

provecho del gobierno que las acomete. Ahora bien, siendo esto así, también es cierto 

que el partido político del gobierno podría resultar reelegido y gobernar en la 

legislatura sucesiva. El líder democrático podría actuar descontando una reelección de 

su partido y decidir actos CEN para favorecer al gobierno de sucesivas legislaturas. No 

obstante, el análisis de regresión concluye que el efecto del horizonte temporal que 

afrontan los gobiernos en el poder es más fuerte en autocracias.  

 

Para explicar este fenómeno, Li (2009) recurre al concepto de bandido estacionario, 

frente al bandido errante, de Olson (1993). Los líderes autócratas están, por lo general, 

firmemente arraigados en el poder y ambicionan un mandato cuanto más duradero, 

mejor. A lo largo del ejercicio de su poder, esperan cosechar ingresos que obtendrán de 

sus súbditos y de entidades con las que establezca una relación simbiótica, basada en 

un quid pro quo. La clave para la consecución de sus objetivos personales, tanto 

políticos como económicos, está en proteger los derechos de propiedad y los intereses 

de los inversores extranjeros que generen externalidades positivas para el, para su 

gobierno y para el país. De los 423 eventos CEN que se registraron en países 

autócratas, los líderes cuyo mandato supera la duración media, de ocho años, 

protagonizaron el 22% de las decisiones después de un promedio de 5,5 años al frente 

del gobierno. En cambio, los autócratas con mandatos inferiores a 8 años, decidieron el 

78% de los actos CEN después de tan sólo 2,7 años de gobierno. Cuantos más años 

haya estado un gobierno autócrata en el poder, menor es el riesgo CEN.         

 

Para eliminar distorsiones que pudieran convertir los resultados en espurios, el autor 

realiza un análisis de regresión múltiple con seis variables, cada una de las tres 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     137 

características anteriores referidas a cada uno de los dos tipos de régimen político. Los 

resultados empíricos coinciden con los esperados, que se enuncian a continuación en 

los puntos 1 a 5. El estudio arroja otras conclusiones derivadas de la utilización de 

variables de control, mencionadas en los puntos 6 a 13:  

  

1. Efecto de las limitaciones a las decisiones del gobierno en los dos 

regímenes: cuanto mayor sea el número de colectivos con capacidad de 

veto y más heterogéneos sean sus intereses, menor es el riesgo CEN. 

Las limitaciones son mayores en democracias que en autocracias.  

2. Efecto de la frecuencia de rotación en democracia: cuanto mayor es la 

frecuencia de rotación mayor es el riesgo.  

3. Efecto de la rotación en autocracia: no es significativo.  

4. Efecto de la duración del mandato en democracia: no es significativo 

5. Efecto de la duración del mandato en autocracia: cuantos más años 

acumula el líder en el poder, menor es el riesgo.  

6. Las democracias jóvenes no presentan diferencias en relación con las 

democracias consolidadas.  

7. La ideología política del gobierno, la desigualdad en la distribución de 

la renta y la existencia de democracias en países vecinos no afectan a los 

resultados.  

8. La violencia política no afecta al riesgo CEN (Kobrin 2008) 

9. La abundancia de recursos naturales y su control por parte de los 

gobiernos no altera el efecto de las limitaciones política, la rotación del 

líder o la duración del mandato en el riesgo CEN67.  

10. La pertenencia a un acuerdo comercial regional reduce el riesgo CEN 

(Sokchea 2007), pero no altera el efecto de los tres elementos estudiados.  

11. Los países descolonizados son menos propensos a acometer actos 

CEN en los primeros tres años de autogobierno, pero esto no altera el 

efecto de los tres elementos estudiados.  

12. Una mejora en los indicadores económicos fundamentales del país 

genera una reducción de los riesgos.  

                                                           
67 Habida cuenta que la mayoría de eventos CEN ocurren en países ricos en petróleo y otros recursos 
naturales y con gobiernos autocráticos, Li (2009) realiza un análisis considerando la dotación de recursos, 
petróleo y otros bienes primarios, como variables binaria cuyo valor será 1 si suponen más del 50% de las 
exportaciones en 1984-86 y 0, si suponen menos.   



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     138 

13. El registro de un evento CEN está asociado a un aumento del riesgo 

CEN en el año siguiente.   

 

Así pues, en general se puede afirmar que una democracia presenta menor riesgo CEN 

cuantos mayores son las limitaciones y menor es la frecuencia de rotación de los 

gobernantes. En autocracias el riesgo es menor si los condicionantes son elevados y el 

líder ha acumulado muchos años en el poder.  

 

En la tabla IV.3 se muestran las conclusiones de este estudio en cuanto a los  factores 

propios de los regímenes políticos que están relacionados con el riesgo CEN.  

 

Tabla IV.3: Efecto del régimen político sobre el riesgo CEN.  

 

 Democracia Autocracia 

Limitaciones políticas Efecto negativo Efecto negativo 

Frecuencia en la rotación del líder Efecto positivo Efecto indefinido 

Duración del mandato Efecto indefinido Efecto positivo 

Acuerdo comercial internacional Efecto negativo Efecto negativo 

Primeros años de descolonización Efecto negativo Efecto negativo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Li (2009)  

 

A la vista de todo lo anterior podemos afirmar que la incidencia del tipo de régimen 

político sobre los riesgos es compleja. La valoración será el resultado de la 

combinación de varios factores con efectos contrapuestos, sin que sea posible a 

determinar a priori que la democracia es más favorable para la IED que la autocracia. 

Jensen (2003 y 2006) coincide con estas conclusiones obtenidas del análisis de Li 

(2009).   

 

4.1.2.2. El efecto de la firma de un APRI sobre el riesgo CEN 

Otro de los elementos que condiciona la capacidad de un gobierno para expropiar o 

confiscar activos de una firma originaria de otro país es la existencia de un APRI 

firmado con ese país. Como se ha mencionado anteriormente, los APRI forman parte de 

la estrategia que desarrollan los países para mejorar su clima inversor. Se trata de 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     139 

acuerdos entre dos países que se comprometen a proporcionar recíprocamente 

condiciones ventajosas y protección legal a las inversiones, más allá de las que 

contemplan las leyes nacionales. El alcance varía según los países signatarios pero, en 

general, esta protección adicional incluye el compromiso de no expropiación y de 

cumplimiento contractual.  

 

La literatura académica es abundante en el estudio de las consecuencias que tienen los 

acuerdos bilaterales para la protección de inversiones sobre los flujos de IED y también 

hay estudios econométricos relevantes para el análisis de su efecto en el riesgo político. 

Neumayer y Spess (2005) utiliza tres componentes del índice de riesgo político 

elaborado por el International Country Risk Guide (ICRG) para analizar el resultado 

que tiene para un país no OCDE la firma de un APRI  con un país OCDE68. Su 

conclusión es que la firma de APRI actúa compensando el riesgo político. Es decir, 

países con niveles de riesgo político alto reciben mayor volumen de IED procedentes de 

países con los que tienen APRI en vigor incluso sin mejorar los factores que causan el 

nivel de riesgo político. Egger y Pfaffermayr (2004) llegan a un resultado similar.  

 

En cambio, Tobin y Rose-Ackerman (2005) concluyen exactamente lo contrario, 

utilizando la misma fuente para el nivel de riesgo político: en países con riesgo político 

alto, un APRI sólo aumenta los flujos de IED si previamente se ha reducido de riesgo a 

un nivel de 65 según ICRG, o mejor. Las conclusiones de Hallward-Driemeyer (2003) 

están en la misma línea. Sokchea (2007) resuelve esta contradicción después de 

identificar los errores cometidos en los análisis anteriores y de tenerlos en cuenta en su 

modelo de regresión. Uno de ellos es la endogeneidad entre los flujos de IED y la 

existencia de un APRI, pues generalmente las firmas presionan a sus gobiernos para 

firmar acuerdos con los países en los que ya están instaladas. Otros son la ausencia de 

variables sociales en el análisis, tales como los salarios o la calidad de las 

infraestructuras, así como la endogeneidad entre el crecimiento del PIB y los flujos de 

IED. Su análisis se centra en diez países asiáticos en el período 1984-2002. Su 

conclusión atribuye a los APRI un papel fundamental para estos países en desarrollo a 

la hora de atraer flujos de IED, funcionando como sustituto del riesgo político si está 

firmado con un país OCDE. De esta manera, los flujos de IED procedentes del país 

                                                           
68 Los autores no consideran los flujos de IED entre países no OCDE relevantes para este estudio debido a 
su pequeño volumen.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     140 

signatario aumentan como resultado de la firma aunque no haya mejorado el nivel de 

riesgo político. En cambio, esto no ocurre en los casos de APRI firmados con países no 

OCDE.  

Si analizamos el impacto de la firma de APRI con países no OCDE desde un punto de 

vista agregado, las conclusiones son interesantes: el estudio demuestra que la firma de 

varios APRI con sendos países por parte de un país asiático se interpreta en la 

comunidad inversora internacional como un compromiso sólido de protección a la IED 

y tiene efectos positivos incluso en los flujos de IED procedentes del resto de países no 

firmantes. Esta ganancia de credibilidad se deriva también de los APRI firmados con 

países no OCDE. Cada APRI adicional firmado por un país asiático proporciona un 

aumento promedio del 2,3% en los flujos globales de IED. El análisis también concluye 

que este valor es notablemente inferior a la media en los casos de Brunei, Hong Kong, 

Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Si bien este estudio se ha centrado en los países 

asiáticos, habida cuenta de que no hay ninguna característica propia de estos países que 

esté implicada en el análisis, las conclusiones se pueden extrapolar al resto de países no 

asiáticos. 

 

4.2 Factores relacionados con el riesgo de ejercicio de la soberanía 

 

Si tenemos en cuenta que, como planteábamos en la introducción de este capítulo, el 

riesgo de ejercicio de la soberanía guarda similitudes con el riesgo CEN en cuanto a 

que ambos responden a decisiones del mismo gobierno y están fuertemente influidos 

por las características de la firma inversora y por el sector en el que esta desarrolla su 

actividad, entonces tenemos que buena parte de los factores relacionados con el riesgo 

CEN lo están también con el de ejercicio de la soberanía. Es más, esa relación es, por lo 

general, similar en uno y otro riesgo, con algunas excepciones como en el caso de las 

joint ventures que ya se han identificado. Concretamente, todos los elementos 

determinantes de la intención y de la capacidad de un gobierno para tomar decisiones 

en contra de los intereses de la IED son aplicables al análisis del riesgo de ejercicio de 

la soberanía. De la misma manera, todas las circunstancias que crean un contexto 

propicio para la adopción de dichas decisiones definen también el contexto favorable 

para los eventos de ejercicio de la soberanía. Por lo tanto, el análisis realizado en los 

epígrafes anteriores nos sirve como punto de partida para el que hacemos a 

continuación.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     141 

 

No obstante lo anterior, las concesiones en infraestructuras y servicios públicos 

otorgadas a firmas extranjeras conllevan una complejidad que las hace especialmente 

vulnerables al riesgo de ejercicio de la soberanía. En el análisis de este último 

focalizado en las primeras nos centramos a continuación. 

 

Las inversiones en infraestructura suelen operar en monopolios o quasi monopolios 

naturales que están sujetos a una regulación específica. Su objeto consiste en el 

suministro de servicios o infraestructuras esenciales en sectores sensibles que se 

consideran estratégicos. Su producción está dirigida al mercado local siendo, por lo 

tanto, muy dependientes de la demanda nacional. Además, la mayoría de los proyectos 

implican un volumen de inversión elevado, superior a los 50 millones de USD, lo que 

dificulta su retirada del país y los expone a una mayor probabilidad de pérdidas.   

 

El Banco Mundial ha publicado el estudio de Guash et al (2005) en el que se analiza el 

comportamiento de las concesiones en infraestructuras.  El estudio se basa en 1.600 

concesiones en agua, telecomunicaciones energía y transporte entre 1989 y 2000 y 

permite obtener dos conclusiones. En primer lugar, se pone de manifiesto que la 

renegociación de contratos es muy frecuente, afectando al 44% de ellos, de los cuales el 

38% se revisan en los cuatro primeros años después de la concesión. En segundo lugar, 

se descubre que existe una correlación entre el grado de competitividad del sector y el 

volumen de renegociaciones. De los cuatro sectores mencionados, son los de agua y 

transportes los que soportan un porcentaje mayor de renegociaciones. En el caso de los 

transportes, la cifra alcanza el 57%, de los cuales el 79% ocurre en los cuatro primeros 

años de vigencia de la concesión. Los autores citan como ejemplos los casos de los 

ferrocarriles en México, los puertos y aeropuertos en Perú y las autopistas de peaje en 

Brasil y Venezuela.   

 

Habida cuenta de la frecuencia con la que se producen revisiones y renegociaciones de 

los contratos de concesión, es preciso analizar los factores que las originan. Qué duda 

cabe que las causas pueden provenir del gobierno o de la concesionaria, que tendrán 

razones distintas para provocarlas. Pero antes de entrar a analizar unas y otras, conviene  

señalar que puede haber una componente oportunista por ambas partes, que podrían 

estar interesadas en sacar provecho de una eventual ambigüedad o de la complejidad de 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     142 

los contratos. Una modificación oportuna puede tener un impacto directo notable en 

aspectos como la rentabilidad, la distribución o en el acceso al mercado, entre otros. 

Las razones de la firma para promover una revisión pueden ser varias. Puede haber 

incurrido en errores derivados de una estimación demasiado optimista de la demanda o 

como resultado de un cálculo subestimado de las necesidades de inversión, presionada 

por la concurrencia de varios licitadores. Por su parte, el gobierno ha podido cambiar 

durante el período de la concesión, cambiando también las prioridades o los intereses. 

Es más, estos pueden alterarse en la esfera gubernamental incluso sin que se produzca 

un cambio en el ejecutivo.  

 

Todo lo anterior configura el escenario en el que se desarrollan los elementos asociados 

a los eventos de incumplimiento de contratos y cambios regulatorios, que se describen a 

continuación (Guash et al, 2005).  

 

i) Precios 

Pueden estar basados en tarifas mínimas que resultan insuficientes para la viabilidad de 

la concesionaria. En el caso de los transportes, este aspecto genera un 71% de las 

renegociaciones. Otras opciones son los precios basados en un canon anual, en cuyo 

caso se renegocian el 21% de los contratos de transportes, o en otro tipo de cánones 

(31%).  

 

ii) Naturaleza del contrato de concesión.  

Una mayor duración del contrato genera una menor probabilidad de renegociación.  Por 

otro lado, los contratos que recogen cuestiones específicas en cuanto a las operaciones 

que debe desarrollar la concesionaria se revisan en el 78% de los casos, mientras que 

los que se basan en criterios estándar sólo se modifican en el 15% de los casos.  

 

iii) Marco regulador  

En los casos en los que la normativa se recoge en la constitución o en otras leyes de 

ámbito general, la revisión afecta a la mitad de los casos en los que la regulación es 

específica (45% frente a 85%). Este aspecto depende del margen del que disponga el 

ejecutivo para modificar unilateralmente el marco regulador mediante decretos o 

disposiciones administrativas.  

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     143 

iv) Antecedentes y efecto contagio 

La existencia previa de eventos aumenta la probabilidad de suceso, siendo esto así tanto 

dentro del mismo sector como en otros sectores. 

v) La presencia de un operador local aumenta la probabilidad de suceso entre el 10% y 

el 25%. 

 

vi) Cuanto mayor fue el número de licitadores, mayor es la probabilidad de que la 

concesionaria renegocie el contrato. Esto es debido a que la presión por ofrecer unas 

condiciones mejores pudieron obligarle a presentar unas condiciones que, a la larga, 

pudieran resultan inviables. 

 

vii)   Las empresas que utilizan tecnología duradera tienen menor poder de negociación 

con el gobierno que las que innovan y aplican cambios con frecuencia, y lo mismo les 

ocurre a las aquellas con menor diferenciación de producto frente a las que logran una 

diferenciación mayor. 

 

Como se ha indicado anteriormente, en el estudio del riesgo de ejercicio de la 

soberanía, estos elementos complementan a los que se plantearon con motivo del 

análisis del riesgo CEN, que se tomaba como punto de partida. 

 

5. Conclusiones 

 

A lo largo del capítulo han quedado expuestos los elementos relacionados con los 

riesgos CEN y de ejercicio de la soberanía en la IED. Pueden clasificarse en tres 

dimensiones: la intención gubernamental, la capacidad, y las características de la firma 

inversora. La figura IV.2 muestra los elementos que componen cada una de las tres 

dimensiones. 

 

La intención que pueda tener un gobierno de tomar decisiones contrarias a los intereses 

de las firmas extranjeras está estrecha y directamente relacionada, cuando no motivada, 

por las propias características de la firma. Esto sitúa a las multinacionales en lo que 

podríamos llamar el epicentro de estos riesgos. Aspectos como el sector de actividad, la 

estrategia y los intereses que mueven a los inversores o el valor que aporta la firma al 

resto de la economía doméstica son determinantes en la actitud que adoptará el Estado 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     144 

receptor frente a ella. Sin embargo, en el epicentro de los riesgos también concurren los 

intereses y la actitud de la sociedad, que puede influir notablemente en las decisiones 

políticas relacionadas con estos eventos, y desde luego está también el gobierno, 

movido por los intereses políticos y por la corrupción y limitado por los colectivos con 

capacidad para condicionar sus decisiones.  

 

La relación que se establece entre inversor y Estado no es estática, sino que se irá 

adaptando a los cambios que se vayan desarrollando en cada una de las partes. Esto 

aporta un carácter dinámico a los riesgos, que consecuentemente podrán padecer de 

inconsistencia en el tiempo. Un gobierno puede revertir una estrategia o una actitud 

determinada frente a una firma extranjera con motivo de los cambios que se van 

produciendo en las motivaciones, en el contexto o en su capacidad para decidir. El 

riesgo de inconsistencia es un componente que hay que tener en cuenta en la valoración 

de este tipo de eventos, que requerirá una revisión cuando se perciban cambios en 

cualesquiera de las tres dimensiones. 

 

Figura IV.2: Elementos relacionados con los riesgos CEN y de ejercicio de la soberanía 

Capacidad Intención

Ganancias Costes Régimen político

• Limitaciones políticas

• Legislaturas y mandatos

Democracia Autocracia

• Contexto económico, político e   
institucional

• Características de la firma

• Origen de la inversión

• Asociación con firma local 

• Estrategia del país receptor

In
co

ns
is

te
nc

ia

Convenios 
Internacionales

APRI Otros

R
ep

ut
ac

ió
n

Características de la firma inversora
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     145 

La tabla IV.4 muestra los factores que influyen de manera específica en el riesgo de 

ejercicio de la soberanía, además de los que constan en la figuran IV.2. 

 

Tabla IV.4: Elementos relacionados específicamente con el riesgo de ejercicio de la 

soberanía 

 

 Precios basados en tarífas mínimas o cánones 

 Contratos muy duraderos y con regulación específica  

 Marco regulador recogido en normativa específica  

 Existencia de antedecentes en cualquier sector 

 Presencia de un operador local 

 Elevado número de licitadores 

 Tecnología duradera y producto poco diferenciado 

Fuente: Guash et al. (2005) 

 

Los eventos que ocasionan pérdidas elevadas a una firma extranjera pueden tener 

repercusiones en otros inversores instalados en el país o con intenciones de hacerlo. La 

incidencia de una decisión CEN o de ejercicio de la soberanía puede reducir los flujos 

de IED en el futuro. Los gobiernos y los colectivos que influyen en sus decisiones son 

conscientes de esto, razón por la que hay otro elemento que juega un papel importante 

en estos riesgos: la reputación internacional del país como receptor de IED.  

 

Los riesgos CEN y de ejercicio de la soberanía serán mayores cuantos más factores 

relacionados con las motivaciones y la capacidad de los gobiernos concurran y cuanto 

más favorable sea el contexto económico, político e institucional. La reputación 

contrarresta alguno de los factores que concurren, generando un riesgo menor en el 

momento del estudio, mientras que la inconsistencia es el resultado de una alteración a 

lo largo del tiempo en el número de factores que concurren, pudiendo modificar la 

valoración después de transcurrido un período.  

 

El procedimiento para valorar estos dos riesgos en la IED deberá aspirar a una 

clasificación cualitativa en tres tramos: alto, medio y bajo. Cualquier cálculo numérico 

de probabilidad de ocurrencia de un evento sería demasiado ambicioso, dadas las 

características de los elementos que intervienen en ella.  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     233 

Conclusiones 

 

El riesgo país es un término muy amplio que abarca conceptos muy variados. Tanto es 

así que podríamos decir que no existe el riesgo país propiamente dicho y que la 

expresión cobra distintos significados según se sea el asunto que se esté tratando. Así, 

poco tiene que ver el riesgo país para una compañía especializada en seguros de vida o 

para una organización dedicada a curar enfermedades y salvar vidas o para actividades 

relacionadas con los refugiados políticos, por poner algunos ejemplos. En economía, el 

riesgo país no es sino la posibilidad de pérdida ocasionada por una amalgama de 

acontecimientos políticos, económicos y sociales. Pero incluso ciñéndonos al ámbito 

económico, en el que el riesgo es la posible pérdida pecuniaria, el riesgo país adopta 

características distintas desde las transacciones comerciales, financieras o de inversión. 

Las formas en las que se puede materializar la eventual pérdida en cada tipo de 

transacción son sencillas de identificar: daños en los activos, minoración o pérdida de 

los derechos de propiedad y cese o reducción de las actividades. Ahora bien, conocer a 

fondo los factores que pueden provocarlas es una tarea mayor. La explicación de los 

fenómenos económicos y sociales y de los factores que originan decisiones políticas es 

una labor compleja. Una buena manera de abordarla es descomponer estos fenómenos 

en sus factores y ahondar en ellos por separado, para integrar después los resultados 

con el ánimo de explicar el conjunto. Esta investigación identifica los eventos que 

pueden afectar negativamente a las multinacionales en sus operaciones en el extranjero. 

Después explica las dimensiones que intervienen en dichos eventos y, por último, crea 

un mecanismo para valorar la probabilidad de que ocurran. De la misma manera que un 

ingeniero combina piezas para crear un vehículo utilizando piezas que tienen 

funcionalidades dispares para dar al resultado una finalidad única, que es servir como 

medio de transporte, este trabajo se apoya en los estudios realizados por otros autores 

sobre los eventos que pueden ocasionar pérdidas para crear un sistema de valoración de 

los riesgos a los que se exponen los inversores extranjeros que se instalan en un país.  

 

Los acontecimientos de índole social, política y económica que pueden afectar a las 

multinacionales han quedado enunciados y descritos en el capítulo I. El objetivo de los 

capítulos posteriores ha sido identificar los aspectos que causan tres tipos de eventos, 

concretamente: la violencia política, las expropiaciones y los incumplimientos 

contractuales por parte de los Estados que acogen la inversión. Se han identificado tres 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     234 

dimensiones relacionadas con la violencia política. En primer lugar, es obvio que debe 

existir motivación para que se produzca una insurgencia contra el poder político. En 

este sentido, son determinantes las llamadas divisiones horizontales y la discriminación 

que pudieran sufrir uno o varios grupos resultantes de esa fragmentación. El segundo 

factor es la capacidad que un país tiene para desarrollar eventos de este tipo. Para 

conocerla es preciso valorar el resultado del balance de dos fuerzas: la capacidad de los 

grupos insurgentes para sublevarse y la del Estado para reprimirlos. Por último, ni una 

motivación ni una capacidad elevadas suponen un riesgo potencial para la violencia 

política si no tienen lugar en un contexto que favorezca su desarrollo. Este trabajo trata 

de identificar las causas y los factores que están relacionados con cada una de estas tres 

dimensiones, a través del análisis comparado de la literatura econométrica, y se 

propone crear con los resultados contrastados un modelo útil de valoración del riesgo 

que permite calcularlo para cada país. Aspectos como el sector de actividad y la 

localización de la firma pueden variar sustancialmente la percepción del riesgo en un 

mismo país, que por ende, también puede ser distinta de la que se obtiene desde el 

prisma de la exportación. El resultado obtenido para Egipto y Malí antes de las 

desestabilizaciones graves que han sufrido estos dos países en 2011 prueba que el 

mecanismo que se ha desarrollado es válido para valorar el riesgo. Y las valoraciones 

del riesgo de México, un país más tranquilo en lo que a violencia política se refiere, y 

de Marruecos, que ha sabido evitar la primavera arabe, lo corroboran.   

 

La creación del modelo de valoración de los riesgos de expropiación y de 

incumplimiento contractual en la IED ha seguido los mismos pasos. En este caso, las 

dimensiones que intervienen son el contexto económico, político e institucional, que 

puede ser más o menos favorable a las decisiones gubernamentales relacionadas con 

estos riesgos, las características de la firma, que en esta ocasión son determinantes, y 

las limitaciones a las que se enfrenta un gobierno para actuar en este sentido, que 

dependen del tipo de régimen y de la implicación de intereses locales en la inversión. 

Los conflictos que crean las expropiaciones y el incumplimiento de compromisos por 

parte del Estado receptor están creciendo a un ritmo paralelo al crecimiento de la 

inversión directa en las últimas décadas. Argentina y Venezuela protagonizan varios de 

esos conflictos, y por eso han sido seleccionados para poner a prueba el mecanismo de 

valoración de los riesgos. El contraste lo aportan China y Brasil, grandes receptores de 

flujos de inversión directa y, sin embargo, carentes de reclamaciones de este tipo salvo 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     235 

un único caso en China. Los resultados de la valoración de estos riesgos en estos cuatro 

casos también reflejan lo que la realidad confirma.  

 

Quizá Venezuela sea el único caso en el que la previsión y el resultado guardan una 

leve desviación, pues el nivel de riesgo que se obtiene está en la franja de riesgo medio 

pero en la frontera con el riesgo bajo. Una probable causa es el régimen en el que se ha 

convertido este país a lo largo de la última década, alejado de la democracia y sin llegar 

a ser una autocracia, y la ausencia de un análisis de correlación entre este tipo de 

régimen y este tipo de riesgos. Si bien este análisis existe para la democracia y la 

autocracia, el estudio de la relación entre las llamadas anocracias y los riesgos de 

expropiación y soberano es una investigación que enriquecería esta considerablemente. 

Otra posible causa es la inexactitud inherente a un sistema de cálculo de riesgos en los 

que los elementos que los ocasionan son nada menos que económicos, políticos y 

sociales; aspectos en definitiva difíciles de medir. Por esta razón se ha optado por un 

modelo cualitativo estructurado, que proporciona margen para el análisis cualitativo y 

cualificado a la vez que ordena los conceptos, homogeniza los indicadores y unifica 

criterios. Se trata de la opción óptima para valorar este tipo de eventos y para estudios 

comparados. Y los resultados de los estudios de caso son bastante satisfactorios en 

términos generales. 

 

Esta tesis proporciona a las multinacionales información valiosa sobre los riesgos 

políticos que comporta la inversión directa en un país. Permite completar en parte las 

variables que intervienen en la función de decisión de una empresa sobre las 

operaciones de inversión directa en el extranjero. El manejo de esta información por 

parte de los empresarios aporta rigor a sus decisiones y mejora la eficiencia de sus 

operaciones de internacionalización. 

 

Con ocasión de esta investigación han surgido otras que la enriquecerían notablemente. 

La mencionada anteriormente relativa a la relación entre las anocracias y la 

expropiación o el incumplimiento contractual es una de ellas. El estudio del impacto en 

los riesgos del incumplimiento de los compromisos por parte de la firma, no del Estado, 

en una dinámica en la que fuese el propio incumplimiento el causante de los eventos, es 

otra asignatura pendiente. Saliendo del ámbito de la violencia política y de la 

expropiación, el análisis de la percepción del riesgo de transferencia desde la 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     236 

perspectiva de la repatriación de dividendos y capitales desinvertidos, frente a la del 

cobro de exportaciones, es otra investigación necesaria para ampliar el conocimiento 

del riesgo país en la inversión directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     262 

 

Summary of the Doctoral Thesis 

Country Risk in Foreign Direct Investment 

 
 
1. Introduction  

 

The risks which a company faces at the moment of approaching a project of foreign 

direct investment can be divided in two big categories. On the one hand it is necessary 

to consider the risks that arise as result of the own management of the company in a 

different country. On the other hand there exist risks that come from the host country,  

his political, social and economic sphere. The first ones are the commercial risks. The 

second ones constitute the political risks or the country risk. The country risk is a very 

wide term that includes very varied concepts. In economy, the country risk is the 

possibility of loss caused by an amalgam of political, economic and social events. But 

even in the economic area, in which the risk is the probability of pecuniary loss, the 

country risk adopts different characteristics from the commercial, financial transactions 

or investment points of view. The forms in which it is possible to materialize the 

eventual loss in the cases of direct investment are simple to identify: damage in assets, 

property rights deprivation and cessation or reduction of the activities. Nevertheless, to 

know thoroughly the factors that can provoke them is a major task. This investigation 

proposes to penetrate in the knowledge and in the valuation of the political risks in 

order to make multinational´s decision making easier. 

 

2. Summary, aim and results. 

 

 The aim of this work is to obtain a model of assessment for three of six modalities of 

country risk that has an impact on foreign direct investments (FDI): the risk of political 

violence; the risk of confiscation, expropriation and nationalization and the risk of 

sovereignty. In the first chapter a compared study based on the literature, and not in 

information, is made in order to obtain a conceptual map of the country risk in FDI. The 

result is the identification of six modalities of country risk. From there the investigation 

is focused on the three categories of risk mentioned. The second, third and fourth 

chapters allow to elaborate the material necessary for the development of the model of 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     263 

assessment. In the second chapter the principal methodologies used in the analysis of 

the risks are exposed and compared. This exercise allows to select for this work the 

methodology based on the qualitative structured analysis, for being the one that 

contributes the most efficient combination of flexibility and objectivity. Based on the 

econometric literature about these three types of events, the factors that are related to 

them and the way they affect in the probability of the event are identified. Finally, the 

models of assessment are created moving the conclusions on the behaviour of the 

events of risk to a mechanism of qualitative structured analysis. 

 

The delimiting of the political risks in FDI leads us to identifying six modalities of risk.  

i) Risk of transfer 

ii) Risk of inability of converting currency  

iii) Risk of exchange rate 

iv) Risk of confiscation, expropriation and nationalization or risk CEN  

v) Risk of war, political destabilization or terrorism 

vi) Risk of breach of commitments and of regulative changes or sovereign risk. 

 

In this investigation we focus on three modalities of country risk of the six previous 

ones: the risk of political violence, the risk CEN and the sovereign risk. We analyse the 

origin and the aspects that are related to them and we develop a model of assessment of 

the risks. 

 

Regarding the risk of political violence, there are several elements that have arisen as 

reasons or aspects related to this type of risk. Some of them are more or less direct 

reasons of the beginning of a conflict, others are the mechanisms that articulate the 

impact. Some of them constitute the motivation for the insurgency, others create the 

context for it to occur. They all matter at the moment of explaining the phenomenon of 

the destabilization when the aim is to assess the probability of the event. If we move 

each of the elements that have been identified as being in the origin of the conflicts to a 

model of tidy analysis, the model is formed by the following structure: 

1. Capacity for the development of the political violence  

  1.1. Operative capacity of the insurgents  

  1.2. Repressive capacity of the State 

  1.3. The valuation of the risk associated with the capacity  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     264 

2. Motivations for the political violence  

  2.1. Social inequality 

  2.2. Greed 

  2.3. Cost of opportunity of the rebellious recruitment  

  2.4. The territorial factor  

  2.5. The valuation of the risk associated with the motivations  

3. Propitious context for the political violence  

  3.1. Low Institutional quality  

  3.2. Political instability, bad governance and fragility of the State 

  3.3. Low economic growth  

  3.4. Austerity policies 

  3.5. The valuation of the risk associated with the context  

4. The valuation of the risk of political violence 

 

In all the studies analysed in this chapter the qualitative aspects have been transformed 

into quantitative variables. This exercise of transformation of not quantitative questions 

in data can incur in methodological or conceptual mistakes. On the other hand, in the 

utilization of these studies to value the risk of political violence for FDI we need to 

consider the specific characteristics of the foreign company and its relation with the 

socioeconomic context of the country. Both could be determinants in the assessment of 

the destabilization risk. Therefore, a study of the reasons and of the factors correlated 

with the political violence must incorporate not only results of the quantitative analyses 

but also case studies and qualitative valuations that allow to perceive the context in its 

entirety, bearing in mind aspects or shades derived from the political context that can 

alter the relations identified with the quantitative analyses.  

 

As for the CEN and sovereign risks in FDI, according to the result of the comparative 

analysis three dimensions have been identified in the origin of the events: the 

governmental intention, the capacity, and the characteristics of the investing company. 

Therefore, the model is structured in the following blocks:  

1. Governmental intention of realizing acts CEN or sovereign  

  1.1. Economic, political and institutional context  

  1.2. Aspects related to the sector of activity and to the signature  

2. Governmental aptitude to realize acts CEN or exercise of the sovereignty  



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     265 

  2.1. The political regime  

  2.2 The signature of Agreements of promotion and Reciprocal Protection of     

Investments  

  2.3. The joint venture  

3. The valuation of the specific adjustments for the sovereign risk assessment 

4. The valuation of the risks CEN and of exercise of the sovereignty 

 

Besides the elements related to the CEN risk, in the sovereign risk there are others 

involved:  

Prices based on minimum fares 

Long lasting contracts with specific regulation  

Specific legal framework 

Precedents in any sector  

Presence of a local company  

High number of bidders  

Long term technology and slightly differentiated product 

 

The more factors related to the motivations and the capacity of the governments and the 

more propitious the context, the higher the CEN and sovereign risks. 

 

The result is three assessment models for the three modalities of risk mentioned, that 

gather the contributions of the econometric studies and of the academic investigations 

of the last decade. The models outcomes are high, medium or low risks. These new 

models manage to systematize an expert knowledge, covering the lack that existed in 

the multinationals decision making process. The result is useful also for the host 

country, which strategy of development might be determined by the international 

investor´s attitude and by the perception of his risk country in the exterior. 

 
 
3. Conclusions  

 

This investigation identifies the events of political violence and of sovereign risks that 

can have an impact on the multinationals in his operations abroad. Later it explains the 

dimensions that intervene in the above mentioned events and, finally, it creates a 



 

El Riesgo País en la Inversión Extranjera Directa. Noemi Dans. Tesis Doctoral. 
     266 

mechanism to assess its probability, that is to say, the risk. The above mentioned 

mechanism of valuation surrenders to a practical application in eight countries to test 

his predictive character: the model of assessment of the risk of political violence is 

applied to Egypt, Mali, Mexico and Morocco whereas the model of valuation of risk of 

confiscation, expropriation and nationalization together with that of the risk of 

sovereignty is analysed in Argentina, Venezuela, China and Brazil. 

 

The model outcome for Egypt and Mali before the serious destabilization that these two 

countries have suffered in 2011 test that the mechanism that has been developed is valid 

to value the risk of political violence, which was high. The risk assessment for Mexico, 

the calmest country in what to political violence it refers, and of Morocco, which was 

able to avoid the Arabic spring, corroborate the model 

 

The creation of the model of valuation of expropriation and sovereign risks has 

followed the same steps that the model of valuation of the risk of political violence. In 

the last years, the number of events of expropriations and breach of contracts on the 

part of the host country are growing to a pace parallel to the growth of the direct 

investment in the last decades. Argentina and Venezuela lead several of these conflicts, 

and because of it they have been selected to test the mechanism of valuation of the 

risks. On the contrary, China and Brazil are big recipients of direct investment flows 

and, nevertheless, they lack of claims of this type. The results in these four cases also 

reflect what the reality confirms. 

 

This thesis provides to the multinationals valuable information about the political risks 

that they face in a country. The managing of this information improves their 

international operations efficiency. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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OTAN: Organización de Tratados del Atlántico Norte 

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	Tesis Noemí Dans Rodríguez
	PORTADA
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	1. INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I. EL CONCEPTO DE RIESGO PAÍS EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
	CAPÍTULO II. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE LOS RIESGOS POLÍTICOS EN LA IED
	CAPÍTULO III. CAUSAS Y FACTORES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA POLÍTICA
	CAPÍTULO IV. CAUSAS Y FACTORES RELACIONADOS CON LA CONFISCACIÓN, LA EXPROPIACIÓN, LA NACIONALIZACIÓN Y EL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA EN LA IED
	CONCLUSIONES
	SUMMARY OF THE DOCTORAL THESIS
	GLOSARIO DE SIGLAS
	BIBLIOGRAFÍA