Documentos judiciales electrónicos y documentos electrónicos en el proceso civil

Abstract

El Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, constituye un paso más en el camino de la modernización (tecnológica) de la Administración de Justicia, a través de la implantación y uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de alcanzar en un futuro próximo lo que se ha llegado a calificar como «Justicia digital». Dentro de dichos avances legales, consecuencia del empuje europeo para consolidar una e-Justicia, adquiere una vital importancia la digitalización de la gestión y tramitación del procedimiento que sirve de base a los actos procesales (la implantación de herramientas informáticas, los avances sobre de la interoperabilidad de las mismas, la nueva Oficina Judicial, la creación de sedes judiciales electrónicas, registros judiciales electrónicos, tablones electrónicos, el uso de certificados electrónicos digitales, de portafirmas digital y de visores documentales, el empleo de aparatos de grabación y reproducción de la imagen y el sonido en las actuaciones, y en definitiva, el avance hacia un Expediente Judicial Electrónico -EJE-), pero sobre todo, aquellas reformas referidas a lo que debemos calificar como la «digitalización del proceso»; esto es, la transformación digital en lo que respecta a la propia personación, intervención y actividad procesal de las partes y del órgano jurisdiccional en el mismo (la presentación electrónica de escritos y documentos, la recepción de notificaciones y comunicaciones por vía electrónica, el acceso por medios electrónicos al estado de tramitación de los procedimientos, la intervención telemática en las actuaciones y vistas, incluido el juicio oral, o la práctica de la prueba por medios electrónicos, entre otros).