Alicante, un gobernador sin miedo a las algaradas

Abstract

En las páginas que siguen se busca replantear la problemática del orden público en el primer semestre de 1936 por medio de una investigación al detalle que ofrezca luz sobre la realidad de su mantenimiento en provincias. Tomando la de Alicante como caso, nuestro propósito consiste en examinar la gestión de la seguridad ciudadana llevada a efecto desde el Gobierno Civil. El estudio de la cuestión indicada, además de engarzarse en el contexto político y electoral de la provincia, discurrirá a lo largo de cinco líneas autónomas, pero indesligables, de análisis. La primera abarca las providencias dictaminadas por los gobernadores civiles para implementar las políticas de seguridad sancionadas por el Gobierno central y adecuarlas a las vicisitudes particulares de la sociedad alicantina. La segunda, la infraestructura institucional de orden público en la provincia, incidiendo en el despliegue espacial y los recursos materiales y humanos de las distintas fuerzas policiales y militares. La tercera, el control de la movilización popular, considerando las técnicas y los instrumentos de dispersión de multitudes utilizados por los policías y su correspondencia con la tipología y virulencia de las protestas que hubieron de afrontar. La cuarta, las medidas adoptadas por los gobernadores tanto para regularizar y restringir la tenencia privada de armas de fuego como para fiscalizar la concesión de licencias de uso a particulares. El último eje comprende las disposiciones aprobadas para garantizar la preeminencia burocrática del Gobierno Civil sobre los ayuntamientos y controlar la actuación de los alcaldes y sus guardias municipales. El objetivo general consiste en discernir de qué modo las necesidades y los desafíos impuestos por la conservación del orden incidieron en las relaciones de cooperación y conflicto entre las Administraciones provincial y municipal y, de manera más amplia, en la gobernanza de la provincia.