Cuestiones de responsabilidad internacional en torno al Tratado sobre el Comercio de Armas de 2013

Abstract

Este capítulo analiza las cuestiones de responsabilidad internacional que se desprenden de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) de 2013, con especial atención al artículo 6 y sus “prohibiciones”. La autora examina el TCA como instrumento pionero para regular transferencias de armas convencionales y estudia la forma en que el artículo 6 articula obligaciones que se conectan con (i) las medidas vinculantes del Consejo de Seguridad (embargos bajo el Capítulo VII), (ii) otras obligaciones internacionales pertinentes asumidas por los Estados (incluidos tratados de derechos humanos y debates sobre extraterritorialidad, derecho a la vida y debida diligencia), y (iii) la eventual proyección hacia el Derecho Internacional Penal cuando exista conocimiento de que las armas podrían emplearse en genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. El capítulo aborda, además, escenarios complejos de responsabilidad vinculados al “Estado empresario”, la supervisión de empresas armamentísticas (públicas o privadas), el levantamiento del velo corporativo y los retos de atribuir responsabilidad penal individual en contextos comerciales.This chapter examines international responsibility issues arising from the implementation of the 2013 Arms Trade Treaty (ATT), focusing on Article 6 and its core “prohibitions.” It discusses the ATT as a pioneering treaty on conventional arms transfers and analyzes how Article 6 operates at the intersection of: (i) binding UN Security Council measures (including arms embargoes under Chapter VII), (ii) States’ relevant international obligations—notably human rights commitments, debates on extraterritorial impact, the right to life, and due diligence—and (iii) potential links to international criminal law where there is knowledge that transferred arms may be used to commit genocide, crimes against humanity, or war crimes. The chapter further explores responsibility scenarios involving state-owned enterprises, corporate oversight duties, veil-piercing debates, and the evidentiary/mental-element challenges of establishing individual criminal liability for commercial actors in arms-transfer decisions.