Tribunal Europeo de Derechos Humanos: nuevos avances en la pondeación del concepto de sostenibilidad

Abstract

La jurisprudencia medioambiental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra en un auténtico proceso de evolución en la consideración de conceptos como el de sostenibilidad y calidad de vida. La sensibilidad del Tribunal de Estrasburgo hacia lo social nos ofrece diferentes ejemplos en la jurisprudencia del último año. Así, en la sentencia recaída en el caso Ivanova y Cherkezov c. Bulgaria, de 21 de abril de 2016, considera que ha habido una violación del derecho al respeto del domicilio por la orden de demolición de unas viviendas ilegales. El equilibrio entre los derechos de los que pueden perder su domicilio como consecuencia de una demolición y el interés público en la implementación efectiva de la normativa sobre edificación no puede resolverse con una norma absoluta que no permita excepciones. Por el contrario, el fin legítimo de revertir el declive de las zonas empobrecidas de los centros de las ciudades y mejorar la calidad de vida, será suficiente para impedir a una familia decidir libremente su residencia, como se resuelve, de una manera muy controvertida, en la sentencia recaída en el caso Garib c. Holanda, de 23 de febrero de 2016. La clásica doctrina López Ostra ha tenido presencia -una vez más- a través de la sentencia recaída en el caso Otgon c. Moldavia, de 25 de octubre de 2016, en la que se considera la violación del derecho al respeto del domicilio y de la vida privada y familiar por los daños a la salud de una madre y su hija - que incluso exigieron su ingreso hospitalario- al consumir agua del grifo de su casa, contaminada por infiltraciones fecales en las canalizaciones del edificio. De la misma manera se concluye que ha habido una violación del Convenio en materia de propiedad por los daños ocasionados por la Administración en un edificio ilegal como consecuencia de un corrimiento de tierra ocasionado debido a las obras de construcción de una escuela pública, en la sentencia Keriman Tekin y otros c. Turquía, de 15 de noviembre de 2016. Desde la perspectiva del derecho al respeto de los bienes también cabe mencionar la sentencia S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Rumanía, de 13 de diciembre de 2016, en la que se considera que no ha habido una violación por la confiscación de los bienes a una empresa de chatarra que operaba sin licencia; y la sentencia Petar Matas c. Croacia, de 4 de octubre de 2016, en la que por el contrario, sí observa que ha habido violación por la moratoria impuesta a una empresa en el uso de un edificio como taller de coches, a la espera de la evaluación del valor cultural del inmueble. Finalmente, la sentencia recaída en el caso Costel Popa c. Rumanía, de 26 de abril de 2016, ofrece un supuesto sobre denegación del registro de una asociación ambiental debido a la sospecha gubernamental de que realmente se trataba de una organización con fines políticos.The environmental ECHR case law is on a real process of evolution in the consideration of concepts such as sustainability and quality of life. The sensitivity of the Strasbourg Court on social issues gives us different examples in recent case-law. Thus, in Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria, it considers that there has been a violation of the right of respect for home by the order to demolish illegal housing. A fair balance between the rights of those who may lose their home as a result of a demolition and the public interest in ensuring the effective implementation of building regulation cannot be resolved with an absolute rule that does not allow exceptions. On the other hand, the legitimate aim of reversing the decline of impoverished urban centers and improving the quality of life will be enough to prevent a family to freely decide where to live, as it is decided by a majority of judges in the controversial Garib v. The Netherlands. The classic ECHR. doctrine in López Ostra has been present once again through the decision relapsed in Otgon v. Moldova, which considers the violation of the right to respect for home and private and family life due to damage to the health of a mother and her daughter -who even required their hospitalization- caused by consumption tap water from their house, contaminated by fecal infiltrations in the pipes of the building. In the same way it is concluded that there has been a breach of the Convention in the matter of property for damages caused by the construction of a public school, in Keriman Tekin et al. v. Turkey. From the perspective of the right to respect for property, it is also worth mentioning S.C. Fiercolect Impex S.R.L. v. Romania, where it considered that there has been no violation for the confiscation of the assets of a scrap company operation without a permit; and Petar Matas v. Croatia, where, on the contrary, it does consider that there has been a violation of the moratorium imposed on a company in the use of a building as a car workshop, pending the assessment of the cultural value of the property. Finally, in Costel Popa v. Romania, the European Court decides about the denial of registration of an environmental association on the suspicion of the government that it was actually an organization for political purposes.