Tribunal Europeo de Derechos Humanos: nuevos avances en la protección de los intereses ambientales mediante una buena administración pública y de justicia

Abstract

Las sentencias y decisiones dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2018 tienen como común denominador la idea de que, en un Estado de Derecho, que pretende ser social y ambiental, el funcionamiento adecuado de la Administración Pública y de Justicia es una exigencia previa a la consideración de la protección de otros intereses generales. De tal manera que no podrá exigirse, como cuestión de principio, el sacrificio de los derechos individuales o colectivos si no se han cumplido las garantías administrativas y judiciales básicas o, con carácter más general, no ha habido una actuación adecuada de la Administración y de los tribunales. Como contrapartida, los administrados que han incurrido en una infracción ambiental no podrán beneficiarse del principio nullum poena sine lege (artículo 7 CEDH) por el mero paso del tiempo. Las normas aplicables tienen como finalidad la prevención de la impunidad que se derivaría de una situación en la que, por un efecto combinado de infracciones complejas y periodos relativamente cortos de tiempo, los autores de tales infracciones sistemáticamente evitan su procesamiento y las consecuencias de su mala conducta. Por esta razón, cuando los tribunales consideran que los elementos del delito de un desarrollo urbanístico ilegal se han dado, al tiempo que se interrumpen los procedimientos solo por motivos de limitación legal, tal constatación podría considerarse, en esencia, como una condena a los fines del artículo 7, precepto que en estos casos no se consideraría violado (sentencia G.I.E.M. S.r.l. y Otros c. Italia, de 28 de junio de 2018).