La eJusticia como instrumento de la cultura de la legalidad

Abstract

La e-Justicia, esto es la incorporación de las TICs al servicio público de la Justicia, debe ser entendida como un instrumento al servicio de la cultura de la legalidad. La incorporación de las Tics a la Administración de Justicia es una necesidad en términos de un servicio público eficaz y que garantice la buena administración, la transparencia, la rendición de cuentas de la propia administración, así como una verdadera participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. El proceso de modernización tecnológica de la Administración de Justicia iniciado en el Pacto para la Reforma de la Justicia tuvo su reflejo en las cuentas públicas a lo largo de diferentes ejercicios presupuestarios que se analizan en el Capítulo. A pesar de los recursos económicos invertidos vía Presupuestos Generales del Estado y de los diversos planes de modernización tecnológica, lo cierto es que la percepción ciudadana, la propia judicatura e incluso los propios representantes públicos sigue asociando la Justicia a la obsolescencia y a unos modos de hacer y gestionar más propios de siglo XIX que de la era de la Sociedad de la Información. En este sentido, el Capítulo identifica algunas deficiencias y carencias en la implantación de la e-Justicia y de la red judicial, como por ejemplo, la escasa implantación del sistema LEXNET, la falta de interconectividad entre los diferentes sistemas informáticos de gestión que se van implantando, especialmente, en el caso de las redes territoriales de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia o la necesidad de mejora mejora de los sistemas informáticos de gestión procesal con unos adecuados procedimientos de alarmas, plazos y ejecutorias. Uno de los principales problemas en el diseño de la red judicial es la falta de interconectividad entre los diferentes sistemas informáticos de gestión que se van implantando, especialmente, en el caso de las redes territoriales de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.