Derecho a la tutela judicial efectiva [Art. 24 CE y normas concordantes]

Abstract

El artículo 24 de la Constitución española es un precepto de contenido complejo, en el que se distinguen dos partes. Una primera parte establece el derecho al acceso a la justicia, al proceso y a los recursos. Una segunda parte contempla diversas situaciones jurídicas subjetivas, en las que destacan los derechos a un juez predeterminado por ley, a un proceso público sin dilaciones indebidas, con todas las garantías, y a utilizar los medios de prueba pertinentes a la defensa. Estas prerrogativas, junto con el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, encuentran aplicación en los procesos de los órdenes jurisdiccionales civil, de lo contencioso administrativo y social. Por lo tanto, mientras que en su segunda parte la norma constitucional remite al derecho a un proceso equitativo, en su párrafo primero contempla la tutela judicial efectiva stricto sensu. La delimitación del derecho a la tutela judicial efectiva comporta, por consiguiente, la definición del principio de libre acceso a la justicia, al hilo de las declaraciones internacionales de los derechos fundamentales: el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El derecho se estructura, por lo tanto, en torno al proceso mediante el cual encuentran satisfacción pretensiones basadas en derechos o intereses legítimos. El proceso civil o laboral, sustentado sobre el derecho de acción que se deduce del art. 117 CE, plantea directamente la pretensión esgrimida por la parte actora y, por consiguiente, su legitimación sobre la base de la titularidad de un derecho ode un interés legítimo que busca satisfacción jurídica a través del proceso. El artículo 24.1 CE reconoce entonces el derecho a que cualquier titular de derechos subjetivos o de intereses legítimos “pueda deducir ante el juez competente las pretensiones procesales oportunas para la defensa y protección de las situaciones jurídico-subjetivas respectivas frente a cualquier acto que constituya una vulneración de las mismas” . La contribución ahonda en el significado de la tutela judicial efectiva, a partir de su contextualización constitucional; aborda específicamente la centralidad del ejercicio del derecho en el Derecho del Trabajo. Profundiza además los ámbitos principales en los que, en la materia jurídico-laboral, el derecho a la tutela judicial efectiva se ejerce y encuentra garantía. Aborda finalmente la garantía de indemnidad como derecho autónomo derivado de la protección constitucional de la tutela judicial efectiva.