Securitización, criminalización y externalización: la deriva restrictiva de la política migratoria de la Unión Europea y sus Estados Miembros

Abstract

La evolución de las políticas migratorias en la Unión Europea (UE) ha estado marcada por una creciente securitización, mezcla de conceptos y criminalización de la migración irregular, reflejada en la externalización del asilo, la persecución de la asistencia humanitaria y la instrumentalización geopolítica de los flujos migratorios. Si bien los Estados tienen la facultad soberana de gestionar sus fronteras, las medidas adoptadas han subordinado la protección internacional a consideraciones de seguridad, erosionando valores fundamentales de la UE y vulnerando el Derecho Internacional. Desde la implementación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) hasta el reciente Pacto sobre Migración y Asilo (2024), la UE ha intentado armonizar procedimientos migratorios, aunque las reformas han sido insuficientes ante crisis migratorias y la negativa de algunos Estados a asumir responsabilidades compartidas. El enfoque predominante ha favorecido el refuerzo del control fronterizo en detrimento de soluciones estructurales y humanitarias, consolidando un modelo restrictivo que prioriza la disuasión sobre la protección. El lawfare migratorio ha sido una herramienta clave en esta tendencia, empleada por algunos Estados miembros para criminalizar tanto a los migrantes como a quienes los asisten. La reinterpretación de normas de salvamento marítimo ha permitido obstaculizar operaciones de rescate mediante el cierre de puertos y restricciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Paralelamente, la asistencia humanitaria ha sido judicializada bajo la acusación de "facilitación de la inmigración ilegal", como evidencian los casos Iuventa y Sea-Watch 3. Asimismo, la externalización del control migratorio ha trasladado la gestión del asilo a terceros países con deficientes estándares en derechos humanos, como Libia, Turquía y Marruecos. Acuerdos como el Memorándum Italia-Albania han profundizado esta estrategia, generando preocupaciones jurídicas y éticas. La UE, al depender de estos pactos, se ha convertido en rehén de gobiernos que instrumentalizan la migración con fines políticos, comprometiendo su credibilidad en materia de derechos humanos. Este panorama, agravado por el ascenso de la extrema derecha y el euroescepticismo, y por la condescendencia de las instituciones de la UE hacia los experimentos anti migratorios de sus Estados miembros, anticipa un endurecimiento de las políticas migratorias en la UE, con impactos negativos para quienes buscan protección y para los principios democráticos que sustentan el proyecto europeo.