El derecho de acceso a la información pública contractual y sus límites

Abstract

Como ha señalado, la Comisión de Garantías de Acceso a la Información Pública Catalana (GAIP), la legislación específica de transparencia viene reforzando la legalidad e integridad de la contratación pública mediante “un deber específico de publicidad activa, con unos contenidos determinados, así como procedimientos determinados de garantía del derecho de acceso” a la información contractual del sector público. Partiendo de la premisa de que el derecho de acceso es un instrumento de control ciudadano de la contratación pública, el objeto de este capítulo pasa por identificar los eventuales límites al acceso a la información contractual y sistematizar los criterios de aplicación de los mismos a partir del análisis casuístico de la doctrina emanada de los Consejos de Transparencia, estatal y autonómicos. El Capítulo plantea dos hipótesis de trabajo fundamentales. En primer lugar, que la legislación de transparencia y acceso a la información pública complementa y refuerza los principios de publicidad y transparencia consagrados por normativa de contratación; en segundo lugar, que la transparencia activa, y particularmente, el derecho de acceso a la información pública, constituyen instrumentos de control esencial ahí donde la legislación de contratos ha optado por atemperar las exigencias de publicidad y de concurrencia, bien en razón de las particularidades del procedimiento de licitación (procedimientos negociados sin publicidad), bien en razón de la cuantía del contrato (contratación menor), bien por una mayor sujeción al Derecho privado del mismo (contratos patrimoniales). El análisis de esta casuística pone de relieve que los límites habituales al acceso a la información contenida en los expedientes de contratación, normalmente, se identifican con la protección de los intereses económicos y comerciales -tanto de las empresas licitadoras o adjudicatarias como de las propias entidades contratantes-, los secretos técnicos y comerciales, las declaraciones de confidencialidad realizadas por los interesados en los procedimientos de contratación o los derechos de propiedad intelectual e industrial. Precisamente, en el análisis de estos límites se centra el presente capítulo, sin perjuicio de que se aborden otros que también vienen siendo ponderados por los Consejos de Transparencia en sus resoluciones sobre acceso a la información contenida en expedientes de contratación. El análisis de los límites se completa con la necesaria sistematización de criterios para hacer la correspondiente ponderación de intereses mediante la aplicación del test del daño y del test del interés público, con especial incidencia en este último a efectos de delimitar los posibles intereses públicos específicos, más allá del genérico de la transparencia y el control de las decisiones públicas, que pueden justificar el acceso a la información contractual. Metodológicamente, se analiza conjuntamente la concurrencia de la normativa de contratación pública y la legislación de transparencia, y el alcance de los límites al acceso a la información contenida en los expedientes de contratación a partir de la sistematización de la doctrina de los Consejos de Transparencia estatal (CTBG) y los autonómicos, entre otros, los de Cataluña (GAIP), Aragón (CTAR), el de Andalucía (CTPD), el de Castilla y León (CTCyL), el de Valencia (CTVA), el de Navarra (CTNA), o el de Canarias (CTCAN). Muy particularmente, en la ponderación entre el derecho de acceso a la información pública contractual y el límite de la confidencialidad, se ha tenido particularmente en cuenta la consolidada doctrina de las Juntas Consultivas de Contratación y del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), plenamente asumida e integrada por los Consejos de Transparencia.