Pérez Díaz, Víctor MiguelÁlvarez-Miranda Navarro, BertaGonzález-Enríquez, Carmen2024-07-222024-07-222001https://hdl.handle.net/20.500.14352/106995El libro pretende contribuir al debate público sobre la inmigración extranjera, llamando la atención sobre el contexto internacional, y aclarando las posiciones tomadas por los agentes sociales y políticos, por la opinión pública en general y por quienes conviven más directamente con inmigrantes. En sus tomas de posición, los españoles cuentan con una experiencia todavía escasa, por lo novedoso y súbito de la tendencia inmigratoria, en un país más habituado a la emigración. Aunque la densidad de la población extranjera en España resulta aún inferior a la media de la Unión Europea, su visibilidad ha aumentado rápidamente en los años más recientes.Las experiencias de otros países europeos y de los Estados Unidos, con trayectorias más prolongadas de inmigración, pueden iluminar el caso español. En conjunto estos países tratan hoy de restringir las entradas en sus territorios. Para ello han tendido en las últimas dos décadas a reforzar el control en fronteras, para limitar la inmigración ilegal y la afluencia de solicitantes de asilo, y a recortar moderadamente los derechos sociales ofrecidos a los extranjeros. Especialmente vinculantes para España resultan los esfuerzos de puesta en común de las políticas de asilo e inmigración en la Unión Europea, aunque de momento, los compromisos europeos se centran en los inmigrantes ilegales y los solicitantes de asilo, amén de declaraciones de principios comunes y propósitos de homogeneización de sus estatutos jurídicos. La legislación española se ha visto dos veces modificada en el año 2000, con una primera ley de extranjería y una segunda ley de reforma de la misma. Las posiciones de los dos principales partidos políticos evolucionaron, más marcadamente en el caso del partido en el gobierno, hacia un discurso favorable a una política de inmigración más estricta. Si bien el principal contenido de la ley de reforma es la posibilidad de expulsión de los extranjeros cuya presencia en España no cumpla con los requisitos legales, el primer partido de la oposición justificó su voto en contra porque niega a los inmigrantes ilegales el ejercicio de los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga. El giro en la política del Partido Popular y la moderación de la oposición del Partido Socialista a la misma, les alejó del clima favorable a una política de inmigración más permisiva, que había predominado en la discusión de la primera ley de extranjería. El debate sobre la legislación ocurrió en el marco de una opinión pública fluida y mixta. A través de encuestas, obtenemos una valoración general positiva de sus efectos para el país y una disposición generosa en cuanto a los derechos que se deben conceder a los inmigrantes. Los españoles resultan más optimistas en cuanto a la inmigración que los nacionales de otros países europeos. Pero desde mediados de los años noventa ha aumentado (aunque siga siendo minoritario) el rechazo a tener extranjeros como vecinos, compañeros de trabajo, yernos/nueras o compañeros del colegio de los hijos. Al tiempo, la mayoría de los entrevistados asocia a la inmigración un incremento de la delincuencia, e imagina que los episodios violentos entre extranjeros y españoles tenderán a aumentar. En el marco de una valoración positiva general de la inmigración, estas reservas empujan a la gran mayoría de los españoles a condicionar la entrada de extranjeros a la firma de un contrato de trabajo y a mencionar la inmigración entre los principales "problemas del país", en cuya lista ocupa ya el tercer puesto. Algunas de estas preocupaciones de los españoles se expresaron en una serie de grupos de discusión reunidos en zonas de alta concentración de extranjeros. En esas conversaciones se repite la disposición a acoger extranjeros y ofrecerles un repertorio amplio de derechos, pero siempre y cuando trabajen. Por otro lado, bastantes participantes en los grupos de discusión se sienten como si los espacios públicos en que se mueven a diario hubiesen sido invadidos, y deteriorado las condiciones de orden público en ellos. Si bien desean ofrecer a los inmigrantes una participación amplia en el sistema público de protección social, consideran que compiten de un modo desleal por las oportunidades que ofrece cuando no han contribuido a su financiación en pie de igualdad con los españoles y, en el caso de la educación, perciben un riesgo de deterioro en la calidad de los servicios al concentrarse niños con dificultades lingüísticas en algunos centros.En los diversos niveles del debate descritos en el libro (gobernantes y oposición, partidos y asociaciones, encuestados y partícipes en los grupos de discusión) encontramos la expresión de sentimientos mixtos y cambiantes ante la experiencia de la recepción de inmigrantes extranjeros cada vez más numerosos. En ese terreno movedizo, encontramos también algunos focos de relativo encuentro entre las partes, en torno a los cuales puede resultar factible un debate cívico sostenido sobre la inmigración extranjera en España.spabookwww.estudios.lacaixa.eshttps://mediahub.fundacionlacaixa.org/es/social/programas-sociales/2002-02-06/espana-inmigracion-5096.htmlmetadata only accessPolíticas de extranjeríaEspañaDebate públicoOpinión públicaCiencias Sociales63 Sociología