El régimen jurídico de la seguridad portuaria en los puertos de interés general del Estado: la regulación de una política global diseñada desde la responsabilidad compartida

Abstract

La protección de los buques y de las instalaciones portuarias se convirtió en una prioridad política mundial a causa de la irrupción de las nuevas amenazas globales que accedieron a la escena política mundial a principios del siglo XXI. La Comunidad Internacional, representada por la Organización Marítima Internacional (OMI), acordó, apenas dos meses después del 11 de septiembre de 2001, la adopción de un Código Internacional de Protección. Continuado, pocos años después, por otras disposiciones europeas dictadas con el mismo objetivo de protección tanto de los puertos como del conjunto de las denominadas infraestructuras críticas para el ámbito de la actual Unión Europea. España, en su condición del miembro del club europeo, ha aplicado, como es lógico, el conjunto de la normativa acordada que, en su conjunto, define un original modelo de seguridad que se funda en la integración activa de todos los actores relevantes para el correcto funcionamiento de los puertos. Implicando no solo a las autoridades portuarias sino también y muy destacadamente a los operadores de los diferentes servicios y a sus clientes, las navieras.