La inteligencia artificial y el derecho a una buena administración: un análisis del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000)

Abstract

La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una promesa futura; es una realidad presente que influye en todos los ámbitos de la vida moderna. Desde las tareas más simples, como completar frases con texto predictivo o recomendar películas en plataformas como Netflix, hasta las más complejas, como diagnósticos médicos avanzados o la gestión de redes de transporte, la IA está transformando nuestra interacción con el mundo. Esta tecnología ha dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta indispensable en sectores como la medicina, las comunicaciones, la economía y, de manera muy significativa, en la Administración Pública. El derecho administrativo se encuentra en el centro de esta revolución tecnológica. La incorporación de tecnologías disruptivas en los procesos administrativos no solo optimiza y moderniza la gestión pública, sino que también tiene una repercusión directa en los derechos y garantías de los administrados, la cual ya venía precedida de la Administración electrónica. El uso de la IA en la Administración Pública plantea una serie de riesgos y beneficios que son tan amplios y diversos como las propias aplicaciones de esta tecnología. Por ello, abordar exhaustivamente todos los aspectos relacionados con su implementación sería una tarea compleja y probablemente interminable. Este trabajo se enfoca, por tanto, en cuestiones centrales que son comunes a cualquier aplicación de la IA en este contexto, ofreciendo una perspectiva normativa fundamentada en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), un artículo clave que define cómo debe funcionar la Administración pública. El artículo 41 de la CDFUE consagra el derecho a una buena administración, un principio esencial que proporciona un marco normativo indispensable para evaluar el impacto de la IA en los procedimientos administrativos. Este derecho establece garantías como la imparcialidad, la transparencia y la equidad en la toma de decisiones, junto con la obligación de ofrecer razones claras y comprensibles para estas. En el contexto de los sistemas algorítmicos, el principio de buena administración actúa como una guía para asegurar que la tecnología no solo optimice los procesos, sino que también respete y proteja los derechos fundamentales de las personas.