La posición jurídica del obligado tributario ante la liquidación vinculada a delito

Abstract

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la situación del obligado tributario ante la notificación de liquidación vinculada a delito; concretamente, desde que se requiere información al obligado tributario, obteniendo datos suficientes para determinar la existencia de indicios de delito, dando traslado al orden penal. En nuestro caso, las reformas en el ordenamiento tributario llevadas a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, y la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, han supuesto un cambio radical en la articulación de las relaciones entre la Administración tributaria denunciante y el sujeto inspeccionado.

Asimismo, se analizan las consecuencias (constitucionales y legales) que se derivan de la liquidación vinculada a delito; en particular, cuando la Administración notifica al obligado tributario y da traslado del expediente a la jurisdicción penal, y posteriormente cómo se ve afectada por los hechos declarados probados en sede penal.The purpose of this paper is to study the situation of the taxpayer when faced with the notification of a settlement linked to a crime; specifically, since information is required from the taxpayer, obtaining sufficient data to determine the existence of evidence of an offense, transferring it to the criminal court. In our case, the reforms in the Tax order carried out by the Law [Ley Orgánica] 7/2012, of December 27 and Law 34/2015, of 21 September, have led to a radical change in the articulation of the communications between the complainant tax authorities and the inspected individual.

It also analyzes the consequences (legal and constitutional) that arise from the tax settlement related to a crime. In particular, when the Administration informs the taxpayer and transfers the file to the criminal jurisdiction, and subsequently how it is affected by the facts declared as «proven» in the criminal order.