La instrucción penal como garantía frente al uso desproporcionado de la fuerza por agentes de la autoridad en contextos no privativos de libertad

Abstract

En este trabajo se analiza el impacto de la STC 53/2022 de 4 de abril por la que se integra en nuestro país la doctrina del TEDH respecto del examen riguroso o investigación eficaz y suficiente a través de la jurisdicción penal de los abusos en el uso de la fuerza por parte de agentes de la autoridad en contextos no privativos de libertad como son las manifestaciones o los disturbios en vía pública. Tras la reseña de los argumentos del Tribunal Constitucional, se procede a hacer una crítica a la supuesta diferencia en el fundamento de esta doctrina de las obligaciones procesales entre los contextos privativos y no privativos de libertad y se procede, a continuación, a analizar el contenido obligacional de la regla explicitada por la jurisdicción constitucional así como de sus límites establecidos, en nuestra opinión, por el principio de legalidad penal y la prohibición de conducir investigaciones prospectivas.This paper analyses the impact of the Spanish Constitutional Court’s Judgment 53/2022 of 4 April, which implements in our country the doctrine of the ECtHR concerning the rigorous examination or effective and sufficient investigation through the criminal jurisdiction of abuses in the use of force by law enforcement agents in non-custodial contexts such as demonstrations or disturbances on public roads. After reviewing the Constitutional Court's arguments, a critique is made of the supposed difference in the basis of this doctrine of procedural obligations between custodial and non-custodial contexts, and then an analysis is made of the obligatory content of the rule explained by the constitutional court, as well as its limits established by the principle of criminal legality and the prohibition of conducting prospective investigations.