Políticas de cuotas en el empleo público: desafíos para la inclusión de personas trans en Aragón.

Abstract

El artículo analiza las políticas de cuotas en Aragón dirigidas a la inclusión laboral de personas trans en la Administración pública. Estas medidas buscan reducir desigualdades y garantizar la equidad en el acceso al empleo, pero enfrentan resistencias significativas. Si bien la reserva de cupos para personas con discapacidad cuenta con amplio respaldo, las destinadas a víctimas de violencia de género, terrorismo y personas trans generan mayor controversia, siendo el cupo trans el que presenta mayor oposición. El análisis de las opiniones de trabajadoras y trabajadores de la Administración pública aragonesa revela que esta resistencia se debe, en gran parte, a la falta de comprensión sobre las barreras estructurales que afectan a las personas trans. Entre los principales argumentos en contra se encuentran la creencia en un sistema de mérito puro, la percepción de las cuotas como injustas o discriminatorias, el temor a fraudes y el riesgo de estigmatización de quienes acceden a estos cupos. Los datos muestran que un 49,2% de las personas encuestadas está en desacuerdo con la existencia del cupo trans. Sin embargo, la aceptación es mayor entre quienes trabajan en sectores como empleo y servicios sociales, así como entre quienes han recibido formación en diversidad LGBTI+. Estos hallazgos evidencian la necesidad de acompañar las políticas de cuotas con estrategias de sensibilización y formación que fomenten una mayor comprensión de las dificultades que enfrentan las personas trans. Además, se recomienda la creación de programas de apoyo, la mejora de las políticas educativas y sociales, y el establecimiento de mecanismos de evaluación. Ampliar estas medidas al sector privado también contribuiría a diversificar las oportunidades laborales y evitar que el acceso a empleo digno dependa exclusivamente de la Administración pública.This article analyzes quota policies in Aragón aimed at facilitating the labor inclusion of trans people in the public administration. These measures seek to reduce inequalities and ensure equity in employment access but face significant resistance. While quotas for people with disabilities are widely supported, those for victims of gender-based violence, terrorism, and trans people generate more controversy, with the trans quota encountering the highest opposition. An analysis of the opinions of public administration employees in Aragón reveals that this resistance largely stems from a lack of understanding of the structural barriers faced by trans people. The main arguments against the trans quota include the belief in a purely meritocratic system, the perception of quotas as unfair or discriminatory, concerns about potential fraud, and the risk of stigmatization of those benefiting from these measures. Data shows that 49.2% of respondents oppose the existence of the trans quota. However, acceptance is higher among those working in sectors such as employment and social services, as well as among individuals who have received training on LGBTI+ diversity. These findings highlight the need to complement quota policies with aware-ness and training strategies to foster a greater understanding of the challenges faced by trans people. Additionally, the creation of support programs, improvements in educational and social policies, and the implementation of evaluation mechanisms are recommended. Expanding these measures to the private sector would also help diversify employment opportunities and prevent access to decent work from relying solely on public administration.