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Estándares europeos y proceso civil: hacia un proceso civil convergente con Europa

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La obra analiza la influencia del Derecho de la Unión Europea (UE) en los ordenamientos procesales civiles nacionales, con un enfoque centrado en la legislación interna, particularmente la española. Más allá de estudiar la trasposición de directivas o la aplicación de reglamentos europeos, busca identificar hasta qué punto las normativas europeas pueden inspirar mejoras significativas y adaptarse a las nuevas realidades socioeconómicas, como la digitalización. El análisis comienza con una revisión de cuestiones generales y transversales del proceso civil español. Se examinan aspectos como el equilibrio entre procedimientos orales y escritos, considerando el impacto de las tecnologías digitales. También se valora la necesidad de flexibilizar los procedimientos para una gestión más eficaz, revisar la obligatoriedad de la asistencia letrada en determinados casos, y mejorar las herramientas de notificación y el acceso a las fuentes de prueba. Otros temas incluyen la tensión entre la publicidad de los procedimientos y la protección de información confidencial, así como los aspectos económicos del acceso a la justicia, como las tasas judiciales, la asistencia jurídica gratuita y la regulación de la condena en costas. Además, se reflexiona sobre la integración de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos dentro del proceso judicial para mejorar su efectividad. Por otro lado, se profundiza en áreas específicas de la regulación procesal, como la protección de los consumidores mediante la reconfiguración del principio dispositivo, el tratamiento de los litigios de menor cuantía, la reforma del proceso monitorio y las medidas cautelares. También se aborda la importancia de mejorar la gestión de la litigación colectiva. En definitiva, el estudio parte de una perspectiva crítica pero objetiva, considerando que la normativa europea no siempre es necesariamente superior, aunque sí puede ofrecer modelos útiles para impulsar reformas procesales efectivas en la legislación española. El objetivo final es aprovechar las "buenas prácticas" europeas para modernizar y fortalecer el sistema procesal civil nacional.

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