De las expectativas de mejora en la regulación jurídica de los pisos turísticos: la sostenibilidad como objetivo

Abstract

El incremento imparable del número de alquileres turísticos, aparte de incrementar la oferta de instalaciones turísticas al visitante, ha provocado efectos indeseados en el tejido urbano de las grandes ciudades españolas. La tensión creada entre los residentes por la degradación de las zonas más afectadas por el fenómeno de los alquileres vacacionales ha generado, desde el inicio del 2024, una reacción pública en contra del turismo masivo, exigiendo a las autoridades el establecimiento de límites que consigan encauzarlo adecuadamente mediante movilizaciones en la calle. Las Administraciones públicas españolas que ya se encontraban suficientemente concienciadas de las consecuencias del fenómeno descrito han reaccionado prontamente aprovechando las nuevas perspectivas que abre la más reciente jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Cada nivel de gobierno, desde su respectiva posición competencial, ha proyectado una serie de actuaciones, la mayor parte de ellas coordinadas con la Administración territorial que les es más próxima para intentar revertir la situación y dar así satisfacción a las demandas ciudadanas dentro de un clima de tensión alentado por el enfrentamiento político.The unstoppable increase in the number of tourist rentals, apart from increasing the offer of tourist facilities to visitors, has caused undesirable effects on the urban fabric of large Spanish cities. The tension generated among residents by the degradation of the areas most affected by the phenomenon of vacation rentals has provoked, since the beginning of 2024, a public reaction against mass tourism, demanding that the authorities establish limits that manage to channel it properly through street mobilizations. The Spanish Public Administrations that were already sufficiently aware of the consequences of the phenomenon described have reacted promptly, taking advantage of the new perspectives opened up by the most recent jurisprudence of the High Court of Justice of the European Union. Each level of government, from its respective position of competence, has planned a series of actions, most of them coordinated with the territorial Administration that is closest to them to try to reverse the situation and satisfy citizen demands within a climate of tension encouraged by political confrontation.