El tratamiento lícito de la información y las limitaciones del derecho a la protección de datos en el ordenamiento tributario

Abstract

Este capítulo de investigación aborda con un alto grado de originalidad el reto fundamental de ponderar dos principios constitucionales en aparente conflicto: el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE) y el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE), en el contexto del tratamiento masivo de información por parte de la Administración tributaria. La principal novedad y contribución del trabajo es superar el debate estéril sobre la prevalencia de un principio sobre otro para centrarse en la cuestión clave: la necesidad de un marco jurídico con "garantías adecuadas". La investigación llena un vacío doctrinal significativo al demostrar, a la luz de la más reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 76/2019) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la insuficiencia del ordenamiento español actual para proteger adecuadamente este derecho fundamental en el ámbito tributario. La metodología se basa en un análisis jurídico-doctrinal de las bases legitimadoras del tratamiento de datos por la Administración (art. 6 y 9 del RGPD) y de las vías para su limitación (art. 23 del RGPD). Se examinan críticamente los presupuestos habilitantes (obligación legal vs. interés público) y se pone de manifiesto la problemática pervivencia de normativas pre-RGPD, como la Disposición Adicional Decimocuarta de la LOPD-GDD, que mantiene limitaciones genéricas a los derechos de los interesados sin la previsibilidad y certeza exigidas por la doctrina constitucional. Los resultados de la investigación son de gran calado, al concluir de forma motivada la urgente necesidad de una reforma legislativa que desarrolle disposiciones específicas para: (i) garantizar la protección de las categorías especiales de datos; y (ii) establecer con claridad y proporcionalidad las condiciones bajo las cuales pueden limitarse los derechos de los interesados, superando la actual indeterminación normativa que genera una notable inseguridad jurídica.