La ejecución de sentencias de derribo y los terceros de buena fe: a propósito del nuevo artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

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2015

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Thomson Reuters Aranzadi
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Se examina el grave problema de aquellos terceros adquirentes que soportan una orden judicial de demolición por construcción ilegal del inmueble y que han logrado que se les reconozca el derecho a ser indemnizados antes de que se produzca el derribo de sus casas, en virtud del artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este cambio normativo se ha producido en gran parte por la presión ejercida por las asociaciones de afectados por estos derribos. Se da así una solución al problema planteado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que confirmaba las órdenes de demolición aunque las edificaciones perteneciesen a terceros de buena fe

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El trabajo examina el problema ocasionado ante la falta de regulación legal y de una jurisprudencia que venía entendiendo que el que los propietarios tuviesen la condición de terceros adquirentes de buena fe carecía de trascendencia a los efectos de impedir la ejecución de una sentencia que impusiese la demolición del inmueble de su propiedad por no ajustarse a la legalidad urbanística, pues la fe pública registral y el acceso de sus derechos dominicales al Registro de la Propiedad no subsanaba el incumplimiento del ordenamiento urbanístico. La situación ocasionada generaba la paradoja de que el mismo Ayuntamiento que había dictado la licencia ilegal debía ejecutar una orden de demolición antes de proceder al pago de la indemnización, pero cuando esto ocurría la única opción que tenían los afectados era iniciar otro procedimiento judicial, ya fuese contra el Ayuntamiento, por responsabilidad patrimonial, ya fuese contra el vendedor del inmueble demolido o el titular de la licencia de obra que amparaba dicha edificación.

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