La presunción de inocencia como regla de tratamiento estético

Abstract

En este artículo se estudia lo que denominamos el derecho a la presunción de inocencia como regla de tratamiento estético, producto de la acción pretoriana del TEDH y de los artículos 4 y 5 de la Directiva (UE) 2016/343 de 9 de marzo de 2016, según el cual toda persona física o jurídica que sea o haya sido sospechosa o acusada de haber cometido un hecho delictivo deberá ser tratada, reputada y mostrada por las autoridades públicas ante el público en general, en el proceso penal del cual sea sujeto pasivo, así como en cualquier otro proceso judicial de cualquier orden jurisdiccional, procedimiento administrativo o comisión parlamentaria, de tal forma que no se sugiera que es culpable de dicho delito mientras no se haya establecido dicha culpabilidad mediante una sentencia firme de condena. En primer lugar, se pondrán de relieve tres riesgos asociados al fenómeno de la imputación a los que pretende hacer frente este derecho y que obligan a repensar el fenómeno del honor y la reputación del encausado, la imparcialidad judicial y el monopolio jurisdiccional del ius puniendi desde la óptica del derecho a la presunción de inocencia. A continuación, se propondrá una definición circunstanciada del derecho y de las correlativas obligaciones exigibles a los poderes públicos en nuestro ordenamiento vigente. Posteriormente, se propondrá un modelo posible y vertebrado de garantías procesales para el tratamiento de las infracciones de este derecho dentro del proceso.

This article examines the right to the presumption of innocence as a rule of aesthetic treatment, stemming from the jurisprudence of the ECtHR and Articles 4 and 5 of Directive (EU) 2016/343 of 9 March 2016. According to these provisions, any natural or legal person who is or has been suspected or accused of having committed a criminal offense must be treated, portrayed, and represented by public authorities to the general public in criminal proceedings, as well as in any other judicial proceedings of any court, administrative procedure, or parliamentary committee, in a manner that does not suggest that they are guilty of such an offense until such guilt has been established by a final judgment of conviction. Firstly, it will highlight three risks associated with the phenomenon of accusation that this right seeks to address, making it necessary to reevaluate the concepts of the honour and reputation of the accused, judicial impartiality, and the jurisdictional monopoly of ius puniendi from the perspective of the right to the presumption of innocence. Next, a detailed definition of the right and the corresponding obligations of public authorities in our current legal system will be proposed. Subsequently, a possible and structured model of procedural guarantees will be proposed for addressing infringements of this right within the process.