Vigilancias policiales y utilización de dispositivos de seguimiento, localización y captación de la imagen

Abstract

La evolución tecnológica ha incrementado enormemente la efectividad de muchas diligencias de investigación, como es el caso de las vigilancias y seguimientos policiales, pero también ha motivado un significativo debate sobre la mayor afectación que las nuevas modalidades de vigilancias y seguimientos conllevan sobre los derechos fundamentales del investigado y, por tanto, exigen una mejor regulación de su marco jurídico, límites y garantías, y muy particularmente, si deben venir precedidas de un obligado control judicial previo que examine la necesidad y proporcionalidad de las mismas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar críticamente la proyectada regulación de las vigilancias policiales y la utilización de dispositivos de seguimiento, localización y captación de la imagen en el Borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal de 24 de noviembre de 2020, evaluar las mejoras que la proyectada regulación introduce frente a la vigente redacción de 2015, así como también ofrecer soluciones normativas e interpretativas ante los errores y omisiones advertidas en dicha propuesta legislativa.Evolution of technology has greatly improved the efectiveness of most investigative measures, such as police surveillance, tracking and monitoring, and it has also led to a significant debate on the greater impact that the new modalities of such surveillance entail on the fundamental rights of the person under investigation and, therefore, whether they demand a better regulation of their legal framework, limits and guarantees, and in particular, if they must be preceded by a compulsory and prior judicial control that examines the necessity and proportionality of the same when technological instruments are used or carried out in a prolonged manner over time. This paper aims to analyze critically the planned regulation of police surveillance and the use of tracking and geolocation devices in the Draft Law on Criminal Procedure of November 2020, and offer interpretative solutions to the omissions noted in such legislative proposal.