La protección de denunciantes, testigos y colaboradores con la justicia en Europa y América: análisis comparativo y propuestas para el proceso penal en España.

Abstract

El miedo a sufrir amenazas o represalias por haber denunciado un hecho ilícito constituye una de las principales razones por las que las personas rehúsan colaborar con las autoridades. Para facilitar dicha colaboración, los Estados han incorporado tradicionalmente a sus legislaciones sustantivas y procesales penales determinadas medidas de protección a testigos y víctimas. Y en la última década se constata la tendencia, generalizada a nivel internacional, de incorporar también medidas contra represalias laborales para quienes informen sobre irregularidades o conductas delictivas en el seno de las instituciones públicas y corporaciones privadas. Esa específica actividad legislativa dirigida a armonizar las medidas de protección en el plano laboral no se ha traducido, sin embargo, en una mínima regulación común a nivel europeo de medidas de protección a favor de los testigos en los procesos penales. Y de igual modo, España no ha avanzado en una actualización de nuestra anticuada legislación interna sobre la misma materia.