La reutilización de información disponible en el sector público: sujetos facilitadores y aportaciones para optimizar su práctica

Abstract

En este Capítulo II de la obra (págs. 21 a 56), estructurado en cinco epígrafes, son descritas y analizadas las principales novedades jurídicas incorporadas a nuestra legislación en materia de datos abiertos y reutilización de la información. En concreto, se examina lo relativo a la ampliación efectuada del objeto y ámbito subjetivo de aplicación del vigente régimen jurídico previsto en esta materia y que actualmente rige en el Ordenamiento jurídico español (LRISP).

De este modo, en primer lugar, se pone de manifiesto el interés actual que concurre por reforzar el Sistema de open data/RISP, con base a los criterios comunes marcados desde el Derecho de la Unión Europea y de conformidad con las líneas de acción trazadas por la Estrategia Europea de Datos que ha sido encaminada. En este sentido, dicho interés encuentra su motivación en aras de lograr consolidar un régimen jurídico más eficaz y actualizado en orden a facilitar la reutilización de información del Sector público; en tanto este sector, en efecto, representa hoy una muy interesante fuente generadora de este nuevo y valioso recurso económico, los datos. Lo que también es así apreciado desde el Sector privado.

Y desde esta óptica, se razona el actual propósito europeo por lograr armonizar la legislación aplicable en los Estados miembros de la Unión Europea en esta materia; así como en fomentar mayor apertura de datos en el Sector público y, con ello, lo concerniente a la prestación de servicios destinados a su reutilización. Lo cual, a su vez, pretende promover el emprendimiento económico ligado a dicha reutilización.

Conforme a dicho propósito común y estrategia europea, en nuestro Ordenamiento jurídico se analiza y pone en valor la actual reforma normativa practicada en nuestra legislación básica que rige, a través de la reforma operada en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (LRISP). De este modo, la DISP 2019 finalmente ha sido objeto de efectiva transposición a nuestro Derecho nacional, por vía urgente y extraordinaria, a través del Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre (Libro 3º) , tal y como se referencia en el presente estudio.