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"La voz del pueblo" en los gobiernos representativos ibéricos (1808-1840)

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2025

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Viella
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La primera mitad del siglo XIX fue un periodo de intensa experimentación política en Europa y también en la península ibérica. En España y Portugal, la crisis de las monarquías comenzó con la invasión napoleónica (1807–1814), que dio lugar a la formación de juntas que reclamaron la soberanía en nombre del pueblo. La figura del "pueblo en armas" adquirió entonces un nuevo valor simbólico como encarnación de la nación. Sin embargo, la inestabilidad no terminó con el fin de la ocupación: las independencias americanas y sus efectos fiscales, el surgimiento del constitucionalismo, las revoluciones de 1820 y las guerras civiles alimentadas por disputas dinásticas y por el enfrentamiento entre constitucionalismo y legitimismo prolongaron y profundizaron la crisis. En este contexto, tanto Portugal como España desarrollaron versiones propias de una búsqueda común en Europa: cómo organizar la vida política de acuerdo con la promesa de la soberanía nacional. Este capítulo se propone analizar cómo distintos políticos y tratadistas españoles y portugueses abordaron, durante las primeras experiencias de gobierno representativo, la posibilidad de institucionalizar formas de participación ciudadana más allá del acto de votar y elegir representantes. Aunque la democratización suele asociarse a la extensión del sufragio, la idea de ciudadanía que se perfiló en las décadas fundacionales del constitucionalismo incluía también la intervención constante de los ciudadanos en la vida pública: desde la deliberación sobre leyes y decisiones del ejecutivo hasta la vigilancia de los abusos de poder. Para los defensores del gobierno representativo, el principal vehículo de esa participación era la opinión pública, posibilitada por la libertad de prensa. Algunos autores llegaron a concebir la imprenta como un órgano democrático, en el que las ideas valían por su fuerza argumentativa y no por el rango social de quien las emitía. Sin embargo, esa visión idealizada chocaba con la realidad de una esfera pública fragmentada, dominada por periódicos de facción que raramente dialogaban de forma constructiva. Esta limitación llevó a explorar otros medios para captar la voluntad popular, como el derecho de petición o las movilizaciones plebiscitarias. A su vez, la distancia entre las formas ideales de estos mecanismos y su aplicación práctica, a menudo desinstitucionalizada, alimentó la crítica de los publicistas doctrinarios, que abogaron por reforzar el carácter eminentemente representativo del régimen y relegar la participación directa a un papel secundario.

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