Person:
Ortiz Pradillo, Juan Carlos

First Name

Juan Carlos

Last Name

Ortiz Pradillo

URI

https://hdl.handle.net/20.500.14352/76588

Affiliation

Universidad Complutense de Madrid

Faculty / Institute

Derecho

Department

Derecho Procesal y Derecho Penal

Area

Derecho Procesal

Identifiers

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Compliance y clemencia en el proceso penal de la persona jurídica
(Diario La Ley, 2019) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
Con motivo de la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el legislador ha tratado de articular un sistema que, además de fomentar una cultura del cumplimiento normativo y prevenir la comisión de ilícitos en el ámbito empresarial, incentive la colaboración de la empresa con las autoridades estatales cuando aquella es investigada en una causa judicial. Frente a la decisión de ofrecer tales incentivos desde el punto de vista penal –a través de atenuantes y causas de exoneración de la responsabilidad penal-, en el presente trabajo se defiende la conveniencia de incorporar también incentivos procesales para promocionar dicha colaboración por parte de la persona jurídica investigada, así como de otras personas físicas, introduciendo en nuestro sistema judicial el principio de oportunidad por colaboración eficaz tal y como ya sucede con los Programas de Clemencia en el ámbito administrativo sancionador.
Vigilancias policiales y utilización de dispositivos de seguimiento, localización y captación de la imagen
(Reflexiones en torno al anteproyecto de Ley de enjuiciamiento criminal de 2020, 2022) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
La evolución tecnológica ha incrementado enormemente la efectividad de muchas diligencias de investigación, como es el caso de las vigilancias y seguimientos policiales, pero también ha motivado un significativo debate sobre la mayor afectación que las nuevas modalidades de vigilancias y seguimientos conllevan sobre los derechos fundamentales del investigado y, por tanto, exigen una mejor regulación de su marco jurídico, límites y garantías, y muy particularmente, si deben venir precedidas de un obligado control judicial previo que examine la necesidad y proporcionalidad de las mismas. El presente trabajo tiene como objetivo analizar críticamente la proyectada regulación de las vigilancias policiales y la utilización de dispositivos de seguimiento, localización y captación de la imagen en el Borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal de 24 de noviembre de 2020, evaluar las mejoras que la proyectada regulación introduce frente a la vigente redacción de 2015, así como también ofrecer soluciones normativas e interpretativas ante los errores y omisiones advertidas en dicha propuesta legislativa.
Big Data, vigilancias policiales y geolocalización: nuevas dimensiones de los derechos fundamentales en el proceso penal
(Diario La Ley, 2021) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
Para Quevedo, Góngora era un hombre pegado a una nariz. Para las empresas del sector tecnológico y de la Economía digital, somos seres pegados a un sinfín de dispositivos informáticos que constantemente generan, reciben, transmiten y almacenan ingentes cantidades de información personal sobre nuestras conductas y paraderos. Este uso permanente y globalizado de la tecnología ha obligado a los Tribunales a redefinir y dimensionar adecuadamente el alcance de los derechos fundamentales y ha puesto de manifiesto una nueva dimensión del Derecho fundamental a la intimidad y a la protección de los datos personales en el proceso penal: el «Derecho a no estar localizado» de manera sistemática, sin la adecuada y previa ponderación judicial de la necesidad y proporcionalidad de esos seguimientos y geolocalizaciones
Documentos judiciales electrónicos y documentos electrónicos en el proceso civil
(Los procesos judiciales tras las reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 6/2023, 2024) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
El Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, constituye un paso más en el camino de la modernización (tecnológica) de la Administración de Justicia, a través de la implantación y uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de alcanzar en un futuro próximo lo que se ha llegado a calificar como «Justicia digital». Dentro de dichos avances legales, consecuencia del empuje europeo para consolidar una e-Justicia, adquiere una vital importancia la digitalización de la gestión y tramitación del procedimiento que sirve de base a los actos procesales (la implantación de herramientas informáticas, los avances sobre de la interoperabilidad de las mismas, la nueva Oficina Judicial, la creación de sedes judiciales electrónicas, registros judiciales electrónicos, tablones electrónicos, el uso de certificados electrónicos digitales, de portafirmas digital y de visores documentales, el empleo de aparatos de grabación y reproducción de la imagen y el sonido en las actuaciones, y en definitiva, el avance hacia un Expediente Judicial Electrónico -EJE-), pero sobre todo, aquellas reformas referidas a lo que debemos calificar como la «digitalización del proceso»; esto es, la transformación digital en lo que respecta a la propia personación, intervención y actividad procesal de las partes y del órgano jurisdiccional en el mismo (la presentación electrónica de escritos y documentos, la recepción de notificaciones y comunicaciones por vía electrónica, el acceso por medios electrónicos al estado de tramitación de los procedimientos, la intervención telemática en las actuaciones y vistas, incluido el juicio oral, o la práctica de la prueba por medios electrónicos, entre otros).
Estándares europeos de métodos ADR y su encaje en el proceso civil en España
(Estándares europeos y proceso civil (hacia un proceso civil convergente con Europa), 2022) Ortiz Pradillo, Juan Carlos; Gascón Inchausti, Fernando; Peiteado Mariscal, Pilar
La investigación del delito en la era digital. Los derechos fundamentales frente a las nuevas medidas tecnológicas de investigación
(2013) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
La utilización de los actuales avances tecnológicos en las tareas de investigación criminal por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulta esencial para la persecución y resolución de los delitos, sobre todo en aquellos en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel muy importante, y por lo tanto, dicho empleo representa el presente y el futuro de la actividad policial. Por ello, la legislación procesal española debe ser urgentemente reformada e incorporar esas nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal con las debidas garantías. En el presente estudio se analizan los déficits legales actuales y se advierten los desafíos jurídicos que representa el empleo de las nuevas tecnologías en las legítimas labores de investigación penal, a la vez que se exponen sólidos argumentos para instar una urgente y necesaria actualización completa de la legislación procesal en España con el fin de adecuarse a las necesidades de la era digital y permitir el uso de las técnicas modernas de investigación que la informática ofrece, de conformidad con los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Inteligencia artificial, macrodatos y metadatos en las investigaciones policiales y en el proceso penal
(Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial al servicio del proceso, 2023) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
Como ya sucediera con la distinción entre contenidos de una comunicación y datos externos a la misma, la posibilidad de descomponer la información digital en datos y metadatos abre un nuevo horizonte en la prevención y persecución eficaz del delito, por cuanto las actuales capacidades de recolección de grandes conjuntos de información digital (Big Data) y su clasificación y análisis (Data Mining) a través de herramientas de la Inteligencia Artificial, para extraer y analizar los metadatos, permiten a las autoridades localizar y extraer información cada vez más precisa a la hora de condenar o absolver al acusado. Esa información casi “subatómica”, sin embargo, puede tener una enorme afectación sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, de modo que es preciso examinar qué encaje legal pueden tener las actuales técnicas de recolección y análisis de los metadatos, llamados a convertirse en la nueva regina probatorum de todo juicio.
Competencia judicial internacional y medidas cautelares: hacia una tutela cautelar en el proceso civil europeo convergente con los ordenamientos nacionales
(Cuadernos de derecho transnacional, 2020) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
La obtención y ejecución de medidas cautelares y provisionales en el ámbito de aplicación del Derecho Internacional Privado de la Unión Europea constituye una materia que aún debe solventar diversas e importantes cuestiones controvertidas. Pese a la evolución efectuada en dicha materia con el Reglamento 1215/2012 y con la jurisprudencia del TJUE, sigue sin estar claro el concepto de medida cautelar, la posibilidad de su solicitud con anterioridad a la sustanciación del asunto principal o la eficacia transfronteriza de las medidas adoptadas sin audiencia de la parte contraria. No obstante, en los últimos trabajos y propuestas de la Unión Europea para la armonización del Proceso Civil de la Unión, apreciamos una cierta tendencia a tratar de consagrar un régimen unitario de la tutela cautelar en el Espacio judicial europeo, caracterizado por admitir tanto la tutela cautelar solicitable ante causam como la adoptable inaudita parte debitoris y su eficacia transfronteriza más allá del Estado en que fue acordada.
La protección de denunciantes, testigos y colaboradores con la justicia en Europa y América: análisis comparativo y propuestas para el proceso penal en España.
(El derecho de defensa en la justicia penal digital, 2024) Ortiz Pradillo, Juan Carlos
El miedo a sufrir amenazas o represalias por haber denunciado un hecho ilícito constituye una de las principales razones por las que las personas rehúsan colaborar con las autoridades. Para facilitar dicha colaboración, los Estados han incorporado tradicionalmente a sus legislaciones sustantivas y procesales penales determinadas medidas de protección a testigos y víctimas. Y en la última década se constata la tendencia, generalizada a nivel internacional, de incorporar también medidas contra represalias laborales para quienes informen sobre irregularidades o conductas delictivas en el seno de las instituciones públicas y corporaciones privadas. Esa específica actividad legislativa dirigida a armonizar las medidas de protección en el plano laboral no se ha traducido, sin embargo, en una mínima regulación común a nivel europeo de medidas de protección a favor de los testigos en los procesos penales. Y de igual modo, España no ha avanzado en una actualización de nuestra anticuada legislación interna sobre la misma materia.
La recepción de la cultura del compliance y del whistleblowing en España
(Revista internacional CONSINTER de Direito, 2020) Ortiz Pradillo, Juan Carlos; Ortiz Pradillo, Juan Carlos
El sistema elegido por el legislador español a la hora de regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas no sólo perseguía fomentar una cultura del cumplimiento normativo y prevenir la comisión de ilícitos en el ámbito empresarial, sino también la colaboración de la empresa con las autoridades estatales cuando aquella es investigada en una causa judicial. Para ello, la denominada “cultura Compliance” se ha centrado en la persona jurídica ―pública o privada― y su adecuado modelo de prevención delictiva. Pero también resulta relevante atender a los otros sujetos involucrados en ese cumplimiento normativo penal: los empleados y demás sujetos que colaboran con la empresa o con las propias autoridades estatales aportando información esencial sobre los hechos ilícitos y sus autores. Es la cultura del Whistleblowing, caracterizada por el establecimiento de canales seguros de recepción de dicha información y por la articulación de especiales medidas de protección de tales sujetos frente a las represalias que pudieran sufrir con motivo de tal colaboración. El presente estudio se centra en examinar en profundidad los antecedentes nacionales en dicha materia, así como el nuevo marco legislativo procedente de la Unión Europea ―la Directiva (UE) 2019/1937― para ofrecer cambios legislativos que brinden seguridad jurídica, asistencia legal y protección eficaz a los alertadores de corrupción, fraudes y malas prácticas, tanto en el sector privado como en el público.